Justicia asegura que se siguen cumpliendo los plazos fijados para que el campus judicial funcione en 2010

La Consejería de Justicia de la Junta considera que se están cumpliendo los plazos previstos para que la creación del campus judicial de Sevilla, que se ubicará en terrenos de la Autoridad Portuaria, sea una realidad en 2010. Un portavoz del departamento que dirige María José López explicó ayer que la Administración pretende convocar en marzo, tan pronto como finalicen las elecciones autonómicas, a los operadores jurídicos que constituyeron una comisión de seguimiento del proyecto para presentarles el primer borrador del pliego de condiciones del concurso. Este documento técnico incorpora todos los detalles del campus judicial y constituye uno de los aspectos más importantes para su diseño. La Consejería tiene previsto además que la comisión, en la que están presentes representantes de la Fiscalía y de la judicatura, puedan realizar una visita a la Ciudad de la Justicia de Barcelona, todavía en construcción, y a la ciudad tecnológica de Telefónica en Madrid. Todo ello con la idea de mostrarles algunos ejemplos de cómo será, a nivel tecnológico y funcional, el futuro complejo judicial que albergará a todos los órganos que actualmente están dispersos en varias sedes .El proyecto de Ciudad de la Justicia se encuentra, a nivel administrativo, a la espera de la firma de un convenio entre el Ministerio de Fomento con la Administración autonómica y la Autoridad Portuaria para la cesión de los suelos que acogerán el campus tecnológico de la Justicia. El consejo de administración del Puerto de Sevilla aprobó en diciembre pasado el protocolo de colaboración que abre el camino para "estudiar la viabilidad y régimen administrativo" para el desarrollo del proyecto.Con respecto a la forma de financiar la construcción de la ciudad Judicial, la Junta baraja un contrato de concesión administrativa que incluya tanto la obra como la gestión externa de todos los servicios de mantenimiento del recinto judicial. A cambio, la Administración abonaría un canon fijo anual de unos tres millones de euros y el contrato tendría una validez de entre 35 y 50 años, con lo que el importe final rondaría los 200 millones de euros.Los tres millones que pagaría la Consejería a la empresa adjudicataria de la construcción y gestión de los servicios es una cifra muy inferior a la que actualmente se destina al pago de los alquileres de las distintas sedes judiciales. La ventaja que supondría además este sistema es que la Junta no tendría que comenzar a pagar hasta que la obra hubiera concluido y el campus esté en marcha.Justicia sigue manteniendo que las obras de la futura sede judicial pueden iniciarse en la próxima primavera, tal y como se anunció en su día cuando se conoció el cambio de emplazamiento desde la parcela del barrio de los Remedios a los terrenos de la Autoridad Portuaria de Sevilla.

La consejera de Justicia, la más valorada del Gobierno andaluz

La consejera de Justicia y Administración Pública, María José López, es la más valorada del Gobierno andaluz, según un sondeo de Ipsos para Diario de Sevilla. La encuesta otorga una valoración de 5,67 a María José López, por encima de otras consejeras como Evangelina Naranjo o María Jesús Montero, quienes sin embargo gozan de un mayor conocimiento por parte de los ciudadanos. La pregunta de la encuesta, que solicitaba una puntuación de cero a diez, planteaba la valoración de los consejeros autonómicos "por su actuación y labor política".

La Fiscalía pide una multa para el presunto autor del botellazo a Juande Ramos

La Fiscalía de Sevilla hizo público ayer su escrito de acusación contra Ángel Chaves Ruiz, el presunto autor del botellazo a Juande Ramos en el derbi del 28 de febrero de 2007 y para el que solicita que se le imponga una multa de 4.680 euros.

El Ministerio Público, que imputa al ex portero del Castilleja, un delito de desórdenes públicos y una falta de lesiones, reclama además que se prohíba al acusado acudir a espectáculos públicos durante un periodo de dos años y que indemnice con 360 euros al ex técnico sevillista por las lesiones causadas.

El escrito de acusación de la Fiscalía recoge que la noche en que ocurrieron los hechos, el acusado había asistido como espectador al derbi que, con una gran afluencia de público, se celebraba en el estadio Manuel Ruiz de Lopera. En un momento del partido, Ángel Chaves, que ocupaba una localidad muy próxima al banquillo del equipo del Sevilla F. C., lanzó una botella que impactó al entrenador, todo ello "a pesar de conocer las graves consecuencias que, dada la naturaleza del partido y el elevado número de espectadores que asistían al mismo, podía originar con su acción". La agresión, añade la Fiscalía, provocó una "grave alteración del desarrollo del encuentro que desembocó en la suspensión del partido". A causa del impacto, Juande Ramos sufrió lesiones consistentes en una contusión parieto occipital que precisó una asistencia facultativa y curó a los siete días, de los cuales dos estuvo impedido para sus ocupaciones habituales y permaneció un día hospitalizado en observación.

