Una encuesta sobre la que reflexionar: el 48% de los españoles cree que la Justicia funciona mal o muy mal

Según el II Barómetro de la Justicia de la Fundación Wolters Kluwer, cerca del 70% de los españoles considera que la Justicia es muy lenta y que las sentencias no se ejecutan con eficacia.
Según el 48% de los españoles, la Administración de Justicia funciona mal o muy mal y sólo un 10% de la población considera que la Justicia funciona bien. Además, el 30% considera que funciona peor que hace dos o tres años. Estos son algunos de los resultados reflejados en el II Barómetro de la Justicia de la Fundación Wolters Kluwer, realizado junto a Metroscopia .
En general, los resultados no son buenos y la valoración de la Justicia por los ciudadanos está en uno de los momentos más bajos de los últimos veinte años. Actualmente, la Administración de Justicia tiene una valoración similar a la del Gobierno de España, ya que obtienen un 4,2 y un 4,1 respectivamente, en una escala de 0 al 10.
El Barómetro pone de manifiesto un empeoramiento general de la imagen de la Justicia para los ciudadanos. Los españoles cada vez son más críticos con el funcionamiento de la Justicia y no están percibiendo las mejoras organizativas que se han acometido, afirma Rosalina Díaz, presidenta de la Fundación Wolters Kluwer.
Anticuada, lenta y poco eficaz
Otro de los factores que dificultan una mejor percepción de la Justicia lo indica el dato de que seis de cada diez ciudadanos considera que la Justica está anticuada; siete de cada diez consideran que es muy lenta y que las sentencias no se ejecutan con eficacia, y un 49% de la ciudadanía no cree que los Tribunales sean imparciales en su actuación.
Es obvio que la ciudadanía está percibiendo una imagen muy distorsionada del quehacer diario de nuestros Jueces y Tribunales, los procesos de reformas organizativas pasan inadvertidos ante la polémica mediática que se produce alrededor de unos pocos casos, asegura Rosalina Díaz.
La opinión sobre los magistrados
En cuanto a los jueces, el 54% de los españoles creen que, a la hora de enjuiciar un caso y dictar sentencia, los jueces no suelen actuar con total independencia. Aún así, en el caso de ser acusado en un juicio criminal, el 52% de los españoles prefiere ser juzgado por un juez antes que por un jurado compuesto por personas elegidas por sorteo. De hecho, el 60% considera que los jueces están bien preparados y son competentes.
En general, la puntuación media para los jueces es de 5,2, frente al 7,1 que reciben la policía y los guardias civiles o el 5,6 de los fiscales.
Por otra parte, según el estudio, los ciudadanos creen que los tribunales actúan dejándose influenciar por los intereses del Gobierno (el 60%), las presiones de grupos económicos o sociales (59%) e incluso los medios de comunicación (52%). Incluso el 65% considera que los jueces tienden, en su forma de actuar, a favorecer o perjudicar a los miembros de alguno de los principales partidos políticos.
En general, los ciudadanos suspenden el funcionamiento de los Tribunales de Justicia, la Administración, las Cortes, los Gobiernos Autonómicos, los Ayuntamientos y el Gobierno central. Leído en La Ley.es

El edificio Noga ya se ha quedado pequeño: no podrá albergar al juzgado de lo Penal número 15, que se crea este año

Dos meses después de su estreno y ya se ha quedado pequeño. La nueva sede judicial del edificio Noga, la solución puente mientras se construye la Ciudad de la Justicia, no tiene espacio para albergar ningún nuevo órgano judicial. Ésta es la conclusión a la que han llegado el juez decano de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, y el presidente de la Audiencia Provincial, Damián Álvarez, quienes recorrieron ayer la nueva sede judicial de la avenida de la Buhaira.

Aunque oficialmente el inmueble fue inaugurado el 1 de abril de 2009, coincidiendo con la puesta en funcionamiento del juzgado de lo Mercantil número 2, lo cierto es que no ha se ha puesto a pleno rendimiento hasta el pasado mes de enero, cuando se completó el traslado de los jugados de lo Penal -13 órganos más uno que se creó ya en la nueva sede en el mes de diciembre- y de los once juzgados de lo Social.

El decano y el presidente de la Audiencia de Sevilla pretendían con su visita de ayer a esta sede judicial contemplar por sí mismos las diversas quejas que los jueces y abogados están elevando a sus respectivos órganos de gobierno desde que se completó el traslado de los juzgados a la sede de la Buhaira. La falta de espacio del nuevo enclave judicial es una de las principales conclusiones a las que han llegado ambos magistrados tras recorrer, una a una, las siete plantas del inmueble. El juez decano recordó que en noviembre de 2006, cuando la Consejería de Justicia -por entonces dirigida por María José López- presentó la propuesta del edificio puente, el proyecto contemplaba el traslado a esta sede de la Buhaira, que en ese momento se hallaba aún en construcción, de los 20 juzgados de Instrucción que están en el Prado de San Sebastián, así como los dos juzgados de Guardia (detenidos e Incidencias), el decanato, los servicios comunes de notificaciones y embargos, y algunas dependencias de la Fiscalía.

Dos años después, en febrero de 2009, la nueva consejera del ramo, Evangelina Naranjo, presentó un proyecto de reorganización de las sedes judiciales que ya fijaba el emplazamiento de los juzgados de lo Penal y de lo Social en el edificio Noga.La actual consejera de Justicia, Begoña Álvarez, mantuvo este proyecto y después de unos meses de adaptación, completó el traslado de los 25 órganos penales y sociales, a los que se suman los dos órganos de lo Mercantil. "Es un edificio pequeño, que se preparó para acoger 20 juzgados de Instrucción y ahora tiene 28", aseguró el decano de los jueces, que insistió en que ya no hay sitio para la creación prevista este año del juzgado de lo Penal número 15 y del tercer juzgado de lo Mercantil.El presidente de la Audiencia de Sevilla, Damián Álvarez, indicó que hay "muchos aspectos mejorables" en la sede del Noga y consideró que la implantación del servicio común de ejecutorias resulta "inaplazable". El decano de los jueces coincidió en que es necesario crear ese servicio porque, según dijo, actualmente los distintos juzgados penales están separados en diferentes dependencias y la "funcionalidad es mínima".

Una de las principales quejas de los abogados y jueces guarda relación con un angosto pasillo que se ha habilitado junto a las siete salas de vista de los juzgados penales donde, al concentrarse muchas personas para asistir a juicio, se ha generado un constante "mal olor" por la falta de ventilación.Para tratar de solucionar este problema, Federico Jiménez Ballester apuesta por habilitar una sala de espera provista con pantallas en la planta de baja del edificio, de tal forma que el público aguarde su turno en esta zona. La dinámica sería que, mientras se celebra un juicio, las personas del siguiente proceso esperen arriba, en la zona próxima al estrecho pasillo, y el resto en la planta baja.La Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía eludió ayer pronunciarse sobre la falta de espacio de la nueva sede judicial.

