De Medio Ambiente a fiscal de seguridad vial

La fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, ha propuesto al ex fiscal de Medio Ambiente Luis Carlos Rodríguez León como nuevo fiscal delegado de Seguridad Vial, un puesto que ocupaba hasta su marcha al sector privado José María Calero (quien por cierto no tiene contratada ningún tipo de publicidad en este blog, en respuesta a uno de los comentarios dejado por un usuario anónimo). La plaza había sido solicitada sólo por dos fiscales, entre los cuales Segarra ha propuesto a la Fiscalía General que se nombre a Rodríguez León, el mismo fiscal al que hace unos meses apartó de Medio Ambiente porque, según dijo, no era el más adecuado para gestionar el equipo humano de fiscales de Medio Ambiente. La propuesta del nuevo fiscal de seguridad vial (que la fiscal jefe no ha querido hacer pública hasta que se produzca el nombramiento) ha causado cierta sorpresa en medios fiscales e incluso hay quien ha comentado que Segarra no está muy convencida del todo de la propuesta que ha efectuado, aunque precisan que tampoco había muchas más opciones. Otros temen que vuelvan a aparecer los nubarrones que ya se produjeron con motivo del paso del fiscal por la coordinación de Medio Ambiente. Que tiemblen los conductores a partir de ahora...

Visita en clave sevillana a la Ciudad de la Justicia de Málaga

La consejera de Justicia y Administración Pública, María José López, ha realizado hoy una visita a la Ciudad de la Justicia de Málaga con diversas autoridades judiciales de Sevilla, a fin de que conocieran de primera mano el nuevo complejo de la capital malagueña, que lleva cerca de un mes en marcha y que cuenta a partir de hoy lunes con 22 órganos judiciales en funcionamiento, entre los que se encuentra el Registro Civil.

El presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla, Miguel Carmona, la fiscal jefe de la Fiscalía, María José Segarra, el decano de los jueces, Federico Jiménez Ballester, la coordinadora de los secretarios judiciales, Ana María Jiménez Bada, así como el representante del Consejo General del Poder Judicial en Andalucía occidental, Antonio Reinoso, y la secretaria de la sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Aurelia Lorente han acudido a Málaga. Representantes de los sindicatos, así como algunas autoridades judiciales de Málaga como el juez decano y el fiscal jefe, también asistieron.

López ha realizado una pormenorizada visita a las dependencias judiciales malagueñas con los representantes de la Justicia en Sevilla, que a su vez forman parte de la comisión conjunta creada para la elaboración del pliego de condiciones del ‘Campus Tecnológico de la Justicia’ de Sevilla, que se compondrá, en principio, de cuatro edificios. Este futuro complejo judicial se situará junto al río Guadalquivir y satisfará las necesidades de la ciudadanía y los profesionales de la Administración de Justicia para la mejor prestación del servicio público con un diseño moderno, funcional y sostenible. En la sede malagueña, los integrantes de la visita se han interesado por la distribución de espacios, la presencia de elementos tecnológicos y la modernidad de las instalaciones.
En Málaga, desde esta semana estarán en funcionamiento los cinco juzgados de lo Contencioso-Administrativo, que fueron los primeros en trasladarse del 4 al 8 de octubre, así como los 12 órganos de la jurisdicción social, que lo hicieron del 10 al 18 de octubre. Posteriormente han sido los tres de Menores, con la correspondiente Fiscalía dedicada a este orden (del 19 al 23 de octubre), y el Registro Civil, que ha comenzado hoy a funcionar en la sede de Teatinos.

La Junta ha invertido 85 millones de euros en la construcción de la Ciudad de la Justicia de Málaga, un recinto diseñado por el arquitecto malagueño José Seguí. También se han invertido otros siete millones de euros en la dotación y equipamiento del nuevo edificio judicial. La Ciudad de la Justicia de Málaga tiene una superficie de 70.000 metros cuadrados y está dotado de las más modernas instalaciones. Un ordenador central regula la energía eléctrica y la climatización del inmueble para la gestión eficiente del ahorro energético. Además, el recinto cuenta con sistemas de detección, protección de incendios y extinción automática en las zonas de archivos.

