Más de 240 euros por cada juicio de falta, 7.000 euros al día

Cada día se celebran en Sevilla una media de 30 juicios de faltas inmediatos, que representan un gasto para el Estado de más de 7.000 euros diarios, según el estudio que ha realizado Diario de Sevilla en función de los costes de la decena de personas que intervienen en la tramitación de uno de estos juicios rápidos.
Los juicios de faltas inmediatos, que tienen esta denominación porque se celebran cuando ni siquiera han transcurrido 15 días desde el hecho que motivó la denuncia, resuelven cuestiones aparentemente livianas como pequeños hurtos, insultos entre vecinos, incumplimientos del régimen de visitas de los hijos en una pareja separada, discusiones de tráfico y estafas de menor cuiantía.
El coste del proceso de un juicio de faltas se inicia desde el mismo momento en el que un ciudadano presenta una denuncia, lo que implica la intervención de varios policías, que recogen en un acta las manifestaciones del perjudicado y las trasladan al juzgado de guardia. Es aquí donde interviene por primera vez el engranaje judicial, compuesto por el juez, el secretario, el fiscal y los funcionarios.
Tras examinar los hechos denunciados, el juez de guardia, a la vista de la entidad de los mismos, en este caso siempre de carácter leve y sin lesiones de importancia, califica la denuncia para su enjuiciamiento en un juicio de faltas.
La Policía Local interviene en esta fase para citar a las personas que deben asistir a la vista oral: denunciante y denunciado, y los testigos. Por último, en la celebración de cada juicio se emplea una media hora, a lo que hay que añadir el tiempo que el juez emplea en poner la sentencia y el trabajo del funcionario para notificarla.
Sumando la parte proporcional de los salarios de las personas que intervienen en el proceso y el importe de la guardia –unos 120 euros netos– que se paga al juez, al secretario, al fiscal, al forense y a los funcionarios por los 30 juicios que se celebran a diario, el coste global aproximado de cada juicio de faltas es de unos 240 euros. Esto representa más de 7.000 euros al día y 1,6 millones de euros al año sólo en Sevilla. Este coste no tiene en cuenta que el juicio se suspenda, como ocurre con frecuencia, lo que prácticamente duplicaría el coste, ni tampoco los gastos generales de mantenimiento de las instalaciones judiciales.
De los 30 juicios de faltas que se celebran durante una guardia, la mitad acaban en sentencias condenatorias y la otra mitad son absolutorias porque muchas veces no existen pruebas más allá de las dos versiones contradictorias que se exponen en el juicio, por lo que el fiscal pide la absolución. En los juicios de faltas no todo son gastos, porque muchos acaban con multas de 60 a 180 euros que, en el caso de que sean satisfechas, irán a parar a las arcas del Estado.

Cuatro cambios en la consejería de Justicia y Administración Pública

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy cuatro nombramientos en la Consejería de Justicia y Administración Pública:
– Alfredo Segura Vinuesa, secretario general técnico.
– Beatriz Sáinz-Pardo Prieto-Castro, directora general de Instituciones y Cooperación con la Justicia.
– Susana Aragón Montes, directora general de Administración Electrónica y Calidad de los Servicios.
– María Francisca Amador Prieto, delegada provincial de Justicia y Administración Pública en Sevilla.
Alfredo Segura Vinuesa, nuevo secretario general técnico de la Consejería de Justicia y Administración Pública, nació en 1974 en La Zubia (Granada) y es licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Desde enero de 2006 ocupaba el cargo de director general de Administración Electrónica y Calidad de los Servicios. Anteriormente, Alfredo Segura desempeñó, entre otros puestos, los de director económico y técnico de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (2005) y responsable de gestión de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir de Andújar (2000-2005).
Beatriz Sáinz-Pardo Prieto-Castro, directora general de Instituciones y Cooperación con la Justicia, nació en Sevilla en 1970. Licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla y Master en Derecho Europeo por la Universidad de Lieja (Bélgica), desde el año 2002 ocupaba el cargo de delegada provincial de Justicia y Administración Pública en Sevilla. Con anterioridad, fue subdirectora del Instituto Andaluz de la Juventud (2000-2002) y asesora del Gabinete de Análisis y Relaciones Institucionales de la Consejería de la Presidencia (1999-2000). Entre 1996 y 1999 desarrolló su actividad profesional como técnica de la Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación Exterior (1996-1999).
Susana Aragón Montes, directora general de Administración Electrónica y Calidad de los Servicios, nació en Almuñécar (Granada) en 1974 y es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Sevilla. Desde marzo de 2006 ocupaba el cargo de jefa del Gabinete de la Consejera de Justicia y Administración Pública. Con anterioridad, en este mismo departamento, fue asesora especializada en Administración Pública. Entre 2000 y 2005 desempeñó el puesto de Jefe de Prensa de la Consejería de Empleo. También ha sido responsable de la sección de Cultura y Sociedad de la agencia de noticias Europa Press en Andalucía (1998-2000).
María Francisca Amador Prieto, nueva delegada provincial de Justicia y Administración Pública en Sevilla, nació en Stuttgart (Alemania) en 1970, es diplomada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Sevilla y técnica superior en Prevención de Riesgos Laborales y Salud. Desde 1990, Amador es funcionaria del Cuerpo de Auditoría de la Cámara de Cuentas de Andalucía. Entre 1999 y 2006 fue presidenta de la Asociación de Relaciones Humanas y de Integración Social de Andalucía, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la defensa de los derechos del menor.

