Farruquito salda su deuda con la Justicia

Desde hoy es un hombre completamente libre. Juan Manuel Fernández Montoya, Farruquito, que fue condenado a tres años de prisión por el atropello mortal de Benjamín Olalla, acaba hoy el cumplimiento de esta condena, aunque el bailaor disfrutaba de libertad desde marzo de 2008, cuando la Dirección General de Instituciones Penitenciarias le concedió el tercer grado penitenciario tras haber pasado 14 meses encarcelado.
Ese beneficio penitenciario, que permitía al artista salir de la cárcel de Sevilla durante el día y regresar a dormir al recinto penitenciario, fue ampliado unos meses después -en verano de 2008-, cuando se le impuso el control telemático mediante una pulsera, con lo que ya no resultaba necesaria su vuelta a la prisión por las noches. En enero de 2009, el juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Sevilla le concedió finalmente la libertad condicional tras haber cumplido dos tercios de la condena que le impuso la Audiencia de Sevilla. Y ahora, Juan Manuel Fernández Montoya cierra esta etapa de su vida, al haber quedado liquidada la pena de prisión que debía cumplir, aunque deberá esperar todavía algunos meses más para poder volver a conducir vehículos, dado que aunque se sacó el carné antes de ser enjuiciado, la sentencia de la Sección Séptima de la Audiencia le condenó a una pena de tres años y seis meses de retirada del permiso de conducir vehículos de motor y ciclomotores, según fijó la sentencia dictada en septiembre de 2006.
Farruquito fue condenado por el atropello mortal de Benjamín Olalla, un joven de 35 años que murió atropellado en un paso de peatones de la calle Doctor Laffón Soto, cuando salía del polideportivo de San Pablo. Juan Manuel Fernández Montoya conducía el BMW 530 D que atropelló a la víctima y lo hacía sin carné ni seguro.
El juzgado de lo Penal número 8 de Sevilla condenó inicialmente al bailaor a 16 meses de cárcel por los delitos de homicidio por imprudencia y omisión del deber de socorro, pero la Fiscalía y la viuda de Benjamín Olalla, María Ángeles Madero, recurrieron la sentencia y la Audiencia elevó la condena hasta los tres años de cárcel, lo que hacía inevitable el ingreso en prisión de Farruquito. El artista recurrió e intentó cambiar la condena por multas o trabajos en beneficio de la comunidad, pero al final decidió ingresar voluntariamente en prisión para cumplir la condena. Farruquito se convirtió en el primer conductor que cumplía una condena de prisión por un delito de estas características. Su caso supuso un antes y un después. En la actualidad, los jueces no dudan en enviar a la cárcel a personas condenadas por delitos graves contra la seguridad vial.

Condenados por una estafa inmobiliaria por la "venta doble" de una vivienda

El Tribunal Supremo ha condenado a tres promotores inmobiliarios sevillanos a penas de seis meses y un año de prisión, como autores de un delito de estafa, por la "venta doble" de una vivienda. La sentencia, que revoca la absolución que había decretado la Audiencia de Sevilla, impone a los acusados el pago de una indemnización de 6.000 euros a la víctima, por el daño moral causado.
La compradora del inmueble, que está ubicado en la calle Eduardo Rivas, adquirió una vivienda, un garaje y un trastero en construcción a una promotora propiedad de dos de los acusados, J. M. R. y C. M. O., a los que abonó 24.000 euros como señal y parte del precio.
El contrato establecía que la escritura pública de la venta se otorgaría una vez que la obra estuviese acabada, algo que estaba previsto inicialmente para abril de 2003, pero los problemas económicos de la promotora impidieron la finalización de la construcción.
Los dos acusados procedieron entonces a la venta de la finca entera y otra promoción ubicada en la localidad de Benacazón a una segunda promotora, representada por el tercer imputado, M. M. M. Esta segunda promotora, ante el incremento de los costes de construcción, invitó a la compradora a renegociar el precio y a pactar un nuevo plazo de entrega, so pena de dar por resuelto el contrato. Como la compradora no quiso negociar con esta segunda promotora, se vio obligada a demandar a la primera sociedad que le vendió la finca.
La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, que enjuició a los tres promotores inmobiliarios, les absolvió del delito de estafa que se les imputaba, al entender que faltaba acreditar que los procesados hubiesen actuado con "engaño", por cuanto los magistrados consideraban que los hechos denunciados constituían una serie de "incumplimientos contractuales insuficientes para configurar el engaño penal".
Los magistrados del Supremo consideran, en cambio, que este caso se enmarca en el supuesto de "doble venta" que ya ha castigado en otros supuestos la jurisprudencia del Alto Tribunal. La sentencia señala que la posterior venta de la finca a otra sociedad inmobiliaria produce un "indudable perjuicio" al comprador que se encuadra dentro del delito de estafa del artículo 251.2 del Código Penal, que castiga con una pena de uno a cuatro años de prisión a quien "dispusiere de una cosa mueble o inmueble ocultando la existencia de cualquier carga sobre la misma, o el que, habiéndola enajenado como libre, la gravare o enajenare nuevamente antes de la definitiva transmisión al adquirente, en perjuicio de éste, o de un tercero".