Sin acuerdo para poner en marcha el servicio común de ejecutorias

De momento no habrá servicio común de ejecución de sentencias penales para evitar que se repitan los errores del caso Mari Luz. La Consejería de Justicia ha retrasado la puesta en marcha de este servicio, prevista para enero, ante la falta de acuerdo con los sindicatos judiciales, que le han remitido un escrito -suscrito por todos los que tienen representación en Justicia: CSIF, SPJ-USO, CCOO, UGT y STAJ- en el que plantean la apertura de un proceso de negociación que contemple una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en este servicio común y en todos los órganos judiciales.Los sindicatos también pretenden que se estudie la posibilidad de fijar un complemento económico específico para los funcionarios que pasen a formar parte de este servicio común -al igual que se hizo con los funcionarios destinados a los juzgados de Violencia sobre la Mujer-, que debe encargarse de la ejecución de las sentencias penales para agilizar el proceso y permitir un mayor control de las resoluciones. El secretario general de Justicia de la Consejería de Justicia y Administración Pública, Pedro Izquierdo, reconoció ayer que en la actualidad no se puede dar una fecha concreta para la puesta en funcionamiento del servicio común de ejecutorias porque, según dijo, para que este proyecto piloto salga adelante es "necesario el consenso de todos los operadores jurídicos", entre ellos los jueces, secretarios y organizaciones sindicales.Pedro Izquierdo añadió que el interés de la Consejería por este nuevo servicio es "enorme", ya que puede ser la solución para muchos de los problemas de los juzgados de lo Penal y contribuir a racionalizar el trabajo en estos órganos judiciales.
La Consejería ha puesto "todo su empeño" en esta experiencia piloto y quiere que ponerla en marcha cuanto antes mejor, explicó Pedro Izquierdo, que insistió en que el departamento que dirige Begoña Álvarez ya ha realizado los trabajos previos para que el sistema entre en funcionamiento: se ha creado el juzgado de lo Penal número 14, la ubicación del servicio -que irá emplazado en la nueva sede judicial del edificio Noga, en la avenida de la Buhaira- y se han hecho los estudios previos.Por su parte, el representante del CSIF, Miguel Ángel Ramos, dijo que los sindicatos acogieron positivamente el nuevo servicio común de ejecutorias penales porque era una buena manera de "templar los ánimos en los juzgados de lo Penal" tras el caso Mari Luz y la sobrecarga de trabajo que ha hecho que estos órganos tengan pendientes de ejecutar actualmente más de 11.000 sentencias. Ramos consideró que el nuevo servicio podía contribuir a "aliviar" la situación, pero comenzaron a ponerle pegas al proyecto cuando comprendieron que no iba a suponer un incremento de la plantilla de funcionarios.
El representante sindical señaló que el servicio "no va a funcionar con un número tan reducido de funcionarios" -la Junta ha fijado a priori una plantilla de 65 funcionarios, que saldrían de los 14 juzgados de lo Penal- y consideró que, como mínimo, harán falta entre 15 y 20 funcionarios más.El portavoz del CSIF también considera "escaso" el número de funcionarios que quedarán en las nuevas Unidades Procesales de Apoyo Directo (Upad) -los antiguos juzgados de lo Penal-, que estarán integrados por el juez y tres funcionario (uno del cuerpo de Gestión Procesal y dos de Tramitación). El proyecto también contempla que un secretario por cada dos Upad, mientras que en el servicio común de ejecución de sentencias penales habrá siete secretarios, de los cuales uno hará las funciones de director del mismo.

La consejera Álvarez asegura que los servicios de atención a los ciudadanos supondrá el gran cambio de las políticas de Justicia

La consejera de Justicia y Administración Pública, Begoña Álvarez, ha manifestado hoy que “los servicios de atención a la ciudadanía constituirán el gran cambio de modelo y cultura en las políticas de Justicia”. Así lo ha declarado en un balance informativo mantenido con los medios de comunicación en el que ha analizado las medidas emprendidas por su departamento en la administración de Justicia. Cada cien días, la Consejería mantendrá una actividad de balance de gestión llamada ‘Del Dicho al Hecho’.
Álvarez ha abogado por un cambio de modelo en el que el ciudadano no entienda la administración de Justicia como “un ente lejano y aislado” sino que “se sienta acompañado en sus procesos judiciales por la Junta de Andalucía”. Para ello, ha confiado en la puesta en marcha en 2010 de la nueva Oficina Judicial, que contribuirá a la consecución de una Justicia “más cercana y ágil”.
La titular autonómica ha reivindicado una visión global en las actuaciones que se deben acometer en la adaptación de la administración de Justicia a las necesidades del siglo XXI, a través de planes generales y de choque que primen la calidad del servicio que se presta al ciudadano.
En este sentido, la consejera ha defendido que se está produciendo un cambio en “unas culturas muy ancladas” en el mundo de la Justicia, que consideraban a los órganos judiciales como centros “independientes y desconectados”. Por eso, ha abogado por poner en marcha “políticas de justicia globales, aunque sin desatender la especificidad de cada juzgado”.
En este sentido, Álvarez ha avanzado que la creación de órganos para el próximo año se hará de manera proporcionada a las necesidades reales y, sobre todo, con el horizonte puesto en la Oficina Judicial, “porque Andalucía está preparada para la puesta en marcha del nuevo modelo”.
La consejera ha recordado que desde que se asumieron las competencias en materia de Justicia se han creado más de 200 órganos y se han aumentado las plantilla en más de 2.000 funcionarios sin que ello se haya traducido en una mejora actual de la Justicia. Por ello, ha apostado por avanzar en la calidad de los órganos actuales con los que cuenta la administración andaluza para dar una mejor respuesta a los ciudadanos.
Nuevas medidas
Álvarez ha repasado algunas de las medidas de apoyo a la administración de Justicia que se han impulsado en los últimos meses. Así, ha informado de que ya son más de 800 funcionarios los que se han sumado al Plan de Tardes, una actuación de choque habilitada para paliar los efectos de la crisis. La medida, que se puso en funcionamiento a mitad de octubre y tendrá una duración de tres meses, está dirigida a los juzgados de lo Social, Mercantil y Penal, así como a los servicios comunes de la Administración de Justicia en Andalucía.
Por otra parte, y también dentro del Plan de Respuesta Razonable, ya son nueve las unidades de apoyo que han comenzado a trabajar en algunos de los juzgados más saturados de la comunidad autónoma andaluza, con la misión además de hacer un diagnóstico de los órganos con mayor sobrecarga y así aliviar la pendencia de los citados juzgados.
Infraestructuras
Álvarez también ha reiterado su compromiso de avanzar en la adecuación de las infraestructuras judiciales de la comunidad autónoma andaluza. Así, ha repasado algunas de las actuaciones previstas para el próximo año como la redacción del proyecto de la Ciudad de la Justicia de Jaén y de Sevilla; la licitación del Palacio de la Justicia de Almuñécar o el traslado de los juzgados de lo Penal al edificio Noga de Sevilla.
Por otro lado, la consejera también ha apostado por la modernización en la administración pública a través de las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para así conseguir una relación con la ciudadanía más ágil, práctica y cercana.
Por último, ha recordado los avances practicados en materia de Memoria Histórica con la constitución de un Comisariado para la coordinación de todas las políticas que lleva a cabo la Junta de Andalucía para el reconocimiento social de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura y la publicación de un Protocolo que regule las exhumaciones que se lleven a cabo en el territorio andaluz.

Segarra se presentará a un segundo mandato en la Fiscalía

La fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, se presentará a la reelección en el cargo, cuyo mandato de cinco años termina a finales de noviembre próximo. María José Segarra, madrileña de 46 años, fue la tercera mujer que se convirtió en fiscal jefe en España y sustituyó a Alfredo Flores, que estuvo al frente de la Fiscalía hispalense durante 19 años hasta su jubilación, en septiembre de 2004. Segarra fue nombrada fiscal jefe el 25 de noviembre de ese año, tras lograr el respaldo de 5 de los 12 vocales del Consejo Fiscal, el máximo órgano de gobierno y asesoramiento de la Fiscalía. En concreto, recibió el apoyo de los cuatro vocales de la Unión Progresita de Fiscales (UPF), a la que pertenece, y del fiscal general, Cándido Conde-Pumpido.

Otros cinco fiscales optaron en aquella convocatoria a la plaza de fiscal jefe de Sevilla, entre ellos el actual teniente fiscal, Antonio Ocaña, que fue el más votado en el consejo Fiscal, al recibir siete votos de la Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera y de carácter conservador. También la solicitaron otros notables de la Fiscalía hispalense como Alfonso Demetrio Sánchez, Emilio de Llera, y José María Calero, que actualmente ejerce como abogado.

Según fuentes próximas a la Fiscalía, ninguno de estos fiscales tiene intención de disputar la plaza de fiscal jefe a María José Segarra, aunque no se descarta que otros fiscales puedan hacerlo, incluso algunos de fuera de Sevilla.

En los cinco años dirigiendo la Fiscalía hispalense, Segarra ha hecho frente a casos como el del soborno de Camas o a problemas generados en torno a la ejecución de las sentencias tras la muerte de la pequeña Mari Luz Cortés, donde la Fiscalía aseguró que no hubo ninguna negligencia pero al final ha cambiado el control de las ejecutorias. En este tiempo, Segarra ha creado el grupo de fiscales especializado en delitos económicos y ha potenciado la sección de violencia sobre la Mujer.

La Consejería advierte contra la "picaresca" en los horarios de los funcionarios

La Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta está remitiendo a los 1.700 funcionarios que hay en Sevilla -y también a las restantes provincias, donde hay unos 7.000 empleados en la Administración de Justicia- una carta en la que advierte a los funcionarios contra la picaresca en el control de los horarios y les recuerda que pueden ser sancionados con falta grave si incumplen la obligación de guardar sus claves personales de acceso al sistema informático, que sirve de control horario.

