El juez que investiga el asesinato de Marta del Castillo ha autorizado que se realice un informe psiquiátrico a Miguel Carcaño, el principal imputado por el crimen, para determinar si padece algún tipo de trastorno mental o anomalía psíquica. La realización de este informe fue solicitada por la abogada Paloma Pérez Sendino, que representa al presunto asesino, después de que el joven intentara suicidarse en el centro penitenciario de Morón de la Frontera, donde está recluido desde mediados de febrero pasado tras haber confesado que mató a la menor.
El titular del juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla, Francisco de Asís Molina, ha librado un oficio a la clínica forense de los juzgados para que dos médicos forenses examinen a Miguel Carcaño y hagan los oportunos tests.
A través de las pruebas a las que será sometido el joven se intentará averiguar la personalidad del presunto asesino, si su carácter es influenciable, su coeficiente intelectual y, sobre todo, se tratará de averiguar si tiene algún tipo de trastorno mental. Miguel Carcaño ingresó en prisión el 16 de febrero y un mes después cambió su versión inicial de los hechos, autoinculpándose además de haber violado a Marta en compañía del menor de 15 años, a quien atribuyó la autoría material del crimen.
Una semana después de esta nueva declaración, en concreto el 26 de marzo, Miguel Carcaño, que desde su encarcelamiento está sometido al protocolo de prevención de suicidios y está acompañado de forma permanente por un preso de confianza, intentó quitarse la vida colgándose con un cordón del chándal. La rápida intervención de los internos y funcionarios de la prisión evitó el suicidio, aunque algunas fuentes cuestionaron la intención de su acción y estimaron que pretendía llamar la atención.En el supuesto de que los forenses concluyan ahora que Miguel Carcaño padece algún tipo de alteración psicológica, su defensa podría esgrimir este elemento para tratar de lograr que se le aprecie una circunstancia atenuante en su conducta, lo que determinaría una posible reducción de la pena que pudiera imponérsele en el juicio.
En una de las últimas resoluciones dictadas en torno al caso, el instructor atribuye a Miguel Carcaño el hecho de que, cinco meses después de la desaparición de Marta, su cuerpo continúe sin ser hallado. El principal imputado "tuvo desde el inicio de la instrucción la firme intención de evitar que encontrásemos el cuerpo de su víctima, como también la tuvieron los restante imputados que colaboraron para hacerlo desaparecer", explicó el juez en el auto que denegó la nulidad de las grabaciones que mantuvieron los abogados con sus clientes en la cárcel.De otro ladro, el instructor de la causa ha desestimado la petición de la defensa de Javier Delgado, el hermano de Miguel Carcaño, para que se levante el embargo decretado para garantizar las posibles indemnizaciones para los familiares de la víctima.
El juez fijó una fianza de 250.000 euros para los cuatro imputados, pero como Samuel Benítez y María García, la novia de Javier, han sido declaradas insolventes, sólo se procedió a embargar la parte del piso que Javier Delgado comparte con su ex esposa, un vehículo y la posible indemnización que pudiera corresponderle por haber sido despedido de su trabajo como vigilante de seguridad durante el tiempo que estuvo en prisión.El magistrado también deberá pronunciarse en los próximos días sobre la petición de libertad que ha efectuado Samuel Benítez Pérez, amigo de Miguel y que está imputado por ayudarle presuntamente a deshacerse del cadáver de la menor.
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26 junio 2009
El juez cree que el cuerpo de Marta no aparece por la "firme intención" de Miguel Carcaño de evitarlo
El titular del juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla, Francisco de Asís Molina, ha ratificado la legalidad de las grabaciones que mantuvieron los letrados con los imputados en el asesinato de Marta del Castillo, dado que la finalidad que se perseguía no era otra que la de hallar el cuerpo.El juez ha ordenado, no obstante, la destrucción de las cintas y ha apartado las transcripciones de la causa principal para garantizar el derecho de defensa que contempla el artículo 24 de la Constitución Española.
El auto judicial acuerda, asimismo, requerir a los abogados personados en el proceso que devuelvan al juzgado las copias de las transcripciones de las conversaciones que les fueron entregadas para proceder a su destrucción, una medida que, paradójicamente, no impide que los letrados puedan hacer alguna copia de las mismas antes de entregar las copias y que dichas conversaciones hayan sido ya publicadas en la prensa.
El magistrado recuerda que la intervención de las comunicaciones, que se prolongó entre el 3 de marzo y el 29 de abril, se llevó a cabo ponderando los valores y derechos afectados y señala que la finalidad que se buscaba no era otra que la de hallar el cuerpo de Marta del Castillo, puesto que Miguel Carcaño, "autor confeso del asesinato y violación de la menor tuvo desde el inicio de la instrucción la firme intención de evitar que encontrásemos el cuerpo de su víctima, como también la tuvieron los restantes imputados que colaboraron con él para hacerlo desaparecer".
Las actitudes de los imputados justificaron la medida, asegura el juez, que insiste en que las escuchas estaban orientadas a localizar el cadáver y no a registrar las conversaciones que mantuvieron los abogados con sus clientes.
"En tal tesitura, el Estado de Derecho debe agotar los medios a su alcance, y la observación o intervención de comunicaciones era adecuada e imprescindible como única medida posible a su alcance para conocer cualquier dato, revelación o desliz que permitiera la consecución del fin propuesto, o al menos corroborar datos aportados para avanzar en las tareas y labores de búsqueda o, en su caso, dejarlas sin efecto ante la penosidad soportada y el riesgo asumido por todos los que en ellas participaban".
El magistrado añade que a Miguel Carcaño se le comunicó por error en prisión que sus conversaciones iban a ser grabadas y el imputado se lo comentó a su abogado -otro distinto al actual-, de manera que ambos "sabían que sus conversaciones estaban siendo observadas".
El auto judicial acuerda, asimismo, requerir a los abogados personados en el proceso que devuelvan al juzgado las copias de las transcripciones de las conversaciones que les fueron entregadas para proceder a su destrucción, una medida que, paradójicamente, no impide que los letrados puedan hacer alguna copia de las mismas antes de entregar las copias y que dichas conversaciones hayan sido ya publicadas en la prensa.
El magistrado recuerda que la intervención de las comunicaciones, que se prolongó entre el 3 de marzo y el 29 de abril, se llevó a cabo ponderando los valores y derechos afectados y señala que la finalidad que se buscaba no era otra que la de hallar el cuerpo de Marta del Castillo, puesto que Miguel Carcaño, "autor confeso del asesinato y violación de la menor tuvo desde el inicio de la instrucción la firme intención de evitar que encontrásemos el cuerpo de su víctima, como también la tuvieron los restantes imputados que colaboraron con él para hacerlo desaparecer".
Las actitudes de los imputados justificaron la medida, asegura el juez, que insiste en que las escuchas estaban orientadas a localizar el cadáver y no a registrar las conversaciones que mantuvieron los abogados con sus clientes.
"En tal tesitura, el Estado de Derecho debe agotar los medios a su alcance, y la observación o intervención de comunicaciones era adecuada e imprescindible como única medida posible a su alcance para conocer cualquier dato, revelación o desliz que permitiera la consecución del fin propuesto, o al menos corroborar datos aportados para avanzar en las tareas y labores de búsqueda o, en su caso, dejarlas sin efecto ante la penosidad soportada y el riesgo asumido por todos los que en ellas participaban".
El magistrado añade que a Miguel Carcaño se le comunicó por error en prisión que sus conversaciones iban a ser grabadas y el imputado se lo comentó a su abogado -otro distinto al actual-, de manera que ambos "sabían que sus conversaciones estaban siendo observadas".
23 junio 2009
Colchones de más de 20 años y un hedor insoportable, radiografía de los juzgados de Guardia de Sevilla
El sindicato CSIF denunció ayer las carencias del edificio de los juzgados de Guardia de Sevilla, que afectan tanto a los funcionarios de Justicia como a las personas que se encuentran detenidas. El sindicato recuerda que, como las guardias son de 24 horas, el inmueble cuenta con tres camas en dos dormitorios y critica el pésimo estado de los colchones, que tienen "la friolera de más de veinte años", por lo que hay que "hacer de tripas corazón para acostarse en ellas", según denuncia CSIF en un comunicado.
El sindicato señala que la propia delegación de Justicia reconoció la "imperiosa necesidad" de cambiar estos colchones, pero dos meses después aún no han sido cambiados. El mal estado de los colchones no es la única deficiencia que denuncia la organización sindical, dado que los dos cuartos de baño que hay en el juzgado de Guardia de incidencias no tienen ventilación y "el hedor que se desprende de ellos las 24 horas del día es tan insoportable que algunos funcionarios prefieren quedarse sin dormir a tener que pasar la noche en los dormitorios" donde están esos aseos.
El sindicato añade que los malos olores de los cuartos de baño es una situación "generalizada" en todo el edificio judicial, a la que se suman otras condiciones "tercermundistas": hay cucarachas, mosquitos, polillas y todo tipo de insectos. "Los propios funcionarios han tenido que comprar insecticida para poder trabajar allí, porque han visto salir los bichos hasta de la caja de registro eléctrico que hay en el juzgado de incidencias", asevera la nota.
A estos problemas se suman otros diarios con la fotocopiadora y el fax -"cuando no falta papel falta tóner y cuando no la máquina está averiada"- y la reducción de cinco líneas telefónicas a sólo dos disponibles más otra que es la que se utiliza para el fax. La aplicación informática Adriano, según CSIF, tampoco funciona como debiera, puesto que el sistema "se está cayendo constantemente" debido al mal estado en que se encuentra el cableado.
El sindicato no duda en calificar de "infrahumanas" las condiciones en las que los funcionarios desarrollan su labor en los juzgados de la capital. "Trabajar en las instalaciones de los juzgados de Guardia de Sevilla significa conocer el asco y la repugnancia", sentencia CSIF, que enumera otra serie de problemas del edificio: suciedad de las paredes, sillas rotas en el juzgado de detenidos, aire acondicionado que no enfría, o aceras de acceso sin rampas para minusválidos, lo que obliga a los funcionarios que trasladan los expedientes en carritos a levantarlos a peso para poder acceder a las instalaciones. Todas estas deficiencias, concluye, el sindicato "condenan a la prestación del trabajo en una suerte de inframundo que, día a día, va menoscabando la propia estima de la institución de la Justicia, del sistema, de la sociedad y de las personas que para ella trabajan". CSIF no comprende cómo se puede pretender una Justicia ágil y sin dilaciones "sin dotarla de las infraestructuras necesarias".
El sindicato señala que la propia delegación de Justicia reconoció la "imperiosa necesidad" de cambiar estos colchones, pero dos meses después aún no han sido cambiados. El mal estado de los colchones no es la única deficiencia que denuncia la organización sindical, dado que los dos cuartos de baño que hay en el juzgado de Guardia de incidencias no tienen ventilación y "el hedor que se desprende de ellos las 24 horas del día es tan insoportable que algunos funcionarios prefieren quedarse sin dormir a tener que pasar la noche en los dormitorios" donde están esos aseos.
El sindicato añade que los malos olores de los cuartos de baño es una situación "generalizada" en todo el edificio judicial, a la que se suman otras condiciones "tercermundistas": hay cucarachas, mosquitos, polillas y todo tipo de insectos. "Los propios funcionarios han tenido que comprar insecticida para poder trabajar allí, porque han visto salir los bichos hasta de la caja de registro eléctrico que hay en el juzgado de incidencias", asevera la nota.
A estos problemas se suman otros diarios con la fotocopiadora y el fax -"cuando no falta papel falta tóner y cuando no la máquina está averiada"- y la reducción de cinco líneas telefónicas a sólo dos disponibles más otra que es la que se utiliza para el fax. La aplicación informática Adriano, según CSIF, tampoco funciona como debiera, puesto que el sistema "se está cayendo constantemente" debido al mal estado en que se encuentra el cableado.
