El TSJA cree que "existe apariencia" de vulneración de derechos fundamentales en la nueva Educación para la Ciudadanía

El TSJA ha admitido finalmente a trámite el recurso planteado por cinco padres sevillanos contra la aplicación de la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía, que comienza a impartirse en la Enseñanza Secundaria desde este lunes. A pesar de la oposición de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la representación jurídica de la Junta de Andalucía, los magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) decidieron ayer admitir a trámite el recurso de los padres, que habían impugnado los decretos autonómicos que regulan la implantación de la nueva asignatura y su obligatoriedad. Los padres sostienen que la Educación para la Ciudadanía, que incorpora entre sus contenidos la denominada “ideología de género”, puede vulnerar derechos fundamentales como la libertad ideológica, religiosa y de culto, y el derecho de los progenitores a elegir el tipo de formación religiosa y moral que desean para sus hijos, de acuerdo con sus propias convicciones, como consagra el artículo 27 de la Constitución Española.
La resolución dictada por los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo concluye prima facie que “existe apariencia” de la vulneración de los derechos fundamentales como para justificar la admisión a trámite del recurso por interpuesto a través del indicado procedimiento especial previsto en los artículos 114 y siguientes de la ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. La admisión a trámite del recurso implica que el tribunal deberá ahora pronunciarse sobre el fondo del asunto y resolver sobre si se ha producido o no un quebranto de los derechos fundamentales.
Frente a la postura de los padres, la Fiscalía de Sevilla y los servicios jurídicos del Estado y de la Junta de Andalucía habían pedido al tribunal que ni siquiera admitiera el recurso, pero el Alto Tribunal andaluz considera que su decisión está avalada por la doctrina jurisprudencial que ha establecido que “ha de huirse de interpretaciones restrictivas o rigoristas que impidan el acceso” al procedimiento especial para la protección de los derechos fundamental, un trámite preferente y sumario.
Los magistrados citan expresamente una sentencia del Tribunal Supremo, de 11 de noviembre 2003, según la cual, aunque el examen que debe realizarse para la admisión a trámite no debe suponer un juicio anticipado de su plena certeza y corrección jurídica, sin embargo no puede entenderse que “haya de limitarse a una comprobación exclusivamente formal” de los requisitos sin que “carezca de una mínima consistencia material en orden a la acreditación inicial de la vulneración de algún derecho fundamental”.
El auto, cuya ponencia corresponde al magistrado Rafael Sánchez Jiménez y contra el que cabe la posibilidad de interponer un recurso de súplica ante la misma Sala, señala que la oposición de las demás partes a la admisión del recurso de los padres por esta vía se ha efectuado en realidad con “consideraciones que afectan propiamente al fondo del recurso” y por tanto “serán debidamente examinadas en su momento”, precisa la resolución hecha pública ayer.
Durante la vista celebrada el pasado jueves para decidir sobre la tramitación del proceso, la Fiscalía hispalense sostuvo que la asignatura y su obligatoriedad no vulneran los derechos fundamentales de los padres, puesto que no contienen “ninguna referencia a la ideología de género” y además los padres habían recurrido dos decretos de la Junta que desarrollaban una legislación de carácter estatal, según explicó el representante del Ministerio Público en el proceso, el fiscal José Manuel Rueda.
El TSJA ya tuvo ocasión de pronunciarse sobre esta cuestión la semana pasada, cuando la misma Sala acordó en otro auto denegar la suspensión cautelar de la aplicación de la Educación para la Ciudadanía. Los magistrados esgrimieron entonces el posible daño que se causaría al conjunto del sistema educativo con una medida de este tipo. La resolución, que tampoco se pronunciaba sobre el fondo de la cuestión, recordaba someramente que la entrada en vigor de los decretos de la Junta no hacía obligatoria la asignatura, puesto que este carácter había sido establecido previamente en la Ley Orgánica de Educación. En ese auto, los jueces apuntaban que de las normas andaluzas “no se deriva directamente la implantación de una asignatura que imponga la formación moral en la denominada ideología de género”.
Habrá que ver ahora la resolución final que pueda adoptar la Sala, que ya ha dado numerosos varapalos a la Consejería de Educación en relación con la ratio de alumnos para la enseñanza concertada. Las sentencias que ha dictado el TSJA siempre han valorado el derecho de los padres a elegir la formación religiosa y moral para sus hijos de acuerdo con sus propias convicciones.

