El atasco de los juzgados civiles

Vean la situación de los juzgados de lo civil. Más de 18.000 pleitos están pendientes de resolver en Sevilla según la última memoria del TSJA. Si una imagen vale más que mil palabras éste es el ejemplo más evidente. Con música dramática incluida. Sobran más comentarios.

Casas Viejas: okupación y ahora denuncia de "torturas"

Curioso es todo lo que está resultando con el desalojo del autodenominado Centro Social Okupado de Casas Viejas, en el Pumarejo, donde después de no cumplir la orden de desalojo acordada por un juzgado de Primera Instancia y de haber montado todo un numerito mediático con el encierro y encadenamiento bajo tierra de dos activistas, ahora resulta que acusan a la Policía y a los Bomberos de Sevilla de haberles torturado "física y psicológicamente". La rueda de prensa que dieron los jóvenes liberados fue escandalosa, acusaron a los equipos de rescate de haberles tratado "asquerosamente" y compararon la situación, aunque sin mencionarla expresamente, con la situación que se produjo con las tropas americanas en la cárcel iraquí de Abu Ghraib. Así, no dudaron en afirmar que los bomberos se hicieron fotos con ellos mientras estaban atados, como si fueran "unos trofeos" y en "plan de sorna". Sólo dos apuntes: los activistas podían haber abandonado el encierro en cualquier momento, nadie les obligó a llevar a cabo esa acción, y la Policía y los Bomberos sólo quisieron sacarles con vida, poniendo en riesgo la suya propia para rescatarles. No se merecían esas acusaciones que, por otro lado, han tenido una respuesta contundente de la Policía, que ya ha anunciado que mañana mismo presentará una querella por injurias y calumnias contra los okupas.

Cambio de la dirección de correo electrónico

A partir de ahora, la dirección de correo electrónico para contactar con Justicia sevillana será la siguiente:
justiciasevillana@gmail.com
Un saludo a todos.

Desaparecen las cintas de video del caso del espionaje

Tremendo. Las dos cintas que la Justicia guardaba sobre el escándalo del espionaje han desaparecido. Una fue robada de la caja fuerte del juzgado en el verano de 2005, coincidiendo con una oleada de robos en los juzgados, y la otra tampoco ha sido hallada hoy cuando iba a ser visionada en el juicio que se celebra en el juzgado de lo Penal número 3 de Sevilla. Si la cinta no aparece el próximo miércoles, la defensa de El Mundo ya ha anunciado que solicitará la nulidad de las actuaciones y la retroacción hasta el momento en que se perdieron las cintas.

Crimen del celador: El TSJA rebaja a 17,5 años la condena de Ricardo Suárez

El TSJA ha rebajado de 21 a 17 años y medio la pena de prisión a la que fue condenado Ricardo Suárez por el asesinato a tiros del celador Gaspar García, al considerar que no hubo ensañamiento, y ha mantenido la de 15 años de su mujer, María Luisa Cortés. La sentencia precisa que no existe prueba alguna ni puede inferirse que existió el sufrimiento adicional propio del ensañamiento, ni que tal sufrimiento fuese conocido y querido por el autor de los hechos.
Según el tribunal, es "obvio" que "objetivamente" Ricardo Suárez efectuó hasta nueve disparos a su víctima que, aunque pudieron tener como finalidad el aseguramiento del asesinato, "no pudieron estar dirigidos a aumentar su dolor y sufrimiento".
En este sentido, el TSJA entiende que la acción estuvo dirigida a la efectiva ejecución del delito que cometía, pero no a incrementar el sufrimiento, de ahí que no pueda considerarse en este caso la apreciación de un agravante y se suprima en el relato de los hechos las referencias a tales circunstancias. El alto tribunal entiende, por tanto, que la condena impuesta ha de reputarse "totalmente razonable" al resultar "de todo punto evidente" la existencia de prueba de cargo, atendiendo a cómo quedó el cadáver y las terminantes conclusiones extraídas del mismo por la prueba pericial.

La precaria situación del juzgado de violencia sobre la mujer número 2.