La misiva dirigida a los funcionarios de Justicia, que en el caso de Sevilla firma la delegada provincial, María Francisca Amador, señala que se han "detectado posibles usos indebidos de las claves personales de acceso a los sistemas informáticos de la Administración de Justicia, con especial incidencia en el caso del sistema de control de horario Hermes". Esos usos indebidos, que la carta de la delegada no precisa, hacen referencia a una práctica que se realiza en algunas sedes judiciales y por parte de algunos funcionarios, que pican por otros compañeros para dejar constancia de la hora de entrada o salida del juzgado cuando estos trabajadores no se hallan en su puesto de trabajo.

Lo que no tiene en cuenta la Consejería de Justicia de la Junta, según han explicado a este periódico los funcionarios, es que hay determinadas dependencias judiciales en las que existe un único ordenador para varios funcionarios. Es el caso del servicio de notificación a los procuradores, donde nueve funcionarios tienen que picar en un único ordenador; en el propio servicio común de notificaciones y embargos, donde hay tres ordenadores para 64 funcionarios; e incluso en el depósito de piezas de convicción del decanato, donde un mismo ordenador es utilizado por siete funcionarios. Esto implica que si cada empleado tuviera que entrar cada uno con su usuario y clave -lo que implica reiniciar la sesión- se perderían muchos minutos y, por tanto, alguien que está a una hora determinada no constaría que está en su trabajo hasta más tarde.

Ante la práctica supuestamente fraudulenta, la Junta recuerda que está "expresamente prohibida la entrada por cualquier medio en dichos sistemas utilizando un login y password de otro usuario, salvo autorización expresa y puntual con arreglo a la ley, de la Administración competente o del usuario del ordenador".

La Junta añade que los funcionarios tienen el deber de custodiar su identificación y contraseña, "sin que se pueda proceder a su revelación o puesta al alcance de terceros", y avisa a los empleados públicos que la inobservancia de estas obligaciones está tipificada como falta grave en el reglamento de régimen disciplinario, que prevé sanciones de suspensión de empleo y sueldo de hasta tres años o con traslado forzoso fuera del municipio".

La misiva de la Junta recuerda igualmente a los trabajadores de Justicia que, si por cualquier circunstancia, el conocimiento de sus claves personales de acceso a estos sistemas hubiese tascendido a otros usuarios, deberá "proceder inmediatamente" a sustituirlas por otras.

Por último, la delegación de Justicia explica a los funcionarios que pueden cambiar su clave de acceso desde el mismo sistema informático.

145 funcionarios de Sevilla se acogen al plan para trabajar por las tardes

Un total de 758 funcionarios se ha acogido al Plan extraordinario de Tardes propuesto por la Consejería de Justicia y Administración Pública dirigido a reducir el nivel de asuntos pendientes en los juzgados de lo Social, Mercantil y Penal, así como en los servicios comunes de la Administración de Justicia en Andalucía.
En el desglose por provincias, Málaga es la que mayor número de solicitudes de funcionarios ha recogido, un total de 157. Le siguen Sevilla (con 145) y Cádiz (140). A continuación, se sitúan Granada, en la que ya hay 88 funcionarios trabajando en turnos de tarde; Córdoba (65); Jaén (56); Almería (55) y Huelva (52).
Este plan de tardes –que ya ha cumplido una semana desde su puesta en funcionamiento-- es una actuación de choque, de tres meses de duración, dirigida en primer lugar a paliar los efectos de la actual crisis económica, puesto que ha quedado establecida para aquellos juzgados que se están viendo más afectados por la misma en cuanto a mayor carga de trabajo (de lo Social y de lo Mercantil), pero que redundará en beneficio de todos los órganos en general ya que también se dirige a los Servicios Comunes de Notificaciones y Embargos y a los Servicios Comunes de Partido Judicial.
El plan de tardes, que se puso en marcha la pasada semana, suma ya 758 funcionarios, aunque esta cifra podría elevarse a lo largo de las próximas semanas, a medida que avance el número de funcionarios que se acojan a estos servicios extraordinarios de carácter voluntario y retribuido. En total, la Consejería de Justicia ha hecho extensiva esta propuesta a un total de 123 juzgados y 38 servicios comunes, de los cuales ya se han adscrito al programa de tardes un total de 145, lo que supone un 90 por ciento del total.
La apertura de los juzgados en horario de tarde –aunque no abiertos al público- en los casos de los órganos específicos de lo Social y de lo Mercantil viene justificada, en primer lugar, por la especial incidencia que la crisis ha tenido en las relaciones de trabajo y en los concursos de acreedores, y pretende sumar recursos personales a las iniciativas tomadas por el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial con el nombramiento de jueces y secretarios de refuerzo en determinados órganos de las referidas jurisdicciones.
La iniciativa se enmarca en el Plan de Respuesta Razonable impulsado por la Consejería para reducir los tiempos de resolución de la Administración de Justicia. En función de ello, se ha hecho también extensiva a los juzgados de lo Penal, por su incidencia en la vida de los andaluces, al objeto de incrementar la seguridad jurídica entre la ciudadanía y agilizar la tramitación de sentencias, apoyando paralelamente la puesta en marcha de los Servicios Común de Ejecutorias de Apoyo en esta jurisdicción. Igualmente se lleva a cabo en los juzgados de Primera Instancia que conozcan de los asuntos mercantiles en las provincias que no cuentan con juzgados exclusivos en esta materia.
Hasta el 12 de enero
Este plan afectará en algunos juzgados a la totalidad de la plantilla mientras que en otros servicios judiciales su cumplimentación concernirá sólo al 50% de los mismos. El plan de choque consiste concretamente en que los empleados de los órganos judiciales trabajan hasta tres horas a partir de las 16.00 de la tarde los martes, miércoles y jueves, y estará operativo hasta el 12 de enero de 2010.
La implantación concreta de dicho plan, que no incluye la celebración de juicios por la tarde sino que redunda principalmente en el impulso de la tramitación de asuntos, requiere necesariamente de un plan específico semanal previo. En este sentido, los secretarios de los órganos judiciales afectados colaboran con la Consejería ya que son los encargados de marcar los objetivos a alcanzar conforme al calendario establecido. Estos secretarios judiciales también cooperaran a la hora de trasladar a la Junta el número de funcionarios que voluntariamente participen en este plan y una certificación en la que se haga constar su prestación.
Este plan se enmarca en la línea establecida por la Consejería de Justicia de ofrecer soluciones a medida para cada caso con el fin de reducir la carga de trabajo en los distintos órganos. Sobre esta base, la Consejería trabaja en otras acciones específicas –como el Servicio Común de Ejecutorias o el Tribunal Administrativo de Resolución Extrajudicial de Conflictos— para acortar los tiempos de respuesta en la Administración de Justicia. El departamento que dirige Begoña Álvarez apuesta por poner en marcha planes para cambiar el modelo actual de la Justicia y adelantarse incluso al patrón previsto en la nueva Oficina Judicial, en colaboración con todos los operadores jurídicos.

300 embargos suspendidos por la falta de taxis tras el recorte de la Junta

La decisión de la Consejería de Justicia y Administración Pública de retirar el coche oficial para los juzgados de guardia y restringir la utilización de los taxis por elevado coste -tres millones de euros en un año en toda la comunidad- provocó ayer las primeras incidencias en la prestación del servicio público.

El Servicio Común de Notificaciones y Embargos, un órgano dependiente del decanato y que presta servicio a todos los órganos judiciales de Sevilla, suspendió ayer, en un solo día, 300 embargos y numerosas actuaciones judiciales ante la imposibilidad de proceder a la práctica de estas diligencias por no disponer de taxis.

El servicio común informó ayer a la secretaria coordinadora provincial de esta incidencia en el servicio y precisó que debido a la falta de taxis ayer se vieron obligados a suspender todos los embargos y lanzamientos -expulsión forzosa de un inquilino que ha sido deshauciado- previstos para este día. En concreto, quedaron sin realizarse 287 embargos y 31 lanzamientos, sí como un número elevado de citaciones.

La secretaria coordinadora provincial, Ana María Jiménez, comunicó lo ocurrido tanto a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) como al presidente de la Audiencia de Sevilla y a los decanos de los colegios de abogados, procuradores y graduados sociales, es decir, a todas aquellas instituciones que pueden verse afectadas por una incidencia en el funcionamiento del Servicio Común de Notificaciones y Embargos.