Fuentes del caso confirmaron ayer que la Fiscalía hispalense ha pedido la pena máxima de multa que contempla el Código Penal para el delito de desórdenes públicos, aunque no ha considerado necesario solicitar ninguna petición de cárcel, dado que este delito puede llevar aparejada una sanción de entre tres y seis meses de cárcel que, en la práctica, podría ser sustituída por una multa.

La petición del fiscal se produce después de que dos testigos ratificaran en el juzgado que el presunto agresor fue Ángel Chaves, quien, según explicaron, llegó a decir con sorpresa "¡Le he dado!" y acto seguido se echó las manos a la cabeza en señal de preocupación.

Caso Contsa: Un inversor reclama en el proceso concursal casi un millón de euros

Un acreedor personado en el proceso concursal declarado por el juzgado de lo Mercantil de Sevilla reclama a Contsa 903.991 euros en concepto de impago de intereses y del capital que invirtió en la empresa de José Salas Burzón.

Este perjudicado ha sido el primero en reclamar la deuda en el juzgado de lo Mercantil y su demanda, presentada el pasado 17 de enero, ha motivado que la juez haya declarado el concurso "necesario" de Contsa, puesto que la suspensión de pagos "voluntaria" que elevó la empresa al juzgado es posterior a la intervención llevada a cabo por este acreedor.

El auto del juzgado de lo Mercantil que declaró el concurso, de fecha 20 de febrero, ha dado además un plazo de un mes a los más de 1.200 afectados para que comuniquen a los administradores concursales "la existencia de sus créditos". Esa comunicación, según la ley concursal, deberá efectuarse mediante un escrito firmado por el acreedor, quien también podrá personarse en el procedimiento concursal representado por un procurador y un abogado.

La resolución también acuerda el nombramiento de tres administradores concursales (un abogado, un economista, y otro profesional que será designado por otro acreedor) y, como ocurre en los concursos necesarios, "suspende el ejercicio de las facultades de administración y disposición de su patrimonio" de la entidad Contsa. Estas funciones pasarán ahora a realizarlas los tres administradores designados.

La resolución también ordena inscribir en el Registro Mercantil la declaración de concurso, con expresa mención a la suspensión de las facultades de administración y disposición del concursado, en este caso el presidente de Contsa Corporación Empresarial, José Salas Burzón.

El juzgado también ha acordado la anotación preventiva en los registros de la propiedad donde consten inscritos los bienes inmuebles de Contsa y que se encuentran en el inventario de bienes y derechos aportados por la empresa al juzgado. La ley concursal fija en su artículo 6 que el empresario tiene la obligación de aportar en el proceso un inventario de bienes y derechos, con expresión de su naturaleza, así como una relación de los acreedores, de la cuantía y el vencimiento de los créditos y de las garantías personales o reales constituidas.

Algunos perjudicados, que se reunieron en la Plaza de España el pasado 12 de febrero, después de que Contsa hiciera pública la suspensión de pagos, han mostrado su confianza en que recuperarán sus ahorros con los bienes que el grupo tiene en Rumanía, Checoslovaquia e incluso en Miami.

El propio presidente de Contsa ha asegurado que si se dan condiciones favorables podría empezar en un año a entregar dinero a cuenta a los inversores más necesitados, mediante la venta de los activos de la empresa, ya que existe una diferencia de 30 millones de euros entre el activo (80 millones) y el pasivo (54 millones) de la empresa. Este será el planteamiento que el intermediario financiero transmitirá a los inversores en la reunión que ha convocado para el próximo lunes en el hotel Al Andalus de la capital hispalense y en la que pretende además explicar las circunstancias que han llevado a falta de liquidez y la consiguiente suspensión de pagos de la entidad.

Si los acreedores, que en principio están dispuestos a dar un voto de confianza a Salas, aceptan esta propuesta, el empresario podría presentar en el juzgado de lo Mercantil una propuesta de convenio anticipada que, en el caso de ser aceptada por los administradores judiciales nombrados en el procedimiento concursal, permitiría aplicar el plan de pagos diseñado por José Salas Burzón.

El auto del juzgado de lo Mercantil recuerda, por último, que el presidente de la entidad tiene el deber de comparecer personalmente en el juzgado y ante los administradores concursales "cuantas veces sea requerido", así como de colaborar e informar en todo lo necesario o conveniente para el interés del concurso.

Memoria de la Audiencia: Sevilla vuelve a estar como en el año 2000, suma ya un retraso de más de 2.000 causas

La Audiencia de Sevilla acumula 2.027 causas pendientes de resolver, de las cuales 1.162 son asuntos penales y el resto (865) civiles, según refleja el informe anual elevado por el presidente de la institución, Miguel Carmona, al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Esta cifra refleja una tendencia al incremento de asuntos, sobre todo en la jurisdicción penal, que no se alcanzaba desde hace ocho años, en concreto, en 2000, cuando se acumularon 4.082 asuntos sin resolver.

