Ciudad de la Justicia con 220.000 metros cuadrados y 423 órganos judiciales

Publicamos la nota de prensa hecha pública por la consejería de Justicia hoy sobre la Ciudad de la Justicia de Sevilla...
El concurso público del proyecto de ordenación y proyecto ejecutivo básico del complejo se abre en abril y se adjudicará en septiembre.

La consejera de Justicia y Administración Pública, Evangelina Naranjo, ha anunciado hoy que la Ciudad de la Justicia de Sevilla tendrá capacidad para albergar 423 órganos judiciales cuando esté totalmente construida, lo que supone tres veces más de los que existen actualmente. El complejo judicial de Sevilla se construirá en los Gordales, en la parcela SUO-DR-01, de 39.900 metros cuadrados y con una edificabilidad de 137.850 metros sobre rasante, y 83.060 metros cuadrados bajo rasante, lo que supone una edificabilidad total de 220.910 metros cuadrados.
La dimensión de la Ciudad de la Justicia de Sevilla se ha calculado a partir de un estudio funcional realizado por la Consejería siguiendo los diseños más ajustados a las expectativas de futuro. Estos cálculos suponen que el complejo judicial que ahora se inicia dará servicio a la ciudad, al menos, hasta el año 2060. Este estudio funcional se ha llevado a cabo teniendo en cuenta varios parámetros objetivos como son la evolución de la población, el número de asuntos de entrada por jurisdicción, así como la evolución de la creación de órganos judiciales entre los años 1995 y 2008 y el supuesto de mantenimiento constante de dichos crecimientos.
Para la realización de la Ciudad de la Justicia, la Consejería de Justicia y Administración Pública va a convocar un concurso público para la redacción del proyecto de ordenación y el proyecto ejecutivo básico de la nueva infraestructura. Dicho concurso se convocará en el mes de abril, una vez que se hayan publicado los pliegos de condiciones técnicas y administrativas en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) y se adjudicará en el mes de septiembre. El plazo para la redacción de dicho proyecto está estimado en 22 meses desde el momento de la adjudicación, según establece el pliego de condiciones.
El presupuesto para la redacción del proyecto de ordenación y el proyecto ejecutivo básico asciende a 9.005.828,90 euros, IVA incluido, una cantidad calculada siguiendo el baremo orientativo de honorarios del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos, y en base a los metros cuadrados construidos. Este importe se dividirá en tres anualidades diferentes estando previsto para 2009 el importe de 53.360,0 euros; 2010, una cantidad de 959.193,10 euros; y para 2011, la cantidad de 7.993.275,80 euros.
El concurso convocado por la Consejería de Justicia y Administración Pública contempla también el proyecto de ordenación de la parcela de Los Gordales correspondiente a este equipamiento, lo que significa que los proyectos que se presenten deberán dar solución a un planteamiento de conjunto que definirá la ubicación de los distintos edificios. En este sentido, tendrán que diseñar los edificios que albergarán las distintas jurisdicciones y sus respectivos órganos, además de las salas de vistas; el Registro Civil y las salas de boda; los servicios comunes y anexos; así como el Instituto de Medicina Legal y los locales que albergarán las instalaciones necesarias para el mantenimiento del complejo judicial. Igualmente, deberán plantear las conexiones entre dichos edificios y el acceso a los mismos, diferenciando entre las zonas de acceso público, las de acceso controlado, las de acceso restringido, y las de acceso prohibido.
El proyecto también deberá contemplar la conexión de dichos edificios con las tramas urbanas de comunicación y la red de transporte público, así como con las zonas destinadas a otro tipo de vehículos, como motos y bicicletas, y las zonas peatonales. La Ciudad de la Justicia también contará con una zona de aparcamiento público y su diseño respetará lo establecido en el Plan Parcial urbanístico aprobado por el Ayuntamiento de Sevilla respecto a alturas, alineaciones, espacios libres…
Tipo de concurso
La Consejería de Justicia y Administración Pública abrirá un Procedimiento Restringido para el proyecto de ordenación y proyecto ejecutivo básico de la Ciudad de la Justicia de Sevilla. Se trata de una fórmula administrativa recogida en la Ley de Contratos del Sector Público, ley 30/2007, de 30 de octubre, y que consiste básicamente en que los interesados en presentarse al concurso tendrán que acreditar su solvencia técnica y profesional, y una comisión técnica de baremación invitará a un número no inferior a 5 empresas a que presenten sus proyectos ya desarrollados y detallados para la Ciudad de la Justicia de Sevilla.
En las próximas semanas, la consejería publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea un anuncio previo a la convocatoria del concurso. Dicho anuncio servirá para que los estudios interesados vayan preparando sus propuestas para el diseño del futuro complejo judicial de Sevilla, además de para acortar los plazos de presentación de ofertas. Una vez cumplidos estos trámites, en el mes de abril se abrirá el concurso propiamente dicho que se adjudicará en el mes de septiembre de 2009.

