Justicia sevillana

La Fiscalía quiere inhabilitar durante 10 años al juez de Familia Francisco Serrano

2011-07-07T21:37:00.001+02:00

La Fiscalía Superior de Andalucía ha solicitado una condena de diez años de inhabilitación y una multa de 5.400 euros para el juez de Familia Francisco Serrano por presunta prevaricación, en relación con la ampliación del turno de custodia de un niño de 11 años que había establecido otro juzgado con la finalidad de que el menor pudiera salir como paje en una cofradía de la Madrugada sevillana de 2010. La petición de la Fiscalía es la mínima que se contempla para el delito de prevaricación, dado que la acusación particular que ejerce la madre del niño ha solicitado, en cambio, la máxima: 20 años de inhabilitación y una multa de 14.400 euros, además de una indemnización de 60.000 euros para la madre por supuestos daños físicos y morales, 100.000 euros para el niño que salió de paje y 12.000 para su hermano. El abogado Miguel García Diéguez, que defiende al juez Serrano, mostró ayer su sorpresa por el hecho de haberse enterado por los medios de comunicación de la petición de condena que solicitaba la Fiscalía, si bien a mediodía envió a su procurador para que se le notificaran los escritos de calificación. El abogado lamentó que ni el fiscal ni la acusación particular "hacen mención alguna" en sus escritos al auto de la Audiencia de Sevilla que avaló la decisión del juez Serrano.
El letrado recordó que el delito de prevaricación consiste en "dictar una resolución injusta a sabiendas de su injusticia", por lo que consideró que si en este caso la Audiencia Provincial ha asegurado que la resolución no es injusta no puede haberse cometido ninguna prevaricación. El abogado del juez Serrano puso de manifiesto que el instructor de la causa contra el magistrado aún tiene la posibilidad de acordar el archivo tras el auto de la Audiencia de Sevilla. El abogado precisó que el artículo 783.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal señala que, una vez solicitada la apertura de juicio oral por el fiscal o la acusación particular, el juez la acordará, salvo que estime que concurre el supuesto del artículo 637.2, que señala que debe acordarse el sobreseimiento libre "cuando el hecho no sea constitutivo de delito". La Audiencia de Sevilla reconoció que la ampliación en un día y medio de la estancia del niño con su padre para que pudiese salir en una procesión correspondía al juzgado encargado del divorcio de los padres, pero no declara nula la decisión de Serrano porque "no prescindió total y absolutamente de las normas esenciales del procedimiento". Según la Audiencia, Serrano no "omitió los principios de audiencia, asistencia o defensa determinantes de una efectiva indefensión".

La Policía Local denuncia al ex ministro Corcuera por un altercado en la Feria

2011-05-11T14:20:00.001+02:00

La Policía Local de Sevilla ha denunciado por una falta contra el orden público al ex ministro del Interior José Luis Corcuera, quien protagonizó un altercado con dos agentes de este cuerpo en un control de acceso a la Feria el pasado viernes 6 de mayo. El atestado policial fue remitido al juzgado de Guardia el domingo y ha recaído en el juzgado de Instrucción 9 de Sevilla, que ya ha abierto diligencias previas y ha solicitado a la Policía una ampliación del atestado, según informaron ayer a este periódico fuentes judiciales.

Los hechos ocurrieron sobre las seis menos veinte de la tarde del viernes de Feria en la esquina de la calle Virgen de la Cinta con Virgen de la Oliva, donde dos policías locales se encontraban regulando el tráfico e impidiendo el acceso de vehículos al recinto ferial. El coche en el que viajaba José Luis Corcuera llegó a ese punto y uno de los dos agentes le indicó que no podía continuar hacia la Feria y tenía que girar a la izquierda. El conductor exhibió una placa del Cuerpo Nacional de Policía y el agente municipal le indicó que no podía seguir hacia adelante. En ese momento, Corcuera, que viajaba en el asiento delantero derecho, se dirigió al policía local diciéndole que tanto él como su escolta iban a pasar.

El agente le indicó que sólo podían acceder los vehículos oficiales y los de servicio público. Se entabló entonces una discusión en la que el ex ministro defendía que el suyo era un coche oficial y por tanto tenía derecho a pasar. El policía contestó pidiendo que identificara el vehículo como tal, mientras que Corcuera decía que no tenía por qué hacerlo e insistía en que iban a entrar en la Feria.

La tensión fue en aumento entre ambas partes y tanto el ex ministro como su escolta se apearon del coche y siguieron discutiendo con los policías. Según relata el atestado policial enviado al juzgado, Corcuera decía a voces que "no sabía con quién estaban hablando" y que no se pensaba identificar. Al pedirle uno de los agentes que bajara la voz porque le estaba hablando con respeto y sin amenazarlo, el ex ministro contestó "yo sí que te estoy amenazando y no me voy a identificar".

El policía insistió en que tendría que llamar a un patrullero para que lo identificaran, puesto que ellos tenían que seguir regulando la circulación. A esto el ex político socialista respondió que llamase a quien le diera la gana porque él era José Luis Corcuera, mientras levantaba las manos y movía los dedos imitando el gesto que se hace cuando a alguien le toman las huellas dactilares.

Poco después llegaron otros dos policías locales, que trataron de calmar al ex ministro, que reiteró que no se identificaría porque él no había hecho nada. Uno de estos dos agentes habló con el escolta, que aseguró que efectivamente era quien decía ser, José Luis Corcuera, ministro del Interior durante los años 1988 y 1993 en la etapa de Felipe González al frente del Gobierno. En ese momento, Corcuera ordenó al escolta que cogiera el coche y se fuera hacia la Feria porque él iba a denunciar a los policías locales.

Uno de los dos agentes que llegaron después le informó entonces de que si se quería quedar allí tendría que subirse a la acera y salirse de la calzada porque ya estaba identificado y sus compañeros tenían que continuar con su trabajo. Corcuera respondió que lo que tendría que hacer su compañero -en referencia al policía con el que había tenido el enfrentamiento más violento- era "nacer de nuevo". Finalmente, el ex ministro se subió al coche y se dirigió hacia la Feria, ya una vez identificado su coche como vehículo oficial. Antes, los policías le informaron de que lo iban a denunciar al juzgado por una falta de respeto hacia los agentes.

El altercado entre los policías y José Luis Corcuera congregó a numerosos curiosos que se dirigían a la Feria y se detuvieron para presenciar la bronca. Algunas de estas personas han sido incluso aportadas como testigos a la causa que ha abierto el juzgado de Instrucción 9 para investigar el comportamiento del ex ministro.

La imputación de la presentadora Ana Rosa por la confesión de la mujer de Del Valle

2011-03-21T21:25:00.004+01:00

La presentadora Ana Rosa Quintana y nueve periodistas más han sido citados a declarar como imputados este miércoles por el juzgado de Madrid que investiga las circunstancias que rodearon la entrevista a la mujer de Santiago del Valle, condenado por el asesinato de la niña Mari Luz Cortés. En una providencia, la magistrada del juzgado de instrucción número 43, María del Coro Cillán, también ha pedido que Gestevisión Telecinco presente la grabación completa de la entrevista realizada por Ana Rosa Quintana a Isabel García el pasado 23 de febrero en el Parque de Brasilia (Madrid).
La juez tomará primero declaración, en calidad de perjudicada, a Isabel García, quien se ha personado como acusación particular en las diligencias abiertas para esclarecer el modo en que se hizo la entrevista en la que confesó que su marido mató a la niña, tal y como dijo en sus primeras manifestaciones ante la policía y el juez, pero en contra de lo que afirmó en el juicio, cuando culpó a su cuñada.
A continuación, la juez ha citado al representante legal de Antena 3, a cuatro periodistas de la citada cadena, y a otros cuatro periodistas de Telecinco para tomarles declaración como imputados desde las 11.00 a las 14.30 horas.
Ya por la tarde, Ana Rosa Quintana deberá comparecer a las 17.00 horas, según la providencia, y media hora más tarde al también periodista de Tele 5 Nacho Abad, ambos en calidad de imputados al igual que todos los demás periodistas. La juez está investigando si todos los imputados cometieron un posible delito de coacciones al entrevistar a Isabel García, que padece un retraso de moderado a leve.

Carcaño insiste en su última versión: dice que no sabe dónde Marta y que el Cuco y Samuel se llevaron el cadáver

2011-02-01T21:23:00.002+01:00

El asesino confeso de Marta del Castillo, Miguel Carcaño, ha reiterado hoy al juez de Instrucción número 4 de Sevilla que el cuerpo de la joven se lo llevaron sus amigos Samuel Benítez y el Cuco, por lo que él ha insistido en que desconoce dónde está el cadáver.Miguel Carcaño, que junto a los otros tres adultos imputados han recibido esta mañana la notificación del auto de procesamiento, se ha remitido a su última declaración, en la que sostuvo que Marta murió de un golpe con el cenicero y no hubo violación.

Cuando el juez Francisco de Asís Molina le preguntó expresamente por el paradero del cuerpo, como el magistrado ha hecho siempre que Carcaño ha ido al juzgado a declarar, el asesino confeso ha contestado que "no lo sabe" y a continuación se ha remitido a su última declaración, añadiendo que él se quedó "limpiando restos de huellas y vestigios" del crimen en el piso de León XIII mientras Samuel y el Cuco trasladaban el cuerpo en un vehículo propiedad de un familiar de Samuel.Fuentes del caso han señalado que Miguel ha mantenido la misma actitud cuando ha prestado declaración hoy en el juzgado y han añadido que su testimonio no introduce ninguna novedad en lo que ya se conocía.

La Fiscalía recordó hoy que sostiene que tanto Miguel como los otros implicados "saben todos" dónde está el cuerpo de Marta, porque así se desprende de las pruebas e indicios recopilados en el sumario del caso.Los otros tres imputados, Javier Delgado, María García y Samuel Benítez se han acogido igualmente a sus anteriores declaraciones durante la vista celebrada hoy para la declaración indagatoria, aunque el último de estos imputados ha dicho al juez que pone a su disposición el jersey que, según dice, llevaba puesto la noche del crimen y que le extrañó que en su día no le fuese requerido por la Policía. Fuentes del caso han restado relevancia al ofrecimiento realizado por la defensa de Samuel, que se produce dos años después de la desaparición de Marta.Al término de la comparecencia, el juez ha celebrado una vista para decidir sobre la prórroga de la prisión preventiva para Miguel Carcaño, al estar próximo a cumplir los dos años encarcelados.

La defensa del asesino confeso ha pedido la libertad provisional, al considerar que no existía riesgo de fuga, mientras que la Fiscalía y la acusación particular han estimado que éste era precisamente uno de los motivos por los que debía seguir en prisión, además de la gravedad de las penas a las que se enfrenta y la proximidad de la celebración de la vista oral, que tendrá lugar en los próximos meses.

El juez Francisco de Asís Molina acordó finalmente la prórroga de la prisión por otros dos años, con una triple argumentación: la existencia de un riesgo de fuga de Miguel Carcaño, la gravedad de los hechos y de las penas que se solicitan, y también para asegurar la presencia del acusado en el juicio.En los juzgados volvieron a repetirse momentos de tensión a la entrada, sobre todo, de Miguel Carcaño, y de los otros imputados, que han sido increpados con gritos de "asesino" y requiriéndoles para que digan dónde está Marta.

A la salida de los juzgados, dos hermanas de Antonio del Castillo, padre de la joven desaparecida, han empezado a empujar al hermano del asesino confeso, Javier Delgado, mostrándole las camisetas que llevaban con la cara de Marta, aunque el incidente no ha pasado a mayores.La Policía desplegó un fuerte dispositivo en torno a los juzgados de Sevilla para garantizar la entrada de los imputados y evitar que se produzcan agresiones como la que sufrió el abogado del hermano de Miguel la semana pasada.

Carcaño no se enfrentará al jurado popular

2011-01-27T00:53:00.001+01:00

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ordenado finalmente que el asesino confeso, Miguel Carcaño, y los otros adultos implicados sean enjuiciados por un tribunal profesional y no ante un jurado popular, como habían solicitado la Fiscalía y la familia de la víctima. El argumento que esgrime el Alto Tribunal andaluz en su resolución consiste en que los magistrados consideran, al igual que en su día expuso el magistrado de la Audiencia de Sevilla Javier González –al que correspondió presidir el jurado–, que el objetivo principal que buscaban los imputados era la violación de Marta y que su crimen se cometió para ocultar ese delito.

El auto del TSJA analiza los escritos de calificación presentados por la Fiscalía y la acusación particular contra Carcaño y los otros imputados y señala que, si bien la Fiscalía no se pronuncia expresamente sobre la relación entre las previas agresiones sexuales y el posterior asesinato, “por muchas disquisiciones que quieran hacerse, las secuencias que se concretan en los escritos de calificación revelan una actividad de ocultación de los delitos de agresiones sexuales”. De esta forma, los magistrados consideran que los escritos de acusación del fiscal y de la acusación particular “no son incompatibles y conducen a la misma conclusión: el delito fin o el objetivo perseguido fueron las agresiones sexuales”.

En el caso del escrito de la Fiscalía, el TSJA considera que la imputación de los delitos de agresión sexual que incluyen el uso de armas peligrosas –Carcaño aseguró que amenazaron a Marta con una navaja, que fue recuperada– “denota la convicción del Ministerio Fiscal de que el impulso agresor inicial perseguía, como objetivo principal, la violación”. Siguiendo los acuerdos de la Sala Penal del Supremo para los delitos conexos, el TSJA entiende que si el delito principal es la violación, el caso debe ser enjuiciado por un tribunal profesional y no por el jurado popular.

El auto acuerda devolver las actuaciones al juzgado de Instrucción número 4 para que acuerde la “transformación y adecuación” del procedimiento a las normas del sumario ordinario. Contra la resolución del TSJA, según explica el propio auto, no cabe ningún recurso, aunque fuentes de la Fiscalía han explicado que van a estudiar si es posible presentar un recurso.
El juicio contra Carcaño, según las mismas fuentes, podría celebrarse antes del verano, aunque en los próximos meses tendrán que realizarse determinadas actuaciones judiciales como una declaración indagatoria de todos los imputados, lo que podía retrasar la celebración, sobre todo si las defensas plantean nuevos recursos.

El juez debe dictar ahora un auto de procesamiento y remitir la causa a la Sección Primera de la Audiencia para continuar la denominada fase intermedia que concluirá con la remisión a otra Sección para el enjuiciamiento.

Así todo, una vez que el TSJA ha resuelto cómo serán juzgados los adultos imputados por la desaparición de Marta, la Fiscalía anunció ayer que en los próximos días pedirá la prórroga de la prisión preventiva de Miguel Carcaño, el único implicado que sigue en la cárcel. La petición se planteará ante el juez de Instrucción número 4 de Sevilla, Francisco de Asís Molina, que investigó el asesinato de Marta y que decretó en febrero de 2009 el ingreso en prisión del asesino confeso, por lo que está a punto de cumplir el tiempo máximo. La prórroga será, como es preceptivo, por otros dos años.

El Cuco se declara inocente

2011-01-27T00:50:00.001+01:00

No hubo sorpresas ni cambios en el guión previsto. La esperanza de la familia de Marta de que el juicio pueda derrumbar a alguno de los implicados para que revelen, dos años después, dónde está el cadáver no vino de la mano del Cuco. El menor, que ahora tiene 17 años -la misma edad que Marta cuando fue asesinada-, negó su participación en la violación y el asesinato de Marta, delitos por los que se enfrenta a una condena de seis años de internamiento en un centro cerrado y otros tres de libertad vigilada.

El joven, que presenta un aspecto físicamente más fuerte, con pelo largo y recogido en una coleta, se mostró al principio del interrogatorio muy tranquilo, incluso "frío" en algunos momentos, pero a medida que avanzaban las preguntas de la fiscal y de la acusación particular sobre su intervención en los hechos que ocurrieron la tarde del 24 de enero de 2009 se puso cada vez más "tenso", según confirmaron fuentes del caso, dado que el juicio se desarrolla a puerta cerrada.

Uno de los momentos más complicados llegó cuando se la acusación le preguntó si sabía dónde estaba el cuerpo de Marta, de cuya desaparición se cumplieron ayer dos años. El menor respondió que lo desconocía e incluso exclamó que "ojalá lo supiera", porque a él también le interesa que aparezca el cuerpo porque podría beneficiar a su defensa en este proceso. "No voy a hacer lo que ha hecho Miguel", aseveró el menor en alusión al continuo cambio sobre el destino que se dio al cuerpo de la joven sevillana.

Durante unas dos horas, el Cuco negó, una a una, todas las preguntas en las que se le relacionaba con el crimen. El menor, que había prestado ocho declaraciones anteriores -en tres de las cuales había reconocido su participación-, se declaró inocente ante el juez de Menores y aseguró que el día de autos no estuvo en el piso de Miguel Carcaño, en la calle León XIII, donde Marta fue asesinada. En su relato exculpatorio, el menor reconoció que aquella tarde, sobre las 17:00, se encontró a Miguel y a Marta en Santa María de Ordaz, pero después se marchó y estuvo con dos grupos de amigos haciendo una botellonajunto al Polideportivo de San Pablo y en un parque cerca de Santa Clara.

Esa tarde el Cuco llamó por teléfono a Samuel Benítez, que está imputado en la causa que se sigue contra los cuatro adultos, y quedó con él en encontrarse de madrugada. El menor asegura que llegó a su casa sobre las 23:30, lo que hipotéticamente le sitúa fuera del horario en el que, según la Policía y el juez que instruyó el caso, tuvo lugar el asesinato.

El testimonio del Cuco presenta para la Fiscalía de Sevilla y la acusación que ejercen los padres de Marta "muchas contradicciones" y sus explicaciones "no han sido lógicas, coherentes o satisfactorias" en cuanto a su cambio de versión, al haber pasado de autoinculparse e incriminar a los imputados adultos a decir que no tiene ninguna relación con el crimen. El Cuco alegó que las tres declaraciones incriminatorias las realizó por las supuestas "presiones" que recibió de los agentes del Grupo de Menores (Grume) de la Policía, quienes le habrían incluso "amenazado" diciéndole que iban "a detener a su madre" en la creencia de que su vehículo, un Volkswagen Polo de color blanco, había sido utilizado para ocultar el cuerpo. El menor relató al juez que se sintió "asustado" ante estas presiones y que por eso asumió su participación.

El adolescente negó que él o Samuel condujeran aquella noche ese coche, aunque sí reconoció que unos días después de la desaparición de Marta ambos lo limpiaron porque estaba "sucio", pero no porque pretendieran eliminar pruebas.

En la primera sesión del juicio se visionó el DVD realizado con la reconstrucción judicial de los hechos que se hizo tras su detención en el piso de Miguel Carcaño, donde el menor ofreció de manera espontánea detalles concretos sobre cómo encontró el cuerpo de Marta cuando se presentó en el piso y cómo se produjo el traslado inicialmente hasta el Guadalquivir.

El Cuco alegó ayer que muchos de esos detalles los introdujo en su declaración para dar verosimilitud y porque conocía muy bien el piso de León XIII, en el que había dormido muchas veces. Cuando se le preguntó sobre el punto exacto del río desde el que inicialmente dijo que se deshicieron del cuerpo, el acusado señaló que se lo habían indicado los policías.

Tras la comparecencia del Cuco, el juez llamó a declarar Ángel Romero, su tutor legal, que estaba citado en calidad de testigo y como responsable civil, pero que se acogió a su derecho constitucional a no declarar. El juicio se reanudará mañana con la declaración de Miguel Carcaño y de los otros adultos imputados, y de la inspectora jefe del Grume.

Sorprendentemente, aunque Samuel Benítez Pérez no estaba citado ha aparecido por la sede judicial para firmar como cada quince días su libertad condicional, justo a la hora de máxima expectación de periodistas. Con gafas de sol, y muy arreglado, a diferencia de su aspecto deportivo de la vista oral, daba la impresión de que quería ser visto porque tenía que firmar en el mismo edificio en el que se celebra el juicio, en lugar de en un juzgado.

La Fiscalía, satisfecha con la actuación del Ministerio Público en la crisis de los controladores aéreos

2010-12-13T16:58:00.002+01:00

Publicamos un comunicado difundido hoy por la Fiscalía General del Estado en relación con la actuación del Ministerio Público en la huelga salvaje de los controladores aéreos:
La Fiscalía General del Estado desea mostrar públicamente su satisfacción por el papel desempeñado por el Ministerio Fiscal en la adopción de medidas urgentes para la resolución de la situación planteada a partir del pasado 3 de diciembre, como consecuencia del abandono colectivo y presuntamente concertado de sus puestos de trabajo por parte de un importante número de controladores aéreo.
En primer lugar, hay que destacar la celeridad con que la Fiscalia de Madrid, la misma noche del 3 de diciembre, procedió de oficio a la incoación de diligencias de investigación por un presunto delito contra el tráfico aéreo, practicando de inmediato las primeras diligencias para aclarar los hechos e identificar a los presuntos responsables, incoación que se generalizó en el conjunto de Fiscalias Superiores la mañana siguiente.
Asimismo ha de señalarse la incorporación del Fiscal General del Estado al Consejo de Ministros Extraordinario del pasado sábado día 4, a petición del Presidente del Gobierno. Como es sabido, la participación del Fiscal General en dicho órgano está expresamente prevista en el artículo 9 2º del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, precisamente para que en situaciones excepcionales, como la producida en este caso, el Ministerio Público pueda ejercer en tiempo real, y con carácter previo a la adopción de cualesquiera medidas extraordinarias, su función de informar en defensa de la legalidad y de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Esta tarea de aportación de un criterio estrictamente jurídico, basado en la misión constitucional de interpretar la ley con imparcialidad y en atención al interés general, con absoluta autonomía de las decisiones políticas que pueda adoptar el Ejecutivo, pone en valor la posición del Ministerio Fiscal como órgano constitucionalmente relevante, del mismo modo que de ordinario ocurre con el ejercicio de su función de informar los proyectos de disposiciones legales o reglamentarias que afectan a su función (art. 14.i. j del mismo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal). Sin que ello, como es obvio, suponga injerencia alguna ni por parte del Gobierno en las decisiones del Fiscal en su ámbito funcional, ni del Fiscal en el legítimo ejercicio de las competencias que la Constitución atribuye al Gobierno democráticamente elegido por los españoles.
Es evidente asimismo que, con independencia de toda intoxicación informativa o de cualesquiera interpretaciones partidistas o corporativistas políticamente orientadas a desmerecer la acción institucional del Ministerio Público, ignorantes de su función constitucional o reticentes a su desempeño, la acción coordinada, inmediata y eficaz de las Fiscalías territorialmente competentes para conocer de los hechos, y en particular el papel relevante de los Fiscales Superiores de las Comunidades Autónomas, han permitido en este caso una perfecta y eficiente aplicación del principio de unidad de actuación con imparcial sujeción a la legalidad. De manera que, una vez determinada con plena autonomía de criterio la ley aplicable, y concretadas mediante un concienzudo debate jurídico en el seno de los órganos competentes de este Ministerio las pautas de intervención del Fiscal, unánimemente confirmadas y asumidas en la Junta de Fiscales Superiores de las Comunidades Autónomas que tuvo lugar en Zaragoza el pasado jueves día 9, a fecha de hoy el Ministerio Público español está en condiciones de concretar el objeto y los sujetos de investigación en una treintena de diligencias, que se siguen en las Fiscalías de la práctica totalidad de las Comunidades Autónomas.
La Fiscalía General del Estado desea, en consecuencia:
1) Hacer partícipes a todos los ciudadanos del compromiso de esta institución, basado en una rigurosa e imparcial aplicación de la Constitución y la Ley, con los derechos de los afectados y las garantías legales y procesales de los implicados en los acontecimientos producidos con ocasión del abandono masivo de sus puestos de trabajo por parte de los controladores aéreos, los pasados días 3 y 4 de diciembre.
2) Agradecer y reconocer expresamente su trabajo a los Fiscales que en esas fechas se mantuvieron activos para hacer posible esa reacción eficaz, dirigida a preservar y recuperar en lo posible el derecho de sus conciudadanos al normal funcionamiento del servicio público de la navegación aérea en unas fechas tan significativas.
3) Reiterar, en fin, públicamente, una inequívoca y firme expresión de satisfacción por el papel relevante de interpretación y aplicación de la legalidad que, en el estricto ejercicio de su misión constitucional y en tan singulares circunstancias, ha correspondido al Ministerio Público en relación con las medidas excepcionales adoptadas por el Gobierno de la Nación, expresamente apoyadas por el Consejo General del Poder Judicial y posteriormente confirmadas por una mayoría abrumadora del Congreso de los Diputados.

Un abogado que denuncia a Buenafuente por un vídeo en el que se ridiculiza a la iglesia

2010-11-17T10:08:00.004+01:00

Un abogado de Lebrija ha presentado una denuncia contra la cadena La Sexta por la emisión en el programa de Andreu Buenafuente de un vídeo en el que se parodia la reciente visita del Papa a España y que el letrado considera que puede ser constitutiva de delitos contra los derechos fundamentales y los sentimientos religiosos.

El abogado José Antonio Barragán explicó ayer que después de ver el vídeo que fue emitido el pasado 4 de noviembre consideró que debía poner los hechos en conocimiento de la Justicia porque cree que hay indicios de delito. "Soy católico como cualquiera y como católico me he sentido ofendido por el vídeo, porque hace una parodia de la Eucaristía y tiene palabras ofensivas para el Papa", aseveró José Antonio Barragán. El letrado asegura que denunció los hechos como ciudadano y no como abogado, aunque precisó que "la ley está para poner coto" y evitar que se "ridiculice" al Santo Padre y a los sacramentos.