La apuesta de la Junta de Andalucía por ejecutar un campus judicial en Sevilla permitirá además adelantar la marcha de los juzgados a su nuevo emplazamiento, acortando los plazos dada su proximidad al actual eje judicial, de modo que la integración los juzgados se realizará tan pronto como se fuesen terminando de construir las edificaciones. La reserva de espacio con motivo de creación de órganos judiciales en el futuro permitirá además conservar la ordenación del enclave judicial y mantener la identificación de las sedes, donde la sostenibilidad y el despliegue tecnológico cobrarán relevancia.

Caso Macarena: El Ayuntamiento no acusa a ninguno de los imputados

El Ayuntamiento de Sevilla no ha presentado cargos contra los cuatro imputados por el escándalo de las facturas falsas destapado en el distrito Macarena, dado que tan sólo ha reclamado que se devuelva el dinero presuntamente malversado a las arcas públicas municipales. Los servicios jurídicos del Consistorio hispalense, personado como acusación particular en la causa abierta en el juzgado de Instrucción número 15 de Sevilla, presentaron el pasado miércoles un escrito de calificación de los hechos en el que, de forma muy escueta, limitaban la petición de condena a la reparación de los "perjuicios" económicos causados al Ayuntamiento. En el documento ni siquiera se cuantifica el importe de las facturas pagadas de forma presuntamente indebida al contratista José Pardo García, ex socio de Juan Guerra, y que la Fiscalía hispalense ha cifrado en 20.254,62 euros. De esta forma, la acusación particular que ejerce el Ayuntamiento se desmarcó de la postura que mantuvo el año pasado durante la celebración de la vista preliminar que establece la ley del jurado, en la que, tras adherirse inicialmente a los planteamientos del fiscal -que pidió el procesamiento de los cuatro imputados, incluido el ex concejal José Antonio García-, posteriormente anunció que cuando llegara la fase de presentar los cargos sólo dirigiría sus acciones contra el contratista José Pardo. La posición del Consistorio también contrasta con la de la otra acusación particular personada en la causa, el Partido Andalucista, que ha pedido hasta 12 años de cárcel para el ex edil José Antonio García, a quien la Fiscalía decidió finalmente no acusar al estimar que sólo se limitó a firmar los cheques que fueron pagados a José Pardo.

El Poder Judicial defiende las oposiciones frente a la propuesta del ministro para permitir el acceso directo a los estudiantes con mejores notas

El portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Enrique López, ha asegurado que esta institución no se plantea ninguna reforma del actual sistema de acceso a la Judicatura y ha defendido que el modelo de oposiciones da buen resultado porque permite elegir "a buenos jueces y juezas". Para López, el actual sistema de oposiciones español goza de gran prestigio internacional y por eso se está copiando en varios países de Latinoamérica o de Europa del Este. El portavoz del CGPJ también ha desmentido que exista una "crisis de opositores" a la Judicatura en España por el hecho de que el pasado año descendiera en 2.000 el número de aspirantes. "Lo que ha pasado es que se ha cambiado el sistema, añadiéndose un examen test previo al oral, por lo que muchos de los que antes se apuntaban por apuntarse ahora no lo hace, para no enfrentarse a dicho examen", apuntó López.
Durante la inauguración de la III Conferencia Internacional de Formación y Capacitación Judicial en Barcelona, Bermejo aseguró ayer que las cifras "cantan", ya que en 2001 hubo más de 6.000 candidatos a las oposiciones de jueces y fiscales, mientras que en 2006 sólo hubo 4.000. "En los tiempos que corren hay otras salidas menos duras y ponerse a preparar oposiciones parece que no es atractivo". El ministro de Justicia justificó la iniciativa explicando que en las últimas oposiciones el tiempo medio de preparación ha sido de cinco años y medio, de manera que los que se han examinado han estado "aislados" durante ese tiempo, en contacto sólo "con un preparador y con él mismo".
Para el ministro, "el modelo de juez del siglo XXI" pasa "no sólo por un buen técnico en Derecho, sino además formado en valores constitucionales". "Y desde luego, que tengamos tiempo de convertirlo en un buen juez, con más permanencia en centros y con programas que tienen mucho que ver con la vida, y no sólo con el Derecho", añadió.

