Tres muertes violentas y una tragedia de dos familias. El Gobierno ha concedido el indulto a Juan Pedro Barroso García, el que fuera propietario del bar La Victoria de Los Bermejales y que fue condenado por el homicidio de Francisco I. S., al que disparó con una escopeta de caza a las puertas del establecimiento después de recibir varias amenazas por una deuda que tenía una hija suya.
La historia más reciente de Juan Pedro Barroso ha estado marcada por la tragedia: otra de sus hijas fue una de las cinco víctimas del derrumbe del muro del Bazar España y su hermano, Francisco Barroso, de 37 años, fue asesinado tres meses después del suceso de Los Bermejales, en octubre de 2004. Este último asesinato, que la Policía atribuyó a un ajuste de cuentas tras el crimen de Los Bermejales, quedó impune porque nunca se localizó a los responsables del mismo.
El Gobierno ha decido indultar a Juan Pedro Barroso después de que éste haya satisfecho la práctica totalidad de las indemnizaciones derivadas del homicidio, a excepción de una pequeña cantidad cuyo pago ha sido aplazado. El abogado del dueño del bar, Antonio Hierro, pidió el indulto después de que el Tribunal Supremo confirmara la condena de dos años y medio de cárcel que le impuso el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), dado que la Audiencia de Sevilla le había condenado sólo a nueve meses de prisión al considerar que el homicidio se debió a una imprudencia grave.
Esa sentencia, avalada por un jurado popular, fue revocada por el Alto Tribunal Andaluz, que sí apreció dolo o intención en la muerte de Francisco I. S., lo que implicaba que Juan Pedro Barroso debía volver a la cárcel, dado que sólo había cumplido seis meses de prisión preventiva.
El Gobierno, que ya ha comunicado a la Audiencia de Sevilla la concesión del indulto, ha valorado las circunstancias atenuantes que concurrieron en el crimen por el que fue condenado: el miedo insuperable y la confesión del homicidio a la Policía, además de la de legítima defensa, que fue considerada como una eximente incompleta en el juicio.
El Ejecutivo también ha tenido en cuenta, por lo que respecta a la prevención especial de la pena, que Juan Pedro Barroso, desde que fue condenado, no ha vuelto a cometer ningún delito, y además se encuentra totalmente reinsertado desde el punto de vista social, profesional y familiar.
La posibilidad de otorgarle el indulto ya fue tratada por el jurado popular que enjuició su caso y que llegó a la conclusión, por ocho votos a favor y uno en contra, de que se le concediera. Los ciudadanos que emitieron un veredicto en este caso llegaron a la conclusión de que Juan Pedro cogió la escopeta de caza "con ánimo de defensa" y efectuó un disparo "sin intención de matar" que alcanzó a Francisco I. S. a unos seis metros, causándole la muerte. La víctima llevaba una navaja de 42 centímetros de longitud cuando se presentó en el bar en compañía de otros individuos, uno de los cuales había amenazado a Juan Pedro porque reclamaba unos 300 euros a la hija de éste.
El TSJA revocó la condena inicial, al apreciar un dolo o intención de matar en el acusado, por cuanto los jueces argumentaban que disparar "a bulto" con una escopeta cargada con cartuchos a un grupo de personas que huía era, objetivamente, una conducta que "propicia o acarrea un riesgo cualificado de producir el grave resultado de lesiones e incluso la muerte de una persona", como ocurrió en este caso.
Desde que se produjo el homicidio del bar La Victoria, Juan Pedro Barroso tuvo que ser protegido por la Policía y se vio obligado a realizar varios cambios de domicilio, sobre todo después del asesinato de su hermano. El indulto de Juan Pedro Barroso cierra otro de los capítulos trágicos de esta familia.
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26 octubre 2009
Segarra se presentará a un segundo mandato en la Fiscalía
La fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, se presentará a la reelección en el cargo, cuyo mandato de cinco años termina a finales de noviembre próximo. María José Segarra, madrileña de 46 años, fue la tercera mujer que se convirtió en fiscal jefe en España y sustituyó a Alfredo Flores, que estuvo al frente de la Fiscalía hispalense durante 19 años hasta su jubilación, en septiembre de 2004. Segarra fue nombrada fiscal jefe el 25 de noviembre de ese año, tras lograr el respaldo de 5 de los 12 vocales del Consejo Fiscal, el máximo órgano de gobierno y asesoramiento de la Fiscalía. En concreto, recibió el apoyo de los cuatro vocales de la Unión Progresita de Fiscales (UPF), a la que pertenece, y del fiscal general, Cándido Conde-Pumpido.
Otros cinco fiscales optaron en aquella convocatoria a la plaza de fiscal jefe de Sevilla, entre ellos el actual teniente fiscal, Antonio Ocaña, que fue el más votado en el consejo Fiscal, al recibir siete votos de la Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera y de carácter conservador. También la solicitaron otros notables de la Fiscalía hispalense como Alfonso Demetrio Sánchez, Emilio de Llera, y José María Calero, que actualmente ejerce como abogado.
Según fuentes próximas a la Fiscalía, ninguno de estos fiscales tiene intención de disputar la plaza de fiscal jefe a María José Segarra, aunque no se descarta que otros fiscales puedan hacerlo, incluso algunos de fuera de Sevilla.
En los cinco años dirigiendo la Fiscalía hispalense, Segarra ha hecho frente a casos como el del soborno de Camas o a problemas generados en torno a la ejecución de las sentencias tras la muerte de la pequeña Mari Luz Cortés, donde la Fiscalía aseguró que no hubo ninguna negligencia pero al final ha cambiado el control de las ejecutorias. En este tiempo, Segarra ha creado el grupo de fiscales especializado en delitos económicos y ha potenciado la sección de violencia sobre la Mujer.
Otros cinco fiscales optaron en aquella convocatoria a la plaza de fiscal jefe de Sevilla, entre ellos el actual teniente fiscal, Antonio Ocaña, que fue el más votado en el consejo Fiscal, al recibir siete votos de la Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera y de carácter conservador. También la solicitaron otros notables de la Fiscalía hispalense como Alfonso Demetrio Sánchez, Emilio de Llera, y José María Calero, que actualmente ejerce como abogado.
Según fuentes próximas a la Fiscalía, ninguno de estos fiscales tiene intención de disputar la plaza de fiscal jefe a María José Segarra, aunque no se descarta que otros fiscales puedan hacerlo, incluso algunos de fuera de Sevilla.
En los cinco años dirigiendo la Fiscalía hispalense, Segarra ha hecho frente a casos como el del soborno de Camas o a problemas generados en torno a la ejecución de las sentencias tras la muerte de la pequeña Mari Luz Cortés, donde la Fiscalía aseguró que no hubo ninguna negligencia pero al final ha cambiado el control de las ejecutorias. En este tiempo, Segarra ha creado el grupo de fiscales especializado en delitos económicos y ha potenciado la sección de violencia sobre la Mujer.
La Consejería advierte contra la "picaresca" en los horarios de los funcionarios
La Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta está remitiendo a los 1.700 funcionarios que hay en Sevilla -y también a las restantes provincias, donde hay unos 7.000 empleados en la Administración de Justicia- una carta en la que advierte a los funcionarios contra la picaresca en el control de los horarios y les recuerda que pueden ser sancionados con falta grave si incumplen la obligación de guardar sus claves personales de acceso al sistema informático, que sirve de control horario.
