La Fiscalía Superior de Andalucía ha solicitado una condena de diez años de inhabilitación y una multa de 5.400 euros para el juez de Familia Francisco Serrano por presunta prevaricación, en relación con la ampliación del turno de custodia de un niño de 11 años que había establecido otro juzgado con la finalidad de que el menor pudiera salir como paje en una cofradía de la Madrugada sevillana de 2010. La petición de la Fiscalía es la mínima que se contempla para el delito de prevaricación, dado que la acusación particular que ejerce la madre del niño ha solicitado, en cambio, la máxima: 20 años de inhabilitación y una multa de 14.400 euros, además de una indemnización de 60.000 euros para la madre por supuestos daños físicos y morales, 100.000 euros para el niño que salió de paje y 12.000 para su hermano. El abogado Miguel García Diéguez, que defiende al juez Serrano, mostró ayer su sorpresa por el hecho de haberse enterado por los medios de comunicación de la petición de condena que solicitaba la Fiscalía, si bien a mediodía envió a su procurador para que se le notificaran los escritos de calificación. El abogado lamentó que ni el fiscal ni la acusación particular "hacen mención alguna" en sus escritos al auto de la Audiencia de Sevilla que avaló la decisión del juez Serrano.
El letrado recordó que el delito de prevaricación consiste en "dictar una resolución injusta a sabiendas de su injusticia", por lo que consideró que si en este caso la Audiencia Provincial ha asegurado que la resolución no es injusta no puede haberse cometido ninguna prevaricación. El abogado del juez Serrano puso de manifiesto que el instructor de la causa contra el magistrado aún tiene la posibilidad de acordar el archivo tras el auto de la Audiencia de Sevilla. El abogado precisó que el artículo 783.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal señala que, una vez solicitada la apertura de juicio oral por el fiscal o la acusación particular, el juez la acordará, salvo que estime que concurre el supuesto del artículo 637.2, que señala que debe acordarse el sobreseimiento libre "cuando el hecho no sea constitutivo de delito". La Audiencia de Sevilla reconoció que la ampliación en un día y medio de la estancia del niño con su padre para que pudiese salir en una procesión correspondía al juzgado encargado del divorcio de los padres, pero no declara nula la decisión de Serrano porque "no prescindió total y absolutamente de las normas esenciales del procedimiento". Según la Audiencia, Serrano no "omitió los principios de audiencia, asistencia o defensa determinantes de una efectiva indefensión".
Búsqueda personalizada
07 julio 2011
11 mayo 2011
La Policía Local denuncia al ex ministro Corcuera por un altercado en la Feria
La Policía Local de Sevilla ha denunciado por una falta contra el orden público al ex ministro del Interior José Luis Corcuera, quien protagonizó un altercado con dos agentes de este cuerpo en un control de acceso a la Feria el pasado viernes 6 de mayo. El atestado policial fue remitido al juzgado de Guardia el domingo y ha recaído en el juzgado de Instrucción 9 de Sevilla, que ya ha abierto diligencias previas y ha solicitado a la Policía una ampliación del atestado, según informaron ayer a este periódico fuentes judiciales.
Los hechos ocurrieron sobre las seis menos veinte de la tarde del viernes de Feria en la esquina de la calle Virgen de la Cinta con Virgen de la Oliva, donde dos policías locales se encontraban regulando el tráfico e impidiendo el acceso de vehículos al recinto ferial. El coche en el que viajaba José Luis Corcuera llegó a ese punto y uno de los dos agentes le indicó que no podía continuar hacia la Feria y tenía que girar a la izquierda. El conductor exhibió una placa del Cuerpo Nacional de Policía y el agente municipal le indicó que no podía seguir hacia adelante. En ese momento, Corcuera, que viajaba en el asiento delantero derecho, se dirigió al policía local diciéndole que tanto él como su escolta iban a pasar.
El agente le indicó que sólo podían acceder los vehículos oficiales y los de servicio público. Se entabló entonces una discusión en la que el ex ministro defendía que el suyo era un coche oficial y por tanto tenía derecho a pasar. El policía contestó pidiendo que identificara el vehículo como tal, mientras que Corcuera decía que no tenía por qué hacerlo e insistía en que iban a entrar en la Feria.
La tensión fue en aumento entre ambas partes y tanto el ex ministro como su escolta se apearon del coche y siguieron discutiendo con los policías. Según relata el atestado policial enviado al juzgado, Corcuera decía a voces que "no sabía con quién estaban hablando" y que no se pensaba identificar. Al pedirle uno de los agentes que bajara la voz porque le estaba hablando con respeto y sin amenazarlo, el ex ministro contestó "yo sí que te estoy amenazando y no me voy a identificar".
El policía insistió en que tendría que llamar a un patrullero para que lo identificaran, puesto que ellos tenían que seguir regulando la circulación. A esto el ex político socialista respondió que llamase a quien le diera la gana porque él era José Luis Corcuera, mientras levantaba las manos y movía los dedos imitando el gesto que se hace cuando a alguien le toman las huellas dactilares.
Poco después llegaron otros dos policías locales, que trataron de calmar al ex ministro, que reiteró que no se identificaría porque él no había hecho nada. Uno de estos dos agentes habló con el escolta, que aseguró que efectivamente era quien decía ser, José Luis Corcuera, ministro del Interior durante los años 1988 y 1993 en la etapa de Felipe González al frente del Gobierno. En ese momento, Corcuera ordenó al escolta que cogiera el coche y se fuera hacia la Feria porque él iba a denunciar a los policías locales.
Uno de los dos agentes que llegaron después le informó entonces de que si se quería quedar allí tendría que subirse a la acera y salirse de la calzada porque ya estaba identificado y sus compañeros tenían que continuar con su trabajo. Corcuera respondió que lo que tendría que hacer su compañero -en referencia al policía con el que había tenido el enfrentamiento más violento- era "nacer de nuevo". Finalmente, el ex ministro se subió al coche y se dirigió hacia la Feria, ya una vez identificado su coche como vehículo oficial. Antes, los policías le informaron de que lo iban a denunciar al juzgado por una falta de respeto hacia los agentes.
El altercado entre los policías y José Luis Corcuera congregó a numerosos curiosos que se dirigían a la Feria y se detuvieron para presenciar la bronca. Algunas de estas personas han sido incluso aportadas como testigos a la causa que ha abierto el juzgado de Instrucción 9 para investigar el comportamiento del ex ministro.
Los hechos ocurrieron sobre las seis menos veinte de la tarde del viernes de Feria en la esquina de la calle Virgen de la Cinta con Virgen de la Oliva, donde dos policías locales se encontraban regulando el tráfico e impidiendo el acceso de vehículos al recinto ferial. El coche en el que viajaba José Luis Corcuera llegó a ese punto y uno de los dos agentes le indicó que no podía continuar hacia la Feria y tenía que girar a la izquierda. El conductor exhibió una placa del Cuerpo Nacional de Policía y el agente municipal le indicó que no podía seguir hacia adelante. En ese momento, Corcuera, que viajaba en el asiento delantero derecho, se dirigió al policía local diciéndole que tanto él como su escolta iban a pasar.
