Se ha clausurado en el paraninfo de la Universidad de Sevilla el Foro sobre cooperación penal en la lucha contra la corrupción, organizado por la Asociación Internacional de Juristas Inter Iuris y el Colegio de Abogados en colaboración con el Centro de Documentación Europea y la Universidad hispalense. En las dos jornadas de trabajo celebradas en el recinto universitario han intervenido numerosos magistrados, abogados, fiscales, catedráticos y otros juristas, que han analizado las propuestas nacionales, comunitarias e internacionales para combatir la corrupción en todos esos niveles. En el acto de clausura la fiscal Yolanda Ortiz y la letrada Reposo Romero expusieron las conclusiones alcanzadas en el Foro, e intervino también el decano del Colegio de Abogados José Joaquín Gallardo, quien destacó "el importante papel que en todo estado de derecho desempeña la prensa libre y verdaderamente independiente al denunciar las prácticas de todo tipo de corrupción y permitir que sean conocidas por los ciudadanos y perseguidas por el poder judicial".
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25 enero 2008
Clausura del foro sobre cooperación contra la corrupción
Se ha clausurado en el paraninfo de la Universidad de Sevilla el Foro sobre cooperación penal en la lucha contra la corrupción, organizado por la Asociación Internacional de Juristas Inter Iuris y el Colegio de Abogados en colaboración con el Centro de Documentación Europea y la Universidad hispalense. En las dos jornadas de trabajo celebradas en el recinto universitario han intervenido numerosos magistrados, abogados, fiscales, catedráticos y otros juristas, que han analizado las propuestas nacionales, comunitarias e internacionales para combatir la corrupción en todos esos niveles. En el acto de clausura la fiscal Yolanda Ortiz y la letrada Reposo Romero expusieron las conclusiones alcanzadas en el Foro, e intervino también el decano del Colegio de Abogados José Joaquín Gallardo, quien destacó "el importante papel que en todo estado de derecho desempeña la prensa libre y verdaderamente independiente al denunciar las prácticas de todo tipo de corrupción y permitir que sean conocidas por los ciudadanos y perseguidas por el poder judicial".
Condena al Ayuntamiento por no evitar el robo de casi un millón de euros en Joyería Román
El Ayuntamiento de Sevilla ha sido condenado a pagar 495.306 euros, más los intereses legales, por el robo perpetrado hace siete años en la Joyería Román. Una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA considera al Consistorio responsable patrimonial de lo ocurrido por la "negligente" intervención de la Policía Local a la hora de responder ante el suceso.
La resolución del Alto Tribunal andaluz, cuya ponencia correspondió al magistrado Eloy Méndez, construye la argumentación jurídica del fallo sobre la base de que la Policía Local, de acuerdo con la ley de Bases de Régimen Local y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ejerce "un servicio público de seguridad" que el día del robo, el domingo 22 de julio de 2001, funcionó "anormalmente". Los magistrados no dudan en calificar de "negligente" la intervención de los dos agentes que aquella tarde se personaron en las instalaciones de Joyería Román, en la céntrica calle Rioja, alertados por un vecino después de saltara la alarma del establecimiento. Los policías, relata la sentencia, "pese a que se trataba de un establecimiento que puede considerarse de alto riesgo, en el sentido de ser un objetivo codiciado y preferente de robos, se limitan a hacer una observación somera y se marchan del lugar sin más". Los magistrados aclaran que esta apreciación sobre la intervención policial no es ociosa, por cuanto si hubiesen observado el local "con meticulosidad, a lo que venían obligados al tratarse de una alarma de una joyería, a buen seguro que hubieran descubierto la silicona y los palillos en la cerradura, y los cables cortados del teléfono".
La actuación posterior "corrobora" la negligencia porque "a pesar de estar sonando estruendosamente la alarma no se intenta, siquiera, localizar a los dueños para que se pueda parar dicha alarma que está alterando el barrio, sino que se deja sonar cuatro o cinco horas, hasta que enmudece por si misma, posiblemente al agotársele la batería", como han acreditado los testigos.
La sentencia señala que los agentes que se personaron en la joyería tampoco pusieron en conocimiento de la Policía Nacional los hechos, por lo que los jueces concluyen que hay una relación de causa-efecto entre la "conducta negligencia de los policías y los daños" causados al joyero porque "de haber desplegado la diligencia que cabía esperar, a buen seguro que el robo se podría haber evitado". El fallo puntualiza que no puede achacarse que la intervención policial sea la causa del robo o que lo favorezca, "sino que no lo impide, como era razonablemente de esperar si los policías hubieran desplegado la diligencia que les era exigible".
El TSJA ha condenado al Consistorio hispalense, como máximo responsable de la Policía Local, a indemnizar con 150.768,5 euros a la sociedad Armenorillo S. L., que representa a Joyería Román, y con otros 344.437,51 euros a la compañía aseguradora La Estrella, por los pagos realizados a la primera en virtud de la póliza suscrita con la joyería.
Una buena parte del debate de la sentencia se ha centrado sobre si la Policía Local debe garantizar o no la seguridad ciudadana, uno de los argumentos que esgrimía el Consistorio para rechazar el pago de la indemnización. Los jueces explican que aunque es cierto que la Policía Nacional es la que tiene "más genuinamente adjudicados" estos servicios, "conviene aclarar que una cosa es que efectivamente la Policía Nacional tenga adjudicados más específicamente la persecución de los delitos, y otra es que, desplegando un mínimo de diligencia, cualquier miembro de cualquier otra policía no tenga la obligación de poner en su conocimiento cualquier anomalía sospechosa de un delito, como era, sin duda, lo que estaba ocurriendo".
Una vez sentado este principio, los jueces han reducido a la mitad la indemnización solicitada -casi un millón de euros- porque, entre otros aspectos, la actividad de la Policía Local "se dirige más bien a la ordenación del tráfico urbano y al mantenimiento del orden en las concentraciones humanas a nivel municipal, que a la investigación y descubrimientos de los delitos, que es el cometido principal de la Policía Nacional, a cuyos miembros se les supone con mayor experiencia y preparación en dichos cometidos y por ello ha de exigírseles mayor grado de rigor y acierto que a los otros agentes".
La resolución del Alto Tribunal andaluz, cuya ponencia correspondió al magistrado Eloy Méndez, construye la argumentación jurídica del fallo sobre la base de que la Policía Local, de acuerdo con la ley de Bases de Régimen Local y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ejerce "un servicio público de seguridad" que el día del robo, el domingo 22 de julio de 2001, funcionó "anormalmente". Los magistrados no dudan en calificar de "negligente" la intervención de los dos agentes que aquella tarde se personaron en las instalaciones de Joyería Román, en la céntrica calle Rioja, alertados por un vecino después de saltara la alarma del establecimiento. Los policías, relata la sentencia, "pese a que se trataba de un establecimiento que puede considerarse de alto riesgo, en el sentido de ser un objetivo codiciado y preferente de robos, se limitan a hacer una observación somera y se marchan del lugar sin más". Los magistrados aclaran que esta apreciación sobre la intervención policial no es ociosa, por cuanto si hubiesen observado el local "con meticulosidad, a lo que venían obligados al tratarse de una alarma de una joyería, a buen seguro que hubieran descubierto la silicona y los palillos en la cerradura, y los cables cortados del teléfono".
La actuación posterior "corrobora" la negligencia porque "a pesar de estar sonando estruendosamente la alarma no se intenta, siquiera, localizar a los dueños para que se pueda parar dicha alarma que está alterando el barrio, sino que se deja sonar cuatro o cinco horas, hasta que enmudece por si misma, posiblemente al agotársele la batería", como han acreditado los testigos.
La sentencia señala que los agentes que se personaron en la joyería tampoco pusieron en conocimiento de la Policía Nacional los hechos, por lo que los jueces concluyen que hay una relación de causa-efecto entre la "conducta negligencia de los policías y los daños" causados al joyero porque "de haber desplegado la diligencia que cabía esperar, a buen seguro que el robo se podría haber evitado". El fallo puntualiza que no puede achacarse que la intervención policial sea la causa del robo o que lo favorezca, "sino que no lo impide, como era razonablemente de esperar si los policías hubieran desplegado la diligencia que les era exigible".
El TSJA ha condenado al Consistorio hispalense, como máximo responsable de la Policía Local, a indemnizar con 150.768,5 euros a la sociedad Armenorillo S. L., que representa a Joyería Román, y con otros 344.437,51 euros a la compañía aseguradora La Estrella, por los pagos realizados a la primera en virtud de la póliza suscrita con la joyería.
Una buena parte del debate de la sentencia se ha centrado sobre si la Policía Local debe garantizar o no la seguridad ciudadana, uno de los argumentos que esgrimía el Consistorio para rechazar el pago de la indemnización. Los jueces explican que aunque es cierto que la Policía Nacional es la que tiene "más genuinamente adjudicados" estos servicios, "conviene aclarar que una cosa es que efectivamente la Policía Nacional tenga adjudicados más específicamente la persecución de los delitos, y otra es que, desplegando un mínimo de diligencia, cualquier miembro de cualquier otra policía no tenga la obligación de poner en su conocimiento cualquier anomalía sospechosa de un delito, como era, sin duda, lo que estaba ocurriendo".
Una vez sentado este principio, los jueces han reducido a la mitad la indemnización solicitada -casi un millón de euros- porque, entre otros aspectos, la actividad de la Policía Local "se dirige más bien a la ordenación del tráfico urbano y al mantenimiento del orden en las concentraciones humanas a nivel municipal, que a la investigación y descubrimientos de los delitos, que es el cometido principal de la Policía Nacional, a cuyos miembros se les supone con mayor experiencia y preparación en dichos cometidos y por ello ha de exigírseles mayor grado de rigor y acierto que a los otros agentes".