El sindicato no duda en calificar de "infrahumanas" las condiciones en las que los funcionarios desarrollan su labor en los juzgados de la capital. "Trabajar en las instalaciones de los juzgados de Guardia de Sevilla significa conocer el asco y la repugnancia", sentencia CSIF, que enumera otra serie de problemas del edificio: suciedad de las paredes, sillas rotas en el juzgado de detenidos, aire acondicionado que no enfría, o aceras de acceso sin rampas para minusválidos, lo que obliga a los funcionarios que trasladan los expedientes en carritos a levantarlos a peso para poder acceder a las instalaciones. Todas estas deficiencias, concluye, el sindicato "condenan a la prestación del trabajo en una suerte de inframundo que, día a día, va menoscabando la propia estima de la institución de la Justicia, del sistema, de la sociedad y de las personas que para ella trabajan". CSIF no comprende cómo se puede pretender una Justicia ágil y sin dilaciones "sin dotarla de las infraestructuras necesarias".
La Fiscalía se opone a que Samuel quede en libertad provisional
La Fiscalía de Sevilla se ha opuesto a la petición de libertad de Samuel Benítez Pérez, el amigo del presunto asesino de Marta del Castillo, al considerar que hay riesgo de fuga y que si sale de prisión el joven puede destruir o alterar fuentes de prueba.
El fiscal encargado del caso, Luis Martín, presentó ayer en el juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla, que investiga la desaparición de la adolescente, un escrito en el que hace hincapié en que cuatro meses después de que se ordenara el ingreso en la cárcel de Samuel Benítez "persisten" los motivos por los que se adoptó esta decisión. Según el fiscal, hay riesgo de fuga del joven de 19 años porque se le imputan unos hechos muy graves -delitos de asesinato, homicidio o detención ilegal- y además hay posibilidad de que este imputado, al que se atribuye la colaboración con Miguel Carcaño para deshacerse del cadáver de Marta, pueda ocultar fuentes de prueba si se accede a que abandone la cárcel de Huelva.
En la decisión del representante del Ministerio Público pesa el hecho precisamente de que casi cinco meses después del asesinato aún no ha aparecido el cuerpo de Marta del Castillo.
La acusación particular que ejercen los padres de Marta, Antonio del Castillo y Eva Casanueva, también se han opuesto a la posible excarcelación de Samuel Benítez. El abogado de la familia, José María Calero, argumenta que en las versiones que han ofrecido tres de los imputados -Javier Delgado, Samuel Benítez Pérez, y el menor de 15 años que está internado en un centro- existe una franja horaria, entre la una y media y las dos y media de la madrugada del 25 de enero, en la que "no estuvieron con nadie". Es en esa franja, con un margen de 20 minutos arriba o abajo, cuando algunos testigos afirman que se produjeron los hechos relacionados directamente con las operaciones para hacer desaparecer el cadáver, lo que habría permitido a estos tres imputados haber colaborado en esa trama.
En el caso concreto de Samuel, la acusación particular insiste en que los testigos de Montequinto "no sirven para explicar qué hizo, dónde estuvo y con quién, desde que los dejó a ellos hasta que apareció aterido de frío en condiciones muy extrañas, en la calle Betis, para unirse a la búsqueda de Marta". El letrado de la familia recuerda que los testigos de Montequinto relatan que esa noche Samuel estuvo en contacto telefónico con el menor de 15 años antes de esa hora que no puede justificar, y con Miguel Carcaño antes de otro "agujero negro" de su relato.
José María Calero recuerda en su escrito que Samuel Benítez es, junto con el menor, la persona "más cercana" a Miguel Carcaño, con quienes se ha enfrentado a otros "marrones" previos, según la expresión utilizada por los propios jóvenes en los careos que mantuvieron ante el juez tras haber sido detenidos. El letrado de la familia subraya que, a pesar de que en el juzgado se retractó de su autoinculpación inicial, su participación en las labores para deshacerse del cuerpo por los otros dos imputados en el asesinato y la violación, aunque ambos también rectificaron y exculparon posteriormente a Samuel.
El fiscal encargado del caso, Luis Martín, presentó ayer en el juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla, que investiga la desaparición de la adolescente, un escrito en el que hace hincapié en que cuatro meses después de que se ordenara el ingreso en la cárcel de Samuel Benítez "persisten" los motivos por los que se adoptó esta decisión. Según el fiscal, hay riesgo de fuga del joven de 19 años porque se le imputan unos hechos muy graves -delitos de asesinato, homicidio o detención ilegal- y además hay posibilidad de que este imputado, al que se atribuye la colaboración con Miguel Carcaño para deshacerse del cadáver de Marta, pueda ocultar fuentes de prueba si se accede a que abandone la cárcel de Huelva.
En la decisión del representante del Ministerio Público pesa el hecho precisamente de que casi cinco meses después del asesinato aún no ha aparecido el cuerpo de Marta del Castillo.
La acusación particular que ejercen los padres de Marta, Antonio del Castillo y Eva Casanueva, también se han opuesto a la posible excarcelación de Samuel Benítez. El abogado de la familia, José María Calero, argumenta que en las versiones que han ofrecido tres de los imputados -Javier Delgado, Samuel Benítez Pérez, y el menor de 15 años que está internado en un centro- existe una franja horaria, entre la una y media y las dos y media de la madrugada del 25 de enero, en la que "no estuvieron con nadie". Es en esa franja, con un margen de 20 minutos arriba o abajo, cuando algunos testigos afirman que se produjeron los hechos relacionados directamente con las operaciones para hacer desaparecer el cadáver, lo que habría permitido a estos tres imputados haber colaborado en esa trama.
En el caso concreto de Samuel, la acusación particular insiste en que los testigos de Montequinto "no sirven para explicar qué hizo, dónde estuvo y con quién, desde que los dejó a ellos hasta que apareció aterido de frío en condiciones muy extrañas, en la calle Betis, para unirse a la búsqueda de Marta". El letrado de la familia recuerda que los testigos de Montequinto relatan que esa noche Samuel estuvo en contacto telefónico con el menor de 15 años antes de esa hora que no puede justificar, y con Miguel Carcaño antes de otro "agujero negro" de su relato.
José María Calero recuerda en su escrito que Samuel Benítez es, junto con el menor, la persona "más cercana" a Miguel Carcaño, con quienes se ha enfrentado a otros "marrones" previos, según la expresión utilizada por los propios jóvenes en los careos que mantuvieron ante el juez tras haber sido detenidos. El letrado de la familia subraya que, a pesar de que en el juzgado se retractó de su autoinculpación inicial, su participación en las labores para deshacerse del cuerpo por los otros dos imputados en el asesinato y la violación, aunque ambos también rectificaron y exculparon posteriormente a Samuel.
21 junio 2009
La Fiscalía pide más condenas de cárcel por los delitos que se cometen al volante
La Fiscalía de Sevilla cree que los jueces son reticentes a imponer condenas de prisión por los delitos que se cometen al volante y advierte de que en el 99% de los casos se opta por castigar el delito con una multa cuya cuantía es "ridícula", ya que es muy inferior a la que impondrían los agentes de la Guardia Civil en la vía administrativa.
Éste es el análisis que realiza el fiscal de Seguridad Vial de Sevilla y delegado para Andalucía, Luis Carlos Rodríguez León, en la memoria del Ministerio Público correspondiente a 2008. El fiscal sostiene que el análisis de los escritos de acusación presentados por el Ministerio Público y las sentencias impuestas revela una "desproporción importante" entre la gravedad del hecho cometido y la pena de multa impuesta.
Según Luis Carlos Rodríguez León, en numerosos casos las penas solicitadas por los fiscales o acordadas por los jueces "pueden llegar a calificarse de ridículas", puesto que a su juicio no alcanzan siquiera a las que un agente de Tráfico puede imponer. Esta situación provoca, según el fiscal, la ruptura del sistema que ha promulgado el legislador, en el que "en buena lógica la vía penal debe ser siempre más gravosa que la administrativa, y además no cumple con los fines de prevención general y especial" que conllevan estas sanciones.
La memoria analiza las sentencias dictadas por los órganos judiciales de Sevilla durante el pasado año y concluye que en el 99% de los casos las penas impuestas por el delito del artículo 379 del Código Penal fueron multas. Este precepto sanciona con penas de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses y trabajos en beneficio de la comunidad a quienes conduzcan un vehículo de motor o un ciclomotor a una velocidad superior en 60 kilómetros por hora en vía urbana o en 80 kilómetros en vía interurbana a la permitida, y también contempla las mismas penas para quienes conduzcan bajo la influencia de drogas tóxicas, sustancias estupefacientes, psicotrópicas o de las bebidas alcohólicas. En este caso la condena esta prevista cuando se supera una tasa de alcohol en aire espirado de 0,60 miligramos por litro o en sangre de 1,2 gramos por litro.
Las estadísticas sobre las multas impuestas para este concreto delito ponen de manifiesto, según la Fiscalía, la "una reticencia a la pena de prisión, tanto del Ministerio Fiscal, al pedir, como del juez al imponer la condena". Pero el estudio señala que el legislador estableció que las penas de prisión y las de multa son "equivalentes", al establecer de forma alternativa la posibilidad de imponer una u otra sanción.
"Es cierto que el fiscal y el juez deben ponderar en qué casos correspondería imponer una u otra, lo que no es admisible es que ni siquiera en los casos de varias condenas anteriores por estos delitos, se siga imponiendo pena de multa", sentencia la memoria de la Fiscalía, que subraya que tampoco es comprensible que la multa sea "manifiestamente desproporcionada, en su gravedad, con la alternativa de prisión".
El representante del Ministerio Público recuerda que la ley prevé un sistema moderador para evitar, por ejemplo, que un conductor que es insolvente sea encarcelado -hay posibilidad de rebajar la cuota o aplazar los pagos-, pero ello no explica, a su juicio, que se impongan penas mínimas. "No hay justificación alguna, salvo la indigencia, para imponer ab initio una cuota de dos euros en una condena por delito", añade.
El fiscal delegado de Seguridad vial concluye que la imposición de penas de multa con una cuota mínima de dos euros "de forma sistemática" supone, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, "vaciar de contenido el sistema de penas establecido por el poder legislativo en el nuevo Código Penal, convirtiendo la pena de multa por el sistema legal de días-multa en algo meramente simbólico", por lo que aboga por que las cuotas que se impongan sean mayores y no las mínimas.
Éste es el análisis que realiza el fiscal de Seguridad Vial de Sevilla y delegado para Andalucía, Luis Carlos Rodríguez León, en la memoria del Ministerio Público correspondiente a 2008. El fiscal sostiene que el análisis de los escritos de acusación presentados por el Ministerio Público y las sentencias impuestas revela una "desproporción importante" entre la gravedad del hecho cometido y la pena de multa impuesta.
Según Luis Carlos Rodríguez León, en numerosos casos las penas solicitadas por los fiscales o acordadas por los jueces "pueden llegar a calificarse de ridículas", puesto que a su juicio no alcanzan siquiera a las que un agente de Tráfico puede imponer. Esta situación provoca, según el fiscal, la ruptura del sistema que ha promulgado el legislador, en el que "en buena lógica la vía penal debe ser siempre más gravosa que la administrativa, y además no cumple con los fines de prevención general y especial" que conllevan estas sanciones.
La memoria analiza las sentencias dictadas por los órganos judiciales de Sevilla durante el pasado año y concluye que en el 99% de los casos las penas impuestas por el delito del artículo 379 del Código Penal fueron multas. Este precepto sanciona con penas de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses y trabajos en beneficio de la comunidad a quienes conduzcan un vehículo de motor o un ciclomotor a una velocidad superior en 60 kilómetros por hora en vía urbana o en 80 kilómetros en vía interurbana a la permitida, y también contempla las mismas penas para quienes conduzcan bajo la influencia de drogas tóxicas, sustancias estupefacientes, psicotrópicas o de las bebidas alcohólicas. En este caso la condena esta prevista cuando se supera una tasa de alcohol en aire espirado de 0,60 miligramos por litro o en sangre de 1,2 gramos por litro.
Las estadísticas sobre las multas impuestas para este concreto delito ponen de manifiesto, según la Fiscalía, la "una reticencia a la pena de prisión, tanto del Ministerio Fiscal, al pedir, como del juez al imponer la condena". Pero el estudio señala que el legislador estableció que las penas de prisión y las de multa son "equivalentes", al establecer de forma alternativa la posibilidad de imponer una u otra sanción.