El agente le indicó que sólo podían acceder los vehículos oficiales y los de servicio público. Se entabló entonces una discusión en la que el ex ministro defendía que el suyo era un coche oficial y por tanto tenía derecho a pasar. El policía contestó pidiendo que identificara el vehículo como tal, mientras que Corcuera decía que no tenía por qué hacerlo e insistía en que iban a entrar en la Feria.
La tensión fue en aumento entre ambas partes y tanto el ex ministro como su escolta se apearon del coche y siguieron discutiendo con los policías. Según relata el atestado policial enviado al juzgado, Corcuera decía a voces que "no sabía con quién estaban hablando" y que no se pensaba identificar. Al pedirle uno de los agentes que bajara la voz porque le estaba hablando con respeto y sin amenazarlo, el ex ministro contestó "yo sí que te estoy amenazando y no me voy a identificar".
El policía insistió en que tendría que llamar a un patrullero para que lo identificaran, puesto que ellos tenían que seguir regulando la circulación. A esto el ex político socialista respondió que llamase a quien le diera la gana porque él era José Luis Corcuera, mientras levantaba las manos y movía los dedos imitando el gesto que se hace cuando a alguien le toman las huellas dactilares.
Poco después llegaron otros dos policías locales, que trataron de calmar al ex ministro, que reiteró que no se identificaría porque él no había hecho nada. Uno de estos dos agentes habló con el escolta, que aseguró que efectivamente era quien decía ser, José Luis Corcuera, ministro del Interior durante los años 1988 y 1993 en la etapa de Felipe González al frente del Gobierno. En ese momento, Corcuera ordenó al escolta que cogiera el coche y se fuera hacia la Feria porque él iba a denunciar a los policías locales.
Uno de los dos agentes que llegaron después le informó entonces de que si se quería quedar allí tendría que subirse a la acera y salirse de la calzada porque ya estaba identificado y sus compañeros tenían que continuar con su trabajo. Corcuera respondió que lo que tendría que hacer su compañero -en referencia al policía con el que había tenido el enfrentamiento más violento- era "nacer de nuevo". Finalmente, el ex ministro se subió al coche y se dirigió hacia la Feria, ya una vez identificado su coche como vehículo oficial. Antes, los policías le informaron de que lo iban a denunciar al juzgado por una falta de respeto hacia los agentes.
El altercado entre los policías y José Luis Corcuera congregó a numerosos curiosos que se dirigían a la Feria y se detuvieron para presenciar la bronca. Algunas de estas personas han sido incluso aportadas como testigos a la causa que ha abierto el juzgado de Instrucción 9 para investigar el comportamiento del ex ministro.
21 marzo 2011
La imputación de la presentadora Ana Rosa por la confesión de la mujer de Del Valle
La presentadora Ana Rosa Quintana y nueve periodistas más han sido citados a declarar como imputados este miércoles por el juzgado de Madrid que investiga las circunstancias que rodearon la entrevista a la mujer de Santiago del Valle, condenado por el asesinato de la niña Mari Luz Cortés. En una providencia, la magistrada del juzgado de instrucción número 43, María del Coro Cillán, también ha pedido que Gestevisión Telecinco presente la grabación completa de la entrevista realizada por Ana Rosa Quintana a Isabel García el pasado 23 de febrero en el Parque de Brasilia (Madrid).
La juez tomará primero declaración, en calidad de perjudicada, a Isabel García, quien se ha personado como acusación particular en las diligencias abiertas para esclarecer el modo en que se hizo la entrevista en la que confesó que su marido mató a la niña, tal y como dijo en sus primeras manifestaciones ante la policía y el juez, pero en contra de lo que afirmó en el juicio, cuando culpó a su cuñada.
A continuación, la juez ha citado al representante legal de Antena 3, a cuatro periodistas de la citada cadena, y a otros cuatro periodistas de Telecinco para tomarles declaración como imputados desde las 11.00 a las 14.30 horas.
Ya por la tarde, Ana Rosa Quintana deberá comparecer a las 17.00 horas, según la providencia, y media hora más tarde al también periodista de Tele 5 Nacho Abad, ambos en calidad de imputados al igual que todos los demás periodistas. La juez está investigando si todos los imputados cometieron un posible delito de coacciones al entrevistar a Isabel García, que padece un retraso de moderado a leve.
La juez tomará primero declaración, en calidad de perjudicada, a Isabel García, quien se ha personado como acusación particular en las diligencias abiertas para esclarecer el modo en que se hizo la entrevista en la que confesó que su marido mató a la niña, tal y como dijo en sus primeras manifestaciones ante la policía y el juez, pero en contra de lo que afirmó en el juicio, cuando culpó a su cuñada.
A continuación, la juez ha citado al representante legal de Antena 3, a cuatro periodistas de la citada cadena, y a otros cuatro periodistas de Telecinco para tomarles declaración como imputados desde las 11.00 a las 14.30 horas.
Ya por la tarde, Ana Rosa Quintana deberá comparecer a las 17.00 horas, según la providencia, y media hora más tarde al también periodista de Tele 5 Nacho Abad, ambos en calidad de imputados al igual que todos los demás periodistas. La juez está investigando si todos los imputados cometieron un posible delito de coacciones al entrevistar a Isabel García, que padece un retraso de moderado a leve.
01 febrero 2011
Carcaño insiste en su última versión: dice que no sabe dónde Marta y que el Cuco y Samuel se llevaron el cadáver
El asesino confeso de Marta del Castillo, Miguel Carcaño, ha reiterado hoy al juez de Instrucción número 4 de Sevilla que el cuerpo de la joven se lo llevaron sus amigos Samuel Benítez y el Cuco, por lo que él ha insistido en que desconoce dónde está el cadáver.Miguel Carcaño, que junto a los otros tres adultos imputados han recibido esta mañana la notificación del auto de procesamiento, se ha remitido a su última declaración, en la que sostuvo que Marta murió de un golpe con el cenicero y no hubo violación.
Cuando el juez Francisco de Asís Molina le preguntó expresamente por el paradero del cuerpo, como el magistrado ha hecho siempre que Carcaño ha ido al juzgado a declarar, el asesino confeso ha contestado que "no lo sabe" y a continuación se ha remitido a su última declaración, añadiendo que él se quedó "limpiando restos de huellas y vestigios" del crimen en el piso de León XIII mientras Samuel y el Cuco trasladaban el cuerpo en un vehículo propiedad de un familiar de Samuel.Fuentes del caso han señalado que Miguel ha mantenido la misma actitud cuando ha prestado declaración hoy en el juzgado y han añadido que su testimonio no introduce ninguna novedad en lo que ya se conocía.
La Fiscalía recordó hoy que sostiene que tanto Miguel como los otros implicados "saben todos" dónde está el cuerpo de Marta, porque así se desprende de las pruebas e indicios recopilados en el sumario del caso.Los otros tres imputados, Javier Delgado, María García y Samuel Benítez se han acogido igualmente a sus anteriores declaraciones durante la vista celebrada hoy para la declaración indagatoria, aunque el último de estos imputados ha dicho al juez que pone a su disposición el jersey que, según dice, llevaba puesto la noche del crimen y que le extrañó que en su día no le fuese requerido por la Policía. Fuentes del caso han restado relevancia al ofrecimiento realizado por la defensa de Samuel, que se produce dos años después de la desaparición de Marta.Al término de la comparecencia, el juez ha celebrado una vista para decidir sobre la prórroga de la prisión preventiva para Miguel Carcaño, al estar próximo a cumplir los dos años encarcelados.
