Pavón pide al Parlamento que inicie una investigación sobre el urbanismo en Camas y en el Aljarafe

El alcalde de Camas, Agustín Pavón, y los ediles Antonio Enrique Fraile y José del Castillo, todos imputados por el presunto cohecho que se investiga en la localidad, acudieron hoy al Parlamento andaluz para pedir una investigación sobre el urbanismo tanto en Camas como en el resto de poblaciones del Aljarafe sevillano. El alcalde y los ediles estuvieron acompañados por un centenar de vecinos, que portaban pancartas de apoyo al regidor y a los concejales en el proceso abierto por el intento de soborno a la ex concejal María del Carmen Lobo.

Caso Camas: La Fiscalía pide el procesamiento del alcalde por presunto cohecho

La Fiscalía de Sevilla ha solicitado hoy el procesamiento del alcalde de Camas, Agustín Pavón, del edil José del Castillo y del intermediario Eusebio Gaviño por un delito de cohecho, por haber ofrecido supuestamente "importantes sumas" de dinero a la edil Carmen Lobo con la finalidad de que cambiara su voto y apoyara determinadas operaciones urbanísticas en el Pleno de la localidad. Los otros dos imputados, los ediles Antonio Enrique Fraile y Aureliano Lucas, comparecerán el día 11 a una vista donde el fiscal también les imputará previsiblemente el mismo delito. La vista del jurado de ayer, tras la sorpresa de la recusación del juez presentada por Pavón el día anterior, también deparó otros aspectos novedosos: El PSOE pidió que declare como imputado el empresario en uno de cuyos sobres fueron localizados los 12.000 euros entregados a Carmen Lobo, y las defensas pidieron el sobreseimiento de las actuaciones con argumentos como la nulidad de las escuchas telefónicas o la figura del delito provocado o inducido.

El alcalde de Camas recusa al juez instructor del soborno para ganar tiempo

El alcalde de Camas, Agustín Pavón, recusó hoy al juez instructor del caso de intento de soborno, Carlos Mahón, al considerar que ha incurrido en una "falta de imparcialidad" por haber "filtrado" a la prensa el auto que transformó las diligencias previas en un procedimiento de la ley del jurado. Esta estrategia, según algunos abogados, se planteó para ganar tiempo y dilatar su proceso en un momento en el que IU se plantea si lo mantiene o no como candidato de la formación a las próximas elecciones municipales. La Fiscalía no se ha pronunciado hasta conocer los argumentos, pero fuentes del Ministerio Público si han advertido que "si lo que se pretendía era paralizar el procedimiento o que no se acusará no será así", puesto que la juez sustituta -la titular del juzgado de Vigilancia Penitenciaria- ha citado para mañana mismo la vista preliminar del jurado en la que las acusaciones, incluida la Fiscalía, solicitarán con toda probabilidad el procesamiento del alcalde y del resto de imputados en la causa.

Despido procedente en el Colegio de Procuradores de Sevilla

La sala de lo Social del TSJA ha declarado procedente el despido de un empleado del Colegio de Procuradores de Sevilla porque utilizó el ordenador del trabajo para visitar páginas de Internet, sobre todo de "Semana Santa, culturismo, pornografía, mundo del motor, telefonía móvil o contactos y relaciones personales". Todo un aviso a navegantes... La sentencia reconoce que el empleado fue amonestado con motivo de su participación en una huelga y señala que en el colegio existía "un cierto clima de conflicitivad laboral" que había motivado que el oficial mayor del colegio pusiera su cargo a disposición de la junta de gobierno y que varios empleados se dieran de baja por problemas ansioso-depresivos. Aun así, el tribunal considera que el empleado no fue sometido a ningún acoso ni represalia por su participación en la huelga. Antes del despido, el colegio retiró el disco duro del ordenador, donde fueron halladas imágenes personales además de la conexión a ese tipo de páginas. La resolución hace hincapié en que el trabajor "utilizó los medios informáticos que la empresa puso a su disposición para fines ajenos a los laborales, contraviniendo así, con independencia del coste económico y temporal, un deber básico inherente a la reglas de la buena fe y la diligencia debidas". Los magistrados señalan que no había constancia de que existiera autorización para el uso particular o privado del ordenador, por lo que declara su despido como procedente, sin derecho a indemnización ni salarios de tramitación. El abogado José Antonio Picón, que representa al colegio de Procuradores, considera la sentencia diferencia claramente entre el derecho del empresario a supervisar las herramientas de trabajo y el derecho a la intimidad y el secreto de las comunicaciones amaparo por la Constitución, y subraya que "a menos que esté expresamente el uso privado, está claro que su utilización con esos fines es indebido y puede ser objeto de una sanción con consecuencias trascendentales".