Sin acuerdo para poner en marcha el servicio común de ejecutorias

De momento no habrá servicio común de ejecución de sentencias penales para evitar que se repitan los errores del caso Mari Luz. La Consejería de Justicia ha retrasado la puesta en marcha de este servicio, prevista para enero, ante la falta de acuerdo con los sindicatos judiciales, que le han remitido un escrito -suscrito por todos los que tienen representación en Justicia: CSIF, SPJ-USO, CCOO, UGT y STAJ- en el que plantean la apertura de un proceso de negociación que contemple una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en este servicio común y en todos los órganos judiciales.Los sindicatos también pretenden que se estudie la posibilidad de fijar un complemento económico específico para los funcionarios que pasen a formar parte de este servicio común -al igual que se hizo con los funcionarios destinados a los juzgados de Violencia sobre la Mujer-, que debe encargarse de la ejecución de las sentencias penales para agilizar el proceso y permitir un mayor control de las resoluciones. El secretario general de Justicia de la Consejería de Justicia y Administración Pública, Pedro Izquierdo, reconoció ayer que en la actualidad no se puede dar una fecha concreta para la puesta en funcionamiento del servicio común de ejecutorias porque, según dijo, para que este proyecto piloto salga adelante es "necesario el consenso de todos los operadores jurídicos", entre ellos los jueces, secretarios y organizaciones sindicales.Pedro Izquierdo añadió que el interés de la Consejería por este nuevo servicio es "enorme", ya que puede ser la solución para muchos de los problemas de los juzgados de lo Penal y contribuir a racionalizar el trabajo en estos órganos judiciales.
La Consejería ha puesto "todo su empeño" en esta experiencia piloto y quiere que ponerla en marcha cuanto antes mejor, explicó Pedro Izquierdo, que insistió en que el departamento que dirige Begoña Álvarez ya ha realizado los trabajos previos para que el sistema entre en funcionamiento: se ha creado el juzgado de lo Penal número 14, la ubicación del servicio -que irá emplazado en la nueva sede judicial del edificio Noga, en la avenida de la Buhaira- y se han hecho los estudios previos.Por su parte, el representante del CSIF, Miguel Ángel Ramos, dijo que los sindicatos acogieron positivamente el nuevo servicio común de ejecutorias penales porque era una buena manera de "templar los ánimos en los juzgados de lo Penal" tras el caso Mari Luz y la sobrecarga de trabajo que ha hecho que estos órganos tengan pendientes de ejecutar actualmente más de 11.000 sentencias. Ramos consideró que el nuevo servicio podía contribuir a "aliviar" la situación, pero comenzaron a ponerle pegas al proyecto cuando comprendieron que no iba a suponer un incremento de la plantilla de funcionarios.
El representante sindical señaló que el servicio "no va a funcionar con un número tan reducido de funcionarios" -la Junta ha fijado a priori una plantilla de 65 funcionarios, que saldrían de los 14 juzgados de lo Penal- y consideró que, como mínimo, harán falta entre 15 y 20 funcionarios más.El portavoz del CSIF también considera "escaso" el número de funcionarios que quedarán en las nuevas Unidades Procesales de Apoyo Directo (Upad) -los antiguos juzgados de lo Penal-, que estarán integrados por el juez y tres funcionario (uno del cuerpo de Gestión Procesal y dos de Tramitación). El proyecto también contempla que un secretario por cada dos Upad, mientras que en el servicio común de ejecución de sentencias penales habrá siete secretarios, de los cuales uno hará las funciones de director del mismo.

La imputación de Rivas se basa en el testimonio del coimputado Mellet

La imputación de Antonio Rivas en el presunto cobro de comisiones ilegales en Mercasevilla se sustenta únicamente en la declaración del ex director del mercado central, Fernando Mellet. Y este testimonio sólo se ha reproducido ante la Policía Judicial y ante la fiscal jefe, María José Segarra, pero no en el juzgado, donde Mellet se acogió a su derecho a no declarar. En este contexto, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional considera que la declaración de un "coimputado" -como es el caso de Mellet- que no ha sido ratificada ante la autoridad judicial carece de consistencia plena como prueba de cargo cuando no resulta "mínimamente corroborada" por otras pruebas en contra del imputado. Y si esta declaración no ha sido ratificada ante el juez, no puede considerarse como prueba de cargo para desvirtuar la presunción constitucional de inocencia.

El abogado Francisco Baena Bocanegra, que defiende a Antonio Rivas, ha remitido a la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, un escrito en el que solicita el archivo de la causa contra el delegado provincial de Empleo, al estimar que no hay ninguna prueba contra él más allá de la declaración ante la Policía del coimputado Fernando Mellet. El penalista asegura que "no existe en toda la causa ni un solo elemento, documental, testifical o de cualquier otra naturaleza, en que apoyar" que Antonio Rivas estuviera concertado con los demás imputados ni que diese instrucciones para exigir una comisión de 300.000 euros a los empresarios de La Raza, como contraprestación a la subvención que la Junta concedió para la creación de una escuela de hostelería en Mercasevilla.

El escrito concluye que se está produciendo un "atropello flagrante" de la presunción de inocencia de Rivas, que desde que estalló el escándalo está sufriendo un "desgaste social, político, familiar y personal debido en gran parte al proceso paralelo mediático que se viene alentando desde posiciones interesadas en este juego".

La petición de archivo de la defensa, que aún no ha sido contestada por la juez Mercedes Alaya, analiza con detalle las declaraciones efectuadas por Fernando Mellet y Daniel Ponce, y considera que la atribución al delegado de las órdenes para exigir la comisión es, sencillamente, una conjetura "que podría rozar lo temerario".

En su declaración, Fernando Mellet sostuvo que Antonio Rivas le telefoneó en dos ocasiones, en diciembre de 2008 y el 5 de enero, para comentarle que debía reclamar a los hosteleros una ayuda "voluntaria" de 300.0000 euros para la Junta de Andalucía, para la realización de determinados proyectos sociales. Pero esta afirmación no está corroborada por otros testimonios que obran en el sumario. Así, la directora de proyectos de la Fundación Mercasevilla, Regla Pereira, que también está imputada, negó que en su presencia se comentara que había que pagar una comisión ni ella intuyó que se pudiera estar hablando de pagos ilegales. A esta declaración se suma el propio testimonio de los hosteleros de La Raza, que mantuvieron varias reuniones "técnicas" con el delegado de Empleo y en ninguno de esos encuentros Rivas les comentó la necesidad de hacer frente al pago de ninguna comisión.

El nombre de Antonio Rivas tampoco aparece en las grabaciones que los empresarios aportaron como principal prueba de su denuncia y en la que los ex directivos de Mercasevilla les exigen supuestamente los 300.000 euros.

A pesar de que sólo le implica Fernando Mellet, la juez ha citado al delegado de Empleo a la vista convocada para el próximo miércoles en la que se concretará una imputación por un delito de cohecho que, según la instructora, se presenta en estos momentos como "verosímil". Por ello, le ha impuesto una fianza de 400.000 euros, al igual que a los otros imputados en esta línea de investigación sobre Mercasevilla: Fernando Mellet, Daniel Ponce y Regla Pereira.

El PSOE, que ejerce la acusación popular en la causa, ya ha pedido que se sobresea el procedimiento contra el delegado de Empleo y contra Regla Pereira, pero la Fiscalía de Sevilla aún no se ha pronunciado sobre si incluirá a Rivas entre las personas sobre las que se debe seguir el procedimiento -en la investigación preliminar que realizó el Ministerio Público, la fiscal jefe ni siquiera le citó a declarar-. Quién sí le imputará formalmente el delito es la acusación que ejerce el PP, con lo que es probable que, pese a a la ausencia de pruebas directas, Rivas se vea sentado en el banquillo de los acusados frente a un jurado popular.

