Llevan años poniendo de manifiesto ante la Administración sus múltiples carencias y ayer volvieron a reunirse para denunciar que no se resignan a que haya "ciudadanos de segunda categoría" en materia de Justicia, ante la falta de medios que afecta a los juzgados de la provincia.
Los jueces de todos los partidos judiciales de la provincia asistieron a una cumbre para analizar la situación en los órganos de la provincia y elaborar un informe que ahora elevarán al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y a la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta.
Una de las principales exigencias de los jueces guarda relación con la planta judicial, que califican de "obsoleta", y el estado de las sedes judiciales. Todos los jueces coinciden en que es necesario cambiar de sede en el caso de los juzgado de Coria del Río, Osuna y Estepa, mientras que otras precisan de reformas urgentes, como ocurre en Utrera, Alcalá de Guadaíra y Marchena. Como regla general, hay fallos de seguridad, ausencia de escáneres, cámaras o servicios contraincendios y, en el caso de los juzgados de Cazalla de la Sierra, no existe ningún personal de vigilancia, ni de Guardia Civil ni de empresas de seguridad privada.
Los jueces también exigen mayor cualificación de los interinos designados para cubrir las vacantes -ahora proceden del Servicio Andaluz de Empleo y como ejemplos se ha enviado a un periodista o a un conductor de camión- y que éstas se cubran de manera "inmediata", en dos o tres días, y no como ocurre ahora que tardan una media de 45 días.
Para los representantes de los 15 partidos judiciales de Sevilla -a la reunión asistieron 26 de los 36 jueces de la provincia y pertenecientes a las cuatro asociaciones profesionales-, también resulta imprescindible incrementar las plantillas en, al menos, tres funcionarios por cada juzgado.
El sistema informático constituye otra de las carencias, con ordenadores muy antiguos y sin conexión con los cuerpos de Seguridad, lo que impide conocer el estado de las personas reclamadas.
Aunque los jueces que asistieron a la reunión en el edificio Viapol consideran que es necesario crear en cada partido judicial un nuevo juzgado, las prioridades más urgentes pasan por la creación del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Lora del Río, el número 3 de Coria del Río y el 4 de Sanlúcar la Mayor, así como elevar a la categoría de magistrados las plazas de jueces de Utrera, Alcalá de Guadaíra y Sanlúcar la Mayor.
Con la idea de liberar de parte del trabajo que han tenido que asumir estos juzgados con la entrada en vigor de la ley integral contra la violencia de género, los jueces de la provincia proponen la creación de juzgados de Violencia sobre la Mujer de carácter comarcal, lo que reduciría los retrasos que se producen en la toma de declaración de los detenidos, que tienen que esperar a que el juez termine los juicios del día.
Los jueces concluyen que en la actualidad la Justicia trata a los residentes de los pueblos como "ciudadanos de segunda categoría", porque la falta de medios no permite ofrecer las mismas posibilidades que en la capital, sostiene Francisco Javier Carretero, decano de los juzgados de Sanlúcar la Mayor.
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25 mayo 2008
El caso Mari Luz dispara los ingresos en prisión
El caso Mari Luz comienza a provocar los primeros cambios en la Justicia. La sensación, compartida por muchos magistrados, de que estaban sentados encima de un polvorín que podía estallar en cualquier momento se ha traducido tras el expediente abierto al titular del juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, Rafael Tirado, en un mayor impulso y agilización a las causas ejecutorias que se tramitan en los distintos juzgados penales. Ningún magistrado quiere que en su juzgado vuelvan a producirse hechos luctuosos con un reo que está pendiente de ingresar en prisión.
La consecuencia directa de esta revisión extraordinaria y puesta al día de las 7.000 causas ejecutorias que se tramitan actualmente en los 13 juzgados de lo Penal de la capital es un aumento del número de personas que son internadas en el centro penitenciario de Sevilla para cumplir las sentencias firmes que le han sido impuestas. En tan sólo 20 días, el número de presos de Sevilla-II ha pasado de los 1.679 que se contabilizaban a fecha 30 de abril a los 1.793 que había el pasado martes, 20 de mayo. La población reclusa en Sevilla ha crecido, por tanto, en 114 presos en sólo tres semanas, algo que, al margen de la tendencia al aumento coyuntural del número de internos -a nivel nacional hay 69.000 presos, unos 2.000 más que a finales de año-, encuentra su explicación en la labor que están desarrollando en las últimas fechas los jueces de lo Penal con las causas ejecutorias que se hallaban en trámite en estos juzgados.
Otro hecho que está incidiendo en el mayor número de encarcelamientos deriva del hecho de que los jueces están prescindiendo de algunas de las prácticas habituales en la tramitación de las ejecutorias. Hasta ahora, cuando una persona condenada en sentencia firme no comparecía a la citación judicial para su "ingreso voluntario", un trámite que la inspección realizada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) llegó a tildar de "dilatorio e innecesario", el juez dictaba una orden de averiguación de domicilio y paradero, previa a la busca y captura. De esta forma, se requería a la Policía Nacional para que tratase de localizar al reo y, en caso de que las gestiones resultaran infructuosas, se comunicaba al juzgado para que adoptara la decisión correspondiente.
La psicosis generada con el escándalo del presunto asesino de Mari Luz, Santiago del Valle, que permanecía en libertad pese a que tenía que cumplir una condena por abusar sexualmente de su propia hija, ha hecho que los jueces de lo Penal de Sevilla estén prescindiendo de la emisión de las órdenes de averiguación.
Desde el caso Mari Luz, cuando una persona condenada no comparece a la citación, el juez informa al fiscal y se acuerda directamente el arresto, con lo que se anticipa su ingreso en prisión, ya que mientras la Policía efectuaba las gestiones de averiguación de paradero transcurrían, por lo general, varios meses.
Fuentes judiciales confirmaron ayer esta nueva forma de actuar por parte de los juzgados de lo Penal de Sevilla y advirtieron de la repercusión que estas medidas pueden tener sobre un centro penitenciaria como Sevilla-II, que siempre está en unos niveles próximos a la sobreocupación.
El aumento del trabajo relacionado con las causas ejecutorias está repercutiendo igualmente en la labor que realiza la Fiscalía de Sevilla, donde se ha percibido un notable aumento en el número de asuntos que llegan procedentes de los juzgados de lo Penal.
Los expedientes se acumulan en las mesas y, cuando son despachados por los fiscales -que en algunos casos deben pronunciarse sobre la procedencia o no de acordar la orden para detener a una persona condenada que no ha comparecido en el juzgado-, su lugar es ocupado rápidamente por nuevas causas ejecutorias, según han confirmado fuentes del Ministerio Público.
La revisión de los procesos abiertos de ejecución de sentencias coincide con la petición, por parte de varios juzgados penales de Sevilla, de nuevas dotaciones personales. Algunos juzgados han solicitado a la Junta refuerzos de funcionarios para tratar de solucionar el retraso en la tramitación de estos procedimientos.
La consecuencia directa de esta revisión extraordinaria y puesta al día de las 7.000 causas ejecutorias que se tramitan actualmente en los 13 juzgados de lo Penal de la capital es un aumento del número de personas que son internadas en el centro penitenciario de Sevilla para cumplir las sentencias firmes que le han sido impuestas. En tan sólo 20 días, el número de presos de Sevilla-II ha pasado de los 1.679 que se contabilizaban a fecha 30 de abril a los 1.793 que había el pasado martes, 20 de mayo. La población reclusa en Sevilla ha crecido, por tanto, en 114 presos en sólo tres semanas, algo que, al margen de la tendencia al aumento coyuntural del número de internos -a nivel nacional hay 69.000 presos, unos 2.000 más que a finales de año-, encuentra su explicación en la labor que están desarrollando en las últimas fechas los jueces de lo Penal con las causas ejecutorias que se hallaban en trámite en estos juzgados.
Otro hecho que está incidiendo en el mayor número de encarcelamientos deriva del hecho de que los jueces están prescindiendo de algunas de las prácticas habituales en la tramitación de las ejecutorias. Hasta ahora, cuando una persona condenada en sentencia firme no comparecía a la citación judicial para su "ingreso voluntario", un trámite que la inspección realizada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) llegó a tildar de "dilatorio e innecesario", el juez dictaba una orden de averiguación de domicilio y paradero, previa a la busca y captura. De esta forma, se requería a la Policía Nacional para que tratase de localizar al reo y, en caso de que las gestiones resultaran infructuosas, se comunicaba al juzgado para que adoptara la decisión correspondiente.
La psicosis generada con el escándalo del presunto asesino de Mari Luz, Santiago del Valle, que permanecía en libertad pese a que tenía que cumplir una condena por abusar sexualmente de su propia hija, ha hecho que los jueces de lo Penal de Sevilla estén prescindiendo de la emisión de las órdenes de averiguación.
Desde el caso Mari Luz, cuando una persona condenada no comparece a la citación, el juez informa al fiscal y se acuerda directamente el arresto, con lo que se anticipa su ingreso en prisión, ya que mientras la Policía efectuaba las gestiones de averiguación de paradero transcurrían, por lo general, varios meses.
Fuentes judiciales confirmaron ayer esta nueva forma de actuar por parte de los juzgados de lo Penal de Sevilla y advirtieron de la repercusión que estas medidas pueden tener sobre un centro penitenciaria como Sevilla-II, que siempre está en unos niveles próximos a la sobreocupación.
El aumento del trabajo relacionado con las causas ejecutorias está repercutiendo igualmente en la labor que realiza la Fiscalía de Sevilla, donde se ha percibido un notable aumento en el número de asuntos que llegan procedentes de los juzgados de lo Penal.
Los expedientes se acumulan en las mesas y, cuando son despachados por los fiscales -que en algunos casos deben pronunciarse sobre la procedencia o no de acordar la orden para detener a una persona condenada que no ha comparecido en el juzgado-, su lugar es ocupado rápidamente por nuevas causas ejecutorias, según han confirmado fuentes del Ministerio Público.
La revisión de los procesos abiertos de ejecución de sentencias coincide con la petición, por parte de varios juzgados penales de Sevilla, de nuevas dotaciones personales. Algunos juzgados han solicitado a la Junta refuerzos de funcionarios para tratar de solucionar el retraso en la tramitación de estos procedimientos.