El derecho a última palabra de los acusados

Ocurrió al final de un juicio cuando un magistrado ofreció a unos acusados de un fraude millonario a la Seguridad Social la posibilidad de ejercer su derecho a la última palabra, con la finalidad de que pudieran dar nuevos argumentos para reivindicar su supuesta inocencia. El magistrado preguntó a una mujer que estaba sentada en el banquillo:--¿Quiere usted ejercer su derecho a la última palabra, a decir algo en su defensa? --preguntó el juez...--Sí quiero hablar, señoría. Pero hay un problema: me estoy haciendo pipí desde hace ya varias horas y no puedo aguantar más...El magistrado decidió entonces suspender la vista durante unos minutos y, después, la acusada, ya más desahogada, pudo utilizar su derecho a la última palabra...No fue la única situación anecdótica que se produjo en el juicio, porque nos cuentan que uno de los abogados no pudo evitar salir llorando mientras exponía su informe de conclusiones. La razón: se emocionó cuando estaba recordando a un testigo del proceso que había fallecido hacía algún tiempo...

Una de las obras investigadas en el caso Macarena le salió gratis al Ayuntamiento

Una de las obras que investiga un juzgado de Sevilla en relación con las facturas falsas del distrito Macarena le salió gratis al Ayuntamiento. Eso es, al menos, lo que asegura un informe de la Intervención municipal que señala que la obra, por importe de 1.960 euros, fue ejecutada pero el dinero no salió de las arcas municipales, a pesar de que se emitió incluso un talón que finalmente no fue cobrado por el contratista. El empresario que supuestamente realizó el trabajo no es otro que el presidente de la asociación de vecinos de la Barzola, José Medina, quien ha negado en reiteradas ocasiones que fuese constructor y que cobrara por el trabajo. Aun así, no queda claro por qué su firma aparece en el presupuesto de la obra y en el recibí del dinero... Aunque en este caso las arcas municipales no hayan sido perjudicadas -el dinero no salió del distrito Macarena- la situación genera muchas dudas sobre la forma de trabajar en uno de los distritos más poblados de la ciudad y donde el PSOE obtiene un gran porcentaje de votos.

El blog "De juzgado de Guardia"

El libro "De Juzgado de Guardia", de los periodistas Javier Ronda y Jorge Muñoz, ha entrado en el mundo de la blogosfera. En la dirección http://dejuzgadodeguardia.blogspot.com encontraréis un blog de los creadores de esta popular saga de anécdotas judiciales, donde aparecen nuevos casos en un espacio que está diseñado para interactuar con los usuarios de la Justicia. La cara amable de la Justicia ya tiene su propio cuaderno de bitácora... Que lo disfrutéis... Los autores esperan vuestra colaboración para enriquecer la segunda parte del libro que se publicará a principios del próximo año y que recoge anécdotas de los últimos cuatro años.

