Ultíma hora: La Fiscalía eleva a 52 años la petición de cárcel para Miguel Carcaño por el asesinato y violación de Marta

La Fiscalía de Sevilla ha solicitado una condena de 52 años de prisión para Miguel Carcaño por el asesinato y violación de Marta del Castillo mientras que para los otros imputados han pedido una condena de 8 años, en el caso de Javier Delgado, y 5 años para el amigo del asesino confeso, Samuel Benítez, y la novia del hermanastro de Miguel, María García Mendaro.

La calificación que ha presentado la Fiscalía de Sevilla en el Juzgado de Instrucción nº 4 incluye la petición de indemnización al Ministerio del Interior por valor de 616.319,27 euros, cifra a la que asciende el gasto realizado por las diversas búsquedas de la joven tanto en el río Guadalquivir, como en el vertedero de Alcalá y, finalmente en la zanja de la localidad de Camas.

La novedad de la calificación provisional que ha realizado el Ministerio Público consiste en que atribuye a los cuatro imputados un delito contra la integridad moral, al entender que no han querido facilitar donde estaba el cuerpo. "Los imputados de forma continuada se han negado a decir qué destino dieron al cuerpo de Marta, llegando incluso a ofrecer distintas versiones, todas ellas erráticas a sabiendas que de esta forma los familiares no podrían dar sepultura a su cuerpo y que con ello le iba a cesar un estado de desasosiego, inquietud, ansiedad, profundo dolor ultrajando sus más íntimos sentimientos y convicciones", recoge literalmente el escrito de Ministerio Público.

La Fiscalía ha pedido además una indemnización de 160.000 euros para los padres de Marta y 60.000 euros para las dos hermanas de la joven por el daño moral derivado de la muerte y por el "incremento del dolor y el ultraje a sus más íntimos sentimientos", insiste la acusación pública.

La Fiscalía en su relato de los hechos no fija con exactitud la hora de la muerte puesto que el extremo no está demasiado claro y lo que mantiene como hechos que ocurrieron consiste en la tercera declaración del asesino confeso de la joven, Miguel Carcaño.

La familia de Marta pide 50 años para Miguel Carcaño, que sólo podrá cumplir la mitad por los límites máximos de cumplimiento de las penas

