La Fiscalía General del Estado no ha observado ninguna negligencia en la intervención del Ministerio Público en el hecho de que Santiago del Valle, presunto asesino de Mari Luz, siguiera en libertad a pesar de que contaba con una sentencia firme por haber abusado sexualmente de su hija. Una vez que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abriera expediente disciplinario al titular del juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla y remitiera las actuaciones al Ministerio Público para que depurara posibles responsabilidades disciplinarias en la actuación de los fiscales, la Fiscalía General del Estado ha decidido ahora archivar este expediente, al estimar que de la investigación llevada a cabo "no se desprenden indicios que puedan ser objeto de un reproche disciplinario".
La fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, ya defendió la actuación de los fiscales tras la detención de Santiago del Valle, al afirmar que su departamento no tenía ninguna responsabilidad en el hecho de que el pederasta siguiera en libertad a pesar de tener una condena firme por abusar sexualmente de su hija.
El informe de la Fiscalía General del Estado ha destacado, entre las circunstancias que han concurrido en este caso, "la ausencia de un sistema de intercomunicación entre los juzgados, o entre éstos y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", que impiden que una persona que está reclamada por un juzgado "pueda estar al propio tiempo e impunemente" realizando presentaciones apud acta en otro juzgado, en alusión al hecho de que Santiago del Valle se presentaba cada 15 días en un juzgado de Cuenca mientras que en Sevilla se le tenía en situación de paradero desconocido. La Fiscalía también hace hincapié en el retraso de la ejecutoria 31/06 del juzgado de lo Penal número 1 y en la "demora" de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla a la hora de resolver el recurso de apelación presentado por el pederasta y que se prolongó durante dos años y siete meses.
El Ministerio Público sostiene que no puede controlar el estado de una causa ejecutoria hasta que el juez requiere un pronunciamiento de la Fiscalía, como cuando se solicita si es necesario el arresto del condenado.
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29 abril 2008
28 abril 2008
Presentación de los proyectos de la presidencia española del Consejo de los Notariados de la Unión Europea
El Notariado europeo ultima el futuro reglamento de Acta Auténtica Europea
El objetivo de este reglamento es que las escrituras públicas de los 21 países con sistemas notariales puedan ser reconocidas y ejecutadas en el ámbito comunitario.
Este reglamento sería aplicable a todas las escrituras públicas en materia civil y mercantil (testamentos, actas, poderes, pólizas, capitulaciones matrimoniales, declaraciones de herederos, sociedades, etc.) con excepción de las relativas a los inmuebles objeto de una inscripción.
El español Juan Bolás es el presidente del Consejo de los Notariados de la Unión Europea (CNUE) durante 2008, institución que representa a más de 40.000 notarios de 21 estados.
Sevilla, 28 de abril de 2008.- Los notarios europeos, representados por el Consejo de Notariados de la Unión Europea (CNUE), ultiman una propuesta de reglamento que permita la creación del Acta Auténtica Europea, o, lo que es lo mismo, el procedimiento que haga posible que las escrituras públicas de los 21 países con sistemas notariales puedan ser reconocidas y ejecutadas en el ámbito comunitario, con independencia del estado donde se hayan autorizado. Este es el principal asunto de debate de la reunión que está celebrando en Sevilla el Consejo Ejecutivo del CNUE, presidido en 2008 por el notario español Juan Bolás, que representa a los más de 40.000 notarios que hay en la Unión Europea.
El Acta Auténtica Europea
La libre circulación de las escrituras públicas puede ser un instrumento clave para facilitar las inversiones o la contratación en el espacio comunitario. Esta opinión es compartida por las autoridades y notariados comunitarios, en concreto por la Comisión Europea, a quien el CNUE hará llegar su propuesta de reglamento, previsiblemente el próximo mes de junio.
Para la creación de un verdadero espacio jurídico europeo es tan necesario el reconocimiento transfronterizo de las decisiones judiciales como el de los acuerdos entre particulares recogidos en escritura pública por el notario, como delegado del Estado. Las escrituras públicas, por el control de legalidad que ejerce el notario, son ejecutables (al igual que las sentencias) y tienen una fuerza probatoria superior a la de un documento privado.
El objetivo del reglamento del Acta Auténtica Europea es que los 21 estados con sistemas notariales reconozcan la validez y los efectos de la escritura pública, cualquiera que sea la nacionalidad del notario autorizante y con pleno respeto a los Derechos Privados nacionales. Se trata de conseguir que los ciudadanos comunitarios puedan formalizar sus escrituras para el espacio europeo sin necesidad de desplazarse ni de utilizar, como hasta ahora, los poderes.
Este reglamento sería aplicable a todas las escrituras públicas en materia civil y mercantil (testamentos, actas, poderes, pólizas, capitulaciones matrimoniales, declaraciones de herederos, constitución y disolución de sociedades, acuerdos societarios...) con excepción de las relativas a los inmuebles que deban o puedan ser objeto de una inscripción o de una mención en un registro público de un estado miembro. Esta exclusión es necesaria por las diferencias de naturaleza y nivel de fe publica entre los sistemas de registros públicos de propiedad inmobiliaria de los estados miembros.
Otros proyectos
Durante esta reunión los máximos representantes del CNUE están analizando el estado de los diferentes proyectos a los que tendrá que hacer frente la institución -en colaboración con las autoridades de la Unión Europea- para seguir impulsando la creación del espacio jurídico único, entre los que destacan:
-La armonización del Derecho de familia comunitario en materias como divorcio y sucesiones; colaborando en el desarrollo del Reglamento en materia de obligaciones de alimentos, divorcios y separación (Roma III).
La concepción que se tiene de la familia y del Derecho de familia -en continua evolución- difiere de un país a otro. Cada día son más frecuentes en la Unión Europea los matrimonios o las uniones de pareja transfronterizas, es decir, formados entre personas de diferente nacionalidad o residencia. Según el CNUE, una armonización de las reglas de conflicto de leyes y de jurisdicciones aplicables en materia de divorcio evitaría el denominado "forum shopping", una especia de "turismo jurídico", que crea incertidumbre para los cónyuges y perjudica a la parte más débil.
-La agilización del mercado europeo de créditos hipotecarios. El CNUE ha colaborado con la Comisión Europea en la edición de un libro blanco sobre el Crédito Hipotecario, que, entre otras cosas, defiende la necesidad de que los consumidores reciban consejo jurídico. Sin embargo, para el CNUE la actual crisis del crédito hipotecario en los Estados Unidos, junto con la duda de que una integración creciente del mercado de créditos hipotecarios comporte una reducción de costes y una mayor demanda de créditos hipotecarios, hace aconsejable -antes de adoptar las medidas incluidas en este Libro- examinar las causas y las consecuencias de la crisis de las "subprime". En este contexto los notarios pueden prestar un su servicio como terceros de confianza y en su condición de consejeros imparciales de las partes.
-La total implantación de la Red Notarial Europea, que permite la cooperación coordinada entre los 21 notariados para la resolución de casos jurídicos trasnfonterizos, cuestión que cada vez se plantean más en las oficinas notariales. Este proyecto será integrado dentro de la Red Judicial Europea, enmarcada en la iniciativa 'e-justice' puesta en marcha por la UE.
-Derecho de Sucesiones. Futura creación del certificado europeo de herederos y la Red Europea de Testamentos.
La Fiscalía denuncia a dos abogados por suspender un juicio con engaños
La Fiscalía de Sevilla ha presentado una denuncia contra dos abogados, a los que atribuye presuntamente un delito de obstrucción a la Justicia, por haber aplazado un juicio a unos acusados de narcotráfico para facilitar precisamente una operación de tráfico de drogas en la que estaban implicadas esas personas.
La denuncia del Ministerio Público se produce después de que la Audiencia de Sevilla condenara precisamente a uno de estos abogados a seis años de cárcel como cómplice de un delito de tráfico de drogas, por haber participado en la introducción de un alijo de 80.000 pastillas de éxtasis que procedían de Holanda.
La sentencia de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla consideró que este letrado provocó la suspensión de un juicio simulando que estaba enfermo.
La sentencia dejó sentado que el abogado era "conocedor plenamente de la referida operación" de narcotráfico y el 13 de septiembre de 2005 simuló que se encontraba enfermo, provocando así la suspensión de un juicio contra uno de los acusados en la Audiencia sevillana, todo ello para "no entorpecer la operación en marcha".
Gran parte de la droga llegó a Sevilla desde Maastricht (Holanda), oculta en la rueda de repuesto de un turismo Jaguar.
La Policía había sometido a los sospechosos a una serie de pinchazos telefónicos y en el juicio se procedió a la audición de las cintas con las conversaciones grabadas al letrado que ha sido condenado y a otra abogada contra la que también se dirige ahora la denuncia de la Fiscalía hispalense. Esas escuchas pusieron de relieve las maniobras para aplazar el juicio a uno de los implicados por tráfico de drogas. Según la denuncia del Ministerio Público, de acuerdo con esas conversaciones, los dos abogados han podido incurrir en un delito de obstrucción a la Justicia, por lo que solicita que se abra una investigación judicial para esclarecer los hechos.
El delito de obstrucción a la Justicia, por provocar la suspensión de un juicio, puede conllevar una pena de entre tres y seis meses de cárcel y, además, en el caso de un letrado, una inhabilitación profesional de hasta cuatro años.
La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla condenó, además del letrado, a otros ocho acusados, entre ellos un ciudadano holandés y otro belga, a penas de entre nueve y doce años de prisión como responsables de los dos envíos de 50.000 y 30.000 pastillas de éxtasis que fueron intervenidos en 2005.
La denuncia del Ministerio Público se produce después de que la Audiencia de Sevilla condenara precisamente a uno de estos abogados a seis años de cárcel como cómplice de un delito de tráfico de drogas, por haber participado en la introducción de un alijo de 80.000 pastillas de éxtasis que procedían de Holanda.
La sentencia de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla consideró que este letrado provocó la suspensión de un juicio simulando que estaba enfermo.
La sentencia dejó sentado que el abogado era "conocedor plenamente de la referida operación" de narcotráfico y el 13 de septiembre de 2005 simuló que se encontraba enfermo, provocando así la suspensión de un juicio contra uno de los acusados en la Audiencia sevillana, todo ello para "no entorpecer la operación en marcha".
Gran parte de la droga llegó a Sevilla desde Maastricht (Holanda), oculta en la rueda de repuesto de un turismo Jaguar.
La Policía había sometido a los sospechosos a una serie de pinchazos telefónicos y en el juicio se procedió a la audición de las cintas con las conversaciones grabadas al letrado que ha sido condenado y a otra abogada contra la que también se dirige ahora la denuncia de la Fiscalía hispalense. Esas escuchas pusieron de relieve las maniobras para aplazar el juicio a uno de los implicados por tráfico de drogas. Según la denuncia del Ministerio Público, de acuerdo con esas conversaciones, los dos abogados han podido incurrir en un delito de obstrucción a la Justicia, por lo que solicita que se abra una investigación judicial para esclarecer los hechos.
El delito de obstrucción a la Justicia, por provocar la suspensión de un juicio, puede conllevar una pena de entre tres y seis meses de cárcel y, además, en el caso de un letrado, una inhabilitación profesional de hasta cuatro años.
La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla condenó, además del letrado, a otros ocho acusados, entre ellos un ciudadano holandés y otro belga, a penas de entre nueve y doce años de prisión como responsables de los dos envíos de 50.000 y 30.000 pastillas de éxtasis que fueron intervenidos en 2005.
25 abril 2008
El presidente de la Audiencia se despide de los abogados
El presidente de la Audiencia se despide institucionalmente de los abogados.
El presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla, Miguel Ruano Carmona Ruano, ha efectuado una visita institucional al Colegio de Abogados con motivo de su próximo cese en el cargo, que ha desempeñado durante los últimos dieciséis años. En la entrevista que mantuvo con el decano José Joaquín Gallardo y el secretario del Colegio, Julio Coca Blanes, estos le felicitaron por la labor desarrollada en la Audiencia durante los últimos tres mandatos consecutivos y le agradecieron la disponibilidad y atenciones que en todo momento ha prestado a la abogacía sevillana. Miguel Carmona será sustituido en el cargo por el magistrado Damián Álvarez, quien el próximo día 29 tomará posesión como nuevo presidente de la Audiencia de Sevilla.
El presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla, Miguel Ruano Carmona Ruano, ha efectuado una visita institucional al Colegio de Abogados con motivo de su próximo cese en el cargo, que ha desempeñado durante los últimos dieciséis años. En la entrevista que mantuvo con el decano José Joaquín Gallardo y el secretario del Colegio, Julio Coca Blanes, estos le felicitaron por la labor desarrollada en la Audiencia durante los últimos tres mandatos consecutivos y le agradecieron la disponibilidad y atenciones que en todo momento ha prestado a la abogacía sevillana. Miguel Carmona será sustituido en el cargo por el magistrado Damián Álvarez, quien el próximo día 29 tomará posesión como nuevo presidente de la Audiencia de Sevilla.
La Policía responde que no puede encontrar a la mujer de Santiago del Valle cuando lleva nueve días en prisión
Un error más en la cadena que se ha producido en torno al caso de Mari Luz. La unidad de requisitorias de la Policía Nacional, la misma que detuvo a Isabel García Rodríguez, la esposa de Santiago del Valle y que está siendo investigada en relación con el crimen, informó al juzgado de que la mujer estaba ilocalizable a pesar de que la misma llevaba al menos nueve días en prisión.
Un oficio policial de la unidad de Requisitorias de fecha 9 de abril comunicaba al juzgado de lo Penal número 1 que, en relación con la orden de averiguación y domicilio de Isabel García -que había sido dictada el 26 de septiembre de 2007 por el juez-, las gestiones para su localización habían resultado "infructuosas".
Esa comunicación se produjo tan sólo unos días después de que la esposa del pederasta y presunto asesino de Mari Luz, fuese detenida por esta misma unidad policial, el pasado 28 de marzo.
La mujer fue puesta a disposición del juzgado, que había ordenado su encarcelamiento con la finalidad de que cumpliera la condena de quince meses que le había sido impuesta por un delito continuado de abusos sexuales, en relación con los tocamientos que su esposo, Santiago del Valle, había efectuado a su propia hija y que la madre había consentido.
La Policía admitió ayer "un error mínimo" en la contestación remitida al juzgado de lo Penal. Según fuentes policiales consultadas lo ocurrido obedece al "exceso de celo por intentar tramitar correctamente" todas las órdenes que recibe la unidad de requisitorias y reclamados de la Policía Nacional en Sevilla. Cada año, según las mismas fuentes, son más de 20.000 las gestiones que realiza esta unidad relacionadas con órdenes de averiguación de domicilio y paradero, órdenes de busca y captura, y otras posibles reclamaciones judiciales.
En el caso concreto de la orden de averiguación del paradero de Isabel García Rodríguez, la Policía explicó que en el fichero policial se había mantenido que las gestiones para localizarlas habían resultado "infructuosas" a pesar de que este mismo grupo policial había procedido a la detención de la mujer.
El "error", añadieron las fuentes, se produjo cuando uno de los funcionarios recibió la orden por correo y, para la contestación al requerimiento realizado desde el juzgado, únicamente se consultó la ficha en papel y no el sistema informático, tal y como se hubiera hecho si la petición del juzgado hubiese consistido en una orden de busca y captura para la detención e ingreso en prisión de la condenada.
La Policía quiso dejar claro que los agentes de la unidad de requisitorias tienen instrucciones para realizar la consulta informática también en lo que se refiere a las órdenes de averiguación del domicilio y paradero, pero en el caso de la mujer del pederasta esta consulta no se llevó a cabo. Eso posibilitó, según la explicación oficial de la Policía Nacional, que el juzgado de lo Penal número 1, cuya actuación en la tramitación de la ejecutoria de Santiago del Valle es objeto de un expediente disciplinario, recibiera un escrito fechado el 9 de abril en el que se afirmaba que Isabel García Rodríguez se hallaba ilocalizada.
Un oficio policial de la unidad de Requisitorias de fecha 9 de abril comunicaba al juzgado de lo Penal número 1 que, en relación con la orden de averiguación y domicilio de Isabel García -que había sido dictada el 26 de septiembre de 2007 por el juez-, las gestiones para su localización habían resultado "infructuosas".
Esa comunicación se produjo tan sólo unos días después de que la esposa del pederasta y presunto asesino de Mari Luz, fuese detenida por esta misma unidad policial, el pasado 28 de marzo.
La mujer fue puesta a disposición del juzgado, que había ordenado su encarcelamiento con la finalidad de que cumpliera la condena de quince meses que le había sido impuesta por un delito continuado de abusos sexuales, en relación con los tocamientos que su esposo, Santiago del Valle, había efectuado a su propia hija y que la madre había consentido.
La Policía admitió ayer "un error mínimo" en la contestación remitida al juzgado de lo Penal. Según fuentes policiales consultadas lo ocurrido obedece al "exceso de celo por intentar tramitar correctamente" todas las órdenes que recibe la unidad de requisitorias y reclamados de la Policía Nacional en Sevilla. Cada año, según las mismas fuentes, son más de 20.000 las gestiones que realiza esta unidad relacionadas con órdenes de averiguación de domicilio y paradero, órdenes de busca y captura, y otras posibles reclamaciones judiciales.
En el caso concreto de la orden de averiguación del paradero de Isabel García Rodríguez, la Policía explicó que en el fichero policial se había mantenido que las gestiones para localizarlas habían resultado "infructuosas" a pesar de que este mismo grupo policial había procedido a la detención de la mujer.
El "error", añadieron las fuentes, se produjo cuando uno de los funcionarios recibió la orden por correo y, para la contestación al requerimiento realizado desde el juzgado, únicamente se consultó la ficha en papel y no el sistema informático, tal y como se hubiera hecho si la petición del juzgado hubiese consistido en una orden de busca y captura para la detención e ingreso en prisión de la condenada.
La Policía quiso dejar claro que los agentes de la unidad de requisitorias tienen instrucciones para realizar la consulta informática también en lo que se refiere a las órdenes de averiguación del domicilio y paradero, pero en el caso de la mujer del pederasta esta consulta no se llevó a cabo. Eso posibilitó, según la explicación oficial de la Policía Nacional, que el juzgado de lo Penal número 1, cuya actuación en la tramitación de la ejecutoria de Santiago del Valle es objeto de un expediente disciplinario, recibiera un escrito fechado el 9 de abril en el que se afirmaba que Isabel García Rodríguez se hallaba ilocalizada.
24 abril 2008
El juez dice que no puede entregar la herencia de Carmen Fernández y que los herederos están "missing"
El juez de Familia número 7 de Sevilla, Francisco Serrano, aseguró ayer que él no puede hacer efectivo el pago de la herencia de los 1,7 millones de euros a los hijos de Carmen Fernández, Iván y Sara, porque el procedimiento está en la Audiencia Provincial y no en su juzgado. El juez Serrano aseguró que "no ha existido dilación" por su parte tal y como sostiene la albacea testamentaria de la fallecida Carmen Fernández, que ha solicitado en varias ocasiones el dinero al juzgado sin éxito.
"No podemos entregar el dinero sin el procedimiento", manifestó Serrano, quien explicó que en la Audiencia Provincial de Sevilla hay un recurso de apelación "que debe ser resuelto por la propia Audiencia o del que deben desistir los herederos para que el procedimiento regrese al juzgado".
Asimismo, el juez sostuvo que los herederos "no se han personado, están missing (desaparecidos). De los diez años que ha durado este caso el procedimiento ha estado ocho años fuera del juzgado", concluyó el juez. El Tribunal Constitucional ya desestimó en febrero el recurso de amparo que la Junta de Andalucía interpuso contra el auto de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Sevilla en el que le condenaba al pago de una indemnización de 1,7 millones a la madre biológica de los menores Iván y Sara, Carmen Fernández, ya fallecida, por la retirada irregular de ambos. La Audiencia se adhirió a dos baremos a la hora de fijar la indemnización: los de la enfermedad padecida por la solicitante a causa del sufrimiento y el de la pérdida de los hijos, por el tiempo que ha estado apartada de ellos como por el sufrimiento debido a la expectativa de recuperación.
"No podemos entregar el dinero sin el procedimiento", manifestó Serrano, quien explicó que en la Audiencia Provincial de Sevilla hay un recurso de apelación "que debe ser resuelto por la propia Audiencia o del que deben desistir los herederos para que el procedimiento regrese al juzgado".
Asimismo, el juez sostuvo que los herederos "no se han personado, están missing (desaparecidos). De los diez años que ha durado este caso el procedimiento ha estado ocho años fuera del juzgado", concluyó el juez. El Tribunal Constitucional ya desestimó en febrero el recurso de amparo que la Junta de Andalucía interpuso contra el auto de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Sevilla en el que le condenaba al pago de una indemnización de 1,7 millones a la madre biológica de los menores Iván y Sara, Carmen Fernández, ya fallecida, por la retirada irregular de ambos. La Audiencia se adhirió a dos baremos a la hora de fijar la indemnización: los de la enfermedad padecida por la solicitante a causa del sufrimiento y el de la pérdida de los hijos, por el tiempo que ha estado apartada de ellos como por el sufrimiento debido a la expectativa de recuperación.
23 abril 2008
La albacea de Carmen Fernández denuncia que el juez retiene el dinero de la herencia de Iván y Sara
La albacea testamentaria que debe repartir la herencia de Carmen Fernández, la madre de los menores Iván y Sara, denunció ayer que el juez de Familia número 7, Francisco Serrano, retiene sin motivo alguno los 1,7 millones de euros de indemnización que la mujer logró después del "tortuoso calvario" que la Justicia le reconoció por no haber podido recuperar a sus hijos. Carmen Fernández, que no pudo disponer del dinero porque falleció antes de que el Tribunal Constitucional le diese la razón, a principios de febrero pasado, nombró albacea de su herencia a María Dolores Serrera García, quien ayer explicó en un comunicado que desde marzo ha solicitado hasta en cuatro ocasiones al juez la entrega del dinero con resultado infructuoso.
La responsable de repartir la herencia se mostró "sorprendida" ante la noticia de que el juzgado de Familia no había podido iniciar el reparto porque Sara, la hija de Carmen Fernández, no se había personado en el expediente.
La albacea aseguró que el juzgado "no tiene que iniciar ni tramitar reparto alguno de la herencia", porque esta tarea corresponde a la encargada de hacer cumplir el testamento por expreso deseo de la fallecida. María Dolores Serrera recuerda que la doctrina del Tribunal Supremo establece que "el albacea contador partidor actúa como un álter ego por fallecimiento del causante, gozando de las mismas facultades que tenía". También le corresponden, según la jurisprudencia del Alto Tribunal, las funciones de "contar y partir la herencia, invistiéndolo de todas las facultades para cumplir la voluntad del causante hasta la adjudicación y entrega de los bienes de la herencia, "otorgándole incluso la facultad de interpretar el testamento".
María Dolores Serrera sostiene que, de acuerdo con esta doctrina, "ni hay ni puede haber en el juzgado de Familia número 7 expediente alguno al efecto, ni tiene el juzgado atribución legal alguna para entregar cantidades a persona distinta a la albacea".
La responsable del reparto de la herencia afirma que se ha dirigido hasta en cuatro ocasiones al juez de Familia. La primera petición fue realizada por escrito, con fecha 11 de marzo. Ante la falta de respuesta, la albacea reiteró la solicitud presentando un nuevo escrito en el registro el 18 de marzo y mediante un fax enviado al propio juzgado al día siguiente, 19 de marzo. "Ante el silencio del juzgado", la albacea presentó una nueva petición para la entrega de la indemnización con fecha 10 de abril y, en este documento, se trasladó al juez el "relevante perjuicio" que se le estaba causando a los herederos de Carmen Fernández al "continuar el dinero retenido presuntamente sin rentar interés alguno". La albacea denuncia además otros perjuicios, como no poder llevar a efecto el reparto de la herencia en el plazo inicialmente previsto.
La falta de respuesta del juzgado, que es el "único obstáculo" que ha encontrado hasta el momento la responsable del reparto de la indemnización, ha motivado la presentación de una queja ante el decanato de los juzgados de Sevilla, que ha abierto un expediente y ha solicitado ya información de lo ocurrido al juez Francisco Serrano.
Si este expediente concluye que no tiene sentido la queja presentada será archivado, mientras que si hay indicios de lo contrario, de que se ha retenido sin motivo alguno el dinero, el decano tendría que poner los hechos en conocimiento de los órganos disciplinarios del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), según confirmaron fuentes judiciales.
Mientras se tramita el expediente de queja por el decanato de los juzgados y los herederos esperan la entrega de la millonaria indemnización, la albacea testamentaria de Carmen Fernández consideró ayer que es "absurdo" hablar de que los hijos mayores de la fallecida ya se han personado en el juzgado de Familia para cobrar el dinero o que los herederos han podido solicitar el pago de la millonaria indemnización desde hace dos meses y medio.
