La imputación de Antonio Rivas en el presunto cobro de comisiones ilegales en Mercasevilla se sustenta únicamente en la declaración del ex director del mercado central, Fernando Mellet. Y este testimonio sólo se ha reproducido ante la Policía Judicial y ante la fiscal jefe, María José Segarra, pero no en el juzgado, donde Mellet se acogió a su derecho a no declarar. En este contexto, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional considera que la declaración de un "coimputado" -como es el caso de Mellet- que no ha sido ratificada ante la autoridad judicial carece de consistencia plena como prueba de cargo cuando no resulta "mínimamente corroborada" por otras pruebas en contra del imputado. Y si esta declaración no ha sido ratificada ante el juez, no puede considerarse como prueba de cargo para desvirtuar la presunción constitucional de inocencia.
El abogado Francisco Baena Bocanegra, que defiende a Antonio Rivas, ha remitido a la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, un escrito en el que solicita el archivo de la causa contra el delegado provincial de Empleo, al estimar que no hay ninguna prueba contra él más allá de la declaración ante la Policía del coimputado Fernando Mellet. El penalista asegura que "no existe en toda la causa ni un solo elemento, documental, testifical o de cualquier otra naturaleza, en que apoyar" que Antonio Rivas estuviera concertado con los demás imputados ni que diese instrucciones para exigir una comisión de 300.000 euros a los empresarios de La Raza, como contraprestación a la subvención que la Junta concedió para la creación de una escuela de hostelería en Mercasevilla.
El escrito concluye que se está produciendo un "atropello flagrante" de la presunción de inocencia de Rivas, que desde que estalló el escándalo está sufriendo un "desgaste social, político, familiar y personal debido en gran parte al proceso paralelo mediático que se viene alentando desde posiciones interesadas en este juego".
La petición de archivo de la defensa, que aún no ha sido contestada por la juez Mercedes Alaya, analiza con detalle las declaraciones efectuadas por Fernando Mellet y Daniel Ponce, y considera que la atribución al delegado de las órdenes para exigir la comisión es, sencillamente, una conjetura "que podría rozar lo temerario".
En su declaración, Fernando Mellet sostuvo que Antonio Rivas le telefoneó en dos ocasiones, en diciembre de 2008 y el 5 de enero, para comentarle que debía reclamar a los hosteleros una ayuda "voluntaria" de 300.0000 euros para la Junta de Andalucía, para la realización de determinados proyectos sociales. Pero esta afirmación no está corroborada por otros testimonios que obran en el sumario. Así, la directora de proyectos de la Fundación Mercasevilla, Regla Pereira, que también está imputada, negó que en su presencia se comentara que había que pagar una comisión ni ella intuyó que se pudiera estar hablando de pagos ilegales. A esta declaración se suma el propio testimonio de los hosteleros de La Raza, que mantuvieron varias reuniones "técnicas" con el delegado de Empleo y en ninguno de esos encuentros Rivas les comentó la necesidad de hacer frente al pago de ninguna comisión.
El nombre de Antonio Rivas tampoco aparece en las grabaciones que los empresarios aportaron como principal prueba de su denuncia y en la que los ex directivos de Mercasevilla les exigen supuestamente los 300.000 euros.
A pesar de que sólo le implica Fernando Mellet, la juez ha citado al delegado de Empleo a la vista convocada para el próximo miércoles en la que se concretará una imputación por un delito de cohecho que, según la instructora, se presenta en estos momentos como "verosímil". Por ello, le ha impuesto una fianza de 400.000 euros, al igual que a los otros imputados en esta línea de investigación sobre Mercasevilla: Fernando Mellet, Daniel Ponce y Regla Pereira.