La defensa del asesino confeso ha pedido la libertad provisional, al considerar que no existía riesgo de fuga, mientras que la Fiscalía y la acusación particular han estimado que éste era precisamente uno de los motivos por los que debía seguir en prisión, además de la gravedad de las penas a las que se enfrenta y la proximidad de la celebración de la vista oral, que tendrá lugar en los próximos meses.
El juez Francisco de Asís Molina acordó finalmente la prórroga de la prisión por otros dos años, con una triple argumentación: la existencia de un riesgo de fuga de Miguel Carcaño, la gravedad de los hechos y de las penas que se solicitan, y también para asegurar la presencia del acusado en el juicio.En los juzgados volvieron a repetirse momentos de tensión a la entrada, sobre todo, de Miguel Carcaño, y de los otros imputados, que han sido increpados con gritos de "asesino" y requiriéndoles para que digan dónde está Marta.
A la salida de los juzgados, dos hermanas de Antonio del Castillo, padre de la joven desaparecida, han empezado a empujar al hermano del asesino confeso, Javier Delgado, mostrándole las camisetas que llevaban con la cara de Marta, aunque el incidente no ha pasado a mayores.La Policía desplegó un fuerte dispositivo en torno a los juzgados de Sevilla para garantizar la entrada de los imputados y evitar que se produzcan agresiones como la que sufrió el abogado del hermano de Miguel la semana pasada.
27 enero 2011
Carcaño no se enfrentará al jurado popular
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ordenado finalmente que el asesino confeso, Miguel Carcaño, y los otros adultos implicados sean enjuiciados por un tribunal profesional y no ante un jurado popular, como habían solicitado la Fiscalía y la familia de la víctima. El argumento que esgrime el Alto Tribunal andaluz en su resolución consiste en que los magistrados consideran, al igual que en su día expuso el magistrado de la Audiencia de Sevilla Javier González –al que correspondió presidir el jurado–, que el objetivo principal que buscaban los imputados era la violación de Marta y que su crimen se cometió para ocultar ese delito.
El auto del TSJA analiza los escritos de calificación presentados por la Fiscalía y la acusación particular contra Carcaño y los otros imputados y señala que, si bien la Fiscalía no se pronuncia expresamente sobre la relación entre las previas agresiones sexuales y el posterior asesinato, “por muchas disquisiciones que quieran hacerse, las secuencias que se concretan en los escritos de calificación revelan una actividad de ocultación de los delitos de agresiones sexuales”. De esta forma, los magistrados consideran que los escritos de acusación del fiscal y de la acusación particular “no son incompatibles y conducen a la misma conclusión: el delito fin o el objetivo perseguido fueron las agresiones sexuales”.
En el caso del escrito de la Fiscalía, el TSJA considera que la imputación de los delitos de agresión sexual que incluyen el uso de armas peligrosas –Carcaño aseguró que amenazaron a Marta con una navaja, que fue recuperada– “denota la convicción del Ministerio Fiscal de que el impulso agresor inicial perseguía, como objetivo principal, la violación”. Siguiendo los acuerdos de la Sala Penal del Supremo para los delitos conexos, el TSJA entiende que si el delito principal es la violación, el caso debe ser enjuiciado por un tribunal profesional y no por el jurado popular.
El auto acuerda devolver las actuaciones al juzgado de Instrucción número 4 para que acuerde la “transformación y adecuación” del procedimiento a las normas del sumario ordinario. Contra la resolución del TSJA, según explica el propio auto, no cabe ningún recurso, aunque fuentes de la Fiscalía han explicado que van a estudiar si es posible presentar un recurso.
El juicio contra Carcaño, según las mismas fuentes, podría celebrarse antes del verano, aunque en los próximos meses tendrán que realizarse determinadas actuaciones judiciales como una declaración indagatoria de todos los imputados, lo que podía retrasar la celebración, sobre todo si las defensas plantean nuevos recursos.
El juez debe dictar ahora un auto de procesamiento y remitir la causa a la Sección Primera de la Audiencia para continuar la denominada fase intermedia que concluirá con la remisión a otra Sección para el enjuiciamiento.
Así todo, una vez que el TSJA ha resuelto cómo serán juzgados los adultos imputados por la desaparición de Marta, la Fiscalía anunció ayer que en los próximos días pedirá la prórroga de la prisión preventiva de Miguel Carcaño, el único implicado que sigue en la cárcel. La petición se planteará ante el juez de Instrucción número 4 de Sevilla, Francisco de Asís Molina, que investigó el asesinato de Marta y que decretó en febrero de 2009 el ingreso en prisión del asesino confeso, por lo que está a punto de cumplir el tiempo máximo. La prórroga será, como es preceptivo, por otros dos años.
El auto del TSJA analiza los escritos de calificación presentados por la Fiscalía y la acusación particular contra Carcaño y los otros imputados y señala que, si bien la Fiscalía no se pronuncia expresamente sobre la relación entre las previas agresiones sexuales y el posterior asesinato, “por muchas disquisiciones que quieran hacerse, las secuencias que se concretan en los escritos de calificación revelan una actividad de ocultación de los delitos de agresiones sexuales”. De esta forma, los magistrados consideran que los escritos de acusación del fiscal y de la acusación particular “no son incompatibles y conducen a la misma conclusión: el delito fin o el objetivo perseguido fueron las agresiones sexuales”.
En el caso del escrito de la Fiscalía, el TSJA considera que la imputación de los delitos de agresión sexual que incluyen el uso de armas peligrosas –Carcaño aseguró que amenazaron a Marta con una navaja, que fue recuperada– “denota la convicción del Ministerio Fiscal de que el impulso agresor inicial perseguía, como objetivo principal, la violación”. Siguiendo los acuerdos de la Sala Penal del Supremo para los delitos conexos, el TSJA entiende que si el delito principal es la violación, el caso debe ser enjuiciado por un tribunal profesional y no por el jurado popular.
El auto acuerda devolver las actuaciones al juzgado de Instrucción número 4 para que acuerde la “transformación y adecuación” del procedimiento a las normas del sumario ordinario. Contra la resolución del TSJA, según explica el propio auto, no cabe ningún recurso, aunque fuentes de la Fiscalía han explicado que van a estudiar si es posible presentar un recurso.
El juicio contra Carcaño, según las mismas fuentes, podría celebrarse antes del verano, aunque en los próximos meses tendrán que realizarse determinadas actuaciones judiciales como una declaración indagatoria de todos los imputados, lo que podía retrasar la celebración, sobre todo si las defensas plantean nuevos recursos.
El juez debe dictar ahora un auto de procesamiento y remitir la causa a la Sección Primera de la Audiencia para continuar la denominada fase intermedia que concluirá con la remisión a otra Sección para el enjuiciamiento.
Así todo, una vez que el TSJA ha resuelto cómo serán juzgados los adultos imputados por la desaparición de Marta, la Fiscalía anunció ayer que en los próximos días pedirá la prórroga de la prisión preventiva de Miguel Carcaño, el único implicado que sigue en la cárcel. La petición se planteará ante el juez de Instrucción número 4 de Sevilla, Francisco de Asís Molina, que investigó el asesinato de Marta y que decretó en febrero de 2009 el ingreso en prisión del asesino confeso, por lo que está a punto de cumplir el tiempo máximo. La prórroga será, como es preceptivo, por otros dos años.