La Audiencia es cosa de dos

A falta de la confirmación de un candidato de otra región, el próximo presidente de la Audiencia de Sevilla será el magistrado Damián Álvarez o Víctor Nieto, presidentes de las secciones Segunda y Octava, respectivamente. Por el momento, estos son los dos únicos candidatos que aspiran a suceder en el puesto a Miguel Carmona, que opta a una plaza de vocal en el CGPJ, el máximo órgano de gobierno de los jueces cuya renovación lleva paralizada desde hace meses por la falta de consenso entre los principales partidos políticos (para que luego hablen de que la Justicia no está politizada...).
En fin, todo parece indicar que en septiembre se conocerá el nombre del magistrado que presidirá la Audiencia para los próximos cinco años.

El restaurante de calle Betis se inaugura tras el verano aunque sigue el procedimiento penal abierto

El grupo Abades abrirá en otoño próximo un gran complejo hostelero en la calle Betis, en los terrenos del antiguo restaurante El Puerto, a pesar de que el juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla mantiene abierta unas diligencias para tratar de determinar si la licencia concedida por Urbanismo se ajusta a la legalidad. En esta causa, que se inició a instancias de un grupo de vecinos de la calle Betis (entre los que hay una magistrada) hay imputados tres funcionarios de la Gerencia de Urbanismo, que no ha puesto ningún reparo a la inauguración del restaurante porque las obras se han adaptado a la licencia concedida, que es de carácter provisional por cuanto el restaurante está enclavado en una zona verde cuyo fin último debe ser, al menos en teoría, la expropiación. Los vecinos también han planteado un recurso contencioso-administrativo contra la decisión de la comisión ejecutiva de la Gerencia que autorizó la licencia.
Todo apunta además a que el instructor de la causa penal archivará las actuaciones, sobre todo a raíz del informe pericial realizado por dos arquitectos que concluyeron que las obras se han adaptado a la licencia y por tanton son legales.

El auto del juez Del Olmo sobre el secuestro de El Jueves

El Código Penal prevé penas de multa y cárcel por injurias al Rey o a los miembros de la Casa Real