La responsable de repartir la herencia se mostró "sorprendida" ante la noticia de que el juzgado de Familia no había podido iniciar el reparto porque Sara, la hija de Carmen Fernández, no se había personado en el expediente.
La albacea aseguró que el juzgado "no tiene que iniciar ni tramitar reparto alguno de la herencia", porque esta tarea corresponde a la encargada de hacer cumplir el testamento por expreso deseo de la fallecida. María Dolores Serrera recuerda que la doctrina del Tribunal Supremo establece que "el albacea contador partidor actúa como un álter ego por fallecimiento del causante, gozando de las mismas facultades que tenía". También le corresponden, según la jurisprudencia del Alto Tribunal, las funciones de "contar y partir la herencia, invistiéndolo de todas las facultades para cumplir la voluntad del causante hasta la adjudicación y entrega de los bienes de la herencia, "otorgándole incluso la facultad de interpretar el testamento".
María Dolores Serrera sostiene que, de acuerdo con esta doctrina, "ni hay ni puede haber en el juzgado de Familia número 7 expediente alguno al efecto, ni tiene el juzgado atribución legal alguna para entregar cantidades a persona distinta a la albacea".
La responsable del reparto de la herencia afirma que se ha dirigido hasta en cuatro ocasiones al juez de Familia. La primera petición fue realizada por escrito, con fecha 11 de marzo. Ante la falta de respuesta, la albacea reiteró la solicitud presentando un nuevo escrito en el registro el 18 de marzo y mediante un fax enviado al propio juzgado al día siguiente, 19 de marzo. "Ante el silencio del juzgado", la albacea presentó una nueva petición para la entrega de la indemnización con fecha 10 de abril y, en este documento, se trasladó al juez el "relevante perjuicio" que se le estaba causando a los herederos de Carmen Fernández al "continuar el dinero retenido presuntamente sin rentar interés alguno". La albacea denuncia además otros perjuicios, como no poder llevar a efecto el reparto de la herencia en el plazo inicialmente previsto.
La falta de respuesta del juzgado, que es el "único obstáculo" que ha encontrado hasta el momento la responsable del reparto de la indemnización, ha motivado la presentación de una queja ante el decanato de los juzgados de Sevilla, que ha abierto un expediente y ha solicitado ya información de lo ocurrido al juez Francisco Serrano.
Si este expediente concluye que no tiene sentido la queja presentada será archivado, mientras que si hay indicios de lo contrario, de que se ha retenido sin motivo alguno el dinero, el decano tendría que poner los hechos en conocimiento de los órganos disciplinarios del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), según confirmaron fuentes judiciales.
Mientras se tramita el expediente de queja por el decanato de los juzgados y los herederos esperan la entrega de la millonaria indemnización, la albacea testamentaria de Carmen Fernández consideró ayer que es "absurdo" hablar de que los hijos mayores de la fallecida ya se han personado en el juzgado de Familia para cobrar el dinero o que los herederos han podido solicitar el pago de la millonaria indemnización desde hace dos meses y medio.
22 abril 2008
La sevillana Evangelina Naranjo tendrá que hacer realidad la Ciudad de la Justicia de Sevilla
La sevillana Evangelina Naranjo, que acaba de ser nombrada nueva consejera de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, tendrá que hacer realidad el proyecto de Ciudad de la Justicia de Sevilla, que su antecesora en el cargo, María José López trasladó del barrio de Los Remedios a unos terrenos del Puerto de Sevilla. Evangelina Naranjo ha asegurado que asume el reto "no fácil" de terminar el gran proyecto de reforma de la institución pública de Justicia en la comunidad autónoma. La que hasta ahora había sido consejera de Gobernación aseguró que afronta el cambio de cartera con "mucha alegría", calificando de "importante y no fácil" el desafío de reformar la Justicia y la administración electrónica en Andalucía. No obstante, Naranjo apuntó que pretende sacar adelante los proyectos gracias al "apoyo" de su equipo y del presidente de la administración autonómica, así como a la labor de su antecesora en el cargo, la granadina María José López, "compañera y amiga". Desde Justicia sevillana le deseamos buena suerte en su nuevo cometido...
La APM "exige" al CGPJ que archive el expediente disciplinario al juez Rafael Tirado
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha remitido un informe a la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el que analiza los errores en la ejecución de la condena por abusos sexuales dictada contra el presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés, Santiago del Valle, por el Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, para concluir que debe sobreseerse el expediente disciplinario abierto contra su titular, Rafael Tirado, y cargar la responsabilidad de lo ocurrido sobre la secretaria del juzgado, Juan Gálvez.
El documento "exige" al CGPJ el sobreseimiento del expediente disciplinario por falta muy grave de desatención que se tramita contra el juez Tirado, quien llegó a ser presidente de la APM en Andalucía, "por haberse realizado su actuación profesional con absoluta responsabilidad profesional y con precisa observancia de lo dispuesto en la Ley".
La asociación, mayoritaria en la carrera y de carácter conservador, pide al ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, que "depure las responsabilidades en que hayan podido incurrir los profesionales de él dependientes y que tenían encomendada la ejecución de la condena" de dos años y 9 meses dictada contra Del Valle por los abusos sexuales a su propia hija. El escrito se refiere de forma concreta, aunque sin citar su nombre, a la secretaria del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, Juana Gálvez Muñoz, quien ya está siendo investigada disciplinariamente por el Ministerio de Justicia.
La asociación afirma que "pudiera haber sido que la secretaria judicial no participara al juez -en este caso concreto- de los distintos obstáculos que impidieron a la oficina acordar con el penado el ingreso voluntario en prisión que inicialmente había ordenado el juez".
El documento "exige" al CGPJ el sobreseimiento del expediente disciplinario por falta muy grave de desatención que se tramita contra el juez Tirado, quien llegó a ser presidente de la APM en Andalucía, "por haberse realizado su actuación profesional con absoluta responsabilidad profesional y con precisa observancia de lo dispuesto en la Ley".
La asociación, mayoritaria en la carrera y de carácter conservador, pide al ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, que "depure las responsabilidades en que hayan podido incurrir los profesionales de él dependientes y que tenían encomendada la ejecución de la condena" de dos años y 9 meses dictada contra Del Valle por los abusos sexuales a su propia hija. El escrito se refiere de forma concreta, aunque sin citar su nombre, a la secretaria del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, Juana Gálvez Muñoz, quien ya está siendo investigada disciplinariamente por el Ministerio de Justicia.
La asociación afirma que "pudiera haber sido que la secretaria judicial no participara al juez -en este caso concreto- de los distintos obstáculos que impidieron a la oficina acordar con el penado el ingreso voluntario en prisión que inicialmente había ordenado el juez".
Absuelto el decano del colegio de Procuradores de las injurias que denunció el anterior responsable del colegio
Un juzgado de Sevilla y la Audiencia Provincial han absuelto al decano del colegio de Procuradores, Marcelo Lozano, de una falta de injurias que le imputaban su antecesor en el cargo, Joaquín Ladrón de Guevara, y otros procuradores de la anterior junta directiva, en relación con la información facilitada a los colegiados sobre las cuentas de la institución de 2005, que se cerró con un déficit de 43.000 euros.
La sentencia del juzgado de Instrucción número 7, ahora confirmada por la Sección Séptima de la Audiencia, estimó que el actual decano no incurrió en ninguna injuria con la circular remitida a los 421 procuradores de Sevilla, en la que se comunicaba que se estaban difundiendo "informaciones malintencionadas".
Los denunciantes, que pedían una multa de 20 euros -el fiscal la absolución-, alegaban que el actual decano conocía que en realidad el colegio tenía un superávit de 656.000 euros, pero el juez afirma que esto es un error puesto que el colegio lo que tenía era "un activo de tesorería" por ese importe, que no refleja ingresos y gastos. El juez mostraba su sorpresa en el fallo por el hecho de que los denunciantes dijeran en el juicio que "no sabían de números", dada su condición de procuradores y profesionales del derecho.
La sentencia del juzgado de Instrucción número 7, ahora confirmada por la Sección Séptima de la Audiencia, estimó que el actual decano no incurrió en ninguna injuria con la circular remitida a los 421 procuradores de Sevilla, en la que se comunicaba que se estaban difundiendo "informaciones malintencionadas".
Los denunciantes, que pedían una multa de 20 euros -el fiscal la absolución-, alegaban que el actual decano conocía que en realidad el colegio tenía un superávit de 656.000 euros, pero el juez afirma que esto es un error puesto que el colegio lo que tenía era "un activo de tesorería" por ese importe, que no refleja ingresos y gastos. El juez mostraba su sorpresa en el fallo por el hecho de que los denunciantes dijeran en el juicio que "no sabían de números", dada su condición de procuradores y profesionales del derecho.
20 abril 2008
Poli de Patrulla: las anécdotas de la Policía Local
Aquí está la portada de "Poli de
Patrulla",
editado por Almuzara y que ha salido a la venta este mes de abril. Los dos autores del libro, Fernando Pérez y Jorge Muñoz, que aparecen a la derecha, han creado el siguiente blog: http://polidepatrulla.blogspot.com
19 abril 2008
Jiménez Ballester, reelegido decano de los jueces hasta 2012
El magistrado Federico Jiménez Ballester aprovechó ayer su reelección como decano de los jueces de Sevilla para reivindicar la creación de nuevos juzgados y un impulso al proyecto de Ciudad de la Justicia, que permanece estancado por el paréntesis electoral.
El magistrado se impuso en segunda vuelta, al lograr 42 votos frente a los 25 del otro candidato, el juez Francisco José Guerrero. En la primera votación, Jiménez Ballester no alcanzó las tres quintas partes necesarias, a pesar de recibir 39 votos por los 22 de su rival. La junta de jueces extraordinaria en la que se realizó la votación concluyó con un fuerte aplauso para el magistrado reelegido, que seguirá al frente del decanato hasta 2012.
Al término de las votaciones, Jiménez Ballester precisó que sus prioridades para este nuevo mandato pasan por impulsar la creación de órganos necesarios para ajustar la planta judicial a la entrada de asuntos y mejorar la situación de las sedes judiciales. El decano explicó que el edificio del Prado de San Sebastián está "obsoleto" y necesita una reforma integral o su abandono.
En cuanto al proyecto de Ciudad de la Justicia de Sevilla, que la Junta decidió trasladar de Los Remedios a terrenos de la Autoridad Portuaria, el magistrado consideró que "lo accesorio es el lugar, lo importante es que las obras se acometan de una vez, que se haga". El juez indicó que no tiene conocimiento de que se hayan llevado a cabo nuevas actuaciones en torno al proyecto de campus judicial, por lo que confió en que desde el Ministerio de Justicia y la Consejería del ramo se realice "definitivamente" el proyecto de Ciudad de la Justicia o se acuerde "algún tipo de solución transitoria como la que se propuso con el edificio-puente" de la Buhaira, un proyecto que abandonó la Junta.
Preguntado por el hecho de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJA) no haya pedido en su memoria la creación de ningún nuevo juzgado de lo Penal para Sevilla, a pesar de los errores detectadas en el caso Mari Luz, el decano señaló que el Alto Tribunal andaluz se limita a reflejar el número de asunto pero en los juzgados penales esta cifra "está mal calculada, porque no tiene en cuenta el número de ejecutorias de sentencia" que se tramitan en Sevilla y que alcanzan las 7.000.
18 abril 2008
Juande Ramos pide cuatro meses y medio de cárcel para el presunto agresor del derbi
El ex técnico sevillista Juande Ramos ha solicitado una condena de cuatro meses y 15 días de prisión para Ángel Chaves Ruiz, el presunto autor del botellazo que recibió en el derbi celebrado el 28 de febrero de 2007.
La acusación particular que ejerce Juande Ramos solicita en su escrito de conclusiones provisionales remitido al juzgado una pena superior a la que en su día solicitó la Fiscalía de Sevilla, que exigió el pago de 4.680 euros de multa y no pidió ninguna pena privativa de libertad.
El entrenador del Tottenham imputa al ex portero del Castilleja un delito de desórdenes públicos, el mismo que le atribuye el Ministerio Público y por el que solicita los cuatro meses y 15 días de prisión. Los abogados de Juande Ramos también imputan al procesado una falta de lesiones, por la que piden que sea condenado a pagar una multa de 60 euros.
El ex técnico del Sevilla solicita además una indemnización de 500 euros por las lesiones sufridas -140 euros más que el fiscal-, aunque el dinero irá destinado a una entidad benéfica, según dijo en su día el propio Juande Ramos.