El PSOE, que ejerce la acusación popular en la causa, ya ha pedido que se sobresea el procedimiento contra el delegado de Empleo y contra Regla Pereira, pero la Fiscalía de Sevilla aún no se ha pronunciado sobre si incluirá a Rivas entre las personas sobre las que se debe seguir el procedimiento -en la investigación preliminar que realizó el Ministerio Público, la fiscal jefe ni siquiera le citó a declarar-. Quién sí le imputará formalmente el delito es la acusación que ejerce el PP, con lo que es probable que, pese a a la ausencia de pruebas directas, Rivas se vea sentado en el banquillo de los acusados frente a un jurado popular.
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21 diciembre 2009
17 diciembre 2009
Última hora: María Ángeles Muñoz, nueva decana del colegio de procuradores de Sevilla
La procuradora María Ángeles Muñoz se convirtió esta noche en la nueva decana del colegio de Procuradores de Sevilla al vencer al otro aspirante, Jesús León, en las elecciones celebradas para elegir a la nueva junta directiva de la institución que agrupa a 421 profesionales.
María Ángeles Muñoz obtuvo 168 votos frente a los 94 que logró Jesús León, mientras que otros 12 votos fueron en blanco, según los datos facilitados a este periódico por la candidatura vencedora.
A las elecciones estaban convocados los 421 procuradores que hay en Sevilla y sólo se presentaron dos candidaturas, la de Jesús León González y la de María Ángeles Muñoz Serrano.
Jesús León es procurador desde 1995, entre los años 2006 y 2008 ejerció el cargo de secretario de la junta de gobierno, con el decano saliente, Marcelo Lozano. Su candidatura estaba compuesta además por los procuradores Antonio Ostos, como vicedecano; Ángela Rotllán, tesorera; y Víctor Alcántara, como secretario. En su programa electoral, destaca la "exigencia de un mahyor esfuerzo y profesionalidad para colaborar en la mejora de la Justicia", a la vista de las próximas reformas legales como la implantación de la nueva oficina judicial.
Por su parte, la candidatura de la procuradora María Ángeles Muñoz Serrano está integrada, entre otros, por Pilar Acosta, como vicedecana; Diana Navarro, como secretaria; y Javier Dianez, como vicesecretario. Esta candidatutra también recogía en su ideario el fomento de la unidad entre todos los colegiados y la supresión y reducción del volumen de gastos con la finalidad de establecer una cuota fija asequible al bolsillo de todos y que permita mantener las prestaciones actuales.
16 diciembre 2009
El hombre que estuvo 11 meses en prisión por las denuncias falsas de su ex mujer sigue sin poder ver a su hijo
José Antonio Santos, el hombre que pasó 11 meses en prisión por las ocho denuncias falsas de su ex pareja, aseguró ayer que, a pesar de que la Justicia le ha dado la razón, sigue sin poder ver a su hijo, que actualmente tiene 12 años y al que no ha podido visitar desde que su ex mujer comenzó a denunciarle, en el año 2005.
José Antonio Santos aseguró ayer que su particular "calvario" aún no ha concluido. Los jueces le dieron la razón en junio pasado, cuando archivaron la última denuncia presentada por Raquel V., su ex esposa, que le acusó de haberle atacado con un cúter, pero que los forenses determinaron que estas heridas pudo hacérselas ella misma. Este padre de 39 años recuerda que en junio se firmó finalmente el divorcio y está abonando la pensión de alimentos que se le ha impuesto, pero todavía no se ha establecido el régimen de visitas en el denominado punto de encuentro para que pueda reanudar los contactos con el niño.
El problema está en que antes de que se inicien las visitas en el punto de encuentro los padres deben someterse a una serie de entrevistas, y todo ello conlleva un trámite que se está retrasando durante meses. José Antonio explica que, en principio, le dijeron que podría volver a ver a su hijo en este mes de diciembre, pero las fechas de Navidad se aproximan y los contactos no se han producido.
El padre tenía "mucha ilusión" por reanudar las visitas con su hijo, así como la abuela paterna del pequeño. El juzgado ha dirigido un oficio al punto de encuentro para tratar de agilizar los trámites y que el reencuentro se produzca en enero próximo, pero todo apunta a que no podrá producirse antes de que pase la festividad de los Reyes Magos. "Después de todo lo que he pasado, me están fastidiando que no pueda ver a mi hijo, y no lo veo desde hace aproximadamente cinco años", lamentó José Antonio Santos.
