El concejal en huelga de hambre dice que "no es De Juana Chaos" y el alcalde de Camas critica el auto del juez que confirma los indicios de cohecho

El concejal de Camas Antonio Enrique Fraile, encerrado en la Diputación desde ayer en huelga de hambre, ha afirmado que "no es De Juana Chaos, ni un terrorista asesino, pero no va a tomar nada, sólo agua". El edil añade que está tranquilo "porque no ha hecho nada", mientras que el alcalde de Camas, Agustín Pavón, también imputado por cohecho, carga las tintas contra el juez instructor, al asegurar que su último auto, en el que recoge los indicios criminales del presunto soborno, "carece de credibilidad". A continuación, adjuntamos el comunicado remitido por Agustín Pavón, quien ya intentó recusar sin éxito al magistrado que instruye la causa, acusándole de imparcial. El comunicado es el siguiente:
"Tras la publicación del último auto presentado por el juez titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Sevilla, Carlos Mahón, Agustín Pavón, Alcalde de Camas, acaba de realizar las siguientes manifestaciones para matizar algunos de los aspectos publicados en dicha resolución:
1º. “El auto publicado por el juez Carlos Mahón carece de total credibilidad al basarse exclusivamente en las manifestaciones vertidas por parte de Francisco Javier Gordo en las diferentes comparecencias judiciales. Ninguno de los hechos expuestos en este auto se basa en pruebas determinantes, siempre en indicios y suposiciones vertidas por Francisco Javier Gordo quién, como se ha explicado en reiteradas ocasiones, tiene una enemistad manifiesta contra Agustín Pavón y el resto de los imputados”.
2º. “Por otro lado, la excesiva precipitación que ha mostrado Carlos Mahón en finalizar la instrucción le ha llevado a cometer errores garrafales en algunas de las afirmaciones contenidas en el auto. Ejemplo de estas faltas las encontramos cuando se refiere a la conformación desde un principio del Gobierno Municipal de Camas en base a un tripartito, cuando inicialmente los únicos que componían el Equipo de Gobierno eran los concejales de IU y PP.
De igual forma, el juez desconoce incluso el número de concejales que forman la Corporación de Camas, ya que alude a los 20 miembros que componen el Pleno, cuando en realidad este órgano lo forman 21 personas”.
3º. “Para finalizar, espero que la Audiencia Provincial tenga en cuenta criterios más objetivos a la hora de elaborar su correspondiente auto y que no se base en exclusiva, como ha hecho Carlos Mahón, en las declaraciones inverosímiles, contradictorias e infundadas de Francisco Javier Gordo”.
Por otro lado, con respecto al encierro en Diputación y la huelga de hambre iniciada ayer por el concejal de Camas Antonio Enrique Fraile, Agustín Pavón ha manifestado que “desde el Equipo de Gobierno de Camas se ha mostrado absoluto respeto y apoyo a esta iniciativa de Antonio Enrique quien, al igual que otros compañeros de este Equipo, es víctima de una campaña de acoso y derribo con intereses exclusivamente políticos”.
A juicio del Alcalde de Camas, la expectación y repercusión mediática que está creando este caso, inexistente en otros casos de imputación de la provincia de Sevilla, tiene un solo y claro objetivo: dinamitar la presunción de inocencia e interferir directamente en los criterios del Jurado popular que, en caso de que el procedimiento siga su curso, tendrá que juzgar a los imputados.
Por último, el primer edil de la localidad, ha destacado la falta de firmeza y contundencia que el PSOE está mostrando con otras provincias gobernadas por su partido, como por ejemplo con Justo Padilla, Alcalde de Guillena, imputado y candidato a las próximas elecciones municipales, ya que nos demuestra (una vez más) que los presuntos casos de corrupción sólo saltan a palestra dependiendo del color político de los cargos públicos implicados.

Desde Justicia Sevillana sólo hacer un apunte: ¿En qué influye que el Ayuntamiento tenga 20 o 21 concejales a la hora de investigar el presunto cohecho? Olvida el alcalde aspectos interesantes del auto: según el juez Pavón no sólo conocía que Carmen Lobo iba a recibir dinero sino que los propios implicados iban a lucrarse con las operaciones urbanísticas que debían ser aprobadas en el Pleno municipal con el voto de esta ex concejal.

La multa a Tussam por dilatar la sentencia de la grúa municipal

El TSJA ha condenado a la empresa pública Tussam a pagar una multa de 600 euros por "dilatar" con un nuevo recurso la sentencia de la Sala de lo Social que consideró ilegal la cesión a Aussa del servicio de retirada de vehículos de la vía pública. Tussam presentó una aclaración a la sentencia, que ha sido rechazada por el tribunal, en un auto en el que los magistrados abundan en los argumentos que ya expusieron cuando concluyeron en la ilicitud de la cesión del servicio de la grúa realizada por Tussam a Aussa. Todo se había planteado en el marco de la reclamación de una deuda por parte de un empleado de Aussa, que pidió que también se considerara responsable a Tussam: el tribunal condenó a la empresa a pagar algo más de 400 euros por dicha deuda y ahora la multa supera este importe. Y además, Tussam ha anunciado que recurrirá en casación ante el Tribunal Supremo. Veremos qué ocurre. Lo que sí está claro es que, de momento, el servicio de la grúa se presta de modo ilegal, lo que abre las puertas a posibles recursos de ciudadanos a los que el Ayuntamiento esté retirando sus vehículos. Tiene que ser ilegal la actuación de un servicio que, según la Justicia, fue transferido de forma ilícita. ¿No creen? Seguro que la cuestión llegará a los tribunales... de nuevo.

El encierro del imputado Fraile

El concejal de Camas Antonio Enrique Fraile, imputado por el caso del soborno a la ex edil Carmen Lobo, inició ayer un encierro y una huelga de hambre en la Diputación de Sevilla en señal de protesta por el "linchamiento" mediático que, según considera, la prensa está teniendo con él. El edil adoptó esta postura después de la publicación del contenido del último auto dictado por el instructor en el que se ponen de manifiesto los indicios de su implicación en el soborno: el juez consideró a Fraile como uno de los principales protagonistas del cohecho, que asistió a todas las reuniones, y apuntó que todos los implicados, no sólo la edil que debía votar a favor en varios plenos municipales, iban a lucrarse con las operaciones urbanísticas. Fraile culpa a la prensa del contenido de las resoluciones judiciales, ¿qué pasará cuando concluya el proceso y se dicte sentencia, probablemente condenatoria?

La Fiscalía pide el archivo de la querella de los taxistas contra el alcalde por el Metrocentro

La Fiscalía de Sevilla ha pedido al juzgado de Instrucción número 20 que archive la querella que los taxistas presentaron contra el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, al que atribuían un delito de administración desleal por haber cargado a la empresa pública Tussam, en situación de quiebra técnica, con las obras del Metrocentro. La asociación Solidaridad del Taxi, que presentó la querella, entendía que el alcalde sólo quería "hacerse la foto" e inaugurar el tranvía antes de las elecciones municipales de mayo. Después de analizar la documentación, la Fiscalía ha llegado a la conclusión de que no puede imputarse ningún delito al alcalde, por cuanto el Metrocentro es una actividad que queda englobada dentro del objeto social de la empresa pública de Transportes Urbanos. La juez debe decidir ahora si archiva la denuncia (lo más probable), como solicita el Ministerio Público, o cita a declarar al alcalde como imputado (descartado), como reclaman los taxistas.