La misiva dirigida a los funcionarios de Justicia, que en el caso de Sevilla firma la delegada provincial, María Francisca Amador, señala que se han "detectado posibles usos indebidos de las claves personales de acceso a los sistemas informáticos de la Administración de Justicia, con especial incidencia en el caso del sistema de control de horario Hermes". Esos usos indebidos, que la carta de la delegada no precisa, hacen referencia a una práctica que se realiza en algunas sedes judiciales y por parte de algunos funcionarios, que pican por otros compañeros para dejar constancia de la hora de entrada o salida del juzgado cuando estos trabajadores no se hallan en su puesto de trabajo.
Lo que no tiene en cuenta la Consejería de Justicia de la Junta, según han explicado a este periódico los funcionarios, es que hay determinadas dependencias judiciales en las que existe un único ordenador para varios funcionarios. Es el caso del servicio de notificación a los procuradores, donde nueve funcionarios tienen que picar en un único ordenador; en el propio servicio común de notificaciones y embargos, donde hay tres ordenadores para 64 funcionarios; e incluso en el depósito de piezas de convicción del decanato, donde un mismo ordenador es utilizado por siete funcionarios. Esto implica que si cada empleado tuviera que entrar cada uno con su usuario y clave -lo que implica reiniciar la sesión- se perderían muchos minutos y, por tanto, alguien que está a una hora determinada no constaría que está en su trabajo hasta más tarde.
Ante la práctica supuestamente fraudulenta, la Junta recuerda que está "expresamente prohibida la entrada por cualquier medio en dichos sistemas utilizando un login y password de otro usuario, salvo autorización expresa y puntual con arreglo a la ley, de la Administración competente o del usuario del ordenador".
La Junta añade que los funcionarios tienen el deber de custodiar su identificación y contraseña, "sin que se pueda proceder a su revelación o puesta al alcance de terceros", y avisa a los empleados públicos que la inobservancia de estas obligaciones está tipificada como falta grave en el reglamento de régimen disciplinario, que prevé sanciones de suspensión de empleo y sueldo de hasta tres años o con traslado forzoso fuera del municipio".
La misiva de la Junta recuerda igualmente a los trabajadores de Justicia que, si por cualquier circunstancia, el conocimiento de sus claves personales de acceso a estos sistemas hubiese tascendido a otros usuarios, deberá "proceder inmediatamente" a sustituirlas por otras.
Por último, la delegación de Justicia explica a los funcionarios que pueden cambiar su clave de acceso desde el mismo sistema informático.
22 octubre 2009
145 funcionarios de Sevilla se acogen al plan para trabajar por las tardes
Un total de 758 funcionarios se ha acogido al Plan extraordinario de Tardes propuesto por la Consejería de Justicia y Administración Pública dirigido a reducir el nivel de asuntos pendientes en los juzgados de lo Social, Mercantil y Penal, así como en los servicios comunes de la Administración de Justicia en Andalucía.
En el desglose por provincias, Málaga es la que mayor número de solicitudes de funcionarios ha recogido, un total de 157. Le siguen Sevilla (con 145) y Cádiz (140). A continuación, se sitúan Granada, en la que ya hay 88 funcionarios trabajando en turnos de tarde; Córdoba (65); Jaén (56); Almería (55) y Huelva (52).
Este plan de tardes –que ya ha cumplido una semana desde su puesta en funcionamiento-- es una actuación de choque, de tres meses de duración, dirigida en primer lugar a paliar los efectos de la actual crisis económica, puesto que ha quedado establecida para aquellos juzgados que se están viendo más afectados por la misma en cuanto a mayor carga de trabajo (de lo Social y de lo Mercantil), pero que redundará en beneficio de todos los órganos en general ya que también se dirige a los Servicios Comunes de Notificaciones y Embargos y a los Servicios Comunes de Partido Judicial.
El plan de tardes, que se puso en marcha la pasada semana, suma ya 758 funcionarios, aunque esta cifra podría elevarse a lo largo de las próximas semanas, a medida que avance el número de funcionarios que se acojan a estos servicios extraordinarios de carácter voluntario y retribuido. En total, la Consejería de Justicia ha hecho extensiva esta propuesta a un total de 123 juzgados y 38 servicios comunes, de los cuales ya se han adscrito al programa de tardes un total de 145, lo que supone un 90 por ciento del total.
La apertura de los juzgados en horario de tarde –aunque no abiertos al público- en los casos de los órganos específicos de lo Social y de lo Mercantil viene justificada, en primer lugar, por la especial incidencia que la crisis ha tenido en las relaciones de trabajo y en los concursos de acreedores, y pretende sumar recursos personales a las iniciativas tomadas por el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial con el nombramiento de jueces y secretarios de refuerzo en determinados órganos de las referidas jurisdicciones.
La iniciativa se enmarca en el Plan de Respuesta Razonable impulsado por la Consejería para reducir los tiempos de resolución de la Administración de Justicia. En función de ello, se ha hecho también extensiva a los juzgados de lo Penal, por su incidencia en la vida de los andaluces, al objeto de incrementar la seguridad jurídica entre la ciudadanía y agilizar la tramitación de sentencias, apoyando paralelamente la puesta en marcha de los Servicios Común de Ejecutorias de Apoyo en esta jurisdicción. Igualmente se lleva a cabo en los juzgados de Primera Instancia que conozcan de los asuntos mercantiles en las provincias que no cuentan con juzgados exclusivos en esta materia.
Hasta el 12 de enero
Este plan afectará en algunos juzgados a la totalidad de la plantilla mientras que en otros servicios judiciales su cumplimentación concernirá sólo al 50% de los mismos. El plan de choque consiste concretamente en que los empleados de los órganos judiciales trabajan hasta tres horas a partir de las 16.00 de la tarde los martes, miércoles y jueves, y estará operativo hasta el 12 de enero de 2010.
La implantación concreta de dicho plan, que no incluye la celebración de juicios por la tarde sino que redunda principalmente en el impulso de la tramitación de asuntos, requiere necesariamente de un plan específico semanal previo. En este sentido, los secretarios de los órganos judiciales afectados colaboran con la Consejería ya que son los encargados de marcar los objetivos a alcanzar conforme al calendario establecido. Estos secretarios judiciales también cooperaran a la hora de trasladar a la Junta el número de funcionarios que voluntariamente participen en este plan y una certificación en la que se haga constar su prestación.
Este plan se enmarca en la línea establecida por la Consejería de Justicia de ofrecer soluciones a medida para cada caso con el fin de reducir la carga de trabajo en los distintos órganos. Sobre esta base, la Consejería trabaja en otras acciones específicas –como el Servicio Común de Ejecutorias o el Tribunal Administrativo de Resolución Extrajudicial de Conflictos— para acortar los tiempos de respuesta en la Administración de Justicia. El departamento que dirige Begoña Álvarez apuesta por poner en marcha planes para cambiar el modelo actual de la Justicia y adelantarse incluso al patrón previsto en la nueva Oficina Judicial, en colaboración con todos los operadores jurídicos.
20 octubre 2009
La ex novia de Miguel ha ofrecido tres versiones distintas en ocho meses...
La menor de 14 años que fue novia de Miguel Carcaño ha realizado tres declaraciones distintas sobre el caso en ocho meses. De no saber nada de lo ocurrido con Marta del Castillo la tarde del 24 de enero, la adolescente pasó a reconocer que su ex novio le confesó el crimen, que le propinó un fuerte golpe con un cenicero, y por último ha llegado incluso a aportar un supuesto lugar donde se arrojó el cadáver: una arboleda que hay detrás de su domicilio en Camas.