El Foro Judicial exige explicaciones sobre el cambio de ubicación de la ciudad de la justicia

A continuación recogemos un comunicado del Foro Judicial de Sevilla sobre la ciudad de la justicia
Las recientes noticias aparecidas en prensa sobre la posible ubicación de la Ciudad de la Justicia de Sevilla en terrenos del Puerto constatan de nuevo la falta de planificación que despliega la Junta de Andalucía, que, después de cerca de 10 años de ostentar las competencias de la Administración de Justicia,, no tiene un proyecto creíble que afronte los gravísimos problemas estructurales que padecen Sevilla y otras muchas sedes judiciales de Andalucía.
Para acometer proyectos de semejante envergadura se precisan años de planificación y ejecución y, como mínimo, se debería contar con la opinión de quienes van a ejercer sus funciones en esas instalaciones, que son quienes mejor conocen las necesidades que deben cubrirse y, desde luego, no parece que las prisas electorales sean las consejeras más adecuadas.
Estamos a la espera de que quienes a bombo y platillo mediático informaron a la Junta de Jueces de Sevilla de las bondades del anterior proyecto se dignen explicar tan apresurado cambio que confirma, sólo meses después, lo inadecuado de aquella solución para solventar los gravísimos problemas ya existentes, como el Foro Judicial Independiente ya anunció, y constata, una vez más, la escasa credibilidad que merecen los sucesivos e improvisados proyectos expuestos por la Junta de Andalucía.
Una vez conozcamos oficialmente el proyecto, que por las informaciones no sabemos si existe en realidad o es una nueva estratagema política para esconder la ausencia de un verdadero proyecto ejecutable, daremos nuestra opinión como parte interesada que somos, aunque continuamente ignorada.
De todas formas, no podemos concebir que no exista en Sevilla uno o varios espacios adecuados y bien comunicados para ubicar las sedes judiciales y se opte por ubicar la Ciudad de la Justicia en una zona que ni siquiera tiene prevista una red de transportes y una zona de aparcamiento adecuadas.

Pavón y los otros cuatro imputados serán juzgados antes del próximo verano

La Audiencia de Sevilla puede celebrar antes del próximo verano el juicio contra el ex alcalde de Camas Agustín Pavón y los otros cuatro imputados por el intento de soborno a la ex edil Carmen Lobo, que recibió 12.000 euros como parte del dinero que le habían prometido presuntamente por su voto a favor de determinadas operaciones urbanísticas. Aunque están pendientes varios recursos en la Audiencia de Sevilla y las defensas han planteado diversas cuestiones previas (nulidad de las escuchas telefónicas y de parte del procedimiento), si no se producen muchos avatares en la tramitación el caso podrá estar listo para su enjuiciamiento por el jurado antes del verano. El magistrado Javier González presidirá el juicio, en el que la Fiscalía ha pedido 18 meses de cárcel para los acusados.

Nuevos problemas para la Ciudad de la Justicia

El rechazo de IU, socio de gobierno del PSOE en el Ayuntamiento, al cambio de sede puede provocar que las cuentas no le salgan a la consejería de Justicia e impedir que la futura ciudad de la Justicia funcione en 2010, como prevé la Junta. El anuncio del portavoz de IU, Antonio Rodrigo Torrijos, de que su formación no dará su apoyo "en todos los hitos" en que sea necesario para la tramitación del proyecto puede hacer tambalear el calendario previsto. De hecho, la federación tiene hasta cuatro oportunidades para vetar las modificaciones urbanística que requiere el proyecto: dos en el consejo de la Gerencia, luego en la junta de gobierno local y finalmente en el Pleno municipal. Una nueva complicación para el departamento de María José López, que se suma a las críticas recibidas desde diversos operadores jurídicos...