El Lute será juzgado en marzo por violencia de género

Eleuterio Sánchez Rodríguez, El lute, será juzgado el próximo 21 de marzo en el juzgado de lo Penal número 3 de Sevilla por haber agredido supuestamente a su mujer, hechos por los que se enfrenta a una petición del fiscal de 20 meses de cárcel. Los hechos se remontan al 16 de febrero del pasado año, cuando El lute, según la Fiscalía, golpeó varias veces con la mano a su esposa, sin llegar a causarle lesión alguna. Varios días después, el 28 de febrero, sabiendo que su esposa se encontraba en Punta Umbría (Huelva), "tras localizarla y verla acompañada por un amigo, se acercó y le dijo que entrara en el coche que tenía aparcado en las inmediaciones". Cuando la mujer se negó a subir al vehículo, el acusado le dijo "estás condenada a muerte", recoge el escrito de acusación del fiscal. La historia de El Lute se inicia a sus 20 años, cuando robó un par de gallinas, por lo que estuvo seis meses en prisión. Tres años después participó en el atraco contra una joyería, en el curso del cual murió el vigilante. Condenado a muerte por un consejo de guerra, la pena le fue conmutada por 30 años de cárcel. Protagonizó dos fugas espectaculares en 1966 y 1971. La acumulación de sus 97 causas suponía una pena de más de un millar de años. En 1981 se le concedió un indulto general a todos los efectos.

El juez confirma la validez de las escuchas del caso Camas

El titular del juzgado de Instrucción número de Sevilla ha rechazado la petición de nulidad de las escuchas telefónicas practicadas por la Policía en la investigación del caso Camas, por el intento de soborno a la ex edil Carmen Lobo. El juez Carlos Mahón ha dictado igualmente otra resolución en la que confirma el procesamiento del alcalde de la localidad, Agustín Pavón, y de los otros cuatro imputados en el proceso, los concejales Antonio Enrique Fraile, José del Castillo y Aureliano Lucas, y el supuesto intermediario Eusebio Gaviño, que fue sorprendido cuando entregaba un sobre con 12.000 euros.

Las imágenes del seismo en los juzgados de Sevilla

Hubo de todo. Nervios, miedo, mareos, etc. El seismo llegó a los juzgados de Sevilla y provocó su desalojo. Cuentan algunos testigos que no habían pasado tanto miedo desde las famosas carreritas de La Madrugá desde el 2000. Lo primero que pensaron muchas personas fue que la tuneladora del Metro, ahora bajo el Prado de San Sebastián era la causante de tal movimiento, que provocó el zarandeo de sillas, mesas, y la caída de algunas banderas del despacho de una juez. No todo fue negativo, algunos lograron que se suspendiera su juicio y lo agradecieron públicamente: Un hombre alzó ayer los brazos en medio de la multitud que se hallaba congregada en los juzgados para dar gracias a Dios y exclamar: "Tengo un juicio por alcohol y no tienen razón. Te quiero, padre".

El club Pineda, demandado por discriminar a una pareja de hecho

Juan José Medina López de Haro, socio del Club Pineda, presenta hoy una demanda contra la entidad por presunta discriminación, al no permitir inscribir como socia-cónyuge a su compañera sentimental, con la que ha formado una pareja de hecho, pero sin vínculo matrimonial. Se adjunta uno de los escritos presentados por el abogado del demandante, Fernando Osuna, ante el club.....