Estos tres testimonios arrojan algunas coincidencias y contradicciones, y a lo largo de las mismas va implicando cada vez más en los hechos a Javier Delgado, el hermano de Miguel Carcaño, a Samuel Benítez y exculpa al menor que está internado en un centro imputado por el asesinato y la violación de Marta.
En la primera declaración policial de la menor de 14 años, ésta afirma a los agentes que no sabe qué le pasó a Marta y añade que su novio, Miguel Carcaño, no le ha contado nada. La adolescente insiste en que el presunto asesino pasó toda la noche en su casa de Camas, que no la abandonó de madrugada, aunque sí precisa que su teléfono móvil no paró de sonar en toda la madrugada. En los días sucesivos, cuando ya se ha dado a Marta por desaparecida, Miguel guarda silencio y agacha la cabeza cuando la noticia aparece en la televisión.
En su segunda declaración -el 9 de marzo ante el Grupo de Menores de la Policía-, la menor ya aporta detalles de lo que supuestamente ocurrió en el piso de León XIII. Así, dice que el hermano de Miguel se encontraba en su habitación cuando se produce el golpe con el cenicero y que, tras el crimen, se deshicieron del cuerpo arrojándolo al río. Según la menor, Miguel telefoneó a Samuel para que le ayudara a deshacerse del cuerpo y es Javier Delgado quien tiene la idea de arrojar el cadáver al río Guadalquivir.
Seis meses después, la niña vuelve a declarar -el 13 de septiembre- ante la Policía, a la que ahora relata que el hermano de Miguel estuvo presente en la escena del crimen y que incluso recriminó a Marta que discutiera con Miguel. La menor dice que "Miguel, su hermano y unos más" -sin especificar- se deshicieron del cuerpo en una arboleda detrás de su casa en Camas.
La testigo no sólo sitúa al hermano de Miguel en el momento del crimen, sino que además asegura que éste le amenazó para que no contara nada. La joven sostiene que recibió una llamada de un número desconocido, en la que literalmente le dijeron: "Si dices todo lo que sabes a tu madre la rajo de arriba abajo y a ti te pego una paliza". En esa declaración, la Policía le mostró dos escuchas de voces, una de ellas de Javier Delgado, el hermano de Miguel, y la menor reconoció una de las voces como la que le amenazó y que, según un informe de la Policía, se corresponde con la del hermano. Después de estas tres versiones, sigue sin conocerse la verdad y, sobre todo, sin hallarse el cuerpo.
La familia de Marta ha convocado el próximo día 26 una nueva manifestación con la finalidad de que se siga buscando el cuerpo.
Estos tres testimonios arrojan algunas coincidencias y contradicciones, y a lo largo de las mismas va implicando cada vez más en los hechos a Javier Delgado, el hermano de Miguel Carcaño, a Samuel Benítez y exculpa al menor que está internado en un centro imputado por el asesinato y la violación de Marta.
En la primera declaración policial de la menor de 14 años, ésta afirma a los agentes que no sabe qué le pasó a Marta y añade que su novio, Miguel Carcaño, no le ha contado nada. La adolescente insiste en que el presunto asesino pasó toda la noche en su casa de Camas, que no la abandonó de madrugada, aunque sí precisa que su teléfono móvil no paró de sonar en toda la madrugada. En los días sucesivos, cuando ya se ha dado a Marta por desaparecida, Miguel guarda silencio y agacha la cabeza cuando la noticia aparece en la televisión.
En su segunda declaración -el 9 de marzo ante el Grupo de Menores de la Policía-, la menor ya aporta detalles de lo que supuestamente ocurrió en el piso de León XIII. Así, dice que el hermano de Miguel se encontraba en su habitación cuando se produce el golpe con el cenicero y que, tras el crimen, se deshicieron del cuerpo arrojándolo al río. Según la menor, Miguel telefoneó a Samuel para que le ayudara a deshacerse del cuerpo y es Javier Delgado quien tiene la idea de arrojar el cadáver al río Guadalquivir.
Seis meses después, la niña vuelve a declarar -el 13 de septiembre- ante la Policía, a la que ahora relata que el hermano de Miguel estuvo presente en la escena del crimen y que incluso recriminó a Marta que discutiera con Miguel. La menor dice que "Miguel, su hermano y unos más" -sin especificar- se deshicieron del cuerpo en una arboleda detrás de su casa en Camas.
La testigo no sólo sitúa al hermano de Miguel en el momento del crimen, sino que además asegura que éste le amenazó para que no contara nada. La joven sostiene que recibió una llamada de un número desconocido, en la que literalmente le dijeron: "Si dices todo lo que sabes a tu madre la rajo de arriba abajo y a ti te pego una paliza". En esa declaración, la Policía le mostró dos escuchas de voces, una de ellas de Javier Delgado, el hermano de Miguel, y la menor reconoció una de las voces como la que le amenazó y que, según un informe de la Policía, se corresponde con la del hermano. Después de estas tres versiones, sigue sin conocerse la verdad y, sobre todo, sin hallarse el cuerpo.
La familia de Marta ha convocado el próximo día 26 una nueva manifestación con la finalidad de que se siga buscando el cuerpo.
16 octubre 2009
El SAS es condenado a pagar una operación en la sanidad privada tras un diagnóstico erróneo en hospitales públicos
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha condenado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a reintegrar a una vecina de Dos Hermanas los 10.870 euros que pagó por una intervención en un hospital privado, después de haber acudido hasta en cuatro ocasiones a la sanidad pública, donde confundieron un cáncer de colon con una situación de estreñimiento.
La enferma, E. M. M., de 68 años, acudió por primera vez al servicio de Urgencias del hospital de Motril (Granada) el 29 de noviembre de 2006, cuando se hallaba de vacaciones. Sufría un cuadro de vómitos y dolor epigástrico, y en el hospital le diagnosticaron estreñimiento y le recomendaron una dieta. En los siguientes días acudió en otras tres ocasiones a las Urgencias del Hospital de Valme, donde le hicieron el mismo diagnóstico y sólo en la última visita -el 11 de diciembre- se le dio cita para el especialista en aparato digestivo para el 2 de enero, casi un mes después.
Como la patología persistía, la mujer acudió el 23 de diciembre al hospital San Agustín de Dos Hermanas, donde le prescribieron una analítica y le realizaron una colonoscopia que permitió detectar un cáncer -en concreto, un adenocarcinoma de colon-, por lo que fue operada cinco días después.
La paciente tuvo que abonar 10.870 euros por el tratamiento que recibió en la sanidad privada y presentó una demanda contra el SAS, exigiendo el reintegro de esta cantidad. Un juzgado de lo Social desestimó inicialmente la reclamación, pero la Sala de lo Social del TSJA le ha dado ahora la razón, por cuanto la ley general de sanidad reconoce la posibilidad de abonar los gastos de los servicios médicos utilizados fuera del sistema público siempre que se trate de una "urgencia de carácter vital".
La jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que hay una urgencia vital cuando la situación patológica es de tal gravedad que, como consecuencia de la misma, "está en riesgo cierto e inminente la vida o la integridad física, si hubiere de estarse a la necesaria demora derivada de acudir a los servicios médicos asignados por la Seguridad Social". La doctrina señala que no basta con que el tratamiento alternativo sea simplemente beneficioso para la salud del paciente o mejoren sus expectativas de vida, ni se comprenden los supuestos en los que la intervención "no sea apremiante ni imprescindible".