La anécdota ocultaba una situación dramática. El juzgado de violencia sobre la mujer número 2 de Sevilla, ese en el que la juez ha calificado de "resabiados y desmotivados" a sus funcionarios, acumula centenares de causas con retrasos de hasta dos años. Y lo más grave, se ha constatado que hay incluso expedientes "traspapelados". La situación es tan alarmante que la Fiscalía hispalense ha abierto una especie de inspección para tratar de reducir el retraso, actualizar y revitalizar las causas que llevan durmiendo el sueño de los justos desde hace meses. El daño está ya hecho y puede ser irreparable, muchos casos, sobre todo faltas, pueden haber prescrito. La juez no tiene personal y los que tiene no le valen, o eso dice, porque no distinguen una providencia de un auto y su velocidad mecanográfica no es la adecuada para sacar adelante estas causas. Los sindicatos salen en defensa de los funcionarios y culpan a la "desidia" de la Administración de la situación, por no haber dotado a estos juzgados de los medios suficientes y tirar de la bolsa de trabajo del Servicio Andaluz de Empleo para cubrir las interinidades. Y mientras el caos continúa...

Comenzó el juicio por el supuesto espionaje a los presidentes de las cajas de ahorro

El juzgado de lo Penal número 3 de Sevilla inició ayer el juicio por el caso del supuesto espionaje a los presidentes de las cajas de ahorro San Fernando y El Monte, en el que están imputados por enjurias graves con publicidad el ex presidente de la caja San Fernando Juan Manuel López Benjumea, el investigador privado Joaquín Corpas, y los periodistas Francisco Rosell, director de El Mundo, y Javier Caraballo, redactor jefe del mismo periódico. En la acusación están, entre otros, el presidente de la Junta, Manuel Chaves, y destacados dirigentes socialistas, que reclaman una indemnización que supera los 650.000 euros. En la primera sesión del juicio, el detective Joaquín Corpas y el supuesto espía Antonio Castellano negaron que Chaves ordenara espiar a los presidentes de las cajas, mientras que López Benjumea consideró "dantesco" que se le acuse de hacer un montaje para desprestigiar al PSOE, y los periodistas aseguraron que publicaron la información porque estaba "suficientemente contrastada". El jueves declarará como testigo el propio Manuel Chaves...

Una juez dice que sus funcionarios están "resabiados y desmotivados"

Una juez de Sevilla ha pedido a la Consejería de Justicia que le envíe más personal de refuerzo porque los funcionarios de su juzgado están "sobrecargados, resabiados y desmotivados". En el escrito remitido a la delegación provincial de Justicia y que suscriben la juez sustituta y la secretaria titular del juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Sevilla, se solicita el nombramiento de dos nuevos funcionarios tanto por el elevado número de asuntos pendientes de tramitar en dicho órgano (156 civiles y 583 penales) como por la "escasa preparación" del personal interino. La juez sostiene que este personal procede a veces de la bolsa del Inem y "no sabe lo que es una providencia o un auto, desconoce el programa Adriano -la aplicación informática de los juzgados- y no tiene velocidad al mecanografiar, lo que hace harto difícil agilizar la tramitación de los asuntos". El escrito señala, en relación a la situación y el volumen de asuntos, que todos los funcionarios, interinos y titulares, "están sobrecargados, resabiados y desmotivados y tras trabajar tanto tiempo en funciones de guardia les resulta complicado continuar con la tramitación normal de los asuntos hasta su conclusión". También se pone de manifiesto que cinco o seis funcionarios titulares han llegado con la oposición "recién aprobada, sin velocidad mecanográfica y con absoluto desconocimiento de lo que iba a ser su trabajo". La juez y la secretaria concluyen que tienen una plantilla "que no trabaja en equipo, que no es capaz de discernir el grado de importancia de un escrito de personación de otros, que se encuentra totalmente desmotivada y saturada".
Ante estas críticas, la plantilla del juzgado ha solicitado el amparo de los sindicatos, al entender que se han vertido "descalificaciones" y se les ha "insultado" por afirmar que no saben distinguir una resolución judicial de otra. La delegada provincial de Justicia, Francisca Amador, conoce el asunto a través de la junta de personal y ha anunciado que va a buscar "una solución", según aseguró ayer un portavoz de la Consejería, que aclaró que este juzgado dispone ya de un funcionario de refuerzo desde su creación y añadió que los funcionarios de estos juzgados reciben un curso específico en la materia.

Alianza de los bufetes Montero-Aramburu y Bores

Las firmas de abogados Montero Aramburu y Bores y Compañía han firmado hoy miércoles 14 de noviembre un acuerdo para constituir una Agrupación de Interés Económico con la que se inicia una línea de colaboración entre ambos despachos andaluces.

La Agrupación, que garantiza la independencia de ambas firmas, tiene como objetivo compartir los recursos existentes en ambas organizaciones para reforzar los servicios profesionales de asesoramiento y defensa en todas las áreas del Derecho.

Mediante este acuerdo se constituye una de las mayores alianzas en el sector de los servicios jurídicos, de raíz netamente andaluza y sede en Sevilla, a la que no se descarta la incorporación de nuevos miembros.