Un hombre araña en Sevilla

Un juzgado de Sevilla ha archivado una denuncia por robo contra un hombre que fue sorprendido cuando escalaba por la fachada de un edificio con la intención de acceder a un piso ubicado en la quinta planta. La asombrosa historia se produjo hace unos días cuando una mujer, la vecina del cuarto, alertó a la Policía de la presencia de un individuo sospechoso, presuntamente un ladrón, al que había visto posado en la barandilla de su balcón. La Policía se personó en la zona y el hombre fue obligado a bajar, momento en que fue detenido y conducido posteriormente ante el juez de guardia. El hombre, de origen sudamericano, negó ante el juez que estuviera robando y, en cambio, explicó que su profesión está relacionada con los trabajos en altura y que al subir por la fachada sólo pretendía entrar en su casa, ya que había discutido con su mujer y no tenía llaves para entrar.
El detenido, que aseguró que es un profesional muy cotizado y trabaja a alturas de entre 150 y 200 metros con tendidos de cables de alta tensión, reconoció que se había tomado algunas cervezas antes de emprender la escalada. Una vez aclarada su profesión, que según reconoció requería ciertas dosis de valor e incluso de locura, todavía quedaba por contrastar la realidad de su versión respecto al hecho de que fuera sorprendido en la fachada del inmueble. El hombre insistió en que el piso era de su propiedad, que no estaba invadiendo el domicilio de su compañera, y ofreció al juez la posibilidad de aportar las escrituras del piso que acreditan su propiedad.
Con todos estos argumentos en su defensa, el juez de guardia decidió finalmente archivar el caso y ordenar la puesta en libertad del escalador, que no obstante fue requerido por el magistrado para que la próxima vez que se quedara sin llaves buscase una fórmula menos extraña para acceder a su domicilio, a pesar de que para él fuese algo rutinario subir a esa extraordinaria altura.

Vista del jurado para los casos de soborno en Camas y Bormujos

Los alcaldes de Camas y Bormujos, cinco ediles, un intermediario y un empresario madrileño están convocados el próximo miércoles, día 22, a sendas vistas preliminares del jurado, una vez que el instructor de ambas causas haya acordado la transformación de las diligencias previas en un procedimiento del jurado tras observar indicios de delito en ambos casos. La suerte que correrán estas diligencias es bien distinta: el intento de soborno en el caso Camas seguirá adelante y llegará a juicio, mientras que en el caso de Bormujos el juez sobreserá provisionalmente la causa por falta de pruebas, ya que en este procedimiento no hay grabaciones ni un sobre con 12.000 euros, ni otras pruebas que puedan acreditar que hubo un intento de soborno en relación con la moción de censura que devolvió la alcaldía de Bormujos a Baldomero Gaviño. Mientras el juez adopta estas decisiones, la asamblea local de IU ha designado a Agustín Pavón como candidato a la Alcaldía en las próximas elecciones municipales de 2007, a pesar de su inminente procesamiento.

El juez cierra la instrucción del caso Camas y tramitará la causa como un jurado contra los cinco imputados

El juez de Instrucción número 2 de Sevilla, Carlos Mahón, ha dado por finalizada la instrucción del caso por el intento de soborno a la edil de Camas María del Carmen Lobo, y en los próximos días acordará la transformación de las diligencias previas en un procedimiento del tribunal del jurado que se dirige contra los cinco imputados: el alcalde, Agustín Pavón, los ediles José del Castillo, Antonio Enrique Fraile y Aureliano Lucas, y el intermediario Eusebio Gaviño. El juez debe convocar una vista preliminar que establece la ley del jurado para concretar la imputación contra los imputados, a los que se atribuye presuntamente un delito de cohecho, aunque el edil José del Castillo también puede ser acusado de amenazas después de que en una conversación telefónica afirmara que habría que enviarle "un gángster" a Carmen Lobo una vez que se confirmó que la edil no había votado en apoyo del equipo de Gobierno. Y mientras la vía judicial avanza, el comité provincial de IU defiende la inocencia de Agustín Pavón, quien será proclamado candidato por esta formación a la Alcaldía en las próximas elecciones municipales. Frente a las grabaciones y el sobre con los 12.000 euros que Gaviño entregó a Lobo, las defensas argumentan que han sido víctimas de una "trama-trampa" y de un delito provocado para arrebatarles el gobierno de la localidad.