La denuncia, que ha sido remitida por los juzgados de Sevilla al decanato de Alcobendas (Madrid), donde tiene su domicilio social La Sexta, recoge que en el vídeo tituladoConozcamos a la Iglesia católica, se ridiculiza a la propia Iglesia, al papa Benedicto XVI y el sacramento de la Eucaristía.

"Los productores del vídeo se burlan de Jesucristo cuando dicen que 'la figura principal del cristianismo es un hombre sabio, de gran barba, y que tiene la finalidad de llevar la felicidad a todo el mundo... Papá Noel", recoge el texto de la denuncia, que añade que el Vaticano tiene tres funciones básicas: "Disimular cuando la ciencia pasa cerca, repartir hostias y pedir perdón por las hostias repartidas en el pasado". El vídeo se refiere a la Guardia Suiza como los cantantes del grupo Locomía y añade que "el jefe supremo del Vaticano es el Papa, situado justo por encima de Dios... y por debajo de Chuck Norris". Y añade: "La Iglesia católica es la segunda institución que existe después del programa de Jordi Hurtado". El vídeo se refiere a la visita del Papa como un "desfile de faldas y sombreros llamativos" y concluye: "Iglesia católica, sin escándalos sexuales desde junio".

José Antonio Barragán es consciente de que la denuncia puede ser archivada si la Justicia considera que no hay indicios de delito y se entiende que el vídeo se enmarca en un contexto humorístico.

La cosa está muy mal, también para los abogados

2010-11-08T17:07:00.002+01:00

La crisis económica pasa factura a todos. Y si no, basta observar la fotografía en la que un abogado -cuyo teléfono se ha omitido- se anuncia en las farolas, debajo de otros anuncios de personas que buscan trabajo....

Una nueva forma de buscar clientes. Lo que no sabemos es si es rentable o no. En el anuncio se ofrece consulta gratuita y se abarcan "todos los asuntos". No falta un buen "Llame sin compromisos" para los más indecisos....

El cambio de criterio de la Fiscalía: ahora apoya recusar a la juez Alaya en la causa por el delito societario en Mercasevilla

2010-11-05T09:55:00.004+01:00

La decisión de la Fiscalía de apoyar la recusación de la juez ha causado gran sorpresa en los foros jurídicos de Sevilla. Por varios motivos. Para empezar, porque hace tan sólo dos semanas, al ser preguntada por la misma cuestión, la fiscal jefe, María José Segarra, anunció que "no veía motivos" para esta recusación. ¿Qué ha cambiado en estas dos semanas? Nada. No se ha aportado ningún argumento nuevo, pero el criterio de la fiscal ha variado. ¿Se equivocó antes cuando anunció que no había motivos para recusar a la juez o lo hace ahora?

El argumento con el que la fiscal justifica ahora la recusación tampoco tiene una gran fortaleza. Dice que como el marido de la juez estuvo auditando Mercasevilla hasta junio de 2002 y a pesar de que la juez ha dicho que va a investigar desde septiembre de 2002 -cuando Fernando Mellet fue nombrado gerente del mercado central-, la Fiscalía entiende que según los criterios contables no es posible analizar un periodo tan específico, por lo que tendrá que revisarse todo el año 2002 y entonces sí que se verá afectada su imparcialidad por el trabajo de su esposo como auditor de la sociedad.

Pero hay elementos que contradicen este argumento: Uno, la empresa Deloitte realizó una auditoría de sólo cuatro meses, con lo que es posible analizar un periodo inferior a un año. Y lo que es más importante, según algunos expertos auditores si el marido de la juez estuvo trabajando hasta junio de 2002, su trabajo consistiría en auditar las cuentas de 2001, con lo que no habría lugar a que la investigación de la juez se solapara con el trabajo de su marido en la empresa mixta.

La Audiencia tendrá que resolver la cuestión en breve.

Foro Judicial apoya a la juez Alaya ante el "acoso" que está sufriendo

2010-11-02T19:02:00.002+01:00

El Foro Judicial Independiente ha emitido un comunicado de apoyo a la juez Mercedes Alaya ante el "acoso" que está sufriendo y tras las declaraciones del consejero deportivo del Betis, Luis Oliver, en las que la comparó con una "nazi" y la calificó de "loca".
El comunicado de la asociación dice lo siguiente:
"Con ocasión de las inaceptables descalificaciones vertidas por el imputado Luis Oliver contra la Ilma. Sra. magistrada D.ª Mercedes Alaya, instructora de un presunto delito societario contra el ex dirigente bético Manuel Ruiz de Lopera, la sección territorial en Andalucía, de la asociación de jueces y magistrados Foro Judicial Independiente, emite el siguiente comunicado:
1. En un Estado de Derecho no son los insultos groseros ni las calumnias los medios que los ciudadanos tienen a su alcance para criticar y rebatir las actuaciones jurisdiccionales, sino los recursos.
2. Manifestamos nuestra satisfacción por el hecho de que la Fiscalía de Sevilla haya actuado con rapidez, iniciando inmediatamente diligencias de investigación contra Luis Oliver por un presunto delito de injurias a la autoridad.
3. Mostramos nuestro enérgico y total rechazo al acoso que está sufriendo la magistrada instructora con ocasión del ejercicio de su actividad jurisdiccional. Su independencia y profesionalidad está fuera de toda duda.
4. El abandono y menosprecio que el Poder Judicial sufre a manos de los otros dos poderes del Estado, ejecutivo y legislativo, estimula desgraciados comportamientos como el que nos ocupa, cuya finalidad última es deteriorar la serenidad y sosiego que ha de presidir la actuación judicial".

La Fiscalía apoya al PP en su recurso por el caso Unidad

2010-11-02T18:57:00.003+01:00

La Fiscalía de Sevilla ha enviado un escrito al juez de Instrucción número 14 de Sevilla, en el que apoya el recurso del PP contra el auto que puso fin a la investigación de las facturas falsas de Unidad. En una nota, la Fiscalía asegura que "tras el análisis de las contradicciones puestas de manifiesto por la acusación particular en el recurso de reforma interpuesto contra el auto de 6 de septiembre de 2010 en relación con la documentación existente en la causa, pese a su informe precedente, ha considerado oportuno apoyar parcialmente la realización de ciertas diligencias interesadas por via del recurso".
La Fiscalía añade que las diligencias se refierente "concretamente las tendentes a verificar de forma exhaustiva si alguna de las facturas de Copyur cuestionadas en el recurso se encuentran en algún expediente de cuentas justificativas de las subvenciones concedidas a la Federación de Asociaciones de Vecinos Unidad en los años 2001,2002,2003 y 2004 y que se realice una prueba pericial consistente en el cotejo de la documentación contable aportada por Copyur, en relación con determinadas facturas, de forma que se pueda determinar si se corresponden con entregas reales de materiales y pagos realizados por Unidad a la empresa Copyur".

La huelga del 29-S

2010-09-28T18:22:00.002+02:00

El lema de la pancarta de estos policías nacionales en Huelva no tiene desperdicio..... A ver quién trabaja y con qué... con estos argumentos...

Una encuesta sobre la que reflexionar: el 48% de los españoles cree que la Justicia funciona mal o muy mal

2010-09-27T20:10:00.002+02:00

Según el II Barómetro de la Justicia de la Fundación Wolters Kluwer, cerca del 70% de los españoles considera que la Justicia es muy lenta y que las sentencias no se ejecutan con eficacia.
Según el 48% de los españoles, la Administración de Justicia funciona mal o muy mal y sólo un 10% de la población considera que la Justicia funciona bien. Además, el 30% considera que funciona peor que hace dos o tres años. Estos son algunos de los resultados reflejados en el II Barómetro de la Justicia de la Fundación Wolters Kluwer, realizado junto a Metroscopia .
En general, los resultados no son buenos y la valoración de la Justicia por los ciudadanos está en uno de los momentos más bajos de los últimos veinte años. Actualmente, la Administración de Justicia tiene una valoración similar a la del Gobierno de España, ya que obtienen un 4,2 y un 4,1 respectivamente, en una escala de 0 al 10.
El Barómetro pone de manifiesto un empeoramiento general de la imagen de la Justicia para los ciudadanos. Los españoles cada vez son más críticos con el funcionamiento de la Justicia y no están percibiendo las mejoras organizativas que se han acometido, afirma Rosalina Díaz, presidenta de la Fundación Wolters Kluwer.
Anticuada, lenta y poco eficaz
Otro de los factores que dificultan una mejor percepción de la Justicia lo indica el dato de que seis de cada diez ciudadanos considera que la Justica está anticuada; siete de cada diez consideran que es muy lenta y que las sentencias no se ejecutan con eficacia, y un 49% de la ciudadanía no cree que los Tribunales sean imparciales en su actuación.
Es obvio que la ciudadanía está percibiendo una imagen muy distorsionada del quehacer diario de nuestros Jueces y Tribunales, los procesos de reformas organizativas pasan inadvertidos ante la polémica mediática que se produce alrededor de unos pocos casos, asegura Rosalina Díaz.
La opinión sobre los magistrados
En cuanto a los jueces, el 54% de los españoles creen que, a la hora de enjuiciar un caso y dictar sentencia, los jueces no suelen actuar con total independencia. Aún así, en el caso de ser acusado en un juicio criminal, el 52% de los españoles prefiere ser juzgado por un juez antes que por un jurado compuesto por personas elegidas por sorteo. De hecho, el 60% considera que los jueces están bien preparados y son competentes.
En general, la puntuación media para los jueces es de 5,2, frente al 7,1 que reciben la policía y los guardias civiles o el 5,6 de los fiscales.
Por otra parte, según el estudio, los ciudadanos creen que los tribunales actúan dejándose influenciar por los intereses del Gobierno (el 60%), las presiones de grupos económicos o sociales (59%) e incluso los medios de comunicación (52%). Incluso el 65% considera que los jueces tienden, en su forma de actuar, a favorecer o perjudicar a los miembros de alguno de los principales partidos políticos.
En general, los ciudadanos suspenden el funcionamiento de los Tribunales de Justicia, la Administración, las Cortes, los Gobiernos Autonómicos, los Ayuntamientos y el Gobierno central. Leído en La Ley.es

Crean una página en facebook en apoyo a la juez Mercedes Alaya

2010-07-24T20:51:00.002+02:00

La juez de Instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga un delito societario en relación con el Betis y otros escándalos como el de Mercasevilla, cuenta desde esta semana con una página de apoyo en Facebook.
Debajo de la una foto de la juez, puede leerse lo siguiente:
"Se lleva por delante al que haga falta, da igual que sea Lopera, los de Mercasevilla, caiga quien caiga", y también un halago a su labor: "Porque nos está devolviendo el Betis, porque está haciendo justicia, porque va a hacer que nos devuelvan hasta el último euro que el Lete nos robó y porque hay que seguir animándola para que llegue hasta el final, caiga quien caiga, le creamos ésta página en su honor.Que Grande es usted !!! Dios salve a Mercedes Alaya !!!!"

Los comentarios que dejan los usuarios de esta red no tiene desperdicios, podéis consultar la página en el siguiente link http://www.facebook.com/pages/Jueza-Mercedes-Alaya/111266902258096?ref=ts#!

La Junta potencia el uso de la videoconferencia en la Justicia

2010-05-24T17:17:00.000+02:00

Estado, Junta de Andalucía, TSJA y la Fiscalía Superior de Andalucía han acordado potenciar el uso de las videoconferencias en la Administración de Justicia en la comunidad autónoma, una herramienta que permitirá agilizar la actividad judicial y también importantes ahorros de tiempo y económicos. Asimismo, un protocolo sobre autopsias, conservación e inhumación de cadáveres no identificados tiene por objetivo acelerar los trámites en este ámbito.
El consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, ha suscrito sendos acuerdos junto al secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Augusto Méndez de Lugo, y la Fiscalía Superior de Andalucía, representada por su teniente fiscal, Guillermo Sena.
Pizarro ha subrayado que ambos convenios son una muestra más de la cooperación entre administraciones y con el sector judicial con el objetivo de avanzar en lograr un sistema de justicia ágil, eficiente y de calidad.
En cuanto a las videoconferencias, en Andalucía existen 237 equipos, con lo que este sistema está disponible en casi todos los edificios judiciales de Andalucía. El incremento en el uso de esta tecnología hará posible una mejor organización del trabajo en los órganos judiciales, evitando demoras en los señalamientos debido a la distancia y realizando actuaciones judiciales en distintos puntos que, de otra forma, se dilatarían.
Así, la videoconferencia permite la reducción de desplazamientos de peritos, testigos y partes que residan fuera del partido judicial donde se celebre la causa, ahorrando además en el pago de dietas a los técnicos. También es posible optimizar la presencia del fiscal el mismo día en varios lugares.
Además, cuando esté justificado puede utilizarse para la declaración de reclusos, presos preventivos o menores con medidas de internamiento. Las nuevas tecnologías también son un medio para preservar la intimidad de los menores en sus comparecencias judiciales, especialmente como testigos; y dan la posibilidad de proteger la libre declaración de testigos, víctimas y peritos en aquellos procesos cuyas circunstancias puedan suponerles una especial presión o en causas criminales en las que haya peligro grave para la persona o sus bienes.
Por lo que respecta a las diligencias que es posible practicar, en los órdenes Civil, Social y Contencioso-Administrativo la videoconferencia se usa en las declaraciones durante el juicio, mientras que en los procedimientos penales se puede recurrir a este sistema para hacer interrogatorios y obtener testimonios durante la fase de instrucción.
Otra posibilidad de uso es que los jueces y fiscales de Vigilancia Penitenciara realicen las entrevistas con los reclusos; e incluso y también la realización de auxilios judiciales nacionales e internacionales o la celebración de ruedas de reconocimiento siempre que sea materialmente imposible la presencia del sospechoso o del testigo. Por su parte, los fiscales o jueces de menores tienen la posibilidad de realizar interrogatorios y entrevistas o a menores internados o con medida de convivencia en grupo educativo.
Inhumación de cadáveres
En cuanto al protocolo de coordinación sobre autopsias, conservación e inhumación de cadáveres no identificados, ambas partes se comprometen a estrechar la colaboración y se constituirá una comisión de seguimiento con el fin de hacer más ágil, eficaz y eficiente la tramitación del destino final de los cadáveres sin identificar que se encuentren en instalaciones gestionadas por la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta tras la realización de las autopsias y el informe forense.

Las injusticias....

2010-05-03T19:20:00.002+02:00

No sé si la causa de los manifestantes es justa o injusta -piden que se revise una condena por violación porque dicen que la denuncia es falsa-, pero lo que está claro es que deberían haber revisado el texto de sus pancartas. La foto no es muy buena, pero en el altavoz que colocaron hoy en los juzgados podía leerse lo siguiente: "No des la espalda. El próximo puede ser tu. Apolla nuestra causa ante la injusticia" (sic). Con estos apoyos es difícil saber si será bueno o malo para el acusado...

Tres de los cuatro abogados del caso Marta apoyan la iniciativa de la recompensa del millón de euros por una pista fiable que conduzca al cuerpo

2010-03-20T21:03:00.001+01:00

Tres de los cuatro abogados defensores personados en la causa por el asesinato y desaparición de Marta del Castillo mostraron hoy su apoyo a la iniciativa de un ciudadano anónimo que ofrece un millón de euros a cualquier persona que pueda dar una pista que conduzca al paradero del cuerpo de la joven sevillana.
Después de que el padre de Marta, Antonio del Castillo, calificara ayer en una carta remitida a los medios que es "vergonzoso" que los abogados hayan intentando "ensuciar" esta buena obra hablando de que se podía imputar un delito de encubrimiento por facilitar información, los letrados José Manuel Carrión, José Antonio Salazar y Manuel Caballero -que representan a Javier Delgado, María García y Samuel Benítez, respectivamente- han suscrito un comunicado en el que señalan que "el carácter altruista de la medida adoptada debe de suponer un acicate para el esclarecimiento de la verdad, que es lo que interesa a estas partes".
Los letrados aseguran que, "en ningún instante" se han manifestado en contra de la recompensa y con respecto a la posibilidad de que la persona que dé pistas incurra en un posible encubrimiento o sobre la legalidad o no de la compensación económica, sostienen que "carecen de objeto en este instante, pues la motivación de la finalidad se encuentra en un nivel superior al cuestionamiento legal de tales actuaciones".
La abogada Paloma Pérez Sendino, que representa al asesino confeso, Miguel Carcaño, explicó que hasta ahora no se ha pronunciado públicamente sobre la recompensa ofrecida por el ciudadano anónimo.

El edificio Noga ya se ha quedado pequeño: no podrá albergar al juzgado de lo Penal número 15, que se crea este año

2010-03-20T20:14:00.002+01:00

Dos meses después de su estreno y ya se ha quedado pequeño. La nueva sede judicial del edificio Noga, la solución puente mientras se construye la Ciudad de la Justicia, no tiene espacio para albergar ningún nuevo órgano judicial. Ésta es la conclusión a la que han llegado el juez decano de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, y el presidente de la Audiencia Provincial, Damián Álvarez, quienes recorrieron ayer la nueva sede judicial de la avenida de la Buhaira.

Aunque oficialmente el inmueble fue inaugurado el 1 de abril de 2009, coincidiendo con la puesta en funcionamiento del juzgado de lo Mercantil número 2, lo cierto es que no ha se ha puesto a pleno rendimiento hasta el pasado mes de enero, cuando se completó el traslado de los jugados de lo Penal -13 órganos más uno que se creó ya en la nueva sede en el mes de diciembre- y de los once juzgados de lo Social.

El decano y el presidente de la Audiencia de Sevilla pretendían con su visita de ayer a esta sede judicial contemplar por sí mismos las diversas quejas que los jueces y abogados están elevando a sus respectivos órganos de gobierno desde que se completó el traslado de los juzgados a la sede de la Buhaira. La falta de espacio del nuevo enclave judicial es una de las principales conclusiones a las que han llegado ambos magistrados tras recorrer, una a una, las siete plantas del inmueble. El juez decano recordó que en noviembre de 2006, cuando la Consejería de Justicia -por entonces dirigida por María José López- presentó la propuesta del edificio puente, el proyecto contemplaba el traslado a esta sede de la Buhaira, que en ese momento se hallaba aún en construcción, de los 20 juzgados de Instrucción que están en el Prado de San Sebastián, así como los dos juzgados de Guardia (detenidos e Incidencias), el decanato, los servicios comunes de notificaciones y embargos, y algunas dependencias de la Fiscalía.

Dos años después, en febrero de 2009, la nueva consejera del ramo, Evangelina Naranjo, presentó un proyecto de reorganización de las sedes judiciales que ya fijaba el emplazamiento de los juzgados de lo Penal y de lo Social en el edificio Noga.La actual consejera de Justicia, Begoña Álvarez, mantuvo este proyecto y después de unos meses de adaptación, completó el traslado de los 25 órganos penales y sociales, a los que se suman los dos órganos de lo Mercantil. "Es un edificio pequeño, que se preparó para acoger 20 juzgados de Instrucción y ahora tiene 28", aseguró el decano de los jueces, que insistió en que ya no hay sitio para la creación prevista este año del juzgado de lo Penal número 15 y del tercer juzgado de lo Mercantil.El presidente de la Audiencia de Sevilla, Damián Álvarez, indicó que hay "muchos aspectos mejorables" en la sede del Noga y consideró que la implantación del servicio común de ejecutorias resulta "inaplazable". El decano de los jueces coincidió en que es necesario crear ese servicio porque, según dijo, actualmente los distintos juzgados penales están separados en diferentes dependencias y la "funcionalidad es mínima".

Una de las principales quejas de los abogados y jueces guarda relación con un angosto pasillo que se ha habilitado junto a las siete salas de vista de los juzgados penales donde, al concentrarse muchas personas para asistir a juicio, se ha generado un constante "mal olor" por la falta de ventilación.Para tratar de solucionar este problema, Federico Jiménez Ballester apuesta por habilitar una sala de espera provista con pantallas en la planta de baja del edificio, de tal forma que el público aguarde su turno en esta zona. La dinámica sería que, mientras se celebra un juicio, las personas del siguiente proceso esperen arriba, en la zona próxima al estrecho pasillo, y el resto en la planta baja.La Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía eludió ayer pronunciarse sobre la falta de espacio de la nueva sede judicial.

Carcaño insiste en que no sabe dónde está el cuerpo de Marta

2010-03-14T11:01:00.001+01:00

Como en todas y cada una de sus comparecencias, el juez de Instrucción 4 de Sevilla, Francisco de Asís Molina, se dirigió a Miguel Carcaño. "Sólo voy a hacerle una pregunta: ¿dónde está el cuerpo de Marta del Castillo?" El asesino confeso de la joven de 17 años desaparecida el 24 de enero de 2009 se encogió de hombros y respondió: "No lo sé". Así concluyó anoche la audiencia preliminar con la que finaliza la instrucción del caso Marta del Castillo, a falta del auto de apertura de juicio oral, en una sesión que se prolongó en los juzgados de Sevilla durante catorce horas.

Carcaño se acogió a su derecho de no declarar después de que el abogado de su hermano, José Manuel Carrión, solicitara su comparecencia para explicar por qué había enviado una carta desde la cárcel a su hermano en la que se definía como "cabeza de turco". Carcaño sólo admitió que la carta era suya, pero no quiso explicar el contenido de la misma. Tanto su abogada, Paloma Pérez, como el resto de letrados defensores solicitaron que el caso sea enjuiciado por un tribunal profesional y no por un jurado popular. El abogado de Javier Delgado, hermano de Carcaño, también pidió el sobreseimiento de la causa contra su cliente.

Ayer comparecieron ante el juez 16 testigos y cuatro imputados. Quien pasó más tiempo declarando fue la ex novia de Miguel Carcaño, la menor de 15 años que lo acogió en su casa de Camas. La adolescente admitió con desparpajo haber mentido a la Policía en sus declaraciones. "Como usted comprenderá, si le miento a la Policía, le miento a cualquiera", respondió la menor a la pregunta de uno de los abogados sobre sus continuos cambios de declaración y, en concreto, sobre si había mentido también a una amiga suya a la que comentó que no sabía nada.

La frase, a la que el abogado de la menor, Francisco de Asís Molinos, no da mayor trascendencia, fue pronunciada en el transcurso de la comparecencia de la joven, que duró casi dos horas. En ella, la menor ratificó su última declaración ante la Policía -realizada el 13 de septiembre de 2009-, según la cual Carcaño le confesó la madrugada del 25 de enero el crimen y le dijo que habían enterrado a Marta en una arboleda próxima a su vivienda de Camas. La niña explicó al juez que indicó a la Policía en dos ocasiones el lugar que le mostró el propio Carcaño, que no es donde la Policía ha buscado el cadáver dos veces sin éxito, sino que está a unos 800 metros, en la zona que rastreó la semana pasada el abuelo de Marta con la ayuda de un zahorí. La menor se mostró incluso dispuesta a volver a señalar el punto donde supuestamente el asesino confeso dijo que fue enterrada Marta.

En esa declaración, la niña manifiesta que Miguel salió de su casa en torno a la 1:20 o 1:30 de la madrugada del 25 de enero con la intención de eliminar pruebas, "un charco de sangre", que habría quedado después de que Miguel y su hermano Javier Delgado propinasen "patadas y puñetazos" a Marta. La adolescente ratificó igualmente las supuestas amenazas que habría recibido de Javier Delgado, que el pasado jueves presentó una querella por calumnias y falso testimonio contra ella.

La menor indicó que cuando Carcaño abandonó el domicilio de madrugada se dejó el teléfono móvil en la casa, lo que algunas fuentes interpretan como una quiebra de la coartada del asesino confeso respecto a que habría permanecido en el lugar. Sin embargo, otras fuentes restan importancia a esta cuestión, puesto que en la causa está acreditado que Miguel Carcaño mantuvo dos conversaciones telefónicas con la madre de Marta a las 1:04 y 1:37 de la madrugada del 25 de enero, y en ese momento se encontraba en Camas, según los repetidores de antenas, mientras que la niña dijo que se fue de casa sobre la 1:20 ó 1:30.

La menor prestó declaración protegida con una mampara para no ver a los acusados, pero cuando fue a firmar el acta su mirada se cruzó con la de Miguel Carcaño. Esto provocó que la niña sufriera una crisis de ansiedad y saliera de la sala llorando y gritando "hijo de puta, hijo de puta", en alusión a su ex compañero. Instantes antes, el juez le había comunicado que la volvía a citar a declarar el próximo martes 16 de marzo para que declare en relación a las amenazas supuestamente proferidas por Javier Delgado.

También testificó la madre de esta menor, Soledad Gómez, que también explicó que visitó a Miguel en la cárcel porque se lo pidió la propia Policía. "Sé que mi hija no miente esta vez por la mirada", dijo Soledad. Otros miembros de la familia también declararon, como la abuela, una mujer de 70 años que acudió al juzgado en silla de ruedas y que declaró que lavó la ropa que Carcaño llevaba el día del crimen porque ella hacía la colada habitualmente y que no distinguió mancha alguna porque no ve bien.

Otros dos testigos corroboraron que habían quedado al día siguiente para estudiar con María García, la novia del hermano de Carcaño, en el piso de León XIII. "Lo único que tengo en esa casa es un cepillo de dientes", dijo María García en su declaración. Su novio escuchó la grabación de dos conversaciones mantenidas con Carcaño en la que aquel dice la frase "a veces me da coraje ser tan listo", algo que tanto él como su novia aseguran que es sólo una coletilla.