"Es cierto que el fiscal y el juez deben ponderar en qué casos correspondería imponer una u otra, lo que no es admisible es que ni siquiera en los casos de varias condenas anteriores por estos delitos, se siga imponiendo pena de multa", sentencia la memoria de la Fiscalía, que subraya que tampoco es comprensible que la multa sea "manifiestamente desproporcionada, en su gravedad, con la alternativa de prisión".
El representante del Ministerio Público recuerda que la ley prevé un sistema moderador para evitar, por ejemplo, que un conductor que es insolvente sea encarcelado -hay posibilidad de rebajar la cuota o aplazar los pagos-, pero ello no explica, a su juicio, que se impongan penas mínimas. "No hay justificación alguna, salvo la indigencia, para imponer ab initio una cuota de dos euros en una condena por delito", añade.
El fiscal delegado de Seguridad vial concluye que la imposición de penas de multa con una cuota mínima de dos euros "de forma sistemática" supone, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, "vaciar de contenido el sistema de penas establecido por el poder legislativo en el nuevo Código Penal, convirtiendo la pena de multa por el sistema legal de días-multa en algo meramente simbólico", por lo que aboga por que las cuotas que se impongan sean mayores y no las mínimas.
20 junio 2009
El juez rechaza el archivo de la causa contra Javier Delgado y su novia
El juez que investiga la desaparición y asesinato de Marta del Castillo ha rechazado pronunciarse ahora sobre el sobreseimiento de la causa que plantearon el hermano de Miguel Carcaño, Javier Delgado, y su novia, María García.Tanto Javier Delgado como su compañera sentimental pidieron al instructor el sobreseimiento de la causa contra ellos, al estimar que no hay pruebas de su participación en los hechos.
El juez Francisco de Asís Molina ha emitido una resolución en la que tiene por hechas las alegaciones de las defensas de estos imputados, pero elude resolver sobre las mismas porque, según recuerda, la instrucción aún no ha finalizado y además no procede hacer ahora un "pronunciamiento por separado" de las imputaciones que pesan sobre cada uno de los implicados.
Los abogados defensores de Javier y de María habían pedido su exculpación al estimar que habían sido implicados en la causa sólo por "conjeturas y no por indicios reales".El magistrado se remite a los autos en los que se acordó la detención de ambos y, en el caso de Javier Delgado, su ingreso en prisión, para argumentar los indicios que existen sobre la participación en los hechos.
El juez acordó inicialmente el encarcelamiento de Javier porque el menor de 15 años que está internado en un centro le situó en el piso de León XIII con el cadáver de Marta y posteriormente se quedó "limpiando restos y huellas" del asesinato, aunque Javier siempre ha negado su implicación en los hechos desde el primer momento y no ha cambiado nunca de versión, al contrario de lo que ha ocurrido con el resto de imputados.
El menor relató en una declaración de la que después se retractó que Javier estaba muy nervioso y le amenazó diciéndole que algo muy grave le pasaría a su familia si contaba lo que había ocurrido en la vivienda de Carcaño.
La última vez que el instructor se pronunció sobre la implicación de Javier Delgado en el caso fue el pasado 20 de mayo, cuando decidió dejarle en libertad provisional con el argumento de que el papel que jugó "no fue predominante" en el crimen, sino que desempeñó un rol de menor entidad.En cuanto a María García, el juez aclaró en otra resolución que está imputada por haber participado supuestamente en el homicidio de Marta del Castillo, en su desaparición, o incluso en un delito de encubrimiento.
El magistrado recordó entonces que la novia de Javier Delgado ha mantenido en sus sucesivas declaraciones que la noche del 24 de enero estuvo estudiando en el piso de la calle León XIII, en unas horas que "coinciden" con el momento en el que supuestamente debió de ser sacado el cuerpo de Marta del Castillo del domicilio, por lo que cabría atribuirle alguno de los delitos mencionados, según el razonamiento del titular del juzgado.La decisión de rechazar el archivo de la causa contra Javier Delgado y su novia coincide con otra resolución judicial, en este caso, dictada por la Audiencia Provincial de Sevilla, que ha ratificado que el hermano de Miguel Carcaño continúe en libertad provisional.La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha señalado que la prisión provisional es una medida "muy excepcional" y en el caso de Javier se prolongó durante tres meses, por lo que el auto del juzgado de Instrucción número 4 que acordó su libertad "es ajustado a Derecho y está bien razonado" y no hay motivos para volver a encarcelar al hermano de Miguel.
El juez Francisco de Asís Molina ha emitido una resolución en la que tiene por hechas las alegaciones de las defensas de estos imputados, pero elude resolver sobre las mismas porque, según recuerda, la instrucción aún no ha finalizado y además no procede hacer ahora un "pronunciamiento por separado" de las imputaciones que pesan sobre cada uno de los implicados.
Los abogados defensores de Javier y de María habían pedido su exculpación al estimar que habían sido implicados en la causa sólo por "conjeturas y no por indicios reales".El magistrado se remite a los autos en los que se acordó la detención de ambos y, en el caso de Javier Delgado, su ingreso en prisión, para argumentar los indicios que existen sobre la participación en los hechos.
El juez acordó inicialmente el encarcelamiento de Javier porque el menor de 15 años que está internado en un centro le situó en el piso de León XIII con el cadáver de Marta y posteriormente se quedó "limpiando restos y huellas" del asesinato, aunque Javier siempre ha negado su implicación en los hechos desde el primer momento y no ha cambiado nunca de versión, al contrario de lo que ha ocurrido con el resto de imputados.
El menor relató en una declaración de la que después se retractó que Javier estaba muy nervioso y le amenazó diciéndole que algo muy grave le pasaría a su familia si contaba lo que había ocurrido en la vivienda de Carcaño.
La última vez que el instructor se pronunció sobre la implicación de Javier Delgado en el caso fue el pasado 20 de mayo, cuando decidió dejarle en libertad provisional con el argumento de que el papel que jugó "no fue predominante" en el crimen, sino que desempeñó un rol de menor entidad.En cuanto a María García, el juez aclaró en otra resolución que está imputada por haber participado supuestamente en el homicidio de Marta del Castillo, en su desaparición, o incluso en un delito de encubrimiento.
El magistrado recordó entonces que la novia de Javier Delgado ha mantenido en sus sucesivas declaraciones que la noche del 24 de enero estuvo estudiando en el piso de la calle León XIII, en unas horas que "coinciden" con el momento en el que supuestamente debió de ser sacado el cuerpo de Marta del Castillo del domicilio, por lo que cabría atribuirle alguno de los delitos mencionados, según el razonamiento del titular del juzgado.La decisión de rechazar el archivo de la causa contra Javier Delgado y su novia coincide con otra resolución judicial, en este caso, dictada por la Audiencia Provincial de Sevilla, que ha ratificado que el hermano de Miguel Carcaño continúe en libertad provisional.La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha señalado que la prisión provisional es una medida "muy excepcional" y en el caso de Javier se prolongó durante tres meses, por lo que el auto del juzgado de Instrucción número 4 que acordó su libertad "es ajustado a Derecho y está bien razonado" y no hay motivos para volver a encarcelar al hermano de Miguel.
19 junio 2009
Varios juzgados se quedan sin papel y sin grapas
Varios juzgados de Instrucción de Sevilla se han quedado sin suministro de folios y en otros tantos se echa en falta algún tipo de material de oficina, como por ejemplo grapas, según han confirmado fuentes judiciales.En alguno de los casos, el juzgado ha comunicado a los abogados que tenía que aplazar la entrega de copias de una denuncia -con muchos tomos y que son necesarias para que los letrados puedan preparar la defensa de los imputados- porque no disponía de folios suficientes para hacer las fotocopias.
Según las mismas fuentes, se ha emplazado a los letrados para dentro de varios días, tiempo en el que esperan recibir el material y proceder a fotocopiar las actuaciones.Una práctica común en los juzgados, cuando se produce una falta de material, consiste en pedirla a otro órgano judicial mientras llega el pedido.
Otros juzgados se han dirigido a la delegación provincial de la Consejería de Justicia solicitando la entrega de otro material, como por ejemplo grapas, pero se les ha comunicado que no era posible la remisión del material.
Fuentes de la delegación de Justicia explicaron ayer que los paquetes de folios se suministran "habitualmente" a los órganos judiciales y "no hay constancia de que haya problemas". Las mismas fuentes sí que admitieron que se ha producido una "incidencia técnica" que ha afectado al suministro de otros materiales de oficina -como las grapas-, cuya solución está en trámite y se espera que los objetos lleguen la próxima semana a los juzgados afectados.En otras ocasiones, la falta de medios no puede atribuirse a la Consejería de Justicia porque, según otras fuentes consultadas, uno de los juzgados que se ha quedado sin papel pidió expresamente a la Junta que no le enviase más paquetes, hasta nuevo aviso, por falta de espacio de almacenamiento. Transcurrido un tiempo sin hacer ningún pedido, el juzgado se ha quedado ahora sin papel.
Pero la falta de medios no afecta exclusivamente a los órganos judiciales, porque la Fiscalía de Medio Ambiente ha denunciado en su memoria que lleva año y medio reclamando a la Junta un fax y un escáner. "Lamentablemente, a pesar de los oficios librados desde hace año y medio, la Consejería sigue sin proveer a la sección de Medio Ambiente de fax y sobre todo de un escáner, con el que adaptar al formato electrónico las resoluciones de interés que llegan en papel, para evitar su remisión en papel a todos los fiscales", recoge la memoria presentada esta semana.
Los sindicatos con representación en la Justicia también llevan tiempo solicitando escáneres y ordenadores, lo que ha derivado en que en algunas organizaciones hayan adquirido el material informático con las cuotas de los asociados. En algunos casos, denuncian que la Junta les envía los ordenadores que sobran de los juzgados.
Según las mismas fuentes, se ha emplazado a los letrados para dentro de varios días, tiempo en el que esperan recibir el material y proceder a fotocopiar las actuaciones.Una práctica común en los juzgados, cuando se produce una falta de material, consiste en pedirla a otro órgano judicial mientras llega el pedido.
Otros juzgados se han dirigido a la delegación provincial de la Consejería de Justicia solicitando la entrega de otro material, como por ejemplo grapas, pero se les ha comunicado que no era posible la remisión del material.
Fuentes de la delegación de Justicia explicaron ayer que los paquetes de folios se suministran "habitualmente" a los órganos judiciales y "no hay constancia de que haya problemas". Las mismas fuentes sí que admitieron que se ha producido una "incidencia técnica" que ha afectado al suministro de otros materiales de oficina -como las grapas-, cuya solución está en trámite y se espera que los objetos lleguen la próxima semana a los juzgados afectados.En otras ocasiones, la falta de medios no puede atribuirse a la Consejería de Justicia porque, según otras fuentes consultadas, uno de los juzgados que se ha quedado sin papel pidió expresamente a la Junta que no le enviase más paquetes, hasta nuevo aviso, por falta de espacio de almacenamiento. Transcurrido un tiempo sin hacer ningún pedido, el juzgado se ha quedado ahora sin papel.
Pero la falta de medios no afecta exclusivamente a los órganos judiciales, porque la Fiscalía de Medio Ambiente ha denunciado en su memoria que lleva año y medio reclamando a la Junta un fax y un escáner. "Lamentablemente, a pesar de los oficios librados desde hace año y medio, la Consejería sigue sin proveer a la sección de Medio Ambiente de fax y sobre todo de un escáner, con el que adaptar al formato electrónico las resoluciones de interés que llegan en papel, para evitar su remisión en papel a todos los fiscales", recoge la memoria presentada esta semana.
Los sindicatos con representación en la Justicia también llevan tiempo solicitando escáneres y ordenadores, lo que ha derivado en que en algunas organizaciones hayan adquirido el material informático con las cuotas de los asociados. En algunos casos, denuncian que la Junta les envía los ordenadores que sobran de los juzgados.