La juez exculpa in extremis del caso Macarena al ex edil José Antonio García, que no será juzgado
Ni siquiera hizo falta aplicar la doctrina del Tribunal Supremo en los casos Botín y Atutxa. La titular del juzgado de Instrucción número 15 de Sevilla, Silvia Soto, decidió ayer archivar la causa contra el ex concejal de Salud y Consumo José Antonio García porque, sencillamente, no hay indicios de que conociera o tuviera participación en las irregularidades detectadas en 2005 en la facturación por obras menores realizadas en el distrito Macarena.
El auto de la juez, que ayer fue firmado pero que no será notificado a las partes hasta el lunes, recoge que el ex edil "se limitaba a firmar los cheques" que le pasaban sus subordinados, explica la resolución, que a renglón seguido aclara que José Antonio García "no tenía conocimiento ni sospechaba" la existencia de pagos indebidos por las obras.
En la misma línea, la magistrada argumenta que a esa ignorancia en relación con las irregularidades se suma el hecho de que todos lo pagos fueron aprobados por la Intervención General del Estado, lo que incide en la ausencia de indicios incriminatorios y conduce al sobreseimiento de la causa contra el ex responsable del distrito Macarena. La juez llega a esta conclusión después de una instrucción que se ha prolongado durante casi tres años -José Antonio García dimitió como concejal el 19 de marzo de 2005- y supone un cambio de criterio que coincide paradójicamente con la decisión de la Fiscalía de no presentar cargos contra el ex concejal.
En las dos ocasiones anteriores a ésta en la que la juez tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre la supuesta participación de José Antonio García en los hechos, en ambas el juzgado decidió mantener su procesamiento en la causa. El 8 de mayo de 2006, la juez procesó a García junto a los otros imputados, en un auto que volvió a confirmar en otra resolución de julio del mismo año. Hasta ese instante, la Fiscalía, cuya representación ejerce el teniente fiscal, Antonio Ocaña, seguía manteniendo la presunta implicación de José Antonio García.
El Ministerio Público cambió de posición en octubre del año pasado, al solicitar la libre absolución del ex concejal -al que sólo acusa el PA- con el mismo argumento aunque con una perspectiva totalmente contradictoria. En una vista celebrada en abril de 2006, la Fiscalía pidió el procesamiento de García y la continuidad de la causa mediante la ley del Jurado, reprochándole únicamente haber "firmado" los talones con los que se abonaron las 28 obras urgentes a la empresa Contratas y Obras de Sevilla.
Esa postura oficial contrasta con la que tanto el fiscal del caso como la juez instructora sostienen en sus últimos planteamientos: el hecho de que el responsable del distrito Macarena firmara los cheques no implica que estuviera al corriente de las irregularidades, una cuestión en la que convergen el sentido común y, ahora, la lógica jurídica.
El abogado José Manuel Sánchez del Águila, que representa a José Antonio García, "lamentó" ayer precisamente que, después de más de dos años se haya llegado a la "conclusión que la defensa ha repetido recurso tras recurso sobre la inocencia" del ex concejal. El letrado planteó en diciembre pasado, durante una vista preliminar que establece la ley del Jurado, la posibilidad de aplicar a este caso la doctrina expuesta por el Tribunal Supremo, que archivó la causa contra el presiente del Santander, Emilio Botín, al entender que la acción popular no puede sustentar una acción penal en solitario, si no está acompañada por la presentación de cargos por parte de la Fiscalía o la acusación particular. La juez no llega a aplicar esta sentencia porque, según recuerda, para que pueda considerarse como doctrina hacen falta al menos dos resoluciones en el mismo sentido, si bien esta tesis ha sido aplicada de nuevo esta misma semana en la condena al ex presidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa. "No aplica técnicamente la doctrina pero sí en la práctica, porque se ciñe a la postura del fiscal y ningunea a la acusación particular", aseveró Sánchez del Águila.
El auto abre juicio oral contra los otros tres imputados: el ex secretario José Marín, el contratista José Pardo y el colaborador Manuel Portela, a los que el fiscal pide penas de hasta cinco años y tres meses de prisión. La causa, salvo posibles recursos, será remitida a la oficina del jurado para que fije la fecha de la vista.
En la misma línea, la magistrada argumenta que a esa ignorancia en relación con las irregularidades se suma el hecho de que todos lo pagos fueron aprobados por la Intervención General del Estado, lo que incide en la ausencia de indicios incriminatorios y conduce al sobreseimiento de la causa contra el ex responsable del distrito Macarena. La juez llega a esta conclusión después de una instrucción que se ha prolongado durante casi tres años -José Antonio García dimitió como concejal el 19 de marzo de 2005- y supone un cambio de criterio que coincide paradójicamente con la decisión de la Fiscalía de no presentar cargos contra el ex concejal.
En las dos ocasiones anteriores a ésta en la que la juez tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre la supuesta participación de José Antonio García en los hechos, en ambas el juzgado decidió mantener su procesamiento en la causa. El 8 de mayo de 2006, la juez procesó a García junto a los otros imputados, en un auto que volvió a confirmar en otra resolución de julio del mismo año. Hasta ese instante, la Fiscalía, cuya representación ejerce el teniente fiscal, Antonio Ocaña, seguía manteniendo la presunta implicación de José Antonio García.
El Ministerio Público cambió de posición en octubre del año pasado, al solicitar la libre absolución del ex concejal -al que sólo acusa el PA- con el mismo argumento aunque con una perspectiva totalmente contradictoria. En una vista celebrada en abril de 2006, la Fiscalía pidió el procesamiento de García y la continuidad de la causa mediante la ley del Jurado, reprochándole únicamente haber "firmado" los talones con los que se abonaron las 28 obras urgentes a la empresa Contratas y Obras de Sevilla.
Esa postura oficial contrasta con la que tanto el fiscal del caso como la juez instructora sostienen en sus últimos planteamientos: el hecho de que el responsable del distrito Macarena firmara los cheques no implica que estuviera al corriente de las irregularidades, una cuestión en la que convergen el sentido común y, ahora, la lógica jurídica.
El abogado José Manuel Sánchez del Águila, que representa a José Antonio García, "lamentó" ayer precisamente que, después de más de dos años se haya llegado a la "conclusión que la defensa ha repetido recurso tras recurso sobre la inocencia" del ex concejal. El letrado planteó en diciembre pasado, durante una vista preliminar que establece la ley del Jurado, la posibilidad de aplicar a este caso la doctrina expuesta por el Tribunal Supremo, que archivó la causa contra el presiente del Santander, Emilio Botín, al entender que la acción popular no puede sustentar una acción penal en solitario, si no está acompañada por la presentación de cargos por parte de la Fiscalía o la acusación particular. La juez no llega a aplicar esta sentencia porque, según recuerda, para que pueda considerarse como doctrina hacen falta al menos dos resoluciones en el mismo sentido, si bien esta tesis ha sido aplicada de nuevo esta misma semana en la condena al ex presidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa. "No aplica técnicamente la doctrina pero sí en la práctica, porque se ciñe a la postura del fiscal y ningunea a la acusación particular", aseveró Sánchez del Águila.
El auto abre juicio oral contra los otros tres imputados: el ex secretario José Marín, el contratista José Pardo y el colaborador Manuel Portela, a los que el fiscal pide penas de hasta cinco años y tres meses de prisión. La causa, salvo posibles recursos, será remitida a la oficina del jurado para que fije la fecha de la vista.
23 enero 2008
I Congreso Ibérico del Poder Judicial
La asociación Foro judicial Independiente ha comunicado que con fecha 25 de enero de 2008 se celebrará en Lisboa el I Congreso Iberico del Poder Judical, al que asistirán los representantes de la asociación judicial portuguesa y de las cuatro asociaciones judiciales españolas: Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Francisco de Vitoria (AFV), Jueces para la Democracia (JpD) y Foro Judicial Independiente.
El objeto del Congreso es analizar y buscar soluciones frente a la creciente tendencia de las fuerzas políticas que ejercen los otros dos poderes del Estado de restringir por medios directos y, sobre todo, indirectos la independencia del poder judicial, así como diseñar instrumentos eficaces que permitan su protección, basados en los pronunciamientos de órganos internacionales, tales como el Consejo de Europa.
Esta es una cuestión que preocupa hondamente a los jueces españoles y portugueses y de ahí la unión de fuerzas para garantizar el correcto funcionamiento del Estado Democrático de Derecho.
El congreso, cuyo programa se adjunta, será clausurado por los Presidentes de los Tribunales Supremos español y portugués, Excmos. sres. D. Francisco José Hernando Santiago y Don Luís António Noronha do Nascimento.
El objeto del Congreso es analizar y buscar soluciones frente a la creciente tendencia de las fuerzas políticas que ejercen los otros dos poderes del Estado de restringir por medios directos y, sobre todo, indirectos la independencia del poder judicial, así como diseñar instrumentos eficaces que permitan su protección, basados en los pronunciamientos de órganos internacionales, tales como el Consejo de Europa.
Esta es una cuestión que preocupa hondamente a los jueces españoles y portugueses y de ahí la unión de fuerzas para garantizar el correcto funcionamiento del Estado Democrático de Derecho.
El congreso, cuyo programa se adjunta, será clausurado por los Presidentes de los Tribunales Supremos español y portugués, Excmos. sres. D. Francisco José Hernando Santiago y Don Luís António Noronha do Nascimento.
Un total de 180 personas están en prisión en España por delitos de tráfico.
El fiscal delegado de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, aseguró hoy, en una entrevista concedida a Servimedia, que actualmente hay 180 personas que cumplen prisión en las cárceles españolas por delitos de seguridad vial, lo que demuestra que la "respuesta penal" es ahora más fuerte en la lucha contra lo que él denomina "violencia vial". "En este momento, en las prisiones españolas hay en torno a 180 personas ingresadas por delitos de tráfico", dijo Bartolomé Vargas.
Entre esos 180 encarcelados, hay presos condenados por sentencia firme, la mayoría, y otros que se encuentran en prisión preventiva, como es el caso de los detenidos por su presunta participación en la carrera ilegal que acabó con la vida de un matrimonio en Vigo. Vargas señaló que desde hace dos años se ha incrementado el número de conductores que han sido encarcelados por delitos de seguridad vial. Asimismo, añadió que prevé que habrá aún más ingresos en prisión como consecuencia de la entrada en vigor de la reforma del Código Penal para delitos de tráfico.