¿Ciudad de la Justicia para 2013?

La solución provisional para la falta de espacio en los juzgados de Sevilla, a través del alquiler de un edificio puente, se prolongará durante cuatro años y tendrá un coste en alquileres para la Junta de Andalucía de entre siete y casi diez millones de euros.La Consejería de Justicia y Administración Pública ha publicado la oferta para el alquiler de la nueva sede que, según las estimaciones de la Administración autonómica, debe contar con una superficie de entre 8.000 y 10.000 metros cuadrados sobre rasante, y un mínimo de 1.500 metros cuadrados bajo rasante. El contrato inicial es por cuatro años y el precio del arrendamiento estará comprendido entre 16 y 18 euros por metro cuadrado y mes, incluidos el IVA y los gastos de comunidad. De acuerdo con estas especificaciones y en función de los precios ofertados, el coste de los alquileres durante los cuatro años del contrato oscilará entre una horquilla que va de 7.296.000 euros, el alquiler mínimo (9.500 metros) y al precio más bajo, y de 9.936.000 euros en el caso de que se arrendaran 11.500 metros cuadrados al precio máximo. A estas cifras habría que añadir además la correspondiente actualización anual del IPC. El anuncio publicado por la Consejería de Justicia señala que el edificio que debe albergar provisionalmente los juzgados debe estar lo más cercano a las sedes de El Prado y Viapol, contar "con buena comunicación con el resto de la ciudad y con servicio cercano de transporte público". La Junta valorará especialmente "las condiciones de iluminación y ventilación naturales". El plazo de presentación de solicitudes es de diez días y, en función de las necesidades de la Junta, el edificio Noga, de inmobiliaria Osuna y que se ubica en la avenida de la Buhaira, es el que se perfila como la posible solución.Este inmueble fue precisamente la opción que eligió la anterior consejera de Justicia, María José López, que sacó a concurso el alquiler a un precio de 8.208.000 euros por un período de tres años, pero que finalmente descartó este proyecto después de que el concurso quedara desierto, al no haber concurrido ni siquiera la propia inmobiliaria Osuna.

El retraso de la Ciudad de la Justicia no tendrá un coste cero, valdrá más de ocho millones de euros por la necesidad de alquilar un edificio puente