La sala de lo Social del TSJA, aplicando esa doctrina, señala que en este caso la mujer "intentó repetidamente ser atendida y tratada por la sanidad pública, quien una y otra vez erró en su diagnóstico y en su tratamiento, obvió los protocolos de actuación para los supuestos de dolor abdominal agudo y omitió la realización de las pruebas pertinentes, prescribiendo únicamente dieta para el estreñimiento a quien, a todas luces, aquejaba una patología gravísima que podía acarrear un enorme riesgo y consecuencias tan graves que podían haber acabado con su vida".
La sentencia argumenta que ante ese "periplo de errores y desatención" que sufrió la paciente, no se puede pretender que ésta acuda de nuevo a la sanidad pública tras cuatro veces, porque eso representa que se le pide "un comportamiento cuando menos heroico, el cual no es posible exigir a nadie, cuando el enfermo sabe que se encuentra realmente grave".
Esta gravedad, recuerdan los magistrados, fue confirmada por el carcinoma "cuyo diagnóstico o el error de la sanidad pública había retrasado tanto, con la gravedad que ello tiene en este tipo de enfermedades". El tribunal añade que la actuación de los profesionales del Servicio Andaluz de Salud colocó "claramente" a la enferma en una situación de urgencia vital "que puso en peligro su vida", por lo que debe concluirse que la decisión de la paciente, al acudir a la sanidad privada, "merece ser indemnizada de acuerdo con los argumentos y parámetros jurisprudenciales expuestos".
La enferma, E. M. M., de 68 años, acudió por primera vez al servicio de Urgencias del hospital de Motril (Granada) el 29 de noviembre de 2006, cuando se hallaba de vacaciones. Sufría un cuadro de vómitos y dolor epigástrico, y en el hospital le diagnosticaron estreñimiento y le recomendaron una dieta. En los siguientes días acudió en otras tres ocasiones a las Urgencias del Hospital de Valme, donde le hicieron el mismo diagnóstico y sólo en la última visita -el 11 de diciembre- se le dio cita para el especialista en aparato digestivo para el 2 de enero, casi un mes después.
Como la patología persistía, la mujer acudió el 23 de diciembre al hospital San Agustín de Dos Hermanas, donde le prescribieron una analítica y le realizaron una colonoscopia que permitió detectar un cáncer -en concreto, un adenocarcinoma de colon-, por lo que fue operada cinco días después.
La paciente tuvo que abonar 10.870 euros por el tratamiento que recibió en la sanidad privada y presentó una demanda contra el SAS, exigiendo el reintegro de esta cantidad. Un juzgado de lo Social desestimó inicialmente la reclamación, pero la Sala de lo Social del TSJA le ha dado ahora la razón, por cuanto la ley general de sanidad reconoce la posibilidad de abonar los gastos de los servicios médicos utilizados fuera del sistema público siempre que se trate de una "urgencia de carácter vital".
La jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que hay una urgencia vital cuando la situación patológica es de tal gravedad que, como consecuencia de la misma, "está en riesgo cierto e inminente la vida o la integridad física, si hubiere de estarse a la necesaria demora derivada de acudir a los servicios médicos asignados por la Seguridad Social". La doctrina señala que no basta con que el tratamiento alternativo sea simplemente beneficioso para la salud del paciente o mejoren sus expectativas de vida, ni se comprenden los supuestos en los que la intervención "no sea apremiante ni imprescindible".
La sala de lo Social del TSJA, aplicando esa doctrina, señala que en este caso la mujer "intentó repetidamente ser atendida y tratada por la sanidad pública, quien una y otra vez erró en su diagnóstico y en su tratamiento, obvió los protocolos de actuación para los supuestos de dolor abdominal agudo y omitió la realización de las pruebas pertinentes, prescribiendo únicamente dieta para el estreñimiento a quien, a todas luces, aquejaba una patología gravísima que podía acarrear un enorme riesgo y consecuencias tan graves que podían haber acabado con su vida".
La sentencia argumenta que ante ese "periplo de errores y desatención" que sufrió la paciente, no se puede pretender que ésta acuda de nuevo a la sanidad pública tras cuatro veces, porque eso representa que se le pide "un comportamiento cuando menos heroico, el cual no es posible exigir a nadie, cuando el enfermo sabe que se encuentra realmente grave".
Esta gravedad, recuerdan los magistrados, fue confirmada por el carcinoma "cuyo diagnóstico o el error de la sanidad pública había retrasado tanto, con la gravedad que ello tiene en este tipo de enfermedades". El tribunal añade que la actuación de los profesionales del Servicio Andaluz de Salud colocó "claramente" a la enferma en una situación de urgencia vital "que puso en peligro su vida", por lo que debe concluirse que la decisión de la paciente, al acudir a la sanidad privada, "merece ser indemnizada de acuerdo con los argumentos y parámetros jurisprudenciales expuestos".
14 octubre 2009
Anticorrupción se plantea imputar en el caso Mercasevilla a Torrijos y a Crespo, así como a toda la comisión ejecutiva
La Fiscalía Anticorrupción está estudiando la posibilidad de solicitar a la juez que investiga las presuntas irregularidades en Mercasevilla que tome declaración como imputados a todos los miembros de la comisión ejecutiva de esta empresa mixta, entre los que se encuentran el actual primer teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos (IU), y el ex edil y ex presidente del mercado, Gonzalo Crespo.
Fuentes del Ministerio Público confirmaron ayer que el delegado de la Fiscalía Anticorrupción en Sevilla está estudiando la posibilidad de solicitar la imputación de todos los consejeros que formaban parte de la comisión ejecutiva de Mercasevilla cuando se adjudicó a una filial de la constructora malagueña Sando el derecho de opción de compra de los suelos. La juez que investiga el caso considera que el concurso público por el que se adjudicó la venta es "ilegal" y "fraudulento" porque estaba "predeterminado" para que esta empresa resultara ganadora, todo ello a pesar de que el grupo Noga había realizado una oferta económica que superaba en 52 millones de euros la propuesta vencedora.
Las mismas fuentes precisaron que, por el momento, la Fiscalía Anticorrupción no ha solicitado ninguna imputación a la juez, ya que están estudiando las últimas declaraciones y por ahora sólo existe esa "posibilidad" de solicitar las nuevas declaraciones.
La posible imputación se extiende a los siete miembros de la comisión ejecutiva de Mercasevilla, que estaba integrada, junto a Torrijos y Gonzalo Crespo, por Domingo Enrique Castaño -la persona a la que el PP sitúa como el "cerebro" de la venta de los suelos-, así como el secretario del Ayuntamiento, Venancio Gutiérrez Colomina, y el interventor municipal, José Miguel Braojos. Completan la lista los consejeros Ángel Gil Pascual, adjunto a la presidencia de la empresa Mercado Central de Abastos (Mercasa) -que posee el 48% de Mercasevilla-, y Arturo Cortés de la Cruz, abogado del Estado y secretario general de Mercasa.
Todos los consejeros intervinieron en la comisión ejecutiva de Mercasevilla celebrada el 15 de febrero de 2006 y en la que adjudicó el concurso a Sanma, la filial de Sando, tras obtener la mayor puntuación de acuerdo con la valoración de los técnicos imputados.