Montero Aramburu cuenta en la actualidad con una plantilla que supera los 80 letrados en sus diferentes oficinas y es la única firma jurídica de estas características en nuestra Comunidad, con capital netamente andaluz. Fundado en 1971 y con más de 35 años de experiencia, Montero Aramburu destaca por ser una de los despachos más antiguos de Andalucía, que cuenta con especialistas en todas las ramas del Derecho. Su sede principal está en Sevilla y cuenta además con oficinas en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

Por su parte, Bores y Cía Abogados SRC, tiene en la actualidad una plantilla de 20 letrados complementada con colaboradores externos, tanto profesionales como entidades relacionadas con servicios de auditoría, gestión y consultoría internacional.

Bores y Cía Abogados es el único socio español de la red AVRIO que cuenta con firmas de abogados presentes en 38 países. Desde 1970 Bores se ha especializado en Derecho de Empresa, si bien posteriormente ha ido desarrollando otras áreas de actividad, con lo que en la actualidad destaca por ser un despacho andaluz multidisciplinar con proyección internacional.

La Audiencia condena a medio siglo de cárcel al violador en serie del Fremap, aunque sólo cumplirá 20 años

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha condenado a 50 años de cárcel al enfermero del Fremap acusado de violar a cuatro mujeres e intentar hacer lo mismo con una quinta, que hizo huir al individuo porque comenzó a gritar tras sorprenderle dentro de su casa. La sentencia fija no obstante el cumplimiento máximo de 20 años de prisión, de acuerdo con las limitaciones penológicas que establece el Código Penal vigente, aunque para los beneficios penitenciarios, tercer grado y libertad condicional se tendrá en cuenta la pena total impuesta por la Audiencia. El tribunal fundamenta la condena en el testimonio sincero de las víctimas frente a la versión inverosimil del acusado, que disponía de una agenda con datos de 40 mujeres, entre los que figuraban el peso y la estatura de algunas de las mujeres.

De Medio Ambiente a fiscal de seguridad vial

La fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, ha propuesto al ex fiscal de Medio Ambiente Luis Carlos Rodríguez León como nuevo fiscal delegado de Seguridad Vial, un puesto que ocupaba hasta su marcha al sector privado José María Calero (quien por cierto no tiene contratada ningún tipo de publicidad en este blog, en respuesta a uno de los comentarios dejado por un usuario anónimo). La plaza había sido solicitada sólo por dos fiscales, entre los cuales Segarra ha propuesto a la Fiscalía General que se nombre a Rodríguez León, el mismo fiscal al que hace unos meses apartó de Medio Ambiente porque, según dijo, no era el más adecuado para gestionar el equipo humano de fiscales de Medio Ambiente. La propuesta del nuevo fiscal de seguridad vial (que la fiscal jefe no ha querido hacer pública hasta que se produzca el nombramiento) ha causado cierta sorpresa en medios fiscales e incluso hay quien ha comentado que Segarra no está muy convencida del todo de la propuesta que ha efectuado, aunque precisan que tampoco había muchas más opciones. Otros temen que vuelvan a aparecer los nubarrones que ya se produjeron con motivo del paso del fiscal por la coordinación de Medio Ambiente. Que tiemblen los conductores a partir de ahora...

Visita en clave sevillana a la Ciudad de la Justicia de Málaga

La consejera de Justicia y Administración Pública, María José López, ha realizado hoy una visita a la Ciudad de la Justicia de Málaga con diversas autoridades judiciales de Sevilla, a fin de que conocieran de primera mano el nuevo complejo de la capital malagueña, que lleva cerca de un mes en marcha y que cuenta a partir de hoy lunes con 22 órganos judiciales en funcionamiento, entre los que se encuentra el Registro Civil.

El presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla, Miguel Carmona, la fiscal jefe de la Fiscalía, María José Segarra, el decano de los jueces, Federico Jiménez Ballester, la coordinadora de los secretarios judiciales, Ana María Jiménez Bada, así como el representante del Consejo General del Poder Judicial en Andalucía occidental, Antonio Reinoso, y la secretaria de la sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Aurelia Lorente han acudido a Málaga. Representantes de los sindicatos, así como algunas autoridades judiciales de Málaga como el juez decano y el fiscal jefe, también asistieron.