20 mayo 2008
Naranjo dice que la Justicia no se puede arreglar "de golpe y porrazo"
La consejera de Justicia y Administración Pública de la Junta, Evangelina Naranjo, sostuvo ayer que su departamento no puede resolver "de golpe y porrazo" la situación por la que atraviesa la Justicia. Naranjo, que se entrevistó en Granada con el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, recuperó la expresión de "mal endémico" que en su momento empleó el ministro del ramo para referirse al estado de los tribunales y reiteró que está trabajando para realizar un diagnóstico que permita al Gobierno andaluz conocer cuáles son las carencias de los órganos judiciales.
La consejera se refirió a la reunión que han convocado el próximo 27 de mayo los jueces de la provincia de Sevilla para analizar la falta de medios y la sobrecarga que afecta a estos órganos judiciales, y señaló que según el último informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hay "diez comunidades autónomas en peores condiciones" que Andalucía, donde según Naranjo se ha "trabajado mucho y bien" desde 1997, cuando se realizó el traspaso de las competencias en materia de Justicia a la comunidad.
Mientras la consejera realizaba estas declaraciones en Granada, el decano de los jueces de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, hablaba por primera vez, tras su toma de posesión, del estado del proyecto de Ciudad de la Justicia, tras la decisión de la consejería de volver a dialogar con todos los sectores judiciales y descartar prácticamente el emplazamiento en terrenos del Puerto de Sevilla, que auspició el Gobierno andaluz al final de la legislatura pasada.
Federico Jiménez Ballester, que en los próximos días se reunirá con la consejera, insistió en declaraciones a los periodistas en que, con independencia del lugar que la Administración andaluza decida para la Ciudad de la Justicia, "lo trascendental es que las futuras instalaciones se construyan en el plazo más breve posible porque la situación es insostenible y no aguanta más de dos o tres años". El juez decano subrayó que no quiere pensar que con la nueva Consejería se produzca un nuevo retraso en el proyecto porque, a su juicio, "no se habían producido grandes avances" en la pasada legislatura.
La anterior consejera de Justicia, María José López, prometió que el campus judicial funcionaría en terrenos del Puerto en 2010. "Esa fecha me parece demasiado optimista, pero creo que sí podría estar construido un edificio para los juzgados penales", advirtió Jiménez Ballester, quien añadió que los jueces sevillanos lo que quieren es que la Junta elija ya un lugar para el futuro complejo y "se pongan manos a la obra".
Los jueces, aclaró el decano, están "preocupados" por el hecho de que después de diez años aún no haya una ubicación concreta, por lo que abogó por volver a la solución provisional del "edificio puente" que se está construyendo actualmente en la avenida de la Buhaira, como un posible emplazamiento mientras llega la Ciudad de la Justicia. "Si hay voluntad política y dotación presupuestaria" sería factible que estuviera construido para 2010 uno de los edificios del nuevo complejo judicial, aseveró Jiménez Ballester, para quien Los Gordales o el Prado son alternativas "magníficas".
La consejera se refirió a la reunión que han convocado el próximo 27 de mayo los jueces de la provincia de Sevilla para analizar la falta de medios y la sobrecarga que afecta a estos órganos judiciales, y señaló que según el último informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hay "diez comunidades autónomas en peores condiciones" que Andalucía, donde según Naranjo se ha "trabajado mucho y bien" desde 1997, cuando se realizó el traspaso de las competencias en materia de Justicia a la comunidad.
Mientras la consejera realizaba estas declaraciones en Granada, el decano de los jueces de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, hablaba por primera vez, tras su toma de posesión, del estado del proyecto de Ciudad de la Justicia, tras la decisión de la consejería de volver a dialogar con todos los sectores judiciales y descartar prácticamente el emplazamiento en terrenos del Puerto de Sevilla, que auspició el Gobierno andaluz al final de la legislatura pasada.
Federico Jiménez Ballester, que en los próximos días se reunirá con la consejera, insistió en declaraciones a los periodistas en que, con independencia del lugar que la Administración andaluza decida para la Ciudad de la Justicia, "lo trascendental es que las futuras instalaciones se construyan en el plazo más breve posible porque la situación es insostenible y no aguanta más de dos o tres años". El juez decano subrayó que no quiere pensar que con la nueva Consejería se produzca un nuevo retraso en el proyecto porque, a su juicio, "no se habían producido grandes avances" en la pasada legislatura.
La anterior consejera de Justicia, María José López, prometió que el campus judicial funcionaría en terrenos del Puerto en 2010. "Esa fecha me parece demasiado optimista, pero creo que sí podría estar construido un edificio para los juzgados penales", advirtió Jiménez Ballester, quien añadió que los jueces sevillanos lo que quieren es que la Junta elija ya un lugar para el futuro complejo y "se pongan manos a la obra".
Los jueces, aclaró el decano, están "preocupados" por el hecho de que después de diez años aún no haya una ubicación concreta, por lo que abogó por volver a la solución provisional del "edificio puente" que se está construyendo actualmente en la avenida de la Buhaira, como un posible emplazamiento mientras llega la Ciudad de la Justicia. "Si hay voluntad política y dotación presupuestaria" sería factible que estuviera construido para 2010 uno de los edificios del nuevo complejo judicial, aseveró Jiménez Ballester, para quien Los Gordales o el Prado son alternativas "magníficas".
18 mayo 2008
No habrá Ciudad de la Justicia en el Puerto
La Consejería de Justicia y Administración Pública ha descartado prácticamente la ubicación de la Ciudad de la Justicia en los terrenos de la Autoridad Portuaria, una opción por la que la Junta no ha mostrado ni siquiera interés en abordar en los contactos que la consejera ha mantenido con los diferentes operadores jurídicos.
La nueva titular de Justicia, Evangelina Naranjo, ha mostrado un absoluto mutismo sobre ese proyecto que estaba a punto de licitarse y, en sus declaraciones públicas, se ha limitado a afirmar que su departamento "no descarta nada" en relación a los posibles emplazamientos del complejo judicial que debe reunir a todos los órganos judiciales que hay actualmente dispersos en la capital.
A pesar de esa versión "oficial", en la que la Junta mantiene que todas las posibilidades están abiertas, lo cierto es que la ubicación en los terrenos del puerto de Sevilla ha sido postergada al final de la lista, cuando no expulsada directamente de la misma.
Eso es lo que se desprende, al menos, de los primeros contactos que Evangelina Naranjo está realizando con los diversos operadores jurídicos de Sevilla, dado que tras su visita a la Audiencia Provincial y a los juzgados, se comprometió a buscar el consenso y diálogo con todos los sectores para tratar de elegir el mejor emplazamiento posible para la futura Ciudad de la Justicia, que según la Junta será el edificio administrativo más grande de la comunidad autónoma.
Con el descarte de los suelos de la Autoridad Portuaria, la consejería baraja como opciones un retorno al proyecto original, en el que se había establecido la construcción de la Ciudad de la Justicia en el cordel de Los Gordales, una parcela ubicada en el barrio de Los Remedios, o mantener las sedes judiciales en el entorno del Prado de San Sebastián. Esta última posibilidad es la que reclaman como opción preferente los jueces y abogados de Sevilla.
Lo que parece también descartado, junto a la ubicación en el puerto, es que la Consejería de Justicia pueda intentar buscar un nuevo escenario distinto a los ya conocidos para emplazar la Ciudad de la Justicia.
Hasta ahora, la consejera de Justicia se ha entrevistado con la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, el presidente de la Audiencia Provincial, Damián Álvarez, y el decano de los abogados, José Joaquín Gallardo. En estos contactos, sólo se han tratado las opciones de Los Gordales y el Prado, pero no se ha hecho ninguna referencia expresa al proyecto del puerto de Sevilla, lo que representa un indicio más de que la Consejería tiene intención de rectificar la última ubicación conocida para la Ciudad de la Justicia y avalada por el Gobierno andaluz durante la última legislatura.
El presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Manuel Fernández, dio esta misma semana un plazo de un mes a la Junta de Andalucía para que decida sobre si mantiene su interés por los terrenos junto al puente de las Delicias para construir el que hasta ahora había sido denominado como campus tecnológico de la Justicia. Ésta es la tercera legislatura consecutiva en la que vuelve a tratarse la cuestión de la ciudad judicial, ocho años después de que se conociera la primera ubicación.
La nueva titular de Justicia, Evangelina Naranjo, ha mostrado un absoluto mutismo sobre ese proyecto que estaba a punto de licitarse y, en sus declaraciones públicas, se ha limitado a afirmar que su departamento "no descarta nada" en relación a los posibles emplazamientos del complejo judicial que debe reunir a todos los órganos judiciales que hay actualmente dispersos en la capital.
A pesar de esa versión "oficial", en la que la Junta mantiene que todas las posibilidades están abiertas, lo cierto es que la ubicación en los terrenos del puerto de Sevilla ha sido postergada al final de la lista, cuando no expulsada directamente de la misma.
Eso es lo que se desprende, al menos, de los primeros contactos que Evangelina Naranjo está realizando con los diversos operadores jurídicos de Sevilla, dado que tras su visita a la Audiencia Provincial y a los juzgados, se comprometió a buscar el consenso y diálogo con todos los sectores para tratar de elegir el mejor emplazamiento posible para la futura Ciudad de la Justicia, que según la Junta será el edificio administrativo más grande de la comunidad autónoma.
Con el descarte de los suelos de la Autoridad Portuaria, la consejería baraja como opciones un retorno al proyecto original, en el que se había establecido la construcción de la Ciudad de la Justicia en el cordel de Los Gordales, una parcela ubicada en el barrio de Los Remedios, o mantener las sedes judiciales en el entorno del Prado de San Sebastián. Esta última posibilidad es la que reclaman como opción preferente los jueces y abogados de Sevilla.
Lo que parece también descartado, junto a la ubicación en el puerto, es que la Consejería de Justicia pueda intentar buscar un nuevo escenario distinto a los ya conocidos para emplazar la Ciudad de la Justicia.
Hasta ahora, la consejera de Justicia se ha entrevistado con la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, el presidente de la Audiencia Provincial, Damián Álvarez, y el decano de los abogados, José Joaquín Gallardo. En estos contactos, sólo se han tratado las opciones de Los Gordales y el Prado, pero no se ha hecho ninguna referencia expresa al proyecto del puerto de Sevilla, lo que representa un indicio más de que la Consejería tiene intención de rectificar la última ubicación conocida para la Ciudad de la Justicia y avalada por el Gobierno andaluz durante la última legislatura.
El presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Manuel Fernández, dio esta misma semana un plazo de un mes a la Junta de Andalucía para que decida sobre si mantiene su interés por los terrenos junto al puente de las Delicias para construir el que hasta ahora había sido denominado como campus tecnológico de la Justicia. Ésta es la tercera legislatura consecutiva en la que vuelve a tratarse la cuestión de la ciudad judicial, ocho años después de que se conociera la primera ubicación.
La nulidad de las escuchas no tendrá prácticamente ninguna incidencia en el caso Camas
No ocurrirá como en el caso Farruquito, donde la juez absolvió a cinco acusados de encubrimiento tras decretar la nulidad de los pinchazos telefónicos practicados por la Policía. La decisión de la Audiencia de Sevilla de expulsar del sumario sobre el presunto intento de soborno en Camas las escuchas telefónicas policiales -al declarar que la autorización judicial de las intervenciones no estaba suficientemente motivada- no tendrá apenas incidencia práctica en el curso del procedimiento penal que se sigue contra el ex alcalde Agustín Pavón y otros ex ediles.
La nulidad tan sólo puede favorecer al ex edil del PP de Castilleja de Guzmán Aureliano Lucas Lucas, cuya supuesta participación y conocimiento del intento de comprar el voto de la ex concejal Carmen Lobo siempre ha estado sustentada en indicios aparentemente endebles: ni siquiera había asistido a la reunión celebrada el 18 de agosto de 2005 en el chalé del intermediario Eusebio Gaviño y donde presuntamente se gestó el intento de soborno.
Su supuesto conocimiento del intento de cohecho se limita prácticamente a una de los pinchazos telefónicos en el que, tras saber que la edil Carmen Lobo no había aceptado votar en el Pleno municipal a favor de determinadas operaciones urbanísticas, Lucas advierte que tras el voto de Lobo ha quedado "todo el mundo con el culo al aire". Esa grabación no podrá ser tenida en cuenta por el jurado popular que tendrá que enjuiciar el caso. Los posibles beneficios para este imputado no se conocerán hasta el momento de la sentencia, dado que lo lógico es que ahora todas las acusaciones personadas en el proceso mantengan los cargos y el ex concejal también tenga que sentarse en el banquillo de los acusados.
En cuanto al resto de imputados, el ex regidor camero, los ex concejales José del Castillo y Antonio Enrique Fraile, y Eusebio Gaviño, existen otras pruebas periféricas, al margen de las escuchas telefónicas de la Policía. Para empezar, existen otras grabaciones que realizaron personalmente los denunciantes, el ex militante de IU Francisco Gordo y la ex concejal Carmen Lobo, quienes dejaron constancia de las conversaciones que mantuvieron con los acusadores en reproductores mp3 que ellos llevaban ocultos.
Una de las grabaciones clave de los denunciantes es la realizada en agosto de 2005 en el chalé de Eusebio Gaviño, en Bormujos. En esa conversación se pone de manifiesto como el intermediario insta al ex alcalde y a los ediles a "mirar para otro lado" respecto a los pagos que supuestamente iban a efectuarse a la entonces edil Carmen Lobo. Gaviño argumenta que tanto él como Francisco Gordo van a llevar "el control empresarial" de todas las operaciones mientras Agustín Pavón y los concejales quedarían al margen "en lo del dinero".
Otra de las conversaciones que tampoco ha sido anulada por el tribunal es la que grabó la propia Carmen Lobo en la mañana del 12 de septiembre de 2005, cuando se reunió con Gaviño en una cafetería del polígono industrial El Manchón. En ese diálogo, el intermediario le ofrece a la edil la cantidad de 1,2 millones de euros a cambio de su voto en cada Pleno del Ayuntamiento de Camas, que se hallaba en una situación de bloqueo político porque el gobierno local no contaba con una mayoría suficiente. "Tú salvas a tu pueblo y te lo vas a llevar. Si tú fallas, falla todo", podía escucharse al término de esa conversación.
Frente a la nulidad de las escuchas telefónicas policiales, las acusaciones también cuentan con otras pruebas, como por ejemplo las propias declaraciones de los imputados, quienes a pesar de que niegan el intento de compra de voto, sí que reconocen haber participado junto a Gaviño en las reuniones a las que asistió Gordo.
Junto a estas grabaciones y las distintas reuniones celebradas antes del Pleno del 13 de septiembre, hay otra prueba de cargo insoslayable: la entrega a Carmen Lobo de un sobre con 12.000 euros en presencia de dos policías. El jurado tendrá que decidir si ese dinero formaba parte del soborno o se trataba de una comisión para Francisco Gordo por un negocio inmobiliario, como alega Gaviño.
La nulidad tan sólo puede favorecer al ex edil del PP de Castilleja de Guzmán Aureliano Lucas Lucas, cuya supuesta participación y conocimiento del intento de comprar el voto de la ex concejal Carmen Lobo siempre ha estado sustentada en indicios aparentemente endebles: ni siquiera había asistido a la reunión celebrada el 18 de agosto de 2005 en el chalé del intermediario Eusebio Gaviño y donde presuntamente se gestó el intento de soborno.
Su supuesto conocimiento del intento de cohecho se limita prácticamente a una de los pinchazos telefónicos en el que, tras saber que la edil Carmen Lobo no había aceptado votar en el Pleno municipal a favor de determinadas operaciones urbanísticas, Lucas advierte que tras el voto de Lobo ha quedado "todo el mundo con el culo al aire". Esa grabación no podrá ser tenida en cuenta por el jurado popular que tendrá que enjuiciar el caso. Los posibles beneficios para este imputado no se conocerán hasta el momento de la sentencia, dado que lo lógico es que ahora todas las acusaciones personadas en el proceso mantengan los cargos y el ex concejal también tenga que sentarse en el banquillo de los acusados.
En cuanto al resto de imputados, el ex regidor camero, los ex concejales José del Castillo y Antonio Enrique Fraile, y Eusebio Gaviño, existen otras pruebas periféricas, al margen de las escuchas telefónicas de la Policía. Para empezar, existen otras grabaciones que realizaron personalmente los denunciantes, el ex militante de IU Francisco Gordo y la ex concejal Carmen Lobo, quienes dejaron constancia de las conversaciones que mantuvieron con los acusadores en reproductores mp3 que ellos llevaban ocultos.
Una de las grabaciones clave de los denunciantes es la realizada en agosto de 2005 en el chalé de Eusebio Gaviño, en Bormujos. En esa conversación se pone de manifiesto como el intermediario insta al ex alcalde y a los ediles a "mirar para otro lado" respecto a los pagos que supuestamente iban a efectuarse a la entonces edil Carmen Lobo. Gaviño argumenta que tanto él como Francisco Gordo van a llevar "el control empresarial" de todas las operaciones mientras Agustín Pavón y los concejales quedarían al margen "en lo del dinero".
Otra de las conversaciones que tampoco ha sido anulada por el tribunal es la que grabó la propia Carmen Lobo en la mañana del 12 de septiembre de 2005, cuando se reunió con Gaviño en una cafetería del polígono industrial El Manchón. En ese diálogo, el intermediario le ofrece a la edil la cantidad de 1,2 millones de euros a cambio de su voto en cada Pleno del Ayuntamiento de Camas, que se hallaba en una situación de bloqueo político porque el gobierno local no contaba con una mayoría suficiente. "Tú salvas a tu pueblo y te lo vas a llevar. Si tú fallas, falla todo", podía escucharse al término de esa conversación.
Frente a la nulidad de las escuchas telefónicas policiales, las acusaciones también cuentan con otras pruebas, como por ejemplo las propias declaraciones de los imputados, quienes a pesar de que niegan el intento de compra de voto, sí que reconocen haber participado junto a Gaviño en las reuniones a las que asistió Gordo.
Junto a estas grabaciones y las distintas reuniones celebradas antes del Pleno del 13 de septiembre, hay otra prueba de cargo insoslayable: la entrega a Carmen Lobo de un sobre con 12.000 euros en presencia de dos policías. El jurado tendrá que decidir si ese dinero formaba parte del soborno o se trataba de una comisión para Francisco Gordo por un negocio inmobiliario, como alega Gaviño.
15 mayo 2008
El TSJA investiga las necesidades de los juzgados andaluces tras el caso Mari Luz
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha abierto una investigación para tratar de determinar cuáles son las necesidades de personal de los juzgados andaluces, un estudio que se ha iniciado tras el escándalo provocado por los errores del sistema judicial en el caso de Mari Luz.
La necesidad de realizar el estudio fue planteada a la comisión permanente del Alto Tribunal andaluz por la decana de los juzgados de Cádiz, Nuria Orellana, y el presidente de la Audiencia de Almería, Benito Gálvez.
Tras estudiar la petición, el Pleno del TSJA acordó la realización del informe, que además de las necesidades de las plantillas de los órganos judiciales, también se centrará sobre el sistema de cobertura de las plazas vacantes y la respuesta que está dispensando la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta ante esas necesidades, según confirmaron fuentes judiciales.
La juez Nuria Orellana explicó ayer que la comisión permanente viene recibiendo comunicaciones de distintos juzgados en las que se ponen de manifiesto las carencias que sufren en cuanto a los medios personales. El estudio ha sido encargado al presidente de la Audiencia de Granada, que ya ha enviado a todos los órganos judiciales una carta en la que solicita información sobre las necesidades de las plantillas y las posibles incidencias que se hayan producido en la cobertura de las bajas en el período comprendido entre el 1 de enero de 2007 y abril de 2008.
Después del encuentro que la semana pasada mantuvieron el presidente del TSJA, Augusto Méndez de Lugo, y la consejera de Justicia, Evangelina Naranjo, el Alto Tribunal ha decidido ampliar el informe al resto de necesidades de los juzgados, para que ese análisis servir como diagnóstico de la situación de la Justicia.
El sindicato CSI-CSIF denunció recientemente que la Consejería de Justicia no cubre las bajas laborales de una duración inferior al mes y aclaró que desde hace más de un año todos los interinos que son nombrados para los juzgados proceden del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), al haberse agotado la bolsa de interinos de Justicia, y carecen de una formación específica en la materia. En las últimas fechas, el SAE ha enviado para cubrir una baja en un juzgado a personas de oficios tan dispares como puericultora, peluquera o ceramista.
La magistrada Nuria Orellana explicó ayer que los jueces sólo demandan a la Administración autonómica que las personas que sean enviadas a los juzgados como interinas se les instruya previamente con un curso de formación, lo que evitaría que sean otros funcionarios los que tengan que enseñarles sus cometidos, con el consiguiente retraso. El estudio encargado por el TSJA contribuirá a conocer la realidad de las plantillas en los juzgados.
