La denominada delincuencia urbanística, ocasionada principalmente por las construcciones y urbanizaciones irregulares, experimentó en 2007 un descenso del 22,09 por ciento, según ponen de manifiesto las estadísticas de la Fiscalía especial de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico de Sevilla. Hasta el 31 de diciembre pasado, el Ministerio Público tramitó 275 asuntos relacionados con delitos contra la ordenación del territorio, vinculados a las parcelaciones y construcciones ilegales en suelos clasificados como no urbanizables. Esta cifra supone una considerable caída con respecto a los asuntos registrados en los últimos años. Así, en 2005 sólo se tramitaron un centenar de denuncias por construcción de viviendas ilegales, mientras que al año siguiente los casos se triplicaron, hasta alcanzar los 353 expedientes por delitos contra la ordenación del territorio.
El espectacular incremento de las denuncias que coincide con la creación de la sección especial de Urbanismo en la Fiscalía hispalense y la nueva preocupación por una delincuencia que hasta el momento había pasado desapercibida para los fiscales, a pesar de que estas infracciones estaban tipificadas en el Código Penal de 1995. A nivel andaluz, la creación de la red de fiscales de Medio Ambiente permitió unificar los criterios de actuación del Ministerio Público ante este fenómeno e intervenir en un campo en el que hasta entonces no se hacía nada.
El descenso de un 22,09 por ciento en las denuncias por construcciones ilegales no oculta el hecho de que este tipo de delitos concentren los mayores esfuerzos de los fiscales de Medio Ambiente y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado encargados de perseguirlos, dado que estas investigaciones representan el 65,4 por ciento del total de denuncias tramitadas por la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, que en 2007 ascendieron a 420.
El fiscal delegado de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico de Sevilla, Javier Rufino, destacó el incremento de las denuncias por delitos contra la ordenación del territorio que llegaron a la Fiscalía durante el segundo semestre del año y consideró que ese aumento obedece a que todavía siguen aflorando nuevas urbanizaciones ilegales.
La mayor persecución de los delitos urbanísticos ha propiciado, según sostiene Javier Rufino, un cambio en los criterios que utilizan los infractores para tratar de salvar la ilegalidad de las construcciones. El fiscal hace hincapié en que, en los últimos tiempos, desde el Ministerio Público se ha observado cómo cambian los criterios constructivos de este tipo de edificaciones, para hacerlas "más livianas", sobre todo en lo que se refiere a la cimentación o en la utilización de elementos distintos al ladrillo, como pueden ser las construcciones prefabricadas. Esos cambios, añade Rufino, vienen marcados en función de los criterios que viene defendiendo la Fiscalía sobre lo que se considera una construcción ilegal, en primer lugar, o bien por las distintas sentencias que van dictando los jueces y tribunales de Sevilla.
Sea como fuere, la Fiscalía hispalense destaca el mantenimiento en la tendencia de los delitos contra la ordenación del territorio, a pesar de la caída experimentada el pasado año, y el nivel de ocupación del trabajo que realizan el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil o la unidad de Policía adscrita a la Junta de Andalucía, cuerpos que tienen encomendado el auxilio de las fiscalías en materia de Medio Ambiente y Urbanismo.
Además de las 275 actuaciones por delitos contra la ordenación del territorio, la Fiscalía investigó el pasado año otros 135 delitos contra el Medio Ambiente y otros diez contra el Patrimonio Histórico. Con respecto a 2006, el número de denuncias por delitos medioambientales cayó un 37,2 por ciento, dado que en aquel período se tramitaron 215 casos, lo que supone 80 más que el año pasado.
La tercera faceta de la labor de la Fiscalía de Medio Ambiente, los delitos contra el Patrimonio Histórico, en contra de la tendencia anterior, se han incrementado, aunque siguen siendo prácticamente irrelevantes en cuanto al volumen de trabajo de esta Fiscalía. De los cuatro asuntos investigados en 2006 se ha pasado a diez el pasado año, lo que representa un 60 por ciento más que en el período anterior. En este apartado destacan especialmente la operación Dioniso, llevada a cabo por la Guardia Civil que permitió la incautación en tres comercios de Sevilla de medio centenar de obras de alto valor histórico y la detención de tres personas a las que se han imputado delitos de falsificación documental, contrabando, daños al patrimonio y blanqueo de capitales.
La Fiscalía también presentó el pasado año una querella contra un hombre que, mientras realizaba labores de arado de sus tierras, destruyó los restos de un yacimiento romano que estaba catalogado por su valor histórico.
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