La abogada de Carcaño pide la nulidad de las grabaciones que se hicieron en la cárcel

La abogada Paloma Pérez Sendino, que representa a Miguel Carcaño, el principal imputado por la desaparición y asesinato de Marta del Castillo, ha solicitado al juez que investiga el caso que declare la nulidad de las grabaciones que se realizaron de las conversaciones que los implicados mantuvieron con sus defensores en prisión, al entender que se ha podido vulnerar el secreto profesional que rige la relación entre letrado y cliente.La letrada ha presentado un escrito en el juzgado en el que reclama la nulidad de esas grabaciones, que fueron posteriormente transcritas y aportadas al sumario, según confirmaron fuentes del caso.
La defensora esgrime los artículos 18 y 24 de la Constitución Española, que garantizan el secreto de las comunicaciones y el silencio de los abogados debido a su secreto profesional. De hecho, el artículo 24 de la Constitución especifica que la ley regula los casos en los que, por razón de parentesco o de secreto profesional, "no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos".El secreto que protege la relación entre un cliente y su abogado también aparece contemplado en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que exime a los letrados de la obligación de declarar "respecto a los hechos" que su cliente "le hubiese confiado en su calidad de defensor". Fuentes del caso consultadas por este periódico cuestionan que pueda acordarse la grabación de conversaciones de un letrado cuando éstas se enmarcan en la relación con su cliente.
La publicación en la prensa de las transcripciones de las conversaciones que mantuvieron algunos de los imputados en el asesinato de Marta del Castillo con sus defensores, llevó la semana pasada al decano del colegio de abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, a solicitar al juez de Instrucción 4, Francisco de Asís Molina, que investigase las filtraciones de esas escuchas a la prensa, lo que derivó en la citación a declarar de varios periodistas. Para no revelar las fuentes, los informadores se acogieron, paradójicamente, a su secreto profesional, un derecho que ahora los letrados también invocan para solicitar la nulidad de esas grabaciones.
El decano de los abogados, José Joaquín Gallardo, explicó que el colegio ha pedido al juez el auto que acordó las grabaciones y el resultado de las transcripciones de las conversaciones en prisión "para conocer lo actuado y adoptar en su caso las decisiones pertinentes para velar por el derecho de defensa y el secreto de las comunicaciones entre abogado y cliente".
El principal imputado en el asesinato de Marta conocía que le estaban grabando, ya que la cárcel le notificó por error el auto que acordaba las escuchas, pero su abogada no estaba al corriente de la intervención de esas comunicaciones.Si el juez aceptase la nulidad de las escuchas, podría afectar a las actuaciones que se realizaron con posterioridad al dictado de la resolución en que se acordaban las grabaciones, de acuerdo con la teoría de la fruta del árbol prohibido o envenenado, según la cual si un acto se declara nulo también lo son lo que derive de esa resolución.