La Fiscalía de Sevilla también ha pedido que se prohíba al acusado acudir a espectáculos públicos durante un período de dos años. En su escrito de acusación, el Ministerio Público recoge que Ángel Chaves Ruiz lanzó la botella que alcanzó a Juande Ramos "a pesar de conocer las graves consecuencias que, dada la naturaleza del partido y el elevado número de espectadores que asistían al mismo, podía originar con su actuación", que obligó a suspender el encuentro que se disputaba en el Manuel Ruiz de Lopera.
La acusación particular que ejerce Juande Ramos solicita en su escrito de conclusiones provisionales remitido al juzgado una pena superior a la que en su día solicitó la Fiscalía de Sevilla, que exigió el pago de 4.680 euros de multa y no pidió ninguna pena privativa de libertad.
El entrenador del Tottenham imputa al ex portero del Castilleja un delito de desórdenes públicos, el mismo que le atribuye el Ministerio Público y por el que solicita los cuatro meses y 15 días de prisión. Los abogados de Juande Ramos también imputan al procesado una falta de lesiones, por la que piden que sea condenado a pagar una multa de 60 euros.
El ex técnico del Sevilla solicita además una indemnización de 500 euros por las lesiones sufridas -140 euros más que el fiscal-, aunque el dinero irá destinado a una entidad benéfica, según dijo en su día el propio Juande Ramos.
La Fiscalía de Sevilla también ha pedido que se prohíba al acusado acudir a espectáculos públicos durante un período de dos años. En su escrito de acusación, el Ministerio Público recoge que Ángel Chaves Ruiz lanzó la botella que alcanzó a Juande Ramos "a pesar de conocer las graves consecuencias que, dada la naturaleza del partido y el elevado número de espectadores que asistían al mismo, podía originar con su actuación", que obligó a suspender el encuentro que se disputaba en el Manuel Ruiz de Lopera.
El TSJA no pide ningún nuevo juzgado Penal para Sevilla pese al caso Mari Luz
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) no ha solicitado la creación de ningún nuevo juzgado de lo Penal en Sevilla, a pesar de que los errores detectados en la ejecución de una condena por abusos sexuales al presunto asesino de Mari Luz revelaron las graves deficiencias por la sobrecarga de trabajo de estos órganos judiciales.
La memoria de actividades y funcionamiento del TSJA, que fue presentada ayer en Granada, recoge que los 13 juzgados de lo Penal que hay en Sevilla registraron el pasado año 6.705 asuntos, la cifra de ingreso de casos más alta de toda la comunidad autónoma, seguida muy de cerca por Málaga, donde se registró una cifra muy similar, con 6.662 asuntos. Aunque los jueces de Sevilla resolvieron una cantidad de asuntos semejante a la que entró, 6.330, el volumen de casos sin resolver a finales de 2007 se situó en 3.135, según recoge la memoria del Alto Tribunal.
La estadística judicial refleja un dato preocupante: el volumen de causas pendientes en los juzgados de lo Penal sigue creciendo, aunque de forma leve, dado que a comienzos del año pasado los casos en tramite ascendían a 2.760.
Junto a los más de 3.000 asuntos no resueltos en los juzgados de lo Penal, hay que destacar las 7.000 ejecutorias de sentencias que tramitan en la actualidad los 13 juzgados de lo Penal y que influyen de manera decisiva en la carga de trabajo de estos órganos.
La memoria del TSJA no recoge, en cambio, los procesos de ejecución de sentencias, lo que lleva al Alto Tribunal andaluz a considerar que no es necesario, por el momento y a corto plazo, que se creen nuevos juzgados en esta jurisdicción. Y todo ello a pesar de reconocer que los jueces de Sevilla están trabajando un 14,6 por ciento por encima del módulo de trabajo que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) considera como adecuado y que se sitúa en los 450 asuntos por juzgado y año. Frente a esta entrada de causas, los jueces de la capital hispalense reciben una media de 516 asuntos cada año.
Sí solicita el Alto Tribunal andaluz un nuevo juzgado Penal para Málaga, que cuenta con 10 juzgados que ingresan una media de asuntos superior a la sevillana, con 666 por cada órgano, lo que supone un incremento del 48 por ciento sobre los módulos de trabajo que fija el Poder Judicial.
Frente a la postura del TSJA se alza un informe del servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el máximo órgano de gobierno de los jueces, que ya en noviembre del pasado año recomendó al creación de un nuevo juzgado de lo Penal en Sevilla para combatir la sobrecarga de asuntos que afecta a esta jurisdicción.
La propuesta fue planteada precisamente en el acta de inspección realizada tras la visita al juzgado de lo Penal número 1, cuyo titular está inmerso en un expediente disciplinario por falta muy grave en relación con la tramitación de la ejecución de una condena de dos años y nueve meses impuesta a Santiago del Valle, el presunto asesino de la niña onubense, por abusos a su hija.
Para el Alto Tribunal andaluz, y de acuerdo con las estadísticas de asuntos correspondientes a 2007, hacen falta para este mismo año un nuevo juzgado de Instrucción en la capital y la creación de nuevos órganos de Primera Instancia e Instrucción en las localidades de Coria del Río, Sanlúcar la Mayor y Dos Hermanas.
De otro lado, el TSJA solicita la creación a medio plazo de 25 nuevos órganos judiciales en Sevilla, de los cuales la mayor proporción corresponde a los juzgados de Primera Instancia -donde hacen falta nueve juzgados más- y de lo Contencioso-Administrativo, donde se estima que hace falta crear otro siete órganos. La memoria también pide un nuevo juzgado de lo Mercantil, cuatro nuevos juzgados de Instrucción para Sevilla y otros cuatro órganos mixtos (de Primera Instancia e Instrucción) que se ubicarían en las localidades de Coria del Río, Dos Hermanas, Lora del Río y Sanlúcar la Mayor.
El informe anual sobre la Justicia también hace alusión a la situación de la Audiencia Provincial de Sevilla, cuyas ocho secciones ingresaron 8.717 asuntos: 5.187 las secciones penales y 3.530 las que se ocupan de cuestiones civiles. La memoria pone de manifiesto que las secciones penales recibieron un 4% menos de asuntos que en el año 2006, lo que no redundó en una bajada del volumen de asuntos pendientes, que lejos de reducirse se incrementó en un 19 por ciento porque los jueces resolvieron prácticamente el mismo número de asuntos que en 2006.
El incremento de los casos en tramitación es todavía mayor por lo que se refiere a las secciones civiles de la Audiencia Provincial de Sevilla, cuya pendencia se incrementó en 2007 en un 27 por ciento, dado que frente a los 3.530 asuntos ingresados, los magistrados sólo resolvieron 3.340, una cifra similar a la que se registró el año anterior.
La memoria de actividades y funcionamiento del TSJA, que fue presentada ayer en Granada, recoge que los 13 juzgados de lo Penal que hay en Sevilla registraron el pasado año 6.705 asuntos, la cifra de ingreso de casos más alta de toda la comunidad autónoma, seguida muy de cerca por Málaga, donde se registró una cifra muy similar, con 6.662 asuntos. Aunque los jueces de Sevilla resolvieron una cantidad de asuntos semejante a la que entró, 6.330, el volumen de casos sin resolver a finales de 2007 se situó en 3.135, según recoge la memoria del Alto Tribunal.
La estadística judicial refleja un dato preocupante: el volumen de causas pendientes en los juzgados de lo Penal sigue creciendo, aunque de forma leve, dado que a comienzos del año pasado los casos en tramite ascendían a 2.760.
Junto a los más de 3.000 asuntos no resueltos en los juzgados de lo Penal, hay que destacar las 7.000 ejecutorias de sentencias que tramitan en la actualidad los 13 juzgados de lo Penal y que influyen de manera decisiva en la carga de trabajo de estos órganos.
La memoria del TSJA no recoge, en cambio, los procesos de ejecución de sentencias, lo que lleva al Alto Tribunal andaluz a considerar que no es necesario, por el momento y a corto plazo, que se creen nuevos juzgados en esta jurisdicción. Y todo ello a pesar de reconocer que los jueces de Sevilla están trabajando un 14,6 por ciento por encima del módulo de trabajo que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) considera como adecuado y que se sitúa en los 450 asuntos por juzgado y año. Frente a esta entrada de causas, los jueces de la capital hispalense reciben una media de 516 asuntos cada año.
Sí solicita el Alto Tribunal andaluz un nuevo juzgado Penal para Málaga, que cuenta con 10 juzgados que ingresan una media de asuntos superior a la sevillana, con 666 por cada órgano, lo que supone un incremento del 48 por ciento sobre los módulos de trabajo que fija el Poder Judicial.
Frente a la postura del TSJA se alza un informe del servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el máximo órgano de gobierno de los jueces, que ya en noviembre del pasado año recomendó al creación de un nuevo juzgado de lo Penal en Sevilla para combatir la sobrecarga de asuntos que afecta a esta jurisdicción.
La propuesta fue planteada precisamente en el acta de inspección realizada tras la visita al juzgado de lo Penal número 1, cuyo titular está inmerso en un expediente disciplinario por falta muy grave en relación con la tramitación de la ejecución de una condena de dos años y nueve meses impuesta a Santiago del Valle, el presunto asesino de la niña onubense, por abusos a su hija.
Para el Alto Tribunal andaluz, y de acuerdo con las estadísticas de asuntos correspondientes a 2007, hacen falta para este mismo año un nuevo juzgado de Instrucción en la capital y la creación de nuevos órganos de Primera Instancia e Instrucción en las localidades de Coria del Río, Sanlúcar la Mayor y Dos Hermanas.
De otro lado, el TSJA solicita la creación a medio plazo de 25 nuevos órganos judiciales en Sevilla, de los cuales la mayor proporción corresponde a los juzgados de Primera Instancia -donde hacen falta nueve juzgados más- y de lo Contencioso-Administrativo, donde se estima que hace falta crear otro siete órganos. La memoria también pide un nuevo juzgado de lo Mercantil, cuatro nuevos juzgados de Instrucción para Sevilla y otros cuatro órganos mixtos (de Primera Instancia e Instrucción) que se ubicarían en las localidades de Coria del Río, Dos Hermanas, Lora del Río y Sanlúcar la Mayor.
El informe anual sobre la Justicia también hace alusión a la situación de la Audiencia Provincial de Sevilla, cuyas ocho secciones ingresaron 8.717 asuntos: 5.187 las secciones penales y 3.530 las que se ocupan de cuestiones civiles. La memoria pone de manifiesto que las secciones penales recibieron un 4% menos de asuntos que en el año 2006, lo que no redundó en una bajada del volumen de asuntos pendientes, que lejos de reducirse se incrementó en un 19 por ciento porque los jueces resolvieron prácticamente el mismo número de asuntos que en 2006.
El incremento de los casos en tramitación es todavía mayor por lo que se refiere a las secciones civiles de la Audiencia Provincial de Sevilla, cuya pendencia se incrementó en 2007 en un 27 por ciento, dado que frente a los 3.530 asuntos ingresados, los magistrados sólo resolvieron 3.340, una cifra similar a la que se registró el año anterior.
17 abril 2008
La secretaria del juzgado de lo Penal número 1 también es expedientada
El Ministerio de Justicia ha acordado abrir un expediente disciplinario, por posible falta grave, a la secretaria judicial del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, Juana Gálvez Muñoz, por su actuación en el caso de la niña Mari Luz Cortés, por un presunto incumplimiento de sus obligaciones legales. Según informó el Ministerio, la posible falta grave que podría haber cometido Juana Gálvez está tipificada en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y en el Reglamento del Cuerpo de Secretarios Judiciales, que se refieren a la "negligencia o retraso injustificado en el cumplimiento de las funciones inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas". El pasado 7 de abril, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abrió también un expediente por una falta muy grave de desatención al titular del Juzgado, Rafael Tirado, quien no ordenó ejecutar la sentencia que condenó por abusos a su hija al detenido por la muerte de Mari Luz Cortés. Además, el CGPJ pidió que se investigara a los funcionarios que intervinieron en la causa. La apertura del expediente a la secretaria judicial ha sido propuesta por el secretario de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), quien abrió una información previa tras conocerse los hechos. En el curso de esta información inspeccionó el juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla y analizó la documentación relativa al caso con el fin de depurar las posibles responsabilidades de la secretaria judicial, que es la única funcionaria sobre la que el Ministerio de Justicia tiene competencia disciplinaria.
