La titular del juzgado de Instrucción número 15 de Sevilla, Silvia Soto, ha impuesto una fianza de 70.000 euros a los tres procesados por el escándalo de las facturas falsas destapado en el distrito Macarena. Así lo ha acordado la magistrada en la resolución que decretó la apertura de juicio oral contra el ex director del área de Salud José Marín, el contratista José Pardo García, y el colaborador del distrito Macarena Manuel Portela, a los que se atribuyen delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental.
El auto requiere a los tres procesados tras la exculpación del ex concejal José Antonio García para que presten la fianza establecida en el plazo de 24 horas, aunque el dinero no ha sido consignado porque aún no se ha cerrado el período de notificación de la resolución. El objetivo de esta fianza, según explica la magistrada, es asegurar las posibles responsabilidad pecuniarias que se deriven de las presuntas irregularidades detectadas en 28 obras menores adjudicadas por el distrito a la empresa Contratas y Obras de Sevilla. De la cuantía de la fianza deben responder los tres imputados de forma solidaria y en el caso de que no la presten, la juez ha ordenado que se proceda al "embargo de sus bienes", una medida que resulta habitual.
La resolución considera que hay indicios de la participación de los tres imputados en los hechos denunciados, fundamentalmente por las pruebas periciales practicadas y los documentos aportados, así como las declaraciones de los testigos y de los propios acusados. La juez apunta que de las 28 obras menores urgentes pagadas por el Ayuntamiento al contratista José Pardo, en más de la mitad hay irregularidades. Junto a las dos que se pagaron y no se hicieron en relación con la demolición de unos módulos de la capilla de San Diego, la instructora de la causa estima que hay otras cuatro obras que tampoco fueron ejecutadas y, sin embargo, se pagaron, mientras que otras tres facturas habían sido duplicadas y en seis más la obra sólo llegó a realizarse de forma parcial.
En cuanto a la participación de cada uno de los imputados, el auto señala que a partir de diciembre de 2002, el contratista José Pardo "ideó valerse por su cuenta y riesgo del nombre de la empresa a fin de obtener adjudicaciones de obras menores de carácter urgente, y obtener una ganancia a título individual". El ex secretario del distrito José Marín y el colaborador Manuel Portela eran los "encargados de comprobar in situ que la obra se había realizado".
Sobre la forma en la que el contratista logró la adjudicación de las obras, la juez apunta que José Pardo, ex socio de Juan Guerra, "prevaliéndose del conocimiento personal que había adquirido respecto de José Marín y Manuel Portela, que detentaban cierto poder de decisión dentro del distrito Macarena, consiguió que le llamaran para realizar presupuestos en relación al importe de las obras menores".
El auto requiere a los tres procesados tras la exculpación del ex concejal José Antonio García para que presten la fianza establecida en el plazo de 24 horas, aunque el dinero no ha sido consignado porque aún no se ha cerrado el período de notificación de la resolución. El objetivo de esta fianza, según explica la magistrada, es asegurar las posibles responsabilidad pecuniarias que se deriven de las presuntas irregularidades detectadas en 28 obras menores adjudicadas por el distrito a la empresa Contratas y Obras de Sevilla. De la cuantía de la fianza deben responder los tres imputados de forma solidaria y en el caso de que no la presten, la juez ha ordenado que se proceda al "embargo de sus bienes", una medida que resulta habitual.
La resolución considera que hay indicios de la participación de los tres imputados en los hechos denunciados, fundamentalmente por las pruebas periciales practicadas y los documentos aportados, así como las declaraciones de los testigos y de los propios acusados. La juez apunta que de las 28 obras menores urgentes pagadas por el Ayuntamiento al contratista José Pardo, en más de la mitad hay irregularidades. Junto a las dos que se pagaron y no se hicieron en relación con la demolición de unos módulos de la capilla de San Diego, la instructora de la causa estima que hay otras cuatro obras que tampoco fueron ejecutadas y, sin embargo, se pagaron, mientras que otras tres facturas habían sido duplicadas y en seis más la obra sólo llegó a realizarse de forma parcial.
En cuanto a la participación de cada uno de los imputados, el auto señala que a partir de diciembre de 2002, el contratista José Pardo "ideó valerse por su cuenta y riesgo del nombre de la empresa a fin de obtener adjudicaciones de obras menores de carácter urgente, y obtener una ganancia a título individual". El ex secretario del distrito José Marín y el colaborador Manuel Portela eran los "encargados de comprobar in situ que la obra se había realizado".
Sobre la forma en la que el contratista logró la adjudicación de las obras, la juez apunta que José Pardo, ex socio de Juan Guerra, "prevaliéndose del conocimiento personal que había adquirido respecto de José Marín y Manuel Portela, que detentaban cierto poder de decisión dentro del distrito Macarena, consiguió que le llamaran para realizar presupuestos en relación al importe de las obras menores".
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