El sindicato CSIF de Justicia denunció ayer la precipitación con la que la Junta ha puesto en marcha esta medida y, en este sentido, explicó que los funcionarios destinado en el servicio común no sabían ayer cómo debían afrontar la falta de taxis para la notificación de los embargos y otras citaciones.

Al final y después de realizar varias consultas, los funcionarios procedieron a practicar las actuaciones en las zonas más próximas al edificio Viapol -donde se ubica el servicio común-. El resultado fue que sólo pudieron practicarse entre tres y cinco diligencias frente a las 15-20 que se hacían a diario antes del recorte.

Según las mismas fuentes, la delegación de Justicia procedió a entregar ayer unos 60 bonobuses de transporte público para los traslados de los funcionarios.

La decisión de la Consejería quedó plasmada en la instrucción 2/2009, que establece que, a partir de ahora, los desplazamientos de funcionarios de la Administración de Justicia se efectuarán "en medio de transporte público colectivo, salvo autorización expresa de otro medio".

La medida se completa con la retirada del coche oficial que tradicionalmente estaba a disposición de los juzgados de Guardia de la capital para la práctica de las diligencias urgentes, como los levantamientos de cadáveres o los registros domiciliarios que ordena el juez. La Consejería de Justicia sostiene que, en ningún caso las restricciones afectarán a los levantamiento de cadáveres, que requieren una actuación urgente.

La medida pretende reducir el importante gasto que genera el uso de taxis para las actuaciones judiciales y que, el departamento que dirige Begoña Álvarez, cifra en unos tres millones de euros al año en toda la comunidad autónoma.

La Junta argumenta que el principio de eficacia en la actividad de la Administración Pública "debe coligarse con la eficacia y economía en la aplicación de los fondos públicos, por lo que se hace necesario establecer unos criterios para el uso de los medios de transporte cuando se realicen actuaciones judiciales".

La decisión de la Consejería ha provocado ya los primeros incidentes, con la suspensión ayer de las 300 actuaciones por el Servicio Común de Notificaciones y Embargos, y las críticas de los sindicatos de Justicia. La delegación provincial de Justicia en Sevilla ha convocado mañana una reunión con el decanato para tratar de solucionar el conflicto.

La Junta retira el coche oficial para los juzgados y limita el uso de taxis para las actuaciones judiciales, a partir de ahora se irá en bus

La Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía ha retirado el servicio de coche oficial con conductor que disponían los juzgados de guardia de Sevilla y ha restringido el uso de los taxis por parte de los trabajadores, una medida que pretende reducir costes para las arcas públicas pero que ha generado indignación entre los funcionarios y magistrados destinados en estos órganos judiciales.Hasta ahora, los juzgados de guardia de Sevilla disponían de un vehículo a su disposición las 24 horas para la realización de las actuaciones judiciales urgentes, como la práctica de levantamientos de cadáveres, registros domiciliarios o cualquier otro servicio que fuese necesario llevar a cabo por el juez de guardia.
Fuentes de la Consejería de Justicia garantizan que los magistrados de guardia tendrán a su disposición un vehículo cuando resulte necesario para el ejercicio de su función jurisdiccional, para lo cual sólo tendrán que solicitarlo a la delegación provincial de la Consejería de Justicia, pero precisó que no habrá un coche las 24 horas esperando en las sedes judiciales. La medida ha causado indignación en los juzgados, porque además lleva aparejada la restricción en la utilización de taxis, dado que la Consejería ha ordenado que los desplazamientos se efectúen, siempre que sea posible, "en medios de transporte público colectivo", como el autobús.La Junta alega que con esta medida, que se ha aplicado en toda la comunidad autónoma, se pretende reducir gastos para las arcas públicas y señala que el año pasado el coste de la utilización de taxis en los juzgados andaluces ascendió a tres millones de euros. La Consejería alega que el principio de eficacia en la actividad de la Administración Pública "debe coligarse con la eficacia y economía en la aplicación de los fondos públicos, por lo que se hace necesario establecer unos criterios para el uso de los medios de transporte cuando se realicen actuaciones judiciales".
La retirada del coche oficial y la utilización del servicio de taxis se regula en la instrucción 2/2009 que la Consejería de Justicia emitió el pasado 29 de julio, aunque no ha sido hasta ahora, a la vuelta de las vacaciones de agosto, cuando se ha percibido con todo su alcance en los órganos judiciales.
La Junta subrayó ayer que, a partir de este momento, los desplazamientos de funcionarios de la Administración de Justicia se llevarán a cabo "en medios de transporte público colectivo, salvo autorización expresa de otro medio de transporte", en la forma que establece el real decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnización por razón del servicio. Justicia asegura que los taxis que se usen para servicios especiales serán autorizados -previo informe de las delegaciones provinciales- por la secretaría general técnica de la Consejería de Justicia, aunque aclara que determinadas actuaciones, como los levantamientos de cadáveres, no se verán afectados por la nueva regulación de estos servicios.En cualquier caso, la Junta asegura que las delegaciones provinciales de Justicia están al corriente de la nueva instrucción que regula los desplazamientos en la Administración de Justicia y aplican las normas para que, "de ninguna manera, el servicio público se vea mermado".

Siete secretarios y 65 funcionarios irán al nuevo servicio común de ejecutorias penales

La Consejería de Justicia de la Junta no quiere que vuelvan a repetirse los errores del caso Mari Luz, que posibilitaron que el pederasta Santiago del Valle siguiera en libertad cuando murió la pequeña porque un juzgado de lo Penal de Sevilla no ejecutó una condena por abusar de su propia hija. Para tratar de evitar estos errores y agilizar el trámite de ejecución de las resoluciones, el departamento que dirige Begoña Álvarez pondrá en funcionamiento en Sevilla antes de que finalice el año una experiencia piloto que consiste en la creación de un nuevo servicio común de ejecutorias penales. Este servicio, que dará cobertura a los 13 órganos de lo Penal que hay actualmente en Sevilla y al número 14, que se creará en diciembre, se encargará de velar por el cumplimiento de las resoluciones judiciales que procedan de estos juzgados.

Para dar cobertura al nuevo servicio, la Consejería de Justicia va a organizar una unidad que contará con siete secretarios judiciales y 65 funcionarios procedentes de los juzgados de lo Penal, según informaron fuentes de la Consejería de Justicia. El servicio tendrá su sede en el edificio Noga, inaugurado en abril pasado en la avenida de la Buhaira y donde actualmente sólo se ubican los dos juzgados de lo Mercantil de Sevilla.

La nueva unidad, que supondrá además la antesala del nuevo modelo de oficina judicial cuya implantación en toda España se ha retrasado desde 2004, estará dirigida por un secretario judicial, del que dependerán otros secretarios que, a su vez, controlarán las distintas secciones de trabajo previstas para resolver de una manera eficaz la tramitación de las ejecutorias penales. Según Justicia, el servicio permitirá una nueva organización del trabajo con el que se pretende obtener "un mayor control de la ejecución de las sentencias mediante la homogeneización de las actuaciones".

Los 65 funcionarios que en un principio integrarán el servicio común de ejecutorias procederán de los 13 juzgados de Penal, lo que requerirá una reorganización de la actual plantilla con el objetivo de lograr una mayor racionalización y especialización del trabajo al constituirse equipos y secciones especializados en materias concretas.

Cada juzgado de lo Penal dispone ahora de un juez, un secretario y ocho funcionarios -dos del cuerpo de Gestión Procesal, cuatro de Tramitación y dos de Auxilio judicial-, pero cinco funcionarios de cada órgano pasarán a integrar el servicio común de ejecución de sentencias para optimizar el trabajo de estos órganos. Otros cinco funcionarios que saldrán de los órganos penales se destinarán como refuerzo en el servicio común de notificaciones y embargos, que presta servicio a todos los órganos que hay en Sevilla.

La mitad de los secretarios judiciales de los órganos penales -incluyendo el futuro número 14- también se integrarán en la nueva oficina. De acuerdo con esta distribución, el servicio común de ejecutorias tendrá siete secretarios y 65 funcionarios, mientras que cada uno de los juzgados penales quedará integrado por un juez, tres funcionarios y un secretario para cada dos órganos judiciales. Con esta experiencia piloto, que posteriormente se irá implantando de forma progresiva en el resto de provincias andaluzas, la Junta busca agilizar la "tramitación constante e informatizada de las sentencias pendientes de ejecutar". La unidad será eficaz para tramitar la ejecutorias y será el germen del cambio de modelo previsto para la oficina judicial. La idea trata de convertir un patrón caduco diseñado para la España rural del siglo XIX en un nuevo modelo marcado por la interconexión propia del siglo XXI, según explicaron las mismas fuentes.