Samuel pide su libertad provisional tras cuatro meses en prisión
Samuel Benítez, amigo del presunto asesino de Marta del Castillo, ha pedido al juez su puesta en libertad después de que nueve testigos hayan avalado de alguna forma su coartada sobre los movimientos que hizo la noche del 24 de enero, cuando fue asesinada la joven.La petición de libertad fue presentada por su abogado el pasado miércoles y llega cuando este imputado, de 19 años, lleva más de cuatro meses en la prisión de Huelva. Samuel Benítez, que fue encarcelado el 16 de febrero junto a Miguel Carcaño, reconoció inicialmente en su declaración ante la Policía que colaboró con el presunto asesino para que éste se deshiciera del cuerpo de Marta, aunque posteriormente se retractó ante el juez de su declaración y aseguró que confesó porque fue torturado por la Policía.
Un médico de la cárcel de Huelva ha certificado que Samuel presentaba el día de su ingreso un "hematoma y edema a nivel de miembro superior derecho".En su declaración ante la Policía, Samuel admitió que condujo el coche de la madre del menor de 15 años hasta el río Guadalquivir, donde ayudó a Miguel a arrojar el cuerpo al agua, aunque esta versión fue posteriormente modificada por el presunto asesino cuando sostuvo que el cadáver no acabó en el río sino en un contenedor de basuras próximo a su vivienda de la calle León XIII. Las pruebas científicas no han hallado restos de Samuel en el escenario del crimen.Durante la instrucción de la causa nueve testigos han confirmado la coartada del joven, entre ellos su novia y dos amigas de la pareja, que insistieron en que Samuel estuvo acompañado durante toda la tarde y la noche del 24 de enero.
Otros dos menores explicaron que estuvieron con Samuel en una hamburguesería del barrio de Montequinto antes de las diez de la noche. A esa hora, Samuel se separó de su novia y ésta se marchó a su casa para arreglarse, aunque se quedó con otras dos amigas. La joven no volvió a ver a Samuel hasta las 23.35 horas y un cuarto de hora después recibió la llamada de una miga de Marta que le informó de que la adolescente no había vuelto aún a su casa. Samuel optó por regresar a Sevilla y su novia le acompañó a la parada del autobús.
Otro cuatro testigos que declararon en el juzgado la semana pasada también han señalado que estuvieron aquella noche con Samuel. Dos de estos jóvenes dijeron que coincidieron con Samuel entre la una y las dos o dos y cuatro de la madrugada del día 25.El juez Francisco de Asís Molina deberá ahora dar traslado al fiscal y al resto de abogados personados en la causa sobre la petición de libertad formulada por la defensa de Samuel, por lo que la decisión puede retrasarse a la próxima semana.
El padre de Marta, Antonio del Castillo, acogió ayer con cierta cautela la petición de libertad de la defensa, aunque pidió al juez que la rechace. "Hay que ver si el juez accede a esta petición, pero espero que no", afirmó Antonio del Castillo, quien subrayó que hay "indicios" suficientes para que Samuel siga en prisión. "Ya veremos lo que dice el juez", concluyó el padre.Si el juez concede la libertad, Samuel sería el segundo implicado que es excarcelado, una vez que el 20 de mayo Javier Delgado, hermano de Miguel, salió de Sevilla-I porque el juez entiende que su participación es de "menor" entidad.
Un médico de la cárcel de Huelva ha certificado que Samuel presentaba el día de su ingreso un "hematoma y edema a nivel de miembro superior derecho".En su declaración ante la Policía, Samuel admitió que condujo el coche de la madre del menor de 15 años hasta el río Guadalquivir, donde ayudó a Miguel a arrojar el cuerpo al agua, aunque esta versión fue posteriormente modificada por el presunto asesino cuando sostuvo que el cadáver no acabó en el río sino en un contenedor de basuras próximo a su vivienda de la calle León XIII. Las pruebas científicas no han hallado restos de Samuel en el escenario del crimen.Durante la instrucción de la causa nueve testigos han confirmado la coartada del joven, entre ellos su novia y dos amigas de la pareja, que insistieron en que Samuel estuvo acompañado durante toda la tarde y la noche del 24 de enero.
Otros dos menores explicaron que estuvieron con Samuel en una hamburguesería del barrio de Montequinto antes de las diez de la noche. A esa hora, Samuel se separó de su novia y ésta se marchó a su casa para arreglarse, aunque se quedó con otras dos amigas. La joven no volvió a ver a Samuel hasta las 23.35 horas y un cuarto de hora después recibió la llamada de una miga de Marta que le informó de que la adolescente no había vuelto aún a su casa. Samuel optó por regresar a Sevilla y su novia le acompañó a la parada del autobús.
Otro cuatro testigos que declararon en el juzgado la semana pasada también han señalado que estuvieron aquella noche con Samuel. Dos de estos jóvenes dijeron que coincidieron con Samuel entre la una y las dos o dos y cuatro de la madrugada del día 25.El juez Francisco de Asís Molina deberá ahora dar traslado al fiscal y al resto de abogados personados en la causa sobre la petición de libertad formulada por la defensa de Samuel, por lo que la decisión puede retrasarse a la próxima semana.
El padre de Marta, Antonio del Castillo, acogió ayer con cierta cautela la petición de libertad de la defensa, aunque pidió al juez que la rechace. "Hay que ver si el juez accede a esta petición, pero espero que no", afirmó Antonio del Castillo, quien subrayó que hay "indicios" suficientes para que Samuel siga en prisión. "Ya veremos lo que dice el juez", concluyó el padre.Si el juez concede la libertad, Samuel sería el segundo implicado que es excarcelado, una vez que el 20 de mayo Javier Delgado, hermano de Miguel, salió de Sevilla-I porque el juez entiende que su participación es de "menor" entidad.
Los delitos urbanísticos crecieron en 2008 año en Sevilla un 28,78% con respecto al año anterior, lo que ha llevado a la Fiscalía de Medio Ambiente a mostrar su "preocupación" por el incremento de casos a pesar de las sentencias condenatorias que se han registrado en los últimos años y la decisión de los jueces de acordar la demolición de las edificaciones.
La memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente, Patrimonio Histórico y Urbanismo recoge que el año pasado se incoaron 255 investigaciones por delitos contra la ordenación del territorio frente a los 198 que se contabilizaron en 2007. La mayoría de estas infracciones son cometidas por particulares que levantan pequeñas construcciones en suelo rústico.
Desde 2005, el número de delitos contra la ordenación del territorio que ha investigado la Fiscalía hispalense asciende ya a 906 y, según la memoria, estas investigaciones acaparan el 85% del trabajo que realizan los fiscales especialistas en Medio Ambiente. Así, de las 298 diligencias de investigación incoadas en 2008, 255 lo fueron por delitos contra la ordenación del territorio frente a las 23 relacionadas con el Medio Ambiente, nueve contra la Flora y la Fauna y cinco contra el Patrimonio Histórico.El fiscal delegado de Medio Ambiente, Javier Rufino, señala que desde 2007 los jueces de Sevilla han dictado unas 40 sentencias firmes en las que se acuerda la demolición de las construcciones ilegales, con la finalidad de restaurar el suelo a su estado original. El fiscal advierte de que estas condenas han generado "notables problemas" a la hora de ejecutar el derribo, "por las naturales trabas creadas por los condenados, la sistemática impugnación de cualquier providencia orientada a ejecutar tal pronunciamiento y la falta de colaboración de algún Ayuntamiento particularmente afectado".
Otras veces la efectividad de la demolición se retrasa "innecesariamente", dice el fiscal, porque el juzgado de lo Penal fija un plazo "injustificadamente amplio" para llevar a cabo la demolición. Para dar eficacia a la medida de demolición, la Fiscalía ha optado por oponerse a cualquier suspensión de las penas de prisión mientras no se satisfaga el pronunciamiento relativo a la responsabilidad civil que constituye la demolición, siempre que el acusado sea solvente. La negativa a demoler ha llevado a dos juzgados a dictar órdenes de ingreso en prisión de los condenados, aunque el encarcelamiento no se ha producido porque el reo ha recurrido esta decisión.La Fiscalía también se opone en estos casos, cuando no se produce la demolición, a que se sustituya la pena de prisión por una multa, ya que, según el Ministerio Público, el hecho de no derribar "demuestra la falta de compromiso del reo en reparar el daño causado".
En cuanto a las zonas más conflictivas durante 2008, la memoria de la Fiscalía subraya los procedimientos abiertos que afectan a los parajes de El Serafín, en La Rinconada, y Clarevot, que abarca a varios municipios, además de la investigación iniciada sobre suelos no urbanizables en El Arahal. Sólo en esta última localidad se espera que la unidad de Policía Adscrita a la Junta remita más de 170 atestados por posibles delitos en este paraje, donde una sola de las parcelaciones tiene 294.883 metros cuadrados y unas 147 parcelas de entre 1.000 y 3.000 metros cuadrados, donde ya se han levantado edificaciones sin licencia.La Fiscalía de Medio Ambiente muestra su preocupación por el incremento de delitos urbanísticos a pesar de la relevancia pública que se está dando a las condenas.
"La situación ha empeorado y sorprende que pese al poder disuasorio que debiera tener el conocimiento público de las frecuentes sentencias condenatorias, publicadas en muchas ocasiones en los medios de comunicación, continúen proliferando las pequeñas edificaciones en suelo rústico y, en ocasiones, en suelos de especial protección". El fiscal concluye que ante este fenómeno, el uso y eficacia de las facultades de disciplina urbanística de los Ayuntamientos es "ínfima", sobre todo en cuanto a la adopción de medidas cautelares.
La memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente, Patrimonio Histórico y Urbanismo recoge que el año pasado se incoaron 255 investigaciones por delitos contra la ordenación del territorio frente a los 198 que se contabilizaron en 2007. La mayoría de estas infracciones son cometidas por particulares que levantan pequeñas construcciones en suelo rústico.
Desde 2005, el número de delitos contra la ordenación del territorio que ha investigado la Fiscalía hispalense asciende ya a 906 y, según la memoria, estas investigaciones acaparan el 85% del trabajo que realizan los fiscales especialistas en Medio Ambiente. Así, de las 298 diligencias de investigación incoadas en 2008, 255 lo fueron por delitos contra la ordenación del territorio frente a las 23 relacionadas con el Medio Ambiente, nueve contra la Flora y la Fauna y cinco contra el Patrimonio Histórico.El fiscal delegado de Medio Ambiente, Javier Rufino, señala que desde 2007 los jueces de Sevilla han dictado unas 40 sentencias firmes en las que se acuerda la demolición de las construcciones ilegales, con la finalidad de restaurar el suelo a su estado original. El fiscal advierte de que estas condenas han generado "notables problemas" a la hora de ejecutar el derribo, "por las naturales trabas creadas por los condenados, la sistemática impugnación de cualquier providencia orientada a ejecutar tal pronunciamiento y la falta de colaboración de algún Ayuntamiento particularmente afectado".
Otras veces la efectividad de la demolición se retrasa "innecesariamente", dice el fiscal, porque el juzgado de lo Penal fija un plazo "injustificadamente amplio" para llevar a cabo la demolición. Para dar eficacia a la medida de demolición, la Fiscalía ha optado por oponerse a cualquier suspensión de las penas de prisión mientras no se satisfaga el pronunciamiento relativo a la responsabilidad civil que constituye la demolición, siempre que el acusado sea solvente. La negativa a demoler ha llevado a dos juzgados a dictar órdenes de ingreso en prisión de los condenados, aunque el encarcelamiento no se ha producido porque el reo ha recurrido esta decisión.La Fiscalía también se opone en estos casos, cuando no se produce la demolición, a que se sustituya la pena de prisión por una multa, ya que, según el Ministerio Público, el hecho de no derribar "demuestra la falta de compromiso del reo en reparar el daño causado".
En cuanto a las zonas más conflictivas durante 2008, la memoria de la Fiscalía subraya los procedimientos abiertos que afectan a los parajes de El Serafín, en La Rinconada, y Clarevot, que abarca a varios municipios, además de la investigación iniciada sobre suelos no urbanizables en El Arahal. Sólo en esta última localidad se espera que la unidad de Policía Adscrita a la Junta remita más de 170 atestados por posibles delitos en este paraje, donde una sola de las parcelaciones tiene 294.883 metros cuadrados y unas 147 parcelas de entre 1.000 y 3.000 metros cuadrados, donde ya se han levantado edificaciones sin licencia.La Fiscalía de Medio Ambiente muestra su preocupación por el incremento de delitos urbanísticos a pesar de la relevancia pública que se está dando a las condenas.