Este vecino de La Rinconada, que durante todo su tiempo en prisión estuvo apoyado por su familia y por su pueblo, pide a los jueces que aceleren los trámites para que el reencuentro con su pequeño sea una realidad cuanto antes. "Creo que deberían darse un poco de prisa. Me siento desolado porque esto me ocurre ahora que puedo rehacer mi vida", aseveró.
La historia de José Antonio apareció publicada en todos los periódicos del país y abrió una polémica sobre las denuncias falsas en los casos de malos tratos. Entre diciembre de 2005 y abril de 2008 su ex mujer presentó ocho denuncias por agresiones y acudió a numerosos programas de televisión para afirmar que no sabía "cómo pedir protección para no ser la próxima en la lista" de mujeres asesinadas. Ahora se enfrenta a un proceso por un delito de denuncia falsa.
José Antonio Santos aseguró ayer que su particular "calvario" aún no ha concluido. Los jueces le dieron la razón en junio pasado, cuando archivaron la última denuncia presentada por Raquel V., su ex esposa, que le acusó de haberle atacado con un cúter, pero que los forenses determinaron que estas heridas pudo hacérselas ella misma. Este padre de 39 años recuerda que en junio se firmó finalmente el divorcio y está abonando la pensión de alimentos que se le ha impuesto, pero todavía no se ha establecido el régimen de visitas en el denominado punto de encuentro para que pueda reanudar los contactos con el niño.
El problema está en que antes de que se inicien las visitas en el punto de encuentro los padres deben someterse a una serie de entrevistas, y todo ello conlleva un trámite que se está retrasando durante meses. José Antonio explica que, en principio, le dijeron que podría volver a ver a su hijo en este mes de diciembre, pero las fechas de Navidad se aproximan y los contactos no se han producido.
El padre tenía "mucha ilusión" por reanudar las visitas con su hijo, así como la abuela paterna del pequeño. El juzgado ha dirigido un oficio al punto de encuentro para tratar de agilizar los trámites y que el reencuentro se produzca en enero próximo, pero todo apunta a que no podrá producirse antes de que pase la festividad de los Reyes Magos. "Después de todo lo que he pasado, me están fastidiando que no pueda ver a mi hijo, y no lo veo desde hace aproximadamente cinco años", lamentó José Antonio Santos.
Este vecino de La Rinconada, que durante todo su tiempo en prisión estuvo apoyado por su familia y por su pueblo, pide a los jueces que aceleren los trámites para que el reencuentro con su pequeño sea una realidad cuanto antes. "Creo que deberían darse un poco de prisa. Me siento desolado porque esto me ocurre ahora que puedo rehacer mi vida", aseveró.
La historia de José Antonio apareció publicada en todos los periódicos del país y abrió una polémica sobre las denuncias falsas en los casos de malos tratos. Entre diciembre de 2005 y abril de 2008 su ex mujer presentó ocho denuncias por agresiones y acudió a numerosos programas de televisión para afirmar que no sabía "cómo pedir protección para no ser la próxima en la lista" de mujeres asesinadas. Ahora se enfrenta a un proceso por un delito de denuncia falsa.
15 diciembre 2009
Elecciones mañana a decano de los procuradores: Jesús León y María Ángeles Serrano optan al cargo
Los procuradores Jesús León González y María Ángeles Muñoz Serrano aspiran mañana al cargo de decano en las elecciones de las que saldrá el sucesor de Marcelo Lozano, que no se presenta a la reelección después de la dimisión de parte de su junta directiva. Los 421 procuradores que hay en Sevilla están convocados para elegir a su nueva junta directiva.