El secuestro de la publicación El Jueves, decretada por el juez Del Olmo, encuentra su fundamento en varios artículos del código penal, que contemplan penas de multa y cárcel por delitos de injurias y calumnias al Rey o a los miembros de la Casa Real.
Artículo 490.
1. El que allanare con violencia o intimidación la morada de cualquiera de las personas mencionadas en los artículos anteriores será castigado con la pena de prisión de tres a seis años. Si no hubiere violencia o intimidación la pena será de dos a cuatro años.
2. Con la pena de prisión de tres a seis años será castigado el que amenazare gravemente a cualquiera de las personas mencionadas en el apartado anterior, y con la pena de prisión de uno a tres años si la amenaza fuera leve.
3. El que calumniare o injuriare al Rey o a cualquiera de sus ascendientes o descendientes, a la Reina consorte o al consorte de la Reina, al Regente o a algún miembro de la Regencia, o al Príncipe heredero de la Corona, en el ejercicio de sus funciones o con motivo u ocasión de éstas, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años si la calumnia o injuria fueran graves, y con la de multa de seis a doce meses si no lo son.
Artículo 491.
1. Las calumnias e injurias contra cualquiera de las personas mencionadas en el artículo anterior, y fuera de los supuestos previstos en el mismo, serán castigadas con la pena de multa de cuatro a veinte meses.
2. Se impondrá la pena de multa de seis a veinticuatro meses al que utilizare la imagen del Rey o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes, o de la Reina consorte o del consorte de la Reina, o del Regente o de algún miembro de la Regencia, o del Príncipe heredero, de cualquier forma que pueda dañar el prestigio de la Corona.
Las asociaciones de fiscales han considerado ajustado a Derecho la actuación del juez Del Olmo.

La portada secuestrada de El Jueves

El cambio en la Fiscalía de Medio Ambiente empieza a percibirse

Los cambios en la Fiscalía de Medio Ambiente, con la llegada de Javier Rufino, comienzan a percibirse. De momento, el fiscal ya ha requerido a 21 municipios de la provincia instándoles a que tomen medidas con los vertederos ilegales y otras zonas de ocio con instalaciones recreativas, ante el riesgo de que se produzcan incendios forestales este verano. La medida es pionera, porque hasta ahora cuando se contaba con esta información lo único que se hacía era informar al fiscal de sala de Medio Ambiente del Supremo. Ahora, el fiscal ha dado un paso más y ha requerido a los Ayuntamiento. El requerimiento del Ministerio Público a estas localidades se produce después de que el fiscal ordenara, a principios de junio, al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y a los agentes de Medio Ambiente que actualizaran los inventarios sobre los vertederos ilegales existentes en la provincia. La información solicitada por la Fiscalía también incluía la revisión de aquellas zonas que son utilizadas para la realización de barbacoas cerca de zonas forestales, así como de las carreteras en las que deben realizarse labores de limpieza. El Ministerio Público también solicitó la colaboración de la compañía eléctrica Sevillana Endesa, en relación con las líneas de alta tensión que atraviesan bosques y masas de arbolado, al objeto de prevenir igualmente que se produzcan incendios forestales durante este verano.
Con toda la información recabada, el fiscal de Medio Ambiente se ha dirigido a los 21 pueblos de la provincia afectados por la aparición de vertederos ilegales y con instalaciones recreativas para instarles a la adopción de medidas de precaución en cada una de las localidades afectadas. La información también ha sido trasladada a la coordinadora provincial de Medio Ambiente de la Junta. Las localidades afectadas son: El Garrobo, El Pedroso, Las Navas de la Concepción, La Puebla de los Infantes, El Real de la Jara, Constantina, El Ronquillo, Castilblanco de los Arroyos, Peñaflor, Burguillos, Guillena, Gerena, La Algaba, Sanlúcar la Mayor, Las Cabezas de San Juan, Utrera, Montellano, Osuna, Los Corrales, Gilena y Alanís. La Fiscalía de Sevilla investigó el pasado año 16 incendios forestales en la provincia de Sevilla y esclareció nueve de ellos. Del total de siniestros investigados, dos de ellos fueron intencionados y tres se debieron a negligencias, mientras que sólo en un caso el fuego se inició de forma accidental. Más de 100 personas fueron denunciadas, según recoge la memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente de 2006.