El Cuco se declara inocente
No hubo sorpresas ni cambios en el guión previsto. La esperanza de la familia de Marta de que el juicio pueda derrumbar a alguno de los implicados para que revelen, dos años después, dónde está el cadáver no vino de la mano del Cuco. El menor, que ahora tiene 17 años -la misma edad que Marta cuando fue asesinada-, negó su participación en la violación y el asesinato de Marta, delitos por los que se enfrenta a una condena de seis años de internamiento en un centro cerrado y otros tres de libertad vigilada.
El joven, que presenta un aspecto físicamente más fuerte, con pelo largo y recogido en una coleta, se mostró al principio del interrogatorio muy tranquilo, incluso "frío" en algunos momentos, pero a medida que avanzaban las preguntas de la fiscal y de la acusación particular sobre su intervención en los hechos que ocurrieron la tarde del 24 de enero de 2009 se puso cada vez más "tenso", según confirmaron fuentes del caso, dado que el juicio se desarrolla a puerta cerrada.
Uno de los momentos más complicados llegó cuando se la acusación le preguntó si sabía dónde estaba el cuerpo de Marta, de cuya desaparición se cumplieron ayer dos años. El menor respondió que lo desconocía e incluso exclamó que "ojalá lo supiera", porque a él también le interesa que aparezca el cuerpo porque podría beneficiar a su defensa en este proceso. "No voy a hacer lo que ha hecho Miguel", aseveró el menor en alusión al continuo cambio sobre el destino que se dio al cuerpo de la joven sevillana.
Durante unas dos horas, el Cuco negó, una a una, todas las preguntas en las que se le relacionaba con el crimen. El menor, que había prestado ocho declaraciones anteriores -en tres de las cuales había reconocido su participación-, se declaró inocente ante el juez de Menores y aseguró que el día de autos no estuvo en el piso de Miguel Carcaño, en la calle León XIII, donde Marta fue asesinada. En su relato exculpatorio, el menor reconoció que aquella tarde, sobre las 17:00, se encontró a Miguel y a Marta en Santa María de Ordaz, pero después se marchó y estuvo con dos grupos de amigos haciendo una botellonajunto al Polideportivo de San Pablo y en un parque cerca de Santa Clara.
Esa tarde el Cuco llamó por teléfono a Samuel Benítez, que está imputado en la causa que se sigue contra los cuatro adultos, y quedó con él en encontrarse de madrugada. El menor asegura que llegó a su casa sobre las 23:30, lo que hipotéticamente le sitúa fuera del horario en el que, según la Policía y el juez que instruyó el caso, tuvo lugar el asesinato.
El testimonio del Cuco presenta para la Fiscalía de Sevilla y la acusación que ejercen los padres de Marta "muchas contradicciones" y sus explicaciones "no han sido lógicas, coherentes o satisfactorias" en cuanto a su cambio de versión, al haber pasado de autoinculparse e incriminar a los imputados adultos a decir que no tiene ninguna relación con el crimen. El Cuco alegó que las tres declaraciones incriminatorias las realizó por las supuestas "presiones" que recibió de los agentes del Grupo de Menores (Grume) de la Policía, quienes le habrían incluso "amenazado" diciéndole que iban "a detener a su madre" en la creencia de que su vehículo, un Volkswagen Polo de color blanco, había sido utilizado para ocultar el cuerpo. El menor relató al juez que se sintió "asustado" ante estas presiones y que por eso asumió su participación.
El adolescente negó que él o Samuel condujeran aquella noche ese coche, aunque sí reconoció que unos días después de la desaparición de Marta ambos lo limpiaron porque estaba "sucio", pero no porque pretendieran eliminar pruebas.
En la primera sesión del juicio se visionó el DVD realizado con la reconstrucción judicial de los hechos que se hizo tras su detención en el piso de Miguel Carcaño, donde el menor ofreció de manera espontánea detalles concretos sobre cómo encontró el cuerpo de Marta cuando se presentó en el piso y cómo se produjo el traslado inicialmente hasta el Guadalquivir.
El Cuco alegó ayer que muchos de esos detalles los introdujo en su declaración para dar verosimilitud y porque conocía muy bien el piso de León XIII, en el que había dormido muchas veces. Cuando se le preguntó sobre el punto exacto del río desde el que inicialmente dijo que se deshicieron del cuerpo, el acusado señaló que se lo habían indicado los policías.
Tras la comparecencia del Cuco, el juez llamó a declarar Ángel Romero, su tutor legal, que estaba citado en calidad de testigo y como responsable civil, pero que se acogió a su derecho constitucional a no declarar. El juicio se reanudará mañana con la declaración de Miguel Carcaño y de los otros adultos imputados, y de la inspectora jefe del Grume.
El joven, que presenta un aspecto físicamente más fuerte, con pelo largo y recogido en una coleta, se mostró al principio del interrogatorio muy tranquilo, incluso "frío" en algunos momentos, pero a medida que avanzaban las preguntas de la fiscal y de la acusación particular sobre su intervención en los hechos que ocurrieron la tarde del 24 de enero de 2009 se puso cada vez más "tenso", según confirmaron fuentes del caso, dado que el juicio se desarrolla a puerta cerrada.
Uno de los momentos más complicados llegó cuando se la acusación le preguntó si sabía dónde estaba el cuerpo de Marta, de cuya desaparición se cumplieron ayer dos años. El menor respondió que lo desconocía e incluso exclamó que "ojalá lo supiera", porque a él también le interesa que aparezca el cuerpo porque podría beneficiar a su defensa en este proceso. "No voy a hacer lo que ha hecho Miguel", aseveró el menor en alusión al continuo cambio sobre el destino que se dio al cuerpo de la joven sevillana.
Durante unas dos horas, el Cuco negó, una a una, todas las preguntas en las que se le relacionaba con el crimen. El menor, que había prestado ocho declaraciones anteriores -en tres de las cuales había reconocido su participación-, se declaró inocente ante el juez de Menores y aseguró que el día de autos no estuvo en el piso de Miguel Carcaño, en la calle León XIII, donde Marta fue asesinada. En su relato exculpatorio, el menor reconoció que aquella tarde, sobre las 17:00, se encontró a Miguel y a Marta en Santa María de Ordaz, pero después se marchó y estuvo con dos grupos de amigos haciendo una botellonajunto al Polideportivo de San Pablo y en un parque cerca de Santa Clara.
Esa tarde el Cuco llamó por teléfono a Samuel Benítez, que está imputado en la causa que se sigue contra los cuatro adultos, y quedó con él en encontrarse de madrugada. El menor asegura que llegó a su casa sobre las 23:30, lo que hipotéticamente le sitúa fuera del horario en el que, según la Policía y el juez que instruyó el caso, tuvo lugar el asesinato.
