La nulidad de las escuchas no tendrá prácticamente ninguna incidencia en el caso Camas

No ocurrirá como en el caso Farruquito, donde la juez absolvió a cinco acusados de encubrimiento tras decretar la nulidad de los pinchazos telefónicos practicados por la Policía. La decisión de la Audiencia de Sevilla de expulsar del sumario sobre el presunto intento de soborno en Camas las escuchas telefónicas policiales -al declarar que la autorización judicial de las intervenciones no estaba suficientemente motivada- no tendrá apenas incidencia práctica en el curso del procedimiento penal que se sigue contra el ex alcalde Agustín Pavón y otros ex ediles.

La nulidad tan sólo puede favorecer al ex edil del PP de Castilleja de Guzmán Aureliano Lucas Lucas, cuya supuesta participación y conocimiento del intento de comprar el voto de la ex concejal Carmen Lobo siempre ha estado sustentada en indicios aparentemente endebles: ni siquiera había asistido a la reunión celebrada el 18 de agosto de 2005 en el chalé del intermediario Eusebio Gaviño y donde presuntamente se gestó el intento de soborno.

Su supuesto conocimiento del intento de cohecho se limita prácticamente a una de los pinchazos telefónicos en el que, tras saber que la edil Carmen Lobo no había aceptado votar en el Pleno municipal a favor de determinadas operaciones urbanísticas, Lucas advierte que tras el voto de Lobo ha quedado "todo el mundo con el culo al aire". Esa grabación no podrá ser tenida en cuenta por el jurado popular que tendrá que enjuiciar el caso. Los posibles beneficios para este imputado no se conocerán hasta el momento de la sentencia, dado que lo lógico es que ahora todas las acusaciones personadas en el proceso mantengan los cargos y el ex concejal también tenga que sentarse en el banquillo de los acusados.

En cuanto al resto de imputados, el ex regidor camero, los ex concejales José del Castillo y Antonio Enrique Fraile, y Eusebio Gaviño, existen otras pruebas periféricas, al margen de las escuchas telefónicas de la Policía. Para empezar, existen otras grabaciones que realizaron personalmente los denunciantes, el ex militante de IU Francisco Gordo y la ex concejal Carmen Lobo, quienes dejaron constancia de las conversaciones que mantuvieron con los acusadores en reproductores mp3 que ellos llevaban ocultos.

Una de las grabaciones clave de los denunciantes es la realizada en agosto de 2005 en el chalé de Eusebio Gaviño, en Bormujos. En esa conversación se pone de manifiesto como el intermediario insta al ex alcalde y a los ediles a "mirar para otro lado" respecto a los pagos que supuestamente iban a efectuarse a la entonces edil Carmen Lobo. Gaviño argumenta que tanto él como Francisco Gordo van a llevar "el control empresarial" de todas las operaciones mientras Agustín Pavón y los concejales quedarían al margen "en lo del dinero".

Otra de las conversaciones que tampoco ha sido anulada por el tribunal es la que grabó la propia Carmen Lobo en la mañana del 12 de septiembre de 2005, cuando se reunió con Gaviño en una cafetería del polígono industrial El Manchón. En ese diálogo, el intermediario le ofrece a la edil la cantidad de 1,2 millones de euros a cambio de su voto en cada Pleno del Ayuntamiento de Camas, que se hallaba en una situación de bloqueo político porque el gobierno local no contaba con una mayoría suficiente. "Tú salvas a tu pueblo y te lo vas a llevar. Si tú fallas, falla todo", podía escucharse al término de esa conversación.

Frente a la nulidad de las escuchas telefónicas policiales, las acusaciones también cuentan con otras pruebas, como por ejemplo las propias declaraciones de los imputados, quienes a pesar de que niegan el intento de compra de voto, sí que reconocen haber participado junto a Gaviño en las reuniones a las que asistió Gordo.

Junto a estas grabaciones y las distintas reuniones celebradas antes del Pleno del 13 de septiembre, hay otra prueba de cargo insoslayable: la entrega a Carmen Lobo de un sobre con 12.000 euros en presencia de dos policías. El jurado tendrá que decidir si ese dinero formaba parte del soborno o se trataba de una comisión para Francisco Gordo por un negocio inmobiliario, como alega Gaviño.