Última hora: María Ángeles Muñoz, nueva decana del colegio de procuradores de Sevilla

La procuradora María Ángeles Muñoz se convirtió esta noche en la nueva decana del colegio de Procuradores de Sevilla al vencer al otro aspirante, Jesús León, en las elecciones celebradas para elegir a la nueva junta directiva de la institución que agrupa a 421 profesionales.

María Ángeles Muñoz obtuvo 168 votos frente a los 94 que logró Jesús León, mientras que otros 12 votos fueron en blanco, según los datos facilitados a este periódico por la candidatura vencedora.

A las elecciones estaban convocados los 421 procuradores que hay en Sevilla y sólo se presentaron dos candidaturas, la de Jesús León González y la de María Ángeles Muñoz Serrano.

Jesús León es procurador desde 1995, entre los años 2006 y 2008 ejerció el cargo de secretario de la junta de gobierno, con el decano saliente, Marcelo Lozano. Su candidatura estaba compuesta además por los procuradores Antonio Ostos, como vicedecano; Ángela Rotllán, tesorera; y Víctor Alcántara, como secretario. En su programa electoral, destaca la "exigencia de un mahyor esfuerzo y profesionalidad para colaborar en la mejora de la Justicia", a la vista de las próximas reformas legales como la implantación de la nueva oficina judicial.

Por su parte, la candidatura de la procuradora María Ángeles Muñoz Serrano está integrada, entre otros, por Pilar Acosta, como vicedecana; Diana Navarro, como secretaria; y Javier Dianez, como vicesecretario. Esta candidatutra también recogía en su ideario el fomento de la unidad entre todos los colegiados y la supresión y reducción del volumen de gastos con la finalidad de establecer una cuota fija asequible al bolsillo de todos y que permita mantener las prestaciones actuales.

El hombre que estuvo 11 meses en prisión por las denuncias falsas de su ex mujer sigue sin poder ver a su hijo

José Antonio Santos, el hombre que pasó 11 meses en prisión por las ocho denuncias falsas de su ex pareja, aseguró ayer que, a pesar de que la Justicia le ha dado la razón, sigue sin poder ver a su hijo, que actualmente tiene 12 años y al que no ha podido visitar desde que su ex mujer comenzó a denunciarle, en el año 2005.

José Antonio Santos aseguró ayer que su particular "calvario" aún no ha concluido. Los jueces le dieron la razón en junio pasado, cuando archivaron la última denuncia presentada por Raquel V., su ex esposa, que le acusó de haberle atacado con un cúter, pero que los forenses determinaron que estas heridas pudo hacérselas ella misma. Este padre de 39 años recuerda que en junio se firmó finalmente el divorcio y está abonando la pensión de alimentos que se le ha impuesto, pero todavía no se ha establecido el régimen de visitas en el denominado punto de encuentro para que pueda reanudar los contactos con el niño.

El problema está en que antes de que se inicien las visitas en el punto de encuentro los padres deben someterse a una serie de entrevistas, y todo ello conlleva un trámite que se está retrasando durante meses. José Antonio explica que, en principio, le dijeron que podría volver a ver a su hijo en este mes de diciembre, pero las fechas de Navidad se aproximan y los contactos no se han producido.

El padre tenía "mucha ilusión" por reanudar las visitas con su hijo, así como la abuela paterna del pequeño. El juzgado ha dirigido un oficio al punto de encuentro para tratar de agilizar los trámites y que el reencuentro se produzca en enero próximo, pero todo apunta a que no podrá producirse antes de que pase la festividad de los Reyes Magos. "Después de todo lo que he pasado, me están fastidiando que no pueda ver a mi hijo, y no lo veo desde hace aproximadamente cinco años", lamentó José Antonio Santos.

Este vecino de La Rinconada, que durante todo su tiempo en prisión estuvo apoyado por su familia y por su pueblo, pide a los jueces que aceleren los trámites para que el reencuentro con su pequeño sea una realidad cuanto antes. "Creo que deberían darse un poco de prisa. Me siento desolado porque esto me ocurre ahora que puedo rehacer mi vida", aseveró.

La historia de José Antonio apareció publicada en todos los periódicos del país y abrió una polémica sobre las denuncias falsas en los casos de malos tratos. Entre diciembre de 2005 y abril de 2008 su ex mujer presentó ocho denuncias por agresiones y acudió a numerosos programas de televisión para afirmar que no sabía "cómo pedir protección para no ser la próxima en la lista" de mujeres asesinadas. Ahora se enfrenta a un proceso por un delito de denuncia falsa.

Elecciones mañana a decano de los procuradores: Jesús León y María Ángeles Serrano optan al cargo

Los procuradores Jesús León González y María Ángeles Muñoz Serrano aspiran mañana al cargo de decano en las elecciones de las que saldrá el sucesor de Marcelo Lozano, que no se presenta a la reelección después de la dimisión de parte de su junta directiva. Los 421 procuradores que hay en Sevilla están convocados para elegir a su nueva junta directiva.

El primero de los candidatos, Jesús León, es procurador del partido judicial de Sevilla desde 1995. Entre 2006 y 2008 ejerció el cargo de secretario de la junta de gobierno. Su candidatura está compuesta además por Antonio Ostos, como vicedecano; Ángela Rotllán, tesorera; y Víctor Alcántara, como secretario, entre otros miembros.

En su programa electoral, destaca la "exigencia de un mayor esfuerzo y profesional para colaborar en la mejora de la Justicia", a la vista de las próximas reformas legales como la implantación de la nueva oficina judicial. Jesús León apuesta igualmente por la asunción de cuantas funciones sean necesarias para la "defensa de las funciones e intereses de la labor profesional del procurador y su continuidad". El procurador aboga por la organización del servicio común de notificaciones y embargos, ya que, según dijo, no se explica como el colegio de Sevilla "no está a la misma altura, no sólo de la mayoría de colegios del territorio nacional, sino también de los andaluces, siendo prácticamente el único colegio de procuradores andaluz que aún no ha asumido dicha competencia".

En el aspecto social, la candidatura de León aboga por la búsqueda de "la unión y del consenso para afrontar los nuevos retos que se avecinan, la futura toma de decisiones que afectan al futuro de la profesión y acabar definitivamente con la imagen de falta de unión entre los procuradores sevillanos".