El retorno de la Ciudad de la Justicia a la parcela de Los Gordales acarreará un coste de ocho millones de euros, cifra aproximada que tendrá que abonar la Junta de Andalucía durante varios años en el alquiler del denominado edificio puente, donde se quiere trasladar a los juzgados que se encuentran en peor situación mientras se construye el futuro complejo que reunirá a todos los órganos judiciales dispersos. El coste de ocho millones está calculado para un período de tres años, hasta el 2012, que es la fecha en la que la Junta asegura que la Ciudad de la Justicia estará "en obras". Por cada año que se retrase el proyecto, habrá que sumar otros 2,7 millones de euros más en concepto de alquiler de esa nueva sede provisional para los órganos judiciales de Sevilla.La consejera de Justicia y Administración Pública de la Junta, Evangelina Naranjo, aseguró esta semana que la decisión de llevar de nuevo el campus judicial a la zona de Los Remedios tenía un coste económico de "cero euros", ya que, según las palabras de la titular andaluza de Justicia, no existía ningún proyecto técnico para levantar la Ciudad de la Justicia en terrenos de la Autoridad Portuaria de Sevilla. La consejera no tuvo en cuenta, sin embargo, que cuando el Gobierno andaluz apostó en la pasada legislatura por el proyecto del Puerto, también descartó la solución puente. Esta postura resultaba coherente entonces, puesto que al anticipar al año 2010 la construcción del primer edificio de la Ciudad de la Justicia, no parecía necesario alquilar ningún otro edificio en el que ubicar de forma provisional los juzgados del Prado de San Sebastián, que se encuentran en un edificio que está absolutamente colmatado. El arrendamiento de ese edificio, en principio se iba a contratar el que está construyendo la inmobiliaria Osuna en la avenida de la Buhaira -donde ya hay otras sedes judiciales-, supondría un coste de unos ocho millones de euros en un período de tres años, a razón de unos 2,7 millones por año.El descarte de esta sede provisional para los juzgados, que se produjo de forma paralela al anuncio de llevar la Ciudad de la Justicia al Puerto, evitaba además un doble traslado de los órganos judiciales: hasta el edificio puente, en primer lugar, y hasta el futuro campus judicial, posteriormente. La localización de un edificio en alquiler con las necesidades que precisan los órganos judiciales tampoco es una tarea fácil porque, entre otras razones, la oferta que pidió la Consejería de Justicia el pasado año para el arrendamiento de un inmueble con esas características no encontró respuesta alguna. Ni siquiera de la empresa propietaria del inmueble de la avenida de la Buhaira que se había fijado como primera opción para un posible traslado de los juzgados.La Junta de Andalucía gasta anualmente, sólo en alquileres de inmuebles para uso judicial en Sevilla, unos cinco millones de euros. El edificio puente, resucitado ahora por Naranjo, incrementará por tanto considerablemente el dinero público destinado a este concepto, que superará los siete millones anuales.

La Ciudad de la Justicia irá a Los Gordales, enésimo capítulo...

El Pleno ordinario del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado por unanimidad la ubicación de Los Gordales como lugar para situar el proyecto de Ciudad de la Justicia promovido por la Junta de Andalucía, al dar el visto bueno a una serie de puntos en una propuesta del PP que incluyen este lugar como futura localización del campus judicial. Concretamente, y tras algunas modificaciones realizadas sobre la propuesta inicial, presentada por el portavoz municipal del PP, Juan Ignacio Zoido, el Pleno aprobó instar a la Consejería de Justicia y Administración Pública para que con carácter inmediato acuerde un plazo de actuaciones encaminadas a la construcción de este complejo en los terrenos previstos por el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) para este objetivo en Los Gordales. También se acordó exigir al Gobierno estatal la retirada del recurso interpuesto contra las determinaciones urbanísticas que el plan general otorga al Estado en esta zona, así como la cesión de los terrenos para la construcción de la Ciudad de la Justicia; impulsar todos los trámites urbanísticos necesarios para la construcción; y acometer urgentemente tanto la rehabilitación y ampliación de los juzgados y la Audiencia Provincial como la puesta en uso de un edificio ya existente como 'puente'. La propuesta recuerda las diferentes ubicaciones propuestas por el Gobierno y señala que la actual consejera de Justicia y Administración Pública, Evangelina Naranjo, ya emplazó una decisión definitiva al respecto asegurando que "no se descarta nada".Por parte del gobierno municipal, la explicación de voto llegó del primer teniente de alcalde y portavoz municipal de IU, Antonio Rodrigo Torrijos, que recordó que la federación "no se ha movido ni un ápice" de su postura inicial -que la Ciudad de la Justicia se construya en Los Gordales, para lo cual llegaron a apoyar una moción en tal sentido presentada por el PP- y se congratuló de las decisiones adoptadas.