"La situación ha empeorado y sorprende que pese al poder disuasorio que debiera tener el conocimiento público de las frecuentes sentencias condenatorias, publicadas en muchas ocasiones en los medios de comunicación, continúen proliferando las pequeñas edificaciones en suelo rústico y, en ocasiones, en suelos de especial protección". El fiscal concluye que ante este fenómeno, el uso y eficacia de las facultades de disciplina urbanística de los Ayuntamientos es "ínfima", sobre todo en cuanto a la adopción de medidas cautelares.
16 junio 2009
La Fiscalía se opone a la nulidad de las escuchas a los abogados del caso Marta
La Fiscalía de Sevilla se ha opuesto a la petición de la abogada de Miguel Carcaño para que se declare la nulidad de las grabaciones de las conversaciones que la letrada y su cliente mantuvieron en la cárcel de Morón de la Frontera, al entender que esas escuchas estaban suficientemente motivas por la resolución judicial que autorizó la intervención de las comunicaciones del presunto asesino de Marta del Castillo.
El fiscal ha remitido un escrito al juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla en el que recuerda que, si bien la grabación de las conversaciones es una medida excepcional, en este caso estaba justificada en el auto que dictó en su día el instructor del caso. El Ministerio Público defiende que la resolución judicial que acordó las escuchas de las conversaciones que mantuvieron los imputados con sus abogados estaba suficientemente "motivada, era razonada y proporcional".
El fiscal alude en su escrito a las especiales circunstancias que rodean la desaparición y asesinato de Marta del Castillo, y a la necesidad de hallar fuentes de prueba, sobre todo, relacionada con el hallazgo del cuerpo de la adolescente, que el principal implicado aseguró en principio que arrojó al río Guadalquivir y posteriormente se retractó, señalando que la tiró a un contenedor próximo a su domicilio de la calle León XIII, donde se produjo el asesinato de la menor de 17 años.La Fiscalía es la única parte personada en el procedimiento que se ha opuesto a la petición de la letrada Paloma Pérez Sendino, dado que los otros abogados defensores e incluso la acusación particular que ejercen los padres de Marta del Castillo se han adherido a la petición de que se declare la nulidad de las conversaciones que sostuvieron los letrados con sus clientes y se proceda, por tanto, a la destrucción de las cintas.Mientras el juez decide sobre la solicitud de la defensa de Miguel Carcaño, la instrucción de la causa está entrando en sus últimos flecos.
El juez Francisco Molina ha ordenado recientemente a la Policía Científica que analice el ADN de los cabellos hallados en el vehículo de Javier Delgado Moreno, el hermano de Miguel. Ésta es la segunda ocasión en la que el instructor de la causa pide que se analicen los restos hallados en este coche, aunque la primera vez los investigadores no pudieron lograr resultados fiables de las muestras examinadas.
El magistrado que investiga el asesinato procederá hoy a tomar declaración a otros cinco testigos, entre los que se encuentran el padre y el tío de Marta del Castillo. La declaración de Antonio del Castillo, que hasta ahora sólo había acudido ante el juez para ratificar la denunciar y personarse como acusación particular en el proceso, versará sobre los primeros momentos de la desaparición de la adolescente, dado que el padre estuvo en el piso de la calle León XIII, sobre la 01:45 del 25 de enero y no encontró a nadie. Junto al padre de Marta, también prestará hoy declaración el tío de la menor, Javier Casanueva, quien llegó a entrevistarse con Javier Delgado unas dos semanas después de la desaparición y a quien éste confesó que "para bien o para mal" era él quien estaba asesorando a su hermano Miguel Carcaño, un consejo que en principio se atribuía al hecho de que el joven no había participado en las labores de búsqueda de Marta a pesar de que fue la última persona que la vio la tarde del 24 de enero.
El turno de declaraciones lo cerrarán dos amigos de Marta que participaron aquella noche en su búsqueda y Susana García, la madre de la mejor amiga de Marta. Susana García aseguró en su día que la noche del crimen llamó a Javier Delgado, quien le dijo que no sabía nada de su hermano y que no conocía a Marta. Sin embargo, Susana asegura que se personó en el piso sobre las 05:15 y accedió al interior de la vivienda, "que olía a limpio y estaba impoluta", como de haber realizado una limpieza recientemente. En ese encuentro, Javier reconoció que había "escuchado" a Marta porque acudió a recoger unos CD, una declaración que sorprendió a la testigo porque no coincidía con lo que le había dicho unas horas antes.
El fiscal ha remitido un escrito al juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla en el que recuerda que, si bien la grabación de las conversaciones es una medida excepcional, en este caso estaba justificada en el auto que dictó en su día el instructor del caso. El Ministerio Público defiende que la resolución judicial que acordó las escuchas de las conversaciones que mantuvieron los imputados con sus abogados estaba suficientemente "motivada, era razonada y proporcional".
El fiscal alude en su escrito a las especiales circunstancias que rodean la desaparición y asesinato de Marta del Castillo, y a la necesidad de hallar fuentes de prueba, sobre todo, relacionada con el hallazgo del cuerpo de la adolescente, que el principal implicado aseguró en principio que arrojó al río Guadalquivir y posteriormente se retractó, señalando que la tiró a un contenedor próximo a su domicilio de la calle León XIII, donde se produjo el asesinato de la menor de 17 años.La Fiscalía es la única parte personada en el procedimiento que se ha opuesto a la petición de la letrada Paloma Pérez Sendino, dado que los otros abogados defensores e incluso la acusación particular que ejercen los padres de Marta del Castillo se han adherido a la petición de que se declare la nulidad de las conversaciones que sostuvieron los letrados con sus clientes y se proceda, por tanto, a la destrucción de las cintas.Mientras el juez decide sobre la solicitud de la defensa de Miguel Carcaño, la instrucción de la causa está entrando en sus últimos flecos.
El juez Francisco Molina ha ordenado recientemente a la Policía Científica que analice el ADN de los cabellos hallados en el vehículo de Javier Delgado Moreno, el hermano de Miguel. Ésta es la segunda ocasión en la que el instructor de la causa pide que se analicen los restos hallados en este coche, aunque la primera vez los investigadores no pudieron lograr resultados fiables de las muestras examinadas.
El magistrado que investiga el asesinato procederá hoy a tomar declaración a otros cinco testigos, entre los que se encuentran el padre y el tío de Marta del Castillo. La declaración de Antonio del Castillo, que hasta ahora sólo había acudido ante el juez para ratificar la denunciar y personarse como acusación particular en el proceso, versará sobre los primeros momentos de la desaparición de la adolescente, dado que el padre estuvo en el piso de la calle León XIII, sobre la 01:45 del 25 de enero y no encontró a nadie. Junto al padre de Marta, también prestará hoy declaración el tío de la menor, Javier Casanueva, quien llegó a entrevistarse con Javier Delgado unas dos semanas después de la desaparición y a quien éste confesó que "para bien o para mal" era él quien estaba asesorando a su hermano Miguel Carcaño, un consejo que en principio se atribuía al hecho de que el joven no había participado en las labores de búsqueda de Marta a pesar de que fue la última persona que la vio la tarde del 24 de enero.
El turno de declaraciones lo cerrarán dos amigos de Marta que participaron aquella noche en su búsqueda y Susana García, la madre de la mejor amiga de Marta. Susana García aseguró en su día que la noche del crimen llamó a Javier Delgado, quien le dijo que no sabía nada de su hermano y que no conocía a Marta. Sin embargo, Susana asegura que se personó en el piso sobre las 05:15 y accedió al interior de la vivienda, "que olía a limpio y estaba impoluta", como de haber realizado una limpieza recientemente. En ese encuentro, Javier reconoció que había "escuchado" a Marta porque acudió a recoger unos CD, una declaración que sorprendió a la testigo porque no coincidía con lo que le había dicho unas horas antes.
13 junio 2009
La Policía sostiene que el tercer detenido por el crimen de la Feria es el verdadero autor de la puñalada
La Policía cree que el crimen de la Feria lo cometió Jesús E. C. y no Juan Antonio L. V., el joven que fue detenido instantes después del apuñalamiento del vecino de Gines Juan Fernando Martínez Sánchez. Un informe que el Grupo Homicidios ha presentado en el juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, que acaba de levantar el secreto de sumario que pesaba sobre el caso, llega a la conclusión de que el autor material de la puñalada es Jesús E. C., que está en prisión provisional desde el 14 de mayo.Los otros dos implicados, Juan Antonio L. V. y Martín S. B., también siguen en prisión, a pesar de que el primero fue detenido inicialmente como autor y el segundo como inductor del crimen.
La Policía sostiene en el informe que Jesús E. C. confesó al menos a seis personas que fue él quien apuñaló a la víctima, según los testimonios que los investigadores han recopilado en el atestado.De acuerdo con las nuevas investigaciones, los tres jóvenes se hallaban la noche del crimen en la parte trasera de una caseta de la Feria.
Juan Antonio L. V. había cogido un cuchillo jamonero de una caseta y el ahora presunto autor del crimen, Jesús E. C., se lo quitó y "lo escondió".Cuando se inició la discusión con la víctima y sus amigos por el robo de una chaqueta, Jesús intervino en la pelea y golpeó a uno de los amigos del fallecido. La Policía considera que, en un momento dado, "antes o durante la pelea", tomó el cuchillo del lugar donde lo había ocultado y le dio un "refilonazo" -expresión que uno de los testigos asegura que Jesús E. C. utilizó para referirse a la agresión- a Juan Fernando Martínez, lo que provocó que el cuchillo se partiera por el mango.
La Policía sostiene que el presunto autor de la puñalada confesó a uno de los testigos que intervino en la pelea para defender a su amigo Martín S. B. y añadió que en la reyerta recibió dos golpes en la casa, por lo que cayó al suelo. Cuando se incorporó, estaba "cabreado" y fue cuando cogió el cuchillo y asestó la puñalada. A continuación, según el relato que realiza la Policía, Jesús E. C. salió corriendo hacia el Puente de las Delicias, no sin antes manifestar que "le había cortado el cuello a uno", según el testimonio de otro de los testigos.
El enfrentamiento duró tan sólo unos 45 segundos y, tras el crimen, otro de los testigos señaló que Jesús reconoció a la altura del Puente de las Delicías que había clavado el cuchillo a una persona, que la hoja se rompió durante la acción y que incluso pensaba que ésta se había quedado alojada en el cuerpo de la víctima. Según otro de los testimonios, el imputado llegó incluso a manifestar que no sabía si le había apuñalado en el pecho o el cuello.Los agentes de Homicidios afirman que, a continuación, el joven tiró el mango del cuchillo al río o detrás de la valla del club Náutico, y también se deshizo, arrojándolo al Guadalquivir, de un polo blanco que llevaba debajo de un jersey y que estaba "manchado de sangre" en la parte del cuello.Jesús E. C., que tiene nueve detenciones anteriores por delitos contra el patrimonio, ha negado en sus declaraciones judiciales su participación en el homicidio.
La Policía sostiene en el informe que Jesús E. C. confesó al menos a seis personas que fue él quien apuñaló a la víctima, según los testimonios que los investigadores han recopilado en el atestado.De acuerdo con las nuevas investigaciones, los tres jóvenes se hallaban la noche del crimen en la parte trasera de una caseta de la Feria.
Juan Antonio L. V. había cogido un cuchillo jamonero de una caseta y el ahora presunto autor del crimen, Jesús E. C., se lo quitó y "lo escondió".Cuando se inició la discusión con la víctima y sus amigos por el robo de una chaqueta, Jesús intervino en la pelea y golpeó a uno de los amigos del fallecido. La Policía considera que, en un momento dado, "antes o durante la pelea", tomó el cuchillo del lugar donde lo había ocultado y le dio un "refilonazo" -expresión que uno de los testigos asegura que Jesús E. C. utilizó para referirse a la agresión- a Juan Fernando Martínez, lo que provocó que el cuchillo se partiera por el mango.