La familia de Marta del Castillo ha solicitado una condena de 50 años y cinco meses de prisión para Miguel Carcaño por el asesinato y violación de su hija, aunque el asesino confeso no podrá cumplir más de 25 años, el límite máximo legal de cumplimiento. El abogado José María Calero, que ejerce la acusación particular en representación de los padres y las hermanas de Marta, presentó ayer en el juzgado de Instrucción número 4 su escrito de calificación, en el que atribuye a Miguel Carcaño los delitos de asesinato, agresión sexual y profanación de cadáveres, por los que reclama la máxima condena que establece el Código Penal: 50 años y cinco meses de cárcel. A su hermano Javier Delgado, la familia le considera presunto autor de sendos delitos de encubrimiento, profanación y amenazas al Cuco, por los que pide ocho años.
La acusación de los padres de Marta se completa con los tres años que ha pedido por encubrimiento y profanación para los otros dos imputados: María García, la novia de Javier, y Samuel Benítez, el íntimo amigo de Carcaño.La acusación reclama una indemnización para la familia de 780.000 euros, de los que la mayor parte -480.000 euros- responsabiliza a Carcaño, mientras que a los otros tres implicados pide 100.000 euros a cada uno.Para solicitar estas penas, el abogado de la familia de Marta ha considerado como buena la tercera versión de los hechos que ofreció en su día Miguel Carcaño, en la que confesó la violación y culpó al Cuco de ser el autor de la muerte de Marta, a la que habría asfixiado con un cable de una alargadera.
La acusación particular en este caso, que lleva a cabo el bufete Montero-Aramburu, relata que en un período que sitúa entre las ocho de la tarde del 24 de enero de 2009 y las 00:00 del día siguiente, Miguel Carcaño y el menor de 16 años conocido como el Cuco agredieron a Marta en el piso de León XIII, por causas "no determinadas" y después de haber tomado alcohol y fumado algún porro. La víctima, que se hallaba "indefensa y confiada" por la relación de amistad previa que tenía con estos dos jóvenes, recibió "golpes, puñetazos y patadas".
A continuación la llevaron al dormitorio de Miguel, donde la "amordazaron para ahogar su gritos", persistiendo los golpes y violándola cada uno. Para amedrentar a Marta, los dos jóvenes esgrimieron una navaja tipo mariposa que posteriormente fue recuperada por la Policía en una alcantarilla próxima al domicilio del asesino. Después de la agresión , el menor la asfixió con el cable, aunque el propósito de matarla era común a ambos, que comprobaron que Marta no tenía pulso con un tensiómetro.
A partir de aquí es cuando, según el relato de la acusación particular, entran en escena los otros tres implicados, para ayudar a "limpiar los vestigios que pudieran haber quedado en el lugar y deshacerse del cadáver". Esta estrategia para ocultar la "brutal agresión física y sexual" de Marta estaría "dirigida" por Javier Delgado, una persona con más edad que los anteriores y, sobre todo, "con experiencia en situaciones límite por su condición profesional". La acusación considera que, además de "asegurar un pacto de silencio" entre todos los implicados, el hermano de Miguel amenazó esa misma noche al Cuco, a quien según la declaración de este menor -de la que después se retractó- le habría asegurado que "le iba a pasar algo muy grave a su familia" si contaba lo que había sucedido en el piso de León XIII.
Los padres de Marta también pretenden imputar en este mismo procedimiento -la cuestión está pendiente de un recurso en la Audiencia- otro delito de amenazas al hermano de Miguel Carcaño en relación con la ex novia de éste, la menor de 14 años con la que vivía en Camas hasta su arresto. "Si dices algo de lo que sabes a tu madre te rajo de arriba abajo y a ti te pego una paliza", aseguró la menor que Javier Delgado le dijo en una conversación telefónica en los días siguientes al crimen.A pesar de la petición de 50 años, Carcaño sólo podrá permanecer 25 años encarcelado, ya que ése es el límite legal fijado cuando una persona es condenada por dos o más delitos y uno de ellos está castigado con penas de hasta 20 años, como ocurre con el asesinato.

Alianza entre los bufetes Montero-Aramburu y Fernández Palacios

Comunicado.-- Montero-Aramburu y Fernández Palacios se alían para colaborar profesionalmente
Han firmado un acuerdo de colaboración para desarrollar el área de Propiedad Industrial e Intelectual y Nuevas Tecnologías en las zonas de Andalucía y Canarias
Las firmas de abogados Montero Aramburu y Fernández Palacios firmaron la pasada semana un acuerdo con el que se inicia una línea de colaboración entre ambos despachos andaluces con la que fortalecen y redoblan su presencia en el mercado jurídico andaluz y canario, abarcando prácticamente la totalidad de las disciplinas jurídicas.
El acuerdo, que garantiza la independencia de ambas firmas, tiene como objetivo compartir los recursos existentes en ambas organizaciones para potenciar el desarrollo del área de Propiedad Industrial en las zonas de Andalucía y Canarias
Con este nuevo paso MONTERO ARAMBURU pretende absorber la demanda de servicios de asesoramiento en el ámbito de la Propiedad Industrial e Intelectual y Nuevas Tecnologías de diferentes empresas andaluzas y canarias en el que FERNÁNDEZ PALACIOS ABOGADOS se precia de ser el primer bufete de Andalucía especializado en esta materia; a su vez, FERNÁNDEZ PALACIOS consolidará su asesoramiento jurídico marcario con aquellas otras disciplinas jurídicas que se suelen ver afectadas por ésta.
MONTERO ARAMBURU tiene una plantilla que supera los 80 letrados en sus diferentes oficinas y es la única firma jurídica de estas características con capital netamente andaluz en nuestra Comunidad. Fundado en 1971 y con más de 35 años de experiencia, MONTERO ARAMBURU destaca por ser una de los despachos más antiguos de Andalucía que cuenta con especialistas en todas las ramas del Derecho. Su sede principal está en Sevilla y cuenta además con oficinas en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.
Por su parte, FERNÁNDEZ PALACIOS es una firma de abogados líder en Propiedad Industrial e Intelectual y derechos afines en Andalucía; ubicada en Sevilla, fue fundada por D. Luis Javier Fernández-Palacios (q.e.p.d) con el objetivo de crear un referente en la materia para los empresarios de Andalucía, y cuenta con una plantilla de 7 letrados y una red de corresponsales extranjeros que abarca la totalidad de países existentes para la protección de Patentes y Marcas, con lo que en la actualidad destaca por ser un despacho andaluz altamente especializado en temas marcarios con proyección internacional.

