La nulidad de las escuchas no tendrá prácticamente ninguna incidencia en el caso Camas

No ocurrirá como en el caso Farruquito, donde la juez absolvió a cinco acusados de encubrimiento tras decretar la nulidad de los pinchazos telefónicos practicados por la Policía. La decisión de la Audiencia de Sevilla de expulsar del sumario sobre el presunto intento de soborno en Camas las escuchas telefónicas policiales -al declarar que la autorización judicial de las intervenciones no estaba suficientemente motivada- no tendrá apenas incidencia práctica en el curso del procedimiento penal que se sigue contra el ex alcalde Agustín Pavón y otros ex ediles.

La nulidad tan sólo puede favorecer al ex edil del PP de Castilleja de Guzmán Aureliano Lucas Lucas, cuya supuesta participación y conocimiento del intento de comprar el voto de la ex concejal Carmen Lobo siempre ha estado sustentada en indicios aparentemente endebles: ni siquiera había asistido a la reunión celebrada el 18 de agosto de 2005 en el chalé del intermediario Eusebio Gaviño y donde presuntamente se gestó el intento de soborno.

Su supuesto conocimiento del intento de cohecho se limita prácticamente a una de los pinchazos telefónicos en el que, tras saber que la edil Carmen Lobo no había aceptado votar en el Pleno municipal a favor de determinadas operaciones urbanísticas, Lucas advierte que tras el voto de Lobo ha quedado "todo el mundo con el culo al aire". Esa grabación no podrá ser tenida en cuenta por el jurado popular que tendrá que enjuiciar el caso. Los posibles beneficios para este imputado no se conocerán hasta el momento de la sentencia, dado que lo lógico es que ahora todas las acusaciones personadas en el proceso mantengan los cargos y el ex concejal también tenga que sentarse en el banquillo de los acusados.

En cuanto al resto de imputados, el ex regidor camero, los ex concejales José del Castillo y Antonio Enrique Fraile, y Eusebio Gaviño, existen otras pruebas periféricas, al margen de las escuchas telefónicas de la Policía. Para empezar, existen otras grabaciones que realizaron personalmente los denunciantes, el ex militante de IU Francisco Gordo y la ex concejal Carmen Lobo, quienes dejaron constancia de las conversaciones que mantuvieron con los acusadores en reproductores mp3 que ellos llevaban ocultos.

Una de las grabaciones clave de los denunciantes es la realizada en agosto de 2005 en el chalé de Eusebio Gaviño, en Bormujos. En esa conversación se pone de manifiesto como el intermediario insta al ex alcalde y a los ediles a "mirar para otro lado" respecto a los pagos que supuestamente iban a efectuarse a la entonces edil Carmen Lobo. Gaviño argumenta que tanto él como Francisco Gordo van a llevar "el control empresarial" de todas las operaciones mientras Agustín Pavón y los concejales quedarían al margen "en lo del dinero".

Otra de las conversaciones que tampoco ha sido anulada por el tribunal es la que grabó la propia Carmen Lobo en la mañana del 12 de septiembre de 2005, cuando se reunió con Gaviño en una cafetería del polígono industrial El Manchón. En ese diálogo, el intermediario le ofrece a la edil la cantidad de 1,2 millones de euros a cambio de su voto en cada Pleno del Ayuntamiento de Camas, que se hallaba en una situación de bloqueo político porque el gobierno local no contaba con una mayoría suficiente. "Tú salvas a tu pueblo y te lo vas a llevar. Si tú fallas, falla todo", podía escucharse al término de esa conversación.

Frente a la nulidad de las escuchas telefónicas policiales, las acusaciones también cuentan con otras pruebas, como por ejemplo las propias declaraciones de los imputados, quienes a pesar de que niegan el intento de compra de voto, sí que reconocen haber participado junto a Gaviño en las reuniones a las que asistió Gordo.

Junto a estas grabaciones y las distintas reuniones celebradas antes del Pleno del 13 de septiembre, hay otra prueba de cargo insoslayable: la entrega a Carmen Lobo de un sobre con 12.000 euros en presencia de dos policías. El jurado tendrá que decidir si ese dinero formaba parte del soborno o se trataba de una comisión para Francisco Gordo por un negocio inmobiliario, como alega Gaviño.