"AL CLUB PINEDA DE SEVILLA
D JUAN JOSÉ MEDINA LÓPEZ DE HARO,
DICE:
Que por este escrito interesa el ingreso con esta fecha, en esta entidad, de Dª M., mayor de edad, soltera, con el mismo domicilio, con la equiparación de la situación de cónyuge de socio, disfrutando de todos los efectos , basándose para ello en las siguientes
ALEGACIONES:
PRIMERA.- El firmante de este escrito es socio desde hace varios años, encontrándose en plena vigencia todos sus derechos. No habiendo tenido sanción alguna ni restricción en lo que es el uso de las instalaciones y demás beneficios que el club proporciona.
SEGUNDA.- Dª M. es de estado civil soltera , siendo sus datos de identificación los que ya figuran con anterioridad. Ambos llevan conviviendo maritalmente en la ciudad de TARIFA (Cádiz), como si estuviesen casados, haciendo vida conyugal y habitando en la misma vivienda u hogar, repartiéndose las tareas domésticas y realizando las disposiciones patrimoniales necesarias para el sostenimiento de dicha convivencia, desde el año 2001 ininterrumpidamente.
TERCERA.- Por motivos personales, entre los que se encuentran el concepto de la convivencia, y por razones de la esfera íntima y privada, no se produjo el matrimonio entre ellos, ni se va a llevar a cabo por ahora. Ello supone que su situación en la sociedad es lo que se denomina una pareja de hecho, unión paramatrimonial o convivencia “more uxorio”. Como se sabe nuestro ordenamiento jurídico entiende por pareja de hecho la unión estable de convivencia entre un hombre y una mujer no unidos por matrimonio, dado que:
- se trate de una unión entre un hombre y una mujer,
- relación pública y notoria, esto es, que se comporten frente a terceros como si de un matrimonio se tratase.
- que no estén unidas por matrimonio.
- que lleven una vida estable y sea duradera.
- la existencia de unos intereses comunes en el desarrollo de una vida familiar.
Si bien se exige que la unión de hecho tenga cierta estabilidad, la legislación actual no establece un plazo concreto a partir del cual se considera que existe la misma, tan sólo la legislación de arrendamientos urbanos, al abordar el capítulo de las subrogaciones en los contratos de alquiler de viviendas dispone que cabrá la subrogación del cónyuge o de la persona con quien conviva maritalmente independientemente de su opción sexual, siempre que esta convivencia haya durado al menos 2 años o exista descendencia en común.
La legislación de arrendamientos ha sido la primera ley en España que ha equiparado las parejas heterosexuales a las homosexuales respecto a los derechos de subrogación en los contratos de alquiler de viviendas.
CUARTA.- El club exige que haya matrimonio para poder ingresar Dª M.en la entidad con los beneficios de cónyuge de socio, lo que es igual que obligar a contraer matrimonio al que suscribe con Dª M.para así poder disfrutar ésta de los derechos de la figura institucional de “esposa de socio”.
Con todos los respetos , mantiene el firmante de este escrito, y lo dice en términos de defensa de sus intereses, que la postura del club es contraria a Derecho, se va a demostrar en los párrafos venideros.
QUINTA.- La Sra. está integrada como beneficiaria en el ……………………………………….. por vivir de modo análogo al conyugal con el Sr. MEDINA, ello se acredita con el documento que se adjunta a este escrito numera con el 1. También se aportan diversos documentos numerados de 2 al 6 correlativamente, para demostrar esa convivencia equiparable a la marital.
SEXTA.- Se invocan a continuación muchos argumentos de derecho positivo de nuestro ordenamiento jurídico, en aras a defender la equiparación, en el caso que nos ocupa, entre la conviviente no casada con socio, con respecto a la esposa de socio.
Los preceptos que afectan a las uniones no matrimoniales y su similitud con las que están organizadas en vida conyugal son los siguientes:
A) El art. 39 de la Constitución Española de 1978, que protege a la familia. El art. 10 C.E., que protege el libre desarrollo de las personas. El art. 14 C.E., que protege la igualdad de todos los españoles. Teniendo en cuenta estos preceptos constitucionales, y en relación a los siguientes fundamentos que se señalarán, entendemos que resulta una notable discriminación la negativa a la concesión de una pensión de viudedad, o equivalente, a las personas que constituyen uniones de hecho. El sentir y la realidad social, cada vez mayor, hace que quede obsoleto y trasnochado el requisito de la unión matrimonial para la concesión de este derecho, cuando para otros muchas situaciones no es requerido, máxime en situaciones en las que esta unión no es esporádica sino que está asentada en una convivencia diaria (física, económica, emocional, etc.), y se prodiga por un espacio amplio de tiempo (en el caso presente cinco años. Además de que, en el caso presente, la relación y convivencia es pública, libre y notoria, comportándose ambos, externamente, como pareja, y es conocida por círculos sociales y profesionales.
B) Los arts. 38, 39 y concordantes del RD Legislativo 670/1987, de 30 de abril, así como las resoluciones de los Tribunales en las que equiparan esta convivencia , con la que se lleva en vida matrimonial, al objeto de obtener una pensión similar a la de viudedad.
C) Del mismo modo, son ejemplo del distinto y desigual trato al del firmante de este escrito con respecto que se dispensa a personas no casadas, o parejas o uniones de hecho, los siguientes artículos del Código Civil:
- Art. 101 que contempla el derecho a pensión compensatoria en caso de separación o divorcio, que se extingue por la convivencia marital con otra persona. Se da reconocimiento así de las uniones o parejas de hecho.
- Arts. 108, 110, 154, 156 y 160, en lo referente a filiación, que también afecta a las parejas de hecho.
D) Ley de Adopción 21/1987, de 11 de noviembre, que permite la adopción a las uniones de hecho.
E) Código Penal:
- Art. 23, que contempla como atenuante o agravante ser el agraviado persona con la que conviva de forma estable por análoga relación de afectividad.
- Art 153: "El que habitualmente ejerza violencia física sobre su cónyuge o persona a la que se halle ligado de forma estable por análoga relación de afectividad..."
- Art. 424, en lo referente al delito de cohecho.
- Art. 443, respecto a los casos en que el funcionario público aproveche su cargo para solicitar sexualmente a la persona ligada de forma estable por análoga relación de afectividad al matrimonio.
- Art. 454, que exime de pena como encubridor al conviviente de forma análoga al conyuge.
E) Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de asilo y de la condición de refugiado, que otorga dicho derecho también al que se encuentra en relación paritaria al matrimonio (art. 10.1).
F) Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del Procedimiento de "Habeas Corpus", cuyo art. 3 señala, entre las personas legitimadas para promoverlo, a la persona unida por análoga relación de afectividad a la de cónyuge.
G) Resolución de 29-12-84 de la Secretaría General de la Seguridad Social, en la que se acuerda dispensar asistencia sanitaria a las personas que, sin ser cónyuge, convivan con el titular del deercho y a los hijos de aquélla.
H) La Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985, de 1 de julio, que asimila la situación de convivencia marital de hecho al matrimonio en preceptos como los arts. 219 y 391.
I) La Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de Reproducción Asisitida, que contempla la posibilidad de acceder a dichas técnicas tanto a las parejas casadas como a las no casadas (arts 6 y 8.2). También es otro ejemplo el art. 9.3 de la misma Ley.
J) La Ley de Arrendamientos Urbanos 29/1994, de 24 de noviembre, que reconoce en su art. 16.1.b), el derecho de subrogación "mortis causa" en el contrato de arrendamiento a la "persona que hubiere venido conviviendo con el arrendatario de forma permanente en análoga relación de afectividad a la de cónyuge, con independencia de su orientación sexual, durante, al menos, los dos años anteriores al tiempo de fallecimiento, salvo que hubieran tenido descendencia en común, en cuyo caso bastará la mera convivencia".
Igualmente son ejemplos de la asimilación de las parejas de hecho a las matrimoniales los arts. 12 y 24 de la misma Ley.
K) La Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, en la que recoge a las parejas o uniones de hecho en el sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. Expresamente señala: "Las uniones conyugales de hecho consolidadas se asimilarán a las situaciones de derecho".
L) Ley de 11 de noviembre de 1995, 35/1995, de ayudas y asistencia a las vícitmas de delitos violentos y contra la libertad sexual, reconoce en su art. 2 la condición de beneficiaria, como víctima indirecta, a la persona que conviviese en análoga relación de afectividad a la de cónyuge.
La legislación autonómica sobre parejas de hecho
La ley catalana de 1.998 sobre uniones estables de pareja
Cataluña ha sido la primera Comunidad Autónoma que ha legislado sobre las que denomina “uniones estables de pareja” incluyéndose entre éstas a las uniones tanto heterosexuales como a las homosexuales.
Considera como “unión estable” la unión de un hombre y una mujer, mayores de edad que, sin impedimento para contraer matrimonio entre sí, han convivido como mínimo un periodo ininterrumpido de dos años o han otorgado escritura pública manifestando la voluntad de aceptar la aplicación de la ley, siendo necesario que al menos uno de los miembros de la pareja tenga vecindad civil (residencia) en Cataluña. Este periodo de dos años no se exige si existe descendencia en común.
Esta ley es aplicable también a las uniones homosexuales siempre que los convivientes:
· Sean mayores de edad.
· No estén unidos por vínculo matrimonial con un tercero.
· Formen una pareja estable.
· Al menos uno de ellos tenga la vecindad catalana.
Para que las uniones homosexuales sean consideradas uniones estables es necesario que otorguen escritura pública en la que así lo manifiesten y en la que regulen sus relaciones económicas.
La ley reconoce la libertad de los convivientes para regular sus relaciones económicas y así pueden pactar la aplicación del régimen de gananciales sin que pueda aplicarse automáticamente si no lo acuerdan así.
Serán considerados como gastos comunes de la pareja, los necesarios para su mantenimiento y el de los hijos comunes o no que convivan en la unidad familiar, y así los originados en concepto de alimentos, conservación y mejoras de la vivienda, gastos médicos y sanitarios. Por el contrario, no se considerarán gastos comunes los que se realicen en interés exclusivo de uno de los miembros de la pareja.
Lo anterior también se aplicará a las parejas homosexuales y afectará a los hijos de cualquiera de los convivientes.
Mientras dure la convivencia, ninguno de los miembros de la pareja podrá disponer de la vivienda común sin el consentimiento del otro, y así no podrá venderla, alquilarla, donarla... etc.
El acto de disposición realizado sin el consentimiento del otro conviviente podrá ser revocado en el plazo de cuatro años desde que se tenga conocimiento del mismo o desde su inscripción en el Registro de la Propiedad.
Tras la ruptura de la unión, los miembros de la pareja estable están obligados a prestarse alimentos en los casos en los que la otra parte los necesite para su sustento si:
· La convivencia ha disminuido la capacidad de uno de ellos para obtener ingresos.
· Si tiene a su cargo a los hijos comunes.
Si la ruptura de la unión se produce de forma unilateral, los convivientes no podrán volver a formalizar una nueva unión estable hasta transcurridos seis meses desde que se dejase sin efecto el documento público.
Al término de la convivencia, ambos convivientes podrán pactar cuál de los dos quedará al cuidado de los hijos, el régimen de visitas y la contribución al sostenimiento de los mismos (pensión de alimentos). En defecto de este acuerdo deberán acudir ante los juzgados y tribunales, siendo necesaria la intervención del Ministerio Fiscal al tratarse de medidas que afectar a menores de edad.
La extinción de la unión de convivencia puede producirse por las siguientes causas:
· Por común acuerdo.
· Por voluntad de uno de los miembros de la pareja que debe ser notificada de forma fehaciente (dejando constancia de la misma) al otro.
· Por defunción de uno de los miembros.
· Por separación de hecho durante más de un año.
· Por matrimonio de uno de los convivientes.
Esta ley prevé el establecimiento de una compensación económica en el caso de que la relación se extinga cuando uno de los convivientes carezca de retribuciones o éstas sean insuficientes y se haya dedicado al cuidado del hogar común, o haya prestado servicios para el otro conviviente.
En los casos de muerte, si no existe testamento, el conviviente que carezca de medios de subsistencia concurrirá con los descendientes o ascendientes a la herencia y podrá exigir de los herederos del fallecido hasta la cuarta parte de la herencia; también podrá reclamar la parte proporcional de los frutos y rentas de la herencia percibidos desde el día de la muerte o su equivalencia económica.
En los casos en los que concurra a la sucesión con los colaterales, tendrá derecho a la mitad del haber de la herencia y a falta de éstos, tendrá derecho a la totalidad de la herencia. En el caso de que el conviviente fallecido hubiese otorgado testamento, se estará a lo dispuesto en éste siempre y cuando respete las legítimas.
Para que todos los aspectos descritos anteriormente sean aplicables a las parejas de hecho catalanas, éstas han de inscribirse en el correspondiente Registro de Uniones de Hecho, por lo que, las que no figuren inscritas se rigen por lo dispuesto con carácter general en los apartados precedentes..
Así, la inscripción supone la aceptación de la regulación que se contiene en la ley, por lo que si los convivientes no están conformes con la alguna de sus estipulaciones es conveniente que pacten en escritura pública cómo desean que se rijan sus relaciones económicas.
Las parejas de hecho en otras Comunidades Autónomas:
En otras Comunidades Autonómicas como Aragón, Navarra y más recientemente, Madrid, también se ha legislado al respecto de forma muy similar a la catalana, estando pendientes de su aprobación parlamentaria proyectos de regulación de las parejas de hecho en otras comunidades así como una ley de ámbito nacional.
La regulación de las parejas de hecho y de los contratos de unión civil, presenta una serie de características comunes en las legislaciones autonómicas, que se pueden resumir en las siguientes:
· Son celebrados entre dos personas (del mismo o distinto sexo) que acuerdan convivir y prestarse ayuda mutua.
· No puede formar parte de un contrato alguien que se encuentre casado o forme parte de otro contrato de unión que esté vigente.
· Debe realizarse por escrito (privado o ante notario) e inscribirse en el registro de uniones de hecho correspondiente.
· Debe contener el régimen económico que pactan las partes.
· Se admiten pactos sucesorios.
· Regulan una serie de efectos en los casos de disolución: alimentos, indemnización, pensión reparadora... etc.