Para Bartolomé Vargas, este dato demuestra que, para este tipo de delitos, "se ha elevado la respuesta penal", que hasta ahora, "era desproporcionadamente baja".
"No se trata de que ingrese todo el mundo en prisión, porque el derecho penal depende de cada caso concreto, de su gravedad. Se trata de dar una respuesta proporcionada, disuasoria, eficaz, rigurosa y útil para la seguridad vial". En este sentido, defendió el fortalecimiento de las medidas de reinserción y resocialización del conductor, como los trabajos en beneficio de la comunidad, que ahora se aplican "con mayor extensión" que antes de la reforma del Código Penal, los cursos de sensibilización y de técnicas de conducción para corregir determinados "vicios" al frente del volante. También se mostró a favor de que las medidas de seguridad como los limitadores de velocidad deberían estar incorporados en los vehículos "de fábrica". "Sería deseable, y yo soy partidario, que hubiera limitadores obligatorios de velocidad", dijo Bartolomé Vargas. "Como también me parece que debería haber limitación en fábrica de la velocidad".
En este sentido, aplaudió que partidos como Izquierda Unida propongan que los limitadores de velocidad sean obligatorios en los vehículos y vayan ya incorporados "de fábrica". "Me parece muy acertado", señaló. A su juicio, implantar esta medida sería "coherente" con la directriz europea sobre la lucha contra los excesos de velocidad. No obstante, recordó que "son medidas que se han de tomar en el ámbito de la comunidad europea".
Servimedia es la agencia de prensa de información social de referencia y da empleo a más de 100 profesionales, de los que el 40% tiene alguna discapacidad. En los últimos años se ha especializado en el desarrollo de nuevos productos y servicios entre los que destacan, además de la línea nacional de noticias, las áreas de comunicación y de publicaciones, tanto impresas como digitales.
Entre esos 180 encarcelados, hay presos condenados por sentencia firme, la mayoría, y otros que se encuentran en prisión preventiva, como es el caso de los detenidos por su presunta participación en la carrera ilegal que acabó con la vida de un matrimonio en Vigo. Vargas señaló que desde hace dos años se ha incrementado el número de conductores que han sido encarcelados por delitos de seguridad vial. Asimismo, añadió que prevé que habrá aún más ingresos en prisión como consecuencia de la entrada en vigor de la reforma del Código Penal para delitos de tráfico.
Para Bartolomé Vargas, este dato demuestra que, para este tipo de delitos, "se ha elevado la respuesta penal", que hasta ahora, "era desproporcionadamente baja".
"No se trata de que ingrese todo el mundo en prisión, porque el derecho penal depende de cada caso concreto, de su gravedad. Se trata de dar una respuesta proporcionada, disuasoria, eficaz, rigurosa y útil para la seguridad vial". En este sentido, defendió el fortalecimiento de las medidas de reinserción y resocialización del conductor, como los trabajos en beneficio de la comunidad, que ahora se aplican "con mayor extensión" que antes de la reforma del Código Penal, los cursos de sensibilización y de técnicas de conducción para corregir determinados "vicios" al frente del volante. También se mostró a favor de que las medidas de seguridad como los limitadores de velocidad deberían estar incorporados en los vehículos "de fábrica". "Sería deseable, y yo soy partidario, que hubiera limitadores obligatorios de velocidad", dijo Bartolomé Vargas. "Como también me parece que debería haber limitación en fábrica de la velocidad".
En este sentido, aplaudió que partidos como Izquierda Unida propongan que los limitadores de velocidad sean obligatorios en los vehículos y vayan ya incorporados "de fábrica". "Me parece muy acertado", señaló. A su juicio, implantar esta medida sería "coherente" con la directriz europea sobre la lucha contra los excesos de velocidad. No obstante, recordó que "son medidas que se han de tomar en el ámbito de la comunidad europea".
Servimedia es la agencia de prensa de información social de referencia y da empleo a más de 100 profesionales, de los que el 40% tiene alguna discapacidad. En los últimos años se ha especializado en el desarrollo de nuevos productos y servicios entre los que destacan, además de la línea nacional de noticias, las áreas de comunicación y de publicaciones, tanto impresas como digitales.
22 enero 2008
Las sentencias de los casos Atutxa y Botín permitirían la exculpación del ex edil imputado por las facturas falsas del distrito Macarena
Las sentencias de los casos Atutxa y Botín permitirían la exculpación del ex edil del caso Macarena José Antonio García, imputado por el escándalo de las facturas falsas. La defensa del ex concejal ya alegó la sentencia de Botín durante la Audiencia Preliminar celebrada en diciembre pasado, aunque el juzgado aún no ha dictado el auto de apertura de juicio oral (se espera para esta misma semana), en el que debe decidir sobre si el ex edil debe sentarse en el banquillo a pesar de que la Fiscalía y la acusación particular que ejerce el Ayuntamiento de Sevilla no le atribuyen la presunta autoría de ningún delito; sólo el PA, que ejerce la acusación particular le acusa.
En el caso del ex presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, que ha sido condenado ahora por el Tribunal Supremo por no disolver el grupo de Batasuna, la Sala ha mantenido el criterio fijado en la sentencia del caso Botín, al estimar que una acusación popular no puede lograr la apertura de juicio oral si el fiscal y la acusación particular no ven delito y piden el sobreseimiento. La resolución argumenta que en los casos en los que no está personada la acusación particular o cuando no hay posibilidad de que se persone porque el delito afecta a un bien jurídico colectivo y no privado, la acción popular tiene legitimación para lograr la apertura de juicio oral aunque el fiscal pida el sobreseimiento (como ocurre en el caso Atutxa).
Con estos antecedentes, es probable que el juzgado de Instrucción número 15 acabe dando la razón al letrado de la defensa José Manuel Sánchez del Águila y evite que el ex concejal José Antonio García tenga que sentarse en el banquillo de los acusados.
En el caso del ex presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, que ha sido condenado ahora por el Tribunal Supremo por no disolver el grupo de Batasuna, la Sala ha mantenido el criterio fijado en la sentencia del caso Botín, al estimar que una acusación popular no puede lograr la apertura de juicio oral si el fiscal y la acusación particular no ven delito y piden el sobreseimiento. La resolución argumenta que en los casos en los que no está personada la acusación particular o cuando no hay posibilidad de que se persone porque el delito afecta a un bien jurídico colectivo y no privado, la acción popular tiene legitimación para lograr la apertura de juicio oral aunque el fiscal pida el sobreseimiento (como ocurre en el caso Atutxa).
Con estos antecedentes, es probable que el juzgado de Instrucción número 15 acabe dando la razón al letrado de la defensa José Manuel Sánchez del Águila y evite que el ex concejal José Antonio García tenga que sentarse en el banquillo de los acusados.
21 enero 2008
Nace la Fiscalía Superior de Andalucía
La Fiscalía Superior de Andalucía, como pasa a denominarse la Fiscalía del TSJA, se ha constituido hoy en lo que supone un "hito" en la historia del Ministerio Público que busca fortalecer su "imparcialidad" y promover una mayor eficiencia y cercanía de la justicia para adaptarse a la nueva realidad social. La constitución de la Fiscalía Superior de Andalucía, cuya nueva denominación cumple lo dispuesto en el Estatuto andaluz de Autonomía, establece una nueva configuración territorial en la que el fiscal superior, el hasta ahora fiscal jefe del TSJA, Jesús García Calderón, deberá configurarse como intermediario con la Fiscalía General del Estado en el ámbito de la comunidad autónoma.Y ello, según ha manifestado García Calderón durante su intervención, para promover una "eficaz defensa de la legalidad" y una "aplicación uniforme de la ley penal que demuestre cada día más proximidad con la ciudadanía". La "imparcialidad", ha agregado, es la "mayor riqueza" de los fiscales junto a su cometido de procurar el cumplimiento de la ley, la independencia de los tribunales y otorgar "la esperanza de ver disminuida la distancia que aún media en demasiadas ocasiones entre los derechos fundamentales de los ciudadanos y la realidad". En un acto presidido por el presidente de la Junta, Manuel Chaves, el fiscal superior de Andalucía ha considerado que la nueva figura resultante de la reforma del Estatuto andaluz de Autonomía es "indispensable para afrontar el futuro y atender las nuevas necesidades de un Estado que ha sabido hacer del respeto a la diferencia una de sus principales señas de identidad".
La nueva Fiscalía, que debe ser a su juicio reflejo de un territorio "en continuo cambio y cargado de futuro", se acompaña de la creación de cuatro Fiscalías de Área en Algeciras, Jerez, Ceuta y Melilla, en virtud del Real Decreto de 28 de diciembre que también establece la creación de once nuevas plazas en Andalucía: cinco de fiscal para la Fiscalía de la comunidad, de las que tres corresponden a la propia Fiscalía andaluza, con sede en Granada, una a la Sección Territorial de Málaga y otra a la de Sevilla. Para García Calderón, la reforma del estatuto orgánico fiscal que ha hecho posible este nuevo despliegue territorial es "un hito" en la "pequeña historia" del Ministerio Público sentida como necesaria en la Fiscalía de Andalucía "desde el inicio mismo de su creación".
La nueva Fiscalía, que debe ser a su juicio reflejo de un territorio "en continuo cambio y cargado de futuro", se acompaña de la creación de cuatro Fiscalías de Área en Algeciras, Jerez, Ceuta y Melilla, en virtud del Real Decreto de 28 de diciembre que también establece la creación de once nuevas plazas en Andalucía: cinco de fiscal para la Fiscalía de la comunidad, de las que tres corresponden a la propia Fiscalía andaluza, con sede en Granada, una a la Sección Territorial de Málaga y otra a la de Sevilla. Para García Calderón, la reforma del estatuto orgánico fiscal que ha hecho posible este nuevo despliegue territorial es "un hito" en la "pequeña historia" del Ministerio Público sentida como necesaria en la Fiscalía de Andalucía "desde el inicio mismo de su creación".
