El juez Serrano concede una pensión alimenticia de 3.500 euros a un hijo de dos años

El juez de Familia número 7 de Sevilla, Francisco Serrano Castro, ha dictado una sentencia en la que fija en 3.500 euros la cantidad que un catedrático tendrá que pasar mensualmente a un hijo de sólo dos años, en concepto de pensión alimenticia.

La resolución pretende, según explica el propio magistrado, evitar que cuando el niño sea un adolescente pase a vivir con el progenitor que ha sido considerado como menos idóneo sólo por su propio "egoísmo" o "por un puro y libertino capricho", ante el diferente nivel económico entre ambos progenitores. Esto es lo novedoso de la sentencia, intentar que no se produzca el denominado síndrome de alienación parental invertida, señala el juez Serrano, que recuerda que la pensión alimenticia tiene que ser "proporcional" a los ingresos y el patrimonio de que se dispone. Serrano añade que, en otras ocasiones, ha acordado pensiones mensuales que superan los 6.000 euros.

En el caso concreto, el juez atribuye la guardia y custodia del hijo -fruto de una unión de hecho y que tiene casi tres años- a la madre, puesto que el padre es mayor y "no reúne las cualidades precisas para encargarse de la briega y dedicación que exige un niño de corta edad". En cuanto a la cuantía de la pensión alimenticia, el juez la ha fijado en 3.500 euros, en atención al salario del padre y al patrimonio "muy importante" con el que cuenta y que está integrado por más de una treintena de pisos en varias localidades españolas, así como locales comerciales y dos plantas completas de garajes, entre otras posesiones inmobiliarias. El juez considera que el padre está "en una fase de su vida en la que legítimamente había planeado hacer caja, recoger beneficios y disfrutar de una riqueza acumulada e invertir en activos inmobiliarios, esperando disfrutar de una acomodada jubilación y vivir el resto de su vida del desahogo que le proporcionaría el rendimiento y rentas devengados por su sustancial patrimonio".

En este contexto, el nacimiento de un nuevo hijo, "ha trastocado esos planes" del progenitor, señala el juez, que advierte que resulta "casi ofensivo que pretenda desentenderse de su responsabilidad como padre y como padre acaudalado, abonando como pensión alimenticia la ridícula cuantía de 300 euros".

El juez entiende que la cantidad fijada como pensión es "crucial" porque, en caso contrario, existe el riesgo de que cuando el niño tenga 10 u 11 años y el padre más de 70, se produzca esa alienación parental invertida que se produce cuando existe un profundo desequilibrio entre la situación económica y riqueza de ambos progenitores. "Porque los niños, cuando adquieren uso de razón y su egoísmo supera sus vinculaciones afectivas y de apego, confunden su verdadero interés con el de una voluntad manipulada, alienada y marcada por un puro y libertino capricho", asevera el fallo.

El magistrado explica que aunque todos los ciudadanos son iguales ante la ley y no puede existir discriminación, este principio constituye una "mera abstracción y entelequia, pues en nuestra sociedad siguen existiendo pobres, ricos y clase media, y en cada una de esas categorías sociales el concepto de cobertura y satisfacción de necesidades es muy distinto". De ahí que concluya que hay garantizar al menor "un vivienda digna, adecuada y proporcional a la que podría ofrecerle su padre, una educación privada reservada a una élite social, que no asegura el éxito pero si multiplica sus posibilidades, ropa cara, atención sanitaria privada. Lujos de los que nunca podría disfrutar un niño de un barrio marginal", dice el juez, que vincula la pensión de 3.500 euros a la obligación de matricular al niño el próximo curso en el colegio bilingüe que habían pactado ambos progenitores.