Nuevo varapalo de la Justicia a los criterios de la Junta sobre la ratio de alumnos

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ordenado la escolarización de un menor en el Portaceli, en una sentencia que recuerda que los padres tienen derecho a elegir la formación religiosa y moral de sus hijos. El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Sevilla había denegado la medida cautelar que habían solicitado los padres para que el menor pudiera cursar primero de Enseñanza Primaria en el Portaceli, pero el Alto Tribunal andaluz ha estimado el planteamiento de la abogada María Dolores Baquero, que representa a la familia del niño, y ha considerado que la escolarización es "adecuada". El niño podrá realizar el tercer trimestre en este centro mientras se espera la sentencia definitiva del juzgado. El menor había sido inicialmente admitido en el Portaceli, pero la delegación de Educación estimó las reclamaciones de un grupo padres contra el listado definitivo de alumnos admitidos y le dejó fuera un día antes del inicio del curso 2006-2007. El TSJA ha acordado como medida cautelar la escolarización del niño porque si se denegara "el transcurso del tiempo crea una situación que no podría ser alterada por el contenido de una eventual sentencia estimatoria de las pretensiones" de los padres. Los magistrados señalan que los intereses en conflicto en este caso son la preservación de la ratio de alumnos, de un lado, y los posibles perjuicios al menor y a sus padres derivados del cambio de centro y del "derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones", de otro. En estas circustancias, el tribunal apunta al contenido de anteriores resoluciones, en las que "hemos venido entendiendo que debe sobreponerse la preservación de la integridad del menor y la efectividad de los derechos sobre llamadas genéricas al interés público en el mantenimiento de la ratio de alumnos".

Carmona cree que el retraso de los proceso penales se debe a la "politización" de la Justicia

El presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla, Miguel Carmona Ruano, ha achacado a la "politización" de la Justicia parte del retraso que sufren los procesos penales en los Juzgados sevillanos, en referencia al aumento en un 29 por ciento de los asuntos pendientes de la Audiencia que ha constatado la memoria del Tribunal Superior de Justicia (TSJA). El magistrado aseguró que es "un disparate evidente" el intento de resolución de las disputas políticas utilizando la Justicia, ya que en su opinión supone "una desnaturalización de los tribunales" y consideró una "paradoja" que luego sean los propios responsables políticos los que digan que "la Justicia se está politizando". El presidente de la Audiencia aseveró que esta tendencia es una de las causas que están provocando retrasos en la resolución de conflictos, además de la huelga de funcionarios de 2005, como pone de manifiesto la memoria del Alto Tribunal andaluz.
Justicia sevillana cree aunque es cierto que en los últimos años han aumentado los asuntos relacionados con la política, no lo han hecho en una proporción tan importante como para atribuirles el retraso en la tramitación de los asuntos por parte de la Audiencia. De hecho, la memoria del TSJA sólo habla de la influencia de la huelga que protagonizaron los funcionarios de Justicia en 2005 como una de las causas que han motivado el aumento de la pendencia de la Audiencia. Es más, salvando los casos Camas y Macarena, puede que no haya más de una veintena de asuntos denunciados en los juzgados que guarden relación con la actividad política o las denuncias de los partidos.

Justicia retira los más de 400 vehículos abandonados en la Jefatura de Policía

La consejería de Justicia de la Junta ha ordenado la retirada de los más de 400 vehículos (entre motos y coches) intervenidas en distintas operaciones policiales y que permanecían abandonados en las inmediaciones de la Jefatura de Blas Infante. La Junta también ha sacado a concurso, por 230.000 euros, la creación de un depósito judicial para almacenar estos vehículos que están a disposición de los juzgados de Sevilla.

La justicia ordena el desahucio de Casa Viejas

El juzgado de Primera Instancia número 24 de Sevilla ha ordenado el desahucio del centro social okupado de Casas Viejas, en la calle Aniceto Sáenz. La sentencia reconoce que ni los siete jóvenes demandados ni el resto de okupas dispone de título alguno que les faculte para estar en las viviendas, por lo que ha ordenado, como era lógico, el desalojo de toda la manzana, no sólo de la calle Aniceto Sáenz sino también de Antonia Sáenz y Macarena. Los jóvenes okupas han anunciado que recurrirán a la Audiencia de Sevilla esta sentencia, con lo que el lanzamiento no se producirá hasta dentro de unos meses.

