Las cuentas del colegio de Procuradores acaban en el juzgado de Guardia

La transición del gobierno en una institución resulta a veces complicada. Una discrepancia en las cuentas del colegio de procuradores ha acabado en una denuncia en los juzgados de Sevilla. La anterior junta de gobierno de la institución, que encabezó Joaquín Ladrón de Guevara, ha denunciado al actual decano, Marcelo Lozano, y a su equipo directivo, a los que atribuyen una presunta falta de injurias en relación con la información facilitada a los colegiados sobre las cuentas de la institución para el ejercicio 2005, el último que gestionó la directiva saliente.
La anterior junta de gobierno asegura que las cuentas arrojaban un saldo positivo de 656.519,86 euros, mientras que el actual decano sostiene que, después de unos ajustes realizados a raíz de la revisión de la contabilidad encargada a un auditor de cuentas, el colegio tenía un déficit de 43.294 euros. La actual junta de gobierno informó a los 421 procuradores de Sevilla mediante una circular y correos electrónicos de este balance negativo y solicitó a los colegiados la asistencia a una junta general extraordinaria convocada para el pasado 13 de diciembre. Los denunciantes consideran que esa circular y la información facilitada tenía un claro “ánimo de generar graves dudas sobre la gestión económica” de la junta saliente, por lo que han llevado el caso a los tribunales porque se ha actuado “de manera maliciosa y con clara intención de lesionar y menoscabar la fama de los componentes de la junta de gobierno de 2005”.
El decano de los procuradores, Marcelo Lozano, ha insistido en que las cuentas reales, sin incluir el valor patrimonial del colegio, presentan un déficit de 43.000 euros y ha afirmado que emitieron la circular porque dos días antes de la junta general habían empezado a “correr rumores de que el colegio estaba sin dinero y se iba a quitar el servicio médico, cuando la economía del colegio está bien”. La nueva junta de gobierno del colegio de procuradores encargó en marzo pasado la elaboración, por parte de una auditora, de un informe especial de revisión limitada, tras haber detectado en la contabilidad de la institución gastos tales como “locomoción” para la asistencia a las juntas de gobierno, por importe de 642 euros, facturas de gastos de detective en relación con el despido de un trabajador -en una sentencia que ya comentó Jusiticia Sevillana, en la que declaró procedente el despido por utilizar el ordenador para visitar páginas web de lo más variopintas- y de una empresa informática por importe de más de 6.000 euros, minutas de honorarios de letrados y una factura no contabilizada de una empresa publicitaria por la confección de tarjetas de visita por importe de 947 euros, según detalló el colegio en una de las circulares informativas.