El planteamiento de la Fiscalía no parece nuevo en la investigación judicial, puesto que la Policía Judicial ya ha hecho gestiones con, al menos, Antonio Rodrigo Torrijos y Gonzalo Crespo. El primer teniente de alcalde y el ex concejal ya han prestado declaración ante la Policía Judicial, a la que han remitido sendas declaraciones por escrito explicando distintos aspectos relacionados con la adjudicación a la filial de Sando del concurso público. Estas declaraciones se produjeron la semana pasada, según han confirmado fuentes policiales.
El ex presidente de Mercasevilla, Gonzalo Crespo, aseguró que ninguno de los funcionarios municipales que participaban en los distintos órganos del mercado advirtió de ninguna ilegalidad en la adjudicación del derecho de opción de compra de los terrenos del mercado central.
El pliego de condiciones del concurso incluía, según la juez, dos cláusulas que favorecieron "claramente" a Sando, una de las cuales penalizaba las ofertas que superaran en un 10% la media aritmética de las ofertas presentadas, mientras que la otra primaba la titularidad previa de cualquier derecho sobre los terrenos. El pliego fue aprobado por la comisión ejecutiva, el consejo de administración, el Pleno del Ayuntamiento y, finalmente, la junta general de accionistas de Mercasevilla.
Fuentes del Ministerio Público confirmaron ayer que el delegado de la Fiscalía Anticorrupción en Sevilla está estudiando la posibilidad de solicitar la imputación de todos los consejeros que formaban parte de la comisión ejecutiva de Mercasevilla cuando se adjudicó a una filial de la constructora malagueña Sando el derecho de opción de compra de los suelos. La juez que investiga el caso considera que el concurso público por el que se adjudicó la venta es "ilegal" y "fraudulento" porque estaba "predeterminado" para que esta empresa resultara ganadora, todo ello a pesar de que el grupo Noga había realizado una oferta económica que superaba en 52 millones de euros la propuesta vencedora.
Las mismas fuentes precisaron que, por el momento, la Fiscalía Anticorrupción no ha solicitado ninguna imputación a la juez, ya que están estudiando las últimas declaraciones y por ahora sólo existe esa "posibilidad" de solicitar las nuevas declaraciones.
La posible imputación se extiende a los siete miembros de la comisión ejecutiva de Mercasevilla, que estaba integrada, junto a Torrijos y Gonzalo Crespo, por Domingo Enrique Castaño -la persona a la que el PP sitúa como el "cerebro" de la venta de los suelos-, así como el secretario del Ayuntamiento, Venancio Gutiérrez Colomina, y el interventor municipal, José Miguel Braojos. Completan la lista los consejeros Ángel Gil Pascual, adjunto a la presidencia de la empresa Mercado Central de Abastos (Mercasa) -que posee el 48% de Mercasevilla-, y Arturo Cortés de la Cruz, abogado del Estado y secretario general de Mercasa.
Todos los consejeros intervinieron en la comisión ejecutiva de Mercasevilla celebrada el 15 de febrero de 2006 y en la que adjudicó el concurso a Sanma, la filial de Sando, tras obtener la mayor puntuación de acuerdo con la valoración de los técnicos imputados.
El planteamiento de la Fiscalía no parece nuevo en la investigación judicial, puesto que la Policía Judicial ya ha hecho gestiones con, al menos, Antonio Rodrigo Torrijos y Gonzalo Crespo. El primer teniente de alcalde y el ex concejal ya han prestado declaración ante la Policía Judicial, a la que han remitido sendas declaraciones por escrito explicando distintos aspectos relacionados con la adjudicación a la filial de Sando del concurso público. Estas declaraciones se produjeron la semana pasada, según han confirmado fuentes policiales.
El ex presidente de Mercasevilla, Gonzalo Crespo, aseguró que ninguno de los funcionarios municipales que participaban en los distintos órganos del mercado advirtió de ninguna ilegalidad en la adjudicación del derecho de opción de compra de los terrenos del mercado central.
El pliego de condiciones del concurso incluía, según la juez, dos cláusulas que favorecieron "claramente" a Sando, una de las cuales penalizaba las ofertas que superaran en un 10% la media aritmética de las ofertas presentadas, mientras que la otra primaba la titularidad previa de cualquier derecho sobre los terrenos. El pliego fue aprobado por la comisión ejecutiva, el consejo de administración, el Pleno del Ayuntamiento y, finalmente, la junta general de accionistas de Mercasevilla.
11 octubre 2009
Hacia donde camina el caso Marta...
Esta semana surgió una nueva versión -la enésima- del caso Marta. Un familiar de un preso declaró a una TV que Miguel Carcaño va diciendo que no va a pagar por lo que no ha hecho -en alusión al crimen de la joven- y asegura que tanto la madre de su ex novia de Camas, como esta misma, estuvieron la tarde del crimen en el piso de la calle León XIII. ¿Qué se quiere insinuar?
Carcaño, si realmente oculta algo, debería acudir al juez -como ha hecho ya en otras tantas ocasiones- y contarle, eso sí, la verdad, al menos una vez, para variar.
Mucho me temo que esta nueva versión no sea más que eso, una nueva versión de un crimen cuya investigación sigue mostrando muchas dudas y en la que, lo más importante, aún no ha aparecido el cuerpo de la joven sevillana.
03 octubre 2009
La juez permite que el dueño de Contsa salga de prisión si paga dos millones de euros de fianza...
El dueño de la inmobiliaria Contsa, José Salas Burzón, que permanece en prisión preventiva desde hace un año, podrá abandonar la cárcel si deposita una fianza de dos millones de euros.La titular del juzgado de Instrucción número 17 de Sevilla, Pilar Llorente, ha dictado un auto en el que decreta la libertad bajo fianza de esta cantidad para el empresario, una decisión que ha sido adoptada por la propia magistrada sin que le haya sido solicitada por la defensa. Salas Burzón ingresó en prisión el 3 de octubre del año pasado, imputado por cuatro delitos -estafa, falsedad contable, administración desleal e insolvencia punible-, tras haber prestado declaración una vez que los administradores concursales emitieron un informe en el que detectaron la existencia de un agujero de 86,8 millones de euros en las cuentas de la empresa y que el número de acreedores ascendía a 1.553, casi tres veces más de los que el dueño de Contsa había reconocido en el juzgado de lo Mercantil que tramita el concurso de acreedores.
La Fiscalía había pedido su ingreso en prisión sin fianza, al considerar que con su actitud Salas Burzón había "agravado la situación de la empresa", si bien el dueño de la inmobiliaria había señalado que él fue el primer sorprendido por los resultados del informe de los administradores concursales.El propietario de Contsa volvió a declarar en mayo pasado y, en esta ocasión, admitió que realizó ventas ficticias y otras operaciones en fechas posteriores a la declaración del concurso de acreedores -en febrero de 2008-.La instructora del caso tomó ayer precisamente declaración, en calidad de testigo, al empresario Luis Castel -que se barajó como uno de los posibles compradores del Real Betis-, con quien el propietario de Contsa aseguró que había realizado algunas de esas operaciones "ficticias" por importe de unos tres millones.Castel negó ayer las manifestaciones del imputado en la causa, que había asegurado que simuló con él haber recibido un cheque que ni siquiera llegó a tocar. El empresario Luis Castel reconoció que compró a Salas un crédito de tres millones sobre un hotel en El Rocío y dos áticos en la calle Asunción, por importe de otros 400.000 euros.
