El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha abierto una investigación para tratar de determinar cuáles son las necesidades de personal de los juzgados andaluces, un estudio que se ha iniciado tras el escándalo provocado por los errores del sistema judicial en el caso de Mari Luz.
La necesidad de realizar el estudio fue planteada a la comisión permanente del Alto Tribunal andaluz por la decana de los juzgados de Cádiz, Nuria Orellana, y el presidente de la Audiencia de Almería, Benito Gálvez.
Tras estudiar la petición, el Pleno del TSJA acordó la realización del informe, que además de las necesidades de las plantillas de los órganos judiciales, también se centrará sobre el sistema de cobertura de las plazas vacantes y la respuesta que está dispensando la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta ante esas necesidades, según confirmaron fuentes judiciales.
La juez Nuria Orellana explicó ayer que la comisión permanente viene recibiendo comunicaciones de distintos juzgados en las que se ponen de manifiesto las carencias que sufren en cuanto a los medios personales. El estudio ha sido encargado al presidente de la Audiencia de Granada, que ya ha enviado a todos los órganos judiciales una carta en la que solicita información sobre las necesidades de las plantillas y las posibles incidencias que se hayan producido en la cobertura de las bajas en el período comprendido entre el 1 de enero de 2007 y abril de 2008.
Después del encuentro que la semana pasada mantuvieron el presidente del TSJA, Augusto Méndez de Lugo, y la consejera de Justicia, Evangelina Naranjo, el Alto Tribunal ha decidido ampliar el informe al resto de necesidades de los juzgados, para que ese análisis servir como diagnóstico de la situación de la Justicia.
El sindicato CSI-CSIF denunció recientemente que la Consejería de Justicia no cubre las bajas laborales de una duración inferior al mes y aclaró que desde hace más de un año todos los interinos que son nombrados para los juzgados proceden del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), al haberse agotado la bolsa de interinos de Justicia, y carecen de una formación específica en la materia. En las últimas fechas, el SAE ha enviado para cubrir una baja en un juzgado a personas de oficios tan dispares como puericultora, peluquera o ceramista.
La magistrada Nuria Orellana explicó ayer que los jueces sólo demandan a la Administración autonómica que las personas que sean enviadas a los juzgados como interinas se les instruya previamente con un curso de formación, lo que evitaría que sean otros funcionarios los que tengan que enseñarles sus cometidos, con el consiguiente retraso. El estudio encargado por el TSJA contribuirá a conocer la realidad de las plantillas en los juzgados.
1 comentario:
¿pero no hicieron una memoria hace poco tiempo?, después de 30 años de democracia ¿todavía no se saben las necesidades de la administración de justicia? ¿o es que no se quiere saber?
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