Un proyecto en su etapa de tramitación administrativa inicial, pero con avances muy concretos en un corto espacio de tiempo. Este es el estado en el que la ex consejera de Justicia María José López dejó el diseño de la Ciudad de la Justicia en los terrenos del Puerto de Sevilla, tras su salida del Gobierno andaluz .
Su sucesora en el cargo, Evangelina Naranjo, ha sembrado nuevas dudas al afirmar que su departamento "no descarta nada" respecto a la ubicación del futuro complejo, unas declaraciones de las que se desprende que la Consejería entiende que en el caso de que se produzca un nuevo cambio de ubicación no habrá más retrasos porque el anterior proyecto se hallaba en una fase aún embrionaria. Pero no es así.
La Consejería de Justicia estaba ultimando en estos momentos el pliego de condiciones para construir la Ciudad de la Justicia junto al Puente de las Delicias y ese documento técnico que recogía todas las necesidades y que se elabora con carácter previo al concurso y a la adjudicación de las obras iba a publicarse este mismo mes o como mucho en junio.
Los arquitectos de la propia consejería y de la empresa Eddea elaboraron el proyecto básico de la Ciudad de la Justicia, que fue presentado el 17 de diciembre pasado en el registro general de la Autoridad Portuaria de Sevilla. Ese proyecto definía un campus judicial con cinco edificios -entre ellos una torre de 15 plantas que iba a ser el icono visual de la dársena del Batán- y que se orientaba hacia el Guadalquivir, siguiendo entre otros ejemplos el modelo del Guggenheim de Bilbao.
Tan sólo tres días después, el Consejo de Administración del Puerto aprobó por unanimidad el protocolo de colaboración entre el Ministerio de Fomento, la Autoridad Portuaria y la Junta de Andalucía para estudiar la viabilidad y régimen administrativo para desarrollar el proyecto. El 28 de diciembre, la entonces consejera de Justicia y el presidente de la Autoridad Portuaria, Manuel Fernández, rubricaron el protocolo general para la construcción del campus tecnológico. Como continuación de esos trámites, estaba previsto que en el mes de enero la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, se desplazara a Sevilla para la firma de la cesión de los suelos del Puerto, pero la cercanía de las elecciones autonómicas retrasaron la rúbrica.
Unos días antes de los comicios, la Junta confirmó que el proyecto de campus judicial continuaba su tramitación y que se estaban cumpliendo los plazos previstos. Tras las elecciones, el departamento de María José López tenía incluso previsto que los miembros de la comisión de seguimiento del proyecto -integrada por jueces, fiscales y secretarios judiciales- visitaran las obras de la Ciudad de la Justicia de Barcelona y el campus tecnológico de Telefónica, que incluían algunos de los elementos que la Junta pretendía aplicar a su proyecto de campus de la Justicia.
La Consejería de Justicia había estudiado incluso la posible financiación de la obra, que costaría entre 150 y 200 millones de euros y que pretendía ejecutarse con la firma de otro contrato de concesión administrativa que incorporara no sólo la construcción del campus, sino la gestión externa de todos los servicios de las nuevas sedes judiciales.
El traslado de todos los órganos judiciales al suelo del Puerto generó nuevas expectativas empresariales y la empresa Galia Grupo Inmobiliario fue la primera en apuntarse a la iniciativa, al anunciar la construcción de un edificio de oficinas de 21 plantas de alturas junto a los terrenos donde estaba previsto ubicar el complejo judicial. El emplazamiento de la Ciudad de la Justicia propiciaría además el traslado de numerosos bufetes al entorno de las nuevas sedes y ampliaba las posibilidades de negocio inmobiliario.
Todos esos trámites se habían avanzado desde agosto pasado, cuando la Junta anunció el cambio de ubicación de la ciudad judicial y su emplazamiento definitivo en el Puerto. La nueva consejera ha dejado ahora abiertas todas las posibilidades, lo que supone un nuevo parón al proyecto.
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