El primero de los candidatos, Jesús León, es procurador del partido judicial de Sevilla desde 1995. Entre 2006 y 2008 ejerció el cargo de secretario de la junta de gobierno. Su candidatura está compuesta además por Antonio Ostos, como vicedecano; Ángela Rotllán, tesorera; y Víctor Alcántara, como secretario, entre otros miembros.
En su programa electoral, destaca la "exigencia de un mayor esfuerzo y profesional para colaborar en la mejora de la Justicia", a la vista de las próximas reformas legales como la implantación de la nueva oficina judicial. Jesús León apuesta igualmente por la asunción de cuantas funciones sean necesarias para la "defensa de las funciones e intereses de la labor profesional del procurador y su continuidad". El procurador aboga por la organización del servicio común de notificaciones y embargos, ya que, según dijo, no se explica como el colegio de Sevilla "no está a la misma altura, no sólo de la mayoría de colegios del territorio nacional, sino también de los andaluces, siendo prácticamente el único colegio de procuradores andaluz que aún no ha asumido dicha competencia".
En el aspecto social, la candidatura de León aboga por la búsqueda de "la unión y del consenso para afrontar los nuevos retos que se avecinan, la futura toma de decisiones que afectan al futuro de la profesión y acabar definitivamente con la imagen de falta de unión entre los procuradores sevillanos".
El candidato a decano de los procuradores sevillanos propone asimismo, en la vertiente económica, un paquete de medidas para el "control y la reducción del gasto presupuestario y el necesario cambio y sustitución del obsoleto sistema de financiación por uno más equitativo que sea consensuado por los colegiados".
Por su parte, la candidatura de María Ángeles Muñoz Serrano está integrada, entre otros, por Pilar Acosta, como vicedecana; Diana Navarro, como secretaria; y Javier Dianez, como vicesecretario. Esta candidatura también recoge, en su ideario, el fomento de la unidad entre todos los colegiados, la reorganización del colegio y la supresión y reducción del volumen de gastos con la finalidad de establecer una cuota fija asequible al bolsillo de todos y que permita mantener las prestaciones habituales.
María Ángeles Muñoz considera fundamental la dignificación y fomento del trabajo del procurador, ya que considera que el procurador no es "más que un mero trabajador al servicio de la Justicia y del justiciable".
En el apartado económico, la candidatura de Serrano propone reducir los gastos de representación en sus diversas variantes: institucionales, colegiales, suministros o en materia de personal, por ejemplo. De la misma forma, apuesta por la "transparencia" en la gestión económica, con información trimestral al detalle y exhibición de facturas para el colegiado que lo solicite.
Esta aspirante al decanato de los procuradores de Sevilla apuesta asimismo por la elaboración de un calendario laboral y de notificaciones, o la realización de gestiones encaminadas a la obtención de la Seguridad Social para el colegiado. En la vertiente institucional, María Ángeles Muñoz aboga por fomentar los encuentros con la Administración, en busca de colaboración en las tareas diarias del procurador de los tribunales, y colaborar con los secretarios judiciales.
En su candidatura, Ángeles Muñoz también pone de manifiesto que el colegio de procuradores mostrará su apoyo "incondicional" a los partidos judiciales en relaciona a que cuenten con medios dignos para el ejercicio de la profesión de procurador. Por último, esta candidatura pretende un cambio del modo de votación en las elecciones, estableciendo la jornada de mañana y tarde con el objetivo de facilitar la participación de todos los colegiados.
El primero de los candidatos, Jesús León, es procurador del partido judicial de Sevilla desde 1995. Entre 2006 y 2008 ejerció el cargo de secretario de la junta de gobierno. Su candidatura está compuesta además por Antonio Ostos, como vicedecano; Ángela Rotllán, tesorera; y Víctor Alcántara, como secretario, entre otros miembros.