La necesidad de realizar el estudio fue planteada a la comisión permanente del Alto Tribunal andaluz por la decana de los juzgados de Cádiz, Nuria Orellana, y el presidente de la Audiencia de Almería, Benito Gálvez.
Tras estudiar la petición, el Pleno del TSJA acordó la realización del informe, que además de las necesidades de las plantillas de los órganos judiciales, también se centrará sobre el sistema de cobertura de las plazas vacantes y la respuesta que está dispensando la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta ante esas necesidades, según confirmaron fuentes judiciales.
La juez Nuria Orellana explicó ayer que la comisión permanente viene recibiendo comunicaciones de distintos juzgados en las que se ponen de manifiesto las carencias que sufren en cuanto a los medios personales. El estudio ha sido encargado al presidente de la Audiencia de Granada, que ya ha enviado a todos los órganos judiciales una carta en la que solicita información sobre las necesidades de las plantillas y las posibles incidencias que se hayan producido en la cobertura de las bajas en el período comprendido entre el 1 de enero de 2007 y abril de 2008.
Después del encuentro que la semana pasada mantuvieron el presidente del TSJA, Augusto Méndez de Lugo, y la consejera de Justicia, Evangelina Naranjo, el Alto Tribunal ha decidido ampliar el informe al resto de necesidades de los juzgados, para que ese análisis servir como diagnóstico de la situación de la Justicia.
El sindicato CSI-CSIF denunció recientemente que la Consejería de Justicia no cubre las bajas laborales de una duración inferior al mes y aclaró que desde hace más de un año todos los interinos que son nombrados para los juzgados proceden del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), al haberse agotado la bolsa de interinos de Justicia, y carecen de una formación específica en la materia. En las últimas fechas, el SAE ha enviado para cubrir una baja en un juzgado a personas de oficios tan dispares como puericultora, peluquera o ceramista.
La magistrada Nuria Orellana explicó ayer que los jueces sólo demandan a la Administración autonómica que las personas que sean enviadas a los juzgados como interinas se les instruya previamente con un curso de formación, lo que evitaría que sean otros funcionarios los que tengan que enseñarles sus cometidos, con el consiguiente retraso. El estudio encargado por el TSJA contribuirá a conocer la realidad de las plantillas en los juzgados.
Dos nuevas sentencias que obligan a la Junta a escolarizar a tres niños
Dos nuevas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han vuelto a dar sendos varapalos a la Consejería de Educación de la Junta, al obligar a escolarizar a tres niños en los centros de las Carmelitas y las Irlandesas, después de que la Administración autonómica retirara a los padres los puntos relativos al domicilio laboral en la zona de influencia del colegio.
Los menores se habían matriculado en estos centros para cursar Primero de Enseñanza Primaria en el curso 2005-2006, tras haber logrado los puntos necesarios en el baremo. La retirada de los puntos se produjo a raíz de las reclamaciones de otros padres, lo que motivó que la Junta reclamara a la Policía Local un informe para acreditar si el puesto de trabajo de los padres se hallaba dentro de esa zona de influencia del colegio y, por tanto, eran merecedores de obtener esa puntuación.
Los magistrados del Alto Tribunal andaluz consideran que en ambos casos los padres han acreditado que el domicilio laboral se halla dentro dentro de esa área de influencia del colegio, por lo que fue "incorrecta" la decisión de la Administración educativa. En uno de los casos, una niña que estudia en Las Carmelitas, el tribunal destaca que la retirada de los puntos a los padres se llevó a cabo a partir de un informe de la Policía Local "con fundamento en las manifestaciones del conserje del edificio" que aseguró que la madre no trabajaba allí. En cambio, el tribunal considera que se ha acreditado esa relación laboral.
En el caso de las Irlandesas, los jueces señalan que la Policía "se personó en un domicilio diferente" al que se había aportado como domicilio del trabajo de los padres, por lo que los agentes hicieron constar que la madre de los alumnos había resultado "ilocalizable y desconocida". El juzgado de lo Contencioso que abordó el asunto en primera instancia estimó en la sentencia, que ahora ha sido confirmada por el TSJA, que el principio de veracidad de que gozan los informes de los agentes de la autoridad "ha sido desvirtuado, acreditándose que a la fecha de la solicitud la madre de los menores tenía su domicilio laboral dentro de la zona de influencia del colegio". Todos los menores seguían estudiando en estos centros gracias a que en su día se adoptó una medida cautelar.
Las sentencias han sido dictadas por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, que en anteriores resoluciones ya reconoció el derecho de los padres a que sus hijos estudien en un centro de acuerdo a sus convicciones morales y religiosas y que anuló varias expresiones de la enseñanza de Educación para la Ciudadanía.
Los menores se habían matriculado en estos centros para cursar Primero de Enseñanza Primaria en el curso 2005-2006, tras haber logrado los puntos necesarios en el baremo. La retirada de los puntos se produjo a raíz de las reclamaciones de otros padres, lo que motivó que la Junta reclamara a la Policía Local un informe para acreditar si el puesto de trabajo de los padres se hallaba dentro de esa zona de influencia del colegio y, por tanto, eran merecedores de obtener esa puntuación.
Los magistrados del Alto Tribunal andaluz consideran que en ambos casos los padres han acreditado que el domicilio laboral se halla dentro dentro de esa área de influencia del colegio, por lo que fue "incorrecta" la decisión de la Administración educativa. En uno de los casos, una niña que estudia en Las Carmelitas, el tribunal destaca que la retirada de los puntos a los padres se llevó a cabo a partir de un informe de la Policía Local "con fundamento en las manifestaciones del conserje del edificio" que aseguró que la madre no trabajaba allí. En cambio, el tribunal considera que se ha acreditado esa relación laboral.
En el caso de las Irlandesas, los jueces señalan que la Policía "se personó en un domicilio diferente" al que se había aportado como domicilio del trabajo de los padres, por lo que los agentes hicieron constar que la madre de los alumnos había resultado "ilocalizable y desconocida". El juzgado de lo Contencioso que abordó el asunto en primera instancia estimó en la sentencia, que ahora ha sido confirmada por el TSJA, que el principio de veracidad de que gozan los informes de los agentes de la autoridad "ha sido desvirtuado, acreditándose que a la fecha de la solicitud la madre de los menores tenía su domicilio laboral dentro de la zona de influencia del colegio". Todos los menores seguían estudiando en estos centros gracias a que en su día se adoptó una medida cautelar.
Las sentencias han sido dictadas por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, que en anteriores resoluciones ya reconoció el derecho de los padres a que sus hijos estudien en un centro de acuerdo a sus convicciones morales y religiosas y que anuló varias expresiones de la enseñanza de Educación para la Ciudadanía.
La Audiencia anula las escuchas telefónicas del presunto soborno
La Policía no ofreció ni un sólo dato objetivo para fundamentar los pinchazos telefónicos en el caso del intento de soborno a la ex concejal de Camas Carmen Lobo, y el auto del juez que acordó la intervención estaba vacío de cualquier motivación. Con esta contundente argumentación, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha decidido anular las escuchas telefónicas practicadas al inicio de la investigación del caso Camas y que sirvieron como soporte para la detención e imputación del entonces alcalde, Agustín Pavón, los ediles Antonio Enrique Fraile, José del Castillo y Aureliano Lucas, y del intermediario en el presunto cohecho Eusebio Gaviño.
La decisión de anular las escuchas telefónicas abarca, de acuerdo con la teoría jurídica de la fruta del árbol prohibido, a "aquellas diligencias que directa o indirectamente se deriven" del auto de 8 de septiembre de 2005, que acordó la intervención del teléfono móvil de Eusebio Gaviño. La Audiencia ha ordenado devolver las actuaciones al juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla, que tramitó la fase de investigación para que, una vez retiradas las escuchas, "las partes puedan modificar sus imputaciones a la vista del contenido" de esta resolución.
Los magistrados aclaran, no obstante, que la nulidad decretada no implica el archivo de las actuaciones, ya que la denuncia y las grabaciones aportadas en su día por el ex militante de IU Francisco Gordo y las declaraciones de la ex concejal Carmen Lobo "son fuentes de investigación y de prueba que no están contaminadas por la nulidad, por lo que el magistrado instructor dispone de material de investigación para esclarecer los hechos denunciados y concretar la posible participación de los imputados".
El auto critica la primera actuación policial tras recibir, el mismo 8 de septiembre de 2005, la denuncia en comisaría de Francisco Gordo, quien aseguraba que Eusebio Gaviño, en representación de un "grupo empresarial de gran dimensión", había contactado con el alcalde y varios concejales para lograr modificaciones en el Plan General de Ordenación Urbana de la localidad, para recalificar diferentes terrenos y de este modo abordar un gran plan de construcciones en esos suelos. El ex militante de IU también sostenía que Gaviño se había puesto en contacto con la entonces concejal Carmen Lobo y había prometido pagar "un millón de euros" si votaban en los Plenos a favor de ese proyecto urbanístico que se desarrollaría una vez recalificados los terrenos.
A partir de esa denuncia, el tribunal considera que la Policía no realizó "ninguna comprobación sobre los hechos denunciados" y así, no se requirió a Gordo para que aportara la copia del plan urbanístico "que decía aportar en su declaración, pero que no aporta", ni se transcribieron las grabaciones que el denunciante entregó a los agentes. "La Policía tuvo la posibilidad de aportar datos objetivos que reforzaran el contenido de la denuncia de Gordo y no lo hizo, siendo de destacar que debería haber realizado esas comprobaciones al tratarse de unos hechos de suma gravedad que fueron ofrecidos por una persona que admite en su denuncia que ha sido condenado como autor de un delito de estafa procesal y otro de falsedad en documento privado, circunstancias que deberían haber alertado a los agentes de la autoridad sobre la verosimilitud de su denuncia, máxime si se tiene en cuenta que Gordo admite en su denuncia que fue expulsado del partido político y del Ayuntamiento precisamente por el grupo político de los denunciados". La Policía se limitó a incorporar al atestado la denuncia "sin realizar ninguna línea de investigación y sin aportar una sola investigación" para corroborarla.
Pero no sólo la Policía actuó sin fundamento, sino que el tribunal aprecia esa deficiente intervención en la conducta del instructor, quien para acordar las escuchas no tomó declaración a Gordo y Lobo, no escuchó las grabaciones ni el vídeo que habían grabado con motivo de una de las reuniones celebradas en casa de Gaviño. El instructor, añade la Audiencia, no contrastó los "datos objetivos" que tenía a su alcance para comprobar la veracidad de la denuncia, algo que debió hacer ya que "en la denuncia se destila que el mismo -por Gordo- podía actuar por motivos espurios por haber sido expulsado del Ayuntamiento y del grupo político".