Castel explicó a la juez que el negocio fue "real", que tenía una buena rentabilidad, que cifró en el 7%, y dijo que José Salas le insistió mucho en que el pago se realizara en efectivo.Con fecha 31 de diciembre de 2007, poco antes de la suspensión de pagos de Contsa, Luis Castel entregó al propietario de Contsa un cheque por importe de tres millones para adquirir la hipoteca del hotel que se estaba construyendo en El Rocío. La segunda operación tuvo lugar el 30 de enero de 2008, cuando Salas cobró un pagaré de Castel por valor de 400.000 euros por la venta de los dos áticos de la calle Asunción.Salas defendió en sus declaraciones judiciales anteriores que los 3,4 millones que percibió de estas operaciones los empleó en pagar a cinco acreedores, aunque en su última comparecencia ante la juez, en mayo pasado, admitió que no entregó el dinero.El dueño de Contsa reveló que después del concurso también vendió varias propiedades
La Fiscalía había pedido su ingreso en prisión sin fianza, al considerar que con su actitud Salas Burzón había "agravado la situación de la empresa", si bien el dueño de la inmobiliaria había señalado que él fue el primer sorprendido por los resultados del informe de los administradores concursales.El propietario de Contsa volvió a declarar en mayo pasado y, en esta ocasión, admitió que realizó ventas ficticias y otras operaciones en fechas posteriores a la declaración del concurso de acreedores -en febrero de 2008-.La instructora del caso tomó ayer precisamente declaración, en calidad de testigo, al empresario Luis Castel -que se barajó como uno de los posibles compradores del Real Betis-, con quien el propietario de Contsa aseguró que había realizado algunas de esas operaciones "ficticias" por importe de unos tres millones.Castel negó ayer las manifestaciones del imputado en la causa, que había asegurado que simuló con él haber recibido un cheque que ni siquiera llegó a tocar. El empresario Luis Castel reconoció que compró a Salas un crédito de tres millones sobre un hotel en El Rocío y dos áticos en la calle Asunción, por importe de otros 400.000 euros.
Castel explicó a la juez que el negocio fue "real", que tenía una buena rentabilidad, que cifró en el 7%, y dijo que José Salas le insistió mucho en que el pago se realizara en efectivo.Con fecha 31 de diciembre de 2007, poco antes de la suspensión de pagos de Contsa, Luis Castel entregó al propietario de Contsa un cheque por importe de tres millones para adquirir la hipoteca del hotel que se estaba construyendo en El Rocío. La segunda operación tuvo lugar el 30 de enero de 2008, cuando Salas cobró un pagaré de Castel por valor de 400.000 euros por la venta de los dos áticos de la calle Asunción.Salas defendió en sus declaraciones judiciales anteriores que los 3,4 millones que percibió de estas operaciones los empleó en pagar a cinco acreedores, aunque en su última comparecencia ante la juez, en mayo pasado, admitió que no entregó el dinero.El dueño de Contsa reveló que después del concurso también vendió varias propiedades
02 octubre 2009
La Policía sólo halló restos de sangre en la chaqueta de Miguel, pero no en el piso de la calle León XIII
La Policía Científica sólo halló restos de sangre que coinciden con el perfil genético de Marta del Castillo en la cazadora del asesino confeso, Miguel Carcaño Delgado, pero no se localizó ningún vestigio sanguíneo de la víctima en el piso de la calle León XIII donde se cometió el crimen.
El sumario del caso recoge informes científicos que revelan que a lo largo de la investigación se han recogido hasta 153 evidencias biológicas de Marta del Castillo y más de 30 perfiles genéticos, algunos de ellos mezclados con sangre de Marta, tal y como reconoció esta semana el jefe superior de Policía en Andalucía Occidental, Enrique Álvarez Riestra.
De la totalidad de las muestras recuperadas únicamente se ha localizado sangre de la víctima en el forro interior de la cazadora de corte militar que Miguel Carcaño llevaba puesta la tarde del crimen y que pudo transferirse desde el cenicero con el que, según el joven, golpeó a la adolescente en la cabeza tras una discusión. El asesino confeso siempre ha ubicado el escenario del crimen en su vivienda de la calle León XIII, pero en el inmueble la Policía Científica no ha logrado encontrar ningún otro resto de sangre.
Los investigadores siempre han considerado que, después del crimen, los imputados procedieron a la limpieza de los restos y huellas. En un primer lugar, esa función fue atribuida por el menor de 15 años que está internado en un centro a Javier Delgado Moreno, hermano de Miguel Carcaño, pero el asesino confeso ha tratado de exculparle desde el primer momento. En la cuarta versión de los hechos que ofreció Carcaño en septiembre pasado, el principal implicado llegó a sostener que fue él mismo quien se quedó aquella noche limpiando el piso de León XIII mientras su amigo Samuel Benítez se deshacía del cadáver en el coche de un familiar suyo.
Algunos expertos policiales consultados por este periódico aseguran que, con los actuales métodos de trabajo de la Policía Científica, si hubiese quedado algún resto de sangre en la vivienda de León XIII, además de la que había en la chaqueta, se habría detectado con seguridad pese a cualquier intento de borrar las evidencias, por mucha limpieza que se efectuara.
Desde los primeros momentos de la investigación, el escenario del crimen se situó en el piso de León XIII. Supuestamente, según las cuatro versiones de Carcaño, Marta murió allí de un fuerte golpe que él mismo le asestó y que, de ser así, tendría que haber dejado a priori alguna evidencia en forma de resto sanguíneo.
En el piso de León XIII sí que se han localizado otras muestras biológicas de Marta, tales como ADN, cabellos y otros fluidos. Así, los investigadores localizaron restos genéticos de Marta en el tensiómetro con el que, según Miguel Carcaño, comprobó que la joven no tenía pulso y había fallecido tras la agresión.
También se halló ADN en la silla de ruedas que, según la versión del asesino confeso, se empleó para sacar el cadáver de Marta del domicilio e introducirlo en un coche. Sin embargo, estas muestras han sido halladas en la empuñadura del carrito, lo que introduce nuevas dudas en la versión facilitada por el principal sospechoso.
Entre las evidencias biológicas encontradas por la Policía Científica no sólo hay huellas genéticas de Marta del Castillo y de su asesino confeso. También se han encontrado en el piso de León XIII restos del menor de 15 años implicado en el crimen, concretamente en la mesa del ordenador de Miguel Carcaño. De este adolescente también aparecieron huellas en una botella de ron recogida en uno de los registros practicados en este domicilio.
También se han encontrado restos de ADN de la novia del hermano de Carcaño, María García, en un esparadrapo y una alargadera encontrados en el piso. En este cable también aparecieron huellas del asesino confeso. En su anterior versión de los hechos, Miguel Carcaño expuso que fue el menor quien mató a Marta y lo hizo estrangulándola con el cable de una alargadera.
En cualquier caso, estos indicios sólo apuntan a que tanto el menor amigo de Carcaño como la novia del hermano de éste habían estado en el piso de León XIII, sin que sea posible precisar si las huellas son anteriores o posteriores al día del crimen, cometido la noche del 24 de enero.
El sumario del caso recoge informes científicos que revelan que a lo largo de la investigación se han recogido hasta 153 evidencias biológicas de Marta del Castillo y más de 30 perfiles genéticos, algunos de ellos mezclados con sangre de Marta, tal y como reconoció esta semana el jefe superior de Policía en Andalucía Occidental, Enrique Álvarez Riestra.