La Ciudad de la Justicia puede volver a Los Gordales

La Ciudad de la Justicia podría volver a la zona de Los Remedios si prospera una de las ideas sobre las que trabaja actualmente el departamento que dirige Evangelina Naranjo. Descartada prácticamente la ubicación en los terrenos del puerto, la opción que cobra más fuerza pasa por volver al proyecto originario de Los Gordales, en el barrio de Los Remedios, pero en una zona que no está afectada por el recurso que presentó el Estado en los tribunales por el recorte de las plusvalías urbanísticas que le impuso la Junta al Ayuntamiento durante la última fase de redacción del PGOU.

La parcela donde se iniciarían los trabajos de la Ciudad de la Justicia, con la construcción del primero de los edificios que acogerá el futuro complejo a modo de campus, tiene una superficie de unos 7.000 metros cuadrados y es de titularidad municipal. La edificabilidad máxima de la parcela ronda los 16.500-17.000 metros cuadrados y para el comienzo de los trabajos el Ayuntamiento tendría que aprobar un plan parcial y además habría que proceder a la cesión del suelo a la Administración autonómica, un proceso cuyo trámite administrativo tardaría varios meses.

La consejera de Justicia, Evangelina Naranjo, que desde que accedió al cargo ha iniciado una ronda de contactos con los operadores jurídicos de Sevilla para conocer las necesidades judiciales, entre las que está el futuro complejo judicial, está transmitiendo precisamente que esta opción es una de las que pueden contar con más opciones de llevarse a la práctica. De hecho, el proyecto de Los Gordales es uno de los que trató ayer la consejera en su reunión con el decano de los jueces de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, a quien comentó que el recurso de la Dirección General de Patrimonio del Estado contra la aprobación definitiva del PGOU no sería ningún problema ni obstaculizaría el inicio de las obras. Ese primer edificio estaría fuera del pleito, pero el resto de la Ciudad de la Justicia seguiría en una situación de incertidumbre hasta que el TSJA resuelva el pleito o ante una hipotética retirada del recurso.

Con el retorno a Los Gordales, la Junta podría evitar además tener que acudir a una solución alternativa -el edificio puente de la avenida de la Buhaira, que construye inmobiliaria Osuna y que la Junta pretendía alquilar- para ubicar los juzgados del Prado de San Sebastián, que se encuentran en un edificio que está colmatado, y también los órganos judiciales que se deben crear en los próximos años. El decano reclamó hace unos días la vuelta a la "solución puente" mientras se construye la ciudad judicial.

El nuevo plan general de Sevilla contempla que Los Gordales albergue la Ciudad de la Justicia, así como el proyecto del futuro campus de la Universidad Hispalense y la creación de más zonas verdes en la barriada de Los Remedios. Junto al campus universitario, que iría en los actuales terrenos de la Feria, el PGOU prevé equipamientos públicos y usos terciarios para esta zona de la ciudad. El nuevo planeamiento destina 63.648 metros cuadrados para los equipamientos de Los Gordales, de los cuales 24.344 se destinarían a dotaciones para el barrio y en los restantes 39.304 metros cuadrados se incluyen la ampliación de la Universidad y la Ciudad de la Justicia.

No habrá Ciudad de la Justicia en el Puerto

La Consejería de Justicia y Administración Pública ha descartado prácticamente la ubicación de la Ciudad de la Justicia en los terrenos de la Autoridad Portuaria, una opción por la que la Junta no ha mostrado ni siquiera interés en abordar en los contactos que la consejera ha mantenido con los diferentes operadores jurídicos.

La nueva titular de Justicia, Evangelina Naranjo, ha mostrado un absoluto mutismo sobre ese proyecto que estaba a punto de licitarse y, en sus declaraciones públicas, se ha limitado a afirmar que su departamento "no descarta nada" en relación a los posibles emplazamientos del complejo judicial que debe reunir a todos los órganos judiciales que hay actualmente dispersos en la capital.

