La Fiscalía de Sevilla está investigando las denuncias presentadas por los vecinos de la barriada de Los Bermejales contra Concepción Castilla, con la intención de analizar si es posible elevar a delito las reiteradas faltas de acoso y amenazas que se atribuyen a la conflictiva residente, que acumula ya más de 600 denuncias.
Fuentes del Ministerio Público confirmaron que la Fiscalía, tras recibir una queja del defensor del Pueblo presentada por los vecinos de la mujer, está investigando todos los procedimientos que siguen abiertos y en los que está implicada Concepción Castilla, como denunciada o denunciante, dado que la mayoría de las más de 600 causas ya están cerradas, tras haberse celebrado un juicio de faltas. La finalidad de esta investigación consiste en determinar si, ante la comisión de reiteradas faltas, los hechos que se imputan a la vecina pueden constituir un delito, lo que abriría la posibilidad de solicitar una medida cautelar como por ejemplo una orden de alejamiento, que obligaría a la vecina a abandonar el bloque.
La intervención de la Fiscalía, que analiza desde hace varias semanas la queja del Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, se produce después de que los vecinos hayan denunciado el enésimo incidente con la familia de Concepción Castilla. En este caso, un portavoz de los vecinos aseguró que el pasado sábado un yerno de la mujer efectuó hasta cinco disparos contra un residente de la zona, que acababa de regresar de la Comisaría de Policía de denunciar un nuevo enfrentamiento.
La tensión que existe en el bloque de viviendas sociales del número 19 de la avenida de Grecia es cada día más fuerte, sobre todo a raíz de que los vecinos que se sienten acosados por Concepción Castilla hayan iniciado una campaña de movilizaciones y de entrevistas con representantes de los poderes políticos y judiciales de Sevilla.
Tras el incidente del sábado, algunos de los vecinos afectados ya han avisado de que no dudarán en tomarse la justicia por su mano en caso de que sea necesario, ya que consideran que han hecho todo lo posible por evitar la violencia después de interponer más de 600 denuncias desde el año 1999 hasta hoy y llevar el caso a distintas instancias. El presidente de la oficina del Defensor del Ciudadano, Francisco Romo, explicó ayer que su equipo se ha solidarizado con los afectados y han trasladado el asunto a los órganos competentes, ya que el Ayuntamiento no tiene competencias en el caso.
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