La querella de Lopera contra Hugo Galera: un millón de euros por calumnias e injurias

El máximo accionista del Betis, Manuel Ruiz de Lopera, ha presentado una querella contra el miembro de la plataforma Béticos por el Villamarín, Hugo Galera, al que reclama nada más y nada menos que un millón de euros por un delito calumnias e injurias. La querella, firmada por Alfredo Flores (el ex fiscal jefe de Sevilla y ahora en el despacho de Montero-Aramburu), se produce a raíz de una rueda de prensa ofrecida por Galera en julio de 2006, en la que llegó a comparar la situación del Betis con la del Congreso Nacionalsocialista de Nuremberg en el que Adolf Hitler fue proclamado fuhrer, entre otras cuestiones. La querella también recoge que el catedrático de Anatomía Patológica comentó que había sentido miedo por su integridad física y que la actuación del otrora presidente bético estaba más próxima a las actitudes mafiosas. Esta es la segunda ocasión en la que Lopera se querella contra uno de los denominados notables del Betis: la anterior, contra el abogado José Ignacio Bidón (portavoz de la plataforma), ni siquiera fue admitida a trámite porque el juez consideró que se trataba de una forma de intimidación al grupo opositor en el club verdiblanco. Llama la atención enormemente que la persona que en este caso defiende los intereses de Lopera es la misma que le llevó tan sólo hace un par de años al banquillo de los acusados, imputado por delitos de fraude al fisco. Los cambios de la vida...

Memoria del TSJA: Sevilla necesita 16 nuevos juzgados

Sevilla necesita 16 nuevos jugados. Esta es la conclusión a la que llega la memoria de actividades del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), tras analizar la carga de trabajo que soportaron los órganos judiciales de Sevilla y su provincia el pasado año. La memoria de 2006 considera necesario crear seis nuevos juzgados de lo Contencioso-Administrativo en la capital, otros seis juzgados de Primera Instancia, y cuatro nuevos juzgados mixtos –Primera Instancia e Instrucción– en las localidades de Alcalá de Guadaíra, Coria del Río, Lora del Río y Sanlúcar la Mayor.

La memoria, que hoy presenta oficialmente en Granada el presidente del TSJA, Augusto Méndez de Lugo, recoge algunos de los planteamientos que había expuesto el decano de los jueces de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, en un informe elaborado en enero pasado, aunque rebaja las peticiones que había expuesto el magistrado, que consideraba necesaria la creación de 26 nuevos juzgados para combatir la lentitud y el retraso de los procesos judiciales.

Uno y otro informe coinciden en que la creación de nuevos juzgados es absolutamente prioritaria por lo que respecta a la jurisdicción Contencioso-Administrativa, la más castigada por la saturación de asuntos y cuya acumulación de asuntos ha obligado a los magistrados a fijar la celebración de juicios para dentro de dos años. Los ocho juzgados de lo Contencioso que hay actualmente en Sevilla son los encargados de resolver todas las reclamaciones que se presentan en Andalucía contra resoluciones dictadas por los organismos autónomos de la Junta de Andalucía, entre ellas las quejas de los ciudadanos por el funcionamiento anormal de servicios públicos como la sanidad.

Las estadísticas incluidas en la memoria de 2006 no arrojan dudas sobre el excesivo volumen de asuntos que tramitan estos juzgados, puesto que en este periodo se registraron 12.640 nuevos asuntos, de los que se resolvieron algo menos de la mitad (6.177). Estas circunstancias, unidas a los 4.729 asuntos que estaban pendientes de resolver a comienzos de año, ha disparado el número de causas sin resolver hasta las 11.192, lo que representa un espectacular crecimiento del orden del 136 por ciento. Las comparaciones con los juzgados de otras provincias muestran la precaria situación de Sevilla porque, si bien Málaga cerró el año con 8.048 casos pendientes, la tercera provincia con mayor número de asuntos pendientes se sitúa a una gran distancia. Es el caso de Granada, con 3.554 asuntos no resueltos, mientras que Almería es la que presenta una mejor situación, con sólo 1.065 pendientes. A nivel andaluz, la pendencia en la jurisdicción contenciosa se ha incrementado en un 76 por ciento, al pasar de 19.908 a 34.989 asuntos sin resolver a finales de 2006.

La memoria del TSJA hace hincapié en que, si bien se resuelven más asuntos, los juzgados “están al límite de su capacidad y no han conseguido retener la pendencia que ha crecido enormemente en este período”, recoge el informe del presidente del Alto Tribunal. En líneas generales la mayor proporción de asuntos que llegaron a estos juzgados corresponden a procesos relativos a extranjeros, que representan el 24 por ciento de los casos–, pero también destacan los asuntos de personal –15 por ciento– y las sanciones administrativas –11 por ciento–.

El informe concluye que aunque los presupuestos destinados a la Justicia por parte de la Junta de Andalucía se incrementan cada año, “la solución al problema no puede cifrarse únicamente en el argumento cuantitativo y simplista de crear más y más órganos judiciales cada año, bajo una técnica incrementalista sin fin que no se compadece con una gestión eficiente de los recursos públicos”. Los problemas, añade el TSJA, son en realidad cualitativos, como la correcta gestión de medios, la corresponsabilización en la gestión presupuestaria, o la simplificación procesal y procedimental. “Muchos de estos problemas presuponen la ausencia de un modelo claro y contrastado de Justicia e impiden avanzar en la dirección adecuada”, asegura la memoria.