Un año sin Marta: cinco imputados, un juicio por delante y un cadáver que sigue sin aparecer

Después de un año de intensa investigación policial y judicial sigue sin conocerse lo más importante: el paradero de los restos de su hija. El caso de su hija se ha convertido en un auténtico puzle que sigue sin resolverse y en el que, con el paso del tiempo, cada una de las piezas se han enrocado sobre sí mismas hasta el punto de que el hallazgo del cadáver se presenta como una hipótesis cada vez más incierta. A estas alturas nadie duda de que la Policía y el juez no han escatimado esfuerzos para localizar el cuerpo, pero ya sea por los obstáculos que han ido poniendo los imputados, con sus continuos cambios de declaración, o porque los investigadores no han podido llegar hasta el final, el puzle ha quedado incompleto. A las cuatro versiones de los hechos facilitadas por Miguel Carcaño, el asesino confeso, se suman los tres escenarios de búsqueda principal del cuerpo de Marta –el río Guadalquivir, el vertedero de Alcalá y la zanja de Camas– y las tres declaraciones que a lo largo de estos doce meses ha prestado la ex novia de Miguel Carcaño. Esta adolescente de sólo 14 años ha pasado de asegurar a la Policía en los primeros momentos que ignoraba que Miguel fuese el presunto asesino a relatar con toda clase de detalles como supuestamente el asesino le confesó un día después que había acabado con la vida de Marta y que después, con la ayuda de sus amigos, se deshicieron del cuerpo en el río. En su última declaración, la menor llegó a afirmar que Miguel salió de la casa de Camas sobre la 01:30 horas porque tenía que ocultar pruebas, en concreto, “un charco de sangre” que, según la menor, se habría producido después de que Miguel y su hermano Javier propinaran “patadas y puñetazos” a Marta. Este testimonio ha contribuido a enmarañar más el caso en un momento en que la instrucción llegaba a su fin sin ningún nuevo giro en la investigación.