11 abril 2008
En cinco años los jueces han pedido más medios en 14 ocasiones
La advertencia de los jueces de Sevilla de que existe un "riesgo cierto" de que se repitan los errores cometidos en el caso de Santiago del Valle, el presunto asesino de Mari Luz, ante la sobrecarga de trabajo, la falta de personal cualificado y la tardanza en cubrir las bajas no es una reclamación que se haya presentado por sorpresa ante el escándalo político y judicial. Los jueces de la capital llevan denunciando desde hace mucho tiempo una situación que, en algunas jurisdicciones, está próxima al colapso por la falta de medios materiales y personales y la necesidad de crear nuevos órganos judiciales.
Estas carencias han sido reclamadas en, al menos, 14 ocasiones durante los últimos cinco años, a través de las juntas de jueces y de los decanatos de los juzgados y del colegio de abogados, que siempre han avalado las denuncias de la judicatura sobre la falta de recursos para hacer de la Justicia un servicio ágil.
A finales de 2003, los jueces de lo Penal de Sevilla reclamaron la creación de tres juzgados con dedicación exclusiva para la ejecución de las sentencias, pero estas peticiones no fueron satisfechas por el Ministerio de Justicia y la Consejería de Justicia, que tiene transferidas las competencias en esta materia desde 1997.
En otras ocasiones, los jueces de lo Penal han reclamado el aumento de las plantillas de funcionarios para tramitar las ejecutorias, que han seguido incrementándose como consecuencia de diversas reformas legales, como la que permite una rebaja de un tercio de la condena si la persona acusada de un delito -principalmente en casos de alcoholemias- muestra su conformidad con la pena en el mismo juzgado de guardia, con lo que evita la celebración del juicio. Esta reforma provocó un aumento considerable de las ejecutorias de sentencias, como por ejemplo las retiradas de permisos de conducir, que recaen en los juzgados penales.
Las juntas de jueces también han denunciado en los últimos años que la Consejería de Justicia no cubría de manera inmediata las bajas de enfermedad de los funcionarios, un aspecto en el que los sindicatos han apuntado que las bajas de menos de un mes de duración no se cubren generalmente por la Administración. Unida a estas críticas se da la circunstancia de que las plazas son cubiertas por personal que no tiene experiencia en la labor a desarrollar ni cualificación, lo que plantea nuevas dificultades.
Las carencias no afectan sólo a la jurisdicción penal, puesto que los jueces de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla han venido poniendo de manifiesto desde el año 2005 que están saturados de asuntos, lo que les ha llevado a señalar el inicio de juicios con una demora de dos años desde que el caso entra en el juzgado. El año 2006, últimos datos que hay disponibles, se cerró con 11.192 asuntos pendientes de tramitar en la jurisdicción Contenciosa, una situación que ha sido constatada incluso en las inspecciones realizadas por el CGPJ.
La Consejería de Justicia alega que en la última legislatura se crearon 13 juzgados frente a los seis que se crearon cuando el PP dirigía el Gobierno central.
Estas carencias han sido reclamadas en, al menos, 14 ocasiones durante los últimos cinco años, a través de las juntas de jueces y de los decanatos de los juzgados y del colegio de abogados, que siempre han avalado las denuncias de la judicatura sobre la falta de recursos para hacer de la Justicia un servicio ágil.
A finales de 2003, los jueces de lo Penal de Sevilla reclamaron la creación de tres juzgados con dedicación exclusiva para la ejecución de las sentencias, pero estas peticiones no fueron satisfechas por el Ministerio de Justicia y la Consejería de Justicia, que tiene transferidas las competencias en esta materia desde 1997.
En otras ocasiones, los jueces de lo Penal han reclamado el aumento de las plantillas de funcionarios para tramitar las ejecutorias, que han seguido incrementándose como consecuencia de diversas reformas legales, como la que permite una rebaja de un tercio de la condena si la persona acusada de un delito -principalmente en casos de alcoholemias- muestra su conformidad con la pena en el mismo juzgado de guardia, con lo que evita la celebración del juicio. Esta reforma provocó un aumento considerable de las ejecutorias de sentencias, como por ejemplo las retiradas de permisos de conducir, que recaen en los juzgados penales.
Las juntas de jueces también han denunciado en los últimos años que la Consejería de Justicia no cubría de manera inmediata las bajas de enfermedad de los funcionarios, un aspecto en el que los sindicatos han apuntado que las bajas de menos de un mes de duración no se cubren generalmente por la Administración. Unida a estas críticas se da la circunstancia de que las plazas son cubiertas por personal que no tiene experiencia en la labor a desarrollar ni cualificación, lo que plantea nuevas dificultades.
Las carencias no afectan sólo a la jurisdicción penal, puesto que los jueces de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla han venido poniendo de manifiesto desde el año 2005 que están saturados de asuntos, lo que les ha llevado a señalar el inicio de juicios con una demora de dos años desde que el caso entra en el juzgado. El año 2006, últimos datos que hay disponibles, se cerró con 11.192 asuntos pendientes de tramitar en la jurisdicción Contenciosa, una situación que ha sido constatada incluso en las inspecciones realizadas por el CGPJ.
La Consejería de Justicia alega que en la última legislatura se crearon 13 juzgados frente a los seis que se crearon cuando el PP dirigía el Gobierno central.
09 abril 2008
La Fiscalía defiende que no pidiera prisión incondicional para un individuo que abusó de una niña y ahora lleva un año fugado de la Justicia
La fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, defendió ayer la intervención de la Fiscalía hispalense en el caso de un individuo acusado de agredir sexualmente de una niña, al que no se pidió su ingreso en prisión sin fianza y que lleva más de un año fugado de la Justicia. La Fiscalía hispalense hizo público un comunicado en el que explicaba que tras la detención del sospechoso en junio de 2005, el Ministerio Público solicitó una fianza de 24.000 euros por entender que "existían testimonios periféricos contradictorios y que la prestación de la fianza garantizaba suficientemente su presencia, de forma conjunta con una medida de alejamiento de la población".La Fiscalía recuerda que el sospechoso, F. N., carecía de antecedentes penales y también destacó que la acusación particular que ejercían los padres de la menor no recurrió la libertad provisional.Un año y medio después del inicio del proceso, en noviembre de 2006, los padres pidieron el encarcelamiento preventivo del agresor y la Fiscalía se opuso a esta medida porque, a juicio del Ministerio Público, no existían indicios de riesgo de fuga, destrucción de pruebas o riesgo de reiteración de hechos similares. "Llevaba a disposición del juzgado más de un año, había colaborado en la investigación y carecía de antecedentes", concluyó.
Las asociaciones judiciales reclaman más medios
Las asociaciones judiciales pusieron ayer el dedo en la llaga en el problema de fondo que ha puesto de manifiesto el escándalo por el caso Mari Luz y reclamaron al Gobierno y al Poder Judicial mayores medios para luchar contra el retraso de la Justicia.Una nota que suscriben las asociaciones judiciales Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente –falta la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria en la carrera–, advierte de que actualmente existe un “grave riesgo de error y/o retraso” en la tramitación de las causas judiciales, ante el que es necesario acometer “una auténtica reforma y modernización de la Justicia, verdadera asignatura pendiente de la democracia española”.Los colectivos profesionales piden, de otro lado, respeto para el expediente que está tramitando el CGPJ por falta muy grave contra el magistrado del juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, Rafael Tirado Márquez. El procedimiento disciplinario “debe ser enteramente respetado sin interferencia alguna, cualquiera que sea la decisión final que se adopte”.Las asociaciones consideran que ese respeto que se solicita para la actuación del máximo órgano de gobierno de los jueces también tiene que reclamarse a los representantes políticos, a cuya responsabilidad apelan para evitar “imputaciones precipitadas de culpabilidad” y que permitan que la depuración de responsabilidades a que pudiera haber lugar se desarrolle a través del procedimiento oportuno y “con todas las garantías, especialmente la del derecho de defensa”.En cuanto a la sobrecarga de trabajo y las carencias de la Justicia, los jueces denuncian que “son muchos” los órganos judiciales españoles que están sometidos a una carga de trabajo extraordinaria, “muy por encima de los módulos de trabajo fijados por el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), no atendiéndose debidamente las seculares peticiones de adecuación a la planta judicial a las necesidades reales de la Justicia”.Junto al exceso de trabajo, las asociaciones llaman la atención sobre la “patente falta de personal”, al tiempo que señalan que la cobertura de las plazas vacantes es “irregular, tardía y se atiende con personal no cualificado”.El caso de Santiago del Valle, presunto asesino de Mari Luz, también ha revelado las deficiencias de los sistemas informáticos y la falta de conexión entre los ordenadores de la Policía y de los órganos judiciales. Para las tres asociaciones profesionales de jueces, resulta imprescindible dotar a los órganos de unos medios materiales “modernos”, especialmente en lo que se refiere a las herramientas informáticas, “tal y como existen en otros ámbito de la Administración, como en la Hacienda Pública y la Seguridad Social, que permitan de una manera eficaz la debida coordinación entre los juzgados y tribunales entre sí y con otras instituciones”.Santiago del Valle contaba con nueve causas penales, cinco de ellas por delitos sexuales, pero hasta la fecha sólo constaban en el registro de rebeldes y penados la condena firme por abusar de su hija, por la que no había sido encarcelado, y otra por abusos a otra niña, que se hallaba suspendida.
07 abril 2008
El CGPJ expediente al juez Rafael Tirado, como estaba previsto.
Adjuntamos la nota de prensa del CGPJ:
La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, en su sesión extraordinaria de hoy, ha acordado por unanimidad asumir íntegramente la propuesta del Servicio de Inspección de este Consejo en la Información Previa 502/2008 y, en consecuencia, ha acordado:
1.- Incoar expediente disciplinario por falta muy grave de desatención, prevista en el artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial al magistrado D. Rafael Tirado Márquez. Se nombra instructor del expediente al Presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Wenceslao Olea Godoy.
2.- Archivar la Información Previa en relación con el magistrado Francisco Javier González Fernández, por estimarse prescrita la posible responsabilidad disciplinaria a que hubiere lugar en su caso.
3.- Archivar asimismo la Información Previa en relación con la actuación de la titular del Juzgado de lo Penal 4 de Sevilla, Esperanza Jiménez Mantecón.
4.- Remitir las actuaciones a la Fiscalía General del Estado, al Ministerio de Justicia y a la Junta de Andalucía en orden a que valoren las conductas de los funcionarios intervinientes sometidos a su potestad disciplinaria.
5.- Finalmente, la Comisión acuerda trasladar al Servicio de Inspección su felicitación por el trabajo desarrollado en la tramitación de esta Información Previa.
Por otra parte, y de conformidad con la propuesta del Servicio de Inspección, la Comisión Disciplinaria ha archivado la Información Previa 531/2008 incoada en relación con los Juzgados de Instrucción 3 y 4 de Gijón.
Madrid, 7 de abril de 2008.
La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, en su sesión extraordinaria de hoy, ha acordado por unanimidad asumir íntegramente la propuesta del Servicio de Inspección de este Consejo en la Información Previa 502/2008 y, en consecuencia, ha acordado:
1.- Incoar expediente disciplinario por falta muy grave de desatención, prevista en el artículo 417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial al magistrado D. Rafael Tirado Márquez. Se nombra instructor del expediente al Presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Wenceslao Olea Godoy.
2.- Archivar la Información Previa en relación con el magistrado Francisco Javier González Fernández, por estimarse prescrita la posible responsabilidad disciplinaria a que hubiere lugar en su caso.
3.- Archivar asimismo la Información Previa en relación con la actuación de la titular del Juzgado de lo Penal 4 de Sevilla, Esperanza Jiménez Mantecón.
4.- Remitir las actuaciones a la Fiscalía General del Estado, al Ministerio de Justicia y a la Junta de Andalucía en orden a que valoren las conductas de los funcionarios intervinientes sometidos a su potestad disciplinaria.
5.- Finalmente, la Comisión acuerda trasladar al Servicio de Inspección su felicitación por el trabajo desarrollado en la tramitación de esta Información Previa.
Por otra parte, y de conformidad con la propuesta del Servicio de Inspección, la Comisión Disciplinaria ha archivado la Información Previa 531/2008 incoada en relación con los Juzgados de Instrucción 3 y 4 de Gijón.
Madrid, 7 de abril de 2008.