A pesar de esa versión "oficial", en la que la Junta mantiene que todas las posibilidades están abiertas, lo cierto es que la ubicación en los terrenos del puerto de Sevilla ha sido postergada al final de la lista, cuando no expulsada directamente de la misma.

Eso es lo que se desprende, al menos, de los primeros contactos que Evangelina Naranjo está realizando con los diversos operadores jurídicos de Sevilla, dado que tras su visita a la Audiencia Provincial y a los juzgados, se comprometió a buscar el consenso y diálogo con todos los sectores para tratar de elegir el mejor emplazamiento posible para la futura Ciudad de la Justicia, que según la Junta será el edificio administrativo más grande de la comunidad autónoma.

Con el descarte de los suelos de la Autoridad Portuaria, la consejería baraja como opciones un retorno al proyecto original, en el que se había establecido la construcción de la Ciudad de la Justicia en el cordel de Los Gordales, una parcela ubicada en el barrio de Los Remedios, o mantener las sedes judiciales en el entorno del Prado de San Sebastián. Esta última posibilidad es la que reclaman como opción preferente los jueces y abogados de Sevilla.

Lo que parece también descartado, junto a la ubicación en el puerto, es que la Consejería de Justicia pueda intentar buscar un nuevo escenario distinto a los ya conocidos para emplazar la Ciudad de la Justicia.

Hasta ahora, la consejera de Justicia se ha entrevistado con la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, el presidente de la Audiencia Provincial, Damián Álvarez, y el decano de los abogados, José Joaquín Gallardo. En estos contactos, sólo se han tratado las opciones de Los Gordales y el Prado, pero no se ha hecho ninguna referencia expresa al proyecto del puerto de Sevilla, lo que representa un indicio más de que la Consejería tiene intención de rectificar la última ubicación conocida para la Ciudad de la Justicia y avalada por el Gobierno andaluz durante la última legislatura.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Manuel Fernández, dio esta misma semana un plazo de un mes a la Junta de Andalucía para que decida sobre si mantiene su interés por los terrenos junto al puente de las Delicias para construir el que hasta ahora había sido denominado como campus tecnológico de la Justicia. Ésta es la tercera legislatura consecutiva en la que vuelve a tratarse la cuestión de la ciudad judicial, ocho años después de que se conociera la primera ubicación.

Ultimatum del Puerto a la Junta para que se pronuncie sobre la ubicación de la Ciudad de la Justicia

El presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Manuel Fernández, dio ayer a la Junta de Andalucía un mes de plazo para que decida la ubicación definitiva del proyecto Ciudad de la Justicia después de que la nueva titular del ramo, la consejera de Justicia Evangelina Naranjo, dijese la pasada semana que "nada es descartable", en relación a una posible modificación del proyecto que en principio iba a levantarse en Los Gordales, tal y como recoge el PGOU, y después en terrenos del puerto.

Fernández expresó ayer su pretensión de que la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta se pronuncie de manera definitiva sobre la localización de la Ciudad de la Justicia en el plazo aproximado de un mes. Fernández agregó en declaraciones a los periodistas que ve "lógico" dar este plazo a la Junta después de las noticias contradictorias sobre el proyecto, y consideró que es "tiempo suficiente" para que pueda estudiar el proyecto y tomar una decisión de cara a establecer una alternativa en el caso de que quedara desestimada la ubicación en suelos del puerto.

"Para nosotros, la Ciudad de la Justicia no es un proyecto estratégico ni de desarrollo de nuestra actividad; si viene, bienvenida sea, y si no se le buscará otra salida a esos terrenos", espetó el portavoz de la Autoridad Portuaria tras el encuentro mantenido con el alcalde en el que acompañó a los empresarios que desarrollarán la Zona de Actividades Logísticas Palmas Altas en la dársena del puerto. Fernández precisó que no había tratado con el regidor el posible cambio de ubicación de la Ciudad de la Justicia y confirmó que no tenía en agenda reunión alguna a tres bandas -Junta, Ayuntamiento y Junta- para abordar el asunto.