En su programa electoral, destaca la "exigencia de un mayor esfuerzo y profesional para colaborar en la mejora de la Justicia", a la vista de las próximas reformas legales como la implantación de la nueva oficina judicial. Jesús León apuesta igualmente por la asunción de cuantas funciones sean necesarias para la "defensa de las funciones e intereses de la labor profesional del procurador y su continuidad". El procurador aboga por la organización del servicio común de notificaciones y embargos, ya que, según dijo, no se explica como el colegio de Sevilla "no está a la misma altura, no sólo de la mayoría de colegios del territorio nacional, sino también de los andaluces, siendo prácticamente el único colegio de procuradores andaluz que aún no ha asumido dicha competencia".
En el aspecto social, la candidatura de León aboga por la búsqueda de "la unión y del consenso para afrontar los nuevos retos que se avecinan, la futura toma de decisiones que afectan al futuro de la profesión y acabar definitivamente con la imagen de falta de unión entre los procuradores sevillanos".
El candidato a decano de los procuradores sevillanos propone asimismo, en la vertiente económica, un paquete de medidas para el "control y la reducción del gasto presupuestario y el necesario cambio y sustitución del obsoleto sistema de financiación por uno más equitativo que sea consensuado por los colegiados".
Por su parte, la candidatura de María Ángeles Muñoz Serrano está integrada, entre otros, por Pilar Acosta, como vicedecana; Diana Navarro, como secretaria; y Javier Dianez, como vicesecretario. Esta candidatura también recoge, en su ideario, el fomento de la unidad entre todos los colegiados, la reorganización del colegio y la supresión y reducción del volumen de gastos con la finalidad de establecer una cuota fija asequible al bolsillo de todos y que permita mantener las prestaciones habituales.
María Ángeles Muñoz considera fundamental la dignificación y fomento del trabajo del procurador, ya que considera que el procurador no es "más que un mero trabajador al servicio de la Justicia y del justiciable".
En el apartado económico, la candidatura de Serrano propone reducir los gastos de representación en sus diversas variantes: institucionales, colegiales, suministros o en materia de personal, por ejemplo. De la misma forma, apuesta por la "transparencia" en la gestión económica, con información trimestral al detalle y exhibición de facturas para el colegiado que lo solicite.
Esta aspirante al decanato de los procuradores de Sevilla apuesta asimismo por la elaboración de un calendario laboral y de notificaciones, o la realización de gestiones encaminadas a la obtención de la Seguridad Social para el colegiado. En la vertiente institucional, María Ángeles Muñoz aboga por fomentar los encuentros con la Administración, en busca de colaboración en las tareas diarias del procurador de los tribunales, y colaborar con los secretarios judiciales.
En su candidatura, Ángeles Muñoz también pone de manifiesto que el colegio de procuradores mostrará su apoyo "incondicional" a los partidos judiciales en relaciona a que cuenten con medios dignos para el ejercicio de la profesión de procurador. Por último, esta candidatura pretende un cambio del modo de votación en las elecciones, estableciendo la jornada de mañana y tarde con el objetivo de facilitar la participación de todos los colegiados.
13 diciembre 2009
Polémica por la excarcelación de Samuel Benítez, el amigo del asesino confeso
Libre después de 298 días encarcelado en la prisión de Huelva. La Audiencia de Sevilla decretó el pasado jueves la puesta en libertad de Samuel Benítez Pérez, el último de los cuatro implicados en el asesinato y desaparición de Marta del Castillo -sin contar al asesino confeso, Miguel Carcaño- que permanecía privado de libertad.
El amigo de Carcaño, al que este último culpa en su última declaración de haberse encargado de la maniobra para deshacerse del cadáver con el coche de un familiar suyo, abandonó el centro penitenciario de Huelva a las 18.40 horas, en un vehículo en el que iba acompañado de su abogado defensor, Manuel Caballero.
La decisión de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, que se produce menos de un mes después de que el quinto implicado, el menor apodado el Cuco, fuese trasladado a un piso tutelado de Puerto Real, ha resuelto finalmente la puesta en libertad del joven en la cuarta ocasión en la que se solicita esta medida.