El auto que acuerda las escuchas no expresa hechos concretos, sino delitos genéricos, y en opinión de los magistrados "ofrece un vacío total y absoluto de motivación por cuanto no sólo no se exterioriza un atisbo del juicio crítico del juez sobre la necesidad y proporcionalidad de la medida, sino que tampoco se consigna un solo indicio real o dato material, objetivado y eventualmente verificable que permitiera al juez una presunción razonable de dichos delitos y dicha participación".
La decisión de anular las escuchas telefónicas abarca, de acuerdo con la teoría jurídica de la fruta del árbol prohibido, a "aquellas diligencias que directa o indirectamente se deriven" del auto de 8 de septiembre de 2005, que acordó la intervención del teléfono móvil de Eusebio Gaviño. La Audiencia ha ordenado devolver las actuaciones al juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla, que tramitó la fase de investigación para que, una vez retiradas las escuchas, "las partes puedan modificar sus imputaciones a la vista del contenido" de esta resolución.
Los magistrados aclaran, no obstante, que la nulidad decretada no implica el archivo de las actuaciones, ya que la denuncia y las grabaciones aportadas en su día por el ex militante de IU Francisco Gordo y las declaraciones de la ex concejal Carmen Lobo "son fuentes de investigación y de prueba que no están contaminadas por la nulidad, por lo que el magistrado instructor dispone de material de investigación para esclarecer los hechos denunciados y concretar la posible participación de los imputados".
El auto critica la primera actuación policial tras recibir, el mismo 8 de septiembre de 2005, la denuncia en comisaría de Francisco Gordo, quien aseguraba que Eusebio Gaviño, en representación de un "grupo empresarial de gran dimensión", había contactado con el alcalde y varios concejales para lograr modificaciones en el Plan General de Ordenación Urbana de la localidad, para recalificar diferentes terrenos y de este modo abordar un gran plan de construcciones en esos suelos. El ex militante de IU también sostenía que Gaviño se había puesto en contacto con la entonces concejal Carmen Lobo y había prometido pagar "un millón de euros" si votaban en los Plenos a favor de ese proyecto urbanístico que se desarrollaría una vez recalificados los terrenos.
A partir de esa denuncia, el tribunal considera que la Policía no realizó "ninguna comprobación sobre los hechos denunciados" y así, no se requirió a Gordo para que aportara la copia del plan urbanístico "que decía aportar en su declaración, pero que no aporta", ni se transcribieron las grabaciones que el denunciante entregó a los agentes. "La Policía tuvo la posibilidad de aportar datos objetivos que reforzaran el contenido de la denuncia de Gordo y no lo hizo, siendo de destacar que debería haber realizado esas comprobaciones al tratarse de unos hechos de suma gravedad que fueron ofrecidos por una persona que admite en su denuncia que ha sido condenado como autor de un delito de estafa procesal y otro de falsedad en documento privado, circunstancias que deberían haber alertado a los agentes de la autoridad sobre la verosimilitud de su denuncia, máxime si se tiene en cuenta que Gordo admite en su denuncia que fue expulsado del partido político y del Ayuntamiento precisamente por el grupo político de los denunciados". La Policía se limitó a incorporar al atestado la denuncia "sin realizar ninguna línea de investigación y sin aportar una sola investigación" para corroborarla.
Pero no sólo la Policía actuó sin fundamento, sino que el tribunal aprecia esa deficiente intervención en la conducta del instructor, quien para acordar las escuchas no tomó declaración a Gordo y Lobo, no escuchó las grabaciones ni el vídeo que habían grabado con motivo de una de las reuniones celebradas en casa de Gaviño. El instructor, añade la Audiencia, no contrastó los "datos objetivos" que tenía a su alcance para comprobar la veracidad de la denuncia, algo que debió hacer ya que "en la denuncia se destila que el mismo -por Gordo- podía actuar por motivos espurios por haber sido expulsado del Ayuntamiento y del grupo político".
El auto que acuerda las escuchas no expresa hechos concretos, sino delitos genéricos, y en opinión de los magistrados "ofrece un vacío total y absoluto de motivación por cuanto no sólo no se exterioriza un atisbo del juicio crítico del juez sobre la necesidad y proporcionalidad de la medida, sino que tampoco se consigna un solo indicio real o dato material, objetivado y eventualmente verificable que permitiera al juez una presunción razonable de dichos delitos y dicha participación".
13 mayo 2008
En el Colegio de Abogados se han iniciado hoy unas Jornadas sobre el proceso ante el Tribunal del Jurado, organizadas por la institución colegial con el patrocinio de Cajasur, en las que durante tres sesiones de trabajo numerosos letrados estudiaran detenidamente el procedimiento específico de las causas penales que son juzgadas por jurados populares.
Las Jornadas fueron aperturadas por el decano del Colegio José Joaquín Gallardo y están coordinadas por el letrado Manuel Pérez Cuajares.
Intervienen en ellas como ponentes los magistrados Carlos Mahón Tabernero, José Manuel Paúl de Velasco y Miguel Carmona Ruano, los letrados José Manuel Ramos Cardona y Fernando Osuna Gómez, el secretario judicial de la oficina del tribunal del jurado de Sevilla Luis Revilla Pérez y los fiscales Enrique Pedrós Fuentes y Luis Carlos Rodríguez León.
Las Jornadas fueron aperturadas por el decano del Colegio José Joaquín Gallardo y están coordinadas por el letrado Manuel Pérez Cuajares.
Intervienen en ellas como ponentes los magistrados Carlos Mahón Tabernero, José Manuel Paúl de Velasco y Miguel Carmona Ruano, los letrados José Manuel Ramos Cardona y Fernando Osuna Gómez, el secretario judicial de la oficina del tribunal del jurado de Sevilla Luis Revilla Pérez y los fiscales Enrique Pedrós Fuentes y Luis Carlos Rodríguez León.
El TSJA avala, seis años después, la creación de la plaza de jefe de la Policía Local de Sevilla
Seis años después de que el Ayuntamiento de Sevilla creara la plaza de jefe de Policía Local, que ocupó en primer lugar Rafael Alarcón, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha respaldado la decisión municipal.
La Asociación de Jefes y Directivos de Policías Locales de Andalucía (Ajdepla) había impugnado un acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Sevilla de 31 de octubre de 2002, por el que se creaba una plaza de superintendente de la Policía Local y el puesto de jefe de este cuerpo.
El Ayuntamiento alegó con carácter previo que la Asociación de Jefes y Directivos de Policías Locales no había acreditado su capacidad procesal para recurrir la creación de estas plazas, al no haber acompañado el recurso del acuerdo adoptado por el órgano estatutario competente que permitía el ejercicio de las acciones judiciales contra el acuerdo municipal.
La sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA recuerda en la sentencia que cuando se inician este tipo de acciones es necesario acreditar, en el caso de que lo niegue la parte contraria, que el recurrente goza de personalidad jurídica y, al mismo tiempo, es necesario que se aporte la correspondiente prueba de que el acuerdo para el ejercicio de las acciones legales ha sido adoptado por el órgano competente.
En el caso concreto del recurso de Ajdepla, el Alto Tribunal andaluz señala que hay constancia de la aportación de un certificado expedido por el secretario de organización -de fecha 15 de septiembre de 2002-, en el que se expone que el comité ejecutivo había aprobado por unanimidad el ejercer acciones administrativas y judiciales contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Sevilla que creaba una plaza de superintendente y de jefe de la Policía Local. La resolución señala que como el Ayuntamiento negó la capacidad procesal de la asociación, "era preciso" que ésta aportara la certificación mencionada, una deficiencia que pudo subsanarse dentro de los diez días siguientes a la contestación a la demanda por parte del Consistorio y que incluía esta alegación.
"Lo cierto es que la recurrente no ha aportado el documento acreditativo del acuerdo y, ante esa falta de acreditación, que a la misma incumbía y que era imprescindible para neutralizar la deficiencia denunciada, no cabe sino dar lugar a la causa de inadmisibilidad invocada", señalan los magistrados, que desestiman el recurso por un defecto formal y sin entrar a valorar, por tanto, el fondo de la cuestión.
La Asociación de Jefes y Directivos de Policías Locales de Andalucía (Ajdepla) había impugnado un acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Sevilla de 31 de octubre de 2002, por el que se creaba una plaza de superintendente de la Policía Local y el puesto de jefe de este cuerpo.
El Ayuntamiento alegó con carácter previo que la Asociación de Jefes y Directivos de Policías Locales no había acreditado su capacidad procesal para recurrir la creación de estas plazas, al no haber acompañado el recurso del acuerdo adoptado por el órgano estatutario competente que permitía el ejercicio de las acciones judiciales contra el acuerdo municipal.
La sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA recuerda en la sentencia que cuando se inician este tipo de acciones es necesario acreditar, en el caso de que lo niegue la parte contraria, que el recurrente goza de personalidad jurídica y, al mismo tiempo, es necesario que se aporte la correspondiente prueba de que el acuerdo para el ejercicio de las acciones legales ha sido adoptado por el órgano competente.
En el caso concreto del recurso de Ajdepla, el Alto Tribunal andaluz señala que hay constancia de la aportación de un certificado expedido por el secretario de organización -de fecha 15 de septiembre de 2002-, en el que se expone que el comité ejecutivo había aprobado por unanimidad el ejercer acciones administrativas y judiciales contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Sevilla que creaba una plaza de superintendente y de jefe de la Policía Local. La resolución señala que como el Ayuntamiento negó la capacidad procesal de la asociación, "era preciso" que ésta aportara la certificación mencionada, una deficiencia que pudo subsanarse dentro de los diez días siguientes a la contestación a la demanda por parte del Consistorio y que incluía esta alegación.
"Lo cierto es que la recurrente no ha aportado el documento acreditativo del acuerdo y, ante esa falta de acreditación, que a la misma incumbía y que era imprescindible para neutralizar la deficiencia denunciada, no cabe sino dar lugar a la causa de inadmisibilidad invocada", señalan los magistrados, que desestiman el recurso por un defecto formal y sin entrar a valorar, por tanto, el fondo de la cuestión.