El proyecto de la Ciudad de la Justicia

Este es el proyecto de Ciudad de la Justicia que ha presentado la Consejería de Justicia en el registro general de la Autoridad Portuaria, que va a ceder los terrenos para su construcción. Se trata de cinco edificios -uno de reserva- y una zona con 2.000 plazas de aparcamiento. Destaca especialmente la torre de 15 plantas que albergará la sede de las salas del TSJA, la Audiencia Provincial y la Fiscalía. El campus mirará al Guadalquivir, orientando hacia el río su fachada principal, siguiendo el model del Guggenheim de Bilbao.

Avance del proyecto de la Ciudad de la Justicia: costará 100 millones construirla y 7 millones la concesión administrativa de los terrenos hasta 2042

La consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta pagará un canon de siete millones de euros a la Autoridad Portuaria de Sevilla por la concesión administrativa durante 35 años de los terrenos que albergarán la futura Ciudad de la Justicia. El coste anual del canon que se pagará por la parcela junto al puente de las Delicias y el edificio Galia Puerto, que tiene una extensión de 100.000 metros cuadrados, será de 200.000 euros, una cantidad que revertirá en la dotación pública de infraestructuras de la zona portuaria, según avanza un documento estratégico sobre el proyecto elaborado por la Consejería de Justicia.

El futuro complejo judicial tendrá un coste aproximado de unos 100 millones de euros y pretende convertir los nuevos edificios de la capital en el "mayor" complejo administrativo de Andalucía, según refleja el avance del proyecto, que destaca igualmente que el campus será pionero a nivel nacional en la incorporación de las últimas innovaciones tecnológicas.

El documento de la Consejería sostiene que tanto la Autoridad Portuaria como el Ayuntamiento de Sevilla podrían conceder "todos" los permisos necesarios para iniciar las obras en un período de tres meses, si bien fuentes municipales han advertido que en estos momentos los plazos administrativos no permitirían la inauguración del futuro complejo para el año 2010, como pretende la Junta.

En cuanto a los edificios que tendrá el futuro complejo que albergará a los órganos judiciales actualmente dispersos en varios puntos de la capital, el avance del proyecto destaca que los distintos inmuebles -la Junta habla de al menos cuatro- se identificarán de forma clara en la parcela, tanto por su situación geográfica como por la proximidad de los órganos con los que se relacionan las jurisdicciones Civil y Penal. Los edificios también distinguirán aquellos órganos altamente especializados, como los juzgados de Violencia sobre la Mujer, los de Menores y los de Familia.

En un primer nivel, la Consejería quiere ubicar los juzgados de Instrucción, de lo Penal y el de Vigilancia Penitencia, que estarían junto al Instituto de Medicina Legal y Anatomía Patológica.

Los juzgados de lo Social y de lo Contencioso-Administrativo, así como el de lo Mercantil, se situarán, según los planes del Gobierno autonómico, en un segundo núcleo dentro de la parcela. Los juzgados de Violencia sobre la Mujer, los de Menores y los especializados en cuestiones de Familia ocuparán otro de los núcleos, al igual que las sedes de la Audiencia Provincial de Sevilla, que tiene ocho secciones, y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El proyecto se completa con un edificio que la Consejería denomina de Relación con el Administrado, donde se ubicarán no sólo las salas de vista para los juicios, sino aquellos órganos que tienen una relación estrecha entre los ciudadanos y la Justicia (por ejemplo el Registro Civil), o entre ésta y los profesionales del sector jurídico.

La Consejería de Justicia de la Junta recoge en el estudio algunos de los argumentos que a juicio de la Administración autonómica justifican el cambio de sede, desde la zona del cordel de los gordales en los Remedios hasta los terrenos del puerto de Sevilla, y que se centran principalmente en la mayor edificabilidad de la nueva ubicación, que permite reservar espacios para los nuevos órganos judiciales que puedan ir creándose en los próximos años. El documento también asegura que las obras se iniciarán mucho antes en esta zona, que constituye una alternativa "mejor y más rápida", así como bien comunicada, puesto que además de la SE-30 la Junta se ha comprometido a llevar una ramal del Metro hasta la Ciudad de la Justicia.