El presidente de la Audiencia, Miguel Carmona, resta importancia en su informe a este incremento de casos pendientes, ya que, según considera, "en líneas generales todas las secciones mantienen un nivel aceptable de respuesta, de modo que el nivel de asuntos en tramitación, pese a haber crecido, está aún en cifras aceptables". El magistrado advierte, no obstante, del "deterioro" de dos secciones penales (la Tercera y la Séptima), en las que se han alcanzado "por primera vez desde hace muchos años cifras superiores a los 300 asuntos en tramitación, similares a las que se tenían tras la entrada en vigor del nuevo Código Penal", en 1996. Lo mismo ocurre con la Sección Quinta, que supera los 300 casos en tramitación y vuelve a una situación que se dejó atrás en 2002, cuando se aplicaron unos planes extraordinarios de refuerzo para reducir el notable atraso que afectaba tradicionalmente a la jurisdicción Civil.

En cualquier caso, el presidente de la Audiencia señala que las cifras de causas pendientes están "dentro de la normalidad" en unos órganos que resuelven asuntos en segunda instancia, a través de lo recursos contra las decisiones de los juzgados, y enjuicia de forma directa otros delitos graves. A pesar de estas cifras, el informe señala que la duración media de los asuntos en la Audiencia es de "poco más de dos meses".

El año pasado, la Audiencia de Sevilla alcanzó uno de los niveles más altos en cuanto al número de asuntos ingresados, con 8.666 casos, y resolvió 8.323, con lo que el volumen de casos pendientes pasó de 1.684 a los 2.027 contabilizado a 31 de diciembre pasado.

El informe analiza algunas de las circunstancias que han podido incidir en esta situación y hace hincapié en el incremento de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas por los jueces de lo penal, que alcanzó los 1.182 asuntos, así como en los recursos presentados en materia de Vigilancia Penitenciaria, que se situaron en 460, lo que significa que estos procedimientos presentados por los reclusos se han duplicado en sólo tres años (en 2004 hubo 247 recursos).

La memoria también destaca un "incremento en la complejidad de los asuntos" y señala que el descenso ligero en el volumen de asuntos resueltos (en el año 2006 se resolvieron 8.496) obedece, entre otras causas, a las bajas prolongadas por motivos de enfermedad de varios magistrados de la Audiencia.

Tras analizar todos los datos, el magistrado Miguel Carmona considera "de especial preocupación" que en los cuatro últimos años el número de asuntos que resuelven los jueces es ligeramente inferior a los que se registran.

La situación puede incluso agravarse a lo largo de este año, dado que los jueces de la Audiencia así como los de todos los órganos judiciales de Sevilla, han decidido por unanimidad que limitarán en, al menos, un 20 por ciento su trabajo para ajustarse a los módulos laborales que fija como adecuados el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una medida adoptada como protesta después de que el Ministerio de Justicia haya mantenido la congelación de los salarios de los jueces.

Una nueva anécdota...

Ocurrió hace unos días a las puertas de los juzgados. Un abogado se había citado con su cliente, de raza gitana, para explicarle cómo había terminado el juicio que había tenido y la sentencia que había puesto el juez.
--Lamento decirte que el juez te ha condenado, pero no te preocupes que vamos a apelar la sentencia --comentó el letrado.
--¡A pelarla, A pelarla! ¡A pelarla se va a ir el juez! --manifestó el condenado con absoluta espontaneidad.
Todo un ejemplo de que el lenguaje jurídico sigue causando confusión entre los ciudadanos.

Las defensas piden la nulidad de las escuchas telefónicas y revelan que la Policía no entregó en el juzgado las cintas originales