El testimonio del Cuco presenta para la Fiscalía de Sevilla y la acusación que ejercen los padres de Marta "muchas contradicciones" y sus explicaciones "no han sido lógicas, coherentes o satisfactorias" en cuanto a su cambio de versión, al haber pasado de autoinculparse e incriminar a los imputados adultos a decir que no tiene ninguna relación con el crimen. El Cuco alegó que las tres declaraciones incriminatorias las realizó por las supuestas "presiones" que recibió de los agentes del Grupo de Menores (Grume) de la Policía, quienes le habrían incluso "amenazado" diciéndole que iban "a detener a su madre" en la creencia de que su vehículo, un Volkswagen Polo de color blanco, había sido utilizado para ocultar el cuerpo. El menor relató al juez que se sintió "asustado" ante estas presiones y que por eso asumió su participación.
El adolescente negó que él o Samuel condujeran aquella noche ese coche, aunque sí reconoció que unos días después de la desaparición de Marta ambos lo limpiaron porque estaba "sucio", pero no porque pretendieran eliminar pruebas.
En la primera sesión del juicio se visionó el DVD realizado con la reconstrucción judicial de los hechos que se hizo tras su detención en el piso de Miguel Carcaño, donde el menor ofreció de manera espontánea detalles concretos sobre cómo encontró el cuerpo de Marta cuando se presentó en el piso y cómo se produjo el traslado inicialmente hasta el Guadalquivir.
El Cuco alegó ayer que muchos de esos detalles los introdujo en su declaración para dar verosimilitud y porque conocía muy bien el piso de León XIII, en el que había dormido muchas veces. Cuando se le preguntó sobre el punto exacto del río desde el que inicialmente dijo que se deshicieron del cuerpo, el acusado señaló que se lo habían indicado los policías.
Tras la comparecencia del Cuco, el juez llamó a declarar Ángel Romero, su tutor legal, que estaba citado en calidad de testigo y como responsable civil, pero que se acogió a su derecho constitucional a no declarar. El juicio se reanudará mañana con la declaración de Miguel Carcaño y de los otros adultos imputados, y de la inspectora jefe del Grume.
Sorprendentemente, aunque Samuel Benítez Pérez no estaba citado ha aparecido por la sede judicial para firmar como cada quince días su libertad condicional, justo a la hora de máxima expectación de periodistas. Con gafas de sol, y muy arreglado, a diferencia de su aspecto deportivo de la vista oral, daba la impresión de que quería ser visto porque tenía que firmar en el mismo edificio en el que se celebra el juicio, en lugar de en un juzgado.
13 diciembre 2010
La Fiscalía, satisfecha con la actuación del Ministerio Público en la crisis de los controladores aéreos
Publicamos un comunicado difundido hoy por la Fiscalía General del Estado en relación con la actuación del Ministerio Público en la huelga salvaje de los controladores aéreos:
La Fiscalía General del Estado desea mostrar públicamente su satisfacción por el papel desempeñado por el Ministerio Fiscal en la adopción de medidas urgentes para la resolución de la situación planteada a partir del pasado 3 de diciembre, como consecuencia del abandono colectivo y presuntamente concertado de sus puestos de trabajo por parte de un importante número de controladores aéreo.
En primer lugar, hay que destacar la celeridad con que la Fiscalia de Madrid, la misma noche del 3 de diciembre, procedió de oficio a la incoación de diligencias de investigación por un presunto delito contra el tráfico aéreo, practicando de inmediato las primeras diligencias para aclarar los hechos e identificar a los presuntos responsables, incoación que se generalizó en el conjunto de Fiscalias Superiores la mañana siguiente.
Asimismo ha de señalarse la incorporación del Fiscal General del Estado al Consejo de Ministros Extraordinario del pasado sábado día 4, a petición del Presidente del Gobierno. Como es sabido, la participación del Fiscal General en dicho órgano está expresamente prevista en el artículo 9 2º del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, precisamente para que en situaciones excepcionales, como la producida en este caso, el Ministerio Público pueda ejercer en tiempo real, y con carácter previo a la adopción de cualesquiera medidas extraordinarias, su función de informar en defensa de la legalidad y de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Esta tarea de aportación de un criterio estrictamente jurídico, basado en la misión constitucional de interpretar la ley con imparcialidad y en atención al interés general, con absoluta autonomía de las decisiones políticas que pueda adoptar el Ejecutivo, pone en valor la posición del Ministerio Fiscal como órgano constitucionalmente relevante, del mismo modo que de ordinario ocurre con el ejercicio de su función de informar los proyectos de disposiciones legales o reglamentarias que afectan a su función (art. 14.i. j del mismo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal). Sin que ello, como es obvio, suponga injerencia alguna ni por parte del Gobierno en las decisiones del Fiscal en su ámbito funcional, ni del Fiscal en el legítimo ejercicio de las competencias que la Constitución atribuye al Gobierno democráticamente elegido por los españoles.
Es evidente asimismo que, con independencia de toda intoxicación informativa o de cualesquiera interpretaciones partidistas o corporativistas políticamente orientadas a desmerecer la acción institucional del Ministerio Público, ignorantes de su función constitucional o reticentes a su desempeño, la acción coordinada, inmediata y eficaz de las Fiscalías territorialmente competentes para conocer de los hechos, y en particular el papel relevante de los Fiscales Superiores de las Comunidades Autónomas, han permitido en este caso una perfecta y eficiente aplicación del principio de unidad de actuación con imparcial sujeción a la legalidad. De manera que, una vez determinada con plena autonomía de criterio la ley aplicable, y concretadas mediante un concienzudo debate jurídico en el seno de los órganos competentes de este Ministerio las pautas de intervención del Fiscal, unánimemente confirmadas y asumidas en la Junta de Fiscales Superiores de las Comunidades Autónomas que tuvo lugar en Zaragoza el pasado jueves día 9, a fecha de hoy el Ministerio Público español está en condiciones de concretar el objeto y los sujetos de investigación en una treintena de diligencias, que se siguen en las Fiscalías de la práctica totalidad de las Comunidades Autónomas.
La Fiscalía General del Estado desea, en consecuencia:
1) Hacer partícipes a todos los ciudadanos del compromiso de esta institución, basado en una rigurosa e imparcial aplicación de la Constitución y la Ley, con los derechos de los afectados y las garantías legales y procesales de los implicados en los acontecimientos producidos con ocasión del abandono masivo de sus puestos de trabajo por parte de los controladores aéreos, los pasados días 3 y 4 de diciembre.
2) Agradecer y reconocer expresamente su trabajo a los Fiscales que en esas fechas se mantuvieron activos para hacer posible esa reacción eficaz, dirigida a preservar y recuperar en lo posible el derecho de sus conciudadanos al normal funcionamiento del servicio público de la navegación aérea en unas fechas tan significativas.
3) Reiterar, en fin, públicamente, una inequívoca y firme expresión de satisfacción por el papel relevante de interpretación y aplicación de la legalidad que, en el estricto ejercicio de su misión constitucional y en tan singulares circunstancias, ha correspondido al Ministerio Público en relación con las medidas excepcionales adoptadas por el Gobierno de la Nación, expresamente apoyadas por el Consejo General del Poder Judicial y posteriormente confirmadas por una mayoría abrumadora del Congreso de los Diputados.
La Fiscalía General del Estado desea mostrar públicamente su satisfacción por el papel desempeñado por el Ministerio Fiscal en la adopción de medidas urgentes para la resolución de la situación planteada a partir del pasado 3 de diciembre, como consecuencia del abandono colectivo y presuntamente concertado de sus puestos de trabajo por parte de un importante número de controladores aéreo.