La Junta retira los refuerzos de los juzgados penales y CSIF denuncia que el colapso absoluto continúa

La Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía ha retirado los refuerzos de funcionarios que fueron enviados a los juzgados de lo Penal de Sevilla tras el escándalo que supuso el retraso en la tramitación de la ejecutoria de una condena por abusos sexuales impuesta al pederasta Santiago del Valle, presunto asesino de Mari Luz Cortés.

El sindicato CSIF explicó ayer que de los 12 funcionarios que fueron enviados a mediados del año pasado a los juzgados de lo Penal de Sevilla, como una medida para combatir la situación de sobrecarga de estos órganos, tan sólo se ha autorizado que continúen en sus puestos tres empleados. Estos tres funcionarios están destinados en los juzgados de lo Penal número 1 -donde se destapó el escándalo que terminó con la sanción al juez Rafael Tirado y a la secretaria Juana Gálvez-, el cuatro y el cinco.

Entre los funcionarios, la decisión de la Consejería de Justicia ha causado cierta sorpresa porque, según explicó el responsable del CSIF, Miguel Ángel Ramos, se ha hecho "en el periodo más delicado", cuando una parte de los trabajadores han iniciado sus vacaciones, con lo que la ausencia de los refuerzos se hace más patente. "La situación de atasco y el colapso absoluto de estos órganos judiciales no ha cambiado", aseguró Miguel Ángel Ramos, que subrayó que los funcionarios de Justicia tienen actualmente incluso más trabajo que antes como consecuencia de las nuevas medidas adoptadas por el Ministerio, como la creación del registro de medidas cautelares, requisitorias y sentencias no firmes.

Este registro, que se creó precisamente para tratar de paliar parte de los errores que se produjeron en la tramitación de la causa ejecutoria de Santiago del Valle, ofrece información sobre la existencia de órdenes en vigor de busca y captura o de detención y puesta a disposición, así como la peligrosidad del sujeto. Pero para que el registro sea eficaz, los funcionarios tienen que actualizar millares de causas que están actualmente en trámite.

El responsable del CSIF insistió en que, ante esta situación, los refuerzos que en su día acordó la Junta deben mantenerse porque el colapso continúa. "Podríamos entender la retirada de los refuerzos si hubiese empezado a funcionar el servicio común de ejecución de sentencias que la Consejería de Justicia tiene previsto poner en marcha, pero muchos nos tememos que este servicio no se creará antes de que acabe el año", precisó Ramos.

Fuentes de la Consejería de Justicia explicaron ayer que la medida de refuerzo consistía en una solución provisional, pero no puede representar un aumento de la plantilla destinada en estos órganos judiciales.

Colchones de más de 20 años y un hedor insoportable, radiografía de los juzgados de Guardia de Sevilla

El sindicato CSIF denunció ayer las carencias del edificio de los juzgados de Guardia de Sevilla, que afectan tanto a los funcionarios de Justicia como a las personas que se encuentran detenidas. El sindicato recuerda que, como las guardias son de 24 horas, el inmueble cuenta con tres camas en dos dormitorios y critica el pésimo estado de los colchones, que tienen "la friolera de más de veinte años", por lo que hay que "hacer de tripas corazón para acostarse en ellas", según denuncia CSIF en un comunicado.

El sindicato señala que la propia delegación de Justicia reconoció la "imperiosa necesidad" de cambiar estos colchones, pero dos meses después aún no han sido cambiados. El mal estado de los colchones no es la única deficiencia que denuncia la organización sindical, dado que los dos cuartos de baño que hay en el juzgado de Guardia de incidencias no tienen ventilación y "el hedor que se desprende de ellos las 24 horas del día es tan insoportable que algunos funcionarios prefieren quedarse sin dormir a tener que pasar la noche en los dormitorios" donde están esos aseos.

El sindicato añade que los malos olores de los cuartos de baño es una situación "generalizada" en todo el edificio judicial, a la que se suman otras condiciones "tercermundistas": hay cucarachas, mosquitos, polillas y todo tipo de insectos. "Los propios funcionarios han tenido que comprar insecticida para poder trabajar allí, porque han visto salir los bichos hasta de la caja de registro eléctrico que hay en el juzgado de incidencias", asevera la nota.

A estos problemas se suman otros diarios con la fotocopiadora y el fax -"cuando no falta papel falta tóner y cuando no la máquina está averiada"- y la reducción de cinco líneas telefónicas a sólo dos disponibles más otra que es la que se utiliza para el fax. La aplicación informática Adriano, según CSIF, tampoco funciona como debiera, puesto que el sistema "se está cayendo constantemente" debido al mal estado en que se encuentra el cableado.

El sindicato no duda en calificar de "infrahumanas" las condiciones en las que los funcionarios desarrollan su labor en los juzgados de la capital. "Trabajar en las instalaciones de los juzgados de Guardia de Sevilla significa conocer el asco y la repugnancia", sentencia CSIF, que enumera otra serie de problemas del edificio: suciedad de las paredes, sillas rotas en el juzgado de detenidos, aire acondicionado que no enfría, o aceras de acceso sin rampas para minusválidos, lo que obliga a los funcionarios que trasladan los expedientes en carritos a levantarlos a peso para poder acceder a las instalaciones. Todas estas deficiencias, concluye, el sindicato "condenan a la prestación del trabajo en una suerte de inframundo que, día a día, va menoscabando la propia estima de la institución de la Justicia, del sistema, de la sociedad y de las personas que para ella trabajan". CSIF no comprende cómo se puede pretender una Justicia ágil y sin dilaciones "sin dotarla de las infraestructuras necesarias".

Varios juzgados se quedan sin papel y sin grapas

Varios juzgados de Instrucción de Sevilla se han quedado sin suministro de folios y en otros tantos se echa en falta algún tipo de material de oficina, como por ejemplo grapas, según han confirmado fuentes judiciales.En alguno de los casos, el juzgado ha comunicado a los abogados que tenía que aplazar la entrega de copias de una denuncia -con muchos tomos y que son necesarias para que los letrados puedan preparar la defensa de los imputados- porque no disponía de folios suficientes para hacer las fotocopias.
Según las mismas fuentes, se ha emplazado a los letrados para dentro de varios días, tiempo en el que esperan recibir el material y proceder a fotocopiar las actuaciones.Una práctica común en los juzgados, cuando se produce una falta de material, consiste en pedirla a otro órgano judicial mientras llega el pedido.
Otros juzgados se han dirigido a la delegación provincial de la Consejería de Justicia solicitando la entrega de otro material, como por ejemplo grapas, pero se les ha comunicado que no era posible la remisión del material.
Fuentes de la delegación de Justicia explicaron ayer que los paquetes de folios se suministran "habitualmente" a los órganos judiciales y "no hay constancia de que haya problemas". Las mismas fuentes sí que admitieron que se ha producido una "incidencia técnica" que ha afectado al suministro de otros materiales de oficina -como las grapas-, cuya solución está en trámite y se espera que los objetos lleguen la próxima semana a los juzgados afectados.En otras ocasiones, la falta de medios no puede atribuirse a la Consejería de Justicia porque, según otras fuentes consultadas, uno de los juzgados que se ha quedado sin papel pidió expresamente a la Junta que no le enviase más paquetes, hasta nuevo aviso, por falta de espacio de almacenamiento. Transcurrido un tiempo sin hacer ningún pedido, el juzgado se ha quedado ahora sin papel.
Pero la falta de medios no afecta exclusivamente a los órganos judiciales, porque la Fiscalía de Medio Ambiente ha denunciado en su memoria que lleva año y medio reclamando a la Junta un fax y un escáner. "Lamentablemente, a pesar de los oficios librados desde hace año y medio, la Consejería sigue sin proveer a la sección de Medio Ambiente de fax y sobre todo de un escáner, con el que adaptar al formato electrónico las resoluciones de interés que llegan en papel, para evitar su remisión en papel a todos los fiscales", recoge la memoria presentada esta semana.
Los sindicatos con representación en la Justicia también llevan tiempo solicitando escáneres y ordenadores, lo que ha derivado en que en algunas organizaciones hayan adquirido el material informático con las cuotas de los asociados. En algunos casos, denuncian que la Junta les envía los ordenadores que sobran de los juzgados.