El dueño de Pedalquivir no irá a la cárcel

Siete años después de la muerte de un niño que cayó por el hueco de dos plataformas de hidropedales unidas de forma ilegal en el Guadalquivir, la única persona condenada, Carlos M. G., propietario de la empresa Pedalquivir, ha evitado su ingreso en prisión al haber satisfecho la indemnización de más de 115.000 euros que la sentencia acordó en favor de los padres del menor fallecido. La titular del juzgado de lo Penal número 10 de Sevilla ha decidido suspender la ejecución de la condena impuesta, 18 meses de cárcel por un delito de imprudencia grave con resultado de muerte, después de comprobar que el acusado ha pagado la totalidad de la indemnización, así como las costas procesales de la acusación particular que ejercieron los padres. La sentencia incluía además, como ocurre en materia de responsabilidad civil, el pago de los intereses legales correspondientes, pero la familia del menor ha renunciado finalmente a exigir el pago de esta cantidad. La juez ha valorado a la hora de suspender el ingreso en la cárcel del propietario de Pedalquivir el esfuerzo realizado para abonar la indemnización. Carlos M. G. llegó a solicitar un crédito hipotecario y depositó en el juzgado 66.000 euros, cantidad que no cubría el importe de la totalidad de la indemnización y que motivó que la juez le diera un nuevo plazo de tres meses para hacer frente al pago de la totalidad del dinero. Tanto la juez de lo Penal como la Audiencia Provincial de Sevilla rechazaron inicialmente la posibilidad de suspender el ingreso en prisión del acusado, al entender que no había reparado el daño causado, teniendo en cuenta además que el acusado seguía desempeñando una actividad comercial lucrativa y a pesar de ello no había satisfecho el pago de la indemnización concedida a los familiares.

El juez Rafael Tirado deja la presidencia de la APM en Andalucía

El magistrado Rafael Tirado Márquez ha comunicado a sus compañeros de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) que abandona el cargo de presidente en Andalucía. El juez ha justificado su decisión en la necesidad de dedicar más tiempo a su familia, lo que resultaba incompatible con la dedicación que requiere el puesto de presidente andaluz de la asociación mayoritaria en la carrera de jueces. Sus compañeros han aceptado la dimisión y hasta las próximas elecciones ocupará su puesto la juez Nuria Orellana, titular del juzgado mercantil de Cádiz y decana de los juzgados gaditanos.

El ex fiscal Calero defenderá al ex alcalde de Camas

El ex fiscal de Sevilla José María Calero ha asumido la defensa del ex alcalde de Camas Agustín Pavón en el caso por el supuesto intento de soborno a la ex edil Carmen Lobo (y van tres ex). El amigo Calero, que se acaba de incorporar como letrado en la sección penal del bufete Montero Aramburu, coincide en el despacho con otro ex de la Fiscalía, el ex fiscal jefe de Sevilla Alfredo Flores. Otra coincidencia, uno y otro se han hecho cargo de defensas en casos sonados de corrupción, dado que Flores defiende al constructor apodado Sandokán en la operación Malaya. Seguro que Calero dará mucho juego con los Montero, de momento ya ha presentado su primer escrito pidiendo la nulidad de las escuchas telefónicas que posibilitaron las detenciones por el presunto cohecho a la ex edil camera. Justicia sevillana te desea buena suerte en tu nueva andadura...

La consejera está satisfecha de llevar la ciudad judicial a la nueva 'city' pero los operadores jurídicos hacen frente común contra el proyecto

La consejera de Justicia, María José López, se mostró hoy satisfecha del cambio de emplazamiento del proyecto de la ciudad de la Justicia, que según dijo estará en la 'city' de Sevilla, una zona de expansión empresarial que comparó con los distritos financieros surgidos en torno a los puertos de Nueva York, Londres o Barcelona. La consejera insiste en que la ciudad de la justicia será una realidad en 2010, dentro de sólo dos años y medio, pero el proyecto está generalizando el escepticismo entre los denominados operadores jurídicos -jueces, abogados, secretarios, etc- que cada vez expresan de forma más abierta sus dudas y críticas, lanzando calificativos de "absurdo", "increíble", e incluso "tomadura de pelo" por parte de la Consejería de Justicia. Aunque la zona del Puerto de Sevilla donde se pretende instalar la ciudad de la justicia puede experimentar un desarrollo empresarial en el futuro, de ahí a compararla con la city londinense hay un trecho. Un sólo apunte: en la city londinense no se observan las escenas que podrán verse en Sevilla con el traslado de los juzgados, cuando los clanes familiares se agolpen a las puertas del juzgado de guardia para ver si ponen en libertad a algún miembro de su familia. Tampoco es probable que se vean mucho ejecutivos paseando con sus maletines, pero sí que se podrá ver a los detenidos esposados... etc. etc....