Habrá una cuarta búsqueda de Marta, la segunda que se realiza en Camas

2010-02-27T20:35:00.001+01:00

La Audiencia de Sevilla ordenó ayer que se vuelva a buscar el cuerpo de Marta del Castillo en Camas, una decisión que se produce tres meses después de que el juez instructor del caso rechazara esta posibilidad tras haber solicitado un informe a la Policía.Los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla han resuelto a favor de la familia el recurso de apelación que presentaron contra la negativa del instructor a que se volviese a buscar el cadáver en una zona próxima a la vivienda de Camas donde residía la ex novia del asesino confeso, la menor de 14 años que aseguró en septiembre pasado a la Policía que Miguel Carcaño le había confesado que habían enterrado el cuerpo en dicho lugar.El padre de Marta, Antonio del Castillo, mostró ayer su satisfacción por la decisión del tribunal, que revoca la resolución acordada en su día por el titular del juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla. "Por fin tenemos algo positivo en este camino de espinas. Tengo que agradecer a la Audiencia esta decisión", afirmó Del Castillo, cuya familia no ha cejado en el empeño de que se agotara también esta posibilidad de recuperar el cuerpo de la joven.La desesperación de la familia se había hecho patente el pasado 10 de febrero, día en el que el abuelo de Marta, José Antonio Casanueva, acompañado de unos 15 vecinos de Camas, se echaron al campo provistos con palas para buscar el cuerpo en la zona en la que, hasta este mismo momento, la Justicia se había negado a ordenar un nuevo rastreo.
Tras la última declaración de la ex novia de Miguel Carcaño, la Policía examinó el 29 de septiembre una zanja en la que, según la menor, podría haber sido enterrado el cuerpo. La nueva zona de búsqueda se encuentra en un lugar de difícil acceso, entre el arroyo Caño Ronco y unos olivares, y se encuentra a unos 800 metros del punto que se inspeccionó en primer lugar.La Fiscalía se había opuesto a que se volviera a buscar en Camas, avalando la decisión del instructor de la causa, Francisco de Asís Molina, quien en noviembre pasado descartó que el cuerpo de Marta estuviera enterrado en este paraje de la localidad camera.
El magistrado argumentó entonces que la zanja que se había abierto para introducir una tubería estaba "totalmente cerrada" como mínimo nueve días antes de que se produjera el asesinato de Marta, la noche del 24 de enero de 2009. El juez basó su decisión en las fotografías aportadas por el capataz de las obras y el vídeo realizado el 16 de enero por un vecino de una casa próxima y en el que se observaba que la zanja estaba cerrada.
De otro lado, la Audiencia también ha decidido que continúe investigándose en un proceso aparte las presuntas amenazas de Javier Delgado a la ex novia de Miguel, tal y como acordó en su día el instructor de la causa. El tribunal rechaza, de esta forma, la petición que había planteado la familia de Marta para que estas amenazas se investigasen en el mismo procedimiento que la desaparición y asesinato de la joven.

La defensa de Miguel Carcaño pide una condena de tres años por un delito de homicidio imprudente

2010-02-19T19:08:00.003+01:00

La abogada Paloma Pérez Sendino, que representa al asesino confeso de Marta del Castillo, ha solicitado una condena de tres años de prisión por un delito de homicidio por imprudencia en su escrito de calificación provisional presentado hoy en el juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla, en el que rechaza haber violado a Marta y asume ser el único autor de la muerte. El comunicado remitido por su abogada es el siguiente:

"La defensa representada por la letrada Paloma Pérez Sendino ha evacuado el trámite procesal del escrito de defensa calificando los hechos como homicidio imprudente y solicitando la pena de tres años de prision así como indemnización de 160.000 euros para los familiares de la joven fallecida Marta del Castillo Casanueva siendo autor de dicha muerte nuestro represenado Miguel Carcaño Delgado,no concurriendo circunstancias modificativas de la responsabilidad penal ,siendo este acusado unico autor de dicho ilicito penal ,y solicitando igualmente la absolución del mismo por los delitos de agresión sexual ,delito contra la integridad moral y profanación de cadáveres que venia acusado por la representación de la acusacion publica y la particular que defiende los intereses de la familia de la joven DªMarta del Castillo Casanueva.-

Igualmente se ha vuelto en dicho escrito ,ya que es momento procesal para hacer tal manifestación ,a incidir en la falta de adecuacion del presente procedimiento a las normas del T: del Jurado después de la publicación del Acuerdo de la Sala Segunda del Tribunal Supremo ,y tambien haciendo uso de la norma que lo autoriza se ha pedido la convocatoria de la audiencia preliminar para en ella decidir acerca de el cauce procedimental por el que debe seguir la tramitación de la causa que según esta defensa no es otro que el de enjuiciamiento por tribunal profesional ,asi mismo se ha solicitado prueba para realizar en dicha audiencia preliminar para asi apoyar la tesis de la defensa de que mi defendido desconoce el paradero del cadáver de la joven".

La Fiscalia pide que se valore el daño psicológico de los padres de Marta

2010-02-10T13:52:00.002+01:00

La Fiscalía de Sevilla ha solicitado al juez que investiga el asesinato de Marta del Castillo que acuerde un examen psiquiátrico sobre las "repercusiones psíquicas" que la desaparición y muerte de la joven sevillana han podido ocasionar a sus padres, Eva Casanueva y Antonio del Castillo, así como por la imposibilidad de que hayan podido dar sepultura al cuerpo por no haber sido recuperado.

La petición de la Fiscalía, que imputa a Miguel Carcaño y a los otros tres implicados un delito contra la integridad moral por el sufrimiento causado a la familia al no revelar el destino del cadáver, se produce en el escrito de acusación provisional de los hechos presentado en el juzgado de Instrucción número 4.

La Fiscalía solicita que el informe sobre el daño psicológico causado se presente y ratifique en el transcurso de una audiencia preliminar que prevé la ley del jurado y cuya convocatoria han pedido ya tanto el fiscal como la acusación particular que ejercen los padres de Marta.

En esa audiencia, las partes podrán proponer la práctica de nuevas pruebas y al término solicitar la apertura de juicio oral, lo que supone el último paso antes de enviar el caso a la Audiencia de Sevilla para la celebración de la vista oral. En ese momento, las defensas podrán solicitar que el cambio de procedimiento para que el caso no sea enjuiciado por un jurado sino ante un tribunal profesional, en aplicación del reciente acuerdo de los magistrados del Tribunal Supremo.

El escrito de calificación provisional del Ministerio Público contempla, de cara al futuro juicio, la declaración de un total de 54 testigos, de los cuales 19 son policías. Entre los testigos se hallan, además de los padres de Marta, un grupo de amigos de la joven sevillana y varios miembros de la familia de Camas con la que vivía el asesino confeso: su ex novia, la madre de ésta y la abuela.

La Fiscalía también propone la declaración de, al menos, seis peritos, entre policías, forenses y psicólogos, para que ratifiquen los informes que han realizado a lo largo de la instrucción. Así, está previsto que declaren, entre otros, los agentes de la Policía Científica que elaboraron el informe sobre los restos de sangre –los únicos existentes– de Marta hallados en el chaquetón de Carcaño y los restos biológicos en la sábana de la habitación, además de los agentes que analizaron la cobertura de las antenas de telefonía móvil en relación al posicionamiento de los teléfonos de los inculpados y las llamadas que efectuaron o recibieron.

El Ministerio Público también anuncia las piezas de convicción que deberán llevarse a la vista oral, entre las que destacan el chaquetón que vestía Miguel Carcaño la noche del 24 de enero, la colcha de la cama, la silla de ruedas en la que fue sacado el cuerpo de Marta del piso de León XIII, la navaja de tipo mariposa que fue recuperada de una alcantarilla –con la que supuestamente Miguel y el Cuco intimidaron a la joven para violarla–, el tensiómetro con que comprobaron que había fallecido y los restos de cinta adhesiva y esparadrapos que el fiscal cree que pudieron ser empleados para envolver el cadáver.

La Fiscalía de Sevilla ha pedido una condena de 52 años de cárcel para Miguel Carcaño, ocho para su hermano Javier Delgado, y cinco para los otros dos implicados, María García, novia del hermano, y Samuel Benítez.

El acuerdo del Supremo disparará los juicios con jurado al extender las competencias

2010-02-03T11:25:00.001+01:00

El presidente de la Audiencia de Sevilla, Damián Álvarez, expresó ayer su a los delitos conexos, dado que, en su opinión, esta jurisprudencia puede disparar las vistas por este procedimiento en la Audiencia y"desbordar" a la oficina del jurado.

El magistrado señaló que el criterio extensivo que han marcado los jueces de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en un pleno no jurisdiccional puede provocar que de una docena de juicios con jurado que se celebran en estos momentos en la Audiencia de Sevilla se pase a tener que enjuiciar "40, 50 ó 60 casos". Esta doctrina incrementaría por tanto el número de juicios con jurado que debe presidir cada magistrado de la Audiencia, que pasarían a tener "uno o dos jurados al mes", explicó Álvarez, que añadió que ese aumento de los procesos provocaría que la oficina del Jurado se viera "desbordada" ante la avalancha de asuntos.

Todo ello conllevaría un retraso en el enjuiciamiento de estos procedimientos que, según el magistrado, provocaría además otras situaciones como la posible al cumplirse los plazos previstos para la prisión preventiva sin que se haya celebrado el juicio.

El presidente de la Audiencia señaló gráficamente que, al extenderse el criterio sobre la competencia del tribunal del jurado popular, habría "listas de espera o colas" para celebrar los juicios por estos delitos.

El magistrado no ha querido pronunciarse sobre cómo puede afectar esta doctrina al caso Marta del Castillo, aunque sí se pronunció sobre la petición que le ha realizado el abogado de los padres para que el juicio a los adultos y al menor de 16 años se celebraran de forma simultánea. Damián Álvarez consideró que sería "deseable" que ambos juicios coincidieran, pero ha afirmado que "no encuentra la fórmula legal para que puedan coincidir", dado que cada procedimiento tiene su tramitación y, por tanto, la posible coincidencia sólo dependería del azar.

Un juez ordena unos padres que respeten el derecho de sus hijos a salir de nazareno

2010-02-03T11:22:00.001+01:00

El divorcio de unos padres no puede influir en los sentimientos religiosos de los hijos. Un juez de Sevilla ha ordenado a una pareja que se acaba de divorciar que respeten el derecho de sus dos hijos menores a salir de nazarenos.

La pionera resolución ha sido dictada por un juzgado de Violencia sobre la Mujer, que ha sido el encargado de dirimir el proceso de divorcio al existir una denuncia previa por malos tratos. El abogado defensor del padre, Joaquín Moeckel, señaló que la representación jurídica de la madre hizo constar en su denuncia que los hijos del matrimonio habían sufrido malos tratos, lo que llevó al juez a explorar a ambos menores, de 5 y 11 años. De esa exploración se constató que, no sólo los hijos no eran objeto de malos tratos, sino que el fiscal coincidió con el letrado en que si no se permitía el régimen de visitas con el padre -como había solicitado la progenitora, que se había opuesto a que los hijos siguieran viéndole- se estaría "traumatizando" a los menores.

Como continuación del proceso, el juez ha dictado ahora un auto en el que establece el régimen de visitas para ambos ex cónyuges y en el que, de forma pionera, el magistrado ordena a los padres que garanticen el derecho de los hijos a que puedan salir en estación de penitencia.

El problema se produce porque, al atribuir de forma alternativa a cada padre el disfrute de una parte del período vacacional, el acuerdo también afecta a la Semana Santa, que queda dividida en dos mitades -desde el Viernes de Dolores al Miércoles Santo, y desde este día hasta el Domingo de Resurrección-. Y como los hijos son hermanos de cofradías de días distintos en los que el régimen se atribuye a cada uno de los padres, el juez adopta el acuerdo que aparece redactado de la siguiente forma en el auto: "Ambos progenitores respetarán el deseo de los hijos de tomar parte en las estaciones de penitencia de las hermandades a las que pertenecen".

El abogado Joaquín Moeckel consideró ayer que se ha llegado a tal nivel de "abuso de las denuncias infundadas de malos tratos y de enmerdar un procedimiento de familia, de carácter civil, en la órbita del derecho penal, que se está entorpeciendo la Justicia, generando un alto nivel de conflictividad en el seno familiar que provoca que los juzgados de Violencia tengan que empeñar su tiempo en cuestiones que perjudican a las verdaderas víctimas de malos tratos". El letrado añadió que, si a esto se suma que la mujer se pone "poco colaboradora cuando pone una denuncia infundada", al final en los procesos de divorcio se está pidiendo a los padres que elijan las vacaciones en años pares o impares, "las horas de recogida como si los hijos fuesen un paquete de mensajero; decir qué periodos hay para hablar con el móvil; y hasta pedirle al juez que dé la orden para que respeten la decisión de los hijos de salir en una hermandad".

Ultíma hora: La Fiscalía eleva a 52 años la petición de cárcel para Miguel Carcaño por el asesinato y violación de Marta

2010-01-29T15:52:00.004+01:00

La Fiscalía de Sevilla ha solicitado una condena de 52 años de prisión para Miguel Carcaño por el asesinato y violación de Marta del Castillo mientras que para los otros imputados han pedido una condena de 8 años, en el caso de Javier Delgado, y 5 años para el amigo del asesino confeso, Samuel Benítez, y la novia del hermanastro de Miguel, María García Mendaro.

La calificación que ha presentado la Fiscalía de Sevilla en el Juzgado de Instrucción nº 4 incluye la petición de indemnización al Ministerio del Interior por valor de 616.319,27 euros, cifra a la que asciende el gasto realizado por las diversas búsquedas de la joven tanto en el río Guadalquivir, como en el vertedero de Alcalá y, finalmente en la zanja de la localidad de Camas.

La novedad de la calificación provisional que ha realizado el Ministerio Público consiste en que atribuye a los cuatro imputados un delito contra la integridad moral, al entender que no han querido facilitar donde estaba el cuerpo. "Los imputados de forma continuada se han negado a decir qué destino dieron al cuerpo de Marta, llegando incluso a ofrecer distintas versiones, todas ellas erráticas a sabiendas que de esta forma los familiares no podrían dar sepultura a su cuerpo y que con ello le iba a cesar un estado de desasosiego, inquietud, ansiedad, profundo dolor ultrajando sus más íntimos sentimientos y convicciones", recoge literalmente el escrito de Ministerio Público.

La Fiscalía ha pedido además una indemnización de 160.000 euros para los padres de Marta y 60.000 euros para las dos hermanas de la joven por el daño moral derivado de la muerte y por el "incremento del dolor y el ultraje a sus más íntimos sentimientos", insiste la acusación pública.

La Fiscalía en su relato de los hechos no fija con exactitud la hora de la muerte puesto que el extremo no está demasiado claro y lo que mantiene como hechos que ocurrieron consiste en la tercera declaración del asesino confeso de la joven, Miguel Carcaño.

La familia de Marta pide 50 años para Miguel Carcaño, que sólo podrá cumplir la mitad por los límites máximos de cumplimiento de las penas

2010-01-28T17:51:00.001+01:00

La familia de Marta del Castillo ha solicitado una condena de 50 años y cinco meses de prisión para Miguel Carcaño por el asesinato y violación de su hija, aunque el asesino confeso no podrá cumplir más de 25 años, el límite máximo legal de cumplimiento. El abogado José María Calero, que ejerce la acusación particular en representación de los padres y las hermanas de Marta, presentó ayer en el juzgado de Instrucción número 4 su escrito de calificación, en el que atribuye a Miguel Carcaño los delitos de asesinato, agresión sexual y profanación de cadáveres, por los que reclama la máxima condena que establece el Código Penal: 50 años y cinco meses de cárcel. A su hermano Javier Delgado, la familia le considera presunto autor de sendos delitos de encubrimiento, profanación y amenazas al Cuco, por los que pide ocho años.
La acusación de los padres de Marta se completa con los tres años que ha pedido por encubrimiento y profanación para los otros dos imputados: María García, la novia de Javier, y Samuel Benítez, el íntimo amigo de Carcaño.La acusación reclama una indemnización para la familia de 780.000 euros, de los que la mayor parte -480.000 euros- responsabiliza a Carcaño, mientras que a los otros tres implicados pide 100.000 euros a cada uno.Para solicitar estas penas, el abogado de la familia de Marta ha considerado como buena la tercera versión de los hechos que ofreció en su día Miguel Carcaño, en la que confesó la violación y culpó al Cuco de ser el autor de la muerte de Marta, a la que habría asfixiado con un cable de una alargadera.
La acusación particular en este caso, que lleva a cabo el bufete Montero-Aramburu, relata que en un período que sitúa entre las ocho de la tarde del 24 de enero de 2009 y las 00:00 del día siguiente, Miguel Carcaño y el menor de 16 años conocido como el Cuco agredieron a Marta en el piso de León XIII, por causas "no determinadas" y después de haber tomado alcohol y fumado algún porro. La víctima, que se hallaba "indefensa y confiada" por la relación de amistad previa que tenía con estos dos jóvenes, recibió "golpes, puñetazos y patadas".
A continuación la llevaron al dormitorio de Miguel, donde la "amordazaron para ahogar su gritos", persistiendo los golpes y violándola cada uno. Para amedrentar a Marta, los dos jóvenes esgrimieron una navaja tipo mariposa que posteriormente fue recuperada por la Policía en una alcantarilla próxima al domicilio del asesino. Después de la agresión , el menor la asfixió con el cable, aunque el propósito de matarla era común a ambos, que comprobaron que Marta no tenía pulso con un tensiómetro.
A partir de aquí es cuando, según el relato de la acusación particular, entran en escena los otros tres implicados, para ayudar a "limpiar los vestigios que pudieran haber quedado en el lugar y deshacerse del cadáver". Esta estrategia para ocultar la "brutal agresión física y sexual" de Marta estaría "dirigida" por Javier Delgado, una persona con más edad que los anteriores y, sobre todo, "con experiencia en situaciones límite por su condición profesional". La acusación considera que, además de "asegurar un pacto de silencio" entre todos los implicados, el hermano de Miguel amenazó esa misma noche al Cuco, a quien según la declaración de este menor -de la que después se retractó- le habría asegurado que "le iba a pasar algo muy grave a su familia" si contaba lo que había sucedido en el piso de León XIII.
Los padres de Marta también pretenden imputar en este mismo procedimiento -la cuestión está pendiente de un recurso en la Audiencia- otro delito de amenazas al hermano de Miguel Carcaño en relación con la ex novia de éste, la menor de 14 años con la que vivía en Camas hasta su arresto. "Si dices algo de lo que sabes a tu madre te rajo de arriba abajo y a ti te pego una paliza", aseguró la menor que Javier Delgado le dijo en una conversación telefónica en los días siguientes al crimen.A pesar de la petición de 50 años, Carcaño sólo podrá permanecer 25 años encarcelado, ya que ése es el límite legal fijado cuando una persona es condenada por dos o más delitos y uno de ellos está castigado con penas de hasta 20 años, como ocurre con el asesinato.

Alianza entre los bufetes Montero-Aramburu y Fernández Palacios

2010-01-26T17:56:00.003+01:00

Comunicado.-- Montero-Aramburu y Fernández Palacios se alían para colaborar profesionalmente
Han firmado un acuerdo de colaboración para desarrollar el área de Propiedad Industrial e Intelectual y Nuevas Tecnologías en las zonas de Andalucía y Canarias
Las firmas de abogados Montero Aramburu y Fernández Palacios firmaron la pasada semana un acuerdo con el que se inicia una línea de colaboración entre ambos despachos andaluces con la que fortalecen y redoblan su presencia en el mercado jurídico andaluz y canario, abarcando prácticamente la totalidad de las disciplinas jurídicas.
El acuerdo, que garantiza la independencia de ambas firmas, tiene como objetivo compartir los recursos existentes en ambas organizaciones para potenciar el desarrollo del área de Propiedad Industrial en las zonas de Andalucía y Canarias
Con este nuevo paso MONTERO ARAMBURU pretende absorber la demanda de servicios de asesoramiento en el ámbito de la Propiedad Industrial e Intelectual y Nuevas Tecnologías de diferentes empresas andaluzas y canarias en el que FERNÁNDEZ PALACIOS ABOGADOS se precia de ser el primer bufete de Andalucía especializado en esta materia; a su vez, FERNÁNDEZ PALACIOS consolidará su asesoramiento jurídico marcario con aquellas otras disciplinas jurídicas que se suelen ver afectadas por ésta.
MONTERO ARAMBURU tiene una plantilla que supera los 80 letrados en sus diferentes oficinas y es la única firma jurídica de estas características con capital netamente andaluz en nuestra Comunidad. Fundado en 1971 y con más de 35 años de experiencia, MONTERO ARAMBURU destaca por ser una de los despachos más antiguos de Andalucía que cuenta con especialistas en todas las ramas del Derecho. Su sede principal está en Sevilla y cuenta además con oficinas en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.
Por su parte, FERNÁNDEZ PALACIOS es una firma de abogados líder en Propiedad Industrial e Intelectual y derechos afines en Andalucía; ubicada en Sevilla, fue fundada por D. Luis Javier Fernández-Palacios (q.e.p.d) con el objetivo de crear un referente en la materia para los empresarios de Andalucía, y cuenta con una plantilla de 7 letrados y una red de corresponsales extranjeros que abarca la totalidad de países existentes para la protección de Patentes y Marcas, con lo que en la actualidad destaca por ser un despacho andaluz altamente especializado en temas marcarios con proyección internacional.

Un año sin Marta: cinco imputados, un juicio por delante y un cadáver que sigue sin aparecer

2010-01-24T20:47:00.003+01:00

Después de un año de intensa investigación policial y judicial sigue sin conocerse lo más importante: el paradero de los restos de su hija. El caso de su hija se ha convertido en un auténtico puzle que sigue sin resolverse y en el que, con el paso del tiempo, cada una de las piezas se han enrocado sobre sí mismas hasta el punto de que el hallazgo del cadáver se presenta como una hipótesis cada vez más incierta. A estas alturas nadie duda de que la Policía y el juez no han escatimado esfuerzos para localizar el cuerpo, pero ya sea por los obstáculos que han ido poniendo los imputados, con sus continuos cambios de declaración, o porque los investigadores no han podido llegar hasta el final, el puzle ha quedado incompleto. A las cuatro versiones de los hechos facilitadas por Miguel Carcaño, el asesino confeso, se suman los tres escenarios de búsqueda principal del cuerpo de Marta –el río Guadalquivir, el vertedero de Alcalá y la zanja de Camas– y las tres declaraciones que a lo largo de estos doce meses ha prestado la ex novia de Miguel Carcaño. Esta adolescente de sólo 14 años ha pasado de asegurar a la Policía en los primeros momentos que ignoraba que Miguel fuese el presunto asesino a relatar con toda clase de detalles como supuestamente el asesino le confesó un día después que había acabado con la vida de Marta y que después, con la ayuda de sus amigos, se deshicieron del cuerpo en el río. En su última declaración, la menor llegó a afirmar que Miguel salió de la casa de Camas sobre la 01:30 horas porque tenía que ocultar pruebas, en concreto, “un charco de sangre” que, según la menor, se habría producido después de que Miguel y su hermano Javier propinaran “patadas y puñetazos” a Marta. Este testimonio ha contribuido a enmarañar más el caso en un momento en que la instrucción llegaba a su fin sin ningún nuevo giro en la investigación.

Farruquito salda su deuda con la Justicia

2010-01-12T10:40:00.003+01:00

Desde hoy es un hombre completamente libre. Juan Manuel Fernández Montoya, Farruquito, que fue condenado a tres años de prisión por el atropello mortal de Benjamín Olalla, acaba hoy el cumplimiento de esta condena, aunque el bailaor disfrutaba de libertad desde marzo de 2008, cuando la Dirección General de Instituciones Penitenciarias le concedió el tercer grado penitenciario tras haber pasado 14 meses encarcelado.
Ese beneficio penitenciario, que permitía al artista salir de la cárcel de Sevilla durante el día y regresar a dormir al recinto penitenciario, fue ampliado unos meses después -en verano de 2008-, cuando se le impuso el control telemático mediante una pulsera, con lo que ya no resultaba necesaria su vuelta a la prisión por las noches. En enero de 2009, el juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Sevilla le concedió finalmente la libertad condicional tras haber cumplido dos tercios de la condena que le impuso la Audiencia de Sevilla. Y ahora, Juan Manuel Fernández Montoya cierra esta etapa de su vida, al haber quedado liquidada la pena de prisión que debía cumplir, aunque deberá esperar todavía algunos meses más para poder volver a conducir vehículos, dado que aunque se sacó el carné antes de ser enjuiciado, la sentencia de la Sección Séptima de la Audiencia le condenó a una pena de tres años y seis meses de retirada del permiso de conducir vehículos de motor y ciclomotores, según fijó la sentencia dictada en septiembre de 2006.
Farruquito fue condenado por el atropello mortal de Benjamín Olalla, un joven de 35 años que murió atropellado en un paso de peatones de la calle Doctor Laffón Soto, cuando salía del polideportivo de San Pablo. Juan Manuel Fernández Montoya conducía el BMW 530 D que atropelló a la víctima y lo hacía sin carné ni seguro.
El juzgado de lo Penal número 8 de Sevilla condenó inicialmente al bailaor a 16 meses de cárcel por los delitos de homicidio por imprudencia y omisión del deber de socorro, pero la Fiscalía y la viuda de Benjamín Olalla, María Ángeles Madero, recurrieron la sentencia y la Audiencia elevó la condena hasta los tres años de cárcel, lo que hacía inevitable el ingreso en prisión de Farruquito. El artista recurrió e intentó cambiar la condena por multas o trabajos en beneficio de la comunidad, pero al final decidió ingresar voluntariamente en prisión para cumplir la condena. Farruquito se convirtió en el primer conductor que cumplía una condena de prisión por un delito de estas características. Su caso supuso un antes y un después. En la actualidad, los jueces no dudan en enviar a la cárcel a personas condenadas por delitos graves contra la seguridad vial.