Dos años después de que se destapara el escándalo por el presunto intento de soborno a la ex concejal de Camas Carmen Lobo, las defensas de los cuatro imputados revelaron que la Policía no ha aportado las cintas originales de los pinchazos telefónicos practicados durante la fase de investigación, sino una selección realizada por los propios investigadores en soporte informático.Este extremo, que fue reconocido ayer por la propia Fiscalía durante una vista celebrada en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial para resolver sobre tres recursos pendientes, llevó a los abogados defensores a pedir la nulidad de estas escuchas telefónicas y de todas las pruebas derivadas de ellas. El abogado José María Calero, que defiende al ex alcalde de Camas Agustín Pavón, recordó en su exposición que la jurisprudencia ha sentado la base de que el resultado de las intervenciones telefónicas puede aportarse al juzgado en cualquier formato, incluido el CD, pero siempre que las grabaciones sean "íntegras y originales", un requisito legal que, según afirmó, no se cumple en este caso puesto que las grabaciones están "troceadas", presentadas en distintos archivos informáticos correspondientes a diversos días y comenzando por la noche previa al Pleno municipal del 13 de septiembre de 2005 en la que el intermediario Eusebio Gaviño entregó un sobre con 12.000 euros a la edil Carmen Lobo a cambio presuntamente de que votara a favor de determinadas propuestas. El letrado defensor argumentó que el auto que acordó las escuchas es "nulo de pleno derecho" porque adolece de la falta de motivación suficiente, se concedió únicamente a raíz de "la denuncia de Francisco Gordo", un ex militante de IU que reconoció a la Policía su "enemistad" con el entonces alcalde, y además tampoco existió un control judicial de la medida. José María Calero anunció su intención de plantear la nulidad de las escuchas ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y el Tribunal Constitucional, pero consideró que los magistrados de la Audiencia deberían aceptarla porque acudir a estas instancias judiciales superiores "provoca un gasto, un perjuicio y un desgaste de la Administración de Justicia que habría de evitarse".El fiscal Arcadio Martínez se opuso a la nulidad del auto que posibilitó las intervenciones telefónicas porque, si bien reconoció que la resolución es "manifiestamente mejorable" en cuanto a su motivación, el Tribunal Supremo al referirse a estos autos sin bastante fundamento ha puesto de manifiesto que pueden "completarse con la investigación policial" y examinar cada caso concreto. El fiscal también argumento que aunque los pinchazos se autorizaron sólo con la declaración de Francisco Gordo, la denuncia "no es genérica, sino que da detalles, reuniones, nombres y lugares" del presunto delito de cohecho que se intentaba consumar, por lo que "era posible creer que se había intentado comprar el voto de Carmen Lobo".El letrado José Manuel García-Quílez, que representa a Gaviño, añadió que el delito denunciado no tenía la suficiente gravedad como para que se acordara una medida tan excepcional y recordó, como prueba de la escasa gravedad, que todos los acusados fueron puestos en libertad por la propia Policía sin ser conducidos ante el juez.Junto a la nulidad de las escuchas, las defensas también recurrieron las decisiones del juez que transformó la causa en un procedimiento de la ley del jurado, y argumentaron que el caso se "cerró en falso" por cuanto, según dijo el letrado Pedro Pérez-Montero, "está acreditado que ha existido una trama-trampa con una verdadera provocación del delito".El abogado José Manuel Ramos Cardona, que representa al ex edil José del Castillo, estimó que cuando se inició el proceso del jurado no existían más que "sospechas" de la participación de su cliente, no una "verosimilitud".

Dos afectados ratifican la denuncia a Contsa y la juez declara la suspensión de pagos

La titular del juzgado de Instrucción número 17 de Sevilla, Pilar Llorente, inició ayer la investigación de las denuncias presentadas por varios afectados por la suspensión de pagos presentada por la empresa Contsa. De los tres inversores que han denunciado delitos de estafa y apropiación indebida por los préstamos participativos que suscribieron con la sociedad, dos de ellos ratificaron ayer las acusaciones ante la juez mientras que el tercero ha decidido retirar la denuncia para evitar "el juicio paralelo".Uno de los perjudicados no sólo confirmó en su comparecencia que se considera estafado, sino que además aportó nuevos datos relacionados con la forma de actuar de la sociedad y con las inversiones realizadas en dinero negro. Manuel Jiménez Hurtado aseguró que un apoderado de Contsa confirmó en una reunión con varios inversores que existían "dos listas: A y B", y que esta última procedía de fuera de España. Este afectado, que ha recibido las críticas de la mayoría de los inversores por acudir a la vía penal, explicó que antes de emprender las acciones legales se reunió hasta en tres ocasiones con representantes de la entidad, durante los días 20 y 30 de enero y 1 de febrero, para intentar que le devolvieran los 36.000 euros que había invertido.En la última reunión, declaró Manuel Jiménez, un abogado de la empresa le comunicó que el apoderado que había intervenido en nombre de la sociedad en su contrato conocía desde seis meses antes -en mayo de 2007- la falta de liquidez que pesaba sobre la empresa. "Me engañaron 600 veces, por activa y por pasiva, es un engaño monumental porque tenían falta de liquidez" y no le advirtieron del "alto riesgo" que conllevaba la inversión, sostiene este jubilado que entregó a Contsa los ahorros de su vida y sólo recibió el pago de una mensualidad de los intereses acordados.Un segundo perjudicado, que no quiso identificarse, ratificó la denuncia después de haber invertido varias decenas de miles de euros en la empresa.La próxima intervención de la instructora tendrá lugar el 7 de marzo, cuando tome declaración como imputados al presidente del grupo Contsa, José Salas Burzón, y a un apoderado de la sociedad.De forma paralela a la vía penal, el juzgado de lo Mercantil de Sevilla ha declarado el proceso concursal de Contsa, una decisión que se produce después de que la juez haya valorado las dos peticiones de concurso vinculadas a esta sociedad y que han sido acumuladas en un mismo proceso. Aunque el presidente de Contsa, José Salas Burzón, anunció públicamente el pasado 11 de febrero que la entidad había presentado un concurso voluntario de acreedores, al no poder hacer frente a los pagos, lo cierto es que uno de los inversionistas ya había llevado el caso al juzgado de lo Mercantil varias semanas antes.El inversor presentó con fecha 17 de enero un concurso "necesario" contra Contsa, ante el impago de las cantidades invertidas.Una vez que la juez de lo Mercantil tuvo sobre su mesa las dos peticiones de concurso, ha dictado un auto en el que ha acumulado ambas solicitudes y ha declarado el concurso de Contsa. La decisión lleva aparejada el nombramiento de tres administradores concursales: un abogado, un economista y un tercero que será designado por el conjunto de acreedores. La finalidad del proceso iniciado consiste en reflotar la empresa y, en caso de que no sea posible, proceder a la liquidación y el pago a los acreedores. La suspensión de pagos de Contsa afecta a unas 1.200 personas, que invirtieron en la sociedad a cambio de una alta rentabilidad, de hasta el 35 por ciento.Contsa quiere comenzar a pagar en un año mediante la venta de bienes, ya que, según Salas, la sociedad cuenta con 80 millones en su activo mientras que el pasivo ronda los 54 millones.