El cambio de sede del complejo judicial coincidió con el abandono del edificio puente, un inmueble en construcción al que iban a ser trasladados los juzgados de Sevilla mientras se construía el nuevo complejo. El avance del proyecto de la Consejería destaca como otra de las ventajas el "ahorro de costes" que conlleva descartar el alquiler de cualquier otra sede, con lo que se evita además el doble traslado de los órganos judiciales en el supuesto de que se hubiera optado por la solución puente.

Por último, el proyecto hace hincapié en que la nueva ubicación en el puerto es más segura, pues cuenta con una continua vigilancia de la Guardia Civil, con lo que el campus gozará de una "doble seguridad" para incrementar la tranquilidad de los ciudadanos y profesionales que trabajan en la Administración de Justicia.

El Foro Judicial exige explicaciones sobre el cambio de ubicación de la ciudad de la justicia

A continuación recogemos un comunicado del Foro Judicial de Sevilla sobre la ciudad de la justicia
Las recientes noticias aparecidas en prensa sobre la posible ubicación de la Ciudad de la Justicia de Sevilla en terrenos del Puerto constatan de nuevo la falta de planificación que despliega la Junta de Andalucía, que, después de cerca de 10 años de ostentar las competencias de la Administración de Justicia,, no tiene un proyecto creíble que afronte los gravísimos problemas estructurales que padecen Sevilla y otras muchas sedes judiciales de Andalucía.
Para acometer proyectos de semejante envergadura se precisan años de planificación y ejecución y, como mínimo, se debería contar con la opinión de quienes van a ejercer sus funciones en esas instalaciones, que son quienes mejor conocen las necesidades que deben cubrirse y, desde luego, no parece que las prisas electorales sean las consejeras más adecuadas.
Estamos a la espera de que quienes a bombo y platillo mediático informaron a la Junta de Jueces de Sevilla de las bondades del anterior proyecto se dignen explicar tan apresurado cambio que confirma, sólo meses después, lo inadecuado de aquella solución para solventar los gravísimos problemas ya existentes, como el Foro Judicial Independiente ya anunció, y constata, una vez más, la escasa credibilidad que merecen los sucesivos e improvisados proyectos expuestos por la Junta de Andalucía.
Una vez conozcamos oficialmente el proyecto, que por las informaciones no sabemos si existe en realidad o es una nueva estratagema política para esconder la ausencia de un verdadero proyecto ejecutable, daremos nuestra opinión como parte interesada que somos, aunque continuamente ignorada.
De todas formas, no podemos concebir que no exista en Sevilla uno o varios espacios adecuados y bien comunicados para ubicar las sedes judiciales y se opte por ubicar la Ciudad de la Justicia en una zona que ni siquiera tiene prevista una red de transportes y una zona de aparcamiento adecuadas.

Nuevos problemas para la Ciudad de la Justicia

El rechazo de IU, socio de gobierno del PSOE en el Ayuntamiento, al cambio de sede puede provocar que las cuentas no le salgan a la consejería de Justicia e impedir que la futura ciudad de la Justicia funcione en 2010, como prevé la Junta. El anuncio del portavoz de IU, Antonio Rodrigo Torrijos, de que su formación no dará su apoyo "en todos los hitos" en que sea necesario para la tramitación del proyecto puede hacer tambalear el calendario previsto. De hecho, la federación tiene hasta cuatro oportunidades para vetar las modificaciones urbanística que requiere el proyecto: dos en el consejo de la Gerencia, luego en la junta de gobierno local y finalmente en el Pleno municipal. Una nueva complicación para el departamento de María José López, que se suma a las críticas recibidas desde diversos operadores jurídicos...