Justicia reorganiza su estructura y suprime dos direcciones generales

La consejera de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, Begoña Álvarez, ha presidido hoy en Sevilla el acto de toma de posesión de los altos cargos de su departamento, que suprime dos Direcciones Generales y reordena sus competencias al objeto de obtener una mayor eficacia en la gestión de los servicios públicos y mejorar así los recursos de la Administración Pública. Según el decreto aprobado hoy en Consejo de Gobierno, la estructura de la Consejería queda configurada en dos Secretarías Generales, una de ellas con competencias en el ámbito de la Justicia (a cargo de Pedro Izquierdo) y la segunda para la Administración Pública (Rafael Cantueso). De la primera depende la Dirección General de Oficina Judicial, Justicia Juvenil y Cooperación, que estará presidida por Jorge Pérez de la Blanca Capilla.
También dentro de la Secretaría General de Justicia se enmarca la Dirección General de Infraestructuras y Sistemas, a cargo de Inmaculada Jiménez Bastida, que trabajará en la dotación y adecuación de los medios personales y materiales a fin de contribuir a ofrecer un mejor servicio público de la Justicia.

De este modo, se reordenan las competencias de la Secretaría General para la Justicia y se reducen dos Direcciones Generales.En la Secretaría General de la Administración Pública se mantienen la Dirección General de Modernización e Innovación de los Servicios Públicos (a cargo de María Pérez Naranjo), la D.G. de Función Pública (Manuel Alcaide Calderón) y la D.G. de Inspección y Evaluación de los Servicios (Beatriz Sainz-Pardo Prieto-Castro). En este apartado, la consejera ha subrayado la necesidad de concebir un modelo de Administración Pública más eficiente y propio de la segunda modernización de Andalucía.
En el organigrama de la Consejería se mantienen la Secretaria General Técnica, a cargo de María Pérez Porras, y el Instituto Andaluz de la Administración Pública, dirigido por José Antonio Soriano, quien repite en su cargo.
En el acto celebrado hoy en la sede de la consejería de Justicia en Sevilla han tomado posesión de sus nuevos cargos el viceconsejero, José Antonio Ortiz Mallol; el secretario general para la Administración Pública, Rafael Cantueso; la secretaria general técnica, María Pérez Porras; el director general de Oficina Judicial, Justicia Juvenil y Cooperación, Jorge Pérez de la Blanca Capilla; el director general de Función Pública, Manuel Alcaide; y la directora general de Inspección y Evaluación de los Servicios, Beatriz Sainz-Pardo.

El TSJA alerta de la saturación de los juzgados y pide que se creen 28 nuevos órganos judiciales

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) alertó ayer de la saturación de los juzgados de Sevilla por el aumento de casos derivado de la crisis económica y reclamó la creación de 28 nuevos órganos judiciales para tratar de adecuar la carga de trabajo de los juzgados a los módulos de trabajo que el Poder Judicial estima como adecuados por magistrado y año.
La memoria de actividades y funcionamiento del Alto Tribunal andaluz correspondiente a 2008 señala que la situación de los juzgados de Primera Instancia, encargados entre otros asuntos de los procedimientos de ejecución de títulos hipotecarios por el impago de los créditos concedidos para la adquisición de viviendas, "ha llegado a un punto alarmante, ya que con motivo de la actual crisis económica en el último año ha aumentado la litigiosidad enormemente" hasta saturar estos órganos judiciales. El año pasado, estos juzgados ingresaron 33.280 asuntos, la cifra más alta de toda Andalucía -sólo se le acerca Málaga, con 24.605 casos- y que representa que cada juez tramitó 1.513 asuntos, lo que supone duplicar con creces los 720 asuntos por juzgado y año que establece el módulo del CGPJ. La memoria del TSJA concluye que es necesario crear, al menos, otros ocho nuevos juzgados de Primera Instancia en Sevilla.Con respecto a la jurisdicción Social, que dirime entre otros asuntos los pleitos por despido de trabajadores, recibió el pasado año 12.975 asuntos y resolvió 10.552, con lo que el volumen de asuntos pendientes experimentó un crecimiento del 79,96% y pasó de los 3.030 asuntos que no estaban resueltos a principios de año a los 5.453 que se registraban sin resolver a finales de 2008. La memoria del TSJA reclama la creación de otros tres nuevos juzgados de lo Social en Sevilla, con el objetivo de adecuar el volumen de asuntos que ingresan estos órganos al módulo establecido.
El tribunal que preside Augusto Méndez de Lugo considera que, en conjunto, es necesario crear 28 nuevos órganos judiciales en Sevilla. A los ocho nuevos de Primera Instancia y a los tres de lo Social, el TSJA señala que habría que añadir otros ocho nuevos juzgados de Instrucción, cinco de Primera Instancia e Instrucción en la provincia -en Coria del Río, Dos Hermanas, Sanlúcar y Utrera-, dos de lo Mercantil, uno de lo Penal y el segundo juzgado de Vigilancia Penitenciaria. De manera inmediata, el TSJA subraya que hay que poner en marcha dos juzgados de Primera Instancia, uno de Instrucción, el tercero de lo Mercantil y el segundo juzgado de Vigilancia Penitenciaria.Las estadísticas del TSJA ponen de manifiesto, de otro lado, el elevado número de asuntos de malos tratos que están pendientes de resolver en los juzgados de Violencia sobre la Mujer de Sevilla. A principios de año los casos pendientes ascendían a 2.934, una cifra que se incrementó en un 24,77%, hasta situarse en 3.661 asuntos a finales de 2008.
La memoria señala que a lo largo del año se registraron 10.511 nuevos asuntos en estos juzgados, pero se resolvieron 10.070, con lo que volvió a crecer el número de casos pendientes de resolver.Por último, la Audiencia de Sevilla registró en 2008 un total de 5.962 asuntos penales -un 15% más que el año anterior- y 3.335 de carácter civil, con un incremento del 6% de asuntos penales pendientes mientras que el volumen de casos civiles sin resolver se mantiene en los mismos niveles que el año anterior.

Begoña Álvarez Civantos, nueva consejera de Justicia y Administración Pública en sustitución de Evangelina Naranjo

El nuevo presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ha nombrado a Begoña Álvarez Civantos como consejera de Justicia y Administración Pública, en sustitución de Evangelina Naranjo. La nueva titular de Justicia nació hace 41 años en Granada, está casada y con tres hijos. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Granada, el último año lo cursó en Siena (1ª promoción de Beca Erasmus de la Comunidad Europea realizado en Italia), se siente muy unida sentimentalmente a este país, por todo lo que le aportó de experiencia personal, donde conserva aún grandes amistades.
Terminada la carrera, aprobó las oposiciones de Letrado de la Diputación Provincial de Granada y pasados cuatro años y mediante concurso de méritos accedió a una plaza de Letrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, allí colaboró con el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo en materia de Relaciones Internacionales. Fue la letrada más joven, con 29 años, perteneciente a este alto tribunal.
Cinco años después, fue nombrada Jefe de Sección de Relaciones Internacionales del Consejo General del Poder Judicial. Participó en la elaboración de diversos convenios de Cooperación Internacional en materia de Justicia con países de América Latina, África y Europa del Este. Ha sido directora técnica de misión de identificación de necesidades de Reforma de la Justicia en Mozambique, Bosnia-Herzegovina y Bolivia. Fue representante del Consejo General del Poder Judicial en el Kick off meeting del Programa TACIS-Rusia de la Unión Europea. Donde colaboró en la formación de jueces en Rusia. Ponente en Seminarios de Ética Judicial y Gerente Territorial en España del programa entre el Banco Mundial y el CGPJ sobre Reforma Judicial en América Latina y Caribe. Esta fue una muy gratificante etapa política por lo que implica de transformación y cooperación.
Durante estos años en Madrid, trabajó como profesora de Derecho Internacional Económico en la Universidad Carlos III de Madrid. Experta en Negociación por la ENS Internacional.
A final de 2004 fue nombrada Delegada Provincial de la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía en Granada.
Ha realizado el Programa de Alta Dirección AD-1del Instituto Internacional de San Telmo (2008-2009)
Es militante del Partido Socialista Obrero Español desde hace 12 años, llegó al partido por convencimiento personal y coherencia. Firmaron su ficha de entrada Manuel Pezzi e Ignacio Henares, estuvo en la agrupación de La Chana hasta que se fue a trabajar a Madrid.