Ultimatum del Puerto a la Junta para que se pronuncie sobre la ubicación de la Ciudad de la Justicia
El presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Manuel Fernández, dio ayer a la Junta de Andalucía un mes de plazo para que decida la ubicación definitiva del proyecto Ciudad de la Justicia después de que la nueva titular del ramo, la consejera de Justicia Evangelina Naranjo, dijese la pasada semana que "nada es descartable", en relación a una posible modificación del proyecto que en principio iba a levantarse en Los Gordales, tal y como recoge el PGOU, y después en terrenos del puerto.
Fernández expresó ayer su pretensión de que la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta se pronuncie de manera definitiva sobre la localización de la Ciudad de la Justicia en el plazo aproximado de un mes. Fernández agregó en declaraciones a los periodistas que ve "lógico" dar este plazo a la Junta después de las noticias contradictorias sobre el proyecto, y consideró que es "tiempo suficiente" para que pueda estudiar el proyecto y tomar una decisión de cara a establecer una alternativa en el caso de que quedara desestimada la ubicación en suelos del puerto.
"Para nosotros, la Ciudad de la Justicia no es un proyecto estratégico ni de desarrollo de nuestra actividad; si viene, bienvenida sea, y si no se le buscará otra salida a esos terrenos", espetó el portavoz de la Autoridad Portuaria tras el encuentro mantenido con el alcalde en el que acompañó a los empresarios que desarrollarán la Zona de Actividades Logísticas Palmas Altas en la dársena del puerto. Fernández precisó que no había tratado con el regidor el posible cambio de ubicación de la Ciudad de la Justicia y confirmó que no tenía en agenda reunión alguna a tres bandas -Junta, Ayuntamiento y Junta- para abordar el asunto.
Fernández expresó ayer su pretensión de que la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta se pronuncie de manera definitiva sobre la localización de la Ciudad de la Justicia en el plazo aproximado de un mes. Fernández agregó en declaraciones a los periodistas que ve "lógico" dar este plazo a la Junta después de las noticias contradictorias sobre el proyecto, y consideró que es "tiempo suficiente" para que pueda estudiar el proyecto y tomar una decisión de cara a establecer una alternativa en el caso de que quedara desestimada la ubicación en suelos del puerto.
"Para nosotros, la Ciudad de la Justicia no es un proyecto estratégico ni de desarrollo de nuestra actividad; si viene, bienvenida sea, y si no se le buscará otra salida a esos terrenos", espetó el portavoz de la Autoridad Portuaria tras el encuentro mantenido con el alcalde en el que acompañó a los empresarios que desarrollarán la Zona de Actividades Logísticas Palmas Altas en la dársena del puerto. Fernández precisó que no había tratado con el regidor el posible cambio de ubicación de la Ciudad de la Justicia y confirmó que no tenía en agenda reunión alguna a tres bandas -Junta, Ayuntamiento y Junta- para abordar el asunto.
12 mayo 2008
La Junta "refuerza" con 9 interinos los juzgados penales tras el escándalo del caso Mari Luz
La Consejería de Justicia ha aprobado reforzar con nueve interinos cuatro juzgados de lo Penal de Sevilla, tras los errores detectados en el caso de Santiago del Valle, el presunto asesino de Mari Luz, que se hallaba en libertad pese a que tenía que cumplir una condena de dos años y nueve meses de prisión por haber abusado sexualmente de su propia hija.
Uno de los órganos a los que se ha enviado un refuerzo de dos interinos -uno para el cuerpo de gestión procesal y otro de tramitación- es precisamente el juzgado de lo Penal número 1, donde se tramitaba la ejecución de la sentencia impuesta al pederasta. Los otros funcionarios se incorporarán a los juzgados penales números 5, 11 y 12.
El nuevo personal se incorporará inicialmente por un periodo de seis meses, con la finalidad de reducir los asuntos pendientes en estos juzgados, cuyos responsables se dirigieron precisamente a la delegación provincial de Justicia solicitando el nombramiento de estos interinos.
La llegada de estos funcionarios no está exenta de críticas, por lo que se refiere a las condiciones en las que estas personas acceden a los juzgados, donde más del 68 por ciento de la plantilla está compuesta por personal interino, no titular, y que desde hace más de un año proceden del Servicio andaluz de Empleo (SAE) y, por tanto, carecen de una formación específica en los tribunales.
El portavoz de Justicia del sindicado CSI-CSIF, Miguel Ángel Ramos, criticó ayer que la Junta de Andalucía haya optado por nombrar a más personal interino y sólo por unos meses, en lugar de "aumentar la plantilla en todos los juzgados penales y crear nuevos órganos judiciales, que es lo que realmente se necesita".
El representante sindical también mostró su "sorpresa" ante el hecho de que todos los interinos que se están designando carecen de experiencia en Justicia. "Se están enviando personas del paro que en su vida han pisado un juzgado, puesto que la Administración no utiliza la opción legalmente prevista en la actual orden de interinos, de apertura de bolsas en las que podrían integrarse los opositores que ya tienen conocimientos tras haber superado algún examen de la oposición", aseguró Miguel Ángel Ramos.
La situación se agrava todavía más porque, según el sindicato, ni el Servicio Andaluz de Empleo ni la Consejería de Justicia está facilitando "formación previa alguna" a los interinos que comenzarán a trabajar en los juzgados, a pesar de que esta reivindicación ya ha sido planteada con anterioridad tanto a la Consejería como a la delegación provincial de Justicia. "A pesar de todo, nos consta el esfuerzo y buena voluntad que están demostrando muchos de estos interinos que proceden del Servicio Andaluz de Empleo", subraya Miguel Ángel Ramos.
Junto a la falta de experiencia, CSI-CSIF advierte que los funcionarios tendrán que trabajar en un escenario donde es "conocida" la falta de espacio, en "un edificio arcaico y en pésimas condiciones para desempeñar el trabajo", por lo que Ramos se pregunta si los funcionarios de refuerzo serán ubicados "en los pasillos" del edificio del Prado de San Sebastián ante estas carencias.
Uno de los órganos a los que se ha enviado un refuerzo de dos interinos -uno para el cuerpo de gestión procesal y otro de tramitación- es precisamente el juzgado de lo Penal número 1, donde se tramitaba la ejecución de la sentencia impuesta al pederasta. Los otros funcionarios se incorporarán a los juzgados penales números 5, 11 y 12.
El nuevo personal se incorporará inicialmente por un periodo de seis meses, con la finalidad de reducir los asuntos pendientes en estos juzgados, cuyos responsables se dirigieron precisamente a la delegación provincial de Justicia solicitando el nombramiento de estos interinos.
La llegada de estos funcionarios no está exenta de críticas, por lo que se refiere a las condiciones en las que estas personas acceden a los juzgados, donde más del 68 por ciento de la plantilla está compuesta por personal interino, no titular, y que desde hace más de un año proceden del Servicio andaluz de Empleo (SAE) y, por tanto, carecen de una formación específica en los tribunales.
El portavoz de Justicia del sindicado CSI-CSIF, Miguel Ángel Ramos, criticó ayer que la Junta de Andalucía haya optado por nombrar a más personal interino y sólo por unos meses, en lugar de "aumentar la plantilla en todos los juzgados penales y crear nuevos órganos judiciales, que es lo que realmente se necesita".
El representante sindical también mostró su "sorpresa" ante el hecho de que todos los interinos que se están designando carecen de experiencia en Justicia. "Se están enviando personas del paro que en su vida han pisado un juzgado, puesto que la Administración no utiliza la opción legalmente prevista en la actual orden de interinos, de apertura de bolsas en las que podrían integrarse los opositores que ya tienen conocimientos tras haber superado algún examen de la oposición", aseguró Miguel Ángel Ramos.
La situación se agrava todavía más porque, según el sindicato, ni el Servicio Andaluz de Empleo ni la Consejería de Justicia está facilitando "formación previa alguna" a los interinos que comenzarán a trabajar en los juzgados, a pesar de que esta reivindicación ya ha sido planteada con anterioridad tanto a la Consejería como a la delegación provincial de Justicia. "A pesar de todo, nos consta el esfuerzo y buena voluntad que están demostrando muchos de estos interinos que proceden del Servicio Andaluz de Empleo", subraya Miguel Ángel Ramos.
Junto a la falta de experiencia, CSI-CSIF advierte que los funcionarios tendrán que trabajar en un escenario donde es "conocida" la falta de espacio, en "un edificio arcaico y en pésimas condiciones para desempeñar el trabajo", por lo que Ramos se pregunta si los funcionarios de refuerzo serán ubicados "en los pasillos" del edificio del Prado de San Sebastián ante estas carencias.
La Ciudad de la Justicia iba a licitarse en breve
Un proyecto en su etapa de tramitación administrativa inicial, pero con avances muy concretos en un corto espacio de tiempo. Este es el estado en el que la ex consejera de Justicia María José López dejó el diseño de la Ciudad de la Justicia en los terrenos del Puerto de Sevilla, tras su salida del Gobierno andaluz .
Su sucesora en el cargo, Evangelina Naranjo, ha sembrado nuevas dudas al afirmar que su departamento "no descarta nada" respecto a la ubicación del futuro complejo, unas declaraciones de las que se desprende que la Consejería entiende que en el caso de que se produzca un nuevo cambio de ubicación no habrá más retrasos porque el anterior proyecto se hallaba en una fase aún embrionaria. Pero no es así.
La Consejería de Justicia estaba ultimando en estos momentos el pliego de condiciones para construir la Ciudad de la Justicia junto al Puente de las Delicias y ese documento técnico que recogía todas las necesidades y que se elabora con carácter previo al concurso y a la adjudicación de las obras iba a publicarse este mismo mes o como mucho en junio.
Los arquitectos de la propia consejería y de la empresa Eddea elaboraron el proyecto básico de la Ciudad de la Justicia, que fue presentado el 17 de diciembre pasado en el registro general de la Autoridad Portuaria de Sevilla. Ese proyecto definía un campus judicial con cinco edificios -entre ellos una torre de 15 plantas que iba a ser el icono visual de la dársena del Batán- y que se orientaba hacia el Guadalquivir, siguiendo entre otros ejemplos el modelo del Guggenheim de Bilbao.