Cuatrecasas abre oficina en el universo virtual de Second Life

Cuatrecasas ha abierto su oficina número 23 en el mundo virtual. En consonancia con los principios de modernidad e innovación que guian a la Firma, ésta acaba de instalarse en Second Life, confirmando su posición de vanguardia tecnológica entre los despachos internacionales.
La primera razón que mueve a Cuatrecasas a abrir oficina en este nuevo entorno, según el Director de IT de la Firma Francesc Muñoz, es conocer un nuevo medio que está teniendo un comportamiento similar al de la World Wide Web (inicio suave, fuerte crecimiento, etapa de desilusión posterior, …) “es un ciclo clásico schumpeteriano y que se repite constantemente ante la adopción de nuevas tecnologías”.
Asimismo, a este mundo virtual van personas y empresas del mundo real. Las empresas van a necesitar abogados que les ayuden y aconsejen cómo estar, qué se puede y qué no se puede hacer, cómo tributa el negocio que ya se está realizando en Second Life, asesorar respecto de patentes, marcas, dominios, etc.“por lo tanto el conocimiento de Second Life forma parte de nuestro deber como abogados para continuar dando el mejor servicio a nuestros clientes”, destaca Muñoz.
Por último, Second Life refuerza el proceso de captación de talento de la Firma: “existen ya más de 9 millones de avatares en Second Life, la gente joven, estudiantes y universitarios son los primeros que acceden al mundo virtual, queremos que los futuros abogados nos vean presentes en ese mundo también y nos reconozcan así como su mejor opción”, concluye Francesc Muñoz.
Según el Director de IT de Cuatrecasas, “a pesar de que existen dos caras en la moneda sobre si estar o no estar en Second Life, analistas como el Gartner vaticinan que en 2011 el 80% de las empresas tendrán presencia en un mundo virtual ya sea en Second Life u otro lugar”. Por ello, los principales objetivos que se plantea la Firma para instalarse en este mundo virtual son tres: explorar el nuevo medio, asesorar sobre el mismo y darse a conocer.

La niñera boliviana será juzgada por homicidio

La Fiscalía de Sevilla ha pedido que se abra un procedimiento del jurado para enjuiciar a la niñera boliviana que hace un año abandonó durante cuarenta horas a un menor con una minusvalía y que murió por falta de asistencia. La decisión del Ministerio Público implica que se presentarán cargos por un delito de homicidio y no por una simple imprudencia, dado que la Fiscalía entiende que puede haber un dolo eventual en la conducta de la cuidadora. La pena podría elevarse hasta los diez años de cárcel, salvo que pueda apreciárse algún tipo de circunstancia atenuante...

Cuatro edificios tendrá el campus de la Justicia

Poco a poco se van conociendo nuevos datos del nuevo proyecto de Ciudad de la Justicia que pretende crear la consejería de Justicia y Administración Pública en Sevilla. Será un campus judicial compuesto de cuatro edificios, en los que los órganos judiciales y las jurisdicciones quedarán muy bien diferenciadas, lo que implica que seguramente habrá un edificio para los juzgados de instrucción y de lo Penal, otro para las secciones de la Audiencia Provincial, otro para las salas del TSJA, etc. Quizás incluso haya espacio, quien sabe, para ubicar la mismísima sede de la Consejería de Justicia. Los edificios, según ha informado la Junta, reservarán incluso espacio para los nuevos juzgados que puedan ir creándose en el futuro, para que se queden en el mismo inmueble y no volver a enmarañar la sede judicial, porque ¿quién sabe localizar ahora exactamente donde está cualquier juzgado en el viejo edificio del Prado de San Sebastián?
Esta semana parece que se firmará el acuerdo definitivo con el Puerto de Sevilla para ubicar la ciudad judicial en unos terrenos junto al Puente de las Delicias.

La petición de multa para los dibujantes de El Jueves

Agencias.- El fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Angel Carballo pedirá una multa de 3.600 euros para los dos autores de la caricatura de los Príncipes de Asturias que motivó el secuestro el pasado 20 de julio de la revista satírica 'El Jueves' por un presunto delito de injurias a la Corona, el dibujante Guillermo Torres y el guionista Manel Fontdevila, durante el juicio que se celebrará en su contra, informaron fuentes de la Fiscalía.

Así, la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitará un total de 10 meses de multa a razón de 12 euros al día. El fiscal pidió al juez que incoara procedimiento abreviado contra ambos caricaturistas para poder juzgarles por injuriar al sucesor de la Corona o utilizar su imagen con el fin de desprestigiarla.