Naranjo presenta al ministro de Justicia su propuesta de creación del servicio común de ejecución para los juzgados penales de Sevilla

La consejera de Justicia y Administración Pública en funciones, Evangelina Naranjo, ha presentado al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, el proyecto de su departamento de crear un servicio común de Ejecución, Apoyo y Vistas en los juzgados de lo Penal de Sevilla, una iniciativa que se pondrá en marcha en el nuevo Complejo Judicial Buhaira y que estará funcionando a finales de este año, cuando culmine el traslado de los 14 órganos de lo Penal (los 13 existentes más el previsto para finales de 2009).
Este propuesta pretende reorganizar los recursos humanos existentes en los juzgados de lo Penal para agilizar la gestión y tramitación de los asuntos en la medida de lo posible, avanzando así en el nuevo modelo de oficina judicial pero siempre dentro de las competencias de la Junta de Andalucía. Naranjo ha presentado esta iniciativa al ministro en el convencimiento de la colaboración y la cooperación necesaria entre ambas administraciones para así poder prestar un mejor servicio a los ciudadanos.
En este marco se ha celebrado el primer encuentro institucional entre la consejera andaluza y el ministro de Justicia, en donde también se han analizado otros asuntos que competen a las dos administraciones. Así, Evangelina Naranjo también se ha referido a la necesidad de aumentar las competencias de las comunidades autónomas en la gestión y reorganización de los recursos humanos al servicio de la Administración de Justicia.

La consejera andaluza ha explicado al Ministro las dificultades actuales con las que se encuentra para reorganizar el personal que trabaja en los juzgados así como la mejora en la gestión que supondría que las comunidades autónomas pudiesen, manteniendo criterios iguales en todo el territorio nacional, convocar oposiciones, elaborar la Relación de Puestos de Trabajo, así como reestructurar las plantillas de los órganos judiciales.

STAJ denuncia la grave situación actual de la jurisdicción Penal

COMUNICADO DEL SINDICATO STAJ SOBRE LA GRAVE SITUACIÓN ACTUAL DE LA JURISDICCIÓN PENAL
"Desde hace tiempo, el sindicato STAJ ha venido reclamando insistentemente al Ministerio de Justicia y a las Comunidades Autónomas con competencias, la dotación de más medios personales y materiales para la Administración de Justicia si se quiere ofrecer a los ciudadanos un servicio de calidad, garantizándoles una justicia más rápida y eficaz.
Al considerable aumento en cifras absolutas de los procedimientos que se encuentran en tramitación en estos órganos judiciales hay que añadir el aumento de la complejidad en la tramitación procesal de los mismos, y sobre todo, los continuos cambios que se van produciendo en la legislación penal con la penalización de nuevos delitos, como los delitos contra la seguridad del tráfico, los de violencia de género o contra la propiedad intelectual e industrial, lo que está llevando a éstos órganos a una situación de colapso crónico.Actualmente, los juzgados y tribunales de toda España atraviesan una situación gravísima: los funcionarios se encuentran desbordados ante el incremento masivo y continuo de asuntos, así como por la asunción de nuevas competencias y funciones a causa de las últimas reformas del Código Penal, cuyo último exponente ha sido la puesta en marcha de la nueva aplicación del Registro Central de Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias no firmes, el pasado 16 de febrero (Real Decreto 95/2009 de 6 de febrero, y circular 3/2009 de la Secretaría General de la Administración de Justicia, del Ministerio de Justicia).La reciente creación de este nuevo Registro de Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias no firmes, implica una nueva carga de trabajo para los juzgados penales, de instrucción, secciones penales de las audiencias provinciales y juzgados de violencia contra la mujer, lo que supone una saturación insoportable a una situación ya desbordada.En este sentido, al respecto de este nuevo Registro General, debemos denunciar lo siguiente:Resulta lamentable que este Registro se haya puesto en funcionamiento sin haber dado formación alguna a los funcionarios sobre su funcionamiento o sobre cómo y con qué pautas se deben introducir los datos, sobre todo, teniendo en cuenta que un solo error puede ser muy grave para la persona que lo padezca, ya que en muchos casos estamos hablando de medidas privativas de derechos fundamentales, como puede ser la libertad.
Los únicos que han recibido formación, improvisada e insuficiente, han sido los Secretarios judiciales, cuando quienes introducen de facto los datos son los funcionarios.Falta de conexión con otros Registros, como el Registro Central de Penados y Rebeldes, lo que genera duplicidad, complejidad y pérdida de tiempo. Lo mismo sucede con el Registro de Delitos de Violencia de Género.Fallos en la aplicación informática, con problemas de des/conexión habituales, y complejidad al tener que rellenar multitud de campos, muchos de los cuales deben rellenarse con puntos, comas, etc. para poder avanzar.Inadecuación e insuficiencia de los Centros de Atención al Usuario (CAU), encargados de resolver las incidencias informáticas.Incompatibilidad de los sistemas informáticos de las diferentes CCAA, pese a tratarse de la misma Administración, las mismas leyes y los mismos procedimientos.Imposibilidad de cumplir los plazos previstos en el RD de 5 días para la anotación en el Registro Central de Penados de las sentencias condenatorias o absolutorias, a partir de su firmeza, que impongan penas o medidas de seguridad.Imposibilidad de anotar en el plazo de tres meses previsto en el RD, a contar desde el 16 de febrero/09, las medidas cautelares, requisitorias y sentencias no firmes, adoptadas y dictadas con anterioridad al Real Decreto.
Queremos poner de manifiesto que tal carga de trabajo añadida resulta manifiestamente inviable, salvo que los funcionarios se dediquen exclusivamente a ella, abandonando otras tareas de tramitación y ejecución que están agravando el retraso de los asuntos ordinarios, y originando quizás mayores males de los que se intentan evitar con la implantación de éste nuevo Registro, provocando el colapso total y absoluto de algunos órganos judiciales como los penales.Por todo lo hasta ahora expuesto, el STAJ ha solicitado· Con carácter general para toda la jurisdicción penal, que el Ministerio de Justicia, a la vista del problema estructural y no coyuntural, suspenda provisionalmente el Real Decreto 95/2009, en tanto no se implanten los medios técnicos y personales suficientes para llevar con éxito a cabo la puesta en funcionamiento del Registro de Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias no Firmes, o amplíe los plazos establecidos, garantizando la formación adecuada.·
La negociación de las prolongaciones de jornada voluntarias que sean necesarias para afrontar este nuevo incremento de cargas de trabajo que supone el funcionamiento y la cumplimentación de datos de este nuevo Registro.
De forma particular, tratándose de una situación especialmente grave la que actualmente padecen los Juzgados Penales, una parte muy importante de cuyo trabajo tiene que ver con la ejecución de la sentencias, tanto las propias como de las que cada vez llegan en mayor número desde los juzgados de instrucción a través de las conformidades, con la complejidad que supone la multitud de trámites que se han de realizar (penas de prisión, violencias domésticas, impagos de pensiones, privaciones de permisos de conducir, indemnizaciones a perjudicados por el delito, etc.) lo que hace que estas se alarguen en el tiempo de forma desmesurada, exigiendo constantes revisiones de los expedientes, el STAJ ha instado:· la aprobación de medidas de refuerzo consistentes en la dotación de los funcionarios que sean necesarios al objeto de actualizar el señalamiento de los juicios pendientes y la ejecución de todas las sentencias que una vez firmes están a la espera de iniciar la fase de ejecución, como medidas provisionales previas al necesario incremento de la plantilla de los juzgados de lo Penal y a la creación de nuevos juzgados especializados de Ejecutorias, cuyo exceso de cargas de trabajo sobre los módulos de asuntos marcados por el propio CGPJ así lo justifican.
Desde esta organización sindical no nos oponemos a la creación de nuevos instrumentos de control judicial y medidas de modernización y transparencia de la Administración de Justicia, que consideramos necesarias, pero para que estas medidas sean realmente eficaces deben de estar dotadas de la suficiente previsión de medios personales como materiales, entre los que deben incluirse una formación apropiada y los medios técnicos e informáticos adecuados a los tiempos en que vivimos, que permitan alcanzar los objetivos que con ellas se pretenden sin poner en entredicho el trabajo ordinario que se realiza en los juzgados y tribunales."