El candidato a decano de los procuradores sevillanos propone asimismo, en la vertiente económica, un paquete de medidas para el "control y la reducción del gasto presupuestario y el necesario cambio y sustitución del obsoleto sistema de financiación por uno más equitativo que sea consensuado por los colegiados".

Por su parte, la candidatura de María Ángeles Muñoz Serrano está integrada, entre otros, por Pilar Acosta, como vicedecana; Diana Navarro, como secretaria; y Javier Dianez, como vicesecretario. Esta candidatura también recoge, en su ideario, el fomento de la unidad entre todos los colegiados, la reorganización del colegio y la supresión y reducción del volumen de gastos con la finalidad de establecer una cuota fija asequible al bolsillo de todos y que permita mantener las prestaciones habituales.

María Ángeles Muñoz considera fundamental la dignificación y fomento del trabajo del procurador, ya que considera que el procurador no es "más que un mero trabajador al servicio de la Justicia y del justiciable".

En el apartado económico, la candidatura de Serrano propone reducir los gastos de representación en sus diversas variantes: institucionales, colegiales, suministros o en materia de personal, por ejemplo. De la misma forma, apuesta por la "transparencia" en la gestión económica, con información trimestral al detalle y exhibición de facturas para el colegiado que lo solicite.

Esta aspirante al decanato de los procuradores de Sevilla apuesta asimismo por la elaboración de un calendario laboral y de notificaciones, o la realización de gestiones encaminadas a la obtención de la Seguridad Social para el colegiado. En la vertiente institucional, María Ángeles Muñoz aboga por fomentar los encuentros con la Administración, en busca de colaboración en las tareas diarias del procurador de los tribunales, y colaborar con los secretarios judiciales.

En su candidatura, Ángeles Muñoz también pone de manifiesto que el colegio de procuradores mostrará su apoyo "incondicional" a los partidos judiciales en relaciona a que cuenten con medios dignos para el ejercicio de la profesión de procurador. Por último, esta candidatura pretende un cambio del modo de votación en las elecciones, estableciendo la jornada de mañana y tarde con el objetivo de facilitar la participación de todos los colegiados.

Polémica por la excarcelación de Samuel Benítez, el amigo del asesino confeso

Libre después de 298 días encarcelado en la prisión de Huelva. La Audiencia de Sevilla decretó el pasado jueves la puesta en libertad de Samuel Benítez Pérez, el último de los cuatro implicados en el asesinato y desaparición de Marta del Castillo -sin contar al asesino confeso, Miguel Carcaño- que permanecía privado de libertad.

El amigo de Carcaño, al que este último culpa en su última declaración de haberse encargado de la maniobra para deshacerse del cadáver con el coche de un familiar suyo, abandonó el centro penitenciario de Huelva a las 18.40 horas, en un vehículo en el que iba acompañado de su abogado defensor, Manuel Caballero.

La decisión de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, que se produce menos de un mes después de que el quinto implicado, el menor apodado el Cuco, fuese trasladado a un piso tutelado de Puerto Real, ha resuelto finalmente la puesta en libertad del joven en la cuarta ocasión en la que se solicita esta medida.

Las tres veces anteriores que el abogado Manuel Caballero, que defiende a Samuel Benítez, pidió su libertad por el juez Francisco Molina de Asís, el titular del juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla que ha dirigido la investigación del caso.

El argumento principal que la Audiencia esgrime en su resolución para acordar la excarcelación se refiere estrictamente a los plazos legales de la prisión preventiva, según explicaron ayer fuentes judiciales. El tribunal no entra a valorar en el auto los indicios de criminalidad respecto a la presunta participación de Samuel en la ocultación del cadáver de la adolescente.

Las fuentes precisaron que, aunque no se ha adoptado ninguna orden de alejamiento sobre la familia de Marta -como sí ocurrió en el caso de el Cuco, al que se ha prohibido acercarse a menos de 50 kilómetros de Sevilla-, sí que se han dispuesto medidas severas para el control de su libertad, que incluye la obligación de que este imputado comparezca una vez a la semana en el juzgado. Esta misma medida es la que el instructor del caso impuso a Javier Delgado, el hermano de Miguel Carcaño, cuando fue puesto en libertad en mayo pasado.

Samuel está imputado por la presunta comisión de un delito de encubrimiento, que el Código Penal castiga con penas de seis meses a tres años, y la Ley de Enjuiciamiento Criminal -artículo 504- determina que cuando la posible pena a imponer sea igual o inferior a tres años, la duración de la prisión provisional máxima no puede superar el año, aunque este plazo puede prorrogarse por otros seis meses.

En el caso de Samuel Benítez y teniendo en cuenta que fuese condenado por el delito de encubrimiento, la pena máxima que podría imponérsele rondaría el año y los nueve meses de cárcel, según dijeron fuentes del caso, que estiman que podría aplicársele el artículo 66 del Código Penal, que determina la imposición de la pena en su mitad superior cuando concurre una circunstancia agravante, que en este caso podría ser la gravedad de los hechos, ya que penalmente no sería lo mismo encubrir un robo que un asesinato.

De cualquier forma y con una pena que ronde el año y los nueve meses de cárcel, Samuel Benítez, que carecía de antecedentes penales, no tendría que volver a ingresar en prisión, puesto que ya habría cumplido además casi diez meses de esa pena, añadieron las mismas fuentes.

La situación de Samuel podría ser distinta en el supuesto de que se le apreciara además el delito de profanación de cadáver que la familia de Marta imputa a todos los implicados. Este delito, que figura en el artículo 526 del Código Penal, castiga con penas de entre tres y cinco meses de prisión o multa de seis a diez meses la profanación de un cuerpo. La acusación se basa en una jurisprudencia del Supremo que condenó por este delito a unos acusados de incendiar un vehículo para ocultar el cuerpo de una persona a la que habían asesinado.