El auto pionero sobre la donación de órganos por un menor de edad

La Justicia dio ayer un paso histórico al autorizar a una menor a donar parte del hígado a su hija a pesar de las limitaciones que establece la ley de trasplantes, que prohíbe las donaciones de personas que no han alcanzado la mayoría de edad. El auto del juzgado de Familia número 17 sienta un precedente jurídico en la materia, al permitir que Rocío, una vecina de Camas de 17 años, pueda convertirse en donante viva de su hija, una decisión que ha sido avalada por la Fiscalía hispalense. La juez de Familia María Núñez Bolaños ha concedido la autorización legal para que se efectúe la donación amparándose en un vacío legal de la normativa y en la decisión consciente de la madre de llevar a cabo la donación para salvarle la vida a su hija de seis meses, que sufre una malformación en este órgano.
La resolución destaca precisamente que Rocío es “plenamente consciente de los riesgos” que implica la intervención quirúrgica para donar parte del hígado y tiene además “plena capacidad” para entender todo lo que le está sucediendo. La juez explica que la menor ha manifestado “con pleno entendimiento y de forma libre y consciente, su deseo de donar a su hija parte de su hígado” y llega a la conclusión de que su falta de capacidad para la donación puede suplirse, habida cuenta de su consentimiento expreso.
El auto analiza la regulación existente sobre extracción y trasplante de órganos contemplada en la ley 30/1979, el Real Decreto 2070/1999, que regula las actividades de obtención y utilización clínica de órganos humanos, y la ley general de Sanidad de 1986. Los requisitos que exigen estas normativas para la donación parten de que el donante sea mayor de edad y goce de plenas facultades mentales y de un estado de salud adecuado. También se permite que el tutor legal preste el consentimiento a la intervención cuando el menor no esté capacitado para ello, pero la juez estima y aquí es donde encuentra un “silencio normativo” que en el caso de la donación de órganos baste sólo con el consentimiento del tutor, sino que la misma debe contar con autorización judicial para suplir su falta de capacidad.
La juez María Núñez Bolaños compara el caso de las donaciones con los supuestos de esterilización de un menor y sostiene que “es necesario, por tanto, acudir al proceso judicial, recabar el informe de especialistas, oír en su caso a la incapaz o menor, todo ello con la intervención del Ministerio Fiscal”.
El Tribunal Constitucional, recuerda el auto, ha entendido como inexcusable la intervención judicial para los supuestos de esterilización y ha fijado entre sus requisitos que la solicitud parta de quienes ostentan la representación legal de la persona incapaz, la exploración judicial de esta persona, el informe de los especialistas y el pronunciamiento de la Fiscalía.
En el caso de Rocío se han cumplido todos y cada uno de los requisitos y su decisión ha sido incluso respaldada por la Fiscalía, que ha hecho hincapié en la “consciencia y responsabilidad” de sus actos al plantear la donación, así como en que “no estaba influida” por sus familiares y todos los informes médicos, tanto los emitidos por centro hospitalario como los forenses del juzgado, se han mostrado favorables a la donación.
El abogado Juan Manuel Gabella, que planteó el expediente de jurisdicción voluntaria para lograr la autorización, mostró ayer su satisfacción por este auto pionero que “marca un precedente contra la ley que no autorizaba las donaciones a menores y que servirá para supuestos similares”.

