El bailaor Juan Manuel Fernández Montoya, Farruquito, se siente maltratado por la prensa por ser famoso y por pertenecer a la etnia gitana. Su abogado, Benito Saldaña, se expresa en estos términos en un escrito remitido el pasado 25 de septiembre al juzgado de lo Penal número 8 de Sevilla, a cuya titular ha solicitado que rebaje de 72.000 a 18.000 euros las multas impuestas porque desde que fue condenado en primera instancia el artista "ha venido a peor fortuna".El escrito de la defensa comienza afirmando que desde el "escándalo mediático" producido como consecuencia de la detención del artista y la "actitud negativa de muchos medios de comunicación hacia Juan Manuel Fernández no sólo por su proyección pública sino también por su etnia", al bailaor le fueron "cancelados todos los contratos apalabrados y, desde entonces, no ha podido trabajar en ningún lugar de España". El abogado considera que es "público y notorio que algunas actuaciones que tenía firmadas terminaron con todo tipo de improperios e insultos hacia su persona", lo que ha "cortado la fuente de ingresos de la que subsistían tanto él como toda su familia", hasta el punto de que Farruquito "ha venido nutriéndose económicamente de la impartición de clases particulares de baile que han permitido únicamente la manutención propia y familiar pero no ha impedido que se le acumularan las deudas".El escrito de la defensa califica de "desproporcionada" la multa impuesta y añade que el pago de las indemnizaciones a la viuda y los padres de Benjamín Olalla ha supuesto para la economía del bailaor "un endeudamiento que actualmente persiste" y que ha motivado que no haya podido hacer frente a los pagos con Hacienda en relación con su trabajo profesional. El artista argumenta que la situación se tornará "mucho más gravosa" por su ingreso en prisión y aporta como pruebas una declaración de la renta del ejercicio fiscal de 2005 en la que asegura que sus ingresos ascendieron a 12.811 euros y varios certificados bancarios de las cargas hipotecarias que pesan sobre los dos inmuebles de su propiedad embargados.
La acusación particular que ejerce el letrado José Manuel Rosendo Sánchez, en representación de María Ángeles Madero, viuda del peatón atropellado, se ha opuesto a que la juez rebaje las multas porque, entre otros motivos, las fincas propiedad del artista están tasadas "en más de 600.00 euros". La acusación advierte que cuando se celebró la vista por los recursos de apelación contra la primera sentencia el artista no hizo "ninguna alusión a este empobrecimiento" y "en todo caso se están abonando las cuotas hipotecarias de elevados importes, un dato que maliciosamente se obvia en la documentación aportada".
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