Las tres veces anteriores que el abogado Manuel Caballero, que defiende a Samuel Benítez, pidió su libertad por el juez Francisco Molina de Asís, el titular del juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla que ha dirigido la investigación del caso.
El argumento principal que la Audiencia esgrime en su resolución para acordar la excarcelación se refiere estrictamente a los plazos legales de la prisión preventiva, según explicaron ayer fuentes judiciales. El tribunal no entra a valorar en el auto los indicios de criminalidad respecto a la presunta participación de Samuel en la ocultación del cadáver de la adolescente.
Las fuentes precisaron que, aunque no se ha adoptado ninguna orden de alejamiento sobre la familia de Marta -como sí ocurrió en el caso de el Cuco, al que se ha prohibido acercarse a menos de 50 kilómetros de Sevilla-, sí que se han dispuesto medidas severas para el control de su libertad, que incluye la obligación de que este imputado comparezca una vez a la semana en el juzgado. Esta misma medida es la que el instructor del caso impuso a Javier Delgado, el hermano de Miguel Carcaño, cuando fue puesto en libertad en mayo pasado.
Samuel está imputado por la presunta comisión de un delito de encubrimiento, que el Código Penal castiga con penas de seis meses a tres años, y la Ley de Enjuiciamiento Criminal -artículo 504- determina que cuando la posible pena a imponer sea igual o inferior a tres años, la duración de la prisión provisional máxima no puede superar el año, aunque este plazo puede prorrogarse por otros seis meses.
En el caso de Samuel Benítez y teniendo en cuenta que fuese condenado por el delito de encubrimiento, la pena máxima que podría imponérsele rondaría el año y los nueve meses de cárcel, según dijeron fuentes del caso, que estiman que podría aplicársele el artículo 66 del Código Penal, que determina la imposición de la pena en su mitad superior cuando concurre una circunstancia agravante, que en este caso podría ser la gravedad de los hechos, ya que penalmente no sería lo mismo encubrir un robo que un asesinato.
De cualquier forma y con una pena que ronde el año y los nueve meses de cárcel, Samuel Benítez, que carecía de antecedentes penales, no tendría que volver a ingresar en prisión, puesto que ya habría cumplido además casi diez meses de esa pena, añadieron las mismas fuentes.
La situación de Samuel podría ser distinta en el supuesto de que se le apreciara además el delito de profanación de cadáver que la familia de Marta imputa a todos los implicados. Este delito, que figura en el artículo 526 del Código Penal, castiga con penas de entre tres y cinco meses de prisión o multa de seis a diez meses la profanación de un cuerpo. La acusación se basa en una jurisprudencia del Supremo que condenó por este delito a unos acusados de incendiar un vehículo para ocultar el cuerpo de una persona a la que habían asesinado.
El amigo de Carcaño, al que este último culpa en su última declaración de haberse encargado de la maniobra para deshacerse del cadáver con el coche de un familiar suyo, abandonó el centro penitenciario de Huelva a las 18.40 horas, en un vehículo en el que iba acompañado de su abogado defensor, Manuel Caballero.
La decisión de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, que se produce menos de un mes después de que el quinto implicado, el menor apodado el Cuco, fuese trasladado a un piso tutelado de Puerto Real, ha resuelto finalmente la puesta en libertad del joven en la cuarta ocasión en la que se solicita esta medida.
Las tres veces anteriores que el abogado Manuel Caballero, que defiende a Samuel Benítez, pidió su libertad por el juez Francisco Molina de Asís, el titular del juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla que ha dirigido la investigación del caso.
El argumento principal que la Audiencia esgrime en su resolución para acordar la excarcelación se refiere estrictamente a los plazos legales de la prisión preventiva, según explicaron ayer fuentes judiciales. El tribunal no entra a valorar en el auto los indicios de criminalidad respecto a la presunta participación de Samuel en la ocultación del cadáver de la adolescente.