Pavón reitera su inocencia en el estreno de su nuevo abogado, el fiscal en excedencia José María Calero

El ex alcalde de Camas Agustín Pavón reiteró hoy su "absoluta inocencia" en el caso del intento de soborno a una ex edil de Camas, al asegurar que sólo hubo una negociación política ajena a los intereses económicos y urbanísticos. El ex regidor acudió a la Audiencia de Sevilla con motivo de una vista convocada en la Sección Tercera por los recursos presentados por las defensas, en la que iba a ser el estreno del fiscal en excedencia José María Calero como nuevo abogado de Agustín Pavón. El recurso se aplazó porque no habían sido citadas las acusaciones particulares que ejercen el PSOE y los propios denunciantes del presunto cohecho, la ex edil Carmen Lobo y el ex militante de IU Francisco Gordo Vázquez. La Audiencia debe pronunciarse sobre cuatro recursos presentados contra la incoación del procedimiento del jurado en este caso y la petición de nulidad de las escuchas telefónicas practicadas por la Policía al inicio de la investigación del caso.

París y Amberes, modelos para la Ciudad de la Justicia de Sevilla

La Consejería de Justicia se está inspirando para diseñar la Ciudad de la Justicia de Sevilla en los modelos de campus de París y Amberes, en el ámbito europeo, y los campus de la Justicia de Madrid y Barcelona, a nivel nacional. Las nuevas sedes de estas capitales tienen como denominador común que en todos los casos se ha optado por un proyecto que está integrado por un conjunto de edificios, diferenciados por jurisdicciones, y no por una macroestructura que en la que estén reunidos la totalidad de órganos judiciales, que es el diseño que finalmente se ha seguido para las Ciudades de la Justicia que se están construyendo en la mayoría de las capitales andaluzas y el que funciona en Valencia.
Los complejos judiciales de París y Amberes, que tendrán una extensión aproximada de 100.000 y 78.000 metros cuadrados, respectivamente, guardan diversas similitudes con el campus tecnológico y judicial que se implantará en Sevilla. Ambos complejos se ubicarán en el entorno fluvial de estas ciudades y así, en el caso de Sevilla, la parcela elegida está orientada geográficamente al Sur, en una zona de expansión empresarial que la propia titular andaluza de Justicia no ha dudado en calificar como la futura city de Sevilla.
Junto a la ubicación, los Palacios de Justicia de estas capitales europeas destacan no sólo por sus excepcionales dimensiones, sino por que pretenden constituirse en auténticos referentes arquitectónicos. La futura sede judicial de la capital francesa, próxima al río Sena y a la Biblioteca Nacional de Francia, pretende convertirse en un monumento contemporáneo digno de la urbe y que transmita además una expresión renovada de los valores de Justicia.
La sede de los tribunales de Justicia de Amberes, obra del arquitecto británico Richard Rogers, está formado por seis alas –con jardines interiores entre ellas– en torno a un gran espacio público central. Aunque el edificio, que ya está en funcionamiento, no es más alto que las construcciones que hay a su alrededor, sobresalen las puntas inclinadas que aparecen en la cubierta. En la fachada domina el cristal, que facilita la entrada de luz natural a las salas anteriores.
La Junta de Andalucía no sólo ha buscado la inspiración en las tendencias europeas, sino que también se ha tomado como modelos de referencia los edificios que se construyen en Madrid y Barcelona. El campus de Madrid, situado en el parque de Valdebebas y junto a la Feria de Madrid (Ifema), está diseñado como el complejo judicial más grande del mundo, que dispondrá de una superficie de 300.000 metros cuadrados y contará con 14 sedes, distribuidas en edificios circulares, de los cuales en cuatro ya se han iniciado las obras. Una de las sedes que ya se levanta ha sido diseñada por el británico Norman Foster y albergará las sedes de la Audiencia Provincial de Madrid y del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad de Madrid.
La Consejería de Justicia, siguiendo estas tendencias, ha programado un campus judicial que pretende convertirse en el mayor complejo administrativo de Andalucía y será pionero en la incorporación de las últimas innovaciones tecnológicas. Los cuatro edificios de que dispondrá la ciudad judicial se identificarán de forma clara en la parcela, tanto por su situación geográfica como por la proximidad de los órganos con los que se relacionan las distintas jurisdicciones. De esta forma, la Ciudad de la Justicia contará con un primer inmueble que aglutinará a los órganos civiles:los juzgados de Primera Instancia, de lo Social y de lo Contencioso-Administrativo.
En el inmueble dedicado a la jurisdicción Penal estarán los juzgados de Instrucción, de lo Penal, los que estén de guardia, el juzgado de Vigilancia Penitenciaria, los de menores, Familia, Violencia sobre la Mujer, y la sede del Instituto de Medicina Legal.
En un tercer nivel estarán las dependencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sus Salas de lo Social y de lo Contencioso-Administrativo; de la Audiencia Provincial de Sevilla y de la Fiscalía hispalense.
El último edificio pero al que la Consejería otorga una gran relevancia es el denominado de Relación con el administrado. Esta sede incluirá las 62 salas de vista para la celebración de juicios que está previsto que se creen inicialmente, así como los servicios comunes y el Registro Civil, entre otros órganos que guardan una estrecha relación con los ciudadanos.
Los cuatro edificios que se levantarán en la parcela de los terrenos del Puerto de Sevilla, que están pendientes todavía de la concesión administrativa por parte de la Autoridad Portuaria, alcanzarán una superficie total construida de 82.507 metros cuadrados. Esta edificabilidad no agotará las posibilidades de la parcela, puesto que el proyecto reserva 20.627 metros cuadrados (un 25 por ciento) para la creación de nuevos órganos en los próximos años, según las necesidades judiciales. La superficie total disponible asciende, incluida la reserva de espacio, a 103.134 metros cuadrados.