Condenados por una estafa inmobiliaria por la "venta doble" de una vivienda

2010-01-09T21:48:00.001+01:00

El Tribunal Supremo ha condenado a tres promotores inmobiliarios sevillanos a penas de seis meses y un año de prisión, como autores de un delito de estafa, por la "venta doble" de una vivienda. La sentencia, que revoca la absolución que había decretado la Audiencia de Sevilla, impone a los acusados el pago de una indemnización de 6.000 euros a la víctima, por el daño moral causado.
La compradora del inmueble, que está ubicado en la calle Eduardo Rivas, adquirió una vivienda, un garaje y un trastero en construcción a una promotora propiedad de dos de los acusados, J. M. R. y C. M. O., a los que abonó 24.000 euros como señal y parte del precio.
El contrato establecía que la escritura pública de la venta se otorgaría una vez que la obra estuviese acabada, algo que estaba previsto inicialmente para abril de 2003, pero los problemas económicos de la promotora impidieron la finalización de la construcción.
Los dos acusados procedieron entonces a la venta de la finca entera y otra promoción ubicada en la localidad de Benacazón a una segunda promotora, representada por el tercer imputado, M. M. M. Esta segunda promotora, ante el incremento de los costes de construcción, invitó a la compradora a renegociar el precio y a pactar un nuevo plazo de entrega, so pena de dar por resuelto el contrato. Como la compradora no quiso negociar con esta segunda promotora, se vio obligada a demandar a la primera sociedad que le vendió la finca.
La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, que enjuició a los tres promotores inmobiliarios, les absolvió del delito de estafa que se les imputaba, al entender que faltaba acreditar que los procesados hubiesen actuado con "engaño", por cuanto los magistrados consideraban que los hechos denunciados constituían una serie de "incumplimientos contractuales insuficientes para configurar el engaño penal".
Los magistrados del Supremo consideran, en cambio, que este caso se enmarca en el supuesto de "doble venta" que ya ha castigado en otros supuestos la jurisprudencia del Alto Tribunal. La sentencia señala que la posterior venta de la finca a otra sociedad inmobiliaria produce un "indudable perjuicio" al comprador que se encuadra dentro del delito de estafa del artículo 251.2 del Código Penal, que castiga con una pena de uno a cuatro años de prisión a quien "dispusiere de una cosa mueble o inmueble ocultando la existencia de cualquier carga sobre la misma, o el que, habiéndola enajenado como libre, la gravare o enajenare nuevamente antes de la definitiva transmisión al adquirente, en perjuicio de éste, o de un tercero".

Sin acuerdo para poner en marcha el servicio común de ejecutorias

2010-01-09T21:44:00.003+01:00

De momento no habrá servicio común de ejecución de sentencias penales para evitar que se repitan los errores del caso Mari Luz. La Consejería de Justicia ha retrasado la puesta en marcha de este servicio, prevista para enero, ante la falta de acuerdo con los sindicatos judiciales, que le han remitido un escrito -suscrito por todos los que tienen representación en Justicia: CSIF, SPJ-USO, CCOO, UGT y STAJ- en el que plantean la apertura de un proceso de negociación que contemple una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en este servicio común y en todos los órganos judiciales.Los sindicatos también pretenden que se estudie la posibilidad de fijar un complemento económico específico para los funcionarios que pasen a formar parte de este servicio común -al igual que se hizo con los funcionarios destinados a los juzgados de Violencia sobre la Mujer-, que debe encargarse de la ejecución de las sentencias penales para agilizar el proceso y permitir un mayor control de las resoluciones. El secretario general de Justicia de la Consejería de Justicia y Administración Pública, Pedro Izquierdo, reconoció ayer que en la actualidad no se puede dar una fecha concreta para la puesta en funcionamiento del servicio común de ejecutorias porque, según dijo, para que este proyecto piloto salga adelante es "necesario el consenso de todos los operadores jurídicos", entre ellos los jueces, secretarios y organizaciones sindicales.Pedro Izquierdo añadió que el interés de la Consejería por este nuevo servicio es "enorme", ya que puede ser la solución para muchos de los problemas de los juzgados de lo Penal y contribuir a racionalizar el trabajo en estos órganos judiciales.
La Consejería ha puesto "todo su empeño" en esta experiencia piloto y quiere que ponerla en marcha cuanto antes mejor, explicó Pedro Izquierdo, que insistió en que el departamento que dirige Begoña Álvarez ya ha realizado los trabajos previos para que el sistema entre en funcionamiento: se ha creado el juzgado de lo Penal número 14, la ubicación del servicio -que irá emplazado en la nueva sede judicial del edificio Noga, en la avenida de la Buhaira- y se han hecho los estudios previos.Por su parte, el representante del CSIF, Miguel Ángel Ramos, dijo que los sindicatos acogieron positivamente el nuevo servicio común de ejecutorias penales porque era una buena manera de "templar los ánimos en los juzgados de lo Penal" tras el caso Mari Luz y la sobrecarga de trabajo que ha hecho que estos órganos tengan pendientes de ejecutar actualmente más de 11.000 sentencias. Ramos consideró que el nuevo servicio podía contribuir a "aliviar" la situación, pero comenzaron a ponerle pegas al proyecto cuando comprendieron que no iba a suponer un incremento de la plantilla de funcionarios.
El representante sindical señaló que el servicio "no va a funcionar con un número tan reducido de funcionarios" -la Junta ha fijado a priori una plantilla de 65 funcionarios, que saldrían de los 14 juzgados de lo Penal- y consideró que, como mínimo, harán falta entre 15 y 20 funcionarios más.El portavoz del CSIF también considera "escaso" el número de funcionarios que quedarán en las nuevas Unidades Procesales de Apoyo Directo (Upad) -los antiguos juzgados de lo Penal-, que estarán integrados por el juez y tres funcionario (uno del cuerpo de Gestión Procesal y dos de Tramitación). El proyecto también contempla que un secretario por cada dos Upad, mientras que en el servicio común de ejecución de sentencias penales habrá siete secretarios, de los cuales uno hará las funciones de director del mismo.

La imputación de Rivas se basa en el testimonio del coimputado Mellet

2009-12-21T09:54:00.001+01:00

La imputación de Antonio Rivas en el presunto cobro de comisiones ilegales en Mercasevilla se sustenta únicamente en la declaración del ex director del mercado central, Fernando Mellet. Y este testimonio sólo se ha reproducido ante la Policía Judicial y ante la fiscal jefe, María José Segarra, pero no en el juzgado, donde Mellet se acogió a su derecho a no declarar. En este contexto, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional considera que la declaración de un "coimputado" -como es el caso de Mellet- que no ha sido ratificada ante la autoridad judicial carece de consistencia plena como prueba de cargo cuando no resulta "mínimamente corroborada" por otras pruebas en contra del imputado. Y si esta declaración no ha sido ratificada ante el juez, no puede considerarse como prueba de cargo para desvirtuar la presunción constitucional de inocencia.

El abogado Francisco Baena Bocanegra, que defiende a Antonio Rivas, ha remitido a la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, un escrito en el que solicita el archivo de la causa contra el delegado provincial de Empleo, al estimar que no hay ninguna prueba contra él más allá de la declaración ante la Policía del coimputado Fernando Mellet. El penalista asegura que "no existe en toda la causa ni un solo elemento, documental, testifical o de cualquier otra naturaleza, en que apoyar" que Antonio Rivas estuviera concertado con los demás imputados ni que diese instrucciones para exigir una comisión de 300.000 euros a los empresarios de La Raza, como contraprestación a la subvención que la Junta concedió para la creación de una escuela de hostelería en Mercasevilla.

El escrito concluye que se está produciendo un "atropello flagrante" de la presunción de inocencia de Rivas, que desde que estalló el escándalo está sufriendo un "desgaste social, político, familiar y personal debido en gran parte al proceso paralelo mediático que se viene alentando desde posiciones interesadas en este juego".

La petición de archivo de la defensa, que aún no ha sido contestada por la juez Mercedes Alaya, analiza con detalle las declaraciones efectuadas por Fernando Mellet y Daniel Ponce, y considera que la atribución al delegado de las órdenes para exigir la comisión es, sencillamente, una conjetura "que podría rozar lo temerario".

En su declaración, Fernando Mellet sostuvo que Antonio Rivas le telefoneó en dos ocasiones, en diciembre de 2008 y el 5 de enero, para comentarle que debía reclamar a los hosteleros una ayuda "voluntaria" de 300.0000 euros para la Junta de Andalucía, para la realización de determinados proyectos sociales. Pero esta afirmación no está corroborada por otros testimonios que obran en el sumario. Así, la directora de proyectos de la Fundación Mercasevilla, Regla Pereira, que también está imputada, negó que en su presencia se comentara que había que pagar una comisión ni ella intuyó que se pudiera estar hablando de pagos ilegales. A esta declaración se suma el propio testimonio de los hosteleros de La Raza, que mantuvieron varias reuniones "técnicas" con el delegado de Empleo y en ninguno de esos encuentros Rivas les comentó la necesidad de hacer frente al pago de ninguna comisión.

El nombre de Antonio Rivas tampoco aparece en las grabaciones que los empresarios aportaron como principal prueba de su denuncia y en la que los ex directivos de Mercasevilla les exigen supuestamente los 300.000 euros.

A pesar de que sólo le implica Fernando Mellet, la juez ha citado al delegado de Empleo a la vista convocada para el próximo miércoles en la que se concretará una imputación por un delito de cohecho que, según la instructora, se presenta en estos momentos como "verosímil". Por ello, le ha impuesto una fianza de 400.000 euros, al igual que a los otros imputados en esta línea de investigación sobre Mercasevilla: Fernando Mellet, Daniel Ponce y Regla Pereira.

El PSOE, que ejerce la acusación popular en la causa, ya ha pedido que se sobresea el procedimiento contra el delegado de Empleo y contra Regla Pereira, pero la Fiscalía de Sevilla aún no se ha pronunciado sobre si incluirá a Rivas entre las personas sobre las que se debe seguir el procedimiento -en la investigación preliminar que realizó el Ministerio Público, la fiscal jefe ni siquiera le citó a declarar-. Quién sí le imputará formalmente el delito es la acusación que ejerce el PP, con lo que es probable que, pese a a la ausencia de pruebas directas, Rivas se vea sentado en el banquillo de los acusados frente a un jurado popular.

Última hora: María Ángeles Muñoz, nueva decana del colegio de procuradores de Sevilla

2009-12-17T00:13:00.001+01:00

La procuradora María Ángeles Muñoz se convirtió esta noche en la nueva decana del colegio de Procuradores de Sevilla al vencer al otro aspirante, Jesús León, en las elecciones celebradas para elegir a la nueva junta directiva de la institución que agrupa a 421 profesionales.

María Ángeles Muñoz obtuvo 168 votos frente a los 94 que logró Jesús León, mientras que otros 12 votos fueron en blanco, según los datos facilitados a este periódico por la candidatura vencedora.

A las elecciones estaban convocados los 421 procuradores que hay en Sevilla y sólo se presentaron dos candidaturas, la de Jesús León González y la de María Ángeles Muñoz Serrano.

Jesús León es procurador desde 1995, entre los años 2006 y 2008 ejerció el cargo de secretario de la junta de gobierno, con el decano saliente, Marcelo Lozano. Su candidatura estaba compuesta además por los procuradores Antonio Ostos, como vicedecano; Ángela Rotllán, tesorera; y Víctor Alcántara, como secretario. En su programa electoral, destaca la "exigencia de un mahyor esfuerzo y profesionalidad para colaborar en la mejora de la Justicia", a la vista de las próximas reformas legales como la implantación de la nueva oficina judicial.

Por su parte, la candidatura de la procuradora María Ángeles Muñoz Serrano está integrada, entre otros, por Pilar Acosta, como vicedecana; Diana Navarro, como secretaria; y Javier Dianez, como vicesecretario. Esta candidatutra también recogía en su ideario el fomento de la unidad entre todos los colegiados y la supresión y reducción del volumen de gastos con la finalidad de establecer una cuota fija asequible al bolsillo de todos y que permita mantener las prestaciones actuales.

El hombre que estuvo 11 meses en prisión por las denuncias falsas de su ex mujer sigue sin poder ver a su hijo

2009-12-16T11:31:00.002+01:00

José Antonio Santos, el hombre que pasó 11 meses en prisión por las ocho denuncias falsas de su ex pareja, aseguró ayer que, a pesar de que la Justicia le ha dado la razón, sigue sin poder ver a su hijo, que actualmente tiene 12 años y al que no ha podido visitar desde que su ex mujer comenzó a denunciarle, en el año 2005.

José Antonio Santos aseguró ayer que su particular "calvario" aún no ha concluido. Los jueces le dieron la razón en junio pasado, cuando archivaron la última denuncia presentada por Raquel V., su ex esposa, que le acusó de haberle atacado con un cúter, pero que los forenses determinaron que estas heridas pudo hacérselas ella misma. Este padre de 39 años recuerda que en junio se firmó finalmente el divorcio y está abonando la pensión de alimentos que se le ha impuesto, pero todavía no se ha establecido el régimen de visitas en el denominado punto de encuentro para que pueda reanudar los contactos con el niño.

El problema está en que antes de que se inicien las visitas en el punto de encuentro los padres deben someterse a una serie de entrevistas, y todo ello conlleva un trámite que se está retrasando durante meses. José Antonio explica que, en principio, le dijeron que podría volver a ver a su hijo en este mes de diciembre, pero las fechas de Navidad se aproximan y los contactos no se han producido.

El padre tenía "mucha ilusión" por reanudar las visitas con su hijo, así como la abuela paterna del pequeño. El juzgado ha dirigido un oficio al punto de encuentro para tratar de agilizar los trámites y que el reencuentro se produzca en enero próximo, pero todo apunta a que no podrá producirse antes de que pase la festividad de los Reyes Magos. "Después de todo lo que he pasado, me están fastidiando que no pueda ver a mi hijo, y no lo veo desde hace aproximadamente cinco años", lamentó José Antonio Santos.

Este vecino de La Rinconada, que durante todo su tiempo en prisión estuvo apoyado por su familia y por su pueblo, pide a los jueces que aceleren los trámites para que el reencuentro con su pequeño sea una realidad cuanto antes. "Creo que deberían darse un poco de prisa. Me siento desolado porque esto me ocurre ahora que puedo rehacer mi vida", aseveró.

La historia de José Antonio apareció publicada en todos los periódicos del país y abrió una polémica sobre las denuncias falsas en los casos de malos tratos. Entre diciembre de 2005 y abril de 2008 su ex mujer presentó ocho denuncias por agresiones y acudió a numerosos programas de televisión para afirmar que no sabía "cómo pedir protección para no ser la próxima en la lista" de mujeres asesinadas. Ahora se enfrenta a un proceso por un delito de denuncia falsa.

Elecciones mañana a decano de los procuradores: Jesús León y María Ángeles Serrano optan al cargo

2009-12-15T09:51:00.001+01:00

Los procuradores Jesús León González y María Ángeles Muñoz Serrano aspiran mañana al cargo de decano en las elecciones de las que saldrá el sucesor de Marcelo Lozano, que no se presenta a la reelección después de la dimisión de parte de su junta directiva. Los 421 procuradores que hay en Sevilla están convocados para elegir a su nueva junta directiva.

El primero de los candidatos, Jesús León, es procurador del partido judicial de Sevilla desde 1995. Entre 2006 y 2008 ejerció el cargo de secretario de la junta de gobierno. Su candidatura está compuesta además por Antonio Ostos, como vicedecano; Ángela Rotllán, tesorera; y Víctor Alcántara, como secretario, entre otros miembros.

En su programa electoral, destaca la "exigencia de un mayor esfuerzo y profesional para colaborar en la mejora de la Justicia", a la vista de las próximas reformas legales como la implantación de la nueva oficina judicial. Jesús León apuesta igualmente por la asunción de cuantas funciones sean necesarias para la "defensa de las funciones e intereses de la labor profesional del procurador y su continuidad". El procurador aboga por la organización del servicio común de notificaciones y embargos, ya que, según dijo, no se explica como el colegio de Sevilla "no está a la misma altura, no sólo de la mayoría de colegios del territorio nacional, sino también de los andaluces, siendo prácticamente el único colegio de procuradores andaluz que aún no ha asumido dicha competencia".

En el aspecto social, la candidatura de León aboga por la búsqueda de "la unión y del consenso para afrontar los nuevos retos que se avecinan, la futura toma de decisiones que afectan al futuro de la profesión y acabar definitivamente con la imagen de falta de unión entre los procuradores sevillanos".

El candidato a decano de los procuradores sevillanos propone asimismo, en la vertiente económica, un paquete de medidas para el "control y la reducción del gasto presupuestario y el necesario cambio y sustitución del obsoleto sistema de financiación por uno más equitativo que sea consensuado por los colegiados".

Por su parte, la candidatura de María Ángeles Muñoz Serrano está integrada, entre otros, por Pilar Acosta, como vicedecana; Diana Navarro, como secretaria; y Javier Dianez, como vicesecretario. Esta candidatura también recoge, en su ideario, el fomento de la unidad entre todos los colegiados, la reorganización del colegio y la supresión y reducción del volumen de gastos con la finalidad de establecer una cuota fija asequible al bolsillo de todos y que permita mantener las prestaciones habituales.

María Ángeles Muñoz considera fundamental la dignificación y fomento del trabajo del procurador, ya que considera que el procurador no es "más que un mero trabajador al servicio de la Justicia y del justiciable".

En el apartado económico, la candidatura de Serrano propone reducir los gastos de representación en sus diversas variantes: institucionales, colegiales, suministros o en materia de personal, por ejemplo. De la misma forma, apuesta por la "transparencia" en la gestión económica, con información trimestral al detalle y exhibición de facturas para el colegiado que lo solicite.

Esta aspirante al decanato de los procuradores de Sevilla apuesta asimismo por la elaboración de un calendario laboral y de notificaciones, o la realización de gestiones encaminadas a la obtención de la Seguridad Social para el colegiado. En la vertiente institucional, María Ángeles Muñoz aboga por fomentar los encuentros con la Administración, en busca de colaboración en las tareas diarias del procurador de los tribunales, y colaborar con los secretarios judiciales.

En su candidatura, Ángeles Muñoz también pone de manifiesto que el colegio de procuradores mostrará su apoyo "incondicional" a los partidos judiciales en relaciona a que cuenten con medios dignos para el ejercicio de la profesión de procurador. Por último, esta candidatura pretende un cambio del modo de votación en las elecciones, estableciendo la jornada de mañana y tarde con el objetivo de facilitar la participación de todos los colegiados.

Polémica por la excarcelación de Samuel Benítez, el amigo del asesino confeso

2009-12-13T23:46:00.002+01:00

Libre después de 298 días encarcelado en la prisión de Huelva. La Audiencia de Sevilla decretó el pasado jueves la puesta en libertad de Samuel Benítez Pérez, el último de los cuatro implicados en el asesinato y desaparición de Marta del Castillo -sin contar al asesino confeso, Miguel Carcaño- que permanecía privado de libertad.

El amigo de Carcaño, al que este último culpa en su última declaración de haberse encargado de la maniobra para deshacerse del cadáver con el coche de un familiar suyo, abandonó el centro penitenciario de Huelva a las 18.40 horas, en un vehículo en el que iba acompañado de su abogado defensor, Manuel Caballero.

La decisión de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, que se produce menos de un mes después de que el quinto implicado, el menor apodado el Cuco, fuese trasladado a un piso tutelado de Puerto Real, ha resuelto finalmente la puesta en libertad del joven en la cuarta ocasión en la que se solicita esta medida.

Las tres veces anteriores que el abogado Manuel Caballero, que defiende a Samuel Benítez, pidió su libertad por el juez Francisco Molina de Asís, el titular del juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla que ha dirigido la investigación del caso.

El argumento principal que la Audiencia esgrime en su resolución para acordar la excarcelación se refiere estrictamente a los plazos legales de la prisión preventiva, según explicaron ayer fuentes judiciales. El tribunal no entra a valorar en el auto los indicios de criminalidad respecto a la presunta participación de Samuel en la ocultación del cadáver de la adolescente.

Las fuentes precisaron que, aunque no se ha adoptado ninguna orden de alejamiento sobre la familia de Marta -como sí ocurrió en el caso de el Cuco, al que se ha prohibido acercarse a menos de 50 kilómetros de Sevilla-, sí que se han dispuesto medidas severas para el control de su libertad, que incluye la obligación de que este imputado comparezca una vez a la semana en el juzgado. Esta misma medida es la que el instructor del caso impuso a Javier Delgado, el hermano de Miguel Carcaño, cuando fue puesto en libertad en mayo pasado.

Samuel está imputado por la presunta comisión de un delito de encubrimiento, que el Código Penal castiga con penas de seis meses a tres años, y la Ley de Enjuiciamiento Criminal -artículo 504- determina que cuando la posible pena a imponer sea igual o inferior a tres años, la duración de la prisión provisional máxima no puede superar el año, aunque este plazo puede prorrogarse por otros seis meses.

En el caso de Samuel Benítez y teniendo en cuenta que fuese condenado por el delito de encubrimiento, la pena máxima que podría imponérsele rondaría el año y los nueve meses de cárcel, según dijeron fuentes del caso, que estiman que podría aplicársele el artículo 66 del Código Penal, que determina la imposición de la pena en su mitad superior cuando concurre una circunstancia agravante, que en este caso podría ser la gravedad de los hechos, ya que penalmente no sería lo mismo encubrir un robo que un asesinato.

De cualquier forma y con una pena que ronde el año y los nueve meses de cárcel, Samuel Benítez, que carecía de antecedentes penales, no tendría que volver a ingresar en prisión, puesto que ya habría cumplido además casi diez meses de esa pena, añadieron las mismas fuentes.

La situación de Samuel podría ser distinta en el supuesto de que se le apreciara además el delito de profanación de cadáver que la familia de Marta imputa a todos los implicados. Este delito, que figura en el artículo 526 del Código Penal, castiga con penas de entre tres y cinco meses de prisión o multa de seis a diez meses la profanación de un cuerpo. La acusación se basa en una jurisprudencia del Supremo que condenó por este delito a unos acusados de incendiar un vehículo para ocultar el cuerpo de una persona a la que habían asesinado.

El recurso de los padres de Marta retrasa el cierre de la instrucción del caso

2009-12-10T13:29:00.000+01:00

El juez Francisco de Asís Molina, que investiga el asesinato y desaparición de Marta del Castillo, ha decidido dejar en suspenso el plazo de ocho días que había dado al fiscal y a la acusación particular que ejercen los padres para que presenten sus escritos de acusación contra los cuatro imputados en el caso. La decisión del juez, que se produce como consecuencia del recurso planteado por la familia de Marta, supone un retraso al cierre de la instrucción del caso, que el juez había previsto para antes de las próximas Navidades.El retraso en el cierre de la causa perjudica otros aspectos del caso, por cuanto uno de los implicados, Samuel Benítez, amigo del asesino confeso, cumplirá en febrero de 2010 el límite de un año de prisión, con lo que tendría que ser puesto en libertad antes de que se celebre el juicio, siempre y cuando el juez no prorrogue su encarcelamiento por otros seis meses máximos, como prevé la ley de enjuiciamiento criminal para la posible pena por el delito de encubrimiento que se le imputa. Todo ello si la Audiencia de Sevilla no decide dejarle en libertad antes, puesto que el abogado del joven ha recurrido la decisión del juez de mantenerle en prisión.
Según explicaron fuentes del caso, las acusaciones entienden que Samuel Benítez debería seguir en la cárcel hasta la celebración del juicio, pero el retraso que suponen estos recursos puede dificultar esta posibilidad. Además, una vez que esté resuelto el recurso, el juez todavía tiene que completar los últimos trámites que prevé la ley del jurado, entre ellos, la convocatoria de una audiencia preliminar con la presencia de los cuatro imputados y en la que nuevamente podrían proponerse nuevas pruebas que, en caso de ser rechazadas, podrían dar lugar a nuevos recursos ante la Audiencia de Sevilla, con los que los plazos para celebrar el juicio se retrasarían hasta después del verano de 2010.
La familia de Marta del Castillo recurrió la providencia que abría el plazo para presentar los escritos de acusación porque ha planteado un recurso para que se impute en este mismo procedimiento un delito de amenazas al hermano del asesino confeso, Javier Delgado, en relación con la última declaración de la ex novia de Camas de Miguel Carcaño, en la que asegura que supuestamente recibió una llamada de este imputado que le habría intimidado. "Si dices todo lo que sabes a tu madre la rajo de arriba abajo y a ti te pego una paliza", afirmó la menor que fueron las amenazas que presuntamente recibió del hermano de Miguel Carcaño.
El juez de Instrucción número 4 acordó que estas supuestas amenazas se investigarían, pero no en la causa principal del asesinato de Marta del Castillo. Tras la declaración de la menor, la Policía investigó el listado de llamadas del móvil de la menor pero no pudo localizar la llamada de las supuestas amenazas.El recurso de los padres de Marta no es el único fleco pendiente del caso, dado que el próximo lunes la Audiencia de Sevilla celebrará una vista para decidir sobre la petición de archivo de la causa que solicitaron Javier Delgado y su novia, María García, al entender que habían sido implicados por meras sospechas o conjeturas que no se basaban en indicios reales de que tuvieran conocimiento del crimen y de la ocultación del cadáver de Marta, que sigue sin aparecer diez meses después de su desaparición.