La Policía sostiene que el presunto autor de la puñalada confesó a uno de los testigos que intervino en la pelea para defender a su amigo Martín S. B. y añadió que en la reyerta recibió dos golpes en la casa, por lo que cayó al suelo. Cuando se incorporó, estaba "cabreado" y fue cuando cogió el cuchillo y asestó la puñalada. A continuación, según el relato que realiza la Policía, Jesús E. C. salió corriendo hacia el Puente de las Delicias, no sin antes manifestar que "le había cortado el cuello a uno", según el testimonio de otro de los testigos.
El enfrentamiento duró tan sólo unos 45 segundos y, tras el crimen, otro de los testigos señaló que Jesús reconoció a la altura del Puente de las Delicías que había clavado el cuchillo a una persona, que la hoja se rompió durante la acción y que incluso pensaba que ésta se había quedado alojada en el cuerpo de la víctima. Según otro de los testimonios, el imputado llegó incluso a manifestar que no sabía si le había apuñalado en el pecho o el cuello.Los agentes de Homicidios afirman que, a continuación, el joven tiró el mango del cuchillo al río o detrás de la valla del club Náutico, y también se deshizo, arrojándolo al Guadalquivir, de un polo blanco que llevaba debajo de un jersey y que estaba "manchado de sangre" en la parte del cuello.Jesús E. C., que tiene nueve detenciones anteriores por delitos contra el patrimonio, ha negado en sus declaraciones judiciales su participación en el homicidio.
Los padres de Marta apoyan la nulidad de las grabaciones de las conversaciones de los abogados
El abogado que ejerce la acusación particular en representación de los padres de Marta del Castillo ha presentado un escrito en el juzgado en el que apoya la petición de nulidad que planteó la defensa del presunto asesino, Miguel Carcaño, respecto a la grabación de las conversaciones que éste mantuvo con su abogada en la cárcel de Morón de la Frontera.
El letrado de la familia se opone a una nulidad genérica del auto que acordó la intervención de las comunicaciones, pero admite con respecto a las grabaciones realizadas en los locutorios respecto a las conversaciones con los abogados que éstas "exceden el marco legal" y el derecho a la defensa que aparece contemplado en el artículo 24.2 de la Constitución Española, por lo que se adhiere a la solicitud de la abogada Paloma Pérez, defensora de Miguel Carcaño.
De otro lado, cuatro testigos corroboraron ayer ante el juez la coartada de Samuel Benítez, amigo de Carcaño, al defender que la tarde-noche del 24 de enero, cuando se produjo el crimen, estuvieron con este imputado. Dos de los testigos, amigos de la novia de Samuel, señalaron que coincidieron con él por la tarde en la barriada de Montequinto y otros dos que estuvieron con Samuel desde la una de la madrugada hasta las dos o dos y cuarto del día 25.
Estas nuevas declaraciones, unidas a la que han prestado otros cinco jóvenes que también corroboran su coartada, podían llevar a su defensa a solicitar la libertad en breve.
Por último, el médico de la cárcel de Huelva ha certificado que Samuel presentaba el día de su ingreso un "hematoma y edema a nivel de miembro superior derecho", lo que coincide con la primera declaración que realizó el joven, cuando dijo que confesó ante la Policía tras recibir amenazas contra él mismo, su familia y su novia.
10 junio 2009
El TEDH avala la petición de la abogada de Miguel Carcaño sobre las grabaciones
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) avala la petición que ha realizado la abogada Paloma Pérez Sendino, que representa al presunto asesino de Marta del Castillo, para que se declare la nulidad de las grabaciones de las conversaciones que mantuvo con su cliente en la cárcel.Varias sentencias del Alto Tribunal señalan que no se puede intervenir las comunicaciones que mantienen los abogados con las personas a la que defienden.
Una de estas resoluciones es el caso Foxley contra el Reino Unido, en el que el Tribunal Europeo dio la razón a un ciudadano británico cuya correspondencia con su abogado fue abierta, leída, copiada e incluida en su expediente. La resolución consideró que se había vulnerado el artículo 8 del convenio europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales -ratificado por España en 1979-, que establece que toda persona tiene derecho al respeto de su correspondencia y no puede haber ninguna injerencia de una autoridad pública salvo que se trate de una medida que "en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y libertades de los demás".
El tribunal señaló que la relación abogado-cliente es, en principio, "confidencial" y la correspondencia en ese contexto, "cualquiera que sea su propósito, trata de cuestiones de naturaleza confidencial", por lo que los magistrados no ven justificación para que las cartas de sus abogados, una vez abiertas, "fuesen leídas, fotocopiadas, e incluidas en el expediente antes de serle remitidas". La resolución considera que esta actuación del gobierno británico "no cumple con los principios de confidencialidad y secreto profesional correspondientes a la relación entre un abogado y su cliente".Otra sentencia, el caso Kopp contra Suiza, estimó la demanda de un ciudadano helvético después de que la Fiscalía General del país ordenara pinchar las líneas telefónicas de su despacho de abogados.
El Tribunal llegó a la conclusión en este caso que las llamadas telefónicas que proceden y las que tienen como destino los locales profesionales, como es el caso de un despacho de abogados, pueden encontrarse incluidas en los conceptos de "vida privada" y de "correspondencia" contemplados en el artículo 8 convenio europeo.
De esta forma, todas las comunicaciones telefónicas de un despacho de abogados "revisten un carácter profesional", por lo que no puede admitirse la interpretación de las autoridades suizas, según la cual, la ley le permite grabar y escuchar las conversaciones telefónicas de un abogado antes de determinar si entran dentro del secreto profesional.En la legislación española, la grabación debe estar autorizada y controlada por un juez. El artículo 48.3 del reglamento penitenciario establece precisamente que las comunicaciones de los internos con su abogado defensor "no podrán ser suspendidas o intervenidas, en ningún caso, por decisión administrativa" de la prisión -hasta mediados de los 90 estaba permitido-.
La medida "sólo podrá realizarse previa orden expresa de la autoridad judicial", asevera el mismo precepto.El decano del colegio de abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, consideró ayer "precipitado" pronunciarse sin total conocimiento de causa sobre la licitud o no de las escuchas en el caso Marta, si bien reconoció que "interferir las comunicaciones entre los abogados y sus clientes afecta directísimamente al núcleo duro del derecho fundamental a la defensa".
El decano explicó que actuó con urgencia para evitar que se continuaran difundiendo las grabaciones, "por la gravedad que conlleva que se dé publicidad a esas conversaciones confidenciales que están amparadas por el secreto profesional del abogado" y recordó que ha pedido al juez el auto para que lo valore la junta de gobierno del colegio.
Una de estas resoluciones es el caso Foxley contra el Reino Unido, en el que el Tribunal Europeo dio la razón a un ciudadano británico cuya correspondencia con su abogado fue abierta, leída, copiada e incluida en su expediente. La resolución consideró que se había vulnerado el artículo 8 del convenio europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales -ratificado por España en 1979-, que establece que toda persona tiene derecho al respeto de su correspondencia y no puede haber ninguna injerencia de una autoridad pública salvo que se trate de una medida que "en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y libertades de los demás".
El tribunal señaló que la relación abogado-cliente es, en principio, "confidencial" y la correspondencia en ese contexto, "cualquiera que sea su propósito, trata de cuestiones de naturaleza confidencial", por lo que los magistrados no ven justificación para que las cartas de sus abogados, una vez abiertas, "fuesen leídas, fotocopiadas, e incluidas en el expediente antes de serle remitidas". La resolución considera que esta actuación del gobierno británico "no cumple con los principios de confidencialidad y secreto profesional correspondientes a la relación entre un abogado y su cliente".Otra sentencia, el caso Kopp contra Suiza, estimó la demanda de un ciudadano helvético después de que la Fiscalía General del país ordenara pinchar las líneas telefónicas de su despacho de abogados.
El Tribunal llegó a la conclusión en este caso que las llamadas telefónicas que proceden y las que tienen como destino los locales profesionales, como es el caso de un despacho de abogados, pueden encontrarse incluidas en los conceptos de "vida privada" y de "correspondencia" contemplados en el artículo 8 convenio europeo.
De esta forma, todas las comunicaciones telefónicas de un despacho de abogados "revisten un carácter profesional", por lo que no puede admitirse la interpretación de las autoridades suizas, según la cual, la ley le permite grabar y escuchar las conversaciones telefónicas de un abogado antes de determinar si entran dentro del secreto profesional.En la legislación española, la grabación debe estar autorizada y controlada por un juez. El artículo 48.3 del reglamento penitenciario establece precisamente que las comunicaciones de los internos con su abogado defensor "no podrán ser suspendidas o intervenidas, en ningún caso, por decisión administrativa" de la prisión -hasta mediados de los 90 estaba permitido-.
La medida "sólo podrá realizarse previa orden expresa de la autoridad judicial", asevera el mismo precepto.El decano del colegio de abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, consideró ayer "precipitado" pronunciarse sin total conocimiento de causa sobre la licitud o no de las escuchas en el caso Marta, si bien reconoció que "interferir las comunicaciones entre los abogados y sus clientes afecta directísimamente al núcleo duro del derecho fundamental a la defensa".
El decano explicó que actuó con urgencia para evitar que se continuaran difundiendo las grabaciones, "por la gravedad que conlleva que se dé publicidad a esas conversaciones confidenciales que están amparadas por el secreto profesional del abogado" y recordó que ha pedido al juez el auto para que lo valore la junta de gobierno del colegio.
09 junio 2009
La abogada de Carcaño pide la nulidad de las grabaciones que se hicieron en la cárcel
La abogada Paloma Pérez Sendino, que representa a Miguel Carcaño, el principal imputado por la desaparición y asesinato de Marta del Castillo, ha solicitado al juez que investiga el caso que declare la nulidad de las grabaciones que se realizaron de las conversaciones que los implicados mantuvieron con sus defensores en prisión, al entender que se ha podido vulnerar el secreto profesional que rige la relación entre letrado y cliente.La letrada ha presentado un escrito en el juzgado en el que reclama la nulidad de esas grabaciones, que fueron posteriormente transcritas y aportadas al sumario, según confirmaron fuentes del caso.
La defensora esgrime los artículos 18 y 24 de la Constitución Española, que garantizan el secreto de las comunicaciones y el silencio de los abogados debido a su secreto profesional. De hecho, el artículo 24 de la Constitución especifica que la ley regula los casos en los que, por razón de parentesco o de secreto profesional, "no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos".El secreto que protege la relación entre un cliente y su abogado también aparece contemplado en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que exime a los letrados de la obligación de declarar "respecto a los hechos" que su cliente "le hubiese confiado en su calidad de defensor". Fuentes del caso consultadas por este periódico cuestionan que pueda acordarse la grabación de conversaciones de un letrado cuando éstas se enmarcan en la relación con su cliente.
La publicación en la prensa de las transcripciones de las conversaciones que mantuvieron algunos de los imputados en el asesinato de Marta del Castillo con sus defensores, llevó la semana pasada al decano del colegio de abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, a solicitar al juez de Instrucción 4, Francisco de Asís Molina, que investigase las filtraciones de esas escuchas a la prensa, lo que derivó en la citación a declarar de varios periodistas. Para no revelar las fuentes, los informadores se acogieron, paradójicamente, a su secreto profesional, un derecho que ahora los letrados también invocan para solicitar la nulidad de esas grabaciones.
El decano de los abogados, José Joaquín Gallardo, explicó que el colegio ha pedido al juez el auto que acordó las grabaciones y el resultado de las transcripciones de las conversaciones en prisión "para conocer lo actuado y adoptar en su caso las decisiones pertinentes para velar por el derecho de defensa y el secreto de las comunicaciones entre abogado y cliente".
El principal imputado en el asesinato de Marta conocía que le estaban grabando, ya que la cárcel le notificó por error el auto que acordaba las escuchas, pero su abogada no estaba al corriente de la intervención de esas comunicaciones.Si el juez aceptase la nulidad de las escuchas, podría afectar a las actuaciones que se realizaron con posterioridad al dictado de la resolución en que se acordaban las grabaciones, de acuerdo con la teoría de la fruta del árbol prohibido o envenenado, según la cual si un acto se declara nulo también lo son lo que derive de esa resolución.
