Se entrega en prisión el narcotraficante excarcelado tras un error judicial

El narcotraficante Pedro Ramos Gómez, que se fugó aprovechando que había sido puesto en libertad por un nuevo error judicial, se entregó ayer voluntariamente en la prisión de Sevilla tras haber permanecido 86 días en paradero desconocido. La entrada en la cárcel tuvo lugar sobre las 16:00, después de que su abogada le persuadiera para que no complicara más su situación ni la del tribunal que enjuició su caso.Fuentes del caso indicaron que la fuga del reo pudo deberse a que sus padres, bastante mayores, se encuentran enfermos y el acusado quería pasar con ellos la que podría ser sus últimas fiestas de Navidad juntos. Estas fuentes explicaron que el acusado está arrepentido, que "no tenía intención de fugarse" y que ha decidido volver a prisión al percartase de la repercusión negativa de su conducta, un hecho por el que "no quiere que nadie pague".Pedro Ramos Gómez, de 40 años, fue condenado el 25 de octubre de 2007 a diez años de prisión por su participación en un alijo de 30 kilos de heroína que la Policía Nacional intervino en una parcela de Coria del Río. El reo ingresó en prisión el 9 de febrero de 2006 y fue puesto en libertad a finales de abril de 2008, una vez que el Tribunal Supremo -ante el que había presentado un recurso contra su condena- se percató de que la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, la misma que tardó casi tres años en confirmar la condena a Santiago del Valle, presunto asesino de Mari Luz Cortés, no había prorrogado la prisión preventiva pese a que se había cumplido el plazo legal de dos años. La consecuencia directa del error fue la puesta en libertad del narcotraficante, a quien el tribunal impuso la obligación de comparecer todos los lunes y viernes de cada semana.El acusado estuvo compareciendo sin ninguna incidencia hasta que a mediados de octubre pasado el Tribunal Supremo rechazó su recurso y confirmó la condena de diez años impuesta, momento en que Pedro Ramos se dio a la fuga. La Audiencia de Sevilla dictó con fecha 23 de octubre una providencia en la que acordó la busca y captura del narcotraficante, que ahora se han entregado de forma voluntaria.La excarcelación del reo llevó a la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a abrir un expediente por una presunta falta muy grave a la magistrada de la Sección Séptima Esperanza Jiménez Mantecón, a la que se atribuye una desatención por no haber prorrogado la prisión provisional del individuo.De forma paralela, el servicio de Inspección de la Fiscalía General del Estado ha abierto unas diligencias de investigación para tratar de esclarecer si se ha producido alguna negligencia por parte del Ministerio Público en este caso. La Fiscalía General ha solicitado a la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, que remita un informe con todos los detalles de lo ocurrido y, en concreto, que relate la actuación del fiscal encargado de este caso.La investigación del Ministerio Público se produce después de que la Fiscalía hispalense admitiera que no había controlado ni solicitado la prórroga de la prisión preventiva de Pedro Ramos. Según la Fiscalía, la petición para que el condenado siguiera en la cárcel "no era una condición indispensable" para la Audiencia dictara la resolución.

La Fiscalía General del Estado investigará los errores en la excarcelación de un narcotraficante fugado

La Fiscalía General del Estado ha abierto una investigación para tratar de averiguar si se ha producido alguna negligencia por parte del Ministerio Fiscal en el caso del narcotraficante que se ha dado a la fuga al no haberse prorrogado el plazo legal de prisión preventiva.El servicio de Inspección de la Fiscalía General del Estado ha incoado unas diligencias para determinar qué ocurrió en la excarcelación del narcotraficante Pedro Ramos Gómez, condenado a diez años de prisión por participar en un alijo de 30 kilos de heroína y que permanece fugado desde octubre pasado, cuando conoció que el Tribunal Supremo había confirmado su condena.La Fiscalía de Sevilla reconoció que no controló ni solicitó la prórroga de la prisión preventiva del acusado, que tuvo que ser puesto en libertad en abril de 2008 después de que el Tribunal Supremo se percatase de que la Audiencia de Sevilla no había acordado la prórroga de prisión tras haber cumplido dos años en la cárcel.La Fiscalía hispalense admitió que no tienen constancia de que el Ministerio Público pidiera a la Sección Séptima de la Audiencia que ampliara la prisión del reo, aunque consideró que esta petición "no era una condición indispensable" para que se resolviera sobre su continuidad en la cárcel.Fuentes de la Fiscalía General del Estado explicaron ayer que la Inspección se dirigirá ahora a la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, para que remita un informe con todos los detalles del caso y, en concreto, que realice un relato de la actuación del fiscal encargado del caso a los efectos de averiguar si éste ha podido incurrir en algún tipo de responsabilidad disciplinaria.El estatuto orgánico del Ministerio Fiscal recoge en su artículo 3 que una de las funciones de los fiscales es "velar por que la función jurisdiccional se ejerza eficazmente conforme a las leyes y en los plazos y términos en ellas señalados, ejercitando, en su caso, las acciones, recursos y actuaciones pertinentes".Por estos hechos, el Consejo General del Poder Judicial ha abierto un expediente por falta muy grave de desatención a la magistrada de la Sección Séptima de la Audiencia Esperanza Jiménez Mantecón.