El Gobierno desata la guerra en internet con su proyecto de "patada digital"

2009-12-03T13:22:00.002+01:00

Manifiesto “En defensa de los derechos fundamentales en internet”
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Manifiesto “En defensa de los derechos fundamentales en internet”Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que…
1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial – un organismo dependiente del ministerio de Cultura -, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

'De Juzgado de Guardia 2' ya está en la calle

2009-11-30T13:48:00.004+01:00

El cuarto poder baja al tercero
Jorge Muñoz y Javier Ronda publican siete años después una nueva entrega de ‘De juzgado de guardia’, con nuevas anécdotas y con los mismos problemas

En términos jurídicos, son reincidentes. Jorge Muñoz (Écija, 1970) y Javier Ronda (Ceuta, 1966) publican De juzgado de guardia (Oberon, 2009). Segunda parte. De la primera (en 2002) vendieron 50.000 ejemplares. Siete años después, de Aznar a Zapatero, “los problemas en la Justicia siguen siendo los mismos”, dicen completando la frase entre los dos, “la revolución digital no se hizo y hay una generación de jueces y fiscales que saben que se van a jubilar sin conocer la Ciudad de la Justicia”.Estos dos periodistas que buscan el lado amable y divertido de un universo lóbrego, truculento, sombrío, se conocieron cubriendo el caso Arny. Jorge llegó a los Tribunales, “una manera elegante de llamar a la crónica de Sucesos”, desde el cierre de Europa Press. Javier Ronda, desde los Deportes. “Maradona había fichado por el Sevilla, lo llamaron a declarar por ir a más velocidad de la permitida con el coche por el centro de la ciudad. Fui como reportero de Deportes, pero me gustó más el mundo de los tribunales”.

Los dos niegan que la Justicia sea un cachondeo, derechos de autor de Pedro Pacheco. Es un espejo de la vida en el sentido que al espejo le da Stendhal cuando habla de la novela. “Todo está judicializado”, dice Muñoz, “el urbanismo, el medio ambiente, el fútbol, la política, las deudas económicas, raro es el día que no aparece en un periódico una sentencia o el auto de un juez”. Ronda lo suscribe. “Con mis alumnos de la Facultad hicimos un trabajo que demuestra que en los periódicos un 30% de los contenidos tienen que ver con temas de tribunales. El Alakrana es un asunto que nace como crónica de sucesos y acaba en debate político nacional e internacional”.Lo más novedoso de la Justicia es que hay hay jueces –Garzón, Grande-Marlaska, Pedraz, Gómez Bermúdez– tan conocidos por el gran público como los futbolistas más populares. “No hace falta salir de Sevilla. Mucha gente ha oído hablar del juez Serrano y la juez Mercedes Alaya, que lleva los casos Mercasevilla y Lopera”.No sólo a estos periodistas les gusta escribir y suman unos cuantos libros entre los dos. El fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, ha publicado libros de poesía. “Hay jueces que cantan ópera, que tocan la guitarra, que escriben relatos. La secretaria del caso Farruquito va a hacer una exposición con sus pinturas. Hay jueces cofrades y que les gusta el fútbol. El día que el Sevilla jugó la final de Eindhoven, los juzgados quedaron desiertos”.Fútbol y Justicia. Deporte en el que se habla de jueces de línea, del juez de la contienda. “Pero en la Justicia el empate está desterrado, aquí no hay cerocerismo. Eso es lo más duro, lo más difícil del trabajo del juez. Uno gana y otro pierde”.

El tercer poder analizado por el cuarto. “El lenguaje jurídico no es accesible”, dice Ronda, “he hablado con algunos jueces y casi nos dan las gracias porque con el lenguaje periodístico decodificamos su manera de expresarse. Y además lo hacemos con humor y con respeto”.El público también se adentra en una jungla de vocablos ajenos. Jorge Muñoz recuerda el caso de un acusado de asesinato que trajo mucha polvareda. “Le dijo a la juez: ‘señoría, me agarro a la quinta enmienda’. Su abogada dijo que quería decir que se acogía al artículo 24 de la Constitución Española, el equivalente a esa fórmula de los juicios americanos que le sonarían de alguna película. El acusado hizo una pregunta más rotunda: ‘¿Puedo ir al servicio? Es que no me puedo aguantar”.Jorge y Javier no son Jorge Javier, pero vivieron la irrupción del mundo rosa en los tribunales. “Introducen el derecho a la intimidad y la defensa del honor”. Con el mazo dando. “El mazo desapareció con los crucifijos”. El cardenal Amigo se despidió de la diócesis hispalense al pasar por Écija, la patria chica de Muñoz. “Las togas y las sotanas siempre se han llevado muy bien”.¿Picaresca, drama, comedia, tragedia? ¿Cuál es el género literario dominante en el mundo judicial? “Te encuentras gente que ha perdido a un familiar por asesinato o por accidente de tráfico. No es nada divertido. Por eso el libro es una válvula de escape”. Los juicios de faltas son el contrapeso. Anécdotas como el del hombre que acudió de noche al juzgado de guardia para casarse o el que presentó una denuncia contra su mujer por maltrato psicológicamente con el argumento de que “llevaba cinco días sin querer hacer el amor con él”.Juan Guerra, Arny, duque de Feria, Farruquito, Contsa, Marta del Castillo, Bazar España. Sevilla tiene un campo magnético en el mundo judicial. “Cosas pasan en todos sitios”, comenta Ronda, “en Sevilla, en Orense y en Teruel”. Muñoz asegura que los casos de Sevilla tienen a veces más relevancia mediática que los de Madrid o Barcelona. Su compañero apunta motivos. “Será la manera de expresarse, la idiosincrasia de la gente, el clima. En ningún otro sitio ves a los familiares de un acusado tocando las palmas en la terraza de un bar. Yo fui a cubrir el caso de las niñas que mataron a otra en San Fernando. El juez hizo coincidir el juicio con la final de los Carnavales del Falla. Había gente que iba disfrazada”.Conocer los entresijos de la Justicia no les hace más escépticos. “La Justicia es justa”, dice Muñoz, “tiene mecanismos para corregir los errores. Éstos son mínimos, pero muy llamativos”. Hay jueces que fueron alcaldes (Ventura Mariño en Vigo), que lo son (Belloch en Zaragoza), que lo quieren ser (Zoido en Sevilla). “Es curioso, porque una de las tareas del juez es controlar a los políticos”.Los juicios de faltas son una mina para el anecdotario.

Y los Registros Civiles. “Ya se le puede poner a un niño Pepe, Paco o Nacho. Pero el juez no permite que le pongan un nombre que pueda ser peyorativo. Una madre llegó al Registro Civil de Tenerife, le quería poner a su hijo Kunta Kinte”.

Jueces, policías, guardias civiles y... bomberosJavier Ronda jugó en la Unión Africana Ceutí con Nayim, autor del gol que le dio al Zaragoza la Recopa contra el Arsenal. Trabaja en Canal Sur. Hijo de un funcionario de Correos, tiene dos hijos, Javier y Pilar. Cubrió los juicios de las niñas de Alcasser, Puerto Hurraco y el comando Andalucía de Eta que asesinó al matrimonio Jiménez-Becerril y a Muñoz Cariñanos. Publicó Tricornio de guardia y enseña Periodismo de Tribunales y Sucesos. Jorge Muñoz es redactor de Tribunales de Diario de Sevilla. Hijo de un administrativo, acaba de ser padre de una niña, Isabel Soledad. Publicó La sombra de un bailaor sobre el caso de Farruquito. Con Fernando Pérez Ávila, compañero del Diario, publicó Poli de patrulla. Jueces. Policías. “Ahora me han ofrecido un libro sobre los bomberos”.

Rivas niega que instara a Mercasevilla a cobrar una comisión de 300.000 euros

2009-11-17T13:34:00.001+01:00

El delegado provincial de la Consejería de Empleo, Antonio Rivas, marcó ayer distancia con el caso Mercasevilla y el supuesto cobro de comisiones ilegales a dos empresarios hosteleros. Rivas compareció ayer para declarar como imputado por presunto cohecho ante la juez de Instrucción número 6, Mercedes Alaya, a la que negó que él estuviese detrás de las comisión de 300.000 euros que los dos ex directivos del mercado mayorista reclamaron como contraprestación a la subvención concedida por la Junta para la creación de una escuela de hostelería.
Al inicio de su declaración, la juez le informó de los hechos que se le imputan y que consisten precisamente en haber dado supuestas instrucciones al ex director general de Mercasevilla, Fernando Mellet, y al ex subdirector, Daniel Ponce, para que exigieran a dos empresarios de La Raza el pago de la citada comisión.El delegado de Empleo negó la mayor y aseguró que, en las tres reuniones que mantuvo con los representantes del mercado mayorista y los empresarios en relación con la subvención, "ni por él ni por ninguna otra persona se menciona la necesidad de compensar económicamente a la Junta de Andalucía por la subvención que iba a conceder".Cuando la juez le preguntó sobre por qué entonces el ex director de Mercasevilla declaró que actuaba siguiendo sus instrucciones, Rivas afirmó que no encuentra explicación alguna.
Al término de su declaración, que se prolongó por espacio de unas dos horas, el responsable provincial de Empleo ofreció a los periodistas otros argumentos sobre por qué Fernando Mellet le ha implicado en el escándalo. A su juicio, las declaraciones del ex director general de Mercasevilla pueden deberse al "pánico" de Fernando Mellet, a la "presión de terceras personas" o, simplemente, a que "se haya vuelto loco".Sobre las posibles presiones al ex responsable del mercado mayorista, Rivas se limitó a decir que una persona que lleva "tantos años en la vida de lo orgánico y de lo institucional puede ser que pise el callo de alguien" y habrá "algunos callos pisados", aunque el responsable de Empleo dice que no puede "poner nombre" a esas personas.Rivas rechazó que en diciembre de 2008, tras conocer que la subvención para la escuela de hostelería había sido concedida, telefoneara a Mellet para informarle, y respecto a la llamada que, según la declaración del ex director de Mercasevilla, le realizó el 5 de enero de este año para comentarle que debía exigir a La Raza una "colaboración voluntaria", Rivas sostuvo que en esa conversación no se habló nada de la subvención puesto que la llamada estaba relacionada con el hecho de que la hija de su secretaria salía en la cabalgata de Reyes.
Durante el interrogatorio, la juez preguntó a Rivas sobre el destino que iba de los 300.000 euros que se exigieron los hosteleros de La Raza. Rivas indicó a la instructora que no podía responderle, si bien aclaró que, en cualquier caso, ese dinero "desde luego no iba destinado a ningún uso público de la Junta de Andalucía".Rivas señaló que su nombre no aparece en las grabaciones que los hosteleros realizaron del encuentro en el que se les exigió el pago y añadió que él fue uno de los cuatro altos cargos de la Consejería de Empleo que, en febrero pasado, tras conocer lo ocurrido, decidió denunciar el caso ante la Fiscalía.

La consejera Álvarez asegura que los servicios de atención a los ciudadanos supondrá el gran cambio de las políticas de Justicia

2009-11-12T20:51:00.003+01:00

La consejera de Justicia y Administración Pública, Begoña Álvarez, ha manifestado hoy que “los servicios de atención a la ciudadanía constituirán el gran cambio de modelo y cultura en las políticas de Justicia”. Así lo ha declarado en un balance informativo mantenido con los medios de comunicación en el que ha analizado las medidas emprendidas por su departamento en la administración de Justicia. Cada cien días, la Consejería mantendrá una actividad de balance de gestión llamada ‘Del Dicho al Hecho’.
Álvarez ha abogado por un cambio de modelo en el que el ciudadano no entienda la administración de Justicia como “un ente lejano y aislado” sino que “se sienta acompañado en sus procesos judiciales por la Junta de Andalucía”. Para ello, ha confiado en la puesta en marcha en 2010 de la nueva Oficina Judicial, que contribuirá a la consecución de una Justicia “más cercana y ágil”.
La titular autonómica ha reivindicado una visión global en las actuaciones que se deben acometer en la adaptación de la administración de Justicia a las necesidades del siglo XXI, a través de planes generales y de choque que primen la calidad del servicio que se presta al ciudadano.
En este sentido, la consejera ha defendido que se está produciendo un cambio en “unas culturas muy ancladas” en el mundo de la Justicia, que consideraban a los órganos judiciales como centros “independientes y desconectados”. Por eso, ha abogado por poner en marcha “políticas de justicia globales, aunque sin desatender la especificidad de cada juzgado”.
En este sentido, Álvarez ha avanzado que la creación de órganos para el próximo año se hará de manera proporcionada a las necesidades reales y, sobre todo, con el horizonte puesto en la Oficina Judicial, “porque Andalucía está preparada para la puesta en marcha del nuevo modelo”.
La consejera ha recordado que desde que se asumieron las competencias en materia de Justicia se han creado más de 200 órganos y se han aumentado las plantilla en más de 2.000 funcionarios sin que ello se haya traducido en una mejora actual de la Justicia. Por ello, ha apostado por avanzar en la calidad de los órganos actuales con los que cuenta la administración andaluza para dar una mejor respuesta a los ciudadanos.
Nuevas medidas
Álvarez ha repasado algunas de las medidas de apoyo a la administración de Justicia que se han impulsado en los últimos meses. Así, ha informado de que ya son más de 800 funcionarios los que se han sumado al Plan de Tardes, una actuación de choque habilitada para paliar los efectos de la crisis. La medida, que se puso en funcionamiento a mitad de octubre y tendrá una duración de tres meses, está dirigida a los juzgados de lo Social, Mercantil y Penal, así como a los servicios comunes de la Administración de Justicia en Andalucía.
Por otra parte, y también dentro del Plan de Respuesta Razonable, ya son nueve las unidades de apoyo que han comenzado a trabajar en algunos de los juzgados más saturados de la comunidad autónoma andaluza, con la misión además de hacer un diagnóstico de los órganos con mayor sobrecarga y así aliviar la pendencia de los citados juzgados.
Infraestructuras
Álvarez también ha reiterado su compromiso de avanzar en la adecuación de las infraestructuras judiciales de la comunidad autónoma andaluza. Así, ha repasado algunas de las actuaciones previstas para el próximo año como la redacción del proyecto de la Ciudad de la Justicia de Jaén y de Sevilla; la licitación del Palacio de la Justicia de Almuñécar o el traslado de los juzgados de lo Penal al edificio Noga de Sevilla.
Por otro lado, la consejera también ha apostado por la modernización en la administración pública a través de las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para así conseguir una relación con la ciudadanía más ágil, práctica y cercana.
Por último, ha recordado los avances practicados en materia de Memoria Histórica con la constitución de un Comisariado para la coordinación de todas las políticas que lleva a cabo la Junta de Andalucía para el reconocimiento social de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura y la publicación de un Protocolo que regule las exhumaciones que se lleven a cabo en el territorio andaluz.

El Cuco vivirá a 50 kilómetros de la familia de Marta a partir del próximo lunes

2009-11-10T14:22:00.000+01:00

El Cuco no volverá a vivir con sus padres en Sevilla cuando abandone el centro donde ha estado internado los últimos nueves meses. El juez de Menores número 3 de Sevilla decidió ayer que a partir del próximo lunes 16 de noviembre -fecha en la que se cumple el período máximo de internamiento que permite la ley de Responsabilidad Penal del Menor-, el adolescente que está imputado por la muerte de Marta del Castillo pase a convivir en un piso tutelado por la Junta de Andalucía y no podrá acercarse a menos de 50 kilómetros de Sevilla.La Fiscalía había pedido que la orden de alejamiento con respecto al lugar de residencia de la familia de la víctima fuese de 300 kilómetros -lo que le obligaría a residir en otra provincia diferente-, pero el juez ha estimado que 50 kilómetros son suficientes.
En el piso tutelado, el menor -que cumplió los 16 años en el centro de menores- convivirá con un "grupo educativo", según establece la ley del Menor, lo que implica que estará acompañado de otros menores y de profesionales como psicólogos y trabajadores sociales, según han explicado fuentes jurídicas. Su estancia en este domicilio cuenta con algunas limitaciones y así cada día tendrá que hacer frente a sus obligaciones escolares, aunque también dispondrá de un tiempo de paseo.Por lo general, los jueces de Menores acuerdan esta medida cuando no resulta adecuado el retorno del menor a su lugar de residencia, sobre todo, porque se trate de ambientes conflictivos que no ayudan a su recuperación y de los que tienen que ser aislados. En el caso del Cuco, la petición fue planteada por la Fiscalía ante la posibilidad de que el próximo lunes, cuando se cumplen nueve meses de su internamiento, el menor quedase en libertad provisional al no haberse celebrado aún su juicio en la jurisdicción de Menores. El Ministerio Público ha apuntado en otras ocasiones la importancia de que este juicio tenga lugar con posterioridad al del asesino confeso y los otros tres imputados, dado que en caso contrario se daría la paradoja de que Carcaño tendría que declarar en esta causa como testigo -con lo que estaría obligado a decir la verdad- y después cuando fuese juzgado por el jurado podría ofrecer una declaración distinta, al estar amparado por los derechos que asisten a un imputado.
El Cuco fue detenido el 15 de febrero pasado e imputado por su presunta participación en dos delitos: homicidio y detención ilegal. Sin embargo, tras la tercera declaración de Miguel Carcaño, en la que éste atribuyó al menor la autoría de la muerte e introdujo además que Marta fue violada por ambos, el Cuco volvió a prestar de nuevo declaración ante la fiscal de menores, que le imputó delitos de asesinato y agresión sexual. En esta comparecencia, que era la octava declaración y que tuvo lugar el 30 junio, el menor insistió en que fue "presionado" por los agentes del Grupo de Menores (Grume) de la Policía para que reconociera su participación en los hechos cuando, según su testimonio, la tarde del crimen ni siquiera estuvo en el piso de la calle León XIII donde fue asesinada Marta.El menor dijo que aquella noche había quedado a las cinco de la madrugada con Samuel Benítez, que sigue en prisión provisional, pero explicó que se quedó dormido y no acudió a la cita. El Cuco sí reconoció que, al día siguiente, estuvo en el piso de León XIII, donde vio a la novia del hermano de Miguel Carcaño y a un amigo de ésta. De las ocho declaraciones prestadas, el joven sólo admitió su participación en los hechos en la primera y siempre por las "presiones" policiales.La Fiscalía tendrá que decidir antes del juicio al Cuco si continúa imputándole el delito de agresión sexual, dado que el asesino confeso se ha retractado en su última versión de estas acusaciones al afirmar que no violaron a Marta.

Paloma Pérez: "A Miguel le interesa que aparezca el cuerpo de Marta, pero no sabe dónde está"

2009-11-05T10:15:00.002+01:00

La abogada del asesino confeso de Marta del Castillo, Paloma Pérez Sendino, rompió ayer el silencio que ha guardado durante la fase de instrucción del caso para poner de manifiesto que Miguel Carcaño insiste en que no sabe donde está el cuerpo de la joven sevillana. El hallazgo del cadáver podría incluso, en opinión de la letrada, favorecer la tesis de la defensa de que la muerte de Marta puede calificarse jurídicamente como un homicidio y no un asesinato, lo que llevaría aparejada una condena inferior.

En una entrevista con el programa Rojo y Negro de Telecinco, Paloma Pérez Sendino explicó que en los aproximadamente 15 encuentros que ha mantenido con Carcaño en prisión éste siempre le ha manifestado que ignora el paradero del cuerpo. "Cada vez que le he visitado en prisión, la primera pregunta que le hago es dónde está Marta y él ahora responde preguntadle a Samuel", en referencia al amigo de Miguel al que éste culpa en su última declaración -la cuarta que presta a lo largo de la instrucción- de haberse llevado el cuerpo en el coche de un familiar suyo para deshacerse del mismo mientras el asesino limpiaba los restos en el piso de la calle León XIII.

La abogada no tiene duda alguna de que "a Miguel le interesa que aparezca el cuerpo de Marta porque se podría utilizar para aseverar y dar como cierta la versión de mi cliente". La abogada añade que "lo lamentable en este caso es que no haya cuerpo, que la familia no pueda enterrar a su hija".

Cuando se le pregunta sobre qué versión de las ofrecidas por Miguel es la verdadera, la letrada señala que en estos momentos debe atenerse a su última confesión, "que enlaza con la primera en el sentido de que la muerte se produjo de una manera homicida, pero en ningún momento como asesinato".

En su última declaración, Miguel niega que violara a Marta, un delito que la abogada cree que no se le puede imputar porque, en este caso, "lo único que hay es la confesión de Miguel y la confesión sola no significa que tengan que condenarlo, porque el delito tiene que estar corroborado por otros elementos diferentes a la confesión".

Paloma Pérez defiende además que las únicas pruebas que hay del crimen contra su cliente son "su confesión y su confesión, los restos de sangre [hallados en su cazadora] y una serie de indicios que tendrá que valorar el jurado", explicó la abogada, que puntualizó que el tribunal tendrá que optar por una u otra versión, dado que la jurisprudencia determina que no puede cogerse de una confesión la parte que interesa a la acusación y desechar el resto de la declaración.

La letrada también avanzó la defensa que planteará de cara a la vista oral: mantendrá la última declaración de Miguel porque pruebas de la violación no hay ninguna salvo la confesión de Miguel, de la que ahora se ha retractado.

Respecto a la más que posible condena de Carcaño, la defensora cree que no puede hablarse de asesinato -cuya pena va de 15 a 20 años de cárcel, mientras que el homicidio quedaría por debajo-. "Miguel va a ser condenado a lo que esperemos que esta defensa lleve a término como conclusión definitiva, que sería un homicidio en todo caso", advirtió la letrada, que no sabe si podría plantear incluso que la muerte de Marta fuese un homicidio imprudente, que se castiga con penas de uno a cuatro años.

La abogada asegura en la entrevista que no tiene la sensación de que Miguel esté protegiendo a alguien y el hecho de que haya tardado en ofrecer su última versión se debe a que "estaba amenazado" por el familiar de su amigo Samuel.

Paloma Pérez recordó que el asesino confeso siempre ha exculpado a su hermano, Javier Delgado, que está imputado como presunto encubridor, y aunque defendió la labor de la investigación policial y judicial, señaló que no es perfecta sin hallar el cuerpo. "Perfecta no puede ser porque no se ha encontrado el cadáver, ése el único pero de una investigación exhaustiva", aseveró Pérez, que añadió que al inicio "quizás se debió actuar antes".

La abogada dijo que Miguel Carcaño "tiene miedo" a lo que le pueda pasar en prisión, lo que le llevó a intentar suicidarse. En la cárcel, Miguel dedica su tiempo a estudiar y a leer libros de Historia.

El Gobierno indulta al dueño del bar La Victoria de Los Bermejales

2009-10-26T20:13:00.001+01:00

Tres muertes violentas y una tragedia de dos familias. El Gobierno ha concedido el indulto a Juan Pedro Barroso García, el que fuera propietario del bar La Victoria de Los Bermejales y que fue condenado por el homicidio de Francisco I. S., al que disparó con una escopeta de caza a las puertas del establecimiento después de recibir varias amenazas por una deuda que tenía una hija suya.

La historia más reciente de Juan Pedro Barroso ha estado marcada por la tragedia: otra de sus hijas fue una de las cinco víctimas del derrumbe del muro del Bazar España y su hermano, Francisco Barroso, de 37 años, fue asesinado tres meses después del suceso de Los Bermejales, en octubre de 2004. Este último asesinato, que la Policía atribuyó a un ajuste de cuentas tras el crimen de Los Bermejales, quedó impune porque nunca se localizó a los responsables del mismo.

El Gobierno ha decido indultar a Juan Pedro Barroso después de que éste haya satisfecho la práctica totalidad de las indemnizaciones derivadas del homicidio, a excepción de una pequeña cantidad cuyo pago ha sido aplazado. El abogado del dueño del bar, Antonio Hierro, pidió el indulto después de que el Tribunal Supremo confirmara la condena de dos años y medio de cárcel que le impuso el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), dado que la Audiencia de Sevilla le había condenado sólo a nueve meses de prisión al considerar que el homicidio se debió a una imprudencia grave.

Esa sentencia, avalada por un jurado popular, fue revocada por el Alto Tribunal Andaluz, que sí apreció dolo o intención en la muerte de Francisco I. S., lo que implicaba que Juan Pedro Barroso debía volver a la cárcel, dado que sólo había cumplido seis meses de prisión preventiva.

El Gobierno, que ya ha comunicado a la Audiencia de Sevilla la concesión del indulto, ha valorado las circunstancias atenuantes que concurrieron en el crimen por el que fue condenado: el miedo insuperable y la confesión del homicidio a la Policía, además de la de legítima defensa, que fue considerada como una eximente incompleta en el juicio.

El Ejecutivo también ha tenido en cuenta, por lo que respecta a la prevención especial de la pena, que Juan Pedro Barroso, desde que fue condenado, no ha vuelto a cometer ningún delito, y además se encuentra totalmente reinsertado desde el punto de vista social, profesional y familiar.

La posibilidad de otorgarle el indulto ya fue tratada por el jurado popular que enjuició su caso y que llegó a la conclusión, por ocho votos a favor y uno en contra, de que se le concediera. Los ciudadanos que emitieron un veredicto en este caso llegaron a la conclusión de que Juan Pedro cogió la escopeta de caza "con ánimo de defensa" y efectuó un disparo "sin intención de matar" que alcanzó a Francisco I. S. a unos seis metros, causándole la muerte. La víctima llevaba una navaja de 42 centímetros de longitud cuando se presentó en el bar en compañía de otros individuos, uno de los cuales había amenazado a Juan Pedro porque reclamaba unos 300 euros a la hija de éste.