A corto plazo, para este mismo año, el Alto Tribunal, advierte que sería imprescindible crear ocho juzgados en Sevilla: dos de lo Contencioso-Administrativo, dos de Primera Instancia, uno de Instrucción, dos juzgados en Coria del Río y uno en Sanlúcar la Mayor.

Frente a las peticiones del TSJA, la consejería creará este años sólo cuatro nuevos juzgados en Sevilla: dos de violencia sobre la mujer y dos de lo Contencioso.

Dos juzgados de Sevilla, en el proyecto de mediación penal de adultos

Los Juzgados de Instrucción número 4 de Córdoba y número 13 de Sevilla y los Juzgados de lo Penal número 3 de Jaén y número 8 de Sevilla son cuatro de los trece órganos judiciales españoles que voluntariamente participan, en colaboración con Fiscalía y mediadores profesionales en un Proyecto de Mediación Penal en adultos, bajo la coordinación e impulso del Servicio de Planificación y Análisis de la Actividad Judicial del CGPJ. El trabajo con la mediación en las causas penales es una necesidad derivada de nuestros compromisos europeos (Decisión Marco del Consejo de la Unión Europea de 15 de marzo de 2001) y aún cuando el Estado español todavía no ha desarrollado legislativamente la normativa comunitaria, se hace necesario un trabajo experiencial que permita tanto la formación de una cultura de la mediación en el ámbito penal en la sociedad española, como un estudio de las posibilidades y dificultades que su incorporación pueda representar.
A través de la mediación penal, de forma siempre voluntaria y gratuita, se pretende potenciar el principio de intervención mínima del derecho penal, dando un mayor protagonismo a la víctima y al autor del delito o falta, que tratarán de llegar a un acuerdo que sea reparatorio y satisfactorio para la víctima y suponga un reconocimiento del daño causado por el autor, así como un compromiso para repararlo. De este modo la Justicia se acerca a los protagonistas, se humaniza, conjugando la asistencia a la víctima con el intento de responsabilizar a los autores de sus actos, así como la mayor participación de la comunidad en la resolución de los conflictos.
Las lesiones, daños y delitos contra la propiedad serán los tipos paradigmáticos que, normalmente, se derivarán a la mediación penal, según ha informado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Caso Camas: La Fiscalía pide 18 meses de cárcel para los cinco imputados

La Fiscalía de Sevilla ha hecho público su escrito de conclusiones provisionales en el caso Camas, en el que pide una condena de 18 meses de cárcel para los cinco imputados por el intento de soborno a la ex concejal Carmen Lobo. La Fiscalía reclama además una multa de 24.000 euros, doble del dinero que fue entregado a la edil en concepto de pago a cuenta y una inhabilitación especial para cargo o empleo público por el mismo tiempo de la condena -18 meses-. La Fiscalía dirige la acusación contra el actual alcalde, Agustín Pavón, los ediles Antonio Enrique Fraile, José del Castillo y Aureliano Lucas Lucas, y el intermediario en el presunto cohecho Eusebio Gaviño. El PSOE ha pedido la misma pena de cárcel pero ha elevado a cinco años la pena de inhabilitación. El juicio contra los acusados se celebrará por un tribunal del jurado.

Andamios en los juzgados: un nuevo parche

Los viejos edificios del Prado de San Sebastián lucen estos días unos espectaculares andamios. Pero no piensen que se trata del inicio de las obras de rehabilitación de la sede de la Audiencia, que fueron anunciadas en diciembre de 2005 por la consejería de Justicia, sino de un nuevo parche de la Administración para arreglar unas placas de la fachada que se habían despegado. El ambicioso proyecto, en el que está prevista una inversión de 1,5 millones de euros, parece que deberá seguir esperando unos meses más. Menos mal que el edificio "puente" de la Buhaira lo va a hacer una empresa privada, como es la inmobiliaria Osuna, porque de lo contrario tampoco habrían empezado los trabajos...

En libertad el policía acusado de robar a clientes de prostitutas

Un juzgado de Sevilla ha puesto en libertad al policía nacional que fue detenido el pasado 10 de marzo, acusado de varios robos a clientes de prostitutas. El agente, que ha estado en prisión casi un mes, quedó ayer en libertad a pesar de que la Fiscalía se opuso a la medida. El policía formaba un grupo con dos prostitutas que suministraban un fármaco contra el insomnio (llamado Noctamid) a sus clientes. Cuando éstos se quedaban profundamente dormidos, tomaban supuestamente sus carteras y las tarjeta de crédito y efectuaban una serie de operaciones a trvés de un datáfono. Luego, los tres individuos se repartían los beneficios del robo.