La defensora esgrime los artículos 18 y 24 de la Constitución Española, que garantizan el secreto de las comunicaciones y el silencio de los abogados debido a su secreto profesional. De hecho, el artículo 24 de la Constitución especifica que la ley regula los casos en los que, por razón de parentesco o de secreto profesional, "no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos".El secreto que protege la relación entre un cliente y su abogado también aparece contemplado en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que exime a los letrados de la obligación de declarar "respecto a los hechos" que su cliente "le hubiese confiado en su calidad de defensor". Fuentes del caso consultadas por este periódico cuestionan que pueda acordarse la grabación de conversaciones de un letrado cuando éstas se enmarcan en la relación con su cliente.
La publicación en la prensa de las transcripciones de las conversaciones que mantuvieron algunos de los imputados en el asesinato de Marta del Castillo con sus defensores, llevó la semana pasada al decano del colegio de abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, a solicitar al juez de Instrucción 4, Francisco de Asís Molina, que investigase las filtraciones de esas escuchas a la prensa, lo que derivó en la citación a declarar de varios periodistas. Para no revelar las fuentes, los informadores se acogieron, paradójicamente, a su secreto profesional, un derecho que ahora los letrados también invocan para solicitar la nulidad de esas grabaciones.
El decano de los abogados, José Joaquín Gallardo, explicó que el colegio ha pedido al juez el auto que acordó las grabaciones y el resultado de las transcripciones de las conversaciones en prisión "para conocer lo actuado y adoptar en su caso las decisiones pertinentes para velar por el derecho de defensa y el secreto de las comunicaciones entre abogado y cliente".
El principal imputado en el asesinato de Marta conocía que le estaban grabando, ya que la cárcel le notificó por error el auto que acordaba las escuchas, pero su abogada no estaba al corriente de la intervención de esas comunicaciones.Si el juez aceptase la nulidad de las escuchas, podría afectar a las actuaciones que se realizaron con posterioridad al dictado de la resolución en que se acordaban las grabaciones, de acuerdo con la teoría de la fruta del árbol prohibido o envenenado, según la cual si un acto se declara nulo también lo son lo que derive de esa resolución.
06 junio 2009
La Audiencia Nacional rebaja de dos años a seis meses la sanción impuesta a la secretaria judicial Juana Gálvez
El Ministerio de Justicia no aplicó el principio de proporcionalidad a la hora de imponer la sanción de dos años de suspensión de empleo y sueldo a la secretaria del juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, Juana Gálvez Muñoz, y no tuvo en cuenta que la funcionaria no fue la única responsable del retraso en la tramitación de la ejecución de una condena impuesta a Santiago del Valle, presunto asesino de Mari Luz Cortés.
Con este argumento, el juzgado central de lo Contencioso-Administrativo número 3 de la Audiencia Nacional ha rebajado a seis meses la sanción a la secretaria Juana Gálvez porque, según recoge la sentencia, el Ministerio de Justicia admitió que en los errores que permitieron que la causa no se tramitara durante 18 meses concurrieron otros responsables como el ex titular del juzgado, Rafael Tirado -que fue sancionado con una multa de 1.500 euros por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)-, los funcionarios y el Ministerio Fiscal.La resolución del juez de la Audiencia Nacional Adolfo Serrano de Triana señala que, si bien el Ministerio no tenía por qué considerar la imputación de responsabilidades a las otras partes implicadas, "si debió establecer la apreciación del grado de participación" a los efectos de la imposición de la sanción y de su "justa proporcionalidad".
El juez añade que el Ministerio apreció varias atenuantes a la hora de no imponer la máxima sanción a la secretaria, como el reconocimiento del trabajo que Juana Gálvez venía realizando en el juzgado, el elevado número de señalamientos de este órgano judicial y la necesaria atención a la cuenta de consignaciones y a otras funciones que tenía encomendadas. Así, señala que en el caso de la secretaria había hasta siete circunstancias atenuantes y dos agravantes, pero la Administración "sobrevaloró exageradamente" el factor agravante frente a las circunstancias atenuantes, y no tuvo en cuenta de forma expresa la "sobrecarga de trabajo que pesa sobre el juzgado".
La Audiencia Nacional argumenta otro factor para reducir la sanción a seis meses, coincidiendo con la propuesta que en su día realizó la instructora del expediente abierto a la secretaria: el Ministerio de Justicia no consideró procedente castigar a la secretaria con el traslado forzoso porque existía una valoración positiva de su trabajo por parte de todos los miembros de la oficina judicial. En cambio, si el juez ratificaba la suspensión de dos años de empleo y sueldo, esta sanción implicaba la pérdida del destino -al superar los seis meses-, una medida que el magistrado no considera acorde con las pretensiones de la Administración.
"Como no es posible ignorar esta toma de posicionamiento explícitamente hecha por la propia resolución impugnada no debe el juzgador sustituir sus personales criterios por los que ofrece el contenido del acto administrativo impugnado", razona el juez que concluye que el plazo de seis meses es la solución "más proporcional y más equitativa con los propios planeamientos fácticos" de la decisión que adoptó el Ministerio.La sentencia sí destaca, de otro lado, que la conducta por la que fue sancionada Juana Gálvez constituye una falta grave porque "ni es dudosa la negligencia ni el retraso injustificado en el cumplimiento de las funciones propias de la secretaria judicial".
El fallo subraya que en el juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla las formas de trabajo y control de las ejecutorias, las notificaciones, citaciones y en general el impulso procesal sobre los funcionarios "se llevaba deficientemente", a pesar de reconocer que Juana Gálvez desempeñó una trayectoria profesional correcta, con una dedicación personal "intensa".La secretaria judicial alegó en su recurso la falta de medios, así como el mal funcionamiento del juzgado, la acumulación de asuntos hasta el "hacinamiento", la continua movilidad de los funcionarios y las particularidades del sistema informático Adriano, que no permitía un fácil control de las ejecutorias salvo con la dedicación de un tiempo desmesurado al manejo del programa. Juana Gálvez consideró que, a pesar de su correcta actuación, se convirtió en "víctima de o en objeto de los errores de otros".
Con este argumento, el juzgado central de lo Contencioso-Administrativo número 3 de la Audiencia Nacional ha rebajado a seis meses la sanción a la secretaria Juana Gálvez porque, según recoge la sentencia, el Ministerio de Justicia admitió que en los errores que permitieron que la causa no se tramitara durante 18 meses concurrieron otros responsables como el ex titular del juzgado, Rafael Tirado -que fue sancionado con una multa de 1.500 euros por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)-, los funcionarios y el Ministerio Fiscal.La resolución del juez de la Audiencia Nacional Adolfo Serrano de Triana señala que, si bien el Ministerio no tenía por qué considerar la imputación de responsabilidades a las otras partes implicadas, "si debió establecer la apreciación del grado de participación" a los efectos de la imposición de la sanción y de su "justa proporcionalidad".
El juez añade que el Ministerio apreció varias atenuantes a la hora de no imponer la máxima sanción a la secretaria, como el reconocimiento del trabajo que Juana Gálvez venía realizando en el juzgado, el elevado número de señalamientos de este órgano judicial y la necesaria atención a la cuenta de consignaciones y a otras funciones que tenía encomendadas. Así, señala que en el caso de la secretaria había hasta siete circunstancias atenuantes y dos agravantes, pero la Administración "sobrevaloró exageradamente" el factor agravante frente a las circunstancias atenuantes, y no tuvo en cuenta de forma expresa la "sobrecarga de trabajo que pesa sobre el juzgado".
La Audiencia Nacional argumenta otro factor para reducir la sanción a seis meses, coincidiendo con la propuesta que en su día realizó la instructora del expediente abierto a la secretaria: el Ministerio de Justicia no consideró procedente castigar a la secretaria con el traslado forzoso porque existía una valoración positiva de su trabajo por parte de todos los miembros de la oficina judicial. En cambio, si el juez ratificaba la suspensión de dos años de empleo y sueldo, esta sanción implicaba la pérdida del destino -al superar los seis meses-, una medida que el magistrado no considera acorde con las pretensiones de la Administración.
"Como no es posible ignorar esta toma de posicionamiento explícitamente hecha por la propia resolución impugnada no debe el juzgador sustituir sus personales criterios por los que ofrece el contenido del acto administrativo impugnado", razona el juez que concluye que el plazo de seis meses es la solución "más proporcional y más equitativa con los propios planeamientos fácticos" de la decisión que adoptó el Ministerio.La sentencia sí destaca, de otro lado, que la conducta por la que fue sancionada Juana Gálvez constituye una falta grave porque "ni es dudosa la negligencia ni el retraso injustificado en el cumplimiento de las funciones propias de la secretaria judicial".
El fallo subraya que en el juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla las formas de trabajo y control de las ejecutorias, las notificaciones, citaciones y en general el impulso procesal sobre los funcionarios "se llevaba deficientemente", a pesar de reconocer que Juana Gálvez desempeñó una trayectoria profesional correcta, con una dedicación personal "intensa".La secretaria judicial alegó en su recurso la falta de medios, así como el mal funcionamiento del juzgado, la acumulación de asuntos hasta el "hacinamiento", la continua movilidad de los funcionarios y las particularidades del sistema informático Adriano, que no permitía un fácil control de las ejecutorias salvo con la dedicación de un tiempo desmesurado al manejo del programa. Juana Gálvez consideró que, a pesar de su correcta actuación, se convirtió en "víctima de o en objeto de los errores de otros".
05 junio 2009
Los periodistas sevillanos no tendrán que acudir a declarar ante la Policía por las filtraciones del caso Marta
A propuesta de la Asociación de la Prensa de Sevilla, el titular del Juzgado nº 4 de Instrucción, Francisco de Asís Molina y los investigadores han accedido a que a partir de ahora, las comparecencias previstas ante la policía de varios periodistas sevillanos, para ser interrogados sobre sus fuentes en relación con las filtraciones publicadas en el caso "Marta del Castillo", no se realicen.
El juez y la policía continuarán su investigación sobre estas filtraciones, si bien la información requerida a los periodistas se solventará mediante un mero trámite por escrito en el que los profesionales de la información harán uso a su derecho a no declarar, acogiéndose al secreto profesional para no revelar sus fuentes.
La presidenta de la APS, Nani Carvajal, y la secretaria general, Pilar Suriñach, se han entrevistado hoy con el juez para hacerle llegar el malestar de la profesión ante estos requerimientos policiales de comparecencias de periodistas de distintos medios sevillanos, cinco de los cuales se produjeron ya a lo largo del día de ayer. Interrogatorios considerados inadmisibles por la APS, por cuanto suponen intimidar a los profesionales y limitar el correcto ejercicio de su trabajo en detrimento del derecho constitucional a la información y a la libertad de expresión.
La APS agradece la receptividad mostrada tanto por el juez instructor, Francisco de Asís Molina, como por los responsables policiales de la investigación, ante los planteamientos defendidos por este colectivo profesional, que en ningún caso puede considerarse responsable de unas filtraciones cuyo origen habrá que buscar en otro lado.
MUESTRAS DE APOYO
El rechazo manifestado por la APS a las citaciones y comparecencias policiales de periodistas, ordenadas por los investigadores sobre las últimas filtraciones publicadas en la información del caso "Marta del Castillo", ha recibido numerosas muestras de apoyo por parte de ciudadanos y colectivos profesionales, que entienden estas prácticas como atropello de los derechos fundamentales como el de la información y la libertad de expresión.Por ello, la APS quiere agradecer públicamente estas manifestaciones de solidaridadad llegadas desde ciudadanos y colecivos profesionales muy variados, especialmente del mundo de la abogacía y la judicatura. También desea agradecer el apoyo de numerosas asociaciones de la prensa y otras organizaciones de periodistas entre ellas, la Federación Andaluza de Asociaciones de la Prensa (FAAP). La APS espera no tener que volver a lamentar este tipo de prácticas que ponen en cuestión el derecho del periodista a trabajar en libertad.