Las fuentes precisaron que, aunque no se ha adoptado ninguna orden de alejamiento sobre la familia de Marta -como sí ocurrió en el caso de el Cuco, al que se ha prohibido acercarse a menos de 50 kilómetros de Sevilla-, sí que se han dispuesto medidas severas para el control de su libertad, que incluye la obligación de que este imputado comparezca una vez a la semana en el juzgado. Esta misma medida es la que el instructor del caso impuso a Javier Delgado, el hermano de Miguel Carcaño, cuando fue puesto en libertad en mayo pasado.
Samuel está imputado por la presunta comisión de un delito de encubrimiento, que el Código Penal castiga con penas de seis meses a tres años, y la Ley de Enjuiciamiento Criminal -artículo 504- determina que cuando la posible pena a imponer sea igual o inferior a tres años, la duración de la prisión provisional máxima no puede superar el año, aunque este plazo puede prorrogarse por otros seis meses.
En el caso de Samuel Benítez y teniendo en cuenta que fuese condenado por el delito de encubrimiento, la pena máxima que podría imponérsele rondaría el año y los nueve meses de cárcel, según dijeron fuentes del caso, que estiman que podría aplicársele el artículo 66 del Código Penal, que determina la imposición de la pena en su mitad superior cuando concurre una circunstancia agravante, que en este caso podría ser la gravedad de los hechos, ya que penalmente no sería lo mismo encubrir un robo que un asesinato.
De cualquier forma y con una pena que ronde el año y los nueve meses de cárcel, Samuel Benítez, que carecía de antecedentes penales, no tendría que volver a ingresar en prisión, puesto que ya habría cumplido además casi diez meses de esa pena, añadieron las mismas fuentes.
La situación de Samuel podría ser distinta en el supuesto de que se le apreciara además el delito de profanación de cadáver que la familia de Marta imputa a todos los implicados. Este delito, que figura en el artículo 526 del Código Penal, castiga con penas de entre tres y cinco meses de prisión o multa de seis a diez meses la profanación de un cuerpo. La acusación se basa en una jurisprudencia del Supremo que condenó por este delito a unos acusados de incendiar un vehículo para ocultar el cuerpo de una persona a la que habían asesinado.
10 diciembre 2009
El recurso de los padres de Marta retrasa el cierre de la instrucción del caso
El juez Francisco de Asís Molina, que investiga el asesinato y desaparición de Marta del Castillo, ha decidido dejar en suspenso el plazo de ocho días que había dado al fiscal y a la acusación particular que ejercen los padres para que presenten sus escritos de acusación contra los cuatro imputados en el caso. La decisión del juez, que se produce como consecuencia del recurso planteado por la familia de Marta, supone un retraso al cierre de la instrucción del caso, que el juez había previsto para antes de las próximas Navidades.El retraso en el cierre de la causa perjudica otros aspectos del caso, por cuanto uno de los implicados, Samuel Benítez, amigo del asesino confeso, cumplirá en febrero de 2010 el límite de un año de prisión, con lo que tendría que ser puesto en libertad antes de que se celebre el juicio, siempre y cuando el juez no prorrogue su encarcelamiento por otros seis meses máximos, como prevé la ley de enjuiciamiento criminal para la posible pena por el delito de encubrimiento que se le imputa. Todo ello si la Audiencia de Sevilla no decide dejarle en libertad antes, puesto que el abogado del joven ha recurrido la decisión del juez de mantenerle en prisión.
Según explicaron fuentes del caso, las acusaciones entienden que Samuel Benítez debería seguir en la cárcel hasta la celebración del juicio, pero el retraso que suponen estos recursos puede dificultar esta posibilidad. Además, una vez que esté resuelto el recurso, el juez todavía tiene que completar los últimos trámites que prevé la ley del jurado, entre ellos, la convocatoria de una audiencia preliminar con la presencia de los cuatro imputados y en la que nuevamente podrían proponerse nuevas pruebas que, en caso de ser rechazadas, podrían dar lugar a nuevos recursos ante la Audiencia de Sevilla, con los que los plazos para celebrar el juicio se retrasarían hasta después del verano de 2010.