Farruquito salda su deuda con la Justicia

Desde hoy es un hombre completamente libre. Juan Manuel Fernández Montoya, Farruquito, que fue condenado a tres años de prisión por el atropello mortal de Benjamín Olalla, acaba hoy el cumplimiento de esta condena, aunque el bailaor disfrutaba de libertad desde marzo de 2008, cuando la Dirección General de Instituciones Penitenciarias le concedió el tercer grado penitenciario tras haber pasado 14 meses encarcelado.
Ese beneficio penitenciario, que permitía al artista salir de la cárcel de Sevilla durante el día y regresar a dormir al recinto penitenciario, fue ampliado unos meses después -en verano de 2008-, cuando se le impuso el control telemático mediante una pulsera, con lo que ya no resultaba necesaria su vuelta a la prisión por las noches. En enero de 2009, el juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Sevilla le concedió finalmente la libertad condicional tras haber cumplido dos tercios de la condena que le impuso la Audiencia de Sevilla. Y ahora, Juan Manuel Fernández Montoya cierra esta etapa de su vida, al haber quedado liquidada la pena de prisión que debía cumplir, aunque deberá esperar todavía algunos meses más para poder volver a conducir vehículos, dado que aunque se sacó el carné antes de ser enjuiciado, la sentencia de la Sección Séptima de la Audiencia le condenó a una pena de tres años y seis meses de retirada del permiso de conducir vehículos de motor y ciclomotores, según fijó la sentencia dictada en septiembre de 2006.
Farruquito fue condenado por el atropello mortal de Benjamín Olalla, un joven de 35 años que murió atropellado en un paso de peatones de la calle Doctor Laffón Soto, cuando salía del polideportivo de San Pablo. Juan Manuel Fernández Montoya conducía el BMW 530 D que atropelló a la víctima y lo hacía sin carné ni seguro.
El juzgado de lo Penal número 8 de Sevilla condenó inicialmente al bailaor a 16 meses de cárcel por los delitos de homicidio por imprudencia y omisión del deber de socorro, pero la Fiscalía y la viuda de Benjamín Olalla, María Ángeles Madero, recurrieron la sentencia y la Audiencia elevó la condena hasta los tres años de cárcel, lo que hacía inevitable el ingreso en prisión de Farruquito. El artista recurrió e intentó cambiar la condena por multas o trabajos en beneficio de la comunidad, pero al final decidió ingresar voluntariamente en prisión para cumplir la condena. Farruquito se convirtió en el primer conductor que cumplía una condena de prisión por un delito de estas características. Su caso supuso un antes y un después. En la actualidad, los jueces no dudan en enviar a la cárcel a personas condenadas por delitos graves contra la seguridad vial.

Condenados por una estafa inmobiliaria por la "venta doble" de una vivienda

El Tribunal Supremo ha condenado a tres promotores inmobiliarios sevillanos a penas de seis meses y un año de prisión, como autores de un delito de estafa, por la "venta doble" de una vivienda. La sentencia, que revoca la absolución que había decretado la Audiencia de Sevilla, impone a los acusados el pago de una indemnización de 6.000 euros a la víctima, por el daño moral causado.
La compradora del inmueble, que está ubicado en la calle Eduardo Rivas, adquirió una vivienda, un garaje y un trastero en construcción a una promotora propiedad de dos de los acusados, J. M. R. y C. M. O., a los que abonó 24.000 euros como señal y parte del precio.
El contrato establecía que la escritura pública de la venta se otorgaría una vez que la obra estuviese acabada, algo que estaba previsto inicialmente para abril de 2003, pero los problemas económicos de la promotora impidieron la finalización de la construcción.
Los dos acusados procedieron entonces a la venta de la finca entera y otra promoción ubicada en la localidad de Benacazón a una segunda promotora, representada por el tercer imputado, M. M. M. Esta segunda promotora, ante el incremento de los costes de construcción, invitó a la compradora a renegociar el precio y a pactar un nuevo plazo de entrega, so pena de dar por resuelto el contrato. Como la compradora no quiso negociar con esta segunda promotora, se vio obligada a demandar a la primera sociedad que le vendió la finca.
La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, que enjuició a los tres promotores inmobiliarios, les absolvió del delito de estafa que se les imputaba, al entender que faltaba acreditar que los procesados hubiesen actuado con "engaño", por cuanto los magistrados consideraban que los hechos denunciados constituían una serie de "incumplimientos contractuales insuficientes para configurar el engaño penal".
Los magistrados del Supremo consideran, en cambio, que este caso se enmarca en el supuesto de "doble venta" que ya ha castigado en otros supuestos la jurisprudencia del Alto Tribunal. La sentencia señala que la posterior venta de la finca a otra sociedad inmobiliaria produce un "indudable perjuicio" al comprador que se encuadra dentro del delito de estafa del artículo 251.2 del Código Penal, que castiga con una pena de uno a cuatro años de prisión a quien "dispusiere de una cosa mueble o inmueble ocultando la existencia de cualquier carga sobre la misma, o el que, habiéndola enajenado como libre, la gravare o enajenare nuevamente antes de la definitiva transmisión al adquirente, en perjuicio de éste, o de un tercero".