La Fiscalía de Sevilla admite que no pidió la prórroga para el narcotraficante fugado

Un día después de que se conociera que un narcotraficante se ha fugado tras un nuevo error judicial en Sevilla, la Fiscalía hispalense admitió ayer que no controló ni solicitó la prórroga de la prisión preventiva del acusado, que tuvo que ser puesto en libertad el límite de dos años.Fuentes del departamento que dirige María José Segarra, la fiscal jefe de Sevilla, reconocieron que en sus archivos no hay "constancia" de haber solicitado a la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla la prórroga de la prisión preventiva de Pedro Ramos Gómez. La Fiscalía hispalense quiso aclarar que la solicitud de la prórroga por parte del Ministerio Público "no era una condición indispensable" para haberla acordado, ya que el tribunal podía haberlo decidido sin contar con el informe del fiscal.
En cualquier caso, el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal recoge que, entre las funciones que competen a los fiscales, está la de "velar por que la función jurisdiccional se ejerza eficazmente conforme a las leyes y en los plazos y términos en ellas señalados, ejercitando, en su caso, las acciones, recursos y actuaciones pertinentes", así como la de proteger el cumplimiento de las resoluciones "que afectan al interés público y social".El control de la Fiscalía de la petición de prorrogar la prisión correspondía a varios fiscales, de acuerdo con la distribución interna del trabajo, pero hasta la fecha no se ha iniciado una investigación interna para depurar una posible responsabilidad en lo ocurrido porque, según comentaron las mismas fuentes, la competencia para la determinación de responsabilidades corresponde a la Fiscalía General del Estado.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Augusto Méndez de Lugo, enmarcó ayer lo ocurrido en el ámbito exclusivamente jurisdiccional. "El juez es responsable de lo que es responsable y tendrá que responder de esa responsabilidad", precisó Méndez de Lugo, que recordó que si la Constitución encomienda a los jueces la función de "juzgar, dictar sentencias y hacer ejecutar lo juzgado", también corresponde a los jueces el control de las resoluciones y del cumplimiento de los trámites.La junta de jueces de Sevilla ya había advertido, tras destaparse el escándalo por los errores judiciales del caso Mari Luz, que existía el "riesgo cierto" de que se produjeran nuevas deficiencias si no se dotaba a la Justicia de los medios materiales y personales necesarios.
El presidente del TSJA desvinculó ayer las reclamaciones de los jueces de este nuevo error judiciales porque, según dijo, en este caso no se trata de que "haya o no un ordenador, o que haya un funcionario. No tenemos que darle más vueltas", sentenció Méndez de Lugo, que recordó que será ahora la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la que deba pronunciarse sobre el expediente abierto a la magistrada de la Audiencia sevillana.La consejera de Justicia y Administración Pública de la Junta, Evangelina Naranjo, que ayer suscribió con el presidente del TSJA un convenio para mejorar el intercambio de información en materia de drogadicción, eludió pronunciarse sobre el nuevo error judicial, al precisar que se trata de un asunto sobre el que debe pronunciarse el máximo órgano de gobierno de los jueces.El responsable del sector de Justicia del sindicato CSI-CSIF, Miguel Ángel Ramos, consideró que este error judicial "viene a confirmar que ha fallado nuevamente el sistema".
El representante sindical precisó que, con absoluto respeto al expediente abierto por el CGPJ a la magistrada de la Audiencia Esperanza Jiménez, este error "es uno más de los que se van teniendo, aunque la consecuencia no es tan trágica como la muerte de una niña".Miguel Ángel Ramos advirtió que, "mientras no se cambie la forma de aplicar la Justicia en España, seguirán saliendo casos tan llamativos como los que se están conociendo", porque el volumen de trabajo es tan importante que "resulta casi imposible tener controlados todos los asuntos".El dirigente sindical señaló que este tipo de situaciones podrían "evitarse" con la implantación de un sistema informático que "emitiera un aviso cada vez que se acerca una fecha" destacada para la tramitación de un proceso judicial.El Consejo General del Poder Judicial ha abierto un expediente disciplinario por una falta muy grave de desatención a la magistrada Esperanza Jiménez, una decisión que contrasta con la adoptada en el caso del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, a quien se ha considerado sólo como falta leve no haber prorrogado la prisión de dos narcotraficantes.