En el mismo sentido expueto, se podría hablar del art 7 de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, relativa a Parejas estables no casadas, de Aragón. En el mismo se exponen los efectos patrimoniales de la extinción en vida. Como uno de los efectos, se contempla la compensación económica al conviviente perjudicado por resultar un desequilibrio económico por la extinción de la relación. Si esto tiene una razón y justicia innegable, evitándose así, por ejemplo, un enriquecimiento injusto o un resultado de empobrecimiento igualmente injusto, con más razón, lógica y justicia esta compensación debería darse o establecerse para el supuesto de la extinción por muerte de uno de los convivientes, cuyo perjuicio es inmediato si no se le considerara como beneficiario de compensación económica alguna, a modo de pensión, y se situaría a dicha persona en clara discriminación, desigualdad y desamparo respecto al resto de supuestos de extinción de la relación o unión de hecho y, por ende, de las matrimoniales.
En el sentido expuesto podría igualmente tratarse los arts. 13 y 31 de la Ley 10/1998, de 15 de julio, de Uniones estables de parejas, de Cataluña.


Como puede observarse, el elenco de casos suponen ejemplos de protección a la uniones o parejas de hecho en diversas situaciones, sin que en ellas se exija el vínculo matrimonial, que es tan válido o inválido en las mismas como en el caso planteado. Mientras que en los supuestos señalados no se exige vínculo matrimonial para obtener esos derechos, sí es exigido de modo absurdo en el caso que nos trae la atención. ¿Acaso tiene mayor relevancia que se subrogue el conviviente superviviente en el arrendamiento de la vivienda que ha sido hogar conjunto y familiar de la pareja?


SÉPTIMA.- No se puede olvidar las resoluciones de los Tribunales de Justicia sobre esta materia. Así nos encontramos con :
EDJ 1999/11269
TC Sala 2ª, S 14-6-1999, nº 104/1999, rec. 2236/1994, BOE 162/1999, de 8 julio 1999. Pte: Mendizábal Allende, Rafael de

“……………………..El derecho de los socios como miembros de la asociación consiste en el derecho a que se cumplan los estatutos, siempre que éstos sean conformes a la Constitución y a las leyes. Y, como se ha dicho, prescindir del cauce estatutario que establece los requisitos para la admisión de nuevos socios, sólo porque en esa aparente condición fueron satisfechas ciertas cuotas,…………………”
EDJ 2001/90915
TC, sec. 1ª, A 20-9-2001, nº 254/2001, rec. 1209/2001
“…………..Por ello, esa libertad de asociación, calificada como derecho fundamental en la Constitución, dotado como tal de una más intensa protección previa y no posterior, no tiene carácter absoluto y colinda con los demás derechos de la misma índole y los derechos de los demás, teniendo como horizonte último el Código Penal, en cuya virtud las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito serán ilegales, según advierte al respecto el párrafo segundo del precepto constitucional invocado al principio. Ahora bien, el primer límite intrínseco de este derecho lo marca el principio de legalidad, en cuya virtud los Estatutos sociales, como ejercicio de la potestad de autonomía, han de acomodarse no sólo a la Constitución, sino también a las Leyes que, respetando el contenido esencial de tal derecho lo desarrollen o lo regulen".
De conformidad con esta doctrina no puede ampararse en la autonomía de la voluntad de las asociaciones privadas una decisión como la enjuiciada en las Sentencias recurridas en amparo, consistente en denegar u obstaculizar el ingreso a la Comunidad de Pescadores por razón de sexo, cuando esta Comunidad ocupa una posición privilegiada, al tener reconocida por el poder público la explotación económica en exclusiva de un dominio público, las aguas de la Albufera y su riqueza piscícola, de modo que sólo se puede ejercer la actividad pesquera en ese lugar si se es miembro de dicha Comunidad.
Por consiguiente, el ingreso en la "Comunidad de Pescadores de P.", en cuanto medio para el acceso al trabajo y al disfrute de una concesión administrativa, no puede regularse por normas o prácticas que, de forma directa o indirecta, discriminen a las mujeres. Al haberlo declarado así las Sentencias recurridas en amparo, no puede apreciarse que las mismas hayan incurrido en la invocada lesión del art. 22 CE, por lo que las quejas de la recurrente carecen también en este punto de relevancia constitucional (art. 50.1.c) LOTC)…………………”

EL DERECHO
EDJ 2004/281616
AP Pontevedra, sec. 1ª, S 23-1-2004, nº 26/2004, rec. 329/2003. Pte: Rodríguez González, Mª Begoña

",………………… por cuanto, en suma, el derecho de los socios como miembros de la asociación consiste en el derecho a que se cumplan los Estatutos, siempre que éstos sean conformes a la Constitución EDL 1978/3879 y a las leyes…………………..".


Como bien señala la STS 6-3-1985, Sala de lo Social, "la deseada estabilidad de la doctrina jurisprudencial [...] no puede entenderse en su estricta literalidad, ni en un sentido inmovilista, total y absoluto que suponga el estancamiento del derecho, sino que debe acogerse con prudente flexibilidad en aras de su constante progreso y de su ponderada actualización en una continua y renovada evolución que permita, excepcionalmente, alterar el principio de unidad jurisprudencial siempre que concurran razones suficientes y justificadas, como ocurre cuando la interpretación originaria del texto legal no está ya en armonía con el espíritu del resto de la normativa que regula con matiz diferente situaciones semejantes [...] al contradecirse con criterios que posteriormente se han impuesto como resultado de las nuevas condiciones sociales..."


A pesar de la reticencia a la concesión de una pensión de viudedad o similar, encontramos no obstante ejemplos en los que los Tribunales han sido conscientes y sensibles a esta situación y a la realidad social cada vez más evidente. Así, a modo de ejemplo, reseñamos las siguientes:

- Magistratura de Trabajo de Barcelona, nº 15: Sentencias 10-3-1979 y 25-5-1981.
- Sala de lo Social del TSJ de Canarias: Sentencia 19-6-90.
- Juzgado de lo Social de Madrid, nº 29: Sentencia 7-9-1994.
- TSJ de Madrid: Sentencia 2-7-1998.