El TSJA revocó la condena inicial, al apreciar un dolo o intención de matar en el acusado, por cuanto los jueces argumentaban que disparar "a bulto" con una escopeta cargada con cartuchos a un grupo de personas que huía era, objetivamente, una conducta que "propicia o acarrea un riesgo cualificado de producir el grave resultado de lesiones e incluso la muerte de una persona", como ocurrió en este caso.

Desde que se produjo el homicidio del bar La Victoria, Juan Pedro Barroso tuvo que ser protegido por la Policía y se vio obligado a realizar varios cambios de domicilio, sobre todo después del asesinato de su hermano. El indulto de Juan Pedro Barroso cierra otro de los capítulos trágicos de esta familia.

Segarra se presentará a un segundo mandato en la Fiscalía

2009-10-26T20:07:00.001+01:00

La fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, se presentará a la reelección en el cargo, cuyo mandato de cinco años termina a finales de noviembre próximo. María José Segarra, madrileña de 46 años, fue la tercera mujer que se convirtió en fiscal jefe en España y sustituyó a Alfredo Flores, que estuvo al frente de la Fiscalía hispalense durante 19 años hasta su jubilación, en septiembre de 2004. Segarra fue nombrada fiscal jefe el 25 de noviembre de ese año, tras lograr el respaldo de 5 de los 12 vocales del Consejo Fiscal, el máximo órgano de gobierno y asesoramiento de la Fiscalía. En concreto, recibió el apoyo de los cuatro vocales de la Unión Progresita de Fiscales (UPF), a la que pertenece, y del fiscal general, Cándido Conde-Pumpido.

Otros cinco fiscales optaron en aquella convocatoria a la plaza de fiscal jefe de Sevilla, entre ellos el actual teniente fiscal, Antonio Ocaña, que fue el más votado en el consejo Fiscal, al recibir siete votos de la Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera y de carácter conservador. También la solicitaron otros notables de la Fiscalía hispalense como Alfonso Demetrio Sánchez, Emilio de Llera, y José María Calero, que actualmente ejerce como abogado.

Según fuentes próximas a la Fiscalía, ninguno de estos fiscales tiene intención de disputar la plaza de fiscal jefe a María José Segarra, aunque no se descarta que otros fiscales puedan hacerlo, incluso algunos de fuera de Sevilla.

En los cinco años dirigiendo la Fiscalía hispalense, Segarra ha hecho frente a casos como el del soborno de Camas o a problemas generados en torno a la ejecución de las sentencias tras la muerte de la pequeña Mari Luz Cortés, donde la Fiscalía aseguró que no hubo ninguna negligencia pero al final ha cambiado el control de las ejecutorias. En este tiempo, Segarra ha creado el grupo de fiscales especializado en delitos económicos y ha potenciado la sección de violencia sobre la Mujer.

La Consejería advierte contra la "picaresca" en los horarios de los funcionarios

2009-10-26T17:53:00.002+01:00

La Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta está remitiendo a los 1.700 funcionarios que hay en Sevilla -y también a las restantes provincias, donde hay unos 7.000 empleados en la Administración de Justicia- una carta en la que advierte a los funcionarios contra la picaresca en el control de los horarios y les recuerda que pueden ser sancionados con falta grave si incumplen la obligación de guardar sus claves personales de acceso al sistema informático, que sirve de control horario.

La misiva dirigida a los funcionarios de Justicia, que en el caso de Sevilla firma la delegada provincial, María Francisca Amador, señala que se han "detectado posibles usos indebidos de las claves personales de acceso a los sistemas informáticos de la Administración de Justicia, con especial incidencia en el caso del sistema de control de horario Hermes". Esos usos indebidos, que la carta de la delegada no precisa, hacen referencia a una práctica que se realiza en algunas sedes judiciales y por parte de algunos funcionarios, que pican por otros compañeros para dejar constancia de la hora de entrada o salida del juzgado cuando estos trabajadores no se hallan en su puesto de trabajo.

Lo que no tiene en cuenta la Consejería de Justicia de la Junta, según han explicado a este periódico los funcionarios, es que hay determinadas dependencias judiciales en las que existe un único ordenador para varios funcionarios. Es el caso del servicio de notificación a los procuradores, donde nueve funcionarios tienen que picar en un único ordenador; en el propio servicio común de notificaciones y embargos, donde hay tres ordenadores para 64 funcionarios; e incluso en el depósito de piezas de convicción del decanato, donde un mismo ordenador es utilizado por siete funcionarios. Esto implica que si cada empleado tuviera que entrar cada uno con su usuario y clave -lo que implica reiniciar la sesión- se perderían muchos minutos y, por tanto, alguien que está a una hora determinada no constaría que está en su trabajo hasta más tarde.

Ante la práctica supuestamente fraudulenta, la Junta recuerda que está "expresamente prohibida la entrada por cualquier medio en dichos sistemas utilizando un login y password de otro usuario, salvo autorización expresa y puntual con arreglo a la ley, de la Administración competente o del usuario del ordenador".

La Junta añade que los funcionarios tienen el deber de custodiar su identificación y contraseña, "sin que se pueda proceder a su revelación o puesta al alcance de terceros", y avisa a los empleados públicos que la inobservancia de estas obligaciones está tipificada como falta grave en el reglamento de régimen disciplinario, que prevé sanciones de suspensión de empleo y sueldo de hasta tres años o con traslado forzoso fuera del municipio".

La misiva de la Junta recuerda igualmente a los trabajadores de Justicia que, si por cualquier circunstancia, el conocimiento de sus claves personales de acceso a estos sistemas hubiese tascendido a otros usuarios, deberá "proceder inmediatamente" a sustituirlas por otras.

Por último, la delegación de Justicia explica a los funcionarios que pueden cambiar su clave de acceso desde el mismo sistema informático.

145 funcionarios de Sevilla se acogen al plan para trabajar por las tardes

2009-10-22T17:57:00.004+02:00

Un total de 758 funcionarios se ha acogido al Plan extraordinario de Tardes propuesto por la Consejería de Justicia y Administración Pública dirigido a reducir el nivel de asuntos pendientes en los juzgados de lo Social, Mercantil y Penal, así como en los servicios comunes de la Administración de Justicia en Andalucía.
En el desglose por provincias, Málaga es la que mayor número de solicitudes de funcionarios ha recogido, un total de 157. Le siguen Sevilla (con 145) y Cádiz (140). A continuación, se sitúan Granada, en la que ya hay 88 funcionarios trabajando en turnos de tarde; Córdoba (65); Jaén (56); Almería (55) y Huelva (52).
Este plan de tardes –que ya ha cumplido una semana desde su puesta en funcionamiento-- es una actuación de choque, de tres meses de duración, dirigida en primer lugar a paliar los efectos de la actual crisis económica, puesto que ha quedado establecida para aquellos juzgados que se están viendo más afectados por la misma en cuanto a mayor carga de trabajo (de lo Social y de lo Mercantil), pero que redundará en beneficio de todos los órganos en general ya que también se dirige a los Servicios Comunes de Notificaciones y Embargos y a los Servicios Comunes de Partido Judicial.
El plan de tardes, que se puso en marcha la pasada semana, suma ya 758 funcionarios, aunque esta cifra podría elevarse a lo largo de las próximas semanas, a medida que avance el número de funcionarios que se acojan a estos servicios extraordinarios de carácter voluntario y retribuido. En total, la Consejería de Justicia ha hecho extensiva esta propuesta a un total de 123 juzgados y 38 servicios comunes, de los cuales ya se han adscrito al programa de tardes un total de 145, lo que supone un 90 por ciento del total.
La apertura de los juzgados en horario de tarde –aunque no abiertos al público- en los casos de los órganos específicos de lo Social y de lo Mercantil viene justificada, en primer lugar, por la especial incidencia que la crisis ha tenido en las relaciones de trabajo y en los concursos de acreedores, y pretende sumar recursos personales a las iniciativas tomadas por el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial con el nombramiento de jueces y secretarios de refuerzo en determinados órganos de las referidas jurisdicciones.
La iniciativa se enmarca en el Plan de Respuesta Razonable impulsado por la Consejería para reducir los tiempos de resolución de la Administración de Justicia. En función de ello, se ha hecho también extensiva a los juzgados de lo Penal, por su incidencia en la vida de los andaluces, al objeto de incrementar la seguridad jurídica entre la ciudadanía y agilizar la tramitación de sentencias, apoyando paralelamente la puesta en marcha de los Servicios Común de Ejecutorias de Apoyo en esta jurisdicción. Igualmente se lleva a cabo en los juzgados de Primera Instancia que conozcan de los asuntos mercantiles en las provincias que no cuentan con juzgados exclusivos en esta materia.
Hasta el 12 de enero
Este plan afectará en algunos juzgados a la totalidad de la plantilla mientras que en otros servicios judiciales su cumplimentación concernirá sólo al 50% de los mismos. El plan de choque consiste concretamente en que los empleados de los órganos judiciales trabajan hasta tres horas a partir de las 16.00 de la tarde los martes, miércoles y jueves, y estará operativo hasta el 12 de enero de 2010.
La implantación concreta de dicho plan, que no incluye la celebración de juicios por la tarde sino que redunda principalmente en el impulso de la tramitación de asuntos, requiere necesariamente de un plan específico semanal previo. En este sentido, los secretarios de los órganos judiciales afectados colaboran con la Consejería ya que son los encargados de marcar los objetivos a alcanzar conforme al calendario establecido. Estos secretarios judiciales también cooperaran a la hora de trasladar a la Junta el número de funcionarios que voluntariamente participen en este plan y una certificación en la que se haga constar su prestación.
Este plan se enmarca en la línea establecida por la Consejería de Justicia de ofrecer soluciones a medida para cada caso con el fin de reducir la carga de trabajo en los distintos órganos. Sobre esta base, la Consejería trabaja en otras acciones específicas –como el Servicio Común de Ejecutorias o el Tribunal Administrativo de Resolución Extrajudicial de Conflictos— para acortar los tiempos de respuesta en la Administración de Justicia. El departamento que dirige Begoña Álvarez apuesta por poner en marcha planes para cambiar el modelo actual de la Justicia y adelantarse incluso al patrón previsto en la nueva Oficina Judicial, en colaboración con todos los operadores jurídicos.

La ex novia de Miguel ha ofrecido tres versiones distintas en ocho meses...

2009-10-20T10:02:00.001+02:00

La menor de 14 años que fue novia de Miguel Carcaño ha realizado tres declaraciones distintas sobre el caso en ocho meses. De no saber nada de lo ocurrido con Marta del Castillo la tarde del 24 de enero, la adolescente pasó a reconocer que su ex novio le confesó el crimen, que le propinó un fuerte golpe con un cenicero, y por último ha llegado incluso a aportar un supuesto lugar donde se arrojó el cadáver: una arboleda que hay detrás de su domicilio en Camas.

Estos tres testimonios arrojan algunas coincidencias y contradicciones, y a lo largo de las mismas va implicando cada vez más en los hechos a Javier Delgado, el hermano de Miguel Carcaño, a Samuel Benítez y exculpa al menor que está internado en un centro imputado por el asesinato y la violación de Marta.

En la primera declaración policial de la menor de 14 años, ésta afirma a los agentes que no sabe qué le pasó a Marta y añade que su novio, Miguel Carcaño, no le ha contado nada. La adolescente insiste en que el presunto asesino pasó toda la noche en su casa de Camas, que no la abandonó de madrugada, aunque sí precisa que su teléfono móvil no paró de sonar en toda la madrugada. En los días sucesivos, cuando ya se ha dado a Marta por desaparecida, Miguel guarda silencio y agacha la cabeza cuando la noticia aparece en la televisión.

En su segunda declaración -el 9 de marzo ante el Grupo de Menores de la Policía-, la menor ya aporta detalles de lo que supuestamente ocurrió en el piso de León XIII. Así, dice que el hermano de Miguel se encontraba en su habitación cuando se produce el golpe con el cenicero y que, tras el crimen, se deshicieron del cuerpo arrojándolo al río. Según la menor, Miguel telefoneó a Samuel para que le ayudara a deshacerse del cuerpo y es Javier Delgado quien tiene la idea de arrojar el cadáver al río Guadalquivir.

Seis meses después, la niña vuelve a declarar -el 13 de septiembre- ante la Policía, a la que ahora relata que el hermano de Miguel estuvo presente en la escena del crimen y que incluso recriminó a Marta que discutiera con Miguel. La menor dice que "Miguel, su hermano y unos más" -sin especificar- se deshicieron del cuerpo en una arboleda detrás de su casa en Camas.

La testigo no sólo sitúa al hermano de Miguel en el momento del crimen, sino que además asegura que éste le amenazó para que no contara nada. La joven sostiene que recibió una llamada de un número desconocido, en la que literalmente le dijeron: "Si dices todo lo que sabes a tu madre la rajo de arriba abajo y a ti te pego una paliza". En esa declaración, la Policía le mostró dos escuchas de voces, una de ellas de Javier Delgado, el hermano de Miguel, y la menor reconoció una de las voces como la que le amenazó y que, según un informe de la Policía, se corresponde con la del hermano. Después de estas tres versiones, sigue sin conocerse la verdad y, sobre todo, sin hallarse el cuerpo.

La familia de Marta ha convocado el próximo día 26 una nueva manifestación con la finalidad de que se siga buscando el cuerpo.

El SAS es condenado a pagar una operación en la sanidad privada tras un diagnóstico erróneo en hospitales públicos

2009-10-16T09:52:00.002+02:00

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha condenado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a reintegrar a una vecina de Dos Hermanas los 10.870 euros que pagó por una intervención en un hospital privado, después de haber acudido hasta en cuatro ocasiones a la sanidad pública, donde confundieron un cáncer de colon con una situación de estreñimiento.

La enferma, E. M. M., de 68 años, acudió por primera vez al servicio de Urgencias del hospital de Motril (Granada) el 29 de noviembre de 2006, cuando se hallaba de vacaciones. Sufría un cuadro de vómitos y dolor epigástrico, y en el hospital le diagnosticaron estreñimiento y le recomendaron una dieta. En los siguientes días acudió en otras tres ocasiones a las Urgencias del Hospital de Valme, donde le hicieron el mismo diagnóstico y sólo en la última visita -el 11 de diciembre- se le dio cita para el especialista en aparato digestivo para el 2 de enero, casi un mes después.

Como la patología persistía, la mujer acudió el 23 de diciembre al hospital San Agustín de Dos Hermanas, donde le prescribieron una analítica y le realizaron una colonoscopia que permitió detectar un cáncer -en concreto, un adenocarcinoma de colon-, por lo que fue operada cinco días después.

La paciente tuvo que abonar 10.870 euros por el tratamiento que recibió en la sanidad privada y presentó una demanda contra el SAS, exigiendo el reintegro de esta cantidad. Un juzgado de lo Social desestimó inicialmente la reclamación, pero la Sala de lo Social del TSJA le ha dado ahora la razón, por cuanto la ley general de sanidad reconoce la posibilidad de abonar los gastos de los servicios médicos utilizados fuera del sistema público siempre que se trate de una "urgencia de carácter vital".

La jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que hay una urgencia vital cuando la situación patológica es de tal gravedad que, como consecuencia de la misma, "está en riesgo cierto e inminente la vida o la integridad física, si hubiere de estarse a la necesaria demora derivada de acudir a los servicios médicos asignados por la Seguridad Social". La doctrina señala que no basta con que el tratamiento alternativo sea simplemente beneficioso para la salud del paciente o mejoren sus expectativas de vida, ni se comprenden los supuestos en los que la intervención "no sea apremiante ni imprescindible".

La sala de lo Social del TSJA, aplicando esa doctrina, señala que en este caso la mujer "intentó repetidamente ser atendida y tratada por la sanidad pública, quien una y otra vez erró en su diagnóstico y en su tratamiento, obvió los protocolos de actuación para los supuestos de dolor abdominal agudo y omitió la realización de las pruebas pertinentes, prescribiendo únicamente dieta para el estreñimiento a quien, a todas luces, aquejaba una patología gravísima que podía acarrear un enorme riesgo y consecuencias tan graves que podían haber acabado con su vida".

La sentencia argumenta que ante ese "periplo de errores y desatención" que sufrió la paciente, no se puede pretender que ésta acuda de nuevo a la sanidad pública tras cuatro veces, porque eso representa que se le pide "un comportamiento cuando menos heroico, el cual no es posible exigir a nadie, cuando el enfermo sabe que se encuentra realmente grave".

Esta gravedad, recuerdan los magistrados, fue confirmada por el carcinoma "cuyo diagnóstico o el error de la sanidad pública había retrasado tanto, con la gravedad que ello tiene en este tipo de enfermedades". El tribunal añade que la actuación de los profesionales del Servicio Andaluz de Salud colocó "claramente" a la enferma en una situación de urgencia vital "que puso en peligro su vida", por lo que debe concluirse que la decisión de la paciente, al acudir a la sanidad privada, "merece ser indemnizada de acuerdo con los argumentos y parámetros jurisprudenciales expuestos".

Anticorrupción se plantea imputar en el caso Mercasevilla a Torrijos y a Crespo, así como a toda la comisión ejecutiva

2009-10-14T10:28:00.001+02:00

La Fiscalía Anticorrupción está estudiando la posibilidad de solicitar a la juez que investiga las presuntas irregularidades en Mercasevilla que tome declaración como imputados a todos los miembros de la comisión ejecutiva de esta empresa mixta, entre los que se encuentran el actual primer teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos (IU), y el ex edil y ex presidente del mercado, Gonzalo Crespo.

Fuentes del Ministerio Público confirmaron ayer que el delegado de la Fiscalía Anticorrupción en Sevilla está estudiando la posibilidad de solicitar la imputación de todos los consejeros que formaban parte de la comisión ejecutiva de Mercasevilla cuando se adjudicó a una filial de la constructora malagueña Sando el derecho de opción de compra de los suelos. La juez que investiga el caso considera que el concurso público por el que se adjudicó la venta es "ilegal" y "fraudulento" porque estaba "predeterminado" para que esta empresa resultara ganadora, todo ello a pesar de que el grupo Noga había realizado una oferta económica que superaba en 52 millones de euros la propuesta vencedora.

Las mismas fuentes precisaron que, por el momento, la Fiscalía Anticorrupción no ha solicitado ninguna imputación a la juez, ya que están estudiando las últimas declaraciones y por ahora sólo existe esa "posibilidad" de solicitar las nuevas declaraciones.

La posible imputación se extiende a los siete miembros de la comisión ejecutiva de Mercasevilla, que estaba integrada, junto a Torrijos y Gonzalo Crespo, por Domingo Enrique Castaño -la persona a la que el PP sitúa como el "cerebro" de la venta de los suelos-, así como el secretario del Ayuntamiento, Venancio Gutiérrez Colomina, y el interventor municipal, José Miguel Braojos. Completan la lista los consejeros Ángel Gil Pascual, adjunto a la presidencia de la empresa Mercado Central de Abastos (Mercasa) -que posee el 48% de Mercasevilla-, y Arturo Cortés de la Cruz, abogado del Estado y secretario general de Mercasa.

Todos los consejeros intervinieron en la comisión ejecutiva de Mercasevilla celebrada el 15 de febrero de 2006 y en la que adjudicó el concurso a Sanma, la filial de Sando, tras obtener la mayor puntuación de acuerdo con la valoración de los técnicos imputados.

El planteamiento de la Fiscalía no parece nuevo en la investigación judicial, puesto que la Policía Judicial ya ha hecho gestiones con, al menos, Antonio Rodrigo Torrijos y Gonzalo Crespo. El primer teniente de alcalde y el ex concejal ya han prestado declaración ante la Policía Judicial, a la que han remitido sendas declaraciones por escrito explicando distintos aspectos relacionados con la adjudicación a la filial de Sando del concurso público. Estas declaraciones se produjeron la semana pasada, según han confirmado fuentes policiales.

El ex presidente de Mercasevilla, Gonzalo Crespo, aseguró que ninguno de los funcionarios municipales que participaban en los distintos órganos del mercado advirtió de ninguna ilegalidad en la adjudicación del derecho de opción de compra de los terrenos del mercado central.

El pliego de condiciones del concurso incluía, según la juez, dos cláusulas que favorecieron "claramente" a Sando, una de las cuales penalizaba las ofertas que superaran en un 10% la media aritmética de las ofertas presentadas, mientras que la otra primaba la titularidad previa de cualquier derecho sobre los terrenos. El pliego fue aprobado por la comisión ejecutiva, el consejo de administración, el Pleno del Ayuntamiento y, finalmente, la junta general de accionistas de Mercasevilla.

Hacia donde camina el caso Marta...

2009-10-11T13:34:00.002+02:00

Esta semana surgió una nueva versión -la enésima- del caso Marta. Un familiar de un preso declaró a una TV que Miguel Carcaño va diciendo que no va a pagar por lo que no ha hecho -en alusión al crimen de la joven- y asegura que tanto la madre de su ex novia de Camas, como esta misma, estuvieron la tarde del crimen en el piso de la calle León XIII. ¿Qué se quiere insinuar?

Carcaño, si realmente oculta algo, debería acudir al juez -como ha hecho ya en otras tantas ocasiones- y contarle, eso sí, la verdad, al menos una vez, para variar.

Mucho me temo que esta nueva versión no sea más que eso, una nueva versión de un crimen cuya investigación sigue mostrando muchas dudas y en la que, lo más importante, aún no ha aparecido el cuerpo de la joven sevillana.

La juez permite que el dueño de Contsa salga de prisión si paga dos millones de euros de fianza...

2009-10-03T17:31:00.002+02:00

El dueño de la inmobiliaria Contsa, José Salas Burzón, que permanece en prisión preventiva desde hace un año, podrá abandonar la cárcel si deposita una fianza de dos millones de euros.La titular del juzgado de Instrucción número 17 de Sevilla, Pilar Llorente, ha dictado un auto en el que decreta la libertad bajo fianza de esta cantidad para el empresario, una decisión que ha sido adoptada por la propia magistrada sin que le haya sido solicitada por la defensa. Salas Burzón ingresó en prisión el 3 de octubre del año pasado, imputado por cuatro delitos -estafa, falsedad contable, administración desleal e insolvencia punible-, tras haber prestado declaración una vez que los administradores concursales emitieron un informe en el que detectaron la existencia de un agujero de 86,8 millones de euros en las cuentas de la empresa y que el número de acreedores ascendía a 1.553, casi tres veces más de los que el dueño de Contsa había reconocido en el juzgado de lo Mercantil que tramita el concurso de acreedores.
La Fiscalía había pedido su ingreso en prisión sin fianza, al considerar que con su actitud Salas Burzón había "agravado la situación de la empresa", si bien el dueño de la inmobiliaria había señalado que él fue el primer sorprendido por los resultados del informe de los administradores concursales.El propietario de Contsa volvió a declarar en mayo pasado y, en esta ocasión, admitió que realizó ventas ficticias y otras operaciones en fechas posteriores a la declaración del concurso de acreedores -en febrero de 2008-.La instructora del caso tomó ayer precisamente declaración, en calidad de testigo, al empresario Luis Castel -que se barajó como uno de los posibles compradores del Real Betis-, con quien el propietario de Contsa aseguró que había realizado algunas de esas operaciones "ficticias" por importe de unos tres millones.Castel negó ayer las manifestaciones del imputado en la causa, que había asegurado que simuló con él haber recibido un cheque que ni siquiera llegó a tocar. El empresario Luis Castel reconoció que compró a Salas un crédito de tres millones sobre un hotel en El Rocío y dos áticos en la calle Asunción, por importe de otros 400.000 euros.
Castel explicó a la juez que el negocio fue "real", que tenía una buena rentabilidad, que cifró en el 7%, y dijo que José Salas le insistió mucho en que el pago se realizara en efectivo.Con fecha 31 de diciembre de 2007, poco antes de la suspensión de pagos de Contsa, Luis Castel entregó al propietario de Contsa un cheque por importe de tres millones para adquirir la hipoteca del hotel que se estaba construyendo en El Rocío. La segunda operación tuvo lugar el 30 de enero de 2008, cuando Salas cobró un pagaré de Castel por valor de 400.000 euros por la venta de los dos áticos de la calle Asunción.Salas defendió en sus declaraciones judiciales anteriores que los 3,4 millones que percibió de estas operaciones los empleó en pagar a cinco acreedores, aunque en su última comparecencia ante la juez, en mayo pasado, admitió que no entregó el dinero.El dueño de Contsa reveló que después del concurso también vendió varias propiedades

La Policía sólo halló restos de sangre en la chaqueta de Miguel, pero no en el piso de la calle León XIII

2009-10-02T11:17:00.003+02:00

La Policía Científica sólo halló restos de sangre que coinciden con el perfil genético de Marta del Castillo en la cazadora del asesino confeso, Miguel Carcaño Delgado, pero no se localizó ningún vestigio sanguíneo de la víctima en el piso de la calle León XIII donde se cometió el crimen.

El sumario del caso recoge informes científicos que revelan que a lo largo de la investigación se han recogido hasta 153 evidencias biológicas de Marta del Castillo y más de 30 perfiles genéticos, algunos de ellos mezclados con sangre de Marta, tal y como reconoció esta semana el jefe superior de Policía en Andalucía Occidental, Enrique Álvarez Riestra.

De la totalidad de las muestras recuperadas únicamente se ha localizado sangre de la víctima en el forro interior de la cazadora de corte militar que Miguel Carcaño llevaba puesta la tarde del crimen y que pudo transferirse desde el cenicero con el que, según el joven, golpeó a la adolescente en la cabeza tras una discusión. El asesino confeso siempre ha ubicado el escenario del crimen en su vivienda de la calle León XIII, pero en el inmueble la Policía Científica no ha logrado encontrar ningún otro resto de sangre.