En primer lugar, hay que destacar la celeridad con que la Fiscalia de Madrid, la misma noche del 3 de diciembre, procedió de oficio a la incoación de diligencias de investigación por un presunto delito contra el tráfico aéreo, practicando de inmediato las primeras diligencias para aclarar los hechos e identificar a los presuntos responsables, incoación que se generalizó en el conjunto de Fiscalias Superiores la mañana siguiente.
Asimismo ha de señalarse la incorporación del Fiscal General del Estado al Consejo de Ministros Extraordinario del pasado sábado día 4, a petición del Presidente del Gobierno. Como es sabido, la participación del Fiscal General en dicho órgano está expresamente prevista en el artículo 9 2º del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, precisamente para que en situaciones excepcionales, como la producida en este caso, el Ministerio Público pueda ejercer en tiempo real, y con carácter previo a la adopción de cualesquiera medidas extraordinarias, su función de informar en defensa de la legalidad y de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Esta tarea de aportación de un criterio estrictamente jurídico, basado en la misión constitucional de interpretar la ley con imparcialidad y en atención al interés general, con absoluta autonomía de las decisiones políticas que pueda adoptar el Ejecutivo, pone en valor la posición del Ministerio Fiscal como órgano constitucionalmente relevante, del mismo modo que de ordinario ocurre con el ejercicio de su función de informar los proyectos de disposiciones legales o reglamentarias que afectan a su función (art. 14.i. j del mismo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal). Sin que ello, como es obvio, suponga injerencia alguna ni por parte del Gobierno en las decisiones del Fiscal en su ámbito funcional, ni del Fiscal en el legítimo ejercicio de las competencias que la Constitución atribuye al Gobierno democráticamente elegido por los españoles.
Es evidente asimismo que, con independencia de toda intoxicación informativa o de cualesquiera interpretaciones partidistas o corporativistas políticamente orientadas a desmerecer la acción institucional del Ministerio Público, ignorantes de su función constitucional o reticentes a su desempeño, la acción coordinada, inmediata y eficaz de las Fiscalías territorialmente competentes para conocer de los hechos, y en particular el papel relevante de los Fiscales Superiores de las Comunidades Autónomas, han permitido en este caso una perfecta y eficiente aplicación del principio de unidad de actuación con imparcial sujeción a la legalidad. De manera que, una vez determinada con plena autonomía de criterio la ley aplicable, y concretadas mediante un concienzudo debate jurídico en el seno de los órganos competentes de este Ministerio las pautas de intervención del Fiscal, unánimemente confirmadas y asumidas en la Junta de Fiscales Superiores de las Comunidades Autónomas que tuvo lugar en Zaragoza el pasado jueves día 9, a fecha de hoy el Ministerio Público español está en condiciones de concretar el objeto y los sujetos de investigación en una treintena de diligencias, que se siguen en las Fiscalías de la práctica totalidad de las Comunidades Autónomas.
La Fiscalía General del Estado desea, en consecuencia:
1) Hacer partícipes a todos los ciudadanos del compromiso de esta institución, basado en una rigurosa e imparcial aplicación de la Constitución y la Ley, con los derechos de los afectados y las garantías legales y procesales de los implicados en los acontecimientos producidos con ocasión del abandono masivo de sus puestos de trabajo por parte de los controladores aéreos, los pasados días 3 y 4 de diciembre.
2) Agradecer y reconocer expresamente su trabajo a los Fiscales que en esas fechas se mantuvieron activos para hacer posible esa reacción eficaz, dirigida a preservar y recuperar en lo posible el derecho de sus conciudadanos al normal funcionamiento del servicio público de la navegación aérea en unas fechas tan significativas.
3) Reiterar, en fin, públicamente, una inequívoca y firme expresión de satisfacción por el papel relevante de interpretación y aplicación de la legalidad que, en el estricto ejercicio de su misión constitucional y en tan singulares circunstancias, ha correspondido al Ministerio Público en relación con las medidas excepcionales adoptadas por el Gobierno de la Nación, expresamente apoyadas por el Consejo General del Poder Judicial y posteriormente confirmadas por una mayoría abrumadora del Congreso de los Diputados.
17 noviembre 2010
Un abogado que denuncia a Buenafuente por un vídeo en el que se ridiculiza a la iglesia
Un abogado de Lebrija ha presentado una denuncia contra la cadena La Sexta por la emisión en el programa de Andreu Buenafuente de un vídeo en el que se parodia la reciente visita del Papa a España y que el letrado considera que puede ser constitutiva de delitos contra los derechos fundamentales y los sentimientos religiosos.
El abogado José Antonio Barragán explicó ayer que después de ver el vídeo que fue emitido el pasado 4 de noviembre consideró que debía poner los hechos en conocimiento de la Justicia porque cree que hay indicios de delito. "Soy católico como cualquiera y como católico me he sentido ofendido por el vídeo, porque hace una parodia de la Eucaristía y tiene palabras ofensivas para el Papa", aseveró José Antonio Barragán. El letrado asegura que denunció los hechos como ciudadano y no como abogado, aunque precisó que "la ley está para poner coto" y evitar que se "ridiculice" al Santo Padre y a los sacramentos.
La denuncia, que ha sido remitida por los juzgados de Sevilla al decanato de Alcobendas (Madrid), donde tiene su domicilio social La Sexta, recoge que en el vídeo tituladoConozcamos a la Iglesia católica, se ridiculiza a la propia Iglesia, al papa Benedicto XVI y el sacramento de la Eucaristía.
"Los productores del vídeo se burlan de Jesucristo cuando dicen que 'la figura principal del cristianismo es un hombre sabio, de gran barba, y que tiene la finalidad de llevar la felicidad a todo el mundo... Papá Noel", recoge el texto de la denuncia, que añade que el Vaticano tiene tres funciones básicas: "Disimular cuando la ciencia pasa cerca, repartir hostias y pedir perdón por las hostias repartidas en el pasado". El vídeo se refiere a la Guardia Suiza como los cantantes del grupo Locomía y añade que "el jefe supremo del Vaticano es el Papa, situado justo por encima de Dios... y por debajo de Chuck Norris". Y añade: "La Iglesia católica es la segunda institución que existe después del programa de Jordi Hurtado". El vídeo se refiere a la visita del Papa como un "desfile de faldas y sombreros llamativos" y concluye: "Iglesia católica, sin escándalos sexuales desde junio".
José Antonio Barragán es consciente de que la denuncia puede ser archivada si la Justicia considera que no hay indicios de delito y se entiende que el vídeo se enmarca en un contexto humorístico.
08 noviembre 2010
La cosa está muy mal, también para los abogados
La crisis económica pasa factura a todos. Y si no, basta observar la fotografía en la que un abogado -cuyo teléfono se ha omitido- se anuncia en las farolas, debajo de otros anuncios de personas que buscan trabajo....
Una nueva forma de buscar clientes. Lo que no sabemos es si es rentable o no. En el anuncio se ofrece consulta gratuita y se abarcan "todos los asuntos". No falta un buen "Llame sin compromisos" para los más indecisos....