También destacamos el voto particular del Magistrado del Tribunal Constitucional D. Luis López Guerra, respecto a la STC 184/1990, de 15 de noviembre. De acuerdo con el mismo, si bien en principio podría ser válida la diferencia de trato del art. 174 LGSS, esta diferencia no puede ser mantenida por un criterio que no sea razonable y no arbitrario, por lo que la diferencia de trato del dicho precepto basada en si ha existido o no vínculo matrimonial no puede mantenerse pues no se tiene en cuenta o se ignoran elementos tan importantes como la duración de la convivencia, la situación de necesidad o el desequilibrio económico causado por el fallecimiento. Además, no resulta de los mandatos constitucionales que el sistema de prestaciones de la Seguridad Social tenga por objeto configurar el régimen de la institución matrimonial, ni proteger tal institución: lo que prevé el art. 41 CE es un "régimen público de la Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad.
Y es más, si el fundamento de la pensión de viudedad es compensar frente a un daño, y afrontar unas repercusiones económicas negativas, derivadas del fallecimiento de uno de los miembros de la unión matrimonial, este daño es el mismo, exista o no vínculo matrimonial, provocándose la situación de necesidad del art. 41 CE, que afecta tanto al superviviente de una unión matrimonial como al de una unión de hecho.
Por todo esto, entendemos que existe una desigualdad de trato contraria al art. 14 CE, en relación con el art. 41 CE, respecto de las uniones o parejas de hecho frente a las uniones o parejas matrimoniales, en el trato deferido por el art. 174 LGSS en atención a la concesión de la pensión de viudedad, al no haber un criterio y justificación razonable, sino opuesta a las previsiones que recoge la Constitución Española, de la diferencia de tratamiento.

De este modo, la presión que tienen los poderes públicos frente a la pujanza de la realidad social, plasmada paulatinamente y de continuo en diversas normas, hace que sea necesario un cambio no sólo en las normativas estatales, sino también en el parecer jurisprudencial, vía primaria de expresión de los cambios sociales, en el ámbito jurídico, que en la mayoría de los casos da lugar a que dichos cambios sociales se reflejen en los cuerpos jurídicos o normas y leyes que se dictan.



OCTAVA.- Por último, hemos de señalar las diversas Propuestas de Ley, de diversos Grupos Parlamentarios, a fin de constituir o crear una Ley que regule la situación de estas parejas de hecho.
Estas Propuestas fueron formuladas por los Grupos Parlamentarios Socialista, Popular, Izquierda Unida y Coalición Canaria; siendo las aprobadas por el Congreso las de los Grupos Popular y Coalición Canaria, actualmente en tramitación parlamentaria. Se contempla la reforma, entre otras normas o preceptos, del art 174 LGSS, a fin de conceder una pensión de viudedad o similar al conviviente supérstite de una pareja de hecho. Esto deja entrever que la realidad y sentir social es cada vez más patente y favorable en cuanto a la igualdad de trato de las parejas de hecho respecto de las matrimoniales.
Con estas iniciativas, se está dando fiel reflejo a lo dispuesto en el art. 3.1 del Código Civil, según el cuál las normas se interpretarán según la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas.
En semejante sentido se expresa la STS 9-6-1983 cuando señala que "...la realidad social de nuestro tiempo no es nada proclive a la creación de privilegios y sí, por el contrario, a la expansión del principio de igualdad de oportunidades..." Del mismo modo, la STS 22-4-1986, Sala de lo Penal, nos dice que el elemento sociológico se halla integrado por aquella serie de factores ideológicos, morales y económicos que revelan y plasman las necesidades y el espíritu de la comunidad en cada momento histórico.

En su virtud,

SUPLICA : Se tenga por presentada este escrito en tiempo hábil y en forma legal, con su documentación y copias de todo ello, se sirva admitirlo, tenga por solicitado el ingreso con esta fecha en el …………………………………de Dª MATILDE ALLER, con la equiparación de la situación de cónyuge de socio, con todos los derechos y efectos inherentes, a pesar de no haber matrimonio entre ellos.

En Sevilla a …………………………………..de dos mil siete.

OTROSÍ, DICE: Que se anuncia desde este momento la intención de acudir al Tribunal Constitucional en defensa de estas pretensiones, si se deniega la petición que es objeto de este escrito, dado que no encontramos legitimados ni al Estado, ni a los poderes públicos, para imponer un determinado estado civil, en este caso el de casada, para poder ingresar en el…………………………..en la condición de situación equiparable a la de cónyuge de socio. Entendemos que ello estaría en frontal oposición, por ejemplo, respecto del constitucionalmente protegido derecho al libre desarrollo personal (art. 10 C.E.). Hay lesión de varios derechos fundamentales.
Como en los fundamentos ya se han indicado, se demuestra un evidente trato desigual frente a diversos supuestos en los que las parejas de hecho sí tienen reconocidos otros diversos beneficios reconocidos por el Estado, quedando así protegidas estas situaciones, en clara desigualdad al caso presente. Por lo tanto, la igualdad que preconiza la Constitución, desarrollada en abundante jurisprudencia del Tribunal Constitucional, no está tutelada en el caso planteado. Y el Tribunal Constitucional, en muchas de sus Sentencias, impide que situaciones sustancialmente equiparables sean tratadas con desigualdad, reseñando, a modo de ejemplo, las siguientes Sentencias:

- STC 8/81.
- STC 34/84.
- STC 64/84.
- STC 49/85.
- STC 108/88.
- STC 170/88.
- STC 50/91.
- STC 68/91.
- STC 69/91.
- STC 70/91.
- STC 128/91.
- STC 161/91.
- STC 138/91.
- STC 201/91.
- STC 202/91.
- STC 232/91.
- STC 71/93.

SUPLICA : Se admita en su momento esta petición.
Lugar y fecha "ut supra".
Sevilla, 12-02-07"

Un conductor borracho irá a la cárcel después de diez sentencias condenatorias

La Justicia le advirtió una y otra vez hasta que al final ha asumido que pasará los próximos cuatro meses en la cárcel. Es la historia de un hombre de 45 años, identificado como J. L. R. L., que fue detenido por última vez el pasado 27 de enero. Su delito: conducir “haciendo eses” por la carretera A-8001, en el término municipal de La Rinconada. Cuando una patrulla de la Guardia Civil le sorprendió conduciendo de esta forma tan imprudente, comprobó que el motivo no era otro que el excesivo consumo de alcohol. Las pruebas de alcoholemia no hicieron más que confirmar lo evidente: tasas de 1,18 y 1,10 gramos de alcohol por litro de sangre, lo que multiplica por cuatro los niveles autorizados. Y lo peor es que no era la primera vez: el conductor había sido condenado en cinco ocasiones anteriores por conducir en estado de embriaguez y tenía otras cinco sentencias desfavorables por haber quebrantado otras tantas condenas. En estas circunstancias y con estos antecedentes, no resultaba extraño que el fiscal que se encontraba de guardia el día en que fue llevado ante el juez el conductor pidiera la máxima condena que establece el Código Penal Vigente. Y así ocurrió, el representante del Ministerio Público solicitó seis meses de prisión y que se le impusiera la prohibición de volver a conducir vehículos durante varios años. En estos delitos contra la seguridad del tráfico, las peticiones de la Fiscalía y las condenas, salvo excepciones, no suelen contemplar la imposición de penas privativas de libertad. Por lo general, las sentencias acaban castigando a los infractores con multas económicas.Pero la gravedad del caso de J. L. R. L. llevó al Ministerio Público a pedir su encarcelamiento. Sorprendente también fue la reacción del reo ante tal solicitud de la acusación pública: reconoció que eran ciertos los hechos que se le imputaban, que había conducido bajo los efectos del alcohol, y mostró su conformidad con la petición de la Fiscalía. Al aceptar los cargos en el mismo juzgado de guardia, el conductor obtuvo una reducción de un tercio de la posible pena, que quedó finalmente fijada en cuatro meses de prisión y la privación del permiso de conducir durante dos años y cuatro meses. El acusado también asumió ante el juez su ingreso en prisión.