Tan sólo tres días después, el Consejo de Administración del Puerto aprobó por unanimidad el protocolo de colaboración entre el Ministerio de Fomento, la Autoridad Portuaria y la Junta de Andalucía para estudiar la viabilidad y régimen administrativo para desarrollar el proyecto. El 28 de diciembre, la entonces consejera de Justicia y el presidente de la Autoridad Portuaria, Manuel Fernández, rubricaron el protocolo general para la construcción del campus tecnológico. Como continuación de esos trámites, estaba previsto que en el mes de enero la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, se desplazara a Sevilla para la firma de la cesión de los suelos del Puerto, pero la cercanía de las elecciones autonómicas retrasaron la rúbrica.
Unos días antes de los comicios, la Junta confirmó que el proyecto de campus judicial continuaba su tramitación y que se estaban cumpliendo los plazos previstos. Tras las elecciones, el departamento de María José López tenía incluso previsto que los miembros de la comisión de seguimiento del proyecto -integrada por jueces, fiscales y secretarios judiciales- visitaran las obras de la Ciudad de la Justicia de Barcelona y el campus tecnológico de Telefónica, que incluían algunos de los elementos que la Junta pretendía aplicar a su proyecto de campus de la Justicia.
La Consejería de Justicia había estudiado incluso la posible financiación de la obra, que costaría entre 150 y 200 millones de euros y que pretendía ejecutarse con la firma de otro contrato de concesión administrativa que incorporara no sólo la construcción del campus, sino la gestión externa de todos los servicios de las nuevas sedes judiciales.
El traslado de todos los órganos judiciales al suelo del Puerto generó nuevas expectativas empresariales y la empresa Galia Grupo Inmobiliario fue la primera en apuntarse a la iniciativa, al anunciar la construcción de un edificio de oficinas de 21 plantas de alturas junto a los terrenos donde estaba previsto ubicar el complejo judicial. El emplazamiento de la Ciudad de la Justicia propiciaría además el traslado de numerosos bufetes al entorno de las nuevas sedes y ampliaba las posibilidades de negocio inmobiliario.
Todos esos trámites se habían avanzado desde agosto pasado, cuando la Junta anunció el cambio de ubicación de la ciudad judicial y su emplazamiento definitivo en el Puerto. La nueva consejera ha dejado ahora abiertas todas las posibilidades, lo que supone un nuevo parón al proyecto.
Su sucesora en el cargo, Evangelina Naranjo, ha sembrado nuevas dudas al afirmar que su departamento "no descarta nada" respecto a la ubicación del futuro complejo, unas declaraciones de las que se desprende que la Consejería entiende que en el caso de que se produzca un nuevo cambio de ubicación no habrá más retrasos porque el anterior proyecto se hallaba en una fase aún embrionaria. Pero no es así.
La Consejería de Justicia estaba ultimando en estos momentos el pliego de condiciones para construir la Ciudad de la Justicia junto al Puente de las Delicias y ese documento técnico que recogía todas las necesidades y que se elabora con carácter previo al concurso y a la adjudicación de las obras iba a publicarse este mismo mes o como mucho en junio.
Los arquitectos de la propia consejería y de la empresa Eddea elaboraron el proyecto básico de la Ciudad de la Justicia, que fue presentado el 17 de diciembre pasado en el registro general de la Autoridad Portuaria de Sevilla. Ese proyecto definía un campus judicial con cinco edificios -entre ellos una torre de 15 plantas que iba a ser el icono visual de la dársena del Batán- y que se orientaba hacia el Guadalquivir, siguiendo entre otros ejemplos el modelo del Guggenheim de Bilbao.
Tan sólo tres días después, el Consejo de Administración del Puerto aprobó por unanimidad el protocolo de colaboración entre el Ministerio de Fomento, la Autoridad Portuaria y la Junta de Andalucía para estudiar la viabilidad y régimen administrativo para desarrollar el proyecto. El 28 de diciembre, la entonces consejera de Justicia y el presidente de la Autoridad Portuaria, Manuel Fernández, rubricaron el protocolo general para la construcción del campus tecnológico. Como continuación de esos trámites, estaba previsto que en el mes de enero la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, se desplazara a Sevilla para la firma de la cesión de los suelos del Puerto, pero la cercanía de las elecciones autonómicas retrasaron la rúbrica.
Unos días antes de los comicios, la Junta confirmó que el proyecto de campus judicial continuaba su tramitación y que se estaban cumpliendo los plazos previstos. Tras las elecciones, el departamento de María José López tenía incluso previsto que los miembros de la comisión de seguimiento del proyecto -integrada por jueces, fiscales y secretarios judiciales- visitaran las obras de la Ciudad de la Justicia de Barcelona y el campus tecnológico de Telefónica, que incluían algunos de los elementos que la Junta pretendía aplicar a su proyecto de campus de la Justicia.
La Consejería de Justicia había estudiado incluso la posible financiación de la obra, que costaría entre 150 y 200 millones de euros y que pretendía ejecutarse con la firma de otro contrato de concesión administrativa que incorporara no sólo la construcción del campus, sino la gestión externa de todos los servicios de las nuevas sedes judiciales.
El traslado de todos los órganos judiciales al suelo del Puerto generó nuevas expectativas empresariales y la empresa Galia Grupo Inmobiliario fue la primera en apuntarse a la iniciativa, al anunciar la construcción de un edificio de oficinas de 21 plantas de alturas junto a los terrenos donde estaba previsto ubicar el complejo judicial. El emplazamiento de la Ciudad de la Justicia propiciaría además el traslado de numerosos bufetes al entorno de las nuevas sedes y ampliaba las posibilidades de negocio inmobiliario.
Todos esos trámites se habían avanzado desde agosto pasado, cuando la Junta anunció el cambio de ubicación de la ciudad judicial y su emplazamiento definitivo en el Puerto. La nueva consejera ha dejado ahora abiertas todas las posibilidades, lo que supone un nuevo parón al proyecto.
La Junta se replantea, otra vez, la ubicación de la Ciudad de la Justicia
Borrón y cuenta nueva. Ni Ciudad de la Justicia en el muelle del Batán ni en la antigua parcela de Los Gordales de Los Remedios. La nueva consejera de Justicia y Administración Pública, Evangelina Naranjo, arrojó ayer más incertidumbre sobre el complejo que debe reunir en un mismo escenario a todos los órganos judiciales dispersos en la capital hispalense.
La titular de Justicia, que ayer visitó las instalaciones de la Audiencia de Sevilla y conversó con las autoridades judiciales, afirmó que su departamento "no descarta nada" sobre la ubicación del campus tecnológico de la Justicia, una expresión acuñada por María José López, su antecesora en el cargo y artífice del cambio de emplazamiento ante la imposibilidad de disponer a corto plazo del suelo en Los Remedios.
La consejera explicó que buscará el "consenso y diálogo" de todos los operadores jurídicos en el proyecto de Ciudad de la Justicia, incluido el de los abogados de Sevilla, que desde que se anunció el traslado al muelle del Batán se han opuesto con vehemencia y que hasta ahora habían sido considerados por la Junta como los "únicos disidentes" a llevar el complejo judicial junto al puente de las Delicias. Evangelina Naranjo dijo ayer que va a conversar "con todo el mundo", al igual que, según recordó, ya hizo cuando dirigía la Consejería de Gobernación y recabó la opinión de los Bomberos en lo referente a la construcción de los parques.
Pero la necesidad de buscar consenso para el proyecto tampoco es nueva y había sido superada, al menos aparentemente, cuando el Gobierno andaluz decidió apostar por los terrenos del Puerto de Sevilla. La Consejería de Justicia ya creó, en septiembre pasado, una comisión con los jueces, fiscales y secretarios judiciales para diseñar el pliego de condiciones de un proyecto básico que fue encargado a los arquitectos de la propia consejería y de la empresa Eddea. Además, el consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Sevilla aprobó, en diciembre pasado, el inicio de los trámites para la cesión de los suelos del Puerto, mediante una concesión administrativa por el que la Junta pagaría unos 200.000 euros anuales.
La Junta había estudiado incluso la financiación del coste de la obra -entre 150 y 200 millones- a través de la firma de otro contrato de concesión administrativa que incluyera la construcción del campus judicial y la gestión externa de todos los servicios de las nuevas sede judicial, desde la limpieza a la informática. El contrato tendría una validez de entre 35 y 50 años y la Junta pagaría un canon fijo anual de unos tres millones de euros, una cifra muy inferior al importe que ahora se destina al pago de los alquileres de las distintas sedes judiciales. Todo parecían ventajas en un proyecto que hasta ayer venía siendo avalado con vehemencia por la Junta y sobre el que ahora surgen dudas.
Evangelina Naranjo aseguró que el "gran esfuerzo" de la Consejería de Justicia se volcará en la creación del complejo judicial, porque los edificios del Prado de San Sebastián y la Audiencia Provincial "no dan más de sí".
La titular andaluza de Justicia eludió hablar de plazos -la Junta había prometido que el campus sería una realidad en 2010 y que los movimientos de tierras comenzarían esta primavera- y, al ser preguntada sobre este extremo, se limitó a decir que "la prisa mata" y a subrayar que hay que aprender de otras ciudades de la Justicia. "No descarto nada, voy a dialogarlo con todo el mundo", reiteró Evangelina Naranjo antes de iniciar con el presidente de la Audiencia, Damián Álvarez, el representante del Poder Judicial en Andalucía Occidental, Antonio Reinoso, y la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, un recorrido por las distintas sedes judiciales para conocer "in situ cómo trabaja el personal de la Administración de Justicia".
La consejera aseveró, por último, que mientras se define el proyecto de Ciudad de la Justicia se realizarán las "reformas más urgentes y necesarias" de las dependencias judiciales.
La titular de Justicia, que ayer visitó las instalaciones de la Audiencia de Sevilla y conversó con las autoridades judiciales, afirmó que su departamento "no descarta nada" sobre la ubicación del campus tecnológico de la Justicia, una expresión acuñada por María José López, su antecesora en el cargo y artífice del cambio de emplazamiento ante la imposibilidad de disponer a corto plazo del suelo en Los Remedios.
La consejera explicó que buscará el "consenso y diálogo" de todos los operadores jurídicos en el proyecto de Ciudad de la Justicia, incluido el de los abogados de Sevilla, que desde que se anunció el traslado al muelle del Batán se han opuesto con vehemencia y que hasta ahora habían sido considerados por la Junta como los "únicos disidentes" a llevar el complejo judicial junto al puente de las Delicias. Evangelina Naranjo dijo ayer que va a conversar "con todo el mundo", al igual que, según recordó, ya hizo cuando dirigía la Consejería de Gobernación y recabó la opinión de los Bomberos en lo referente a la construcción de los parques.