Consulta de un lector de Justicia sevillana
A continuación os adjuntamos un correo electrónico que nos ha remitido un trabajador que solicita ayuda a algún letrado con experiencia en cuestiones laborales. El mensaje es el siguiente:
"Soy un trabajador que he motado un grupo en google para informar y debatir sobre los acontecimientos últimos que afectan a la empresa Grupo Hermanos Martin
http://www.google.com/group/amigomartinmas?hl=es&lnk=gcimv
El Juzgado de lo Social número 10 de Sevilla ha declarado nulos los 9 Convenios Colectivos firmados, declarando la sentecia ejecutiva desde que se dicta y debiendo aplicar la empresa el convenio colectivo provincial.
¿Puede saltarse a la torera esa sentencia, es decir no aplicarla?
¿Hay alguna forma de "obligar" al cumplimiento de dicha sentencia?
¿Puede la empresa no aplicar la sentencia sin consecuencias?
Esperemos vuestras respuestas, que podeis introducir mediante los comentarios o en el correo de Justicia sevillana, justiciasevillana@gmail.com
"Soy un trabajador que he motado un grupo en google para informar y debatir sobre los acontecimientos últimos que afectan a la empresa Grupo Hermanos Martin
http://www.google.com/group/amigomartinmas?hl=es&lnk=gcimv
El Juzgado de lo Social número 10 de Sevilla ha declarado nulos los 9 Convenios Colectivos firmados, declarando la sentecia ejecutiva desde que se dicta y debiendo aplicar la empresa el convenio colectivo provincial.
¿Puede saltarse a la torera esa sentencia, es decir no aplicarla?
¿Hay alguna forma de "obligar" al cumplimiento de dicha sentencia?
¿Puede la empresa no aplicar la sentencia sin consecuencias?
Esperemos vuestras respuestas, que podeis introducir mediante los comentarios o en el correo de Justicia sevillana, justiciasevillana@gmail.com
La Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui considera un "secuestro" el caso de la niña de Villaverde del Río
El presidente de la delegación sevillana de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, Fernando Peraita, tildó de "secuestro" el caso de la niña de Villaverde del Río que un matrimonio se niega a entregar a su madre biológica. La organización ha intentado "interceder" con la familia, pero la pareja "está cerrada en que no se vaya la niña", que cuenta siete años de edad. Peraita asegura que se trata de un caso "raro" que, no obstante, ya tenía precedentes en Andalucía, aunque se trata de situaciones que "siempre" se resuelven a favor de la familia biológica de los menores afectados. El responsable de la asociación cree "lógico" que la madre, Ghedjemoula Mohamed Bibat, haya denunciado a este matrimonio, advirtiendo de que estas situaciones se dan sólo "una de cada mil veces".
19 enero 2008
Una madre saharaui denuncia que un matrimonio de acogida no quiere devolverle su hija
Una mujer saharaui ha presentado una denuncia en el juzgado contra un matrimonio de Villaverde del Río, al que acusa de un delito de sustracción de menores por no devolverle a su hija, que lleva casi dos años conviviendo con la pareja después de superar una enfermedad cardíaca.
La madre, Ghedjemoula Mohamed Bibat, dio a luz a la pequeña en los campos de refugiados de saharauis de Argelia en 2000 y a los dos años se le diagnosticó una cardiopatía que requería una intervención en España. La menor, que actualmente tiene siete años, fue operada en Sevilla en marzo de 2003 y varios meses después regresó con su madre a los campos de refugiados. Los médicos la citaron para una revisión a los dos años y desde esa fecha, en junio de 2005, la menor ha permanecido en España, viviendo con su madre y un abuelo materno.
La mujer regresó a Sevilla en marzo de 2006, con la intención de arreglar su situación legal y laboral y fue entonces cuando la menor pasó a convivir provisionalmente con el matrimonio de Villaverde del Río, una decisión que la madre adoptó para evitar a la pequeña "los avatares burocráticos a los que tristemente se ve sometido un saharaui en España para reconocerle unos derechos que posee de nacimiento por razones jurídico-históricas", según explica la denuncia presentada por el abogado Juan Ignacio Fernández de la Mata, que representa a Ghedjemoula Mohamed.
A partir de ese momento y tras firmar el acuerdo de acogida con la delegación saharaui para Andalucía, la madre se trasladó a Menorca a trabajar en un hotel. A su regreso, en octubre de 2006, el matrimonio de acogida la "convenció" para que no se llevase a la hija porque estaba en el colegio.
La pareja de acogida reiteró estas mismas razones para retrasar la entrega de la niña en abril de 2007 y, según la denunciante, el matrimonio se comprometió a llevar a la menor con su familia a Zaragoza, donde tenía pensado establecerse. El desenlace posterior, con la supuesta negativa a devolver a la pequeña, se produciría en octubre de 2007, cuando la mujer regresó a la provincia de Sevilla para recoger a su hija.
Desde ese momento, sostiene la denuncia presentada en los juzgados de Lora del Río, la familia acogedora "niega contra todo derecho y razón" la entrega de la menor, permitiéndole sólo "visitas vigiladas" y haciendo "partícipes" incluso a los vecinos, entre los que se había hecho correr el rumor de que la madre quería "llevarse a su hija al desierto" cuando con los acogedores está "mejor", puesto que la familia de la madre es "pobre y viven en campamentos del desierto".
El letrado Juan Ignacio Fernández de la Mata sostiene que desde esa fecha "ya sin tapujo alguno, los denunciados niegan la entrega de la menor a su madre, y aprovechan su ignorancia del funcionamiento judicial y del país para, prevaliéndose de su mejor posición social, impedir la natural convivencia de la niña con la madre". Antes de presentar la denuncia judicial, se llevaron a cabo diversos contactos desde la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui y de la delegación saharaui en Andalucía con el matrimonio para tratar de llegar a un acuerdo sobre la devolución que ha resultado infructuoso.
Frente a la denuncia de la madre, la familia de acogida niega, a través de su abogado, Miguel Ángel Martínez, que se hayan negado a entregar a la niña de forma caprichosa. El letrado explicó que el pasado 31 de octubre el matrimonio de Villaverde presentó en el juzgado de Lora del Río una solicitud de "medidas provisionalísimas", en las que pedían al juez que acordara que la menor se quede en la localidad "momentáneamente" y no se traslade al desierto del Sahara por "motivos de salud". Miguel Ángel Martínez insistió en que "no ha habido un mal proceder por parte de la familia, porque lo primero que les dijo es que no se podía decir que no se entregaba por las buenas". El matrimonio, añadió el abogado, "quiere actuar de conformidad a lo que digan los tribunales y no pretende quedarse con la niña; sólo está mirando por el bien de la menor", por lo que insistió en que la pareja no tendrá ningún problema en acatar la resolución que adopte la autoridad judicial.
El abogado indicó que no se ha apartado a la niña de su madre, puesto que ésta ha podido verla "siempre" que ha querido.
De otro lado, el portavoz de la delegación saharaui, Baha Mustafa, confirmó ayer a este periódico los numerosos intentos para arreglar la situación pero "la familia se ha negado a ser comprensiva". La delegación saharaui ha mostrado su apoyo a Ghedjemoula Mohamed Bibat, y recuerda que según el acuerdo de acogida el matrimonio debe devolver a la niña cuando se lo requieren los padres biológicos. "Las familias de acogida deben saber que si se quedan es por problemas de salud o por un acuerdo con los acogedores", explicó Baha Mustafa, que precisa que tanto en la provincia de Sevilla como en el resto de la comunidad sólo se han producido dos o tres casos en los que ha habido una negativa a devolver a los menores cuando han sido reclamados por sus padres.
Ghedjemoula Mohamed dijo ayer, a través de una intérprete, que se encuentra muy mal anímicamente por la falta de su hija, a la que no ve desde hace un mes aunque se comunica con ella telefónicamente de forma periódica. Según la madre, "casi todas las noches" acude a los servicios de urgencia porque no puede dormir y por la ansiedad que tiene.
18 enero 2008
El colegio de abogados hará un informe sobre la ordenanza municipal antivandálica
La concejal de convivencia y seguridad ciudadana Nieves Hernández presentó ayer al decano del Colegio de Abogados, José Joaquín Gallardo, el último borrador de la futura ordenanza de civismo y antivandalismo, que el Ayuntamiento de Sevilla está elaborando, y le invitó a que el Colegio participe activamente en la elaboración de esa norma municipal. Tras el encuentro mantenido en la sede de la corporación profesional, el Colegio emitirá informe sobre ese proyecto y formulará sugerencias u observaciones que puedan mejorar la futura ordenanza, a fin de que la misma sea respetuosa con los derechos de los ciudadanos y al propio tiempo resulte efectiva en su aplicación.
Caso Juande: Dos testigos identifican en una rueda de reconocimiento al presunto agresor
Dos testigos reconocieron ayer plenamente al ex portero del Castilleja Ángel Chaves Ruiz como el presunto autor del botellazo a Juande Ramos en el derbi celebrado el 28 de febrero de 2007 en el estadio Manuel Ruiz de Lopera.Los dos testigos, que tienen la consideración de protegidos porque así lo solicitaron a la Policía, comparecieron ayer en los juzgados de Sevilla para la práctica de la última prueba solicitada por la Fiscalía y que consistía en la celebración de una rueda de reconocimiento en la que participaron el propio imputado, Ángel Chaves, y varias personas con similares características físicas, como establece la ley. En el transcurso de esta prueba, los dos aficionados identificaron sin ninguna duda al imputado como el autor de la agresión, con lo que la instrucción de la causa está ya finalizada y ahora se abre la fase para que la Fiscalía solicite la apertura de juicio oral contra el joven y presente su escrito de acusación.Los dos testigos ya habían corroborado en una declaración anterior la presunta autoría del imputado, del que dijeron que le oyeron decir con sorpresa "¡Le he dado!" y a continuación le vieron echarse las manos a la cabeza en señal de preocupación.El ex portero del Castilleja ha negado en sus declaraciones en la Policía y el juzgado ser responsable del botellazo. La Fiscalía le atribuye un delito de desórdenes públicos y una falta de lesiones, ya que las heridas que sufrió el ex técnico sevillista no son tan graves como para que se consideren como delito. La agresión a Juande Ramos obligó a suspender el partido de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey y a celebrar los 35 minutos restantes en Getafe.