La juez de Violencia sobre la Mujer califica como falta la denuncia por malos tratos contra un magistrado

La juez de Violencia sobre la Mujer número 1 de Sevilla ha calificado como una falta de vejaciones injustas (artículo 620 C. P., de 10 a 20 días de multa) la denuncia presentada por una funcionaria judicial contra un magistrado de Primera Instancia con el que mantuvo una relación sentimental. El auto reconoce que el magistrado realizó insistentes llamadas insultantes a la mujer después de la ruptura de la relación sentimental, pero señala que no hay indicios suficientes para acreditar los malos tratos que también denunció, por lo que estima que los hechos no pueden ser considerados como un delito de malos tratos. La denunciante ha anunciado que recurrirá esta resolución, mientras que la Fiscalía está estudiando el auto para decidir si hace lo mismo y solicita que el caso sea tramitado como un delito o se muestra conforme con la calificación de falta.

El asesino del celador se entregó a la Policía porque creía que sólo tenía que cumplir un año de cárcel

Ricardo Suárez, el asesino del celador Gaspar García, que fue tiroteado a las puertas del albergue de la calle Isaac Peral de Sevilla, se entregó a la Policía porque creía que sólo tendría que cumplir un año de cárcel. Esto es lo que revelan algunas de las conversaciones telefónicas que el asesino confeso mantuvo con sus familiares en las horas previas a su entrega y en las que reconoce que su abogado le habría comentado que saldría de la cárcel en un año. El próximo mes de enero Ricardo Suárez cumplirá un año en prisión preventiva y está a la espera de que sea juzgado por un tribunal jurado, donde deberá responder a una petición de la Fiscalía de 22 años de cárcel, lo que se aleja en gran medida de las creencias del reo.

El médico de Parque Alcosa es inhabilitado durante seis meses

Un médico del servicio especial de urgencias que trabaja en el centro de salud de Parque Alcosa ha sido condenado a seis meses de inhabilitación y a pagar una multa, como autor de un delito de omisión del deber de socorro, en relación con la muerte de un hombre que sufrió un infarto a 50 metros del ambulatorio sin que el sanitario saliera a socorrerle. Junto al médico, la Audiencia también ha condenado a pagar una multa al celador que se hallaba de guardia aquella mañana del 11 de enero de 2001, también por un delito de omisión de socorro. La sentencia se produce después de que el jurado haya declarado la culpabilidad de ambos, en un proceso que fue archivado por el juez instructor en dos ocasiones y que fue reabierto en su día por la Audiencia de Sevilla. La conducta que se imputaba a los dos profesionales estaba en el límite del delito y algunas fuentes se preguntan qué hubiera ocurrido realmente con los dos acusados si el caso hubiera sido juzgado por un tribunal profesional y no por un jurado: quizás hubieran salido absueltos. De todas formas, la última palabra la tendrá el TSJA, puesto que lo más probable es que la sentencia sea recurrida ante el alto tribunal andaluz.

Nueva encuesta de Justicia Sevillana

Ahora ya puedes pronunciarte en una nueva encuesta, en este caso sobre el ingreso en prisión del bailaor Juan Manuel Fernández Montoya, Farruquito.

El homenaje al magistrado Miguel Carmona

El presidente de la Audiencia de Sevilla recibió hoy la gran cruz de la orden de San Raimundo de Peñafort, la máxima distinción que concede el Ministerio de Justicia, en un acto en el que estuvo arropado por las autoridades judiciales autonómicas y locales. Carmona destacó el gran reconocimiento que supone la imposición de tan alta distinción. Justicia sevillana felicita al magistrado, que ha sido propuesto por JpD como vocal del CGPJ y que dejará pronto la Audiencia de Sevilla tras catorce años como presidente.