SPJ-USO muestra sus dudas sobre el plan de Inspección en los juzgados

Adjuntamos nota remitida por SPJ-USO
Con fecha de 23 de marzo se ha publicado en el BOJA el acuerdo del Consejo de Gobierno Andaluz por el que se aprueba el Plan General de Inspección para el año 2009. Como novedad, incluye por primera vez desde el año 1997 (año en que la Junta de Andalucía asumió competencias en materia de Administración de Justicia), PROGRAMAS DE ACTUACIÓN DE LA INSPECCIÓN DE SERVICIOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA
Básicamente, la orientación de la Inspección se centrará en tres programas de control, centrados en 1) medidas de seguridad de los sistemas informáticos de información al servicio de la Admón. de Justicia y respeto a las normas de comportamiento que, en relación a ellos, debe observar el funcionario judicial; 2) evaluación de los procesos de elaboración y desarrollo de la Formación de los funcionarios judiciales; y 3) seguimiento del absentismo, con análisis de la tramitación de incapacidades temporales..
Si la medida llegara a aportar algo positivo para el funcionamiento de los órganos judiciales, lo recibiremos con entusiasmo, desde luego. Lo que ocurre es que nos tememos que pase lo de siempre... que sirva para maquillar la ineficacia administrativa que, crónicamente, se demuestra en este aspecto, entre otras, por estas razones:
-Primero: la Junta de Andalucía no tiene competencias sobre el personal directivo de los Juzgados (Jueces, Fiscales y Secretarios); y quizás ahí sí que puede haber un verdadero problema en relación con cumplimiento de jornada, de horas de audiencia reales, de cumplimiento de funciones legalmente atribuidas a estos Cuerpos, etc. Así que recomendaremos encarecidamente a nuestra Consejería que se coordine con el Ministerio de Justicia y con el CGPJ para que el Plan de Inspección sirva para algo en la Justicia e incluya al "personal directivo", ajeno a este tipo de inspecciones.
-Segundo: el Plan, en lo que a la Justicia atañe, debe de coordinarse y acompasarse debidamente con el estudio de cargas de trabajo y dimensión de la plantilla que se está (o debería estar) realizando ya, según lo anunciado en su día por la Sra. Consejera.
-Tercero: La Administración de Justicia andaluza no está, ni mucho menos, falta de Servicios de Inspección: sobre la actividad del personal de los Juzgados y Tribunales recae Inspección periódica por parte del CGPJ, TSJ y Audiencias Provinciales... Por tanto, por planes de Inspección, no va a quedar, aquí parecen hasta sobrar. La pregunta es, sin embargo, ¿está sirviendo de algo esta actuación inspectora?
Normalmente, la Administración encargada de poner los medios a la Justicia (en nuestro caso, la Junta de Andalucía) no hace el menor caso de las recomendaciones de los Inspectores, que, en su inmensa mayoría, alertan sobre el atasco en los Juzgados y en la sorprendente carencia de medios. Si la Consejería está a dispuesta a asumir eso, tras su propia Inspección, que vaya preparando un presupuesto decente para la Administración de Justicia a partir de 2010. Estamos hartos de anuncios de puro marketing que no sirven de nada ¡Ya está bien! La Administración de Justicia es el servicio del Estado con más actividad Inspectora, y hasta ahora le ha servido de muy poco.
-Cuarto: Creemos que suele ser una salida bastante fácil al problema echarle la culpa, como siempre, al absentismo laboral de los funcionarios, como no hace mucho hicieron los Jueces a través de la Sala de Gobierno del TSJ. Ese supuesto protagonismo del "absentismo" en la, más que obvia, mala marcha de la Justicia, desde luego, engancharía, con la larga tradición de chistes populares sobre el trabajo de los funcionarios. Pero, siendo serios, ¿a qué se refieren con lo de "absentismo"? ¿Se trata de las bajas médicas? Si alguien está de baja, sólo es y puede ser porque lo ha certificado previamente un médico oficial, en muchos casos perteneciente la propia Junta de Andalucía, y cuando no a una Mutualidad Oficial dependiente del Ministerio de Justicia. Además, por otro lado, la Administración ya viene ejerciendo su facultad de Inspección en estos casos de enfermedad, sometiendo a revisiones a los pacientes, para controlar el desarrollo de la baja médica de los empleados públicos.
En relación con la salud de los funcionarios, sin embargo, tenemos que recordar a la Consejería que en el ámbito de la Administración de Justicia, a diferencia del resto de la Junta de Andalucía, no existe NI SIQUIERA UN BORRADOR DE PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL (aparte de algún que otro cartel que, junto al sitio en que uno tenga la suerte de toparse con un extintor –que ya era evidente por sí mismo-, se limita a señalarlo con una flecha justo encima, hecha a bolígrafo por algún funcionario caritativo) y que las condiciones en los centros de trabajo judiciales son, en términos generales, sencillamente DELEZNABLES, incluidos muchos de los nuevos edificios judiciales
-Quinto: SPJ-USO volverá a reiterar, otra vez, todas las medidas que creemos eficaces para que la Justicia llegue a funcionar, como lo llevamos haciendo desde hace años... sin que nos hagan caso. "

El Ministerio indemnizará con 4.600 euros a un secretario por abrirle un expediente de forma "injustificada" durante la huelga de funcionarios de 2005

El Ministerio de Justicia actuó de forma "absolutamente injustificada" cuando abrió expedientes disciplinarios a 33 secretarios judiciales andaluces, varios de ellos destinados en Sevilla, por no haber colaborado con la Junta en el seguimiento de la huelga realizados por los funcionarios de Justicia en la primavera de 2005.Un juzgado central de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha condenado al Ministerio a indemnizar con 4.600 euros a uno de estos secretarios por el "daño moral" y el "descrédito profesional" que esta medida le causó, dado que el inicio del expediente fue notificado a diferentes órganos de la Administración de Justicia y tuvo una "repercusión pública" en los medios de comunicación a pesar de que no aparecieran los nombres de los funcionarios expedientados.La sentencia recoge que los expedientes a los secretarios se abrieron después de que la Consejería de Justicia de la Junta, entonces dirigida por María José López, pusiera en conocimiento del Ministerio las "reiteradas conductas obstruccionistas" de los secretarios por no informar sobre qué funcionarios estaban ejerciendo su derecho a huelga.
Tras esta petición, el Ministerio incoó expediente disciplinario a un grupo de 33 secretarios por la presunta comisión de una falta grave tipificada en el artículo 536 de la ley orgánica del Poder Judicial. Este precepto castiga la posible suspensión de empleo y sueldo o el traslado forzoso la "negligencia o retraso injustificado" en el cumplimiento de la funciones inherentes al puesto de trabajo.Cinco meses después de la apertura de estos expedientes, la Consejería de Justicia solicitó en febrero de 2006 al Ministerio el sobreseimiento de los mismos, al entender la consejera María José López que no podía considerarse a los secretarios como los "únicos y exclusivos" responsables de no haber colaborado en su momento con la Junta. El Ministerio de Justicia acordó el archivo de los expedientes y un grupo de secretarios plantearon una reclamación de 18.000 euros al Ministerio por los daños y perjuicios derivados de esta actuación y de su publicidad.La sentencia de la Audiencia Nacional argumenta que la decisión del Ministerio "rebasó de forma clara y ostensible" el margen de apreciación para la apertura de la investigación, por cuanto "no existía al iniciar el expediente, ni se incorporó al mismo después, ni se ha acreditado ahora indicio material alguno que permitiera pensar" que el secretario pudiese haber cometido un hecho constitutivo de la infracción disciplinaria que se le atribuye.
El juez subraya que el expediente tiene como único antecedente el escrito remitido por la Consejería de Justicia y en el que la Junta se comprometía a remitir la documentación que se había requerido a las delegaciones provinciales para acreditar la conducta "obstruccionista" de los secretarios.Pero esa documentación, aclara el fallo, nunca se remitió a pesar de que la requirió el Ministerio de Justicia. Esto lleva a los magistrados a concluir que la apertura del expediente se realizó sin identificar el hecho o la omisión que podría constituir la falta imputada. "Lo único acreditado es que se incoó el expediente por una falta grave simplemente porque la Administración autonómica se lo ha pedido a la Administración General del Estado", por lo que la apertura resulta del todo "injustificada".La sentencia advierte al Ministerio de Justicia y a la Junta de que el expediente disciplinario "no es un instrumento en manos de la Administración para actuar en el conflicto laboral con sus funcionarios y sí únicamente para perseguir los actos que puedan incurrir en alguna de las infracciones tipificadas en la norma".