El juzgado remite a la Audiencia Nacional la denuncia contra Donald Rumsfeld

El juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla ha trasladado a la Audiencia Nacional la denuncia presentada el pasado jueves por el Foro Social contra el ex secretario de Estado de Defensa Donald Rumsfeld, al que atribuyen crímenes de lesa humanidad por haber ordenado las operaciones militares sobre Irak. La juez podía haber optado por archivar la denuncia directamente, pero ha decidido enviarla a la Audiencia Nacional.

La decisión del juez de Tenerife no se produciría en Sevilla con la Semana Santa

La decisión del juez de lo contencioso-administrativo de Tenerife que ha suspendido cautelarmente el carnaval por el exceso de ruido no se produciría en Sevilla con fenómenos como la Semana Santa o la Feria de Abril. Los motivos por los que no puede extrapolarse esta circunstancia son varios: de un lado, la ordenanza municipal del ruido exime expresamente a estos eventos de respetar el nivel permitido de decibelios, y de otro, no hay ningún juez que atentaría contra una tradición tan arraigada en la ciudad como ésta. El presidente del Consejo de Hermandades ha dicho que "difícilmente ningún sevillano podrá recurrir por la Semana Santa", una afirmación en principio correcta, aunque también hay algunos detractores de esta fiesta popular que residen en la capital. Además, el mundo jurídico guarda estrechas vinculaciones con el cofrade, lo que hace más imposible aún la posibilidad de pensar en una denuncia similar a la tinerfeña. Tampoco se podrían celebrar las tradicionales tamborradas de otras regiones, como muestra la imagen. En cualquier caso, con todo lo que le está cayendo al magistrado de las islas, lo más probable es que el próximo lunes, cuando ha citado a todas las partes, se llegue a un acuerdo que devuelva el carnaval a su escenario propio: la calle.

La denuncia del Foro contra el ex secretario de estado de Defensa de EE.UU. Donald Rumsfeld

El Foro social de Sevilla presentó esta mañana en los juzgados de Sevilla la siguiente denuncia contra el ex secretario de estado de Defensa de EE.UU Donald Rumsfeld, por crímenes de guerra durante la invasión de Irak. Se adjunta la denuncia íntegra.

AL JUZGADO DE GUARDIA DE SEVILLA PARA ANTE EL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN

Don JESÚS LARA FERNÁNDEZ Y Don MIGUEL ALCÁNTARA SANZ en nombre y representación del Foro Social de Sevilla y con domicilio a efectos de notificaciones en la Asesoría Jurídica sita en la Avenida Blas Infante número 4, 8ª planta, Código Postal: 41011 de Sevilla, ante el Juzgado comparecen y, como mejor proceda en Derecho, D I C E N :

Que por medio del presente escrito proceden a interponer DENUNCIA contra el Sr. Donald Rumsfeld, ciudadano norteamericano, quien ha ocupado el cargo de Secretario de Estado de Defensa (equivalente a Ministro) en los Estados Unidos de América desde el 20 de enero de 2001 y durante la fecha de comisión de los hechos y contra cualquier otra persona, que pudiera resultar ser presunto/a autor/a de los delitos de lesa humanidad y contra las personas en caso de conflicto armado; y de cualquier otros delitos que en el transcurso de la investigación aparezcan.

Y ello en base a los siguientes

HECHOS

PRIMERO.- Conforme a la legislación norteamericana, el Secretario de Defensa es el responsable de formular la política general de defensa del país y la política relacionado con todas las materias que afectan al Departamento de defensa y para la ejecución de la política aprobada: bajo la dirección del Presidente, el Secretario ejerce la autoridad, la dirección y el control del Departamento de Defensa.

SEGUNDO.- En Marzo de 2003, Estados Unidos procedió a intervenir militarmente la República de Irak, fundando dicha invasión, en la Guerra contra el Terrorismo, y formulando consiguientemente la que ha venido en denominarse como Doctrina de la Guerra preventiva, es decir, la voluntad unilateral de EEUU de de atacar a cualquier país que considerare amenaza con base en dicha Doctrina.

TERCERO.- Dicha invasión ignoró las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, dado el carácter unilateral de la propia decisión.

CUARTO.- En efecto, la citada intervención militar, llamada Operación Libertad y Democracia por los Estados Unidos, ha sido escenario de múltiples violaciones a los derechos humanos, dentro de las cuales destacan los constantes y sistemáticos bombardeos, que han alcanzado incluso, a la indefensa población civil y el despliegue de un inusitado poder bélico con la presencia en territorio irakí de mas de 150.000 efectivos militares, dentro de los cuales, más del 90% son de nacionalidad estadounidense.

QUINTO.- Según lo han denunciado diversos organismos internacionales humanitarios, tales como Human Rights Watch, Estados Unidos mantiene detenidos a miles de sospechosos en su guerra contra el terrorismo, en mas de una docena de centros de detención, en la mitad de los cuales, se opera en secreto. Dichos centros se encuentran en Irak, Cuba, Afganistán, Pakistán, Jordania y a bordo de los buques estadounidenses USS Bataan y USS Peleliu, todos los cuales, incumplen con las obligaciones que establecen las leyes, tanto estadounidenses, como así también, aquellas que emanan del derecho internacional.

SEXTO.- De acuerdo con los datos ofrecidos por la Comisión Iraquí de Derechos Humanos, existen mas de 15.000 detenidos, calificados por la coalición invasora como ”detenidos administrativos” o “detenidos de seguridad”, más de 500 ejecutados sin ningún juicio, más de 5000 casos de tortura, y otras tantas personas sin paradero conocido, miles de hogares destruidos y otros tantos miles de civiles, que producto de masivos ataques militares, han sido asesinados, no teniendo incluso, relación alguna con la resistencia iraquí. En estos hechos debe incardinarse el bombardeo sobre Faluya.

SÉPTIMO.- De todos lo expuesto, lo más revelador, y lo que motiva principalmente esta denuncia, lo encontramos en las denuncias conocidas por el mundo entero, acerca de las torturas contra detenidos iraquíes en la prisión de Abu Ghraib, ubicada al oeste de Bagdag y en la base naval estadounidense de Guantánamo, Cuba. Incluso, grandes medios de comunicación de Estados Unidos y otros estados, han publicado elocuentes fotografías de la tortura infligida a prisioneros iraquíes desnudos.

OCTAVO.- El gobierno de EE. UU. adoptó una política deliberada de permitir técnicas de interrogatorio ilegales, todas las cuales, en buena parte, constituyen actos de tortura, a la luz de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas. Dentro de dichas técnicas, encontramos diversos métodos de coacción tendientes a infligir dolor y humillación a los detenidos, todo ello, con el propósito de “ablandarlos” , para lo cual se recurre a mantener a los detenidos en posturas incómodas y dolorosas; privarles del sueño y la luz durante períodos prolongados, exponerlos al calor, el frío, el ruido y la luz extrema, como así también, encapucharlos y mantenerlos desnudos. Una de las formas mas usadas para torturar a las víctimas tiene que ver con el sometimiento a vejaciones sexuales y a violaciones por parte de los soldados estadounidenses.

Efectivamente, se han sumado en los últimos meses las informaciones sobre los padecimientos de las detenidas iraquíes, que narran cómo los carceleros añaden a su condición de presas sin derechos el sentimiento de humillación por el trato vejatorio a que son sometidas por militares estadounidenses y guardianes iraquíes, y que incluye abusos sexuales y violaciones. Estas prácticas conforman, junto al maltrato general de los presos y presas, un mecanismo añadido de presión para obtener información de las mujeres o forzar a sus familiares huidos, acusados de ser miembros de la resistencia iraquí por los ocupantes, a que se entreguen.