05 noviembre 2010
El cambio de criterio de la Fiscalía: ahora apoya recusar a la juez Alaya en la causa por el delito societario en Mercasevilla
La decisión de la Fiscalía de apoyar la recusación de la juez ha causado gran sorpresa en los foros jurídicos de Sevilla. Por varios motivos. Para empezar, porque hace tan sólo dos semanas, al ser preguntada por la misma cuestión, la fiscal jefe, María José Segarra, anunció que "no veía motivos" para esta recusación. ¿Qué ha cambiado en estas dos semanas? Nada. No se ha aportado ningún argumento nuevo, pero el criterio de la fiscal ha variado. ¿Se equivocó antes cuando anunció que no había motivos para recusar a la juez o lo hace ahora?
El argumento con el que la fiscal justifica ahora la recusación tampoco tiene una gran fortaleza. Dice que como el marido de la juez estuvo auditando Mercasevilla hasta junio de 2002 y a pesar de que la juez ha dicho que va a investigar desde septiembre de 2002 -cuando Fernando Mellet fue nombrado gerente del mercado central-, la Fiscalía entiende que según los criterios contables no es posible analizar un periodo tan específico, por lo que tendrá que revisarse todo el año 2002 y entonces sí que se verá afectada su imparcialidad por el trabajo de su esposo como auditor de la sociedad.
Pero hay elementos que contradicen este argumento: Uno, la empresa Deloitte realizó una auditoría de sólo cuatro meses, con lo que es posible analizar un periodo inferior a un año. Y lo que es más importante, según algunos expertos auditores si el marido de la juez estuvo trabajando hasta junio de 2002, su trabajo consistiría en auditar las cuentas de 2001, con lo que no habría lugar a que la investigación de la juez se solapara con el trabajo de su marido en la empresa mixta.
La Audiencia tendrá que resolver la cuestión en breve.
02 noviembre 2010
Foro Judicial apoya a la juez Alaya ante el "acoso" que está sufriendo
El Foro Judicial Independiente ha emitido un comunicado de apoyo a la juez Mercedes Alaya ante el "acoso" que está sufriendo y tras las declaraciones del consejero deportivo del Betis, Luis Oliver, en las que la comparó con una "nazi" y la calificó de "loca".
El comunicado de la asociación dice lo siguiente:
"Con ocasión de las inaceptables descalificaciones vertidas por el imputado Luis Oliver contra la Ilma. Sra. magistrada D.ª Mercedes Alaya, instructora de un presunto delito societario contra el ex dirigente bético Manuel Ruiz de Lopera, la sección territorial en Andalucía, de la asociación de jueces y magistrados Foro Judicial Independiente, emite el siguiente comunicado:
1. En un Estado de Derecho no son los insultos groseros ni las calumnias los medios que los ciudadanos tienen a su alcance para criticar y rebatir las actuaciones jurisdiccionales, sino los recursos.
2. Manifestamos nuestra satisfacción por el hecho de que la Fiscalía de Sevilla haya actuado con rapidez, iniciando inmediatamente diligencias de investigación contra Luis Oliver por un presunto delito de injurias a la autoridad.
3. Mostramos nuestro enérgico y total rechazo al acoso que está sufriendo la magistrada instructora con ocasión del ejercicio de su actividad jurisdiccional. Su independencia y profesionalidad está fuera de toda duda.
4. El abandono y menosprecio que el Poder Judicial sufre a manos de los otros dos poderes del Estado, ejecutivo y legislativo, estimula desgraciados comportamientos como el que nos ocupa, cuya finalidad última es deteriorar la serenidad y sosiego que ha de presidir la actuación judicial".
El comunicado de la asociación dice lo siguiente:
"Con ocasión de las inaceptables descalificaciones vertidas por el imputado Luis Oliver contra la Ilma. Sra. magistrada D.ª Mercedes Alaya, instructora de un presunto delito societario contra el ex dirigente bético Manuel Ruiz de Lopera, la sección territorial en Andalucía, de la asociación de jueces y magistrados Foro Judicial Independiente, emite el siguiente comunicado:
1. En un Estado de Derecho no son los insultos groseros ni las calumnias los medios que los ciudadanos tienen a su alcance para criticar y rebatir las actuaciones jurisdiccionales, sino los recursos.
2. Manifestamos nuestra satisfacción por el hecho de que la Fiscalía de Sevilla haya actuado con rapidez, iniciando inmediatamente diligencias de investigación contra Luis Oliver por un presunto delito de injurias a la autoridad.
3. Mostramos nuestro enérgico y total rechazo al acoso que está sufriendo la magistrada instructora con ocasión del ejercicio de su actividad jurisdiccional. Su independencia y profesionalidad está fuera de toda duda.
4. El abandono y menosprecio que el Poder Judicial sufre a manos de los otros dos poderes del Estado, ejecutivo y legislativo, estimula desgraciados comportamientos como el que nos ocupa, cuya finalidad última es deteriorar la serenidad y sosiego que ha de presidir la actuación judicial".
La Fiscalía apoya al PP en su recurso por el caso Unidad
La Fiscalía de Sevilla ha enviado un escrito al juez de Instrucción número 14 de Sevilla, en el que apoya el recurso del PP contra el auto que puso fin a la investigación de las facturas falsas de Unidad. En una nota, la Fiscalía asegura que "tras el análisis de las contradicciones puestas de manifiesto por la acusación particular en el recurso de reforma interpuesto contra el auto de 6 de septiembre de 2010 en relación con la documentación existente en la causa, pese a su informe precedente, ha considerado oportuno apoyar parcialmente la realización de ciertas diligencias interesadas por via del recurso".
La Fiscalía añade que las diligencias se refierente "concretamente las tendentes a verificar de forma exhaustiva si alguna de las facturas de Copyur cuestionadas en el recurso se encuentran en algún expediente de cuentas justificativas de las subvenciones concedidas a la Federación de Asociaciones de Vecinos Unidad en los años 2001,2002,2003 y 2004 y que se realice una prueba pericial consistente en el cotejo de la documentación contable aportada por Copyur, en relación con determinadas facturas, de forma que se pueda determinar si se corresponden con entregas reales de materiales y pagos realizados por Unidad a la empresa Copyur".
La Fiscalía añade que las diligencias se refierente "concretamente las tendentes a verificar de forma exhaustiva si alguna de las facturas de Copyur cuestionadas en el recurso se encuentran en algún expediente de cuentas justificativas de las subvenciones concedidas a la Federación de Asociaciones de Vecinos Unidad en los años 2001,2002,2003 y 2004 y que se realice una prueba pericial consistente en el cotejo de la documentación contable aportada por Copyur, en relación con determinadas facturas, de forma que se pueda determinar si se corresponden con entregas reales de materiales y pagos realizados por Unidad a la empresa Copyur".
28 septiembre 2010
La huelga del 29-S
El lema de la pancarta de estos policías nacionales en Huelva no tiene desperdicio..... A ver quién trabaja y con qué... con estos argumentos...27 septiembre 2010
Una encuesta sobre la que reflexionar: el 48% de los españoles cree que la Justicia funciona mal o muy mal
Según el II Barómetro de la Justicia de la Fundación Wolters Kluwer, cerca del 70% de los españoles considera que la Justicia es muy lenta y que las sentencias no se ejecutan con eficacia.
Según el 48% de los españoles, la Administración de Justicia funciona mal o muy mal y sólo un 10% de la población considera que la Justicia funciona bien. Además, el 30% considera que funciona peor que hace dos o tres años. Estos son algunos de los resultados reflejados en el II Barómetro de la Justicia de la Fundación Wolters Kluwer, realizado junto a Metroscopia .