17 enero 2008
En libertad el modisto acusado de tráfico de cocaína en trajes de novia
La Audiencia de Sevilla ordenó ayer la puesta en libertad, bajo fianza de 20.000 euros, del modisto de Los Palacios acusado de narcotráfico, después de que recibiera un envío postal con un kilo y medio de cocaína impregnado en trajes de novia y de madrina.
El auto dictado ayer por la Sección Tercer a de la Audiencia Provincial tiene en cuenta, a la hora de permitir la excarcelación del modista J. L. F. F., de 41 años, que el imputado carece de antecedentes penales, tiene "arraigo familiar" y además no va a dificultar la investigación de un caso en el que se han practicado ya la mayoría de las diligencias en las que podía intervenir directamente.
El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Utrera, que investiga la causa, ratificó en dos ocasiones el ingreso en prisión preventiva y sin fianza del modisto, con los argumentos de que podía sustraerse a la acción de la Justicia y podía perjudicar la investigación.
La Audiencia, en cambio, ha revocado esta resolución al entender que el procesado no intentará huir por "el elevado coste que le significaría" esta acción, además de que supondría una "ruptura de los vínculos familiares y de un próspero negocio". El auto recuerda que la prisión preventiva es una medida excepcional y concluye que procede su puesta en libertad bajo fianza de 20.000 euros y con la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes ante la autoridad judicial. El modisto salió ayer de prisión tras depositar el dinero de la fianza.
El paquete con la droga fue localizado por la Policía británica el pasado 7 de noviembre en el aeropuerto de Gatwich. El envío procedía de Barcelona (Venezuela) y la Policía realizó un seguimiento del mismo hasta que fue entregado al acusado por un guardia civil que se hizo pasar por empleado de la empresa de mensajería.
El paquete iba dirigido a nombre del modisto y la dirección era la de su taller, lo que constituye una de las sospechas que los jueces encuentran en torno a este caso, al estar oculta la droga en trajes de novia y de madrina, lo que coincide con el objeto del negocio. El tribunal descarta que la dirección fuese escogida al azar, dado que cerca del taller se encuentra el cuartel de la Guardia Civil.
El auto dictado ayer por la Sección Tercer a de la Audiencia Provincial tiene en cuenta, a la hora de permitir la excarcelación del modista J. L. F. F., de 41 años, que el imputado carece de antecedentes penales, tiene "arraigo familiar" y además no va a dificultar la investigación de un caso en el que se han practicado ya la mayoría de las diligencias en las que podía intervenir directamente.
El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Utrera, que investiga la causa, ratificó en dos ocasiones el ingreso en prisión preventiva y sin fianza del modisto, con los argumentos de que podía sustraerse a la acción de la Justicia y podía perjudicar la investigación.
La Audiencia, en cambio, ha revocado esta resolución al entender que el procesado no intentará huir por "el elevado coste que le significaría" esta acción, además de que supondría una "ruptura de los vínculos familiares y de un próspero negocio". El auto recuerda que la prisión preventiva es una medida excepcional y concluye que procede su puesta en libertad bajo fianza de 20.000 euros y con la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes ante la autoridad judicial. El modisto salió ayer de prisión tras depositar el dinero de la fianza.
El paquete con la droga fue localizado por la Policía británica el pasado 7 de noviembre en el aeropuerto de Gatwich. El envío procedía de Barcelona (Venezuela) y la Policía realizó un seguimiento del mismo hasta que fue entregado al acusado por un guardia civil que se hizo pasar por empleado de la empresa de mensajería.
El paquete iba dirigido a nombre del modisto y la dirección era la de su taller, lo que constituye una de las sospechas que los jueces encuentran en torno a este caso, al estar oculta la droga en trajes de novia y de madrina, lo que coincide con el objeto del negocio. El tribunal descarta que la dirección fuese escogida al azar, dado que cerca del taller se encuentra el cuartel de la Guardia Civil.
Las descargas de internet y su calificación penal, algunas curiosidades que circulan por la red
¿Qué es más grave?
1. PREGUNTA
a) Luis se descarga una canción de Internet.
b) Luis decide que prefiere el disco original y va a El Corte Inglés a hurtarlo. Una vez allí, y para no dar dos viajes, opta por llevarse toda una discografía. La suma de lo hurtado no supera los 400 euros.
RESPUESTA: La descarga de la canción sería un delito con pena de 6 meses a dos años. El hurto de la discografía en El Corte Inglés ni siquiera sería un delito, sino una simple falta (art. 623.1 del Código Penal).
2. PREGUNTA:
a) Luis se descarga una canción de Internet.
b) Luis va a hurtar a El Corte Inglés y, como se la va la mano, se lleva cincuenta compactos, por valor global de 1.000 euros.
RESPUESTA: Seguiría siendo más grave la descarga de Internet. El hurto sería un delito, porque supera los 400 euros, pero sería de menor pena que la descarga (art. 234 del Código Penal).
3. PREGUNTA:
a) Sergio, en el pleno uso de sus facultades mentales, se descarga una canción de Malena Gracia.
b) Sergio, en un descuido de Malena Gracia, se lleva su coche y lo devuelve 40 horas después. RESPUESTA: Sería mas grave la descarga. El hurto de uso de vehículo tiene menos pena, a tenor del articulo 244.1 del Código Penal.
4. PREGUNTA:
a) Ocho personas se intercambian copias de su música favorita.
b) Ocho personas participan en una riña tumultuosa utilizando medios o instrumentos que pueden poner en peligro sus vidas o su integridad física.
RESPUESTA: Es menos grave participar en una pelea que participar en el intercambio de compactos. Participar en una riña tumultuosa tiene una pena de tres meses a un año (art. 154 del Código Penal)y el intercambio tendría una pena de 6 meses a 2 años (art. 270 del Código Penal). Si algún día te ves obligado a elegir entre participar en un intercambio de copias de CDs o participar en una pelea masiva, escoge siempre la segunda opción, que es obviamente menos reprobable.
5. PREGUNTA:
a) Juan copia la última película de su director favorito de un DVD que le presta su secretaria Susana.
b) Juan, aprovechando su superioridad jerárquica en el trabajo, acosa sexualmente a su secretaria Susana.
RESPUESTA: El acoso sexual tendría menos pena según el articulo 184.2 del Código Penal.
6. PREGUNTA:
a) Pedro y Susana van a un colegio y distribuyen entre los alumnos de preescolar copias de películas educativas de dibujos animados protegidas por copyright y sin autorización de los autores.
b) Pedro y Susana van a un colegio y distribuyen entre los alumnos de preescolar películas pornográficas protagonizadas y creadas por la pareja.
RESPUESTA: La acción menos grave es la de distribuir material pornográfico a menores según el articulo 186 del Código Penal. La distribución de copias de material con copyright sería un delito al existir un lucro consistente en el ahorro conseguido por eludir el pago de los originales cuyas copias han sido objeto de distribución.
7. PREGUNTA:
a) Ramón, que es un bromista, le copia a su amigo el último disco de Andy y Lucas, diciéndole que es el 'Kill'em All' de Metallica.
b) Ramón, que es un bromista, deja una jeringuilla infectada de SIDA en un parque público. RESPUESTA: La segunda broma sería menos grave, a tenor del articulo 630 del Código Penal8. PREGUNTA:
a) Juan fotocopia una página de un libro.
b) Juan le da un par de puñetazos a su amigo por recomendarle ir a ver la película 'Los Ángeles de Charlie'.
RESPUESTA: La acción más grave desde un punto de vista penal sería la 'a', puesto que la reproducción, incluso parcial, seria un delito con pena de 6 meses a dos años de prisión y multa de 12 a 24 meses. Los puñetazos, si no precisaron una asistencia médica o quirúrgica, serían tan solo una falta en virtud de lo dispuesto en el artículo 617 en relación con el 147 del Código Penal.
Paradójica conclusión: Cuesta menos pegar, acosar o robar que usar el emule para bajar música o películas.....
1. PREGUNTA
a) Luis se descarga una canción de Internet.
b) Luis decide que prefiere el disco original y va a El Corte Inglés a hurtarlo. Una vez allí, y para no dar dos viajes, opta por llevarse toda una discografía. La suma de lo hurtado no supera los 400 euros.
RESPUESTA: La descarga de la canción sería un delito con pena de 6 meses a dos años. El hurto de la discografía en El Corte Inglés ni siquiera sería un delito, sino una simple falta (art. 623.1 del Código Penal).
2. PREGUNTA:
a) Luis se descarga una canción de Internet.
b) Luis va a hurtar a El Corte Inglés y, como se la va la mano, se lleva cincuenta compactos, por valor global de 1.000 euros.
RESPUESTA: Seguiría siendo más grave la descarga de Internet. El hurto sería un delito, porque supera los 400 euros, pero sería de menor pena que la descarga (art. 234 del Código Penal).
3. PREGUNTA:
a) Sergio, en el pleno uso de sus facultades mentales, se descarga una canción de Malena Gracia.
b) Sergio, en un descuido de Malena Gracia, se lleva su coche y lo devuelve 40 horas después. RESPUESTA: Sería mas grave la descarga. El hurto de uso de vehículo tiene menos pena, a tenor del articulo 244.1 del Código Penal.
4. PREGUNTA:
a) Ocho personas se intercambian copias de su música favorita.
b) Ocho personas participan en una riña tumultuosa utilizando medios o instrumentos que pueden poner en peligro sus vidas o su integridad física.