El violador en serie alega que todas las víctimas "consintieron"

David H. M., el enfermero del Fremap que se enfrenta a 64 años de prisión por violar a cuatro mujeres e intentarlo con una quinta, aseguró hoy en el juicio que todas las víctimas "consintieron" en matener unas relaciones sexuales en las que, según su testimonio, no hubo intimidación alguna, ya que las víctimas le abrieron la puerta y accedieron a los contactos sexuales. En el juicio salió a relucir la agenda del enfermero, en la que aparecían datos personales de más de 40 mujeres, como su peso y estatura, su domicilio, teléfono, etc. El individuo dijo que se trataba de datos de sus "pacientes" y que los guardaba para enviarles informes médicos, pero lo cierto es que la Policía investigó tras su detención la posibilidad de que hubiera más víctimas. Al final, el caso se redujo a los cinco que están siendo juzgados actualmente. Dos de las víctimas ya han prestado declaración ante el tribunal y han ratificado los cargos contra el acusado, entre ellas una menor de 15 años.

Plan Andaluz de Justicia 2007-2010 para aumentar la calidad y la proximidad a los ciudadanos

La consejera de Justicia y Administración Pública, María José López, ha presentado hoy en Granada el Plan Andaluz de Justicia 2007-2010, un modelo estratégico de calidad cuyo objetivo es la implantación de “un servicio público orientado a la ciudadanía del siglo XXI”. La consejera resaltó que este plan “supone la consolidación definitiva de una nueva perspectiva de la Administración de Justicia que pone el acento en su faceta de servicio público, en la que el ciudadano es el centro de todos los servicios, y que, por tanto, estará orientada a satisfacer sus necesidades y aspiraciones en un entorno de calidad, accesibilidad y proximidad”. Todas las líneas del Plan giran en torno a la aproximación y personalización de los servicios de justicia, donde se garantiza un modelo de atención y relación con la ciudadanía, la modernización y cercanía de los juzgados de paz o la simplificación del lenguaje jurídico. Además, se pretende mejorar la comunicación y colaboración entre las administraciones, los órganos judiciales y en general, todos los agentes que se relacionan con la Administración de Justicia. En este sentido, López indicó que se incidirá en la formación continuada de profesionales para la adecuada prestación de los servicios y en la simplificación de los procesos operativos de trabajo para alcanzar mayores niveles de eficacia e incrementar el nivel de satisfacción. Como ejemplo, la titular de Justicia se refirió al expediente digital judicial, que permitirá su gestión tanto en formato papel como en formato electrónico, mediante acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial y el TSJA. Además, el Plan recoge la digitalización de los procesos de intercambio de información, las comunicaciones por videoconferencias y otros medios telemáticos que facilitarán una mejor utilización de los recursos. Elaborado por la Junta de Andalucía en colaboración con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y la Fiscalía Superior, este Plan apuesta por un modelo organizativo que aproveche al máximo las potencialidades