De la totalidad de las muestras recuperadas únicamente se ha localizado sangre de la víctima en el forro interior de la cazadora de corte militar que Miguel Carcaño llevaba puesta la tarde del crimen y que pudo transferirse desde el cenicero con el que, según el joven, golpeó a la adolescente en la cabeza tras una discusión. El asesino confeso siempre ha ubicado el escenario del crimen en su vivienda de la calle León XIII, pero en el inmueble la Policía Científica no ha logrado encontrar ningún otro resto de sangre.
Los investigadores siempre han considerado que, después del crimen, los imputados procedieron a la limpieza de los restos y huellas. En un primer lugar, esa función fue atribuida por el menor de 15 años que está internado en un centro a Javier Delgado Moreno, hermano de Miguel Carcaño, pero el asesino confeso ha tratado de exculparle desde el primer momento. En la cuarta versión de los hechos que ofreció Carcaño en septiembre pasado, el principal implicado llegó a sostener que fue él mismo quien se quedó aquella noche limpiando el piso de León XIII mientras su amigo Samuel Benítez se deshacía del cadáver en el coche de un familiar suyo.
Algunos expertos policiales consultados por este periódico aseguran que, con los actuales métodos de trabajo de la Policía Científica, si hubiese quedado algún resto de sangre en la vivienda de León XIII, además de la que había en la chaqueta, se habría detectado con seguridad pese a cualquier intento de borrar las evidencias, por mucha limpieza que se efectuara.
Desde los primeros momentos de la investigación, el escenario del crimen se situó en el piso de León XIII. Supuestamente, según las cuatro versiones de Carcaño, Marta murió allí de un fuerte golpe que él mismo le asestó y que, de ser así, tendría que haber dejado a priori alguna evidencia en forma de resto sanguíneo.
En el piso de León XIII sí que se han localizado otras muestras biológicas de Marta, tales como ADN, cabellos y otros fluidos. Así, los investigadores localizaron restos genéticos de Marta en el tensiómetro con el que, según Miguel Carcaño, comprobó que la joven no tenía pulso y había fallecido tras la agresión.
También se halló ADN en la silla de ruedas que, según la versión del asesino confeso, se empleó para sacar el cadáver de Marta del domicilio e introducirlo en un coche. Sin embargo, estas muestras han sido halladas en la empuñadura del carrito, lo que introduce nuevas dudas en la versión facilitada por el principal sospechoso.
Entre las evidencias biológicas encontradas por la Policía Científica no sólo hay huellas genéticas de Marta del Castillo y de su asesino confeso. También se han encontrado en el piso de León XIII restos del menor de 15 años implicado en el crimen, concretamente en la mesa del ordenador de Miguel Carcaño. De este adolescente también aparecieron huellas en una botella de ron recogida en uno de los registros practicados en este domicilio.
También se han encontrado restos de ADN de la novia del hermano de Carcaño, María García, en un esparadrapo y una alargadera encontrados en el piso. En este cable también aparecieron huellas del asesino confeso. En su anterior versión de los hechos, Miguel Carcaño expuso que fue el menor quien mató a Marta y lo hizo estrangulándola con el cable de una alargadera.
En cualquier caso, estos indicios sólo apuntan a que tanto el menor amigo de Carcaño como la novia del hermano de éste habían estado en el piso de León XIII, sin que sea posible precisar si las huellas son anteriores o posteriores al día del crimen, cometido la noche del 24 de enero.
01 octubre 2009
El hermano de Carcaño reitera que es inocente y dice que desea que aparezca el cuerpo por la familia de Marta y por él mismo
Entrevista publicada en Diario de Sevilla.
Casi ocho meses después del asesinato de Marta, cuyo cuerpo sigue sin aparecer, Javier Delgado Moreno, el hermano del asesino confeso, compareció ayer por primera vez ante un grupo de periodistas para insistir en que es inocente y denunciar que se siente víctima de los errores de una investigación policial precipitada y de una presión mediática desmedida. El hermano de Miguel Carcaño, que mantuvo un encuentro con los informadores por espacio de dos horas y en el despacho de su abogado, José Manuel Carrión, reiteró que no ha tenido ninguna participación en la muerte, desaparición y ocultación del cuerpo de la joven sevillana, y advirtió que no tiene miedo al juicio al que es consciente que tendrá que someterse. "Yo no me creo condenado porque no he hecho nada para ser condenado y creo que si llego a juicio voy a salir absuelto", aseveró.
Delgado cree que es víctima de una "investigación policial fallida y una presión mediática sin razón", en la que no se le ha dado la oportunidad de demostrar su inocencia, sino que ha sido "criminalizado por todos desde primera hora".
El conjunto de los errores de la investigación y la presión mediática, según este imputado por delitos de encubrimiento, amenazas, y profanación de cadáveres, ha acabado por "arruinarle" la vida por el simple hecho de ser hermano del presunto asesino. "Que sea su hermano no significa que yo tenga que ser un delincuente", apostilló.El hermano del asesino confeso asegura que su entorno más cercano lleva soportando desde hace ocho meses una situación que no duda en calificar de "acoso, intimidación y en cierta forma extorsión" por la "presión policial", ya que, en su opinión, la investigación realizada sobre él y su novia es del todo errónea. "La investigación realizada sobre mí y mi novia es un completo desastre. Si no he hecho nada, ¿cómo he estado tres meses en prisión?", se pregunta Javier Delgado, que no alcanza a comprender "que aquí nadie rectifica"c uando se equivoca.El hermano del principal imputado por el asesinato de Marta considera que ha habido "prisas" en la investigación policial e ironiza con respecto a la "investigación de libro" que defendió el jefe superior de Policía, Enrique Álvarez Riestra. "Esto es un caso de libro, pero no lo era en su momento, ahora sí es para hacer un libro", precisó Javier Delgado sobre los errores que, según puntualiza, se han cometido con su persona.En su opinión, las únicas pruebas que hay contra él no tienen fundamento. "Me detuvieron con la declaración del menor [que posteriormente se retractó] y con tres frases sacadas de contexto", dice el hermano de Miguel.En la entrevista, Javier asegura que comprende el dolor por el que está pasando la familia de Marta y confía en que finalmente aparezca el cuerpo de la joven.
"Entiendo a la familia, que lo está pasando muy mal, y me pongo en su lugar porque yo también tengo una hija; entiendo a esa familia pero yo no puedo ayudarle. Arrepentirse y avergonzarse lo hace el que ha hecho algo, pero yo no he hecho nada", sentenció.Javier Delgado dice que seguirá luchando para conseguir que se reconozca su plena inocencia y que lo hace por su familia, sobre todo por su hija pequeña. "Mi hija tiene que saber que su padre no ha hecho nada y voy a luchar hasta donde pueda".El hermano de Miguel reveló que ha intentado colaborar con los investigadores policiales desde el primer momento. "Yo quiero la verdad también, no tengo nada que ocultar y a mí la verdad auténtica me exculpa de todo".Cuando se le pregunta sobre si cree que alguna vez aparecerá el cuerpo de Marta, su respuesta es lacónica: "Sé lo mismo que usted". Javier Delgado espera, no obstante, que el cadáver aparezca para que se esclarezca la verdad.