06 abril 2008
El CGPJ ya advirtió en noviembre de 2007 que Sevilla necesitaba un nuevo juzgado de lo Penal, durante una inspección al juzgado número 1
El servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el mismo órgano que ahora propone expedientar al juez Rafael Tirado Márquez por errores y dilaciones en la ejecución de la condena por abusos impuesta al presunto asesino de Mari Luz, consideró necesario hace tan sólo cuatro meses la creación de un nuevo juzgado de lo Penal en Sevilla para combatir la sobrecarga de asuntos que afecta a esta jurisdicción.La visita por la inspección se llevó a cabo el 6 de noviembre de 2007 y la propuesta de creación del nuevo juzgado figuraba como el primer punto destacado en el apartado de “conclusiones y propuestas” del acta de inspección, donde se recogía que el juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla tramitaba en ese momento hasta 615 ejecutorias de sentencias.A nivel global, los trece juzgados de lo Penal que hay actualmente en Sevilla concentran 7.000 sentencias firmes que están en fase de ejecución, con una media de 532 causas ejecutorias por cada órgano judicial.La necesidad de crear un nuevo juzgado ya fue puesta de manifiesto en la última memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), correspondiente al año 2006. En ese análisis de la situación de la Justicia andaluza, el TSJA señalaba que Sevilla superaba en un 13,2 por ciento el módulo de trabajo establecido por el CGPJ, que considera adecuado una tramitación de 450 asuntos por juzgado y año. Los jueces de Sevilla, en cambio, ingresaron ese año una media de 510 causas, pero lo más grave de la situación es el incremento de los asuntos pendientes. Si a principios de 2006 las causas que estaban sin resolver en los juzgados de lo Penal ascendían a 1.954, el año se cerró con 2.760 casos pendientes, lo que sitúa a los órganos penales de la capital andaluza como los más atascados de toda la comunidad autónoma, seguidos por los de Málaga, con 2.016 asuntos pendientes, y Cádiz, con 1.086.El incremento de los casos pendientes tiene su origen a su vez en la mayor entrada de causas, porque aunque los jueces sevillanos resolvieron en 2006 un total de 5.819 asuntos, en ese mismo período recibieron 6.625 casos nuevos para su tramitación.El informe de los servicios de Inspección del máximo órgano de gobierno de los jueces consideró que el juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla presentaba una situación de “leve retraso”, tanto en los asuntos previos al dictado de sentencia como en la tramitación de las ejecutorias. El inspector apuntó ya entonces que no existía un “control superior” de las ejecutorias y señalaba que los sistemas “establecidos por la secretaria y los funcionarios se consideran poco eficaces y los menos apropiados a la situación del órgano”.
05 abril 2008
El inspector del CGPJ aprecia una falta muy grave en el juez Tirado
La Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha atribuido una falta "muy grave" al titular del juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, Rafael Tirado Márquez, en relación con la tramitación de la ejecución de la condena que impuso a Santiago del Valle, presunto asesino de Mari Luz, por haber abusado sexualmente de su propia hija. El informe elaborado por el jefe de la Inspección, José María Gil Sáez, propone la apertura de un expediente disciplinario al juez con una triple argumentación: su pasividad, dejación de funciones y ausencia de control de la actividad desarrollada por los funcionarios del juzgado de lo Penal número 1.
La comisión disciplinaria del máximo órgano de gobierno de los jueces se reunirá el próximo lunes para analizar este informe y decidir sobre la apertura del expediente disciplinario al magistrado y, en su caso, si se adopta alguna medida cautelar.
El informe considera que, en un primer momento, la actividad del magistrado Rafael Tirado es "ágil y correcta", cuando dicta la sentencia, pero su intervención deja de serlo, según el inspector, cuando recibe la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, en enero de 2006, y comienza la ejecución de la condena de dos años y nueve meses impuesta a Santiago del Valle por abusos sexuales.
El juez dicta entonces un auto en el que rechaza la suspensión de la condena, lo que implica que el pederasta debe ingresar en prisión. Desde ese momento, según relata el informe, "no existe ninguna actividad de supervisión y control del resto de actos procesales necesarios para obtener la plasmación de lo por él decidido".
En la fase de ejecución de la sentencia, el servicio de Inspección detecta "varios retrasos significativos y errores en la tramitación". El inspector considera un trámite "dilatorio e innecesario" que el juez requiriera a Santiago del Valle y a su mujer, también condenada, para que procedieran a ingresar de forma voluntaria en el centro penitenciario, aunque esta práctica es, por el contrario, habitual en algunos juzgados de lo Penal de la capital hispalense.
Cuando ese requerimiento falló, el magistrado "en vez de acordar el inmediato ingreso en prisión de los condenados", dictó otra providencia -de fecha 7 de marzo de 2006- que acordaba la realización de un segundo intento de notificación de las resoluciones y requerir al matrimonio su ingreso voluntario en prisión.
Desde ese momento, la ejecutoria estuvo "paralizada año y medio", hasta el 26 de septiembre de 2007, cuando se acordó proceder a la averiguación del domicilio de la mujer y a la detención e ingreso en prisión de Santiago del Valle. Aquí se produjo, según el servicio de Inspección, un "relevante error", puesto que se omitió librar la requisitoria respecto a Santiago del Valle, y un nuevo error en el caso de la mujer, en la que sólo se acordó librar a la Policía orden de averiguación de su domicilio, pero no de detención e ingreso en prisión.
La Inspección señala que el hecho de que ni la secretaria del juzgado ni los funcionarios informaran al juez desde marzo de 2006 del estado de la tramitación de la ejecutoria del presunto asesino, "no exonera" al magistrado de la "obligación profesional" de ese deber de vigilancia, "máxime cuando esta conducta omisiva se proyecta durante un dilatado período de tiempo". El informe concluye que la ejecutoria de la condena estuvo paralizada durante dos años, dos meses y nueve días como consecuencia de los "trámites dilatorios, errores y omisiones en la tramitación".
El inspector recuerda que la Constitución Española atribuye a los jueces la facultad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, e insiste en que la "ausencia de una obligación personalísima del juez de dictar materialmente los actos procesales necesarios para la ejecución de la sentencia y su delegación en el personal colaborador no vacía de contenido el mandato constitucional".
La falta de impulso, control y supervisión del juez lleva a la Inspección a apreciar que el juez Rafael Tirado ha podido incurrir en una posible falta disciplinaria "muy grave", que aparece en el artículo 417 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Este precepto sanciona con la suspensión, el traslado forzoso e incluso la expulsión de la carrera "la desatención o el retraso injustificado y reiterado en la iniciación, tramitación o resolución de los procesos y causas o en el ejercicio de cualquiera de las competencias judiciales".
El informe no deja tampoco en buen lugar la actuación de la secretaria del juzgado, Juana Gálvez, por cuanto "no se percató de la omisión por parte del funcionario que tramitaba la ejecutoria, de la expedición de la requisitoria de Santiago del Valle, a pesar de venir obligada a velar por el efectivo cumplimiento de lo acordado" y "tampoco lo advirtió al juez".
La inspección del Consejo General del Poder Judicial no ve indicios de responsabilidad disciplinaria en la actuación de otros juzgados de Sevilla y Gijón que también tramitaron causas del pederasta.
Pasividad "alarmante" del juez de la Audiencia
El informe del servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) también ha propuesto a la comisión disciplinaria archiva la información previa abierta en el caso del magistrado de la Audiencia de Sevilla Javier González Fernández porque la posible falta disciplinaria que puede atribuírsele por dictar la sentencia de Santiago del Valle dos años y medio después ha prescrito.
A pesar de la propuesta de archivo, el informe del inspector es contundente al afirmar que la actuación de la Sección Séptima de la Audiencia hispalense evidencia un incumplimiento de especial trascendencia porque significa una "pasividad alarmante (dos años y siete meses) en un momento procesal de extraordinaria importancia como es el dictado de la sentencia".
El servicio de inspección añade que no hay constancia en el procedimiento penal "motivo o razón alguna que haya podido impedir o dificultar a los magistrados resolver el recurso de apelación" contra la sentencia que condenó en primera instancia al pederasta Santiago del Valle. El inspector no encuentra explicación porque, según relata, en el resto de los casos que tramitaba la Sección Séptima de la Audiencia Provincial se estaban dictando las sentencias con poco más de un mes de demora.
A la hora de buscar posibles responsabilidades disciplinarias, el informe señala que el entonces presidente de la Sección Séptima, el magistrado Antonio Gil Merino -jubilado en abril de 2007- "debía haber vigilado el cumplimiento de los plazos procesales y, sin embargo, pese a haber transcurrido dos años y siete meses desde la deliberación del asunto, no alertó al ponente -el juez Javier González- para que dictara la sentencia". El informe señala que, al haberse jubilado el presidente de la Sección Séptima, no cabe ya proceder a realizar ningún pronunciamiento disciplinario sobre el juez Antonio Gil Merino.
En el caso del ponente, el inspector sí que aprecia una falta disciplinaria "muy grave" de desatención -la misma que se atribuye al juez Rafael Tirado-, pero señala que la posible infracción ha prescrito, al haber transcurrido más de dos años desde que se dictó la sentencia de apelación, el 30 de diciembre de 2005.
El magistrado Javier González alegó que la dilación en el dictado de esta sentencia se produjo como consecuencia de su retraso a la hora de "someter a deliberación con los demás miembros del tribunal colegiado los dos recurso interpuestos" y explicó que esa demora obedecía, en parte, al volumen de asuntos que tramitaba la Sección Séptima en esa fecha.
El magistrado también sostuvo que el tribunal supera los módulos de ingreso y salida de asuntos que establece como adecuados por órgano y año el Consejo General del Poder Judicial.
La comisión disciplinaria del máximo órgano de gobierno de los jueces se reunirá el próximo lunes para analizar este informe y decidir sobre la apertura del expediente disciplinario al magistrado y, en su caso, si se adopta alguna medida cautelar.
El informe considera que, en un primer momento, la actividad del magistrado Rafael Tirado es "ágil y correcta", cuando dicta la sentencia, pero su intervención deja de serlo, según el inspector, cuando recibe la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, en enero de 2006, y comienza la ejecución de la condena de dos años y nueve meses impuesta a Santiago del Valle por abusos sexuales.
El juez dicta entonces un auto en el que rechaza la suspensión de la condena, lo que implica que el pederasta debe ingresar en prisión. Desde ese momento, según relata el informe, "no existe ninguna actividad de supervisión y control del resto de actos procesales necesarios para obtener la plasmación de lo por él decidido".
En la fase de ejecución de la sentencia, el servicio de Inspección detecta "varios retrasos significativos y errores en la tramitación". El inspector considera un trámite "dilatorio e innecesario" que el juez requiriera a Santiago del Valle y a su mujer, también condenada, para que procedieran a ingresar de forma voluntaria en el centro penitenciario, aunque esta práctica es, por el contrario, habitual en algunos juzgados de lo Penal de la capital hispalense.
Cuando ese requerimiento falló, el magistrado "en vez de acordar el inmediato ingreso en prisión de los condenados", dictó otra providencia -de fecha 7 de marzo de 2006- que acordaba la realización de un segundo intento de notificación de las resoluciones y requerir al matrimonio su ingreso voluntario en prisión.
Desde ese momento, la ejecutoria estuvo "paralizada año y medio", hasta el 26 de septiembre de 2007, cuando se acordó proceder a la averiguación del domicilio de la mujer y a la detención e ingreso en prisión de Santiago del Valle. Aquí se produjo, según el servicio de Inspección, un "relevante error", puesto que se omitió librar la requisitoria respecto a Santiago del Valle, y un nuevo error en el caso de la mujer, en la que sólo se acordó librar a la Policía orden de averiguación de su domicilio, pero no de detención e ingreso en prisión.
La Inspección señala que el hecho de que ni la secretaria del juzgado ni los funcionarios informaran al juez desde marzo de 2006 del estado de la tramitación de la ejecutoria del presunto asesino, "no exonera" al magistrado de la "obligación profesional" de ese deber de vigilancia, "máxime cuando esta conducta omisiva se proyecta durante un dilatado período de tiempo". El informe concluye que la ejecutoria de la condena estuvo paralizada durante dos años, dos meses y nueve días como consecuencia de los "trámites dilatorios, errores y omisiones en la tramitación".
El inspector recuerda que la Constitución Española atribuye a los jueces la facultad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, e insiste en que la "ausencia de una obligación personalísima del juez de dictar materialmente los actos procesales necesarios para la ejecución de la sentencia y su delegación en el personal colaborador no vacía de contenido el mandato constitucional".
La falta de impulso, control y supervisión del juez lleva a la Inspección a apreciar que el juez Rafael Tirado ha podido incurrir en una posible falta disciplinaria "muy grave", que aparece en el artículo 417 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Este precepto sanciona con la suspensión, el traslado forzoso e incluso la expulsión de la carrera "la desatención o el retraso injustificado y reiterado en la iniciación, tramitación o resolución de los procesos y causas o en el ejercicio de cualquiera de las competencias judiciales".