En general, los resultados no son buenos y la valoración de la Justicia por los ciudadanos está en uno de los momentos más bajos de los últimos veinte años. Actualmente, la Administración de Justicia tiene una valoración similar a la del Gobierno de España, ya que obtienen un 4,2 y un 4,1 respectivamente, en una escala de 0 al 10.
El Barómetro pone de manifiesto un empeoramiento general de la imagen de la Justicia para los ciudadanos. Los españoles cada vez son más críticos con el funcionamiento de la Justicia y no están percibiendo las mejoras organizativas que se han acometido, afirma Rosalina Díaz, presidenta de la Fundación Wolters Kluwer.
Anticuada, lenta y poco eficaz
Otro de los factores que dificultan una mejor percepción de la Justicia lo indica el dato de que seis de cada diez ciudadanos considera que la Justica está anticuada; siete de cada diez consideran que es muy lenta y que las sentencias no se ejecutan con eficacia, y un 49% de la ciudadanía no cree que los Tribunales sean imparciales en su actuación.
Es obvio que la ciudadanía está percibiendo una imagen muy distorsionada del quehacer diario de nuestros Jueces y Tribunales, los procesos de reformas organizativas pasan inadvertidos ante la polémica mediática que se produce alrededor de unos pocos casos, asegura Rosalina Díaz.
La opinión sobre los magistrados
En cuanto a los jueces, el 54% de los españoles creen que, a la hora de enjuiciar un caso y dictar sentencia, los jueces no suelen actuar con total independencia. Aún así, en el caso de ser acusado en un juicio criminal, el 52% de los españoles prefiere ser juzgado por un juez antes que por un jurado compuesto por personas elegidas por sorteo. De hecho, el 60% considera que los jueces están bien preparados y son competentes.
En general, la puntuación media para los jueces es de 5,2, frente al 7,1 que reciben la policía y los guardias civiles o el 5,6 de los fiscales.
Por otra parte, según el estudio, los ciudadanos creen que los tribunales actúan dejándose influenciar por los intereses del Gobierno (el 60%), las presiones de grupos económicos o sociales (59%) e incluso los medios de comunicación (52%). Incluso el 65% considera que los jueces tienden, en su forma de actuar, a favorecer o perjudicar a los miembros de alguno de los principales partidos políticos.
En general, los ciudadanos suspenden el funcionamiento de los Tribunales de Justicia, la Administración, las Cortes, los Gobiernos Autonómicos, los Ayuntamientos y el Gobierno central. Leído en La Ley.es
Según el 48% de los españoles, la Administración de Justicia funciona mal o muy mal y sólo un 10% de la población considera que la Justicia funciona bien. Además, el 30% considera que funciona peor que hace dos o tres años. Estos son algunos de los resultados reflejados en el II Barómetro de la Justicia de la Fundación Wolters Kluwer, realizado junto a Metroscopia .
En general, los resultados no son buenos y la valoración de la Justicia por los ciudadanos está en uno de los momentos más bajos de los últimos veinte años. Actualmente, la Administración de Justicia tiene una valoración similar a la del Gobierno de España, ya que obtienen un 4,2 y un 4,1 respectivamente, en una escala de 0 al 10.
El Barómetro pone de manifiesto un empeoramiento general de la imagen de la Justicia para los ciudadanos. Los españoles cada vez son más críticos con el funcionamiento de la Justicia y no están percibiendo las mejoras organizativas que se han acometido, afirma Rosalina Díaz, presidenta de la Fundación Wolters Kluwer.
Anticuada, lenta y poco eficaz
Otro de los factores que dificultan una mejor percepción de la Justicia lo indica el dato de que seis de cada diez ciudadanos considera que la Justica está anticuada; siete de cada diez consideran que es muy lenta y que las sentencias no se ejecutan con eficacia, y un 49% de la ciudadanía no cree que los Tribunales sean imparciales en su actuación.
Es obvio que la ciudadanía está percibiendo una imagen muy distorsionada del quehacer diario de nuestros Jueces y Tribunales, los procesos de reformas organizativas pasan inadvertidos ante la polémica mediática que se produce alrededor de unos pocos casos, asegura Rosalina Díaz.
La opinión sobre los magistrados
En cuanto a los jueces, el 54% de los españoles creen que, a la hora de enjuiciar un caso y dictar sentencia, los jueces no suelen actuar con total independencia. Aún así, en el caso de ser acusado en un juicio criminal, el 52% de los españoles prefiere ser juzgado por un juez antes que por un jurado compuesto por personas elegidas por sorteo. De hecho, el 60% considera que los jueces están bien preparados y son competentes.
En general, la puntuación media para los jueces es de 5,2, frente al 7,1 que reciben la policía y los guardias civiles o el 5,6 de los fiscales.
Por otra parte, según el estudio, los ciudadanos creen que los tribunales actúan dejándose influenciar por los intereses del Gobierno (el 60%), las presiones de grupos económicos o sociales (59%) e incluso los medios de comunicación (52%). Incluso el 65% considera que los jueces tienden, en su forma de actuar, a favorecer o perjudicar a los miembros de alguno de los principales partidos políticos.
En general, los ciudadanos suspenden el funcionamiento de los Tribunales de Justicia, la Administración, las Cortes, los Gobiernos Autonómicos, los Ayuntamientos y el Gobierno central. Leído en La Ley.es
24 julio 2010
Crean una página en facebook en apoyo a la juez Mercedes Alaya
La juez de Instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga un delito societario en relación con el Betis y otros escándalos como el de Mercasevilla, cuenta desde esta semana con una página de apoyo en Facebook.
Debajo de la una foto de la juez, puede leerse lo siguiente:
"Se lleva por delante al que haga falta, da igual que sea Lopera, los de Mercasevilla, caiga quien caiga", y también un halago a su labor: "Porque nos está devolviendo el Betis, porque está haciendo justicia, porque va a hacer que nos devuelvan hasta el último euro que el Lete nos robó y porque hay que seguir animándola para que llegue hasta el final, caiga quien caiga, le creamos ésta página en su honor.Que Grande es usted !!! Dios salve a Mercedes Alaya !!!!"
Los comentarios que dejan los usuarios de esta red no tiene desperdicios, podéis consultar la página en el siguiente link http://www.facebook.com/pages/Jueza-Mercedes-Alaya/111266902258096?ref=ts#!
Debajo de la una foto de la juez, puede leerse lo siguiente:
"Se lleva por delante al que haga falta, da igual que sea Lopera, los de Mercasevilla, caiga quien caiga", y también un halago a su labor: "Porque nos está devolviendo el Betis, porque está haciendo justicia, porque va a hacer que nos devuelvan hasta el último euro que el Lete nos robó y porque hay que seguir animándola para que llegue hasta el final, caiga quien caiga, le creamos ésta página en su honor.Que Grande es usted !!! Dios salve a Mercedes Alaya !!!!"
Los comentarios que dejan los usuarios de esta red no tiene desperdicios, podéis consultar la página en el siguiente link http://www.facebook.com/pages/Jueza-Mercedes-Alaya/111266902258096?ref=ts#!
Suscribirse a:
Entradas (Atom)