La familia de Marta del Castillo recurrió la providencia que abría el plazo para presentar los escritos de acusación porque ha planteado un recurso para que se impute en este mismo procedimiento un delito de amenazas al hermano del asesino confeso, Javier Delgado, en relación con la última declaración de la ex novia de Camas de Miguel Carcaño, en la que asegura que supuestamente recibió una llamada de este imputado que le habría intimidado. "Si dices todo lo que sabes a tu madre la rajo de arriba abajo y a ti te pego una paliza", afirmó la menor que fueron las amenazas que presuntamente recibió del hermano de Miguel Carcaño.
El juez de Instrucción número 4 acordó que estas supuestas amenazas se investigarían, pero no en la causa principal del asesinato de Marta del Castillo. Tras la declaración de la menor, la Policía investigó el listado de llamadas del móvil de la menor pero no pudo localizar la llamada de las supuestas amenazas.El recurso de los padres de Marta no es el único fleco pendiente del caso, dado que el próximo lunes la Audiencia de Sevilla celebrará una vista para decidir sobre la petición de archivo de la causa que solicitaron Javier Delgado y su novia, María García, al entender que habían sido implicados por meras sospechas o conjeturas que no se basaban en indicios reales de que tuvieran conocimiento del crimen y de la ocultación del cadáver de Marta, que sigue sin aparecer diez meses después de su desaparición.
Según explicaron fuentes del caso, las acusaciones entienden que Samuel Benítez debería seguir en la cárcel hasta la celebración del juicio, pero el retraso que suponen estos recursos puede dificultar esta posibilidad. Además, una vez que esté resuelto el recurso, el juez todavía tiene que completar los últimos trámites que prevé la ley del jurado, entre ellos, la convocatoria de una audiencia preliminar con la presencia de los cuatro imputados y en la que nuevamente podrían proponerse nuevas pruebas que, en caso de ser rechazadas, podrían dar lugar a nuevos recursos ante la Audiencia de Sevilla, con los que los plazos para celebrar el juicio se retrasarían hasta después del verano de 2010.
La familia de Marta del Castillo recurrió la providencia que abría el plazo para presentar los escritos de acusación porque ha planteado un recurso para que se impute en este mismo procedimiento un delito de amenazas al hermano del asesino confeso, Javier Delgado, en relación con la última declaración de la ex novia de Camas de Miguel Carcaño, en la que asegura que supuestamente recibió una llamada de este imputado que le habría intimidado. "Si dices todo lo que sabes a tu madre la rajo de arriba abajo y a ti te pego una paliza", afirmó la menor que fueron las amenazas que presuntamente recibió del hermano de Miguel Carcaño.
El juez de Instrucción número 4 acordó que estas supuestas amenazas se investigarían, pero no en la causa principal del asesinato de Marta del Castillo. Tras la declaración de la menor, la Policía investigó el listado de llamadas del móvil de la menor pero no pudo localizar la llamada de las supuestas amenazas.El recurso de los padres de Marta no es el único fleco pendiente del caso, dado que el próximo lunes la Audiencia de Sevilla celebrará una vista para decidir sobre la petición de archivo de la causa que solicitaron Javier Delgado y su novia, María García, al entender que habían sido implicados por meras sospechas o conjeturas que no se basaban en indicios reales de que tuvieran conocimiento del crimen y de la ocultación del cadáver de Marta, que sigue sin aparecer diez meses después de su desaparición.
03 diciembre 2009
El Gobierno desata la guerra en internet con su proyecto de "patada digital"
Manifiesto “En defensa de los derechos fundamentales en internet”
Categoría:
Manifiesto “En defensa de los derechos fundamentales en internet”Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que…
1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial – un organismo dependiente del ministerio de Cultura -, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.
Categoría:
Manifiesto “En defensa de los derechos fundamentales en internet”Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que…
1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial – un organismo dependiente del ministerio de Cultura -, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.
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