El informe no deja tampoco en buen lugar la actuación de la secretaria del juzgado, Juana Gálvez, por cuanto "no se percató de la omisión por parte del funcionario que tramitaba la ejecutoria, de la expedición de la requisitoria de Santiago del Valle, a pesar de venir obligada a velar por el efectivo cumplimiento de lo acordado" y "tampoco lo advirtió al juez".
La inspección del Consejo General del Poder Judicial no ve indicios de responsabilidad disciplinaria en la actuación de otros juzgados de Sevilla y Gijón que también tramitaron causas del pederasta.
Pasividad "alarmante" del juez de la Audiencia
El informe del servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) también ha propuesto a la comisión disciplinaria archiva la información previa abierta en el caso del magistrado de la Audiencia de Sevilla Javier González Fernández porque la posible falta disciplinaria que puede atribuírsele por dictar la sentencia de Santiago del Valle dos años y medio después ha prescrito.
A pesar de la propuesta de archivo, el informe del inspector es contundente al afirmar que la actuación de la Sección Séptima de la Audiencia hispalense evidencia un incumplimiento de especial trascendencia porque significa una "pasividad alarmante (dos años y siete meses) en un momento procesal de extraordinaria importancia como es el dictado de la sentencia".
El servicio de inspección añade que no hay constancia en el procedimiento penal "motivo o razón alguna que haya podido impedir o dificultar a los magistrados resolver el recurso de apelación" contra la sentencia que condenó en primera instancia al pederasta Santiago del Valle. El inspector no encuentra explicación porque, según relata, en el resto de los casos que tramitaba la Sección Séptima de la Audiencia Provincial se estaban dictando las sentencias con poco más de un mes de demora.
A la hora de buscar posibles responsabilidades disciplinarias, el informe señala que el entonces presidente de la Sección Séptima, el magistrado Antonio Gil Merino -jubilado en abril de 2007- "debía haber vigilado el cumplimiento de los plazos procesales y, sin embargo, pese a haber transcurrido dos años y siete meses desde la deliberación del asunto, no alertó al ponente -el juez Javier González- para que dictara la sentencia". El informe señala que, al haberse jubilado el presidente de la Sección Séptima, no cabe ya proceder a realizar ningún pronunciamiento disciplinario sobre el juez Antonio Gil Merino.
En el caso del ponente, el inspector sí que aprecia una falta disciplinaria "muy grave" de desatención -la misma que se atribuye al juez Rafael Tirado-, pero señala que la posible infracción ha prescrito, al haber transcurrido más de dos años desde que se dictó la sentencia de apelación, el 30 de diciembre de 2005.
El magistrado Javier González alegó que la dilación en el dictado de esta sentencia se produjo como consecuencia de su retraso a la hora de "someter a deliberación con los demás miembros del tribunal colegiado los dos recurso interpuestos" y explicó que esa demora obedecía, en parte, al volumen de asuntos que tramitaba la Sección Séptima en esa fecha.
El magistrado también sostuvo que el tribunal supera los módulos de ingreso y salida de asuntos que establece como adecuados por órgano y año el Consejo General del Poder Judicial.
04 abril 2008
Bermejo critica a los jueces de Sevilla por advertir de que el caso Mari Luz puede volver a repetirse
El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, cree que la advertencia de la junta de jueces de Sevilla de que existe el "riesgo cierto" de que se repita un error como el del presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés, que seguía en libertad a pesar de que estaba pendiente de ser encarcelado por abusar sexualmente de su hija, es una "defensa corporativa difícilmente sostenible".
Fernández Bermejo señaló en rueda de prensa que el conjunto de la actuación judicial es satisfactorio y que, afortunadamente, no existen ese tipo de problemas que se han detectado en este caso. "Aquí ha existido una cadena de disfunciones muy grave", dijo el titular de Justicia al referirse al hecho de que se haya tardado más de dos años en dictarse la sentencia de apelación por parte de la Audiencia Provincial de Sevilla y que se haya paralizado una ejecutoria de una condena de dos años y nueve meses de prisión.
Fernández Bermejo señaló en rueda de prensa que el conjunto de la actuación judicial es satisfactorio y que, afortunadamente, no existen ese tipo de problemas que se han detectado en este caso. "Aquí ha existido una cadena de disfunciones muy grave", dijo el titular de Justicia al referirse al hecho de que se haya tardado más de dos años en dictarse la sentencia de apelación por parte de la Audiencia Provincial de Sevilla y que se haya paralizado una ejecutoria de una condena de dos años y nueve meses de prisión.
03 abril 2008
Los jueces advierten de que el caso Mari Luz puede repetirse en cualquier momento por la falta de medios
La junta de jueces de Sevilla advirtió ayer de que existe el "riesgo cierto" de que se repita el error por la puesta en libertad del presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés debido a la sobrecarga de trabajo que padecen y la sustitución de las bajas de forma "tardía y por personal no cualificado".
La junta de jueces de instrucción, de lo penal y de vigilancia penitenciaria aprobó por unanimidad un comunicado en el que afirman que, mientras persistan las actuales carencias, "el margen de error seguirá estando por encima de lo tolerable para la sociedad a la que servimos".
La junta de jueces de instrucción, de lo penal y de vigilancia penitenciaria aprobó por unanimidad un comunicado en el que afirman que, mientras persistan las actuales carencias, "el margen de error seguirá estando por encima de lo tolerable para la sociedad a la que servimos".
El CGPJ extiende la investigación al juez de la Audiencia y decidirá el lunes si abre expedientes
La presidenta de la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Monserrat Comas, ha convocado el próximo lunes una reunión extraordinaria para decidir si expedienta a dos jueces por su intervención en el caso del presunto asesino Santiago del Valle, que seguía en libertad pese a contar con una condena firme de dos años y nueve meses de cárcel por haber abusado de su hija.
La investigación del máximo órgano de gobierno de los jueces se inició contra el titular del juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, Rafael Tirado Márquez, que dictó la sentencia que condenó al presunto asesino de la niña y era el encargado de la ejecución de la misma, pero no dictó una orden de busca y captura del sospechoso cuando no se le pudo localizar para notificarle que debía ingresar en prisión para cumplir la condena impuesta.
El CGPJ ha decidido ahora ampliar las pesquisas al magistrado de la Audiencia Provincial de Sevilla Javier González Fernández, quien como ponente de la Sección Séptima confirmó la sentencia dos años y medio después de que el tribunal deliberara sobre el recurso de apelación presentado por Santiago del Valle. La sentencia del juez Rafael Tirado en el caso de Santiago del Valle fue dictada el 15 de noviembre de 2002, pero el recurso de apelación no llegó a la Audiencia Provincial hasta el 22 de abril de 2003. Los magistrados de la Sección Séptima reclamaron al juzgado dos cintas que recogían el testimonio de la menor y unas declaraciones de los padres en televisión, por lo que el recurso no quedó visto para sentencia hasta junio de 2003. El ponente del caso, Javier González, confirmó la condena en una sentencia dictada el 30 de diciembre de 2005, dos años y medio después de que recibiera el caso.
El presidente de la Audiencia de Sevilla, Miguel Carmona, elevó el pasado enero un informe a la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en el que advirtió del "deterioro" que estaban sufriendo dos secciones penales de la Audiencia hispalense, una de ellas la Séptima, que habían alcanzado "por primera vez desde hace muchos años cifras superiores a los 300 asuntos en tramitación, similares a las que se tenían tras la entrada en vigor del nuevo Código Penal", en el año 1996.
La fiscal jefe de Sevilla, en el informe que remitió a la Fiscalía General del Estado, ya apuntó el retraso en la resolución del recurso de apelación presentado contra la condena a Santiago del Valle.
La comisión permanente del CGPJ acordó ayer, sin prejuzgar la responsabilidad de ambos jueces, instar la reunión urgente del órgano disciplinario, que se ha convocado en previsión de que el próximo viernes se disponga ya de una propuesta del servicio de inspección sobre la posibilidad de incoar un expediente disciplinario a estos dos magistrados.
El órgano de Gobierno de los jueces hizo pública ayer una nota en la que reconoce la existencia de fallos en el sistema de inspección de los órganos judiciales. El CGPJ explicó que las visitas a los juzgados y tribunales se realizan de acuerdo con la "Guía de Criterios del Servicio de Inspección", que establece en estas inspecciones debe realizarse un muestreo aleatorio de causas de entre un cinco y un diez por ciento del total que se tramita en cada órgano, lo que permite elaborar un informe sobre el estado general del juzgado inspeccionado y realizar recomendaciones para su mejora.
En la tramitación de la ejecutoria 31/2006, sobre la condena a Santiago del Valle por los abusos sexuales a su propia, el CGPJ señala que esta causa no fue examinada en la inspección llevada a cabo en el juzgado de lo Penal número 1 en noviembre de 2007, al no quedar dentro de la muestra aleatoria. La visita sí que puso de manifiesto, según el Poder Judicial "deficiencias de funcionamiento" en el negociado de ejecutorias, lo que determinó que se propusieran medidas de mejora entre las que estaba la realización de un "seguimiento" del juzgado.
Los errores revelados por el caso Mari Luz han llevado a la comisión permanente del CGPJ a reconocer que el sistema de inspecciones "debe ser mejorado para detectar con más profundidad aún los problemas de gestión que puedan existir en todo tipo de órganos judiciales". A raíz de este caso, la comisión permanente ha decidido crear un grupo de trabajo para revisar la Guía de Criterios en vigor para, entre otras cuestiones, identificar las causas que se siguen por delitos sexuales como el que cometió Santiago del Valle.
La comisión señaló que entre los objetivos de este grupo "deberá figurar el establecimiento de un sistema de selección de causas que, dada la imposibilidad de revisión absoluta de todas, fije una selección adicional de asuntos que por su gravedad, naturaleza, urgencia o materia merezcan un examen prioritario y exhaustivo".
El portavoz del CGPJ, Enrique López, admitió ayer que el sistema debe mejorar. "El padre de Mari Luz ha mostrado una templanza no exigible a una persona que está pasando por una tragedia y yo como portavoz he asumido desde el minuto número uno, e incluso sin conocer a fondo los hechos, que ha habido un fallo clamoroso", concluyó López.
La investigación del máximo órgano de gobierno de los jueces se inició contra el titular del juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, Rafael Tirado Márquez, que dictó la sentencia que condenó al presunto asesino de la niña y era el encargado de la ejecución de la misma, pero no dictó una orden de busca y captura del sospechoso cuando no se le pudo localizar para notificarle que debía ingresar en prisión para cumplir la condena impuesta.
El CGPJ ha decidido ahora ampliar las pesquisas al magistrado de la Audiencia Provincial de Sevilla Javier González Fernández, quien como ponente de la Sección Séptima confirmó la sentencia dos años y medio después de que el tribunal deliberara sobre el recurso de apelación presentado por Santiago del Valle. La sentencia del juez Rafael Tirado en el caso de Santiago del Valle fue dictada el 15 de noviembre de 2002, pero el recurso de apelación no llegó a la Audiencia Provincial hasta el 22 de abril de 2003. Los magistrados de la Sección Séptima reclamaron al juzgado dos cintas que recogían el testimonio de la menor y unas declaraciones de los padres en televisión, por lo que el recurso no quedó visto para sentencia hasta junio de 2003. El ponente del caso, Javier González, confirmó la condena en una sentencia dictada el 30 de diciembre de 2005, dos años y medio después de que recibiera el caso.
El presidente de la Audiencia de Sevilla, Miguel Carmona, elevó el pasado enero un informe a la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en el que advirtió del "deterioro" que estaban sufriendo dos secciones penales de la Audiencia hispalense, una de ellas la Séptima, que habían alcanzado "por primera vez desde hace muchos años cifras superiores a los 300 asuntos en tramitación, similares a las que se tenían tras la entrada en vigor del nuevo Código Penal", en el año 1996.
La fiscal jefe de Sevilla, en el informe que remitió a la Fiscalía General del Estado, ya apuntó el retraso en la resolución del recurso de apelación presentado contra la condena a Santiago del Valle.
La comisión permanente del CGPJ acordó ayer, sin prejuzgar la responsabilidad de ambos jueces, instar la reunión urgente del órgano disciplinario, que se ha convocado en previsión de que el próximo viernes se disponga ya de una propuesta del servicio de inspección sobre la posibilidad de incoar un expediente disciplinario a estos dos magistrados.