Los investigadores siempre han considerado que, después del crimen, los imputados procedieron a la limpieza de los restos y huellas. En un primer lugar, esa función fue atribuida por el menor de 15 años que está internado en un centro a Javier Delgado Moreno, hermano de Miguel Carcaño, pero el asesino confeso ha tratado de exculparle desde el primer momento. En la cuarta versión de los hechos que ofreció Carcaño en septiembre pasado, el principal implicado llegó a sostener que fue él mismo quien se quedó aquella noche limpiando el piso de León XIII mientras su amigo Samuel Benítez se deshacía del cadáver en el coche de un familiar suyo.

Algunos expertos policiales consultados por este periódico aseguran que, con los actuales métodos de trabajo de la Policía Científica, si hubiese quedado algún resto de sangre en la vivienda de León XIII, además de la que había en la chaqueta, se habría detectado con seguridad pese a cualquier intento de borrar las evidencias, por mucha limpieza que se efectuara.

Desde los primeros momentos de la investigación, el escenario del crimen se situó en el piso de León XIII. Supuestamente, según las cuatro versiones de Carcaño, Marta murió allí de un fuerte golpe que él mismo le asestó y que, de ser así, tendría que haber dejado a priori alguna evidencia en forma de resto sanguíneo.

En el piso de León XIII sí que se han localizado otras muestras biológicas de Marta, tales como ADN, cabellos y otros fluidos. Así, los investigadores localizaron restos genéticos de Marta en el tensiómetro con el que, según Miguel Carcaño, comprobó que la joven no tenía pulso y había fallecido tras la agresión.

También se halló ADN en la silla de ruedas que, según la versión del asesino confeso, se empleó para sacar el cadáver de Marta del domicilio e introducirlo en un coche. Sin embargo, estas muestras han sido halladas en la empuñadura del carrito, lo que introduce nuevas dudas en la versión facilitada por el principal sospechoso.

Entre las evidencias biológicas encontradas por la Policía Científica no sólo hay huellas genéticas de Marta del Castillo y de su asesino confeso. También se han encontrado en el piso de León XIII restos del menor de 15 años implicado en el crimen, concretamente en la mesa del ordenador de Miguel Carcaño. De este adolescente también aparecieron huellas en una botella de ron recogida en uno de los registros practicados en este domicilio.

También se han encontrado restos de ADN de la novia del hermano de Carcaño, María García, en un esparadrapo y una alargadera encontrados en el piso. En este cable también aparecieron huellas del asesino confeso. En su anterior versión de los hechos, Miguel Carcaño expuso que fue el menor quien mató a Marta y lo hizo estrangulándola con el cable de una alargadera.

En cualquier caso, estos indicios sólo apuntan a que tanto el menor amigo de Carcaño como la novia del hermano de éste habían estado en el piso de León XIII, sin que sea posible precisar si las huellas son anteriores o posteriores al día del crimen, cometido la noche del 24 de enero.

El hermano de Carcaño reitera que es inocente y dice que desea que aparezca el cuerpo por la familia de Marta y por él mismo

2009-10-01T18:16:00.002+02:00

Entrevista publicada en Diario de Sevilla.
Casi ocho meses después del asesinato de Marta, cuyo cuerpo sigue sin aparecer, Javier Delgado Moreno, el hermano del asesino confeso, compareció ayer por primera vez ante un grupo de periodistas para insistir en que es inocente y denunciar que se siente víctima de los errores de una investigación policial precipitada y de una presión mediática desmedida. El hermano de Miguel Carcaño, que mantuvo un encuentro con los informadores por espacio de dos horas y en el despacho de su abogado, José Manuel Carrión, reiteró que no ha tenido ninguna participación en la muerte, desaparición y ocultación del cuerpo de la joven sevillana, y advirtió que no tiene miedo al juicio al que es consciente que tendrá que someterse. "Yo no me creo condenado porque no he hecho nada para ser condenado y creo que si llego a juicio voy a salir absuelto", aseveró.
Delgado cree que es víctima de una "investigación policial fallida y una presión mediática sin razón", en la que no se le ha dado la oportunidad de demostrar su inocencia, sino que ha sido "criminalizado por todos desde primera hora".
El conjunto de los errores de la investigación y la presión mediática, según este imputado por delitos de encubrimiento, amenazas, y profanación de cadáveres, ha acabado por "arruinarle" la vida por el simple hecho de ser hermano del presunto asesino. "Que sea su hermano no significa que yo tenga que ser un delincuente", apostilló.El hermano del asesino confeso asegura que su entorno más cercano lleva soportando desde hace ocho meses una situación que no duda en calificar de "acoso, intimidación y en cierta forma extorsión" por la "presión policial", ya que, en su opinión, la investigación realizada sobre él y su novia es del todo errónea. "La investigación realizada sobre mí y mi novia es un completo desastre. Si no he hecho nada, ¿cómo he estado tres meses en prisión?", se pregunta Javier Delgado, que no alcanza a comprender "que aquí nadie rectifica"c uando se equivoca.El hermano del principal imputado por el asesinato de Marta considera que ha habido "prisas" en la investigación policial e ironiza con respecto a la "investigación de libro" que defendió el jefe superior de Policía, Enrique Álvarez Riestra. "Esto es un caso de libro, pero no lo era en su momento, ahora sí es para hacer un libro", precisó Javier Delgado sobre los errores que, según puntualiza, se han cometido con su persona.En su opinión, las únicas pruebas que hay contra él no tienen fundamento. "Me detuvieron con la declaración del menor [que posteriormente se retractó] y con tres frases sacadas de contexto", dice el hermano de Miguel.En la entrevista, Javier asegura que comprende el dolor por el que está pasando la familia de Marta y confía en que finalmente aparezca el cuerpo de la joven.
"Entiendo a la familia, que lo está pasando muy mal, y me pongo en su lugar porque yo también tengo una hija; entiendo a esa familia pero yo no puedo ayudarle. Arrepentirse y avergonzarse lo hace el que ha hecho algo, pero yo no he hecho nada", sentenció.Javier Delgado dice que seguirá luchando para conseguir que se reconozca su plena inocencia y que lo hace por su familia, sobre todo por su hija pequeña. "Mi hija tiene que saber que su padre no ha hecho nada y voy a luchar hasta donde pueda".El hermano de Miguel reveló que ha intentado colaborar con los investigadores policiales desde el primer momento. "Yo quiero la verdad también, no tengo nada que ocultar y a mí la verdad auténtica me exculpa de todo".Cuando se le pregunta sobre si cree que alguna vez aparecerá el cuerpo de Marta, su respuesta es lacónica: "Sé lo mismo que usted". Javier Delgado espera, no obstante, que el cadáver aparezca para que se esclarezca la verdad.
"Me encantaría que el cuerpo de la criatura apareciera: primero por su familia, para que descanse, y en segundo lugar por mí mismo, porque el cuerpo puede decir muchas cosas y de mí no puede decir nada", señala en relación a las posibles pruebas que pudieran obtenerse en el caso de que se hallara el cadáver de la adolescente.En cualquier caso, Javier descarta rotundamente que él sea ese cerebro al que la Policía atribuye la operación para deshacerse del cadáver, y cree que el hecho de que los agentes no admitan que no ha tenido ninguna participación en los hechos puede obedecer a que "desde la investigación no quieren reconocer que le han engañado unos críos y es más fácil decir que les ha engañado una persona de 40 años".
El hermano del presunto asesino le reprocha el crimen de Marta. "Haya hecho lo que haya hecho, lo más leve que me parece es que es una completa barbaridad. Antes me parecía un chaval normal, no me parecía un mal niño".Javier Delgado sostiene que siempre confió en la versión que le había facilitado su hermano, de que no tenía nada que ver con la desaparición de Marta, y alega que no se enteró de que era el principal sospechoso de la muerte hasta que se produjo la detención de Miguel, el 13 de febrero. Javier comenta que estuvo ayudando a su hermano porque no había desconfiado en absoluto de la versión que éste le facilitó y que lo hizo como hubiera hecho cualquier persona con su hermano. "Que ahora me doy cuenta de que soy imbécil, pues de acuerdo, pero en aquel momento tenía que ayudar a mi hermano".
Javier Delgado sigue defendiendo que no conocía a Marta y que la tarde del crimen no la vio en la vivienda de la calle León XIII, donde únicamente coincidió con su hermano durante unos diez minutos, hasta que se marchó para ver a su hija y a trabajar en un bar, y no regresó hasta las cuatro de la madrugada del día siguiente. Por último, Javier relata que no ha hablado con su hermano desde el 14 de febrero, porque probablemente no le podrá perdonar "hasta que esté cerca de la caja de pino" y concluye que le parece "una locura" que Miguel reciba cartas de admiradoras en prisión.

El juez cree que Miguel Carcaño se está burlando del proceso. Mantiene que debe ser juzgado por un jurado popular.

2009-09-19T15:59:00.001+02:00

El juez Francisco de Asís Molina, que investiga el asesinato y violación de Marta del Castillo, advirtió ayer que el presunto asesino, Miguel Carcaño, se está burlando del proceso con sus continuos cambios de declaración. El instructor del caso dictó ayer un auto en el que confirmó que el juicio se celebrará ante un jurado popular, si bien será la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla la que decida finalmente sobre el tipo de procedimiento por el que debe ser enjuiciado este caso.
En la última resolución judicial dictada en torno a la muerte de Marta del Castillo, el juez reitera su decisión de que el caso sea tramitado por un jurado a raíz de la última jurisprudencia del Tribunal Supremo, que anuló una condena de 83 años y ordenó repetir el juicio a un individuo acusado de asesinar y violar a dos policías al entender que éste debía ser enjuiciado ante un tribunal ciudadano.
El magistrado argumenta que esa sentencia afecta a unos hechos muy similares a los que se atribuyen a Miguel Carcaño y aplicable a la propia "idiosincrasia de este proceso", por cuanto inicialmente sólo se le imputaba la muerte y desaparición de la adolescente y fue el propio autor confeso de la muerte quien afirmó que antes la violó, razona el magistrado. Este episodio de agresión sexual, continúa el auto judicial, "está sustentado, en exclusiva, en su propia confesión, y hoy, para escarnio de un mínimo de respeto a la víctima, viene a ser negado en su última declaración, precisamente afirmando el imputado, sin rubor alguno, que confesó la violación para el juicio con jurado".
El juez ha desestimado, por tanto, los recursos de reforma presentados por los abogados defensores de Miguel Carcaño y de los otros tres imputados contra el auto que acordó la transformación de la causa en un procedimiento ante el jurado. Dice el juez que resulta difícil entender que después de "tamaño despropósito" -en referencia a las explicaciones que el principal implicado ofreció en su última declaración- la defensa de Miguel Carcaño "mantenga el recurso, y desde luego esa postura no hace sino reforzar la conclusión de que el modelo procesal de nuestro Estado de Derecho determina que el tribunal del Jurado sea el competente para enjuiciar al muerte y desaparición de la menor". El juez ya había señalado, cuando se pronunció sobre el modelo de juicio, que el asesinato de Marta pudo cometerse para "facilitar u ocultar" el delito de violación, por lo que el caso encajaría en el supuesto que establece el artículo 5.2.c de la ley del Jurado, que extiende la competencia para enjuiciar los delitos "conexos" cuando alguno de ellos se haya cometido "para perpetrar otros, facilitar su ejecución o procurar su impunidad".
El juez ha desestimado tanto el recurso de Miguel Carcaño como el de Samuel Benítez y el de María García, la novia de su hermano, Javier Delgado Moreno. En el caso de este último, el juez no se ha pronunciado, puesto que su defensa presentó el recurso directamente en apelación ante la Audiencia de Sevilla, órgano que resolverá definitivamente en las próximas semanas sobre el tribunal competente para enjuiciar el caso.
Francisco de Asís Molina entiende que las defensas han expuesto en sus recursos "una discrepancia de fondo sobre el criterio jurídico sostenido en la resolución recurrida para determinar el proceso aplicable, e intentan sustituir dicho criterio por el suyo propio".
La abogada Paloma Pérez Sendino, que representa a Miguel Carcaño, pidió que el caso fuese enjuiciado por jueces profesionales, al entender que la decisión del jurado popular se había basado en una única sentencia del Tribunal Supremo -para que se considere verdadera doctrina hacen falta al menos dos resoluciones en el mismo sentido- y partía de una "suposición" a la hora de fijar la competencia del jurado: que Marta fue asesinada para ocultar la violación, un delito del que no había más pruebas que la propia confesión del joven implicado. El recurso de la defensa se presentó antes de que Miguel Carcaño volviese a cambiar su versión de los hechos, en el transcurso de una cuarta declaración en la que sostuvo que Marta no fue violada y volvió a asumir la autoría de la muerte. Carcaño dijo en esta ocasión que golpeó a la joven con un cenicero y situó a su mejor amigo, Samuel Benítez Pérez, como la persona que se deshizo del cuerpo mientras él se quedó en el piso de León XIII limpiando restos de sangre y otras huellas del crimen.

Carcaño vuelve a cambiar de declaración y dice que Samuel se deshizo del cuerpo

2009-09-10T14:26:00.004+02:00

Cuarta declaración ante el juez y cuarta versión de los hechos. Miguel Carcaño volvió ayer a confesar el asesinato de Marta del Castillo, aunque negó que tanto él como el menor de 15 años que está internado en un centro la agredieran sexualmente. Su nuevo testimonio vuelve, en su mayor parte, a la primera declaración que prestó en relación a los hechos que sucedieron la tarde-noche del 24 de enero pasado, aunque ahora sitúa a su amigo Samuel Benítez Pérez como el principal artífice de la operación para deshacerse del cuerpo de la adolescente, una labor en la que Carcaño implica ahora a un familiar de Samuel. Miguel Carcaño dice que aquella tarde él y Marta discutieron en el piso de la calle León XIII, donde ambos se encontraban a solas.
En el transcurso de la discusión, Miguel propinó un golpe a Marta con un cenicero y, como consecuencia del mismo, la adolescente falleció. El asesino confeso sitúa la pelea poco antes de las diez de la noche e insiste en que no había nadie más en el piso -lo que favorece a su hermano Javier Delgado-. Tras el crimen, se presentó en el piso el menor de 15 años, con el que Miguel había quedado esa tarde, y éste telefoneó a Samuel Benítez, el amigo de ambos que actualmente sigue en prisión, para que viniera a ayudarles. En su nuevo testimonio, Miguel Carcaño dice que el traslado del cuerpo se realizó en un coche -un Opel Vectra de color granate- que ese día conducía Samuel y cuyo propietario es un familiar suyo, en concreto un tío.El asesino confeso dice que envolvieron el cuerpo de Marta en una manta y que utilizaron una silla de ruedas que había en su casa -que perteneció a su madre- para llevar el cadáver hasta el coche, introduciéndolo en el maletero del vehículo. Carcaño dice que el cuerpo fue sacado de su casa poco más allá de las diez de la noche y que, una vez lo metieron en el coche, desconoce qué hicieron con él sus amigos.
Mientras tanto, él regresó a la vivienda para limpiar los restos de sangre tras el crimen. Miguel dice que fue a su regreso al piso cuando un vecino suyo le vio empujando la silla de ruedas vacía, aunque este testigo ha declarado que el encuentro se produjo de madrugada, poco antes de las dos.El presunto asesino de Marta sostiene que Samuel fue la última persona que vio el cuerpo y el que puede saber dónde está, dado que, según esta cuarta versión de los hechos, tras abandonar la vivienda de León XIII, Samuel dejó al menor de 15 años en el barrio de Nervión. Cuando Miguel telefoneó a Samuel a las 00:11 ya del día 25 de enero -según el registro de llamadas investigado por la Policía-, este joven le comentó que aún no se había desecho del cadáver de Marta, lo que implica que el cuerpo estuvo supuestamente varias horas en el interior del maletero.Esa llamada, según consta en los autos, tuvo una duración de un minuto y medio, y en ese momento Miguel Carcaño estaba en Camas -donde asegura que llegó a las 22:50 y no se marchó en toda la noche- y Samuel Benítez se hallaba en Dos Hermanas, en la barriada de Montequinto.En cualquier caso, Carcaño asegura que no sabe dónde acabó el cuerpo de Marta, aunque cree que el tío de Samuel, el propietario del coche, pudo ayudarle a desprenderse del cadáver. El asesino confeso aportó algunos datos de este familiar de Samuel: dijo que se llama Miguel, que tiene unos 45 años y 1,65 metros de estatura, y que es una persona peligrosa que reside en la zona de Las Vegas de las Tres Mil Viviendas.Al ser preguntado sobre por qué no ha revelado estos datos hasta este momento, Miguel ha dicho al juez que tenía miedo por lo que pudiera pasarle a la familia de su novia de Camas, ya que el familiar de Samuel le había amenazado en dos ocasiones. La primera fue antes del arresto de Carcaño, cuando este familiar le intimidó diciéndole que si implicaba a Samuel en el caso le haría daño a su novia de Camas y a la madre de ésta, Soledad Gómez.
Esas supuestas amenazas volvieron a repetirse, según Carcaño, en marzo, cuando este familiar le esperó entre el público a su llegada a los juzgados, coincidiendo con una de sus declaraciones en el juzgado de Instrucción número 4.El temor a esas supuestas amenazas y la intención de no implicar a Samuel Benítez en los hechos fue lo que determinó que se inventara que arrojaron el cuerpo a la basura. En cuanto a la violación de Marta, Miguel señaló que también se inventó este delito porque le habían comentado en la cárcel de Morón que de esta forma el juicio no se celebraría ante un jurado popular.
Ahora, Carcaño niega en rotundo que tanto él como el menor de 15 años, al que antes había culpado de haber matado a Marta asfixiándola, violasen a la joven.La nueva declaración de Miguel Carcaño se produjo a petición de la Fiscalía y de la acusación particular, coincidiendo con la vista que había convocado el juez para concretar la imputación contra los cuatro implicados y que quedó en un segundo plano ante el sorprendente testimonio del principal imputado.

El abogado Jorge Piñero, imputado en el caso Mercasevilla

2009-09-08T10:55:00.000+02:00

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga el presunto cobro de comisiones ilegales en Mercasevilla y la venta de los terrenos donde se ubica actualmente el mercado, ha imputado en la causa al vicesecretario del consejo de administración y de la comisión ejecutiva de la empresa, el abogado Jorge Piñero Gálvez.

La juez tenía previsto tomar declaración como testigo al letrado, que además es vicedecano del colegio de abogados de Sevilla, pero a raíz de los testimonio de los técnicos que participaron en el concurso para la adjudicación de los suelos a la constructora Sando ha decidido citarle como imputado para el próximo 25 de septiembre.

Los dos técnicos que declararon ante la juez a finales de julio pasado aseguraron que en el acta de la reunión de la comisión ejecutiva de Mercasevilla celebrada el 15 de febrero de 2006, en la que se adjudicó el concurso a la constructora malagueña Sando, aparecían recogidas manifestaciones que no habían realizado.

Mercasevilla introdujo una cláusula en el pliego de condiciones para la adjudicación del derecho de opción de compra de sus terrenos que perjudicó la oferta más rentable desde el punto de vista económico para la entidad y que fue realizada por el grupo Noga (Osuna), que ofertó 75 millones de euros más que la propuesta ganadora en cuestión de derechos de prima y compraventa de los actuales suelos del mercado.

Uno de los testigos, el economista José Antonio Ripollés, rechazó que en la comisión ejecutiva mencionada hubiese afirmado que la oferta de Noga podía haber sido penalizada y que esta penalización fuese habitual en los concursos públicos.

El otro testigo, la técnico de Urbanismo María Victoria Bustamante, tampoco reconoció como propias las manifestaciones respecto a que Noga podría haber recibido una puntuación negativa por superar el alza del precio de acuerdo con la cláusula 5.1 del pliego de condiciones, que penalizaba precisamente con una menor puntuación aquellas ofertas que fuesen superiores en un 10% de la media aritmética de las ofertas presentadas.

Según los técnicos, el abogado Jorge Piñero tuvo una intervención importante en la redacción del pliego de condiciones, hasta el punto de que el concurso se seguía con los criterios que el letrado marcaba a nivel jurídico.

Además de la citación del vicesecretario del consejo de Administración, la instructora de la causa ha dirigido un nuevo oficio a la Policía Judicial para que "practiquen gestiones encaminadas a la averiguación de los hechos" que se desprenden de las declaraciones de los técnicos que participaron en la redacción del pliego de condiciones del concurso que terminó con la adjudicación a Sando del derecho de opción de compra sobre los terrenos, una adjudicación que la juez cree "ilegal" y "fraudulenta".

De otro lado, la instructora también ha acordado una nueva declaración, el día 28 y como testigo, del presunto intermediario Juan Lanzas Fernández. La primera vez que apareció este nombre en la causa fue durante la declaración del empresario del grupo La Raza Pedro Sánchez Cuerda, uno de los denunciantes del presunto cohecho, quien aseguró que Juan Lanzas participó a finales de 2006 y principios de 2007 en los encuentros que tuvieron lugar en la consejería de Empleo con motivo del proyecto de escuela de hostelería y a los que asistieron, entre otros, el delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas, y el ex director general de Mercasevilla, Fernando Mellet, ambos imputados en la causa judicial.

El cuñado de Juan Lanzas, a través de la sociedad Maginae Solutions cobró 143.000 euros entre los ejercicios 2007 y 2008 por el asesoramiento en la gestión del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Mercasevilla.

300 embargos suspendidos por la falta de taxis tras el recorte de la Junta

2009-09-08T10:54:00.001+02:00

La decisión de la Consejería de Justicia y Administración Pública de retirar el coche oficial para los juzgados de guardia y restringir la utilización de los taxis por elevado coste -tres millones de euros en un año en toda la comunidad- provocó ayer las primeras incidencias en la prestación del servicio público.

El Servicio Común de Notificaciones y Embargos, un órgano dependiente del decanato y que presta servicio a todos los órganos judiciales de Sevilla, suspendió ayer, en un solo día, 300 embargos y numerosas actuaciones judiciales ante la imposibilidad de proceder a la práctica de estas diligencias por no disponer de taxis.

El servicio común informó ayer a la secretaria coordinadora provincial de esta incidencia en el servicio y precisó que debido a la falta de taxis ayer se vieron obligados a suspender todos los embargos y lanzamientos -expulsión forzosa de un inquilino que ha sido deshauciado- previstos para este día. En concreto, quedaron sin realizarse 287 embargos y 31 lanzamientos, sí como un número elevado de citaciones.

La secretaria coordinadora provincial, Ana María Jiménez, comunicó lo ocurrido tanto a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) como al presidente de la Audiencia de Sevilla y a los decanos de los colegios de abogados, procuradores y graduados sociales, es decir, a todas aquellas instituciones que pueden verse afectadas por una incidencia en el funcionamiento del Servicio Común de Notificaciones y Embargos.

El sindicato CSIF de Justicia denunció ayer la precipitación con la que la Junta ha puesto en marcha esta medida y, en este sentido, explicó que los funcionarios destinado en el servicio común no sabían ayer cómo debían afrontar la falta de taxis para la notificación de los embargos y otras citaciones.

Al final y después de realizar varias consultas, los funcionarios procedieron a practicar las actuaciones en las zonas más próximas al edificio Viapol -donde se ubica el servicio común-. El resultado fue que sólo pudieron practicarse entre tres y cinco diligencias frente a las 15-20 que se hacían a diario antes del recorte.

Según las mismas fuentes, la delegación de Justicia procedió a entregar ayer unos 60 bonobuses de transporte público para los traslados de los funcionarios.

La decisión de la Consejería quedó plasmada en la instrucción 2/2009, que establece que, a partir de ahora, los desplazamientos de funcionarios de la Administración de Justicia se efectuarán "en medio de transporte público colectivo, salvo autorización expresa de otro medio".

La medida se completa con la retirada del coche oficial que tradicionalmente estaba a disposición de los juzgados de Guardia de la capital para la práctica de las diligencias urgentes, como los levantamientos de cadáveres o los registros domiciliarios que ordena el juez. La Consejería de Justicia sostiene que, en ningún caso las restricciones afectarán a los levantamiento de cadáveres, que requieren una actuación urgente.

La medida pretende reducir el importante gasto que genera el uso de taxis para las actuaciones judiciales y que, el departamento que dirige Begoña Álvarez, cifra en unos tres millones de euros al año en toda la comunidad autónoma.

La Junta argumenta que el principio de eficacia en la actividad de la Administración Pública "debe coligarse con la eficacia y economía en la aplicación de los fondos públicos, por lo que se hace necesario establecer unos criterios para el uso de los medios de transporte cuando se realicen actuaciones judiciales".

La decisión de la Consejería ha provocado ya los primeros incidentes, con la suspensión ayer de las 300 actuaciones por el Servicio Común de Notificaciones y Embargos, y las críticas de los sindicatos de Justicia. La delegación provincial de Justicia en Sevilla ha convocado mañana una reunión con el decanato para tratar de solucionar el conflicto.

Carcaño no quiere un jurado popular...

2009-09-08T10:53:00.001+02:00

Miguel Carcaño, el presunto asesino de Marta del Castillo, no quiere someterse al veredicto del jurado popular, que estadísticamente son más duros que un tribunal profesional. Su abogada defensora, Paloma Pérez Sendino, presentó ayer un recurso contra la decisión del instructor de la causa de tramitar el caso ante un jurado popular, en aplicación de la reciente sentencia del Supremo que anuló en junio pasado una condena de 83 años a un individuo que asesinó y violó a dos policías en prácticas, y ordenó repetir el juicio ante un tribunal compuesto por ciudadanos.