La Fiscalía acusa a los dibujantes por los delitos previstos en los párrafos 1 y 2 del artículo 491 del Código Penal. Ambos llevan aparejados penas de multa a pagar diariamente por un periodo de 4 a 20 meses y de 6 a 24 meses, respectivamente, por injuriar al sucesor de la Corona o utilizar su imagen con el fin de desprestigiarla. Fuentes fiscales precisaron que el montante final de la multa será establecido por el juez en sentencia.

De este modo, la acusación pública renuncia a la posibilidad de solicitar para los humoristas penas de hasta dos años de prisión previstas en el artículo 390.3, que figuraba como indiciariamente cometido en el escrito de denuncia que dio origen a estas actuaciones. La diferencia entre las dos acusaciones depende de si la injuria se comete contra el Rey o sus herederos en el ejercicio de sus funciones institucionales o fuera de ellas, como es el caso

La Ciudad de la Justicia irá junto al puente de las Delicias

La consejería acuerda con el Puerto la cesión de una parcela de más de 40.000 metros cuadrados para reunir en el futuro a todos los órganos judiciales dispersos en la ciudad.
Los terrenos elegidos para la construcción del complejo se encuentran en una de las principales zonas de expansión de la capital hispalense en los próximos años, tanto a nivel empresarial –en las inmediaciones está el edificio Galia– como comercial, dado que toda la franja donde actualmente se ubica la Feria de Abril se destinará a este uso con el futuro traslado del recinto ferial al Charco de la Pava, lo que cambiará por completo toda la fisonomía del lugar.
La parcela se encuentra a tan sólo varios minutos de una de las salidas de la ronda de circunvalación SE-30, lo que facilita las vías de acceso no sólo para los ciudadanos de la capital sino también para los que tengan que acudir del resto de la provincia a las distintas sedes judiciales. Otra de las ventajas con las que cuenta esta futura sede es la proximidad de una de las paradas de la línea 1 del Metro, cuando ésta empiece a funcionar.

La Ciudad de la Justicia se ubicará definitivamente en suelos que actualmente son de titularidad del Puerto de Sevilla, junto al puente de las Delicias, donde en los próximos años se construirá un complejo judicial que albergará a todos los órganos judiciales actualmente dispersos en la capital andaluza. La Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta ha cerrado un acuerdo con la Autoridad Portuaria de Sevilla para ubicar la ciudad judicial junto al puente de las Delicias, frente a los terrenos de Construcciones Aeronáuticas (CASA) y junto a unas instalaciones de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH). La parcela en cuestión tiene entre 40.000 y 50.000 metros cuadrados de suelo disponible, pero su edificabilidad puede superar los 100.000 metros cuadrados, lo que supera las necesidades para uso judicial que desde la Consejería de Justicia se estimaban inicialmente en unos 85.000 metros cuadrados.

El rechazo de los gordales para la ciudad de la Justicia: ¿un nuevo retroceso en el proyecto?

La consejería de Justicia ha anunciado que ha descartado el cordel de los gordales como futura ubicación de la Ciudad de la Justicia, lo que abre nuevas incógnitas respecto al futuro complejo judicial. La noticia se producía junto a otro anuncio de la consejería: el descarte de la denominada solución-puente del edificio de la Buhaira, al haber quedado desierto el concurso público para el alquiler del inmueble que está construyendo la inmobiliaria Osuna. Desde el departamento de María José López se asegura que el hecho de descartar esta solución provisional y el cambio de ubicación de la ciudad de la justicia no provocará un retroceso en el proyecto, sino todo lo contrario, la intención de la Junta es relanzar el proyecto y acortar los plazos. Habrá que esperar cuál es la nueva ubicación elegida, que se hará pública en breve, pero las últimas decisiones ya han causado un profundo malestar entre los sectores más directamente afectados: jueces y abogados. Los primeros, a través de su decano, Federico Jiménez Ballester, han pedido precisamente a la Junta que acorte los plazos del nuevo complejo, sobre todo porque los juzgados del Prado de San Sebastián están ya en una situación muy precaria. El decano de los abogados, José Joaquín Gallardo, se muestra incluso más pesimista y pide la intervención del presidente de la Junta, Manuel Chaves, para frenar el "antisevillanismo" del Gobierno autonómico y de la consejería de Justicia y Administración Pública.

Cerrado por vacaciones

Justicia sevillana os desea buenas vacaciones de verano. Nos vemos en septiembre.