del Estatuto de Autonomía y la Ley Orgánica del Poder Judicial. “Con su puesta en marcha –afirmó la consejera de Justicia y Administración Pública- marcamos nuevos retos estratégicos tales como que la ciudadanía acceda desde su ordenador a su expediente judicial, que ciudadanía, abogados y procuradores accedan desde sus ordenadores a la Justicia Gratuita, la puesta en marcha del Portal del ciudadano y la justicia o la carta de servicios y derechos digitales de la ciudadanía ante la Justicia”. La mejora de los espacios físicos también está contemplado en el Plan, que tendrá en cuenta las necesidades de la ciudadanía y las condiciones de trabajo de los profesionales de Justicia para mejorar la funcionalidad, la habitabilidad, la accesibilidad, la confortabilidad y la seguridad. Para ello, el Plan actuará en torno a tiene tres líneas de actuación: las infraestructuras al servicio de la ciudadanía y de los profesionales, la Administración electrónica y los archivos judiciales. Por otra parte, la Administración electrónica al servicio de la ciudadanía y de los profesionales incluirá medidas como el expediente digital único, que facilitará el acceso a la información por parte de agentes autorizados, preservando la integridad, confidencialidad y seguridad del expediente judicial. También se potencian los portales judiciales.

Los juzgados de desahucio exprés

La junta de jueces de Primera Instancia se reúne este miércoles para analizar el proyecto del Gobierno de crear juzgados especiales de desahucio, en el marco de las medidas para incentivar la oferta de alquileres, ya que el Ejecutivo cree que si hay más facilidades y agilidad a la hora de expulsar a los inquilinos morosos eso mejorará la oferta de pisos de alquiler. Barcelona, a través de su tribunal superior de justicia, ya se ha opuesto a estos juzgados, al estimar que no es necesaria su creación. Los tiempos de respuesta que tarda un desahucio, en torno a los tres meses, parecen avalar esta postura, a pesar de que en lo que lleva de año son ya 5.700 los lanzamientos acordados en la ciudad condal. Sevilla, con 1.056 expedientes incoados al año y unos tiempos de respuesta similares, parece que no lo necesitará en principio, aunque por la carga de trabajo sí que sería viable su creación en la capital hispalense. Habrá que ver qué opina la junta de jueces....

La juez concluye la investigación del caso de las facturas falsas en la Macarena

La titular del juzgado de instrucción número 15 de Sevilla ha dado por concluida la instrucción del sumario abierto por las presuntas irregularidades en las facturas del distrito Macarena y ha dado traslado de las actuaciones a la Fiscalía para que en los próximos días presente su escrito de acusación contra los cuatro imputados, entre los que se encuentran el ex concejal del distrito José Antonio García, el ex secretario del distrito, José Marín, el contratista José Pardo y el colaborador Manuel Portela. Este fue uno de los grandes escándalos políticos que sacudieron el segundo mandato de Alfredo Sánchez Monteseirín en el Ayuntamiento de Sevilla y que se cerró desde el punto de vista político con la dimisión de los dos responsables socialistas.