RESPUESTA: Es menos grave participar en una pelea que participar en el intercambio de compactos. Participar en una riña tumultuosa tiene una pena de tres meses a un año (art. 154 del Código Penal)y el intercambio tendría una pena de 6 meses a 2 años (art. 270 del Código Penal). Si algún día te ves obligado a elegir entre participar en un intercambio de copias de CDs o participar en una pelea masiva, escoge siempre la segunda opción, que es obviamente menos reprobable.
5. PREGUNTA:
a) Juan copia la última película de su director favorito de un DVD que le presta su secretaria Susana.
b) Juan, aprovechando su superioridad jerárquica en el trabajo, acosa sexualmente a su secretaria Susana.
RESPUESTA: El acoso sexual tendría menos pena según el articulo 184.2 del Código Penal.
6. PREGUNTA:
a) Pedro y Susana van a un colegio y distribuyen entre los alumnos de preescolar copias de películas educativas de dibujos animados protegidas por copyright y sin autorización de los autores.
b) Pedro y Susana van a un colegio y distribuyen entre los alumnos de preescolar películas pornográficas protagonizadas y creadas por la pareja.
RESPUESTA: La acción menos grave es la de distribuir material pornográfico a menores según el articulo 186 del Código Penal. La distribución de copias de material con copyright sería un delito al existir un lucro consistente en el ahorro conseguido por eludir el pago de los originales cuyas copias han sido objeto de distribución.
7. PREGUNTA:
a) Ramón, que es un bromista, le copia a su amigo el último disco de Andy y Lucas, diciéndole que es el 'Kill'em All' de Metallica.
b) Ramón, que es un bromista, deja una jeringuilla infectada de SIDA en un parque público. RESPUESTA: La segunda broma sería menos grave, a tenor del articulo 630 del Código Penal8. PREGUNTA:
a) Juan fotocopia una página de un libro.
b) Juan le da un par de puñetazos a su amigo por recomendarle ir a ver la película 'Los Ángeles de Charlie'.
RESPUESTA: La acción más grave desde un punto de vista penal sería la 'a', puesto que la reproducción, incluso parcial, seria un delito con pena de 6 meses a dos años de prisión y multa de 12 a 24 meses. Los puñetazos, si no precisaron una asistencia médica o quirúrgica, serían tan solo una falta en virtud de lo dispuesto en el artículo 617 en relación con el 147 del Código Penal.
Paradójica conclusión: Cuesta menos pegar, acosar o robar que usar el emule para bajar música o películas.....
La Justicia anula el cese del arquitecto del IMD que fue destituido por el escándalo del robo de la cubierta de la copa Davis
El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Sevilla ha condenado al Ayuntamiento hispalense a readmitir al funcionario José Luis Pardillos como jefe del del Servicio de Obras y Proyectos del Instituto Municipal de Deportes (IMD), cargo del que fue destituido tras el escándalo del robo de la cubierta empleada en la final de la copa Davis en 2004. El Ayuntamiento ha anunciado que recurrirá la sentencia, según el concejal de Deportes, Francisco Manuel Silva Ardanuy, que dijo que "respeta" pero "no comparte" el fallo. La sentencia suspende el acuerdo de la Junta de Gobierno por el que se formalizó el cese del arquitecto como jefe del del Servicio de Obras y Proyectos del Instituto Municipal de Deportes, otorgándole provisionalmente el cargo de jefe de Negociado General de Obras Técnicas del servicio de Parques y Jardines.
16 enero 2008
Caso Farruquito: El bailaor cumple sus primeros 365 días en prisión
Los que han seguido de cerca los primeros 365 días de reclusión del bailaor Juan Manuel Fernández Montoya, Farruquito, dicen que el artista se ha adaptado como un interno más a su nueva vida en Sevilla-II. En este centro penitenciario, donde Farruquito cumple hoy su primer año de privación de libertad, el joven dedica una gran parte del día a realizar sus ejercicios de baile y a su preparación física, aunque también recibe clases de informática a nivel de usuario, según han confirmado fuentes próximas a Instituciones Penitenciarias.
Farruquito ingresó voluntariamente en prisión la tarde del 16 de enero de 2007 para cumplir la condena de tres años que la Audiencia de Sevilla le impuso por los delitos de homicidio por imprudencia y omisión del deber de socorro, después de que se marchara del lugar del atropello sin socorrer a Benjamín Olalla, la noche del 30 de septiembre de 2003.
El artista está clasificado en segundo grado del régimen penitenciario, el mismo que disfrutan la mayoría de los 1.800 internos que hay en Sevilla-II, y según las fuentes consultadas está adaptado a la vida en la cárcel, donde observa buena conducta y no ha recibido ninguna nota desfavorable. De hecho, Juan Manuel Fernández Montoya, de 26 años, ha podido disfrutar ya de dos permisos de salida -a finales de octubre y a principios de enero, en total nueve días-, que se han desarrollado con absoluta normalidad. En los primeros seis meses de este año, el artista podrá disfrutar de otros 18 días de permiso. La ley orgánica penitenciaria marca que cada interno clasificado en segundo grado puede disfrutar de 36 días de permiso al año, siempre que reúna dos requisitos: haber cumplido una cuarta parte de la condena y no observar mala conducta.
La ausencia de incidentes en estos permisos es precisamente uno de los elementos que pueden acercar al artista a nuevos beneficios penitenciarios. Con un tercio de la condena ya cumplida, Farruquito puede lograr en los próximos meses que la dirección general de Instituciones Penitenciarias le conceda el tercer grado, lo que posibilitaría que saliera a diario de la cárcel para realizar sus labores profesionales y regresar cada noche sólo a pernoctar.
La revisión de las clasificaciones de la población reclusa se realiza de oficio por Instituciones Penitenciarias dos veces al año, por lo que, si se tiene en cuenta que el artista fue catalogado en segundo grado en mayo de 2007, podría obtener el tercer grado este mismo verano. En esa decisión influirán la respuesta que el artista siga ofreciendo ante los nuevos permisos de salida y la propuesta que realice la junta de tratamiento de la prisión, que está integrada por educadores, trabajadores sociales, psicólogos y juristas. A su favor también tendría el hecho de que en verano habría cumplido la mitad de la condena de tres años.
Una vez que Farruquito logre el tercer grado, el siguiente paso sería la libertad condicional, que podría obtener cuando cumpliera las dos terceras partes de la pena, es decir, a principios de 2009. A partir de ese momento, el bailaor habrá saldado por completo su deuda con la sociedad y podrá volver a hacer su vida normal.
Farruquito ingresó voluntariamente en prisión la tarde del 16 de enero de 2007 para cumplir la condena de tres años que la Audiencia de Sevilla le impuso por los delitos de homicidio por imprudencia y omisión del deber de socorro, después de que se marchara del lugar del atropello sin socorrer a Benjamín Olalla, la noche del 30 de septiembre de 2003.
El artista está clasificado en segundo grado del régimen penitenciario, el mismo que disfrutan la mayoría de los 1.800 internos que hay en Sevilla-II, y según las fuentes consultadas está adaptado a la vida en la cárcel, donde observa buena conducta y no ha recibido ninguna nota desfavorable. De hecho, Juan Manuel Fernández Montoya, de 26 años, ha podido disfrutar ya de dos permisos de salida -a finales de octubre y a principios de enero, en total nueve días-, que se han desarrollado con absoluta normalidad. En los primeros seis meses de este año, el artista podrá disfrutar de otros 18 días de permiso. La ley orgánica penitenciaria marca que cada interno clasificado en segundo grado puede disfrutar de 36 días de permiso al año, siempre que reúna dos requisitos: haber cumplido una cuarta parte de la condena y no observar mala conducta.
La ausencia de incidentes en estos permisos es precisamente uno de los elementos que pueden acercar al artista a nuevos beneficios penitenciarios. Con un tercio de la condena ya cumplida, Farruquito puede lograr en los próximos meses que la dirección general de Instituciones Penitenciarias le conceda el tercer grado, lo que posibilitaría que saliera a diario de la cárcel para realizar sus labores profesionales y regresar cada noche sólo a pernoctar.
La revisión de las clasificaciones de la población reclusa se realiza de oficio por Instituciones Penitenciarias dos veces al año, por lo que, si se tiene en cuenta que el artista fue catalogado en segundo grado en mayo de 2007, podría obtener el tercer grado este mismo verano. En esa decisión influirán la respuesta que el artista siga ofreciendo ante los nuevos permisos de salida y la propuesta que realice la junta de tratamiento de la prisión, que está integrada por educadores, trabajadores sociales, psicólogos y juristas. A su favor también tendría el hecho de que en verano habría cumplido la mitad de la condena de tres años.
Una vez que Farruquito logre el tercer grado, el siguiente paso sería la libertad condicional, que podría obtener cuando cumpliera las dos terceras partes de la pena, es decir, a principios de 2009. A partir de ese momento, el bailaor habrá saldado por completo su deuda con la sociedad y podrá volver a hacer su vida normal.
14 enero 2008
Caen un 22% los delitos urbanísticos en 2007
La denominada delincuencia urbanística, ocasionada principalmente por las construcciones y urbanizaciones irregulares, experimentó en 2007 un descenso del 22,09 por ciento, según ponen de manifiesto las estadísticas de la Fiscalía especial de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico de Sevilla. Hasta el 31 de diciembre pasado, el Ministerio Público tramitó 275 asuntos relacionados con delitos contra la ordenación del territorio, vinculados a las parcelaciones y construcciones ilegales en suelos clasificados como no urbanizables. Esta cifra supone una considerable caída con respecto a los asuntos registrados en los últimos años. Así, en 2005 sólo se tramitaron un centenar de denuncias por construcción de viviendas ilegales, mientras que al año siguiente los casos se triplicaron, hasta alcanzar los 353 expedientes por delitos contra la ordenación del territorio.
El espectacular incremento de las denuncias que coincide con la creación de la sección especial de Urbanismo en la Fiscalía hispalense y la nueva preocupación por una delincuencia que hasta el momento había pasado desapercibida para los fiscales, a pesar de que estas infracciones estaban tipificadas en el Código Penal de 1995. A nivel andaluz, la creación de la red de fiscales de Medio Ambiente permitió unificar los criterios de actuación del Ministerio Público ante este fenómeno e intervenir en un campo en el que hasta entonces no se hacía nada.