Muchos se enteraron del nuevo edificio judicial de la Buhaira como en los tiempos de Felipe González

Hasta Justicia sevillana llegan comentarios críticos sobre la forma en la que la Consejería de Justicia ha anunciado el nuevo edificio que se construirá en la avenida de la Buhaira como solución "puente" al proyecto de la Ciudad de la Justicia. El proyecto del nuevo enclave judicial, presentado por el presidente del TSJA, Augusto Méndez de Lugo, a los jueces de Sevilla, cogió por sorpresa al resto de los operadores jurídicos, que se enteraron de la noticia al día siguiente por la prensa, como en los tiempos de Felipe González. Dicen que esa mañana hubo llamadas desde la Fiscalía a la delegación de Justicia, para pedir explicaciones por esta aparente falta de tacto....

Uno de los policías del caso Farruquito niega que encubriera al bailaor

El policía José Miguel A. H., que estuvo imputado en el caso Farruquito, ha negado que encubriera al artista para tratar de evitar su involucración y derivar la responsabilidad a su hermano menor. El agente, que fue absuelto de todos los cargos y hasta ahora no había querido pronunciarse por respeto a la Justicia, ha asegurado que el artista siempre les dijo que había sido su hermano la persona que había tenido el accidente con el coche y que en el siniestro no se produjo ninguna víctima mortal. El policía se acogió a su derecho constitucional en el juicio y fue absuelto después de que la juez declarara la invalidez de las escuchas telefónicas practicadas por una unidad de Asuntos Internos de la Policía. José Miguel A. H., que actualmente está jubilado, también ha denunciando el "linchamiento público" al que, en su opinión, fue sometido por algunos medios de comunicación, sobre todo cadenas de televisión, que llegaron a calificarse como agente "corrupto" cuando no tiene ni siquiera antecedentes policiales.

Un nuevo edificio "puente" en la Buhaira mientras se construye la anhelada Ciudad de la Justicia

El presidente del TSJA, Augusto Méndez de Lugo, ha presentado a los jueces de Sevilla un nuevo edificio judicial que la Junta alquilará en la avenida de la Buhaira, como una solución "puente" para los próximos años mientras se construye la anhelada Ciudad de la Justicia, a la que ahora se pretende denominar como Campus de la Justicia. El proyecto incluye la construcción de un edificio por parte de la inmobiliaria Osuna que, una vez acabado (en 18 meses a contar desde enero próximo), será alquilado por la Consejería de Justicia para ubicar en el mismo los 20 juzgados de Instrucción de la ciudad, más los dos de guardia (detenidos e incidencias), el decanato, los servicios comunes de notificación y embargos, el Instituto de Medicina Legal, los archivos y dependencias de la Fiscalía. El edificio dispondrá de 12.000 metros cuadrados, distribuidos en siete plantas, y la reestructuración de las sedes judiciales de la capital se completará con una reforma del viejo edificio del Prado de San Sebastián, que será dividido en dos partes, con accesos bien diferenciados para albergar a los juzgados de lo Social y de lo Penal. El coste del proyecto no ha sido precisado todavía y el presidente del TSJA sostiene que esta solución provisional no significará ningún parón de la Ciudad de la Justicia, cuyo horizonte más próximo se sitúa ya en el 2013 según las previsiones del propio Méndez de Lugo. Este nuevo edificio, que viene a resolver una precaria situación, plantea no obstante una serie de interrogantes sobre el futuro de la Ciudad de la Justicia. La viabilidad de este edificio puente y la reforma de las sedes del Prado se prolongará durante cuatro años, lo que nos sitúa ya en el 2011, a tan sólo dos años de la hipotética inauguración de la Ciudad de la Justicia. La reforma y el edificio son bienvenidos pero mucho nos tememos que lo que en principio tiene carácter provisional podría acabar, no siendo del todo definitivo, pero sí para muchos años. Y si no, que se lo digan a la unidad de Policía adscrita a los juzgados, que fue trasladada de sede por seis meses, en principio, y después de siete años todavía no tenía unas dependencias en los juzgados del Prado, hasta el punto de que en la actualidad están emplazados en la sede de la Jefatura Superior de Policía. Confiémos de todas formas en equivocarnos... por el bien de la Justicia y de los ciudadanos.