Caso Farruquito: La Audiencia elevó la multa porque cuestiona los ingresos que declaró el artista al tribunal

La Audiencia de Sevilla decidió elevar de nuevo las multas impuestas al bailaor Juan Manuel Fernández Montoya, Farruquito, porque considera que el artista no declaró la realidad de su situación económica a la hora de pedir la rebaja de las sanciones y alude a los gastos de su boda como un indicio de que su capacidad económica era superior.

El auto de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, que revoca la decisión del juzgado de lo Penal de reducir a la mitad las multas y vuelve a elevar a 72.000 euros la cuantía que debe pagar Farruquito, explica que el bailaor declaró en 2005 haber recibido unos ingresos de 12.811 euros, pero "no fue así" porque, según los magistrados, la información fiscal disponible -copia del IRPF y de la información facilitada por la Agencia Tributaria- "puso de relieve que existieron más, no sólo rentas por trabajo propiamente".

El tribunal afirma que Farruquito, que en la actualidad cumple en Sevilla-II la condena de tres años que le impuso la misma sala por el atropello mortal de Benjamín Olalla, ingresó otras cantidades de la Sociedad General de Autores (11.955,15 euros) y 13.999,98 euros de las sociedades limitadas "La Len Varó" y "Tirajais". La Audiencia señala en este extremo que "no se han aclarado" las relaciones de estas entidades con Juan Manuel Fernández Montoya. "No podemos evitar echar en falta una investigación relativa a la posible o posibles participaciones del mismo en entidades jurídicas (entre las que podrían resultar que estuvieran las dos citadas, en cuyo caso se estarían ocultando espuriamente datos a los tribunales de Justicia), pues son, en el tráfico mercantil, el medio en que se gestionan compañías, producciones, o montajes artísticos", precisa textualmente la resolución de la Audiencia.

Pero no es el único argumento que esgrime el tribunal para acreditar que Farruquito dispuso de unos ingresos superiores. "Tampoco podemos obviar lo que es de común conocimiento por la difusión que alcanzó en los medios de comunicación incluso de ámbito nacional, como es un concreto acontecimiento relativo a la vida privada del Sr. Fernández Montoya, indicativo en su forma, siquiera como signo externo, de una capacidad económica superior a la que se quiere hacer ver, dato éste que si se menciona, lo es simplemente para abundar en los argumentos ya indicados", advierte el tribunal en clara alusión a las circunstancias que rodearon la boda del artista, en septiembre de 2005, cuando todavía no se conocía la sentencia que le obligaba a entrar en la cárcel.

Todas estas circunstancias llevan al tribunal a elevar de nuevo las multas hasta las cuantías que fueron fijadas originariamente, puesto que, según razona el auto, "no se dispone hasta el momento de datos suficientes y convincentes que indiquen que en la actualidad la situación patrimonial real haya variado en la medida que su defensa pretende".

Un caso de violencia de género lleva dos años paralizados porque los juzgados no se ponen de acuerdo sobre la competencia

Parece increíble pero es totalmente cierto. Una denuncia de una mujer por presuntas amenazas y acoso de su ex pareja lleva dos años paralizada por culpa de la "burocracia" judicial, dado que en este tiempo sólo se ha tomado declaración al acusado y a un testigo porque los cinco juzgados por los que ha pasado el caso no se ponen de acuerdo sobre quién debe asumir la investigación de los hechos.

La controversia jurídica se produce porque la mujer aseguró que el supuesto autor de las amenazas es su ex pareja, mientras que éste asegura que sólo eran amigos y no formaban una pareja. En función de cómo se considere la relación que mantenían la investigación de la denuncia corresponde a un juzgado de Instrucción o a los específicos de Violencia sobre la Mujer, si se entiende que eran compañeros sentimentales.

La primera denuncia se remonta al 11 de febrero de 2006, cuando la mujer acudió al juzgado de Guardia para declarar que su ex novio le había seguido con su moto al salir del trabajo y había propinado varias patadas a su coche.

