La Policía intervino finalmente las comunicaciones del menor de 15 años implicado en la desaparición y asesinato de Marta del Castillo, pero estas escuchas no aportaron ningún dato relevante para el caso. El pinchazo del teléfono que el adolescente usaba para comunicarse con sus familiares desde el centro de menores donde está internado fue autorizado por la Audiencia de Sevilla, después de que el juez de Menores se opusiera hasta en dos ocasiones a intervenir las comunicaciones con el argumento de que la verdad no podía obtenerse a cualquier precio.
La Fiscalía hispalense había solicitado el pinchazo en la creencia de que a través de las mismas podría llegar a conocerse algún detalle de interés que pudiese contribuir a encontrar el cuerpo de Marta del Castillo, cuya búsqueda estaba resultando infructuosa en el vertedero de Alcalá de Guadaíra. Un mes después de que las escuchas fuesen autorizadas y, al constatar que no había nada de interés, el juez levantó la medida de intervención de las comunicaciones, según confirmó ayer a este periódico Fernando de Pablo Daza, abogado del menor.
El pinchazo del teléfono del menor coincidió con las escuchas a las que fueron sometidos el principal imputado, Miguel Carcaño, y los otros implicados que se hallaban en prisión, su hermano Javier Delgado, y su amigo Samuel Benítez Pérez.
En estas conversaciones, en muchas de las cuales recogieron los encuentros que mantuvieron los imputados con sus abogados, Miguel Carcaño confirmó su última versión, según la cual después del asesinato de Marta del Castillo, él mismo y el menor arrojaron el cuerpo a un contenedor próximo a su domicilio de la calle León XIII.Con respecto al hecho de que no se haya localizado el cadáver después de 35 días de búsqueda en el vertedero Montemarta-Cónica, Miguel Carcaño apuntó en otra conversación, como una hipotética explicación, que quizás después de que la arrojaran al contenedor el menor y Samuel Benítez regresaron y la sacaron del recipiente.
Tras la publicación de las conversaciones, el juez de Instrucción número 4, Francisco de Asís Molina, ordenó abrir una investigación para esclarecer las filtraciones e hizo un llamamiento a los medios de comunicación para que "en lo sucesivo" se abstuvieran de publicar la transcripción de las escuchas.El colegio de abogados de Sevilla ha pedido al juez que le remita el auto que autorizó los pinchazos de las conversaciones de los letrados, con la finalidad de "conocer lo actuado y adoptar en su caso las decisiones pertinentes para velar por el derecho de defensa y el secreto de las comunicaciones entre abogado y cliente".
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