El descenso de un 22,09 por ciento en las denuncias por construcciones ilegales no oculta el hecho de que este tipo de delitos concentren los mayores esfuerzos de los fiscales de Medio Ambiente y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado encargados de perseguirlos, dado que estas investigaciones representan el 65,4 por ciento del total de denuncias tramitadas por la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, que en 2007 ascendieron a 420.
El fiscal delegado de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico de Sevilla, Javier Rufino, destacó el incremento de las denuncias por delitos contra la ordenación del territorio que llegaron a la Fiscalía durante el segundo semestre del año y consideró que ese aumento obedece a que todavía siguen aflorando nuevas urbanizaciones ilegales.
La mayor persecución de los delitos urbanísticos ha propiciado, según sostiene Javier Rufino, un cambio en los criterios que utilizan los infractores para tratar de salvar la ilegalidad de las construcciones. El fiscal hace hincapié en que, en los últimos tiempos, desde el Ministerio Público se ha observado cómo cambian los criterios constructivos de este tipo de edificaciones, para hacerlas "más livianas", sobre todo en lo que se refiere a la cimentación o en la utilización de elementos distintos al ladrillo, como pueden ser las construcciones prefabricadas. Esos cambios, añade Rufino, vienen marcados en función de los criterios que viene defendiendo la Fiscalía sobre lo que se considera una construcción ilegal, en primer lugar, o bien por las distintas sentencias que van dictando los jueces y tribunales de Sevilla.
Sea como fuere, la Fiscalía hispalense destaca el mantenimiento en la tendencia de los delitos contra la ordenación del territorio, a pesar de la caída experimentada el pasado año, y el nivel de ocupación del trabajo que realizan el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil o la unidad de Policía adscrita a la Junta de Andalucía, cuerpos que tienen encomendado el auxilio de las fiscalías en materia de Medio Ambiente y Urbanismo.
Además de las 275 actuaciones por delitos contra la ordenación del territorio, la Fiscalía investigó el pasado año otros 135 delitos contra el Medio Ambiente y otros diez contra el Patrimonio Histórico. Con respecto a 2006, el número de denuncias por delitos medioambientales cayó un 37,2 por ciento, dado que en aquel período se tramitaron 215 casos, lo que supone 80 más que el año pasado.
La tercera faceta de la labor de la Fiscalía de Medio Ambiente, los delitos contra el Patrimonio Histórico, en contra de la tendencia anterior, se han incrementado, aunque siguen siendo prácticamente irrelevantes en cuanto al volumen de trabajo de esta Fiscalía. De los cuatro asuntos investigados en 2006 se ha pasado a diez el pasado año, lo que representa un 60 por ciento más que en el período anterior. En este apartado destacan especialmente la operación Dioniso, llevada a cabo por la Guardia Civil que permitió la incautación en tres comercios de Sevilla de medio centenar de obras de alto valor histórico y la detención de tres personas a las que se han imputado delitos de falsificación documental, contrabando, daños al patrimonio y blanqueo de capitales.
La Fiscalía también presentó el pasado año una querella contra un hombre que, mientras realizaba labores de arado de sus tierras, destruyó los restos de un yacimiento romano que estaba catalogado por su valor histórico.
El espectacular incremento de las denuncias que coincide con la creación de la sección especial de Urbanismo en la Fiscalía hispalense y la nueva preocupación por una delincuencia que hasta el momento había pasado desapercibida para los fiscales, a pesar de que estas infracciones estaban tipificadas en el Código Penal de 1995. A nivel andaluz, la creación de la red de fiscales de Medio Ambiente permitió unificar los criterios de actuación del Ministerio Público ante este fenómeno e intervenir en un campo en el que hasta entonces no se hacía nada.
El descenso de un 22,09 por ciento en las denuncias por construcciones ilegales no oculta el hecho de que este tipo de delitos concentren los mayores esfuerzos de los fiscales de Medio Ambiente y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado encargados de perseguirlos, dado que estas investigaciones representan el 65,4 por ciento del total de denuncias tramitadas por la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, que en 2007 ascendieron a 420.
El fiscal delegado de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico de Sevilla, Javier Rufino, destacó el incremento de las denuncias por delitos contra la ordenación del territorio que llegaron a la Fiscalía durante el segundo semestre del año y consideró que ese aumento obedece a que todavía siguen aflorando nuevas urbanizaciones ilegales.
La mayor persecución de los delitos urbanísticos ha propiciado, según sostiene Javier Rufino, un cambio en los criterios que utilizan los infractores para tratar de salvar la ilegalidad de las construcciones. El fiscal hace hincapié en que, en los últimos tiempos, desde el Ministerio Público se ha observado cómo cambian los criterios constructivos de este tipo de edificaciones, para hacerlas "más livianas", sobre todo en lo que se refiere a la cimentación o en la utilización de elementos distintos al ladrillo, como pueden ser las construcciones prefabricadas. Esos cambios, añade Rufino, vienen marcados en función de los criterios que viene defendiendo la Fiscalía sobre lo que se considera una construcción ilegal, en primer lugar, o bien por las distintas sentencias que van dictando los jueces y tribunales de Sevilla.
Sea como fuere, la Fiscalía hispalense destaca el mantenimiento en la tendencia de los delitos contra la ordenación del territorio, a pesar de la caída experimentada el pasado año, y el nivel de ocupación del trabajo que realizan el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil o la unidad de Policía adscrita a la Junta de Andalucía, cuerpos que tienen encomendado el auxilio de las fiscalías en materia de Medio Ambiente y Urbanismo.
Además de las 275 actuaciones por delitos contra la ordenación del territorio, la Fiscalía investigó el pasado año otros 135 delitos contra el Medio Ambiente y otros diez contra el Patrimonio Histórico. Con respecto a 2006, el número de denuncias por delitos medioambientales cayó un 37,2 por ciento, dado que en aquel período se tramitaron 215 casos, lo que supone 80 más que el año pasado.
La tercera faceta de la labor de la Fiscalía de Medio Ambiente, los delitos contra el Patrimonio Histórico, en contra de la tendencia anterior, se han incrementado, aunque siguen siendo prácticamente irrelevantes en cuanto al volumen de trabajo de esta Fiscalía. De los cuatro asuntos investigados en 2006 se ha pasado a diez el pasado año, lo que representa un 60 por ciento más que en el período anterior. En este apartado destacan especialmente la operación Dioniso, llevada a cabo por la Guardia Civil que permitió la incautación en tres comercios de Sevilla de medio centenar de obras de alto valor histórico y la detención de tres personas a las que se han imputado delitos de falsificación documental, contrabando, daños al patrimonio y blanqueo de capitales.
La Fiscalía también presentó el pasado año una querella contra un hombre que, mientras realizaba labores de arado de sus tierras, destruyó los restos de un yacimiento romano que estaba catalogado por su valor histórico.
11 enero 2008
Los okupas de Casas Viejas dicen que el vídeo que grabaron en el túnel demostrará los malos tratos de la Policía
Los okupas de Casas Viejas han respondido en un comunicado a la denuncia presentada en la Fiscalía por el delegado del Gobierno, Juan José López Garzón. La nota dice lo siguiente:1º - Recordamos que antes de la investigación que hoy se anuncia por injurias sería recomendable que el Delegado del Gobierno, aclare una supuesta investigación anterior; la que vincula a Casas Viejas con ETA. El pasado 13 de Diciembre casi un centenar de organizaciones sociales, políticas y sindicales solicitaron una reunión formal (sellando la solicitud en registro con fecha 13 de Diciembre de 2007) de la que hasta ahora no ha habido respuesta.
En dicha reunión queríamos exigir al Delegado que informe a la opinión pública de si existe realmente esa investigación y cual es el resultado hasta el momento. Por ejemplo, cual es el contenido de los documentos en vasco, que hay en los ordenadores o que relación hay entre el túnel usado para la resistencia y los zulos que utiliza ETA para esconder armas o secuestrar personas.
Hasta ahora el Delegado "tira la piedra y esconde la mano". Seguimos esperando la reunión y que este asuma su responsabilidad, de lo contrario, emprenderemos acciones legales que pueden acabar con la evidencia de la falsedad de estas acusaciones, lo que debería acarrear la inmediata dimisión del Delegado en caso de demostrarse que ha utilizado el terrorismo para criminalizar a un movimiento social pacífico.
2º - El Delegado del Gobierno presentó la denuncia por injurias el mismo día (viernes 21 de Diciembre de 2007) en que Casas viejas denunció 3 detenciones ilegales durante el desalojo y un posible delito de lesiones en la manifestación del día 29 por parte de funcionarios policiales.
Cabe señalar que durante la semana del desalojo la Policía ya anunció una demanda por injurias que iba a presentar el lunes, luego próximamente y que al final estaban estudiando.
Pues bien, esta denuncia no se presentó en la fecha anunciada sino que se presenta ahora como respuesta a las denuncias presentadas por Casas Viejas. De hecho, dos de las tres personas denunciadas por injurias son las mismas que han denunciado la detención ilegal.
3º - Casas Viejas mantiene todas las afirmaciones que hemos difundido y desde el colectivo confiamos firmemente en la versión de los compañeros sobre la actuación policial.
Tenemos recursos suficientes para defendernos de estas denuncias. Como dijimos en su momento, utilizaremos el vídeo y la documentación que tenemos para nuestra defensa legal y lo haremos público una vez que haya servido judicialmente para evitar que su difusión antes del juicio le reste valor a la hora de aportarlo como prueba.
4º - Consideramos que la actitud del Delegado del Gobierno no es propia de un cargo público de esa naturaleza. Creemos que el Delegado es consciente de la gravedad de su actuación al vincularnos con ETA sin ninguna prueba y que ahora utiliza los recursos públicos y el poder político que ostenta en virtud de su cargo para defenderse personalmente. Creemos que el Delegado esperaba que nos íbamos a callar o a esconder y que su actuación iba a salirle gratis, pero afrontamos la responsabilidad de que este tipo de ataques desde un cargo público no deben quedar impunes.