El juzgado de instrucción número 6, que estaba de guardia, incoó unas diligencias previas y remitió la causa al juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1, que abrió otras diligencias pero que no localizó al denunciado hasta noviembre de 2006, fecha en la que declaró como imputado. El denunciado dijo que era sólo "amigo" de la chica y que se veía frecuentemente con ella, por lo que el juzgado de Violencia se inhibió de conocer el asunto y lo remitió al juzgado de Guardia, entonces el Instrucción número 4, que volvió a incoar un procedimiento y lo remitió a reparto, recayendo la causa en el juzgado de Instrucción número 17. Este nuevo órgano, a su vez, se desentendió de las actuaciones, que acabaron por antecedentes en el juzgado de Instrucción número 6, que en marzo de 2006 no aceptó la causa y la devolvió a los órganos de Violencia de sobre la Mujer.

El decanato intervino para trasladar el proceso al juzgado de Violencia número 3, que se inhibió en favor del número 1, y éste devolvió la causa, otra vez, al juzgado de Instrucción número 6 para que planteara una cuestión de competencia que hoy debe deliberar la Audiencia Provincial.

Durante estos dos años, la víctima y el supuesto agresor se han cruzado, al menos, otras cinco denuncias, algunas de las cuales han acabado en condena por una falta de malos tratos y coacciones, o en la absolución del acusado.

Un perjudicado de Contsa retira la denuncia para evitar los "juicios paralelos"

Una de las dos personas que presentaron una denuncia en el juzgado contra la empresa Contsa no ratificará hoy la acusación por presunta apropiación indebida de 90.000 euros porque quiere evitar "los juicios paralelos" y para no causar "un mayor daño" a los responsables de la empresa que, según considera, están siendo "víctimas de una opinión pública, en general, mal informada".

El denunciante, que prefiere mantener su anonimato, considera oportuno en un comunicado esperar a que "sean los propios clientes quienes decida soberanamente, tras la reunión del 3 de marzo, las medidas a seguir". "Que la opinión de una mayoría sea la que sirva de directriz para todos y no que por una simple denuncia de un cliente aislado, como la mía, se desate un frente de lucha que no conduce a nada", relata la nota.

El denunciante apunta además que "no está convencido" de que en este caso se haya cometido un delito de apropiación indebida y lo argumenta afirmando que "en un delito económico siempre se persigue el resarcimiento de la responsabilidad civil y, en este caso, no sería posible ejecutar resolución alguna en beneficio individual, una vez presentada la solicitud de concurso" de acreedores. El denunciante cree "lógico" esperar la declaración del concurso, "que aclarará bastante la situación de la empresa y de las inversiones de todos los afectados".

El afectado sostiene finalmente que dará la "última oportunidad" al presidente de Contsa, José Salas, para que dé explicaciones a sus clientes y al juzgado Mercantil, todo ello con la finalidad de evitar "exponerlo a otras luchas con la Fiscalía, los juzgados penales y el seguimiento mediático, que arrastrarán fácilmente a la figura de la presunción de culpabilidad, tan injusta como frecuente en nuestros tiempos y lugares".

Quien sí va a ratificar la denuncia, e incluso puede ampliarla, es Manuel Jiménez Hurtado, que también está citado hoy en el juzgado después de que denunciara una presunta estafa por invertir 36.000 euros y cobrar sólo los intereses de un mes.

Orden de alejamiento e imputación por delito de atentado para un menor que agredió a su profesor de Latín

Un juez de menores ha impuesto a un alumno una orden de alejamiento que le impide acercarse a 500 metros de su profesor de Latín, al que amenazó en reiteradas ocasiones y agredió porque le había recriminado su comportamiento en clase.

La medida judicial fue impuesta de manera cautelar y a instancias de la Fiscalía de Menores de Sevilla que, de manera pionera, ha aplicado la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre las agresiones a los médicos en su condición de funcionarios públicos. El Ministerio Público ha imputado al chico, que tiene menos de 14 años, sendos delitos de amenazas y de atentado al docente, lo que en la práctica supone endurecer el castigo. Con anterioridad a la doctrina del Supremo, esta conducta podría ser considerada como una simple falta, que se sanciona con una multa.

Los hechos que han motivado la intervención de la fiscalía se remontan al pasado 14 de febrero cuando el menor reiteró las amenazas que profería desde hace tiempo a su profesor de Latín, en el I.E.S. La Paz, ubicado en el barrio de Rochelambert. El menor intimidó al docente con frases del tenor de "voy a por ti" o "voy a venir con toda mi pandilla de las Tres Mil Viviendas", y a continuación le agredió lanzándole una patada a los genitales, aunque le alcanzó en las piernas.