Crimen de LosPajaritos: 20 años de cárcel para el joven que mató a su pareja

La Audiencia de Sevilla ha condenado a 20 años y medio de cárcel al joven que mató a su compañera de un tiro en la frente. El fallo considera que las probabilidades de que fuera cierta la versión del acusado, según la cual la pistola se disparó sola mientras la limpiaba, son de una entre diez millones. La Sección Cuarta de la Audiencia condena a Enrique Ramírez a 16 años de prisión por un delito de asesinato, dos años más por tenencia ilícita de armas y a otras tres condenas de 21, 6 y 3 meses de cárcel por sendos delitos de violencia doméstica habitual. El joven, de 22 años, deberá indemnizar además con 212.832 euros al hijo de la pareja, que tenía 15 meses cuando ocurrió el crimen, y en 9.096 euros a la abuela materna, que se hizo cargo del bebé tras el asesinato. Los jueces que desde el principio de la relación sentimental el procesado “dio muestras de su carácter irascible, violento y dominador” hacia Susana Vega, pero la joven, entonces de 20 años, “trataba de ocultar o minimizar el trato violento a que le sometía” su compañero.
El asesinato ocurrió el 2 de diciembre de 2005 en el domicilio que compartían, cuando Enrique “se situó de pie frente a Susana, que permanecía sentada en una butaca, y con ánimo de acabar con su vida le disparó una vez a la cabeza”, a una distancia de entre 60 centímetros y un metro y medio. El fallo reconoce únicamente la atenuante de arrepentimiento espontáneo, pues nada mas efectuar el disparo, “horrorizado y arrepentido de inmediato por las consecuencias de su acción” comenzó a pedir auxilio a grandes voces y llamó al 061, desde donde le dieron instrucciones para mantener con vida a la joven mientras llegaba la ambulancia.

La bronca en la cola del DNI acaba en los juzgados

Leído hoy en Diario de Sevilla.
El ciudadano había aguardado con paciencia, como muchos otros estos días, la cola para la obtención del DNI en la comisaría del distrito Centro, en la Alameda de Hércules. Tras haber logrado su número de turno, algo que muchos no consiguen pese a apostarse frente a una comisaría desde las seis de la mañana, este ciudadano se hallaba en el tramo final de la enorme fila, con apenas diez personas delante de él para renovar su documentación.
En ese momento, la funcionaria alzó su voz y, dirigiéndose a todas las personas presentes, les informó de que se habían estropeado los ordenadores que se utilizan para la expedición de la documentación. Todo un fiasco para los ciudadanos que formaban la cola.
La indignación no tardó en hacerse visible y de las sensaciones de malestar y lamento se pasó en cuestión de segundos a los insultos contra los funcionarios del servicio de expedición de documentos, según la versión oficial.
Los agentes que se hallaban de servicio,mientras, intentaban rebajar la tensión y tranquilizar a las personas de la cola del DNI.
A partir de este momento, se desarrollan dos versiones radicalmente opuestas sobre el incidente. Según la Policía, uno de los ciudadanos que hacía cola se apartó del grupo y se encaró directamente con los agentes, a los que insultó con vehemencia. Los policías denuncian que el hombre forcejeó con ellos y llegó a propinarles varios codazos y empujones, por lo que fue detenido y acabó en los calabozos de la misma comisaría a la que había acudido para tramitar la renovación de su documentación.
La persona arrestada tiene una versión completamente distinta de los hechos que sucedieron en la mañana del pasado 26 de junio. Para empezar, el ciudadano alega que en ningún momento profirió insulto alguno contra los funcionarios de la comisaría. “Me cachis en la mar” es la expresión más fuerte que el hombre afirma que llega a pronunciar tras conocer que su esfuerzo y el madrugón habían resultado inútiles por una avería informática (en algunas comisarías de Sevilla hay incluso colgados carteles que aconsejan a los usuarios apagar el teléfono móvil porque bloquean los terminales).
El ciudadano asevera que los policías con los que tuvo el altercado le agarraron y le dijeron que era “un chulo”, pero niega rotundamente que les diera codazos o empujones. También insiste en que no insultó a nadie. Sea como fuere y aunque el incidente de la cola del DNI no provocó ningún herido, el hombre acabo detenido y tuvo que comparecer ante el juez de guardia, imputado por un delito de atentado contra los agentes de la autoridad.
La Fiscalía de Sevilla, tras analizar el caso, las declaraciones de los agentes implicados y del reo, ha presentado ahora un escrito de conclusiones provisionales en el que solicita una condena de año y medio de cárcel para el acusado.
Ésta no es la primera detención que tiene lugar este verano en una comisaría de Sevilla. Hace tan sólo unos días, un joven provocó otro alboroto en la comisaría de Blas Infante, al saltarse la cola, lo que causó la indignación del resto de personas que esperaban para renovar su documentación. Cuando le llegó el turno al joven, los agentes comprobaron que sobre el mismo pesaba una orden de busca y captura, por lo que fue arrestado y conducido a los calabozos.
Las colas del DNI están provocando este verano multitud de quejas de los usuarios, que lamentan que no exista un sistema de cita previa que permita que no tengan que llegar a las seis de la mañana a las puertas de la comisaría y esperar hasta las ocho y media –cuando se dan oficialmente los números de turno– sin saber si quiera si podrán lograr uno de los preciados números. La cita previa telefónica y a través de internet está implantada con éxito en la Administración sanitaria, donde se puede solicitar consulta con el médico o pediatra, y en otros organismos como la Agencia Tributaria.
En algunas comisarías se aconseja a los ciudadanos que acudan temprano y se les advierte de que, a pesar de hacerlo, podrían quedarse sin turno, puesto que cada día sólo se distribuyen un cupo de números diarios para renovar el DNI y el pasaporte. El Gobierno ha anunciado que reforzará las plantillas de funcionarios para paliar el aumento de la demanda.