López ha realizado una pormenorizada visita a las dependencias judiciales malagueñas con los representantes de la Justicia en Sevilla, que a su vez forman parte de la comisión conjunta creada para la elaboración del pliego de condiciones del ‘Campus Tecnológico de la Justicia’ de Sevilla, que se compondrá, en principio, de cuatro edificios. Este futuro complejo judicial se situará junto al río Guadalquivir y satisfará las necesidades de la ciudadanía y los profesionales de la Administración de Justicia para la mejor prestación del servicio público con un diseño moderno, funcional y sostenible. En la sede malagueña, los integrantes de la visita se han interesado por la distribución de espacios, la presencia de elementos tecnológicos y la modernidad de las instalaciones.
En Málaga, desde esta semana estarán en funcionamiento los cinco juzgados de lo Contencioso-Administrativo, que fueron los primeros en trasladarse del 4 al 8 de octubre, así como los 12 órganos de la jurisdicción social, que lo hicieron del 10 al 18 de octubre. Posteriormente han sido los tres de Menores, con la correspondiente Fiscalía dedicada a este orden (del 19 al 23 de octubre), y el Registro Civil, que ha comenzado hoy a funcionar en la sede de Teatinos.

La Junta ha invertido 85 millones de euros en la construcción de la Ciudad de la Justicia de Málaga, un recinto diseñado por el arquitecto malagueño José Seguí. También se han invertido otros siete millones de euros en la dotación y equipamiento del nuevo edificio judicial. La Ciudad de la Justicia de Málaga tiene una superficie de 70.000 metros cuadrados y está dotado de las más modernas instalaciones. Un ordenador central regula la energía eléctrica y la climatización del inmueble para la gestión eficiente del ahorro energético. Además, el recinto cuenta con sistemas de detección, protección de incendios y extinción automática en las zonas de archivos.

La apuesta de la Junta de Andalucía por ejecutar un campus judicial en Sevilla permitirá además adelantar la marcha de los juzgados a su nuevo emplazamiento, acortando los plazos dada su proximidad al actual eje judicial, de modo que la integración los juzgados se realizará tan pronto como se fuesen terminando de construir las edificaciones. La reserva de espacio con motivo de creación de órganos judiciales en el futuro permitirá además conservar la ordenación del enclave judicial y mantener la identificación de las sedes, donde la sostenibilidad y el despliegue tecnológico cobrarán relevancia.

Caso Macarena: El Ayuntamiento no acusa a ninguno de los imputados

El Ayuntamiento de Sevilla no ha presentado cargos contra los cuatro imputados por el escándalo de las facturas falsas destapado en el distrito Macarena, dado que tan sólo ha reclamado que se devuelva el dinero presuntamente malversado a las arcas públicas municipales. Los servicios jurídicos del Consistorio hispalense, personado como acusación particular en la causa abierta en el juzgado de Instrucción número 15 de Sevilla, presentaron el pasado miércoles un escrito de calificación de los hechos en el que, de forma muy escueta, limitaban la petición de condena a la reparación de los "perjuicios" económicos causados al Ayuntamiento. En el documento ni siquiera se cuantifica el importe de las facturas pagadas de forma presuntamente indebida al contratista José Pardo García, ex socio de Juan Guerra, y que la Fiscalía hispalense ha cifrado en 20.254,62 euros. De esta forma, la acusación particular que ejerce el Ayuntamiento se desmarcó de la postura que mantuvo el año pasado durante la celebración de la vista preliminar que establece la ley del jurado, en la que, tras adherirse inicialmente a los planteamientos del fiscal -que pidió el procesamiento de los cuatro imputados, incluido el ex concejal José Antonio García-, posteriormente anunció que cuando llegara la fase de presentar los cargos sólo dirigiría sus acciones contra el contratista José Pardo. La posición del Consistorio también contrasta con la de la otra acusación particular personada en la causa, el Partido Andalucista, que ha pedido hasta 12 años de cárcel para el ex edil José Antonio García, a quien la Fiscalía decidió finalmente no acusar al estimar que sólo se limitó a firmar los cheques que fueron pagados a José Pardo.

El Poder Judicial defiende las oposiciones frente a la propuesta del ministro para permitir el acceso directo a los estudiantes con mejores notas

El portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Enrique López, ha asegurado que esta institución no se plantea ninguna reforma del actual sistema de acceso a la Judicatura y ha defendido que el modelo de oposiciones da buen resultado porque permite elegir "a buenos jueces y juezas". Para López, el actual sistema de oposiciones español goza de gran prestigio internacional y por eso se está copiando en varios países de Latinoamérica o de Europa del Este. El portavoz del CGPJ también ha desmentido que exista una "crisis de opositores" a la Judicatura en España por el hecho de que el pasado año descendiera en 2.000 el número de aspirantes. "Lo que ha pasado es que se ha cambiado el sistema, añadiéndose un examen test previo al oral, por lo que muchos de los que antes se apuntaban por apuntarse ahora no lo hace, para no enfrentarse a dicho examen", apuntó López.
Durante la inauguración de la III Conferencia Internacional de Formación y Capacitación Judicial en Barcelona, Bermejo aseguró ayer que las cifras "cantan", ya que en 2001 hubo más de 6.000 candidatos a las oposiciones de jueces y fiscales, mientras que en 2006 sólo hubo 4.000. "En los tiempos que corren hay otras salidas menos duras y ponerse a preparar oposiciones parece que no es atractivo". El ministro de Justicia justificó la iniciativa explicando que en las últimas oposiciones el tiempo medio de preparación ha sido de cinco años y medio, de manera que los que se han examinado han estado "aislados" durante ese tiempo, en contacto sólo "con un preparador y con él mismo".
Para el ministro, "el modelo de juez del siglo XXI" pasa "no sólo por un buen técnico en Derecho, sino además formado en valores constitucionales". "Y desde luego, que tengamos tiempo de convertirlo en un buen juez, con más permanencia en centros y con programas que tienen mucho que ver con la vida, y no sólo con el Derecho", añadió.

El auto pionero sobre la donación de órganos por un menor de edad

La Justicia dio ayer un paso histórico al autorizar a una menor a donar parte del hígado a su hija a pesar de las limitaciones que establece la ley de trasplantes, que prohíbe las donaciones de personas que no han alcanzado la mayoría de edad. El auto del juzgado de Familia número 17 sienta un precedente jurídico en la materia, al permitir que Rocío, una vecina de Camas de 17 años, pueda convertirse en donante viva de su hija, una decisión que ha sido avalada por la Fiscalía hispalense. La juez de Familia María Núñez Bolaños ha concedido la autorización legal para que se efectúe la donación amparándose en un vacío legal de la normativa y en la decisión consciente de la madre de llevar a cabo la donación para salvarle la vida a su hija de seis meses, que sufre una malformación en este órgano.
La resolución destaca precisamente que Rocío es “plenamente consciente de los riesgos” que implica la intervención quirúrgica para donar parte del hígado y tiene además “plena capacidad” para entender todo lo que le está sucediendo. La juez explica que la menor ha manifestado “con pleno entendimiento y de forma libre y consciente, su deseo de donar a su hija parte de su hígado” y llega a la conclusión de que su falta de capacidad para la donación puede suplirse, habida cuenta de su consentimiento expreso.
El auto analiza la regulación existente sobre extracción y trasplante de órganos contemplada en la ley 30/1979, el Real Decreto 2070/1999, que regula las actividades de obtención y utilización clínica de órganos humanos, y la ley general de Sanidad de 1986. Los requisitos que exigen estas normativas para la donación parten de que el donante sea mayor de edad y goce de plenas facultades mentales y de un estado de salud adecuado. También se permite que el tutor legal preste el consentimiento a la intervención cuando el menor no esté capacitado para ello, pero la juez estima y aquí es donde encuentra un “silencio normativo” que en el caso de la donación de órganos baste sólo con el consentimiento del tutor, sino que la misma debe contar con autorización judicial para suplir su falta de capacidad.
La juez María Núñez Bolaños compara el caso de las donaciones con los supuestos de esterilización de un menor y sostiene que “es necesario, por tanto, acudir al proceso judicial, recabar el informe de especialistas, oír en su caso a la incapaz o menor, todo ello con la intervención del Ministerio Fiscal”.
El Tribunal Constitucional, recuerda el auto, ha entendido como inexcusable la intervención judicial para los supuestos de esterilización y ha fijado entre sus requisitos que la solicitud parta de quienes ostentan la representación legal de la persona incapaz, la exploración judicial de esta persona, el informe de los especialistas y el pronunciamiento de la Fiscalía.
En el caso de Rocío se han cumplido todos y cada uno de los requisitos y su decisión ha sido incluso respaldada por la Fiscalía, que ha hecho hincapié en la “consciencia y responsabilidad” de sus actos al plantear la donación, así como en que “no estaba influida” por sus familiares y todos los informes médicos, tanto los emitidos por centro hospitalario como los forenses del juzgado, se han mostrado favorables a la donación.
El abogado Juan Manuel Gabella, que planteó el expediente de jurisdicción voluntaria para lograr la autorización, mostró ayer su satisfacción por este auto pionero que “marca un precedente contra la ley que no autorizaba las donaciones a menores y que servirá para supuestos similares”.