El recurso de los padres de Marta retrasa el cierre de la instrucción del caso

El juez Francisco de Asís Molina, que investiga el asesinato y desaparición de Marta del Castillo, ha decidido dejar en suspenso el plazo de ocho días que había dado al fiscal y a la acusación particular que ejercen los padres para que presenten sus escritos de acusación contra los cuatro imputados en el caso. La decisión del juez, que se produce como consecuencia del recurso planteado por la familia de Marta, supone un retraso al cierre de la instrucción del caso, que el juez había previsto para antes de las próximas Navidades.El retraso en el cierre de la causa perjudica otros aspectos del caso, por cuanto uno de los implicados, Samuel Benítez, amigo del asesino confeso, cumplirá en febrero de 2010 el límite de un año de prisión, con lo que tendría que ser puesto en libertad antes de que se celebre el juicio, siempre y cuando el juez no prorrogue su encarcelamiento por otros seis meses máximos, como prevé la ley de enjuiciamiento criminal para la posible pena por el delito de encubrimiento que se le imputa. Todo ello si la Audiencia de Sevilla no decide dejarle en libertad antes, puesto que el abogado del joven ha recurrido la decisión del juez de mantenerle en prisión.
Según explicaron fuentes del caso, las acusaciones entienden que Samuel Benítez debería seguir en la cárcel hasta la celebración del juicio, pero el retraso que suponen estos recursos puede dificultar esta posibilidad. Además, una vez que esté resuelto el recurso, el juez todavía tiene que completar los últimos trámites que prevé la ley del jurado, entre ellos, la convocatoria de una audiencia preliminar con la presencia de los cuatro imputados y en la que nuevamente podrían proponerse nuevas pruebas que, en caso de ser rechazadas, podrían dar lugar a nuevos recursos ante la Audiencia de Sevilla, con los que los plazos para celebrar el juicio se retrasarían hasta después del verano de 2010.
La familia de Marta del Castillo recurrió la providencia que abría el plazo para presentar los escritos de acusación porque ha planteado un recurso para que se impute en este mismo procedimiento un delito de amenazas al hermano del asesino confeso, Javier Delgado, en relación con la última declaración de la ex novia de Camas de Miguel Carcaño, en la que asegura que supuestamente recibió una llamada de este imputado que le habría intimidado. "Si dices todo lo que sabes a tu madre la rajo de arriba abajo y a ti te pego una paliza", afirmó la menor que fueron las amenazas que presuntamente recibió del hermano de Miguel Carcaño.
El juez de Instrucción número 4 acordó que estas supuestas amenazas se investigarían, pero no en la causa principal del asesinato de Marta del Castillo. Tras la declaración de la menor, la Policía investigó el listado de llamadas del móvil de la menor pero no pudo localizar la llamada de las supuestas amenazas.El recurso de los padres de Marta no es el único fleco pendiente del caso, dado que el próximo lunes la Audiencia de Sevilla celebrará una vista para decidir sobre la petición de archivo de la causa que solicitaron Javier Delgado y su novia, María García, al entender que habían sido implicados por meras sospechas o conjeturas que no se basaban en indicios reales de que tuvieran conocimiento del crimen y de la ocultación del cadáver de Marta, que sigue sin aparecer diez meses después de su desaparición.

El Gobierno desata la guerra en internet con su proyecto de "patada digital"

Manifiesto “En defensa de los derechos fundamentales en internet”
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Manifiesto “En defensa de los derechos fundamentales en internet”Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que…
1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial – un organismo dependiente del ministerio de Cultura -, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

'De Juzgado de Guardia 2' ya está en la calle

El cuarto poder baja al tercero
Jorge Muñoz y Javier Ronda publican siete años después una nueva entrega de ‘De juzgado de guardia’, con nuevas anécdotas y con los mismos problemas

En términos jurídicos, son reincidentes. Jorge Muñoz (Écija, 1970) y Javier Ronda (Ceuta, 1966) publican De juzgado de guardia (Oberon, 2009). Segunda parte. De la primera (en 2002) vendieron 50.000 ejemplares. Siete años después, de Aznar a Zapatero, “los problemas en la Justicia siguen siendo los mismos”, dicen completando la frase entre los dos, “la revolución digital no se hizo y hay una generación de jueces y fiscales que saben que se van a jubilar sin conocer la Ciudad de la Justicia”.Estos dos periodistas que buscan el lado amable y divertido de un universo lóbrego, truculento, sombrío, se conocieron cubriendo el caso Arny. Jorge llegó a los Tribunales, “una manera elegante de llamar a la crónica de Sucesos”, desde el cierre de Europa Press. Javier Ronda, desde los Deportes. “Maradona había fichado por el Sevilla, lo llamaron a declarar por ir a más velocidad de la permitida con el coche por el centro de la ciudad. Fui como reportero de Deportes, pero me gustó más el mundo de los tribunales”.

Los dos niegan que la Justicia sea un cachondeo, derechos de autor de Pedro Pacheco. Es un espejo de la vida en el sentido que al espejo le da Stendhal cuando habla de la novela. “Todo está judicializado”, dice Muñoz, “el urbanismo, el medio ambiente, el fútbol, la política, las deudas económicas, raro es el día que no aparece en un periódico una sentencia o el auto de un juez”. Ronda lo suscribe. “Con mis alumnos de la Facultad hicimos un trabajo que demuestra que en los periódicos un 30% de los contenidos tienen que ver con temas de tribunales. El Alakrana es un asunto que nace como crónica de sucesos y acaba en debate político nacional e internacional”.Lo más novedoso de la Justicia es que hay hay jueces –Garzón, Grande-Marlaska, Pedraz, Gómez Bermúdez– tan conocidos por el gran público como los futbolistas más populares. “No hace falta salir de Sevilla. Mucha gente ha oído hablar del juez Serrano y la juez Mercedes Alaya, que lleva los casos Mercasevilla y Lopera”.No sólo a estos periodistas les gusta escribir y suman unos cuantos libros entre los dos. El fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, ha publicado libros de poesía. “Hay jueces que cantan ópera, que tocan la guitarra, que escriben relatos. La secretaria del caso Farruquito va a hacer una exposición con sus pinturas. Hay jueces cofrades y que les gusta el fútbol. El día que el Sevilla jugó la final de Eindhoven, los juzgados quedaron desiertos”.Fútbol y Justicia. Deporte en el que se habla de jueces de línea, del juez de la contienda. “Pero en la Justicia el empate está desterrado, aquí no hay cerocerismo. Eso es lo más duro, lo más difícil del trabajo del juez. Uno gana y otro pierde”.