El juez y la policía continuarán su investigación sobre estas filtraciones, si bien la información requerida a los periodistas se solventará mediante un mero trámite por escrito en el que los profesionales de la información harán uso a su derecho a no declarar, acogiéndose al secreto profesional para no revelar sus fuentes.
La presidenta de la APS, Nani Carvajal, y la secretaria general, Pilar Suriñach, se han entrevistado hoy con el juez para hacerle llegar el malestar de la profesión ante estos requerimientos policiales de comparecencias de periodistas de distintos medios sevillanos, cinco de los cuales se produjeron ya a lo largo del día de ayer. Interrogatorios considerados inadmisibles por la APS, por cuanto suponen intimidar a los profesionales y limitar el correcto ejercicio de su trabajo en detrimento del derecho constitucional a la información y a la libertad de expresión.
La APS agradece la receptividad mostrada tanto por el juez instructor, Francisco de Asís Molina, como por los responsables policiales de la investigación, ante los planteamientos defendidos por este colectivo profesional, que en ningún caso puede considerarse responsable de unas filtraciones cuyo origen habrá que buscar en otro lado.
MUESTRAS DE APOYO
El rechazo manifestado por la APS a las citaciones y comparecencias policiales de periodistas, ordenadas por los investigadores sobre las últimas filtraciones publicadas en la información del caso "Marta del Castillo", ha recibido numerosas muestras de apoyo por parte de ciudadanos y colectivos profesionales, que entienden estas prácticas como atropello de los derechos fundamentales como el de la información y la libertad de expresión.Por ello, la APS quiere agradecer públicamente estas manifestaciones de solidaridadad llegadas desde ciudadanos y colecivos profesionales muy variados, especialmente del mundo de la abogacía y la judicatura. También desea agradecer el apoyo de numerosas asociaciones de la prensa y otras organizaciones de periodistas entre ellas, la Federación Andaluza de Asociaciones de la Prensa (FAAP). La APS espera no tener que volver a lamentar este tipo de prácticas que ponen en cuestión el derecho del periodista a trabajar en libertad.
04 junio 2009
¿Caza de brujas con la prensa sevillana?
La Policía ha tomado hoy declaración a cinco periodistas -de El Mundo, Diario de Sevilla y El Correo de Andalucía- en relación con la investigación de las supuestas filtraciones del caso Marta del Castillo. Todos los periodistas, que fueron a declarar como testigos a última hora de la tarde de ayer, se han acogido a su secreto profesional, puesto que la Policía les pidió directamente que revelaran las fuentes que habían empleado para la realización de sus informaciones.
La Policía dice que actúa siguendo un auto del juez que ordenó investigar las filtraciones y desde el TSJA se asegura que, en ningún momento, se requirió a la Policía para que tomara declaración a los informadores. Uno por otro y la casa sin barrer.
La presidenta de la Asociación de la Prensa de Sevilla, Nani Carvajal, estuvo hoy con los periodistas citados y les ofreció el apoyo de la institución, al estimar que esta actuación se trata de una "intimidación" a unos profesionales que únicamente están haciendo su trabajo: informar a la ciudadanía sobre el caso Marta.
Los periodistas han afirmado que es "absurdo" que sean citados a declarar, cuando la Policía tiene otras cosas mucho más importantes que investigar, entre ellas y desgraciadamente, donde está el cuerpo de Marta del Castillo.
La Asociación de la Prensa ha mostrado su preocupación por los derroteros que está tomando el caso, porque "nunca" se había ordenado la declaración de un grupo de periodistas....
Justicia sevillana se solidariza con los periodistas....
La Policía dice que actúa siguendo un auto del juez que ordenó investigar las filtraciones y desde el TSJA se asegura que, en ningún momento, se requirió a la Policía para que tomara declaración a los informadores. Uno por otro y la casa sin barrer.
La presidenta de la Asociación de la Prensa de Sevilla, Nani Carvajal, estuvo hoy con los periodistas citados y les ofreció el apoyo de la institución, al estimar que esta actuación se trata de una "intimidación" a unos profesionales que únicamente están haciendo su trabajo: informar a la ciudadanía sobre el caso Marta.
Los periodistas han afirmado que es "absurdo" que sean citados a declarar, cuando la Policía tiene otras cosas mucho más importantes que investigar, entre ellas y desgraciadamente, donde está el cuerpo de Marta del Castillo.
La Asociación de la Prensa ha mostrado su preocupación por los derroteros que está tomando el caso, porque "nunca" se había ordenado la declaración de un grupo de periodistas....
Justicia sevillana se solidariza con los periodistas....
03 junio 2009
La Audiencia autorizó pinchar el teléfono del menor del caso Marta, pero las escuchas no aportaron nada de interés para la causa
La Policía intervino finalmente las comunicaciones del menor de 15 años implicado en la desaparición y asesinato de Marta del Castillo, pero estas escuchas no aportaron ningún dato relevante para el caso. El pinchazo del teléfono que el adolescente usaba para comunicarse con sus familiares desde el centro de menores donde está internado fue autorizado por la Audiencia de Sevilla, después de que el juez de Menores se opusiera hasta en dos ocasiones a intervenir las comunicaciones con el argumento de que la verdad no podía obtenerse a cualquier precio.
La Fiscalía hispalense había solicitado el pinchazo en la creencia de que a través de las mismas podría llegar a conocerse algún detalle de interés que pudiese contribuir a encontrar el cuerpo de Marta del Castillo, cuya búsqueda estaba resultando infructuosa en el vertedero de Alcalá de Guadaíra. Un mes después de que las escuchas fuesen autorizadas y, al constatar que no había nada de interés, el juez levantó la medida de intervención de las comunicaciones, según confirmó ayer a este periódico Fernando de Pablo Daza, abogado del menor.
El pinchazo del teléfono del menor coincidió con las escuchas a las que fueron sometidos el principal imputado, Miguel Carcaño, y los otros implicados que se hallaban en prisión, su hermano Javier Delgado, y su amigo Samuel Benítez Pérez.
En estas conversaciones, en muchas de las cuales recogieron los encuentros que mantuvieron los imputados con sus abogados, Miguel Carcaño confirmó su última versión, según la cual después del asesinato de Marta del Castillo, él mismo y el menor arrojaron el cuerpo a un contenedor próximo a su domicilio de la calle León XIII.Con respecto al hecho de que no se haya localizado el cadáver después de 35 días de búsqueda en el vertedero Montemarta-Cónica, Miguel Carcaño apuntó en otra conversación, como una hipotética explicación, que quizás después de que la arrojaran al contenedor el menor y Samuel Benítez regresaron y la sacaron del recipiente.
Tras la publicación de las conversaciones, el juez de Instrucción número 4, Francisco de Asís Molina, ordenó abrir una investigación para esclarecer las filtraciones e hizo un llamamiento a los medios de comunicación para que "en lo sucesivo" se abstuvieran de publicar la transcripción de las escuchas.El colegio de abogados de Sevilla ha pedido al juez que le remita el auto que autorizó los pinchazos de las conversaciones de los letrados, con la finalidad de "conocer lo actuado y adoptar en su caso las decisiones pertinentes para velar por el derecho de defensa y el secreto de las comunicaciones entre abogado y cliente".
La Fiscalía hispalense había solicitado el pinchazo en la creencia de que a través de las mismas podría llegar a conocerse algún detalle de interés que pudiese contribuir a encontrar el cuerpo de Marta del Castillo, cuya búsqueda estaba resultando infructuosa en el vertedero de Alcalá de Guadaíra. Un mes después de que las escuchas fuesen autorizadas y, al constatar que no había nada de interés, el juez levantó la medida de intervención de las comunicaciones, según confirmó ayer a este periódico Fernando de Pablo Daza, abogado del menor.
El pinchazo del teléfono del menor coincidió con las escuchas a las que fueron sometidos el principal imputado, Miguel Carcaño, y los otros implicados que se hallaban en prisión, su hermano Javier Delgado, y su amigo Samuel Benítez Pérez.
En estas conversaciones, en muchas de las cuales recogieron los encuentros que mantuvieron los imputados con sus abogados, Miguel Carcaño confirmó su última versión, según la cual después del asesinato de Marta del Castillo, él mismo y el menor arrojaron el cuerpo a un contenedor próximo a su domicilio de la calle León XIII.Con respecto al hecho de que no se haya localizado el cadáver después de 35 días de búsqueda en el vertedero Montemarta-Cónica, Miguel Carcaño apuntó en otra conversación, como una hipotética explicación, que quizás después de que la arrojaran al contenedor el menor y Samuel Benítez regresaron y la sacaron del recipiente.
Tras la publicación de las conversaciones, el juez de Instrucción número 4, Francisco de Asís Molina, ordenó abrir una investigación para esclarecer las filtraciones e hizo un llamamiento a los medios de comunicación para que "en lo sucesivo" se abstuvieran de publicar la transcripción de las escuchas.El colegio de abogados de Sevilla ha pedido al juez que le remita el auto que autorizó los pinchazos de las conversaciones de los letrados, con la finalidad de "conocer lo actuado y adoptar en su caso las decisiones pertinentes para velar por el derecho de defensa y el secreto de las comunicaciones entre abogado y cliente".
01 junio 2009
El colegio cuestiona las grabaciones a los abogados de los imputados en el asesinato de Marta
El decano del colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, solicitó el pasado viernes al juez que investiga el asesinato de Marta del Castillo que remitiese a la institución el auto que autorizó la grabación de las conversaciones mantenidas por los letrados de la defensa con los imputados que estaban en prisión.
José Joaquín Gallardo eludió pronunciarse ayer sobre la licitud de esas grabaciones y se limitó a apuntar que el colegio ha pedido la resolución y el resultado de las transcripciones de las conversaciones mantenidas en prisión "para conocer lo actuado y adoptar en su caso las decisiones pertinentes para velar por el derecho de defensa y el secreto de las comunicaciones entre abogado y cliente".
Fuentes judiciales explicaron ayer que no es habitual que se proceda a la grabación de los encuentros que mantienen un abogado y su cliente en el marco estricto de la relación profesional.
Tras la solicitud del decano, el juez dictó una providencia en la que, según explica José Joaquín Gallardo, se requiere a los medios de comunicación para que se abstengan de publicar las transcripciones de las conversaciones de los imputados, sobre todo las mantenidas en prisión, todo ello "bajo apercibimiento de incurrir en delito si no lo hicieren".
Después de dictar esta providencia, el juez aclaró, en otra resolución hecha pública por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que sólo se había realizado un llamamiento a la "responsabilidad" de los medios para no difundir unas conversaciones que pueden perjudicar a la causa. El decano insistió en que "lo prioritario" es rogar a los medios que, haciendo uso de su propia responsabilidad, "cesen en la difusión de las transcripciones de las conversaciones" que mantuvieron los letrados de la defensa con los imputados del caso Marta cuando se hallan en situación de prisión provisional.
José Joaquín Gallardo eludió pronunciarse ayer sobre la licitud de esas grabaciones y se limitó a apuntar que el colegio ha pedido la resolución y el resultado de las transcripciones de las conversaciones mantenidas en prisión "para conocer lo actuado y adoptar en su caso las decisiones pertinentes para velar por el derecho de defensa y el secreto de las comunicaciones entre abogado y cliente".
Fuentes judiciales explicaron ayer que no es habitual que se proceda a la grabación de los encuentros que mantienen un abogado y su cliente en el marco estricto de la relación profesional.
Tras la solicitud del decano, el juez dictó una providencia en la que, según explica José Joaquín Gallardo, se requiere a los medios de comunicación para que se abstengan de publicar las transcripciones de las conversaciones de los imputados, sobre todo las mantenidas en prisión, todo ello "bajo apercibimiento de incurrir en delito si no lo hicieren".
Después de dictar esta providencia, el juez aclaró, en otra resolución hecha pública por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que sólo se había realizado un llamamiento a la "responsabilidad" de los medios para no difundir unas conversaciones que pueden perjudicar a la causa. El decano insistió en que "lo prioritario" es rogar a los medios que, haciendo uso de su propia responsabilidad, "cesen en la difusión de las transcripciones de las conversaciones" que mantuvieron los letrados de la defensa con los imputados del caso Marta cuando se hallan en situación de prisión provisional.
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