NOVENO.- Dentro de esta decisión política para quebrantar la moral de los prisioneros iraquíes, capturados durante la guerra o con posterioridad y recluidos en distintos centros de detención, se instruyeron medidas destinadas a alentar la tortura y vejación sexual de prisioneros irakíes, tal es el caso de Abu Ghraib.

Dentro de los marcos culturales islámicos, este tipo de torturas tiene un particular rol desestructurador de la personalidad, generando un profundo estado de desmoralización, impotencia y sensación de no control del propio cuerpo, que los hace particularmente débiles para entregar la información que se desea conocer.

Hay que destacar que las prácticas de tortura que se denuncian por medio de esta presentación, no son en ningún caso, hechos aislados o simples excesos, como lo han pretendido instalar los gobernantes estadounidenses, sino que, obedece precisamente a la política de guerra llevada a cabo por ellos, la cual de mejor manera se explica, al recordar las declaraciones realizadas por los querellados, previas a la invasión de Irak, tales como, las hechas por Donald Rumsfeld quien hablaba de “valerse de todos los medios necesarios para ganar la guerra”, o bien, lo señalado por el propio George W. Bush de que “haremos cuanto esté en nuestro poder para llevar esta guerra a una conclusión exitosa”. Dichas expresiones hablan por sí solas.

A mayor abundamiento, dicha política criminal, se explica al revisar las instrucciones del Alto Mando Militar estadounidense en Irak, quienes estimulan el uso, por parte de sus tropas, de un lenguaje peyorativo contra los iraquíes, tales como cabeza de trapo, camelleros hadjis y otros.

DÉCIMO.- Las órdenes de que se trate a los prisioneros de esta manera han sido dictadas a través de memorándums ordenando el maltrato de prisioneros, que fueron firmados por el secretario de Defensa Rumsfeld, pese a que el departamento de Justicia y el asesor legal encargado del Sr. Bush han pretendido justificar esto en Derecho. El propio Donald Rumsfeld ha dicho con frecuencia que en la "guerra de América contra el terrorismo" los prisioneros no gozan de la protección de los Convenios de Ginebra. Donald Rumsfeld es directamente responsable de las violaciones, ya que ordenó, solicitó, indujo, incitó crímenes de guerra y torturas. Fue comandante civil sobre las fuerzas militares bajo su control y admitió haber ordenado medidas de detención e interrogación

A estos hechos son aplicables los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Respecto a la responsabilidad del Secretario de Defensa

Conforme a lo recogido en los hechos de esta denuncia, se considera al Sr. Donald Rumsfeld responsable directo de los delitos imputados. Subsidiariamente, si no se considerara suficientemente probado alguno de los delitos que se le imputan, en absoluto puede negarse su responsabilidad por negligencia u omisión en cuanto responsable directo ejecutivo de las fuerzas armadas norteamericanas.

Hay que recordar que el art. 615 bis CP castiga también a la autoridad o jefe militar, o quien actúe efectivamente como tal, que no adoptara las medidas a su alcance para evitar la comisión, por las fuerzas sometidas a su mando o control efectivo, de alguno de los delitos anteriores.

Castiga además a la autoridad al mando que no adoptara las medidas a su alcance para que sean perseguidos dichos delitos y a quien dejara de promover la persecución de alguno de los delitos.

En cuanto al cargo oficial que desempeñaba el señor Rumsfeld y las inmunidades que pudiera conllevar, el Estatuto de Roma señala expresamente en su Artículo 27, la improcedencia del cargo oficial para enervar la responsabilidad internacional del individuo. Así, el numeral 1 de dicho artículo señala:“El presente Estatuto será aplicable por igual a todos sin distinción alguna basada en el cargo oficial. En particular, el cargo oficial de una persona, sea Jefe de Estado o de Gobierno, miembro de un gobierno o parlamento, representante elegido o funcionario de gobierno, en ningún caso la eximirá de responsabilidad penal ni constituirá per se motivo para reducir la pena.”.

En cuanto a la competencia de los tribunales españoles

El art. 23.4. h) LOPJ reconoce la competencia de la jurisdicción española para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, como delito que según los tratados o convenios internacionales, deba ser perseguido en España.

Este artículo, conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional, (STC 237/2005) no puede ser interpretado en el sentido de exigir ningún vínculo adicional de conexión con un interés nacional español.

En el caso concreto, las conductas descritas, si bien aparecen encardinadas en los tipos penales previstos en los arts. 607 bis, 609 y 611 CP, coinciden con las conductas perseguibles conforme la Convención de Ginebra de 1949 y los Protocolos Adicionales de 8 de junio de 1977, suscritos y ratificados por España en fecha 4 de agosto de 1952 y 21 de abril de 1989, así como en el Estatuto de Roma del Tribunal penal Internacional, aprobado el 18 de julio de 1998 y ratificado por España el 24 de octubre de 2000. En dichos instrumentos se establece la obligación de todo Estado firmante de ejercer su jurisdicción contra los responsables de crímenes internacionales como los descritos. En definitiva, los citados artículos del Código Penal no hacen sino incorporar al derecho español conductas que nuestro Estado está obligado a perseguir en el sentido del art. 23.3 h) LOPJ.

Elementos de los tipos delictivos

Los delitos que se imputan han sido cometidas con ocasión de ataques generalizados contra la población civil durante la ocupación de Irak (delitos de lesa humanidad) y con ocasión del conflicto armado internacional que tiene lugar en Irak.

Los ataques generalizados han quedado suficientemente demostrados en los hechos de esta demanda.

Respecto a la existencia de un conflicto, la Audiencia Nacional ha reconocido en su Auto de 8 de marzo de 2006, FJ sexto que “la conocida guerra de Irak, iniciada el 20 de marzo de 2003” constituye un conflicto armado internacional a los efectos del código penal.

Las muertes, lesiones, detenciones, torturas y ataques indiscriminados que se imputan al querellado han tenido lugar con ocasión de dicha guerra y al hilo de los ataques contra la población civil, de manera que se puede establecer sin más el nexo causal requerido jurisprudencialmente. Los ataques son responsables directos de las muertes y lesiones, y su finalidad es proceder a la detención y posterior tortura de personas.

El denunciado es el responsable de formular y ejecutar la política de defensa del ejército de los Estados Unidos.

Como se ha dicho, los delitos internacionales imputados admiten la comisión por omisión. En todo caso, la intencionalidad dolosa queda patente por algunos de los hechos recogidos en esta demanda:

Por lo que hace a los delitos de lesa humanidad

Respecto a los ataques generalizados e indiscriminados contra la población civil, ha quedado demostrado, en concreto, que el querellado ideó, aprobó y supervisó los bombardeos contra la ciudad de Faluya.

Con ocasión de esos mismos ataques, que constituyen una conducta continuada en el seno de la ocupación militar de Irak, mediante continuas “ofensivas” sobre objetivos civiles, se ha producido el resultado de un número indeterminado de muertes y lesiones, así como la detención de numerosas personas. Respecto a las torturas, las técnicas de interrogatorio aprobadas por el querellado merecen la consideración de trato inhumano y vejatorio, sin necesidad de acudir a los casos de excesos sobre esas mismas normas que han aparecido mundialmente en los medios de comunicación y que no han sido suficientemente investigados.

Por lo que hace a los crímenes de guerra

En cuanto a las torturas, ha quedado demostrado que el querellado autorizó personalmente la serie de técnicas de interrogación descritas ut supra.

Respecto a las detenciones ilegales ha quedado probado que el querellado autorizó la detención en Irak de personas sospechosas de delitos de terrorismo. Ha quedado también demostrado que la práctica de detenciones arbitrarias es una política generalizada aprobada por el recurrente. Como ha declarado el tribunal Supremo en la STS 829/2006 de 20 de julio “la detención de cientos de personas sin cargos, sin garantías y por tanto sin control y sin límites, en la base de Guantánamo, custodiados por el ejército de los Estados Unidos, constituye una situación de imposible explicación y menos justificación desde la realidad jurídica y política en la que se encuentra enclavada”.