El juez archiva la querella de la Fiscalía contra tres funcionarios de Urbanismo por la licencia concedida al grupo Abades

El juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla ha archivado la querella que presentó la Fiscalía de Urbanismo contra tres funcionarios de la Gerencia de Urbanismo, a los que atribuía una presunta prevaricación en relación con la licencia concedida para la construcción de un gran complejo hostelero del grupo Abades en los terrenos del antiguo restaurante El Puerto, en la calle Betis. El juez concluye que, después de analizar el informe de los peritos -que no detectaron ninguna irregular-, no existen indicios racionales de criminalidad en la actuación de los tres funcionarios, con independencia de que la licencia pueda no estar ajustada a derecho, algo que deberá determinar el procedimiento que se tramita ante un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla. El abogado Manuel Salinero, que representa a uno de los funcionarios imputados, ha mostrado su satisfacción por el archivo de la causa. Este caso motivó un enfrentamiento entre una fiscal de Urbanismo y los abogados defensores, a raíz de una serie de escritos presentados por la fiscal en el juzgado y que los letrados consideraron como un menoscabo de su prestigio profesional. La fiscal fue inicialmente apartada del proceso y posteriormente desistió de llevar el caso, del que ahora se ha hecho cargo el nuevo coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, Javier Rufino. Habrá que esperar qué decide hacer ahora la Fiscalía con este archivo, si lo recurre o no.

El TSJA cree que los vigilantes del entorno usurpan las funciones de la Policía Local

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ordenado al alcalde de Dos Hermanas y presidente Federación Andaluza de Municipios y Provincias (Famp), Francisco Toscano, a que deje de invadir las competencias de la Policía Local, en relación con las funciones de vigilancia y de regulación del tráfico en los colegios que llevan a cabo los denominados vigilantes del entorno.

La sentencia, que estima la demanda presentada en su día por el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme) en Sevilla, confirma a su vez la dictada en 2005 por el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Sevilla e impone al Ayuntamiento nazareno el pago de las costas del recurso de apelación. El Consistorio había alegado que los vigilantes no usurpaban funciones policiales por cuanto no se dedicaban a la ordenación del tráfico en la ciudad y su actuación se limitaba a casos puntuales, como la colocación de vallas y señalizaciones en romerías y la Semana Santa, o durante el curso escolar.

Frente a esta argumentación, el Alto Tribunal confirma que estos trabajadores invaden las competencias de la Policía Local, recogidas en la Ley de Coordinación de Policía Local, las normas de Tráfico y la ley orgánica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.La ley de Coordinación de Policías Locales establece que en los municipios donde existe cuerpo de Policía Local, el personal que realice funciones de custodia y vigilancia de bienes, servicios e instalaciones con la denominación de guardas, vigilantes, agentes, alguaciles o análogos, "no tendrá la condición de agente de la autoridad".

La resolución del TSJA advierte que a parte de los signos externos de los que han sido dotados los vigilantes del entorno –van uniformados y con vehículos municipales–, "basta con leer las competencias que le asigna el Ayuntamiento para percatarse de que van más allá de la guarda o custodia de un bien o servicio".

Los vigilantes del entorno, añade el fallo, "no sólo quitan o ponen vallas sino que ordenan, señalizan y dirigen el tráfico a la entrada y salida de los centros escolares durante el curso" y ejecutan otros actos: organizar y regular el mercadillo, labores de auxilio en materia de notificaciones, o vigilancia de espacios públicos y grandes concentraciones humanas. "Se trata de un personal contratado temporalmente al que se ha dotado de signos externos de autoridad y funciones que corresponden en exclusiva a la Policía Local o a funcionarios, lo que supone un exceso a la autorización legal del artículo 6 de la ley 13/2001", concluye.

Los tribunales han fallado de la misma forma en otras localidades como Carmona, donde se estimó que los vigilantes habían usurpado funciones policiales.