Caso Farruquito: el bailaor se siente maltratado por la prensa por ser famoso y gitano

El bailaor Juan Manuel Fernández Montoya, Farruquito, se siente maltratado por la prensa por ser famoso y por pertenecer a la etnia gitana. Su abogado, Benito Saldaña, se expresa en estos términos en un escrito remitido el pasado 25 de septiembre al juzgado de lo Penal número 8 de Sevilla, a cuya titular ha solicitado que rebaje de 72.000 a 18.000 euros las multas impuestas porque desde que fue condenado en primera instancia el artista "ha venido a peor fortuna".El escrito de la defensa comienza afirmando que desde el "escándalo mediático" producido como consecuencia de la detención del artista y la "actitud negativa de muchos medios de comunicación hacia Juan Manuel Fernández no sólo por su proyección pública sino también por su etnia", al bailaor le fueron "cancelados todos los contratos apalabrados y, desde entonces, no ha podido trabajar en ningún lugar de España". El abogado considera que es "público y notorio que algunas actuaciones que tenía firmadas terminaron con todo tipo de improperios e insultos hacia su persona", lo que ha "cortado la fuente de ingresos de la que subsistían tanto él como toda su familia", hasta el punto de que Farruquito "ha venido nutriéndose económicamente de la impartición de clases particulares de baile que han permitido únicamente la manutención propia y familiar pero no ha impedido que se le acumularan las deudas".El escrito de la defensa califica de "desproporcionada" la multa impuesta y añade que el pago de las indemnizaciones a la viuda y los padres de Benjamín Olalla ha supuesto para la economía del bailaor "un endeudamiento que actualmente persiste" y que ha motivado que no haya podido hacer frente a los pagos con Hacienda en relación con su trabajo profesional. El artista argumenta que la situación se tornará "mucho más gravosa" por su ingreso en prisión y aporta como pruebas una declaración de la renta del ejercicio fiscal de 2005 en la que asegura que sus ingresos ascendieron a 12.811 euros y varios certificados bancarios de las cargas hipotecarias que pesan sobre los dos inmuebles de su propiedad embargados.
La acusación particular que ejerce el letrado José Manuel Rosendo Sánchez, en representación de María Ángeles Madero, viuda del peatón atropellado, se ha opuesto a que la juez rebaje las multas porque, entre otros motivos, las fincas propiedad del artista están tasadas "en más de 600.00 euros". La acusación advierte que cuando se celebró la vista por los recursos de apelación contra la primera sentencia el artista no hizo "ninguna alusión a este empobrecimiento" y "en todo caso se están abonando las cuotas hipotecarias de elevados importes, un dato que maliciosamente se obvia en la documentación aportada".

El robo frustrado de un helicóptero en la isla de la Cartuja

Sorprendente e increíble, pero cierto. Los operarios del helipuerto de la isla de la Cartuja descubrieron sobre las siete y media de la mañana de ayer, 6 de noviembre, que unos ladrones habían intentado robar un helicóptero tipo Bell, de 1.600 kilos. El aparato había sido incluso subido a un camión de gran tonelaje, pero se quedó atascado en el césped como consecuencia de las fuertes lluvias, que habían hecho que el terreno estuviera bastante blando. La Policía investiga ya este extraño suceso porque, ¿quién robaría un helicóptero a menos que ya tuviese comprador? Por las características del robo, parece que el mismo no es obra de delincuentes comunes. Este suceso, salvando las distancias, recuerda la sustracción de la cubierta de la copa Davis, hace ya algunos meses. El helicóptero pertenece a la empresa Transportes Aéreos del Sur, que también gestiona el servicio medicalizado aéreo del 061.