El órgano de Gobierno de los jueces hizo pública ayer una nota en la que reconoce la existencia de fallos en el sistema de inspección de los órganos judiciales. El CGPJ explicó que las visitas a los juzgados y tribunales se realizan de acuerdo con la "Guía de Criterios del Servicio de Inspección", que establece en estas inspecciones debe realizarse un muestreo aleatorio de causas de entre un cinco y un diez por ciento del total que se tramita en cada órgano, lo que permite elaborar un informe sobre el estado general del juzgado inspeccionado y realizar recomendaciones para su mejora.
En la tramitación de la ejecutoria 31/2006, sobre la condena a Santiago del Valle por los abusos sexuales a su propia, el CGPJ señala que esta causa no fue examinada en la inspección llevada a cabo en el juzgado de lo Penal número 1 en noviembre de 2007, al no quedar dentro de la muestra aleatoria. La visita sí que puso de manifiesto, según el Poder Judicial "deficiencias de funcionamiento" en el negociado de ejecutorias, lo que determinó que se propusieran medidas de mejora entre las que estaba la realización de un "seguimiento" del juzgado.
Los errores revelados por el caso Mari Luz han llevado a la comisión permanente del CGPJ a reconocer que el sistema de inspecciones "debe ser mejorado para detectar con más profundidad aún los problemas de gestión que puedan existir en todo tipo de órganos judiciales". A raíz de este caso, la comisión permanente ha decidido crear un grupo de trabajo para revisar la Guía de Criterios en vigor para, entre otras cuestiones, identificar las causas que se siguen por delitos sexuales como el que cometió Santiago del Valle.
La comisión señaló que entre los objetivos de este grupo "deberá figurar el establecimiento de un sistema de selección de causas que, dada la imposibilidad de revisión absoluta de todas, fije una selección adicional de asuntos que por su gravedad, naturaleza, urgencia o materia merezcan un examen prioritario y exhaustivo".
El portavoz del CGPJ, Enrique López, admitió ayer que el sistema debe mejorar. "El padre de Mari Luz ha mostrado una templanza no exigible a una persona que está pasando por una tragedia y yo como portavoz he asumido desde el minuto número uno, e incluso sin conocer a fondo los hechos, que ha habido un fallo clamoroso", concluyó López.
01 abril 2008
La Fiscalía dice que no puede controlar las sentencias si no le informa previamente el juzgado pero su estatuto orgánico señala lo contrario
La Fiscalía de Sevilla insistió ayer en que no puede controlar el cumplimiento del proceso de ejecución de las sentencias, como la que condenó al presunto asesino de Mari Luz, hasta que los juzgados le remiten la causa solicitando un pronunciamiento concreto del fiscal, según explicaron ayer fuentes de la Fiscalía Hispalense.
La fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, aseguró en el informe que remitió el pasado viernes a la Fiscalía General del Estado que desde que la Audiencia de Sevilla confirmó la condena de Santiago del Valle, "no consta ninguna entrada de la causa" en la Fiscalía hasta el 7 de marzo de 2008, cuando el juzgado solicitó si era procedente la detención e ingreso en prisión del principal sospechoso del asesinato de Mari Luz.
Las mismas fuentes aseguraron que la Fiscalía no dispone de un sistema informático que permita saber cuántas sentencias y en qué estado se encuentran las resoluciones que deben ejecutar los juzgados de lo Penal de Sevilla. En la Fiscalía se implantó en junio de 2007 una herramienta informática, denominada "Fortuny", implantada por el Ministerio de Justicia en colaboración con la Consejería andaluza del ramo. En este programa, insistieron ayer desde la Fiscalía, no existe ninguna fórmula para saber las sentencias que están pendientes de ejecutar.
La versión ofrecida por la Fiscalía contrasta, no obstante, con las funciones encomendadas al Ministerio Fiscal en su Estatuto Orgánico, donde se recoge que los fiscales pueden intervenir para conocer cómo se encuentran los procedimientos. En el artículo 3.9 del mencionado estatuto se recoge entre las funciones del Ministerio Público la de "velar por el cumplimiento de las resoluciones judiciales que afecten al interés público y social".
Para ejercer esta función, los fiscales, según afirma el artículo 4, podrán "interesar la notificación de cualquier resolución judicial y la información sobre el estado de los procedimientos, pudiendo pedir que se le dé vista de éstos cualquiera que sea su estado, o que se le remita copia de cualquier actuación, para velar por el exacto cumplimiento de las leyes, plazos y términos, promoviendo, en su caso, las correcciones oportunas". Aunque la Constitución recoge que corresponde a los juzgados y tribunales "juzgar y hacer ejecutar lo juzgado", la Fiscalía tendría que haber controlado el estado de la causa.
De hecho, la Fiscalía General del Estado anunció ayer la creación de una comisión que estudiará la implantación de "medidas eficientes de control" de personas imputadas o condenadas por delitos contra la libertad sexual.
La Fiscalía señaló que es su obligación "analizar los errores cometidos y formular propuestas de mejora que incrementen la eficacia de la Justicia", para evitar situaciones como la ocurrida con Mari Luz Cortés. Las medidas que saldrán de esta comisión estarán dirigidas tanto a la organización y tramitación del proceso penal -en cuyo caso se aportarían al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Ministerio de Justicia-, como al funcionamiento del propio Ministerio Público. Además, la comisión, que estará presidida por Pilar Fernández Valcarce, fiscal delegada para la protección de las víctimas de delitos, "podrá realizar, si lo considera oportuno, una propuesta de reforma legislativa al Gobierno".
Mientras la Fiscalía General del Estado anunciaba la creación de esta comisión, que se reunirá mañana por primera vez, la Consejería de Justicia de la Junta insistió ayer en atribuir al juzgado de lo Penal número 1 los errores producidos, dado que el sistema informático Adriano, implantado en todos los órganos judiciales andaluces, sí que permite, a diferencia del programa que utiliza la Fiscalía, un "control permanente" del estado de las causas ejecutorias, informa Europa Press. Con este sistema, tanto los jueces como los secretarios judiciales y los funcionarios pueden acceder a todos los asuntos que se tramitan en el juzgado, así como el seguimiento de las fases y estado en que se encuentran dichas causas.
La consejera de Justicia, María José López, afirmó que la responsabilidad de que el presunto asesino no hubiese cumplido la condena corresponde "exclusivamente" al juez de lo Penal número 1, Rafael Tirado, a quien "nadie pudo avisar" de que Santiago del Valle continuaba en libertad porque, según dijo la consejera, el magistrado "nunca" inició la ejecución de la sentencia. López consideró que estos procedimientos no admiten dilaciones, "por lo que no hay excusa ni resquicio alguno para que la ejecución no se hubiera producido".
La consejera de Justicia señaló que en toda la pasada legislatura el juzgado de lo Penal número 1 no solicitó ningún refuerzo ni la realización de horas extraordinarias, y opinó que el máximo órgano de Gobierno de los jueces debe sancionar con una falta grave o muy grave al juez, porque "quien impulsa la ejecución de una sentencia no es una funcionaria, sino el órgano judicial, y el juez es quien impulsa el procedimiento y tiene que estar alerta y al tanto de que la ejecución de la sentencia se ha llevado a cabo".
El juez Rafael Tirado dijo ayer que no desea entrar en polémicas con la Junta y se remitió a la documentación que obra en su juzgado, que a su juicio demostrará lo sucedido en este asunto.
La Fiscalía de Sevilla detectó un "defectuoso control" en la ejecutoria de la sentencia, pero también puso de manifiesto la demora de dos años y medio de la Audiencia en resolver el recurso de apelación. Los magistrados de la Sección Séptima de la Audiencia eludieron ayer pronunciarse sobre el informe de la Fiscalía.
La fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, aseguró en el informe que remitió el pasado viernes a la Fiscalía General del Estado que desde que la Audiencia de Sevilla confirmó la condena de Santiago del Valle, "no consta ninguna entrada de la causa" en la Fiscalía hasta el 7 de marzo de 2008, cuando el juzgado solicitó si era procedente la detención e ingreso en prisión del principal sospechoso del asesinato de Mari Luz.
Las mismas fuentes aseguraron que la Fiscalía no dispone de un sistema informático que permita saber cuántas sentencias y en qué estado se encuentran las resoluciones que deben ejecutar los juzgados de lo Penal de Sevilla. En la Fiscalía se implantó en junio de 2007 una herramienta informática, denominada "Fortuny", implantada por el Ministerio de Justicia en colaboración con la Consejería andaluza del ramo. En este programa, insistieron ayer desde la Fiscalía, no existe ninguna fórmula para saber las sentencias que están pendientes de ejecutar.
La versión ofrecida por la Fiscalía contrasta, no obstante, con las funciones encomendadas al Ministerio Fiscal en su Estatuto Orgánico, donde se recoge que los fiscales pueden intervenir para conocer cómo se encuentran los procedimientos. En el artículo 3.9 del mencionado estatuto se recoge entre las funciones del Ministerio Público la de "velar por el cumplimiento de las resoluciones judiciales que afecten al interés público y social".
Para ejercer esta función, los fiscales, según afirma el artículo 4, podrán "interesar la notificación de cualquier resolución judicial y la información sobre el estado de los procedimientos, pudiendo pedir que se le dé vista de éstos cualquiera que sea su estado, o que se le remita copia de cualquier actuación, para velar por el exacto cumplimiento de las leyes, plazos y términos, promoviendo, en su caso, las correcciones oportunas". Aunque la Constitución recoge que corresponde a los juzgados y tribunales "juzgar y hacer ejecutar lo juzgado", la Fiscalía tendría que haber controlado el estado de la causa.
De hecho, la Fiscalía General del Estado anunció ayer la creación de una comisión que estudiará la implantación de "medidas eficientes de control" de personas imputadas o condenadas por delitos contra la libertad sexual.
La Fiscalía señaló que es su obligación "analizar los errores cometidos y formular propuestas de mejora que incrementen la eficacia de la Justicia", para evitar situaciones como la ocurrida con Mari Luz Cortés. Las medidas que saldrán de esta comisión estarán dirigidas tanto a la organización y tramitación del proceso penal -en cuyo caso se aportarían al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Ministerio de Justicia-, como al funcionamiento del propio Ministerio Público. Además, la comisión, que estará presidida por Pilar Fernández Valcarce, fiscal delegada para la protección de las víctimas de delitos, "podrá realizar, si lo considera oportuno, una propuesta de reforma legislativa al Gobierno".
Mientras la Fiscalía General del Estado anunciaba la creación de esta comisión, que se reunirá mañana por primera vez, la Consejería de Justicia de la Junta insistió ayer en atribuir al juzgado de lo Penal número 1 los errores producidos, dado que el sistema informático Adriano, implantado en todos los órganos judiciales andaluces, sí que permite, a diferencia del programa que utiliza la Fiscalía, un "control permanente" del estado de las causas ejecutorias, informa Europa Press. Con este sistema, tanto los jueces como los secretarios judiciales y los funcionarios pueden acceder a todos los asuntos que se tramitan en el juzgado, así como el seguimiento de las fases y estado en que se encuentran dichas causas.
La consejera de Justicia, María José López, afirmó que la responsabilidad de que el presunto asesino no hubiese cumplido la condena corresponde "exclusivamente" al juez de lo Penal número 1, Rafael Tirado, a quien "nadie pudo avisar" de que Santiago del Valle continuaba en libertad porque, según dijo la consejera, el magistrado "nunca" inició la ejecución de la sentencia. López consideró que estos procedimientos no admiten dilaciones, "por lo que no hay excusa ni resquicio alguno para que la ejecución no se hubiera producido".
La consejera de Justicia señaló que en toda la pasada legislatura el juzgado de lo Penal número 1 no solicitó ningún refuerzo ni la realización de horas extraordinarias, y opinó que el máximo órgano de Gobierno de los jueces debe sancionar con una falta grave o muy grave al juez, porque "quien impulsa la ejecución de una sentencia no es una funcionaria, sino el órgano judicial, y el juez es quien impulsa el procedimiento y tiene que estar alerta y al tanto de que la ejecución de la sentencia se ha llevado a cabo".
El juez Rafael Tirado dijo ayer que no desea entrar en polémicas con la Junta y se remitió a la documentación que obra en su juzgado, que a su juicio demostrará lo sucedido en este asunto.
La Fiscalía de Sevilla detectó un "defectuoso control" en la ejecutoria de la sentencia, pero también puso de manifiesto la demora de dos años y medio de la Audiencia en resolver el recurso de apelación. Los magistrados de la Sección Séptima de la Audiencia eludieron ayer pronunciarse sobre el informe de la Fiscalía.
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