Las defensas piden la nulidad de las escuchas telefónicas y revelan que la Policía no entregó en el juzgado las cintas originales

Dos años después de que se destapara el escándalo por el presunto intento de soborno a la ex concejal de Camas Carmen Lobo, las defensas de los cuatro imputados revelaron que la Policía no ha aportado las cintas originales de los pinchazos telefónicos practicados durante la fase de investigación, sino una selección realizada por los propios investigadores en soporte informático.Este extremo, que fue reconocido ayer por la propia Fiscalía durante una vista celebrada en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial para resolver sobre tres recursos pendientes, llevó a los abogados defensores a pedir la nulidad de estas escuchas telefónicas y de todas las pruebas derivadas de ellas. El abogado José María Calero, que defiende al ex alcalde de Camas Agustín Pavón, recordó en su exposición que la jurisprudencia ha sentado la base de que el resultado de las intervenciones telefónicas puede aportarse al juzgado en cualquier formato, incluido el CD, pero siempre que las grabaciones sean "íntegras y originales", un requisito legal que, según afirmó, no se cumple en este caso puesto que las grabaciones están "troceadas", presentadas en distintos archivos informáticos correspondientes a diversos días y comenzando por la noche previa al Pleno municipal del 13 de septiembre de 2005 en la que el intermediario Eusebio Gaviño entregó un sobre con 12.000 euros a la edil Carmen Lobo a cambio presuntamente de que votara a favor de determinadas propuestas. El letrado defensor argumentó que el auto que acordó las escuchas es "nulo de pleno derecho" porque adolece de la falta de motivación suficiente, se concedió únicamente a raíz de "la denuncia de Francisco Gordo", un ex militante de IU que reconoció a la Policía su "enemistad" con el entonces alcalde, y además tampoco existió un control judicial de la medida. José María Calero anunció su intención de plantear la nulidad de las escuchas ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y el Tribunal Constitucional, pero consideró que los magistrados de la Audiencia deberían aceptarla porque acudir a estas instancias judiciales superiores "provoca un gasto, un perjuicio y un desgaste de la Administración de Justicia que habría de evitarse".El fiscal Arcadio Martínez se opuso a la nulidad del auto que posibilitó las intervenciones telefónicas porque, si bien reconoció que la resolución es "manifiestamente mejorable" en cuanto a su motivación, el Tribunal Supremo al referirse a estos autos sin bastante fundamento ha puesto de manifiesto que pueden "completarse con la investigación policial" y examinar cada caso concreto. El fiscal también argumento que aunque los pinchazos se autorizaron sólo con la declaración de Francisco Gordo, la denuncia "no es genérica, sino que da detalles, reuniones, nombres y lugares" del presunto delito de cohecho que se intentaba consumar, por lo que "era posible creer que se había intentado comprar el voto de Carmen Lobo".El letrado José Manuel García-Quílez, que representa a Gaviño, añadió que el delito denunciado no tenía la suficiente gravedad como para que se acordara una medida tan excepcional y recordó, como prueba de la escasa gravedad, que todos los acusados fueron puestos en libertad por la propia Policía sin ser conducidos ante el juez.Junto a la nulidad de las escuchas, las defensas también recurrieron las decisiones del juez que transformó la causa en un procedimiento de la ley del jurado, y argumentaron que el caso se "cerró en falso" por cuanto, según dijo el letrado Pedro Pérez-Montero, "está acreditado que ha existido una trama-trampa con una verdadera provocación del delito".El abogado José Manuel Ramos Cardona, que representa al ex edil José del Castillo, estimó que cuando se inició el proceso del jurado no existían más que "sospechas" de la participación de su cliente, no una "verosimilitud".

Pavón y los otros cuatro imputados serán juzgados antes del próximo verano

La Audiencia de Sevilla puede celebrar antes del próximo verano el juicio contra el ex alcalde de Camas Agustín Pavón y los otros cuatro imputados por el intento de soborno a la ex edil Carmen Lobo, que recibió 12.000 euros como parte del dinero que le habían prometido presuntamente por su voto a favor de determinadas operaciones urbanísticas. Aunque están pendientes varios recursos en la Audiencia de Sevilla y las defensas han planteado diversas cuestiones previas (nulidad de las escuchas telefónicas y de parte del procedimiento), si no se producen muchos avatares en la tramitación el caso podrá estar listo para su enjuiciamiento por el jurado antes del verano. El magistrado Javier González presidirá el juicio, en el que la Fiscalía ha pedido 18 meses de cárcel para los acusados.