5º - Desde Casas Viejas manifestamos nuestra absoluta tranquilidad ante la batalla judicial que se avecina, estamos orgullosos de nuestra lucha no violenta, no nos arrepentimos de nada y tenemos la conciencia tranquila. No tenemos nada que ocultar y no nos escondemos.
Estamos dando en cada momento los pasos que anunciamos y seguiremos trabajando con la esperanza de que nuestra lucha sirva también para evitar que otros colectivos sufran las difamaciones y ataques que se han vertido sobre nosotros por parte de cargos públicos como el Delegado del Gobierno".
10 enero 2008
La falta de medios en la sede provisional de los juzgados de Lora del Río
El PP denuncia que la sede provisional de los Juzgados de Lora del Río inaugurada ayer por la Consejera aún no tiene teléfono ni internet, no recoge ningún escrito o denuncia y los garajes de los vecinos están llenos de excrementos y aguas fecales. "Debido a la premura por INAUGURAR, ya que el Viernes 12 es el último día legal para éste tipo de actos antes de las Elecciones, ahora son los usuarios, vecinos y trabajadores de los Juzgados los que padecen la fiebre inauguradora”, denuncia el PP en un comunicado, que añade lo siguiente:
"Las prisas son malas consejeras y no iba a ser menos en este caso. La fiebre por inaugurar nos está pasando factura a todos los vecinos del Partido Judicial de Lora del Río. En circunstancias normales estás dependencias provisionales les hubiera faltado más de 15 días para su normal funcionamiento pero las prisas y las Elecciones parece que están por delante del servicio a los ciudadanos. Todo empezó cuando la dejadez en el mantenimiento de los antiguos Juzgados era patente desde hace muchos años y estos no aguantaron más, apareciendo grietas en su estructura. Esto provocó que las dependencias judiciales hayan estado disgregadas por todo el pueblo, teniendo incluso que ubicar la sala de vistas en un Polígono Industrial. Ahora se ha inaugurado una sede provisional hasta en tanto no se construya el edificio definitivo, prometido desde hace muchos años por la Junta de Andalucía. Igualmente y como prueba de las prisas en las obras, denunciamos los graves perjuicios que se les está provocando a los vecinos de los garajes ya que todos los excrementos y aguas fecales de esta nueva sede judicial, caen directamente en los coches de propietarios de las cocheras, hecho denunciado desde hace varias semanas y sin solución todavía". Para Pilar Pasadas, Portavoz del Grupo PP, “éste es un nuevo ejemplo de chapuza y despilfarro y de utilización del dinero público para que el PSOE se haga campaña con él y salgamos todos perjudicados. Ésta inauguración de juzgado provisional no es más que el exponente del fracaso de la Junta en Lora del Río”. Otro hecho grave, según los denunciantes, se produjo la noche del 8 al 9 de Enero, cuando las nuevas dependencias judiciales se quedaron abiertas sin custodia alguna durante toda la noche y parte de la madrugada, estando a la mano de cualquiera expedientes, ordenadores, etc. Estos hechos fueron presenciados por todos los concejales de la oposición (PP, PA, LIS e IU) siendo los mismos los que tuvieron que alertar a la Policía Local y Guardia Civil.
"Las prisas son malas consejeras y no iba a ser menos en este caso. La fiebre por inaugurar nos está pasando factura a todos los vecinos del Partido Judicial de Lora del Río. En circunstancias normales estás dependencias provisionales les hubiera faltado más de 15 días para su normal funcionamiento pero las prisas y las Elecciones parece que están por delante del servicio a los ciudadanos. Todo empezó cuando la dejadez en el mantenimiento de los antiguos Juzgados era patente desde hace muchos años y estos no aguantaron más, apareciendo grietas en su estructura. Esto provocó que las dependencias judiciales hayan estado disgregadas por todo el pueblo, teniendo incluso que ubicar la sala de vistas en un Polígono Industrial. Ahora se ha inaugurado una sede provisional hasta en tanto no se construya el edificio definitivo, prometido desde hace muchos años por la Junta de Andalucía. Igualmente y como prueba de las prisas en las obras, denunciamos los graves perjuicios que se les está provocando a los vecinos de los garajes ya que todos los excrementos y aguas fecales de esta nueva sede judicial, caen directamente en los coches de propietarios de las cocheras, hecho denunciado desde hace varias semanas y sin solución todavía". Para Pilar Pasadas, Portavoz del Grupo PP, “éste es un nuevo ejemplo de chapuza y despilfarro y de utilización del dinero público para que el PSOE se haga campaña con él y salgamos todos perjudicados. Ésta inauguración de juzgado provisional no es más que el exponente del fracaso de la Junta en Lora del Río”. Otro hecho grave, según los denunciantes, se produjo la noche del 8 al 9 de Enero, cuando las nuevas dependencias judiciales se quedaron abiertas sin custodia alguna durante toda la noche y parte de la madrugada, estando a la mano de cualquiera expedientes, ordenadores, etc. Estos hechos fueron presenciados por todos los concejales de la oposición (PP, PA, LIS e IU) siendo los mismos los que tuvieron que alertar a la Policía Local y Guardia Civil.
La Fiscalía investiga si los okupas de Casas Viejas injuriaron y calumniaron a la Policía tras acusarles de torturas
La Fiscalía de Sevilla ha abierto una investigación para tratar de determinar si los okupas desalojados en diciembre pasado del edificio de Casas Viejas incurrieron en delitos de injurias y calumnias cuando acusaron a la Policía Nacional y a los Bomberos de malos tratos y "torturas".
La denuncia, que suscribe personalmente el delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, fue enviada el pasado 21 de diciembre a la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, que ha abierto unas diligencias de investigación. El escrito remitido por el delegado del Gobierno aporta documentos gráficos y audiovisuales de las manifestaciones que realizaron en rueda de prensa al término del encierro tres de los activistas, a los que identifica plenamente. López Garzón solicita a la Fiscalía que investigue los hechos denunciados ante los graves perjuicios al "prestigio de la institución de la Policía Nacional y el honor de los funcionarios que intervinieron en el lanzamiento con riesgo de sus propias vidas, paradójicamente, para salvaguardar las de los desalojados".
La denuncia, que suscribe personalmente el delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, fue enviada el pasado 21 de diciembre a la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, que ha abierto unas diligencias de investigación. El escrito remitido por el delegado del Gobierno aporta documentos gráficos y audiovisuales de las manifestaciones que realizaron en rueda de prensa al término del encierro tres de los activistas, a los que identifica plenamente. López Garzón solicita a la Fiscalía que investigue los hechos denunciados ante los graves perjuicios al "prestigio de la institución de la Policía Nacional y el honor de los funcionarios que intervinieron en el lanzamiento con riesgo de sus propias vidas, paradójicamente, para salvaguardar las de los desalojados".
09 enero 2008
Caso Tablada: Ninguno de los tres jóvenes imputados por el atropello mortal de un niño acabará en prisión
La Fiscalía de Sevilla y la acusación particular, rebajaron hoy a dos años de prisión la condena solicitada para los tres jóvenes implicados en el atropello en diciembre de 2004 de un niño de 9 años mientras presenciaba unas carreras ilegales en la antigua pista de Tablada. Antes del juicio, los jóvenes se enfrentaban a penas de entre 30 meses y los cuatro años de cárcel, pero las acusaciones decidieron modificar sus conclusiones y rebajar la petición de condena, siempre que los imputados indemnicen a los padres del menor fallecido. En concreto, los familiares del niño recibirán 142.847,55 euros, de los cuales cada acusado pagará 10.000 euros y el resto (más de 112.000 euros) corresponderá a las compañías aseguradoras de los vehículos implicados. El juez Rafael Díaz advirtió a los jóvenes, a la hora de dictar la sentencia in voce que "no pueden ni soñar" con la suspensión de la condena en el caso de que no abonen estas indemnizaciones, que permitirán que no vayan a la cárcel al haber sido condenados a dos años de prisión y carecer de antecedentes. El letrado Carlos Galán, que defiende a uno de los jóvenes implicados, dijo hoy que es "justo" que no ingresen en prisión, puesto que este caso no tiene "nada que ver" con el del bailaor Farruquito, por cuanto su cliente está muy arrepentido de lo sucedido, intentó ponerse en contacto con la familia de la víctima para expresarle su pesar y además no tiene "ni una multa" de tráfico.
El Rey recibe al consejo de Administración de Cuatrecasas en su 90 aniversario
Su Majestad el Rey ha recibido hoy a los miembros del Consejo de Administración de Cuatreca-sas con ocasión del 90 aniversario de la fundación de la Firma. La audiencia, que ha tenido lugar en el Palacio de la Zarzuela, conmemora los noventa años que acaba de cumplir Cuatreca-sas.
Durante la audiencia, Emilio Cuatrecasas, presidente de la Firma, ha repasado la trayectoria del despacho de abogados a lo largo de sus nueve décadas de existencia y la aportación de sus profesionales a la vida económica y jurídica española. Junto a ello, el presidente de Cuatrecasas ha agradecido a Su Majestad la labor de la Corona en favor del país, haciendo hincapié en el largo período de estabilidad política y prosperidad económica liderado por el monarca.
02 enero 2008
Preparando el congreso internacional de abogados de 2009
El Comité de Dirección de la Unión Internationale des Avocats (UIA) se ha reunido en la sede del Colegio de Abogados de Sevilla, con la asistencia del presidente de la UIA Hector Díaz Bastién y una treintena de abogados, que coordinan en diversos países de todo el mundo el funcionamiento de esa importante organización internacional de abogados.
En esa reunión, el órgano directivo de la UIA abordó los preparativos del Congreso que en 2.009 la UIA celebrará en Sevilla, al que está previsto que asistan más de 2.000 congresistas de todo el mundo.
En la imagen, el actual presidente de la UIA Hector Díaz Bastién con el decano del Colegio de Abogados José Joaquín Gallardo y otros abogados integrantes de ese organismo.
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