La botellona provoca la apertura de tres investigaciones por parte de la Fiscalía

La Fiscalía de Sevilla ha abierto hasta tres líneas de investigación relacionadas con los últimos conflictos generados por la aplicación selectiva de la botellona en la ciudad y la contaminación acústica que supuestamente generan determinados conciertos y discotecas. Las tres investigaciones han sido propiciadas tras la denuncia de la plataforma por el derecho al descanso, que considera que el Ayuntamiento puede estar incurriendo en una "dejación de funciones" por no aplicar la ley antibotellón en la Alameda de Hércules y en otras zonas de la ciudad. El Ministerio Público también investigará la posible contaminación acústica de los conciertos del muelle de la Sal y la apertura sin licencia de discotecas en la Venta Pilín, donde también hay botellonas y han aparecido recientemente los temidos coches-discoteca. A ver en qué quedan finalmente tantas investigaciones....

Caso Camas: el juez impone una fianza de 30.000 euros a los cinco imputados

El juez de Instrucción número 2 de Sevilla ha impuesto una fianza de 30.000 euros a los cinco imputados en el caso Camas, sobre el intento de soborno a una concejal de la localidad. La fianza, que debe garantizarse en 24 horas, ha sido fijada en el auto de apertura de juicio oral dictado por el magistrado, lo que significa que el ex alcalde Agustín Pavón y los otros imputados se sentarán en el banquillo de los acusados para responder de los cargos de cohecho que se les atribuyen y por los que se enfrentan a una petición de condena de hasta dos años de cárcel. El juicio con jurado se celebrará en los próximos meses, a finales de este mismo año o a principios de 2008. El auto del juez pone de manifiesto que los cinco imputados se pusieron de acuerdo para atraer el voto de la concejal Carmen Lobo, a cambio de importantes cantidades de dinero. La edil recibió un sobre con 12.000 euros, un supuesto anticipo de lo que cobraría, la víspera de un Pleno municipal en el que debía votar a favor de determinadas operaciones urbanística.

Caso Camas: los procesados más cerca del juicio

El juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla ha convocado para este viernes la vista preliminar que establece la ley del jurado en el caso del intento de soborno a una ex concejal de Camas, en el que están procesados el ex alcalde y actual jefe de gabinete del Ayuntamiento Agustín Pavón, varios ex ediles y el intermediario Eusebio Gaviño. Esta audiencia preliminar supone el último paso antes de que la causa sea enviada a la oficina del jurado de la Audiencia Provincial para su enjuiciamiento, aunque todavía quedan varios meses antes de que llegue el juicio.

La multa al presidente de la Diputación de Sevilla

La Junta Electoral Provincial ha multado con 600 euros al presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, por vulnerar la legislación electoral al difundir en las pasadas elecciones municipales un boletín donde se recogían los logros de su mandato. La Junta Electoral considera que la difusión de ese boletín en varios pueblos de la provincia tenía como finalidad orientar el voto de los electores, por lo que ha considerado que se vulneraron los preceptos electorales que fijan los límites de las campañas institucionales en período de elecciones y le ha sancionado con 600 euros, una multa que todavía puede ser recurrida ante la Junta Electoral Central.