El profesor denunció los hechos y la Policía Nacional se personó en el instituto y detuvo al agresor, que fue puesto a disposición de la Fiscalía de Menores, como ocurre en estos casos. Por estos hechos iba a celebrarse un juicio rápido, pero la ausencia del docente, que está de baja tras sufrir una crisis de ansiedad, impidió que tuviera lugar una vista oral que habría concluido, con toda probabilidad, en la condena del joven. A la espera del juicio, la Fiscalía hispalense solicitó que se impusiera al joven, de forma cautelar, una medida de libertad vigilada y una orden de alejamiento de 500 metros del centro docente y del profesor agredido por cualquier medio.

El juzgado adoptó la medida e informó de la situación a la delegación de Educación, dado que la orden implica el traslado forzoso del menor a otro centro educativo, al prohibir que se acerque a menos de 500 metros del instituto y del profesor, con quien tampoco podrá comunicarse por cualquier medio posible.

Desde la Delegación de Educación explicaron ayer que aún no habían recibido la comunicación del juzgado, si bien precisaron que la Administración "acatará" la decisión adoptada por la Justicia y, en consecuencia, el menor será trasladado probablemente.

La decisión de la Fiscalía y del juez de Menores supone un hito en la lucha contra los delitos que sufren los profesores dentro de las aulas. Desde la Fiscalía apuntan que esta resolución significa una sanción "ejemplarizante" para los menores que puedan llevar a cabo conductas como las del menor ahora imputado.

El juzgado de lo Mercantil declaró 66 concursos en tres años

El juzgado de lo Mercantil de Sevilla admite ocho de cada diez concursos de acreedores de las empresas sevillanas en situación de crisis. En los poco más de tres años que han transcurrido desde que se creó este órgano judicial -septiembre de 2004-, al amparo de la nueva ley concursal, el juzgado ha recibido 82 peticiones de concurso por suspensión de pagos o quiebras, de las cuales se declararon 66, lo que representa el 80 por ciento de las peticiones.

El juzgado de lo Mercantil rechazó en este mismo período 11 solicitudes de concurso, mientras que en otros dos casos se produjo el desistimiento por parte las personas o entidades que lo presentaron, dado que el concurso puede ser voluntario -si lo solicita la propia empresa en crisis- o necesario, cuando lo pide un acreedor.

La estadística de este juzgado arroja un dato interesante a este respecto: el 75 por ciento de los concursos -61 casos- son voluntarios, y el 25 por ciento restante son necesarios -21 empresas-.

Actualmente, el juzgado tramita unos 65 concursos. Por el tipo de entidad que lo solicita, el 60 por ciento -49 casos- se trata de sociedades de responsabilidad limitada, un 25 por ciento son anónimas -21 casos-, y sólo 12 solicitantes son personas físicas, en su mayoría administradores de otras sociedades.

La mayoría de los concursos declarados por el juzgado son procedimientos abreviados, con un pasivo inferior al millón de euros y en los que interviene un único administrador concursal. En los últimos tres años han sido declarados 41 concursos abreviados, lo que supone el 62 por ciento de los procedimientos.

En este tiempo, el juzgado de lo Mercantil de Sevilla tramitó otros 25 concursos por el procedimiento ordinario -38 por ciento del total-, en el que la empresa cuenta con un pasivo que supera el millón de euros y que requiere la designación de tres administradores concursales: un abogado, un economista y un tercero designado por uno de los acreedores.

Este último procedimiento sería el aplicable al grupo empresarial Contsa, que ha acudido de forma voluntaria al juzgado Mercantil para presentar un concurso de acreedores ante la imposibilidad de hacer frente a los pagos a las 1.200 personas que han suscrito préstamos participativos. Contsa cuenta con un activo de 80 millones y un pasivo de 54 millones, según ha manifestado el empresario José Salas Burzón, presidente del grupo, que ha convocado el día 3 de marzo una junta de acreedores para explicar a los afectados las circunstancias de la suspensión de pagos y proponer un plan de viabilidad que permita en un año entregar dinero a cuenta del capital invertido.

La finalidad de un concurso es llegar a un convenio para reflotar la empresa y, en caso de no ser posible, proceder a la liquidación de la misma y al reparto entre los acreedores. El procedimiento incorpora la posibilidad de que el deudor o los acreedores presenten al juzgado una propuesta de convenio, que puede incluir la reducción de hasta un 50 por ciento de los créditos ordinarios o el aplazamiento del pago durante cinco años, según los mecanismos de quita y espera que contempla la ley concursal.

El juzgado de lo Mercantil de Sevilla, que inició su andadura con sólo cinco funcionarios y en la actualidad tiene otros tres de refuerzo, ingresó en 2006 un total de 704 asuntos, dado que además de los procesos concursales se encarga de asuntos mercantiles de competencia desleal, de propiedad industrial, marcas y patentes, entre otras cuestiones.

Fuentes de este juzgado destacaron la "profesionalidad" y el "rigor" con el que actúan los administradores concursales y destacaron que esta labor está coadyuvando a que salgan adelante los procedimientos concursales. Las mismas fuentes criticaron el hecho de que no exista unas dependencias adecuadas para los administradores concursales, que tienen que consultar los expedientes en una mesa que se les ha habilitado en las oficinas del juzgado de lo Mercantil.