Sin acuerdo para poner en marcha el servicio común de ejecutorias

De momento no habrá servicio común de ejecución de sentencias penales para evitar que se repitan los errores del caso Mari Luz. La Consejería de Justicia ha retrasado la puesta en marcha de este servicio, prevista para enero, ante la falta de acuerdo con los sindicatos judiciales, que le han remitido un escrito -suscrito por todos los que tienen representación en Justicia: CSIF, SPJ-USO, CCOO, UGT y STAJ- en el que plantean la apertura de un proceso de negociación que contemple una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en este servicio común y en todos los órganos judiciales.Los sindicatos también pretenden que se estudie la posibilidad de fijar un complemento económico específico para los funcionarios que pasen a formar parte de este servicio común -al igual que se hizo con los funcionarios destinados a los juzgados de Violencia sobre la Mujer-, que debe encargarse de la ejecución de las sentencias penales para agilizar el proceso y permitir un mayor control de las resoluciones. El secretario general de Justicia de la Consejería de Justicia y Administración Pública, Pedro Izquierdo, reconoció ayer que en la actualidad no se puede dar una fecha concreta para la puesta en funcionamiento del servicio común de ejecutorias porque, según dijo, para que este proyecto piloto salga adelante es "necesario el consenso de todos los operadores jurídicos", entre ellos los jueces, secretarios y organizaciones sindicales.Pedro Izquierdo añadió que el interés de la Consejería por este nuevo servicio es "enorme", ya que puede ser la solución para muchos de los problemas de los juzgados de lo Penal y contribuir a racionalizar el trabajo en estos órganos judiciales.
La Consejería ha puesto "todo su empeño" en esta experiencia piloto y quiere que ponerla en marcha cuanto antes mejor, explicó Pedro Izquierdo, que insistió en que el departamento que dirige Begoña Álvarez ya ha realizado los trabajos previos para que el sistema entre en funcionamiento: se ha creado el juzgado de lo Penal número 14, la ubicación del servicio -que irá emplazado en la nueva sede judicial del edificio Noga, en la avenida de la Buhaira- y se han hecho los estudios previos.Por su parte, el representante del CSIF, Miguel Ángel Ramos, dijo que los sindicatos acogieron positivamente el nuevo servicio común de ejecutorias penales porque era una buena manera de "templar los ánimos en los juzgados de lo Penal" tras el caso Mari Luz y la sobrecarga de trabajo que ha hecho que estos órganos tengan pendientes de ejecutar actualmente más de 11.000 sentencias. Ramos consideró que el nuevo servicio podía contribuir a "aliviar" la situación, pero comenzaron a ponerle pegas al proyecto cuando comprendieron que no iba a suponer un incremento de la plantilla de funcionarios.
El representante sindical señaló que el servicio "no va a funcionar con un número tan reducido de funcionarios" -la Junta ha fijado a priori una plantilla de 65 funcionarios, que saldrían de los 14 juzgados de lo Penal- y consideró que, como mínimo, harán falta entre 15 y 20 funcionarios más.El portavoz del CSIF también considera "escaso" el número de funcionarios que quedarán en las nuevas Unidades Procesales de Apoyo Directo (Upad) -los antiguos juzgados de lo Penal-, que estarán integrados por el juez y tres funcionario (uno del cuerpo de Gestión Procesal y dos de Tramitación). El proyecto también contempla que un secretario por cada dos Upad, mientras que en el servicio común de ejecución de sentencias penales habrá siete secretarios, de los cuales uno hará las funciones de director del mismo.