El tercer poder analizado por el cuarto. “El lenguaje jurídico no es accesible”, dice Ronda, “he hablado con algunos jueces y casi nos dan las gracias porque con el lenguaje periodístico decodificamos su manera de expresarse. Y además lo hacemos con humor y con respeto”.El público también se adentra en una jungla de vocablos ajenos. Jorge Muñoz recuerda el caso de un acusado de asesinato que trajo mucha polvareda. “Le dijo a la juez: ‘señoría, me agarro a la quinta enmienda’. Su abogada dijo que quería decir que se acogía al artículo 24 de la Constitución Española, el equivalente a esa fórmula de los juicios americanos que le sonarían de alguna película. El acusado hizo una pregunta más rotunda: ‘¿Puedo ir al servicio? Es que no me puedo aguantar”.Jorge y Javier no son Jorge Javier, pero vivieron la irrupción del mundo rosa en los tribunales. “Introducen el derecho a la intimidad y la defensa del honor”. Con el mazo dando. “El mazo desapareció con los crucifijos”. El cardenal Amigo se despidió de la diócesis hispalense al pasar por Écija, la patria chica de Muñoz. “Las togas y las sotanas siempre se han llevado muy bien”.¿Picaresca, drama, comedia, tragedia? ¿Cuál es el género literario dominante en el mundo judicial? “Te encuentras gente que ha perdido a un familiar por asesinato o por accidente de tráfico. No es nada divertido. Por eso el libro es una válvula de escape”. Los juicios de faltas son el contrapeso. Anécdotas como el del hombre que acudió de noche al juzgado de guardia para casarse o el que presentó una denuncia contra su mujer por maltrato psicológicamente con el argumento de que “llevaba cinco días sin querer hacer el amor con él”.Juan Guerra, Arny, duque de Feria, Farruquito, Contsa, Marta del Castillo, Bazar España. Sevilla tiene un campo magnético en el mundo judicial. “Cosas pasan en todos sitios”, comenta Ronda, “en Sevilla, en Orense y en Teruel”. Muñoz asegura que los casos de Sevilla tienen a veces más relevancia mediática que los de Madrid o Barcelona. Su compañero apunta motivos. “Será la manera de expresarse, la idiosincrasia de la gente, el clima. En ningún otro sitio ves a los familiares de un acusado tocando las palmas en la terraza de un bar. Yo fui a cubrir el caso de las niñas que mataron a otra en San Fernando. El juez hizo coincidir el juicio con la final de los Carnavales del Falla. Había gente que iba disfrazada”.Conocer los entresijos de la Justicia no les hace más escépticos. “La Justicia es justa”, dice Muñoz, “tiene mecanismos para corregir los errores. Éstos son mínimos, pero muy llamativos”. Hay jueces que fueron alcaldes (Ventura Mariño en Vigo), que lo son (Belloch en Zaragoza), que lo quieren ser (Zoido en Sevilla). “Es curioso, porque una de las tareas del juez es controlar a los políticos”.Los juicios de faltas son una mina para el anecdotario.

Y los Registros Civiles. “Ya se le puede poner a un niño Pepe, Paco o Nacho. Pero el juez no permite que le pongan un nombre que pueda ser peyorativo. Una madre llegó al Registro Civil de Tenerife, le quería poner a su hijo Kunta Kinte”.

Jueces, policías, guardias civiles y... bomberosJavier Ronda jugó en la Unión Africana Ceutí con Nayim, autor del gol que le dio al Zaragoza la Recopa contra el Arsenal. Trabaja en Canal Sur. Hijo de un funcionario de Correos, tiene dos hijos, Javier y Pilar. Cubrió los juicios de las niñas de Alcasser, Puerto Hurraco y el comando Andalucía de Eta que asesinó al matrimonio Jiménez-Becerril y a Muñoz Cariñanos. Publicó Tricornio de guardia y enseña Periodismo de Tribunales y Sucesos. Jorge Muñoz es redactor de Tribunales de Diario de Sevilla. Hijo de un administrativo, acaba de ser padre de una niña, Isabel Soledad. Publicó La sombra de un bailaor sobre el caso de Farruquito. Con Fernando Pérez Ávila, compañero del Diario, publicó Poli de patrulla. Jueces. Policías. “Ahora me han ofrecido un libro sobre los bomberos”.

Rivas niega que instara a Mercasevilla a cobrar una comisión de 300.000 euros

El delegado provincial de la Consejería de Empleo, Antonio Rivas, marcó ayer distancia con el caso Mercasevilla y el supuesto cobro de comisiones ilegales a dos empresarios hosteleros. Rivas compareció ayer para declarar como imputado por presunto cohecho ante la juez de Instrucción número 6, Mercedes Alaya, a la que negó que él estuviese detrás de las comisión de 300.000 euros que los dos ex directivos del mercado mayorista reclamaron como contraprestación a la subvención concedida por la Junta para la creación de una escuela de hostelería.
Al inicio de su declaración, la juez le informó de los hechos que se le imputan y que consisten precisamente en haber dado supuestas instrucciones al ex director general de Mercasevilla, Fernando Mellet, y al ex subdirector, Daniel Ponce, para que exigieran a dos empresarios de La Raza el pago de la citada comisión.El delegado de Empleo negó la mayor y aseguró que, en las tres reuniones que mantuvo con los representantes del mercado mayorista y los empresarios en relación con la subvención, "ni por él ni por ninguna otra persona se menciona la necesidad de compensar económicamente a la Junta de Andalucía por la subvención que iba a conceder".Cuando la juez le preguntó sobre por qué entonces el ex director de Mercasevilla declaró que actuaba siguiendo sus instrucciones, Rivas afirmó que no encuentra explicación alguna.
Al término de su declaración, que se prolongó por espacio de unas dos horas, el responsable provincial de Empleo ofreció a los periodistas otros argumentos sobre por qué Fernando Mellet le ha implicado en el escándalo. A su juicio, las declaraciones del ex director general de Mercasevilla pueden deberse al "pánico" de Fernando Mellet, a la "presión de terceras personas" o, simplemente, a que "se haya vuelto loco".Sobre las posibles presiones al ex responsable del mercado mayorista, Rivas se limitó a decir que una persona que lleva "tantos años en la vida de lo orgánico y de lo institucional puede ser que pise el callo de alguien" y habrá "algunos callos pisados", aunque el responsable de Empleo dice que no puede "poner nombre" a esas personas.Rivas rechazó que en diciembre de 2008, tras conocer que la subvención para la escuela de hostelería había sido concedida, telefoneara a Mellet para informarle, y respecto a la llamada que, según la declaración del ex director de Mercasevilla, le realizó el 5 de enero de este año para comentarle que debía exigir a La Raza una "colaboración voluntaria", Rivas sostuvo que en esa conversación no se habló nada de la subvención puesto que la llamada estaba relacionada con el hecho de que la hija de su secretaria salía en la cabalgata de Reyes.
Durante el interrogatorio, la juez preguntó a Rivas sobre el destino que iba de los 300.000 euros que se exigieron los hosteleros de La Raza. Rivas indicó a la instructora que no podía responderle, si bien aclaró que, en cualquier caso, ese dinero "desde luego no iba destinado a ningún uso público de la Junta de Andalucía".Rivas señaló que su nombre no aparece en las grabaciones que los hosteleros realizaron del encuentro en el que se les exigió el pago y añadió que él fue uno de los cuatro altos cargos de la Consejería de Empleo que, en febrero pasado, tras conocer lo ocurrido, decidió denunciar el caso ante la Fiscalía.