"Me encantaría que el cuerpo de la criatura apareciera: primero por su familia, para que descanse, y en segundo lugar por mí mismo, porque el cuerpo puede decir muchas cosas y de mí no puede decir nada", señala en relación a las posibles pruebas que pudieran obtenerse en el caso de que se hallara el cadáver de la adolescente.En cualquier caso, Javier descarta rotundamente que él sea ese cerebro al que la Policía atribuye la operación para deshacerse del cadáver, y cree que el hecho de que los agentes no admitan que no ha tenido ninguna participación en los hechos puede obedecer a que "desde la investigación no quieren reconocer que le han engañado unos críos y es más fácil decir que les ha engañado una persona de 40 años".
El hermano del presunto asesino le reprocha el crimen de Marta. "Haya hecho lo que haya hecho, lo más leve que me parece es que es una completa barbaridad. Antes me parecía un chaval normal, no me parecía un mal niño".Javier Delgado sostiene que siempre confió en la versión que le había facilitado su hermano, de que no tenía nada que ver con la desaparición de Marta, y alega que no se enteró de que era el principal sospechoso de la muerte hasta que se produjo la detención de Miguel, el 13 de febrero. Javier comenta que estuvo ayudando a su hermano porque no había desconfiado en absoluto de la versión que éste le facilitó y que lo hizo como hubiera hecho cualquier persona con su hermano. "Que ahora me doy cuenta de que soy imbécil, pues de acuerdo, pero en aquel momento tenía que ayudar a mi hermano".
Javier Delgado sigue defendiendo que no conocía a Marta y que la tarde del crimen no la vio en la vivienda de la calle León XIII, donde únicamente coincidió con su hermano durante unos diez minutos, hasta que se marchó para ver a su hija y a trabajar en un bar, y no regresó hasta las cuatro de la madrugada del día siguiente. Por último, Javier relata que no ha hablado con su hermano desde el 14 de febrero, porque probablemente no le podrá perdonar "hasta que esté cerca de la caja de pino" y concluye que le parece "una locura" que Miguel reciba cartas de admiradoras en prisión.
Casi ocho meses después del asesinato de Marta, cuyo cuerpo sigue sin aparecer, Javier Delgado Moreno, el hermano del asesino confeso, compareció ayer por primera vez ante un grupo de periodistas para insistir en que es inocente y denunciar que se siente víctima de los errores de una investigación policial precipitada y de una presión mediática desmedida. El hermano de Miguel Carcaño, que mantuvo un encuentro con los informadores por espacio de dos horas y en el despacho de su abogado, José Manuel Carrión, reiteró que no ha tenido ninguna participación en la muerte, desaparición y ocultación del cuerpo de la joven sevillana, y advirtió que no tiene miedo al juicio al que es consciente que tendrá que someterse. "Yo no me creo condenado porque no he hecho nada para ser condenado y creo que si llego a juicio voy a salir absuelto", aseveró.
Delgado cree que es víctima de una "investigación policial fallida y una presión mediática sin razón", en la que no se le ha dado la oportunidad de demostrar su inocencia, sino que ha sido "criminalizado por todos desde primera hora".
El conjunto de los errores de la investigación y la presión mediática, según este imputado por delitos de encubrimiento, amenazas, y profanación de cadáveres, ha acabado por "arruinarle" la vida por el simple hecho de ser hermano del presunto asesino. "Que sea su hermano no significa que yo tenga que ser un delincuente", apostilló.El hermano del asesino confeso asegura que su entorno más cercano lleva soportando desde hace ocho meses una situación que no duda en calificar de "acoso, intimidación y en cierta forma extorsión" por la "presión policial", ya que, en su opinión, la investigación realizada sobre él y su novia es del todo errónea. "La investigación realizada sobre mí y mi novia es un completo desastre. Si no he hecho nada, ¿cómo he estado tres meses en prisión?", se pregunta Javier Delgado, que no alcanza a comprender "que aquí nadie rectifica"c uando se equivoca.El hermano del principal imputado por el asesinato de Marta considera que ha habido "prisas" en la investigación policial e ironiza con respecto a la "investigación de libro" que defendió el jefe superior de Policía, Enrique Álvarez Riestra. "Esto es un caso de libro, pero no lo era en su momento, ahora sí es para hacer un libro", precisó Javier Delgado sobre los errores que, según puntualiza, se han cometido con su persona.En su opinión, las únicas pruebas que hay contra él no tienen fundamento. "Me detuvieron con la declaración del menor [que posteriormente se retractó] y con tres frases sacadas de contexto", dice el hermano de Miguel.En la entrevista, Javier asegura que comprende el dolor por el que está pasando la familia de Marta y confía en que finalmente aparezca el cuerpo de la joven.
"Entiendo a la familia, que lo está pasando muy mal, y me pongo en su lugar porque yo también tengo una hija; entiendo a esa familia pero yo no puedo ayudarle. Arrepentirse y avergonzarse lo hace el que ha hecho algo, pero yo no he hecho nada", sentenció.Javier Delgado dice que seguirá luchando para conseguir que se reconozca su plena inocencia y que lo hace por su familia, sobre todo por su hija pequeña. "Mi hija tiene que saber que su padre no ha hecho nada y voy a luchar hasta donde pueda".El hermano de Miguel reveló que ha intentado colaborar con los investigadores policiales desde el primer momento. "Yo quiero la verdad también, no tengo nada que ocultar y a mí la verdad auténtica me exculpa de todo".Cuando se le pregunta sobre si cree que alguna vez aparecerá el cuerpo de Marta, su respuesta es lacónica: "Sé lo mismo que usted". Javier Delgado espera, no obstante, que el cadáver aparezca para que se esclarezca la verdad.
"Me encantaría que el cuerpo de la criatura apareciera: primero por su familia, para que descanse, y en segundo lugar por mí mismo, porque el cuerpo puede decir muchas cosas y de mí no puede decir nada", señala en relación a las posibles pruebas que pudieran obtenerse en el caso de que se hallara el cadáver de la adolescente.En cualquier caso, Javier descarta rotundamente que él sea ese cerebro al que la Policía atribuye la operación para deshacerse del cadáver, y cree que el hecho de que los agentes no admitan que no ha tenido ninguna participación en los hechos puede obedecer a que "desde la investigación no quieren reconocer que le han engañado unos críos y es más fácil decir que les ha engañado una persona de 40 años".
El hermano del presunto asesino le reprocha el crimen de Marta. "Haya hecho lo que haya hecho, lo más leve que me parece es que es una completa barbaridad. Antes me parecía un chaval normal, no me parecía un mal niño".Javier Delgado sostiene que siempre confió en la versión que le había facilitado su hermano, de que no tenía nada que ver con la desaparición de Marta, y alega que no se enteró de que era el principal sospechoso de la muerte hasta que se produjo la detención de Miguel, el 13 de febrero. Javier comenta que estuvo ayudando a su hermano porque no había desconfiado en absoluto de la versión que éste le facilitó y que lo hizo como hubiera hecho cualquier persona con su hermano. "Que ahora me doy cuenta de que soy imbécil, pues de acuerdo, pero en aquel momento tenía que ayudar a mi hermano".
Javier Delgado sigue defendiendo que no conocía a Marta y que la tarde del crimen no la vio en la vivienda de la calle León XIII, donde únicamente coincidió con su hermano durante unos diez minutos, hasta que se marchó para ver a su hija y a trabajar en un bar, y no regresó hasta las cuatro de la madrugada del día siguiente. Por último, Javier relata que no ha hablado con su hermano desde el 14 de febrero, porque probablemente no le podrá perdonar "hasta que esté cerca de la caja de pino" y concluye que le parece "una locura" que Miguel reciba cartas de admiradoras en prisión.
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