Se fuga un narcotraficante que fue puesto en libertad tras un nuevo error judicial

Un hombre condenado a diez años de prisión por narcotráfico se ha fugado aprovechando que se hallaba en libertad por un nuevo error judicial, al no haberse controlado el plazo de prisión preventiva. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya ha abierto un expediente a la magistrada de la Audiencia de Sevilla encargada del caso, a la que se atribuye en principio una falta muy grave de desatención.El reo fugado, Pedro Ramos Gómez, fue condenado junto a otros dos individuos como integrantes de una red a la que fueron intervenidos 30 kilos de heroína en una parcela situada en el término municipal de Coria del Río, aunque muy próxima al casco urbano de Dos Hermanas. El acusado llevaba en prisión preventiva desde el 16 de febrero de 2006 y la sentencia condenatoria fue dictada en octubre de 2007, pero presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo al no estar conforme con la pena impuesta.

Los magistrados de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla -la misma sala que tardó casi tres años en confirmar la condena al pederasta Santiago del Valle, presunto asesino de Mari Luz- no se percataron de que tenían que prorrogar la situación de prisión preventiva -que cumplía a los dos años- hasta que el Tribunal Supremo les remitió un oficio pidiendo información sobre la fecha de finalización de la prisión provisional.

El tribunal ordenó entonces la libertad de Pedro Ramos, al que no obstante se impuso la obligación de comparecer todos los lunes y viernes de cada semana.La puesta en libertad se produjo después de que la Audiencia de Sevilla negara su liberación hasta en cinco ocasiones anteriores desde su arresto, y en esta ocasión la excarcelación tuvo lugar sin que lo solicitara su abogado y sin un pronunciamiento al respecto de la Fiscalía hispalense.El reo cumplió con estas comparecencias hasta hace varias semanas, por lo que la Sección Séptima dictó el viernes 9 de enero una orden de busca y captura contra el narcotraficante. Mientras tanto, el Tribunal Supremo había confirmado íntegramente la condena, al rechazar hace varios meses el recurso que presentó el acusado.

La salida de la cárcel del narcotraficante era obligatoria, al no haberse prorrogado la situación de prisión preventiva, que podría haberse mantenido hasta alcanzar un máximo de cinco años, es decir, a la mitad de la condena que le había impuesto la Audiencia de Sevilla.El caso de este narcotraficante fue abordado por la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que, en una reunión celebrada el pasado 18 de diciembre, acordó abrir un expediente disciplinario a la magistrada de la Sección Séptima Esperanza Jiménez Mantecón.

La Comisión Disciplinaria entiende que su conducta puede constituir una falta "muy grave" de desatención, una sanción superior a la que se impuso en su día al juez Rafael Tirado por el retraso en la ejecutoria de Santiago del Valle. El artículo 417.9 de la ley orgánica del Poder Judicial, por el que se ha abierto expediente a la magistrada, sanciona precisamente con la suspensión, el traslado forzoso e incluso la expulsión de la carrera judicial la comisión de faltas muy graves debido a "la desatención o el retraso injustificado y reiterado en la iniciación, tramitación o resolución de los procesos y causas o en el ejercicio de cualquiera de las competencias judiciales". El CGPJ nombrará ahora a un instructor del expediente disciplinario abierto a la juez y, tras investigar lo ocurrido, emitirá una propuesta de sanción que deberá resolver la propia Comisión Disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces.

El condenado que permanece fugado fue detenido en la llamada operación Tixe de la Policía Nacional, una de las actuaciones más importantes llevadas a cabo en la provincia de Sevilla en los últimos dos años y que se saldó con la incautación de 30 kilos de heroína, valorados en más de dos millones de euros, y la detención de cuatro narcotraficantes. En el domicilio de uno de ellos, la Policía intervino además seis armas de fuego, siete armas blancas, un silenciador y tres cargadores de fusil. También fueron incautados cinco vehículos de gran cilindrada, en uno de los cuales los traficantes habían construido un zulo en la guantera con capacidad para albergar cuatro kilos de droga.