DELITOS IMPUTADOS

Delitos de lesa humanidad

El art. 607bis.2 CP recoge una serie de conductas penadas como crimen de lesa humanidad. De ellas, son aplicables al caso las que se refieren a quienes causaran la muerte de alguna persona (art. 607bis.2.1 CP); quienes “detuvieran a alguna persona y se negaran a reconocer dicha privación de libertad o a dar razón de la suerte o paradero de la persona detenida” (607bis.2.6 CP); quienes “detuvieran a otro, privándolo de su libertad, con infracción de las normas internacionales sobre la detención” (607bis.2.7 CP); quienes “cometieran tortura grave sobre personas que tuvieran bajo su custodia o control” 607bis.2.8 CP).

Todas estas conductas han sido cometidas, tal y como exige el apartado primero del art. 607 bis CP, como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil.

Delitos contra las personas en caso de conflicto armado

El art. 611 CP castiga en su apartado 1 a quienes, con ocasión de un conflicto armado, “realice u ordene realizar ataques indiscriminados o excesivos o haga objeto a la población civil de ataques, represalias o actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizarla”. En su apartado 9 a quien “Impida o demore, injustificadamente, la liberación o la repatriación de prisioneros de guerra o de personas civiles.”

El art. 609 CP castiga a quien, con ocasión de un conflicto armado, maltrate de obra o ponga en grave peligro la vida, la salud o la integridad de cualquier persona protegida o la haga objeto de tortura o tratos inhumanos.

La comisión de estos delitos se considera acreditada conforme a lo expuesto en los hechos de esta denuncia.

DILIGENCIAS QUE SE INTERESAN PARA

LA COMPROBACIÓN DE LOS HECHOS

1.- Que se reciba declaración al denunciado Sr. Donald Rumsfeld.

2.- Que se reciba declaración al Sr. Robert Gates, actual Secretario de Estado de Defensa, por su conocimiento directo sobre los hechos.

3.- Se libre oficio al Estado de Irak, a través del conducto
legalmente establecido para que informe sobre el número de muertos,
heridos, desplazados, personas torturadas, bienes afectados y naturaleza de los mismos, con indicación expresa de si se encuentran personas protegidas por los tratados internacionales y con valoración pormenorizada de los daños, así como la naturaleza de la acción armada.

4.- Se libre oficio al Ministerio de Asuntos Exteriores para que
informe, en su caso, sobre las personas de nacionalidad española afectadas por los hechos expresados, personas evacuadas ante dicha situación, medios utilizados y coste de la operación.

5.- Se haga el ofrecimiento de acciones a los perjudicados.

Y en virtud de todo lo expuesto,

SOLICITAN AL JUZGADO que, teniendo por presentado este escrito, así como copias preceptivas de los mismos, se sirva admitirlo; se admita el presente escrito de denuncia contra el SEÑOR DON DONALD RUMSFELD, así como contra cualquier otra persona que pudiera resultar ser presunto/a autor/a de los delitos antes indicados, y de cualquier otro delito que en el transcurso de la investigación apareciera; disponiendo la incoación de las correspondientes Diligencias Previas y decretando la práctica de lo necesario para la comprobación de los hechos, tanto las diligencias interesadas por esta parte, como otras que pudieran resultar procedentes.

Por ser así de Justicia que se pide en Sevilla a 8 de Febrero del año 2007.

María José López no será ministra de Justicia

La consejera de Justicia de la Junta, María José López, cuyo nombre había sonado como uno de los posibles candidatos a reemplazar al ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, al frente de este departamento. El elegido ha sido finalmente María Fernández Bermejo, uno de los fiscales más polémicos y que actualmente era fiscal jefe de lo contencioso-administrativo en el Tribunal Supremo, cargo que ocupaba desde 2003. Mariano Fernández Bermejo, que pertenece a la Unión Progresista de Fiscales, declaró públicamente "soy de izquierdas, y como tal actúo", y ha protagonizado actuaciones que le han llevado en múltiples ocasiones a encabezar titulares de prensa. Se enfrentó a José María Michavila cuando era ministro de Justicia y él ocupaba el puesto de fiscal jefe de Madrid. La discusión se produjo después de que el fiscal criticara la puesta en marcha de los "juicios rápidos" y en rueda de prensa el ministro le declaró "en rebeldía" a la hora de aplicar la Ley, apuntando que el Fiscal madrileño haría "todo lo posible" para que fallara su aplicación. Fernández Bermejo tuvo una reacción insólita, al presetar una denuncia contra el ministro por "mentir gravemente", pero en el Supremo Michavila mantuvo su posición y consiguió que el Alto Tribunal le diera la razón y fuera absuelto.

Cumbre de la OTAN: En libertad con cargos dos detenidos en un primer incidente con la Policía

La abogada del SOC María del Mar Valiente y el activista del Foro Social de Sevilla Eduardo M. S. han quedado en libertad con cargos, imputados por un delito de atentado a la autoridad, en el primer incidente que se produce entre la Policía y los grupos que se oponen a la reunión informal de ministros de Defensa de la OTAN. Como ocurre en estos casos, las versiones de la Policía y de los detenidos son totalmente opuestas, los agentes aseguran que fueron insultados y agredidos, y las personas arrestadas niegan la denuncia y sostienen que han sido víctimas de "malos tratos" en las dependencias policiales. Mientras tanto, los jueces y los fiscales preparan sendos dispositivos especiales de refuerzo con motivo de la reunión de ministros de la Alianza Atlántica, en previsión de que haya un considerable aumento del número de personas detenidas.

Tras la plaga de ratas, llega la de ratones en otro juzgado de la provincia

Justicia sevillana recogía hace unos días la denuncia de CSI-CSIF sobre una plaga de ratas en juzgados de la provincia. La lucha continúa, reproducimos un nuevo comunicado del sindicato que no tiene desperdicio.
"Durante las dos últimas semanas, a la excesiva carga de trabajo de los funcionarios judiciales de los Juzgados de Lebrija se ha unido una nueva: La de cazar ratones. CSI-CSIF denuncia que efectivamente una plaga de estos roedores ha invadido los citados Juzgados, sin que las escasas medidas tomadas por la Junta de Andalucía para su exterminio hayan servido de mucho. Si bien, en un principio, la presencia de los ratones se detectó por las heces de los mismos en cajones y otros lugares; al día de la fecha campan con total descaro por todas las instalaciones judiciales haciendo absolutamente insalubre el trabajo. Se da la circunstancia que el pasado viernes la Juez del Juzgado nº 2 de esta localidad se encontró un ratón paseándose por el teclado de su ordenador hasta que un funcionario lo eliminó. El mal cuerpo que se le puso a la indicada juez le llegó incluso a impedir continuar con sus tareas profesionales.
Hasta el día de la fecha, la única solución implantada por la Junta de Andalucía ha consistido en colocar "trampas" por las diversas dependencias judiciales. Por otro lado CSI-CSIF denuncia que a este hecho se suma la lamentable situación de estos órganos Judiciales: falta de accesos a discapacitados, falta absoluta de espacio, aseos indecorosos, humedades, etc... CSI-CSIF aboga por la solución de estas situaciones tercermundistas en los Juzgados de Andalucía que contracta con la actitud propagandística de la Junta de Andalucía sobre los procesos de modernización.
Sevilla, cinco de febrero de 2007."

Las obras de la nueva sede judicial en la avenida de la Buhaira

Estas imágenes han sido captadas esta misma mañana y muestran el estado de las obras de la que será la nueva sede judicial de los juzgados, que albergará los órganos de instrucción, así como las dependencias del decanato. Las grúas trabajan para que el proyecto, que tiene un plazo de ejecución de 18 meses, sea una realidad a mediados del próximo año.