Caso Farruquito: La Audiencia vuelve a subir a 72.000 euros la multa que debe pagar el artista

Era lo lógico. La Audiencia Provincial ha revocado la decisión del juzgado de lo Penal número 8 de Sevilla de rebajar de 72.000 a 36.000 euros la multa que debe pagar el bailaor Juan Manuel Fernández Montoya, Farruquito, condenado a tres años de prisión por el atropello mortal de Benjamín Olalla en septiembre de 2003.
La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla ha anulado la decisión del juzgado, que rebajó la multa al bailaor por el receso de su situación económica, y ha vuelto a imponer la multa de 12 meses con una cuota diaria de 100 euros por el delito de omisión del socorro y otra multa también de 12 meses con la misma cuota por inducción a la simulación de delito. Su ingreso en prisión le ha supuesto una merma de sus ingresos, pero como a cualquier persona que es encarcelada, según el argumento que defendió la Fiscalía para oponerse a la rebaja de la multa.

Caso Contsa: dos denuncias en el juzgado por presunta estafa

La presunta estafa denunciada por uno de los acreedores de la corporación empresarial Contsa no es la única que está siendo investigada en los juzgados de Instrucción de la capital andaluza.
Un segundo acreedor, del que no ha trascendido su nombre, presentó este mismo mes otra denuncia por hechos similares relacionados con los préstamos participativos a la sociedad Contsa. Esta nueva acción penal, que hasta ahora no se conocía, es anterior a la que ejerce Manuel Jiménez Hurtado, dado que fue presentada unos días antes del 5 de febrero, fecha en la que el jubilado puso en conocimiento de la Justicia que la empresa Contsa se había apropiado supuestamente de 36.000 euros de sus ahorros.
El caso correspondió al juzgado de Instrucción número 17 de Sevilla, que ya ha incoado unas diligencias previas y ha citado a declarar a Manuel Jiménez para el próximo día 22 de febrero, con la finalidad de que ratifique los hechos denunciados, según han confirmado a este periódico fuentes judiciales.
La casualidad de los turnos de reparto establecidos en los juzgados de Instrucción ha hecho que la denuncia del segundo acreedor, aunque presentada unos días de la de Manuel Jiménez y por la que se incoaron otras diligencias previas, haya correspondido al mismo juzgado de Instrucción, el número 17, cuya juez titular ha decidido acumular ambos procedimientos para tramitarlos en uno solo, al tratarse de hechos similares y en los que hay una coincidencia respecto a las personas denunciadas.
Desde que estalló el escándalo de Contsa, una vez que se conoció que la empresa había presentado un concurso voluntario de acreedores, los pequeños inversionistas se han mostrado a favor de conceder un voto de confianza al presidente de la sociedad, José Salas Bursón. Algunos de los 1.200 afectados por la suspensión de pagos han criticado el inicio de las actuaciones penales por parte de Manuel Jiménez, por cuanto consideran que esta vía penal puede perjudicar sus intereses y le han requerido encarecidamente para que retire la acusación.
De cualquier forma y en el hipotético supuesto de que alguno de los denunciantes desistiera de la vía penal, resultará muy difícil que la actuación judicial no continúe la investigación. Quien no tiene ninguna intención de retirar la denuncia, en principio, es Manuel Jiménez, que ha anunciado que acudirá al juzgado para ratificarla, según confirmaron ayer fuentes próximas al denunciantes, que añadieron que la única forma de que el jubilado desistiera consiste en que se le reembolsaran los 36.000 euros invertidos más parte de los intereses.
Al estar el hecho sub iudice habrá que ver además la postura que adopta la Fiscalía de Sevilla. El Ministerio Público podría estar en contra del sobreseimiento de la investigación e incluso plantearse la posibilidad de actuar de oficio, una vez que ha trascendido que muchas de las personas que firmaron contratos con Contsa invirtieron dinero negro, lo que podría dar lugar incluso a una nueva investigación por un delito de blanqueo de capitales, en función de la cuantía invertida.
Algunos bufetes de abogados de la ciudad están siendo ya consultados por inversores de Contsa que habrían desembolsado cantidades millonarias y que intentan conocer a través de los juristas cuáles son las posibilidades reales para recuperar los capitales invertidos en la inmobiliaria.
Mientras tanto, el empresario José Salas ha convocado una junta de acreedores para el próximo 3 de marzo, en la que pretende explicar personalmente a los 1.200 afectados las circunstancias de la suspensión de pagos y proponerles un plan de viabilidad que permitiría en un año comenzar a entregar dinero a cuenta del capital invertido a aquellos inversores con las necesidades más acuciantes. La fórmula consistiría principalmente en la venta de activos de la empresa, ya que, según ha manifestado el propio Salas, Contsa cuenta con 80 millones de euros en su activo mientras que el pasivo ronda los 54 millones.