La consejera Álvarez asegura que los servicios de atención a los ciudadanos supondrá el gran cambio de las políticas de Justicia

La consejera de Justicia y Administración Pública, Begoña Álvarez, ha manifestado hoy que “los servicios de atención a la ciudadanía constituirán el gran cambio de modelo y cultura en las políticas de Justicia”. Así lo ha declarado en un balance informativo mantenido con los medios de comunicación en el que ha analizado las medidas emprendidas por su departamento en la administración de Justicia. Cada cien días, la Consejería mantendrá una actividad de balance de gestión llamada ‘Del Dicho al Hecho’.
Álvarez ha abogado por un cambio de modelo en el que el ciudadano no entienda la administración de Justicia como “un ente lejano y aislado” sino que “se sienta acompañado en sus procesos judiciales por la Junta de Andalucía”. Para ello, ha confiado en la puesta en marcha en 2010 de la nueva Oficina Judicial, que contribuirá a la consecución de una Justicia “más cercana y ágil”.
La titular autonómica ha reivindicado una visión global en las actuaciones que se deben acometer en la adaptación de la administración de Justicia a las necesidades del siglo XXI, a través de planes generales y de choque que primen la calidad del servicio que se presta al ciudadano.
En este sentido, la consejera ha defendido que se está produciendo un cambio en “unas culturas muy ancladas” en el mundo de la Justicia, que consideraban a los órganos judiciales como centros “independientes y desconectados”. Por eso, ha abogado por poner en marcha “políticas de justicia globales, aunque sin desatender la especificidad de cada juzgado”.
En este sentido, Álvarez ha avanzado que la creación de órganos para el próximo año se hará de manera proporcionada a las necesidades reales y, sobre todo, con el horizonte puesto en la Oficina Judicial, “porque Andalucía está preparada para la puesta en marcha del nuevo modelo”.
La consejera ha recordado que desde que se asumieron las competencias en materia de Justicia se han creado más de 200 órganos y se han aumentado las plantilla en más de 2.000 funcionarios sin que ello se haya traducido en una mejora actual de la Justicia. Por ello, ha apostado por avanzar en la calidad de los órganos actuales con los que cuenta la administración andaluza para dar una mejor respuesta a los ciudadanos.
Nuevas medidas
Álvarez ha repasado algunas de las medidas de apoyo a la administración de Justicia que se han impulsado en los últimos meses. Así, ha informado de que ya son más de 800 funcionarios los que se han sumado al Plan de Tardes, una actuación de choque habilitada para paliar los efectos de la crisis. La medida, que se puso en funcionamiento a mitad de octubre y tendrá una duración de tres meses, está dirigida a los juzgados de lo Social, Mercantil y Penal, así como a los servicios comunes de la Administración de Justicia en Andalucía.
Por otra parte, y también dentro del Plan de Respuesta Razonable, ya son nueve las unidades de apoyo que han comenzado a trabajar en algunos de los juzgados más saturados de la comunidad autónoma andaluza, con la misión además de hacer un diagnóstico de los órganos con mayor sobrecarga y así aliviar la pendencia de los citados juzgados.
Infraestructuras
Álvarez también ha reiterado su compromiso de avanzar en la adecuación de las infraestructuras judiciales de la comunidad autónoma andaluza. Así, ha repasado algunas de las actuaciones previstas para el próximo año como la redacción del proyecto de la Ciudad de la Justicia de Jaén y de Sevilla; la licitación del Palacio de la Justicia de Almuñécar o el traslado de los juzgados de lo Penal al edificio Noga de Sevilla.
Por otro lado, la consejera también ha apostado por la modernización en la administración pública a través de las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para así conseguir una relación con la ciudadanía más ágil, práctica y cercana.
Por último, ha recordado los avances practicados en materia de Memoria Histórica con la constitución de un Comisariado para la coordinación de todas las políticas que lleva a cabo la Junta de Andalucía para el reconocimiento social de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura y la publicación de un Protocolo que regule las exhumaciones que se lleven a cabo en el territorio andaluz.

