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12 noviembre 2009

La consejera Álvarez asegura que los servicios de atención a los ciudadanos supondrá el gran cambio de las políticas de Justicia


La consejera de Justicia y Administración Pública, Begoña Álvarez, ha manifestado hoy que “los servicios de atención a la ciudadanía constituirán el gran cambio de modelo y cultura en las políticas de Justicia”. Así lo ha declarado en un balance informativo mantenido con los medios de comunicación en el que ha analizado las medidas emprendidas por su departamento en la administración de Justicia. Cada cien días, la Consejería mantendrá una actividad de balance de gestión llamada ‘Del Dicho al Hecho’.
Álvarez ha abogado por un cambio de modelo en el que el ciudadano no entienda la administración de Justicia como “un ente lejano y aislado” sino que “se sienta acompañado en sus procesos judiciales por la Junta de Andalucía”. Para ello, ha confiado en la puesta en marcha en 2010 de la nueva Oficina Judicial, que contribuirá a la consecución de una Justicia “más cercana y ágil”.
La titular autonómica ha reivindicado una visión global en las actuaciones que se deben acometer en la adaptación de la administración de Justicia a las necesidades del siglo XXI, a través de planes generales y de choque que primen la calidad del servicio que se presta al ciudadano.
En este sentido, la consejera ha defendido que se está produciendo un cambio en “unas culturas muy ancladas” en el mundo de la Justicia, que consideraban a los órganos judiciales como centros “independientes y desconectados”. Por eso, ha abogado por poner en marcha “políticas de justicia globales, aunque sin desatender la especificidad de cada juzgado”.
En este sentido, Álvarez ha avanzado que la creación de órganos para el próximo año se hará de manera proporcionada a las necesidades reales y, sobre todo, con el horizonte puesto en la Oficina Judicial, “porque Andalucía está preparada para la puesta en marcha del nuevo modelo”.
La consejera ha recordado que desde que se asumieron las competencias en materia de Justicia se han creado más de 200 órganos y se han aumentado las plantilla en más de 2.000 funcionarios sin que ello se haya traducido en una mejora actual de la Justicia. Por ello, ha apostado por avanzar en la calidad de los órganos actuales con los que cuenta la administración andaluza para dar una mejor respuesta a los ciudadanos.
Nuevas medidas
Álvarez ha repasado algunas de las medidas de apoyo a la administración de Justicia que se han impulsado en los últimos meses. Así, ha informado de que ya son más de 800 funcionarios los que se han sumado al Plan de Tardes, una actuación de choque habilitada para paliar los efectos de la crisis. La medida, que se puso en funcionamiento a mitad de octubre y tendrá una duración de tres meses, está dirigida a los juzgados de lo Social, Mercantil y Penal, así como a los servicios comunes de la Administración de Justicia en Andalucía.
Por otra parte, y también dentro del Plan de Respuesta Razonable, ya son nueve las unidades de apoyo que han comenzado a trabajar en algunos de los juzgados más saturados de la comunidad autónoma andaluza, con la misión además de hacer un diagnóstico de los órganos con mayor sobrecarga y así aliviar la pendencia de los citados juzgados.
Infraestructuras
Álvarez también ha reiterado su compromiso de avanzar en la adecuación de las infraestructuras judiciales de la comunidad autónoma andaluza. Así, ha repasado algunas de las actuaciones previstas para el próximo año como la redacción del proyecto de la Ciudad de la Justicia de Jaén y de Sevilla; la licitación del Palacio de la Justicia de Almuñécar o el traslado de los juzgados de lo Penal al edificio Noga de Sevilla.
Por otro lado, la consejera también ha apostado por la modernización en la administración pública a través de las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para así conseguir una relación con la ciudadanía más ágil, práctica y cercana.
Por último, ha recordado los avances practicados en materia de Memoria Histórica con la constitución de un Comisariado para la coordinación de todas las políticas que lleva a cabo la Junta de Andalucía para el reconocimiento social de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura y la publicación de un Protocolo que regule las exhumaciones que se lleven a cabo en el territorio andaluz.

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