Pero la necesidad de buscar consenso para el proyecto tampoco es nueva y había sido superada, al menos aparentemente, cuando el Gobierno andaluz decidió apostar por los terrenos del Puerto de Sevilla. La Consejería de Justicia ya creó, en septiembre pasado, una comisión con los jueces, fiscales y secretarios judiciales para diseñar el pliego de condiciones de un proyecto básico que fue encargado a los arquitectos de la propia consejería y de la empresa Eddea. Además, el consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Sevilla aprobó, en diciembre pasado, el inicio de los trámites para la cesión de los suelos del Puerto, mediante una concesión administrativa por el que la Junta pagaría unos 200.000 euros anuales.
La Junta había estudiado incluso la financiación del coste de la obra -entre 150 y 200 millones- a través de la firma de otro contrato de concesión administrativa que incluyera la construcción del campus judicial y la gestión externa de todos los servicios de las nuevas sede judicial, desde la limpieza a la informática. El contrato tendría una validez de entre 35 y 50 años y la Junta pagaría un canon fijo anual de unos tres millones de euros, una cifra muy inferior al importe que ahora se destina al pago de los alquileres de las distintas sedes judiciales. Todo parecían ventajas en un proyecto que hasta ayer venía siendo avalado con vehemencia por la Junta y sobre el que ahora surgen dudas.
Evangelina Naranjo aseguró que el "gran esfuerzo" de la Consejería de Justicia se volcará en la creación del complejo judicial, porque los edificios del Prado de San Sebastián y la Audiencia Provincial "no dan más de sí".
La titular andaluza de Justicia eludió hablar de plazos -la Junta había prometido que el campus sería una realidad en 2010 y que los movimientos de tierras comenzarían esta primavera- y, al ser preguntada sobre este extremo, se limitó a decir que "la prisa mata" y a subrayar que hay que aprender de otras ciudades de la Justicia. "No descarto nada, voy a dialogarlo con todo el mundo", reiteró Evangelina Naranjo antes de iniciar con el presidente de la Audiencia, Damián Álvarez, el representante del Poder Judicial en Andalucía Occidental, Antonio Reinoso, y la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, un recorrido por las distintas sedes judiciales para conocer "in situ cómo trabaja el personal de la Administración de Justicia".
La consejera aseveró, por último, que mientras se define el proyecto de Ciudad de la Justicia se realizarán las "reformas más urgentes y necesarias" de las dependencias judiciales.
07 mayo 2008
Colegio de Procuradores: Inicio de la actividad del depósito de bienes
Con fecha 23 de abril de 2008, se ha procedido a firmar con la
Empresa Gil Stauffer el convenio para la puesta en marcha de forma operativa, el servicio de deposito de bienes muebles embargados y la prestación de servicios que se desprenden de esta actividad, sea como consecuencia de procedimientos judiciales, sea como consecuencia de procedimientos de apremio iniciado por cualquiera de la Administraciones Públicas, sea por encargo de instituciones o personas físicas o jurídica, publicas o privadas. El servicio comprenderá el TRANSPORTE, GUARDA, CUSTODIA, CONSERVACION, EXHIBICIÓN y ENTREGA de todos aquellos bienes
que sean objeto del Servicio de Deposito que se solicite en la HOJA DE
ENCARGO correspondiente y en base a las TARIFAS que se han
aprobado para todo este año 2008.
Colaboración entre la asociación de la prensa y el colegio de abogados
La presidenta de la Asociación de la Prensa de Sevilla Nani Carvajal y el decano del Colegio de Abogados José Joaquín Gallardo han acordando iniciar relaciones de colaboración entre ambas instituciones sevillanas. En ese sentido, el Colegio colaborará con la APS para que los periodistas puedan contar con un Servicio de Asistencia Jurídica propio, difundiendo entre los abogados esa iniciativa de la Asociación. La colaboración se extenderá también a la organización conjunta de diversas actividades que puedan resultar de interés común para periodistas y abogados.
02 mayo 2008
El TSJA expulsa la "ideología de género" de la enseñanza de Educación para la Ciudadanía
Después de reconocer el derecho de unos padres a la objeción de conciencia respecto a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dio ayer un paso más al anular las expresiones relacionadas con la ideología de género que aparecen en las órdenes andaluzas que regulan la materia y que, según los magistrados, rebasan la "neutralidad ideológica" de los poderes públicos que exige la Constitución. La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo considera que tanto las normas andaluzas como los decretos estatales que regulan la enseñanza vulneran el derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa, el pluralismo político y el derecho de los padres a elegir la formación moral y religiosa de sus hijos, por lo que al afectar a una norma de rango estatal sobre la que el tribunal no tiene competencia, los jueces elevarán una cuestión de ilegalidad al Tribunal Supremo. Los tres magistrados que apoyan el fallo sostienen que los decretos estatales en los que se basan las órdenes de la Consejería de Educación rebasan el principio de neutralidad ideológica porque "la regulación que ofrecen revela a las claras que se está más allá de transmitir los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político recogidos en la Constitución, sobrepasando lo que es una enseñanza teórica y práctica de los principios democráticos de convivencia".La resolución asegura que la regulación de la asignatura muestra la "elaboración de un tratado o corpus de lo que es el individuo y de lo que debe ser, una construcción ideológica de la persona más o menos acabada pero sí global o integral" y añade que va "dirigida explícitamente a la formación moral de los alumnos, lo cual violenta la libertad ideológica y religiosa y el mismo principio del pluralismo político constituido como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico".Por el contrario, los jueces no ven indicios de inconstitucionalidad o ilegalidad en otras expresiones como "células madre" porque, "sin saberse si son adultas o embrionarias, no deja de ser una expresión de manifiesta inocuidad moral o ideológica". La sentencia, que estima parcialmente el recurso presentado por cinco padres sevillanos cuenta con el voto particular de los magistrados Rafael Sánchez Jiménez y Eloy Méndez Martínez, quienes concluyen que no puede afirmarse que la asignatura "pretenda imponer a los alumnos una conciencia ética o determinada al margen, o prescindiendo de la opción ejercida por los padres en orden a la formación moral o religiosa de sus hijos". Estos jueces señalan que la interpretación del contenido, objetivos y criterios de evaluación de la asignatura es "plenamente compatible con la Constitución, sin que, en modo alguno, se aprecie un afán de adoctrinamiento".
Un magistrado de la Audiencia, juzgado en Cádiz por quebrantar una orden de alejamiento
El Juzgado de lo Penal número 3 de Cádiz ha dejado visto para sentencia el juicio rápido celebrado contra el magistrado de la Audiencia Provincial de Sevilla J. C. R. L., que está acusado de quebrantar una orden de alejamiento en el domicilio de su esposa, ubicado en el término municipal de El Puerto.
Según adelantó Canal Sur, el Ministerio Fiscal pidió una pena de ocho meses de cárcel para el magistrado de la Audiencia hispalense, quien años atrás desempeñó su labor profesional en juzgados de lo Penal de Cádiz, Jerez y Algeciras.
El acusado fue denunciado hace poco más de un mes por su esposa e hijos de sendos delitos de lesiones y coacciones. Esta denuncia está siendo investigada actualmente en el juzgado de Instrucción número 4 de El Puerto, cuyo titular adoptó como medida provisional una orden de alejamiento del imputado, que le impedía acercarse al domicilio familiar.
Al parecer, y pese a la existencia de esta orden judicial, el juez accedió posteriormente a esta casa de El Puerto para recoger utensilios personales, una acción que la defensa del magistrado J. C. R. L. asegura que se hizo con el consentimiento previo de la esposa, que incluso fue la que le abrió la puerta.
La denunciante, sin embargo, desmintió esta afirmación en el juicio rápido celebrado en Cádiz, al asegurar que el magistrado accedió al domicilio familiar sin consentimiento previo y quebrantando de este modo la orden judicial de alejamiento.
Tras las correspondientes declaraciones del imputado y de los testigos practicadas durante la vista celebrada ayer, el representante del Ministerio Público mantuvo su petición de ocho meses de cárcel para el acusado, mientras que su defensa solicitó la libre absolución de los cargos.
Según adelantó Canal Sur, el Ministerio Fiscal pidió una pena de ocho meses de cárcel para el magistrado de la Audiencia hispalense, quien años atrás desempeñó su labor profesional en juzgados de lo Penal de Cádiz, Jerez y Algeciras.
El acusado fue denunciado hace poco más de un mes por su esposa e hijos de sendos delitos de lesiones y coacciones. Esta denuncia está siendo investigada actualmente en el juzgado de Instrucción número 4 de El Puerto, cuyo titular adoptó como medida provisional una orden de alejamiento del imputado, que le impedía acercarse al domicilio familiar.
Al parecer, y pese a la existencia de esta orden judicial, el juez accedió posteriormente a esta casa de El Puerto para recoger utensilios personales, una acción que la defensa del magistrado J. C. R. L. asegura que se hizo con el consentimiento previo de la esposa, que incluso fue la que le abrió la puerta.
La denunciante, sin embargo, desmintió esta afirmación en el juicio rápido celebrado en Cádiz, al asegurar que el magistrado accedió al domicilio familiar sin consentimiento previo y quebrantando de este modo la orden judicial de alejamiento.
Tras las correspondientes declaraciones del imputado y de los testigos practicadas durante la vista celebrada ayer, el representante del Ministerio Público mantuvo su petición de ocho meses de cárcel para el acusado, mientras que su defensa solicitó la libre absolución de los cargos.
La Junta ficha al juez Pedro Izquierdo para modernizar la Justicia
El Consejo de Gobierno andaluz ha nombrado como secretario general de Modernización de la Justicia a Pedro Izquierdo Martín, un magistrado de 49 años. Izquierdo, que en la actualidad es magistrado de lo penal de la Sección Primera de la Audiencia, no está afiliado a ninguna de las asociaciones judiciales y ha participado activamente en los Programas de Atención Social en Juzgados y Audiencias. Nacido en julio de 1959 en La Cabeza de Béjar (Salamanca), se licenció en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid en 1983 y ocupó su primer destino en el juzgado de distrito de Barbate (Cádiz).Posteriormente, fue juez de instrucción y primera instancia de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), luego juez de instrucción 29 de Madrid y a continuación fue titular del juzgado de lo Penal 3 de Madrid.En 1992 se desplazó a Sevilla,Izquierdo fue uno de los candidatos a presidente de la Audiencia de donde en 1992 ocupó el juzgado de lo Penal 7 y ,a partir de 1998, se incorporó como magistrado a la Sección Primera.
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