El Cuco vivirá a 50 kilómetros de la familia de Marta a partir del próximo lunes

El Cuco no volverá a vivir con sus padres en Sevilla cuando abandone el centro donde ha estado internado los últimos nueves meses. El juez de Menores número 3 de Sevilla decidió ayer que a partir del próximo lunes 16 de noviembre -fecha en la que se cumple el período máximo de internamiento que permite la ley de Responsabilidad Penal del Menor-, el adolescente que está imputado por la muerte de Marta del Castillo pase a convivir en un piso tutelado por la Junta de Andalucía y no podrá acercarse a menos de 50 kilómetros de Sevilla.La Fiscalía había pedido que la orden de alejamiento con respecto al lugar de residencia de la familia de la víctima fuese de 300 kilómetros -lo que le obligaría a residir en otra provincia diferente-, pero el juez ha estimado que 50 kilómetros son suficientes.
En el piso tutelado, el menor -que cumplió los 16 años en el centro de menores- convivirá con un "grupo educativo", según establece la ley del Menor, lo que implica que estará acompañado de otros menores y de profesionales como psicólogos y trabajadores sociales, según han explicado fuentes jurídicas. Su estancia en este domicilio cuenta con algunas limitaciones y así cada día tendrá que hacer frente a sus obligaciones escolares, aunque también dispondrá de un tiempo de paseo.Por lo general, los jueces de Menores acuerdan esta medida cuando no resulta adecuado el retorno del menor a su lugar de residencia, sobre todo, porque se trate de ambientes conflictivos que no ayudan a su recuperación y de los que tienen que ser aislados. En el caso del Cuco, la petición fue planteada por la Fiscalía ante la posibilidad de que el próximo lunes, cuando se cumplen nueve meses de su internamiento, el menor quedase en libertad provisional al no haberse celebrado aún su juicio en la jurisdicción de Menores. El Ministerio Público ha apuntado en otras ocasiones la importancia de que este juicio tenga lugar con posterioridad al del asesino confeso y los otros tres imputados, dado que en caso contrario se daría la paradoja de que Carcaño tendría que declarar en esta causa como testigo -con lo que estaría obligado a decir la verdad- y después cuando fuese juzgado por el jurado podría ofrecer una declaración distinta, al estar amparado por los derechos que asisten a un imputado.
El Cuco fue detenido el 15 de febrero pasado e imputado por su presunta participación en dos delitos: homicidio y detención ilegal. Sin embargo, tras la tercera declaración de Miguel Carcaño, en la que éste atribuyó al menor la autoría de la muerte e introdujo además que Marta fue violada por ambos, el Cuco volvió a prestar de nuevo declaración ante la fiscal de menores, que le imputó delitos de asesinato y agresión sexual. En esta comparecencia, que era la octava declaración y que tuvo lugar el 30 junio, el menor insistió en que fue "presionado" por los agentes del Grupo de Menores (Grume) de la Policía para que reconociera su participación en los hechos cuando, según su testimonio, la tarde del crimen ni siquiera estuvo en el piso de la calle León XIII donde fue asesinada Marta.El menor dijo que aquella noche había quedado a las cinco de la madrugada con Samuel Benítez, que sigue en prisión provisional, pero explicó que se quedó dormido y no acudió a la cita. El Cuco sí reconoció que, al día siguiente, estuvo en el piso de León XIII, donde vio a la novia del hermano de Miguel Carcaño y a un amigo de ésta. De las ocho declaraciones prestadas, el joven sólo admitió su participación en los hechos en la primera y siempre por las "presiones" policiales.La Fiscalía tendrá que decidir antes del juicio al Cuco si continúa imputándole el delito de agresión sexual, dado que el asesino confeso se ha retractado en su última versión de estas acusaciones al afirmar que no violaron a Marta.

Paloma Pérez: "A Miguel le interesa que aparezca el cuerpo de Marta, pero no sabe dónde está"

La abogada del asesino confeso de Marta del Castillo, Paloma Pérez Sendino, rompió ayer el silencio que ha guardado durante la fase de instrucción del caso para poner de manifiesto que Miguel Carcaño insiste en que no sabe donde está el cuerpo de la joven sevillana. El hallazgo del cadáver podría incluso, en opinión de la letrada, favorecer la tesis de la defensa de que la muerte de Marta puede calificarse jurídicamente como un homicidio y no un asesinato, lo que llevaría aparejada una condena inferior.

En una entrevista con el programa Rojo y Negro de Telecinco, Paloma Pérez Sendino explicó que en los aproximadamente 15 encuentros que ha mantenido con Carcaño en prisión éste siempre le ha manifestado que ignora el paradero del cuerpo. "Cada vez que le he visitado en prisión, la primera pregunta que le hago es dónde está Marta y él ahora responde preguntadle a Samuel", en referencia al amigo de Miguel al que éste culpa en su última declaración -la cuarta que presta a lo largo de la instrucción- de haberse llevado el cuerpo en el coche de un familiar suyo para deshacerse del mismo mientras el asesino limpiaba los restos en el piso de la calle León XIII.

La abogada no tiene duda alguna de que "a Miguel le interesa que aparezca el cuerpo de Marta porque se podría utilizar para aseverar y dar como cierta la versión de mi cliente". La abogada añade que "lo lamentable en este caso es que no haya cuerpo, que la familia no pueda enterrar a su hija".

Cuando se le pregunta sobre qué versión de las ofrecidas por Miguel es la verdadera, la letrada señala que en estos momentos debe atenerse a su última confesión, "que enlaza con la primera en el sentido de que la muerte se produjo de una manera homicida, pero en ningún momento como asesinato".

En su última declaración, Miguel niega que violara a Marta, un delito que la abogada cree que no se le puede imputar porque, en este caso, "lo único que hay es la confesión de Miguel y la confesión sola no significa que tengan que condenarlo, porque el delito tiene que estar corroborado por otros elementos diferentes a la confesión".

Paloma Pérez defiende además que las únicas pruebas que hay del crimen contra su cliente son "su confesión y su confesión, los restos de sangre [hallados en su cazadora] y una serie de indicios que tendrá que valorar el jurado", explicó la abogada, que puntualizó que el tribunal tendrá que optar por una u otra versión, dado que la jurisprudencia determina que no puede cogerse de una confesión la parte que interesa a la acusación y desechar el resto de la declaración.

La letrada también avanzó la defensa que planteará de cara a la vista oral: mantendrá la última declaración de Miguel porque pruebas de la violación no hay ninguna salvo la confesión de Miguel, de la que ahora se ha retractado.

Respecto a la más que posible condena de Carcaño, la defensora cree que no puede hablarse de asesinato -cuya pena va de 15 a 20 años de cárcel, mientras que el homicidio quedaría por debajo-. "Miguel va a ser condenado a lo que esperemos que esta defensa lleve a término como conclusión definitiva, que sería un homicidio en todo caso", advirtió la letrada, que no sabe si podría plantear incluso que la muerte de Marta fuese un homicidio imprudente, que se castiga con penas de uno a cuatro años.

La abogada asegura en la entrevista que no tiene la sensación de que Miguel esté protegiendo a alguien y el hecho de que haya tardado en ofrecer su última versión se debe a que "estaba amenazado" por el familiar de su amigo Samuel.

Paloma Pérez recordó que el asesino confeso siempre ha exculpado a su hermano, Javier Delgado, que está imputado como presunto encubridor, y aunque defendió la labor de la investigación policial y judicial, señaló que no es perfecta sin hallar el cuerpo. "Perfecta no puede ser porque no se ha encontrado el cadáver, ése el único pero de una investigación exhaustiva", aseveró Pérez, que añadió que al inicio "quizás se debió actuar antes".

La abogada dijo que Miguel Carcaño "tiene miedo" a lo que le pueda pasar en prisión, lo que le llevó a intentar suicidarse. En la cárcel, Miguel dedica su tiempo a estudiar y a leer libros de Historia.