La defensa de Carcaño asegura en su recurso -que se plantea de forma subsidiaria en apelación para que resuelva la Audiencia, en el caso probable de que el juez lo rechace- que Miguel Carcaño tiene derecho al juez predeterminado por la ley que, en su opinión, no es otro que una sección de la Audiencia Provincial de Sevilla.

En el recurso, Paloma Pérez recuerda que hasta ahora sólo se ha dictado una sentencia que supone un cambio a la hora de establecer la competencia de un jurado popular cuando se producen varios delitos conexos, mientras que son necesarias, al menos, dos resoluciones en el mismo sentido para que se estime que la jurisprudencia está consolidada, según dijeron fuentes del caso.

La letrada considera además que los hechos analizados en la sentencia del Supremo y el asesinato de Marta del Castillo son distintos, y cuestiona que el instructor partió de una suposición a la hora de fijar la competencia del jurado: que Marta fue asesinada para ocultar la violación, un delito del que no hay más pruebas que la declaración que realizó Miguel Carcaño tras cambiar su testimonio en varias ocasiones.

Siguiendo el planteamiento, la defensa se pregunta si los otros implicados podrían ser a su vez imputados como encubridores del delito de agresión sexual.

La defensa ha pedido al juez que admita el recurso y ordene la tramitación del caso como un sumario ordinario, aunque la decisión final sobre esta cuestión recaerá en la Audiencia Provincial.

La defensa de Javier Delgado Moreno, el hermano de Miguel Carcaño, también está estudiando si recurre o no la adaptación del proceso a la ley del jurado, según dijo el abogado José Manuel Carrión, mientras que el letrado de Samuel Benítez, amigo del presunto asesino, no quiso pronunciarse sobre el asunto.

Los cuatro imputados comparecerán mañana a una vista en la que el fiscal y la acusación particular concretarán los cargos que imputan a cada uno.

La Junta retira el coche oficial para los juzgados y limita el uso de taxis para las actuaciones judiciales, a partir de ahora se irá en bus

2009-09-07T19:17:00.002+02:00

La Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía ha retirado el servicio de coche oficial con conductor que disponían los juzgados de guardia de Sevilla y ha restringido el uso de los taxis por parte de los trabajadores, una medida que pretende reducir costes para las arcas públicas pero que ha generado indignación entre los funcionarios y magistrados destinados en estos órganos judiciales.Hasta ahora, los juzgados de guardia de Sevilla disponían de un vehículo a su disposición las 24 horas para la realización de las actuaciones judiciales urgentes, como la práctica de levantamientos de cadáveres, registros domiciliarios o cualquier otro servicio que fuese necesario llevar a cabo por el juez de guardia.
Fuentes de la Consejería de Justicia garantizan que los magistrados de guardia tendrán a su disposición un vehículo cuando resulte necesario para el ejercicio de su función jurisdiccional, para lo cual sólo tendrán que solicitarlo a la delegación provincial de la Consejería de Justicia, pero precisó que no habrá un coche las 24 horas esperando en las sedes judiciales. La medida ha causado indignación en los juzgados, porque además lleva aparejada la restricción en la utilización de taxis, dado que la Consejería ha ordenado que los desplazamientos se efectúen, siempre que sea posible, "en medios de transporte público colectivo", como el autobús.La Junta alega que con esta medida, que se ha aplicado en toda la comunidad autónoma, se pretende reducir gastos para las arcas públicas y señala que el año pasado el coste de la utilización de taxis en los juzgados andaluces ascendió a tres millones de euros. La Consejería alega que el principio de eficacia en la actividad de la Administración Pública "debe coligarse con la eficacia y economía en la aplicación de los fondos públicos, por lo que se hace necesario establecer unos criterios para el uso de los medios de transporte cuando se realicen actuaciones judiciales".
La retirada del coche oficial y la utilización del servicio de taxis se regula en la instrucción 2/2009 que la Consejería de Justicia emitió el pasado 29 de julio, aunque no ha sido hasta ahora, a la vuelta de las vacaciones de agosto, cuando se ha percibido con todo su alcance en los órganos judiciales.
La Junta subrayó ayer que, a partir de este momento, los desplazamientos de funcionarios de la Administración de Justicia se llevarán a cabo "en medios de transporte público colectivo, salvo autorización expresa de otro medio de transporte", en la forma que establece el real decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnización por razón del servicio. Justicia asegura que los taxis que se usen para servicios especiales serán autorizados -previo informe de las delegaciones provinciales- por la secretaría general técnica de la Consejería de Justicia, aunque aclara que determinadas actuaciones, como los levantamientos de cadáveres, no se verán afectados por la nueva regulación de estos servicios.En cualquier caso, la Junta asegura que las delegaciones provinciales de Justicia están al corriente de la nueva instrucción que regula los desplazamientos en la Administración de Justicia y aplican las normas para que, "de ninguna manera, el servicio público se vea mermado".

Volvemos tras las vacaciones: Carcaño será juzgado por un jurado popular

2009-09-02T17:25:00.003+02:00

El Juzgado de Instrucción Nº 4 de Sevilla ha acordado tramitar por el procedimiento de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado las diligencias incoadas a raíz de la desaparición y asesinato de la menor Marta del Castillo, ocurrida el pasado 24 de enero. Tanto el ministerio fiscal como la acusación particular habían solicitado la incoación del caso por el procedimiento de la Ley del Jurado.

La resolución por el Juzgado de Instrucción Nº 4, dictada con fecha 2 de septiembre de 2009, considera que “resulta evidente que los hechos que por ahora están sometidos al proceso pudieran ser constitutivos de sendos delitos consumados de asesinato del artículo 139, violación del artículo 179 y encubrimiento del artículo 451, todos del Código Penal, sin que sea el momento de concretar el grado de participación de los imputados”.

La resolución recuerda que “el artículo 1 de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, modificada por la Ley 8/1995, de 16 de noviembre, establece que es competencia del Tribunal del Jurado el enjuiciamiento del delito de asesinato (apartado 2.a) sin que contemple en su ámbito objetivo el delito de violación ni el de encubrimiento”.

“Sin embargo, el artículo 5 contempla supuestos en los que, por conexidad, la competencia del Tribunal del Jurado atrae a otros ilícitos que, en un principio, no debieran ser enjuiciados ante dicho Tribunal. Así, en su apartado 2 establece que la competencia del Tribunal del Jurado se extenderá al enjuiciamiento de los delitos conexos, siempre que la conexión tenga su origen en alguno de los siguientes supuestos: a) Que dos o más personas reunidas cometan simultáneamente los distintos delitos; b) Que dos o más personas cometan más de un delito en distintos lugares o tiempos si hubiera precedido concierto para ello; c) Que alguno de los delitos se haya cometido para perpetrar otros, facilitar su ejecución o procurar su impunidad”.

El Auto dictado por el Juzgado de Instrucción Nº 4 de Sevilla argumenta que “en la interpretación de este último apartado, la Sala 2ª del Tribunal Supremo, en sentencia nº 728/2009, de 26 de junio, considera que el precepto establece un claro criterio expansivo de la competencia del Tribunal de legos (“la competencia del Tribunal del Jurado se extenderá...”) y que proyecta esa expansión, como manifestación de una indudable `vis atractiva´ favorable a este procedimiento, a los delitos ‘en conexión’ con aquellos que inicialmente vienen ya atribuidos a esta clase de Tribunal (art. 1.2 LOTJ)”.

Sobre la base de esta interpretación y la que ya realizó esta misma Sala del Tribunal Supremo sobre la regulación del artículo 5.2 LOTC en la sentencia de 14 de abril de 2005, el Juzgado de Instrucción considera que “parece evidente que las vinculaciones existentes entre los diferentes delitos objeto de esta causa, que ya han sido apuntados, determinan la comprtencia del Tribunal del Jurado para su enjuiciamiento puesto que unos y otros ilícitos se encuentran en la especial relación instrumental, o de facilitación de su ejecución, o de favorecimiento de la posterior impunidad, contemplada por la norma”.

Siete secretarios y 65 funcionarios irán al nuevo servicio común de ejecutorias penales

2009-07-29T09:38:00.002+02:00

La Consejería de Justicia de la Junta no quiere que vuelvan a repetirse los errores del caso Mari Luz, que posibilitaron que el pederasta Santiago del Valle siguiera en libertad cuando murió la pequeña porque un juzgado de lo Penal de Sevilla no ejecutó una condena por abusar de su propia hija. Para tratar de evitar estos errores y agilizar el trámite de ejecución de las resoluciones, el departamento que dirige Begoña Álvarez pondrá en funcionamiento en Sevilla antes de que finalice el año una experiencia piloto que consiste en la creación de un nuevo servicio común de ejecutorias penales. Este servicio, que dará cobertura a los 13 órganos de lo Penal que hay actualmente en Sevilla y al número 14, que se creará en diciembre, se encargará de velar por el cumplimiento de las resoluciones judiciales que procedan de estos juzgados.

Para dar cobertura al nuevo servicio, la Consejería de Justicia va a organizar una unidad que contará con siete secretarios judiciales y 65 funcionarios procedentes de los juzgados de lo Penal, según informaron fuentes de la Consejería de Justicia. El servicio tendrá su sede en el edificio Noga, inaugurado en abril pasado en la avenida de la Buhaira y donde actualmente sólo se ubican los dos juzgados de lo Mercantil de Sevilla.

La nueva unidad, que supondrá además la antesala del nuevo modelo de oficina judicial cuya implantación en toda España se ha retrasado desde 2004, estará dirigida por un secretario judicial, del que dependerán otros secretarios que, a su vez, controlarán las distintas secciones de trabajo previstas para resolver de una manera eficaz la tramitación de las ejecutorias penales. Según Justicia, el servicio permitirá una nueva organización del trabajo con el que se pretende obtener "un mayor control de la ejecución de las sentencias mediante la homogeneización de las actuaciones".

Los 65 funcionarios que en un principio integrarán el servicio común de ejecutorias procederán de los 13 juzgados de Penal, lo que requerirá una reorganización de la actual plantilla con el objetivo de lograr una mayor racionalización y especialización del trabajo al constituirse equipos y secciones especializados en materias concretas.

Cada juzgado de lo Penal dispone ahora de un juez, un secretario y ocho funcionarios -dos del cuerpo de Gestión Procesal, cuatro de Tramitación y dos de Auxilio judicial-, pero cinco funcionarios de cada órgano pasarán a integrar el servicio común de ejecución de sentencias para optimizar el trabajo de estos órganos. Otros cinco funcionarios que saldrán de los órganos penales se destinarán como refuerzo en el servicio común de notificaciones y embargos, que presta servicio a todos los órganos que hay en Sevilla.

La mitad de los secretarios judiciales de los órganos penales -incluyendo el futuro número 14- también se integrarán en la nueva oficina. De acuerdo con esta distribución, el servicio común de ejecutorias tendrá siete secretarios y 65 funcionarios, mientras que cada uno de los juzgados penales quedará integrado por un juez, tres funcionarios y un secretario para cada dos órganos judiciales. Con esta experiencia piloto, que posteriormente se irá implantando de forma progresiva en el resto de provincias andaluzas, la Junta busca agilizar la "tramitación constante e informatizada de las sentencias pendientes de ejecutar". La unidad será eficaz para tramitar la ejecutorias y será el germen del cambio de modelo previsto para la oficina judicial. La idea trata de convertir un patrón caduco diseñado para la España rural del siglo XIX en un nuevo modelo marcado por la interconexión propia del siglo XXI, según explicaron las mismas fuentes.

El TSJA paraliza la construcción de la Biblioteca del Prado

2009-07-29T09:33:00.001+02:00

Los vecinos del número 9 de la calle Diego de Riaño lograron ayer su segunda victoria en el litigio que tienen abierto con la Universidad de Sevilla por la construcción de la Biblioteca Central de esta institución académica en el parque del Prado de San Sebastián. Después de anular la construcción del nuevo edificio académico en una sentencia dictada en junio pasado, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ordenado la paralización "inmediata" de las obras del proyecto diseñado por la arquitecta iraquí Zaha Hadid.

El auto dictado por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal andaluz con fecha 24 de julio acepta la ejecución provisional del fallo, que fue solicitada por los vecinos para que la construcción no continuase y se convirtiera en un "hecho consumado".

Los magistrados argumentan que el derecho a obtener la tutela judicial efectiva consagrado en la Constitución española comprende la ejecución de la sentencia, como expresión del ejercicio de la potestad jurisdiccional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.

La Hispalense alegó en su contestación a la petición de los vecinos, que el tribunal no podía paralizar las obras porque la sentencia en ningún momento se pronunció sobre este aspecto. Frente a este planteamiento, el auto recuerda que la sentencia anuló la calificación como equipamiento de uso educativo la zona donde se construye actualmente la biblioteca y también la determinación de la construcción de la misma en estos terrenos. Estas anulaciones, aclara la resolución, conllevan "no sólo la paralización de las obras sino la demolición de lo construido y la reposición de la franja del parque al estado anterior al comienzo de las obras, con independencia de que expresamente no se recojan las mencionadas actuaciones en la parte dispositiva de la sentencia", un argumento que cuenta con antecedentes en la jurisprudencia emanada del Tribunal Supremo.

El TSJA añade que la doctrina del Supremo considera que ante un supuesto de anulación, en la ejecución provisional de la misma se puede solicitar la paralización de las obras, su demolición y reposición al estado primitivo, por lo que tilda de "prudente" la petición de los vecinos de la comunidad de Diego de Riaño, que no solicitaron dicha demolición.

La Universidad de Sevilla, la Gerencia de Urbanismo y la Junta de Andalucía, las tres entidades afectadas por la sentencia, se opusieron a la ejecución de la resolución, al estimar que la paralización de las obras causaría graves perjuicios educativos y económico, y solicitaron de forma subsidiaria al tribunal que reclamara una garantía o caución a los vecinos de 6.109.920,15 euros, cantidad a la que ascienden los costes de paralización de las obras durante dos años.

El TSJA rechaza la posibilidad de imponer cualquier garantía o caución a los vecinos porque, insiste el auto, la comunidad de propietarios sólo ha solicitado la paralización de las obras hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie y resuelva los recursos de casación presentado contra la sentencia.

Los magistrados consideran "perfectamente atendible" el razonamiento de los vecinos, puesto que la sentencia dictada por la misma sala "goza de la presunción de acierta y veracidad y si no se paralizan las obras, cuyo proyecto de ejecución es de veinte meses y la construcción se ultima, en el supuesto de que el Supremo desestime los recursos de casación, la consumación de la construcción si que crearía una situación irreversible o en todo caso los perjuicios serían de dificilísima reparación".

El Alto Tribunal andaluz entiende que la paralización de la obra "no supone una situación irreversible ni causa perjuicios de difícil reparación", puesto que si el Supremo da la razón a la Universidad, la obra podrá continuar hasta su finalización.

La ejecución de la sentencia persigue "la protección de una zona verde históricamente conformada sin edificaciones que restrinjan o desvirtúen su carácter de espacio público y libre para todos", añade el auto, que tampoco considera que se perjudiquen los intereses educativos porque la Universidad cuenta con una Biblioteca General y cada centro universitario dispone de sus propias bibliotecas y espacios de estudio e investigación, "lo que determina que la construcción no reclame urgencia ni necesidad perentoria en su finalización".

El auto concluye que la paralización de las obras protege los intereses económicos que "sufrirían una inmensidad si la sentencia no se ejecuta provisionalmente en los términos interesados y posteriormente es confirmada por el Tribunal Supremo, pues la demolición produciría gravísimos daños con la pérdida de fondos públicos y gastos de reposición del orden urbanístico perturbado".

El tercer implicado por el crimen de la Feria queda libre tras pagar la fianza

2009-07-24T19:05:00.002+02:00

El tercer implicado en el crimen de la Feria, Martín S. B., abandonó ayer la prisión de Sevilla tras abonar los 6.000 euros de la fianza que le impuso la juez que investiga el homicidio del vecino de Gines Juan Fernando Martínez.La familia del joven hizo efectiva ayer la fianza, lo que permitió que Martín S. B. abandonara el centro penitenciario por la tarde.

El abogado Miguel Villegas, que representa a este tercer implicado en el caso, confirmó que el "sacrificio" de la familia ha hecho posible que el joven salga en libertad, aunque el letrado mantiene el recurso que presentó en su día contra la imposición de esta fianza y confía en que la Audiencia le dé la razón. El abogado había lamentado recientemente que siendo su cliente el que "menos responsabilidad en los hechos" puede reprochársele se le impusieran "mayores restricciones de sus derechos al exigírsele el pago de una fianza de la que no disponía". Martín S. B. permanecía en prisión provisional desde que fue detenido en la madrugada del 1 de mayo pasado por su presunta participación en el crimen.

La Policía le atribuye una posible "inducción" del homicidio de Juan Fernando Martínez, ya que algunos testigos declararon que vieron cómo este joven pedía a otro de los implicados, Juan Antonio L. V., que "sacara el cuchillo" si regresaba el grupo de amigos de la víctima, con los que habían discutido por el robo de una chaqueta.En una primera declaración ante la Policía, Martín S. B. reconoció haber pronunciado la frase, pero en el juzgado defendió que sólo había pedido a su amigo que sacara "una piedra o una botella" en el caso de que volvieran los jóvenes con los que discutieron.La defensa cree que el delito que se le imputa es atípico, por cuanto la Policía asegura que fue un tercer implicado, Jesús E. C., quien asestó el golpe a la víctima con el cuchillo jamonero, por lo que en ese supuesto Martín S. B. sólo podría ser considerado como inductor de un delito de amenazas, y esta posibilidad no está contemplada en el Código Penal.En un primer momento, la Policía detuvo a Juan Antonio L. V. como presunto autor material de la puñalada, pero varias semanas después remitió un nuevo informe en el que puso de manifiesto que Jesús E. C. confesó a seis personas que fue él quien apuñaló al joven.

La juez de Instrucción número 13 de Sevilla decidió la puesta en libertad de los tres jóvenes, previo abono de una fianza de 6.000 euros a cada uno, al considerar que la instrucción del caso estaba finalizada y al no poder determinar una autoría concreta de la agresión. La Fiscalía no se opuso a la excarcelación de los tres jóvenes, aunque la familia de la víctima, que se ha personado en la causa, ha recurrido la decisión de dejarles en libertad.

Justicia analiza el futuro servicio común de ejecución penal

2009-07-21T19:31:00.002+02:00

La Consejería de Justicia y Administración Pública y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han celebrado esta tarde en Sevilla una nueva reunión de la Comisión Mixta, creada esta legislatura como órgano de coordinación entre ambas instituciones para avanzar en la mejora de la calidad de los servicios prestados a la ciudadanía por la Administración de Justicia en la comunidad. En este encuentro se han analizado, entre otras cuestiones, las unidades de apoyo técnico a las salas de lo Contencioso- Administrativo, el servicio común de ejecutorias que entrará en funcionamiento en Sevilla de forma pionera o el desarrollo del sistema informático Lexnet. A través de la Comisión Mixta, coopresidida por la consejera de Justicia y Administración Pública, Begoña Álvarez, y por el presidente del TSJA, Augusto Méndez deLugo, se mantiene un mecanismo periódico de estudio y debate para impulsar conjuntamente mejoras en el servicio de la Administración de Justicia en la comunidad autónoma.
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El terrorista de ETA que hay en Sevilla-I comparte módulo con un Grapo que secuestró a Publio Cordón

2009-07-21T09:53:00.001+02:00

El terrorista de ETA Gorka Martínez Ahedo, miembro del Comando Vizcaya y que desde finales de junio está interno en la prisión de Sevilla-I, comparte módulo con el histórico preso de los Grapo Enrique Cuadra Echeandía, condenado por el secuestro de Publio Cordón.

Gorka Martínez Ahedo, que fue trasladado desde la prisión de Zuera (Zaragoza), cumple 61 años por tres condenas de asesinato y colaboración en varios atentados. De 39 años, el terrorista fue detenido en 1997 en Orleans (Francia) y fue extraditado a España en 2002. Ese mismo año, la Audiencia Nacional le condenó a 32 años de prisión como cooperador necesario en el asesinato a tiros del guardia civil Benigno Villalobos, cometido en 1994.

Pero su historial dentro de la banda abarca otras acciones violentas. En 1993 ingresó en el talde Manguis, dependiente del comando Vizcaya, y colaboró en diversas actuaciones, como el atentado contra el sargento de la Ertzaintza Joseba Goikoetxea, los asesinatos del policía José Santana Ramos, en 1994, y otros atentados frustrados contra el ex consejero de Interior del Gobierno vasco Juan María Atutxa.

El etarra Gorka Martínez protagonizó en 2003 una huelga de hambre en la prisión de Valdemoro y en 2004, cuando fue juzgado en la Audiencia Nacional por el asesinato del guardia civil Benigno Villalobos, protagonizó un altercado ante el tribunal, llegando a destrozar "con suma violencia" el altavoz de la sala de seguridad en la que comparecen los terroristas e intentando arrancar los bancos atornillados al suelo, según recoge la sentencia. Por este motivo, se dedujo testimonio de la actuación del terrorista por si los hechos podrían constituir un delito de daños y perturbación grave del orden público en la audiencia de un tribunal. El comportamiento del etarra motivó que fuese expulsado de la Sala, con lo que evitó la denominada "pena de banquillo", aunque volvió a entrar para el último trámite del juicio, el derecho a última palabra. Gorka Martínez acusó entonces al fiscal de utilizar el Código Penal contra él "como un dogma para la venganza" y se refirió a los miembros de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) como a una "caterva de fascistas".

En el centro penitenciario de Sevilla-I, donde se encuentra desde finales de junio, el preso de ETA Gorka Martínez Ahedo -que está clasificado en primer grado, el que se aplica a reclusos con una peligrosidad extrema o inadaptados- comparte módulo con el histórico miembro de los Grapo Enrique Cuadra Echeandía, que fue condenado en 1998 a 27 años de prisión por el secuestro del empresario aragonés Publio Cordón. El interno de los Grapo está considerado como el responsable del comando, la persona que recibió la orden de ejecutar el secuestro de una persona adinerada para recaudar fondos para la banda.

Enrique Cuadra fue el encargado de las labores de vigilancia del empresario y de la posterior negociación con su familia, junto a otros miembros de la banda que también fueron condenados por los mismos hechos. El secuestro se llevó a cabo el 27 de junio de 1995, cuando Fernando Silva Sande, José Ortín y Enrique Cuadra abordaron a la víctima mientras practicaba footing en compañía de sus perros.

El preso de los Grapo Enrique Cuadra se desplazó hasta París para reunirse con la hija del empresario, que les hizo entrega de 400 millones de pesetas a cambio de la liberación de Publio Cordón, pero ésta no se produjo.

Un jurado popular o un tribunal profesional para el caso Marta

2009-07-14T09:41:00.001+02:00

Un jurado popular o un tribunal de jueces profesionales. Ésta es una de las principales decisiones que debe tomar el juez Francisco de Asís Molina, que investiga el asesinato de Marta del Castillo, y que puede verse afectada por la reciente sentencia del Tribunal Supremo que ha declarado la competencia del jurado popular para enjuiciar el doble asesinato y violación de dos policías en prácticas en L'Hospitalet de Llobregat.

El Alto Tribunal decidió anular la condena de 83 años impuesta por la Audiencia de Barcelona a Pedro Jiménez García, al entender que aunque fue acusado de varios delitos debió ser enjuiciado ante un jurado popular ante la "conexión" de dichos delitos.

La resolución del Supremo analizó el artículo 5 de la Ley orgánica del Tribunal del Jurado, que establece que la competencia de este órgano se extiende al enjuiciamiento de los delitos conexos, siempre que esta conexión tenga su origen, por ejemplo, en que algunos de los delitos se haya cometido para "perpetrar otros, facilitar su ejecución o procurar su impunidad". Los magistrados analizan el caso de Pedro Jiménez García y señalan que el primer delito que cometió, el allanamiento de morada -por introducirse en la vivienda de las policías en prácticas-, corresponde su enjuiciamiento a un jurado popular. La agresión sexual a las agentes, señala el tribunal, se produjo como consecuencia del allanamiento o, al menos, la ejecución del delito se vio "claramente facilitada" por la entrada del sospechoso en el domicilio de las víctimas.

El tribunal entiende que lo mismo puede decirse del robo de una tarjeta de crédito y de las llaves del vehículo de una de las víctimas, así como de la profanación de uno de los cuerpos y del incendio que provocó posteriormente para destruir huellas y vestigios de los crímenes.

El Supremo concluyó que todos estos delitos podrían encuadrarse como hechos conexos y, por tanto, la competencia para juzgar todos los delitos corresponde al jurado popular, "por la vinculación existente entre ellos". Los magistrados reconocen las "enojosas consecuencias" que la anulación del proceso tiene para los familiares de las víctimas, pero recuerda que el Supremo debe de velar por la tutela de los derechos fundamentales del recurrente que, en este caso, se circunscriben al derecho a ser juzgado por el tribunal predeterminado por el legislador.

Tras la publicación de esta sentencia, el juez instructor del caso Marta se ha planteado la posibilidad de tramitar el caso como un procedimiento ante el jurado popular o ante los jueces profesionales de la Audiencia de Sevilla.

El juez debe valorar, en primer lugar, que estamos ante una única sentencia del Tribunal Supremo que cambia el criterio que hasta ahora se había mantenido, pero para que se considere como jurisprudencia son necesarias, al menos, dos resoluciones del Alto Tribunal en el mismo sentido, algo que de momento no se ha producido, según confirmaron fuentes jurídicas. Se trata además de una sentencia de una sala que no procede de un acuerdo del Pleno.

El magistrado también debe analizar los delitos que pueden atribuirse presuntamente no sólo al principal imputado, Miguel Carcaño, sino al resto de implicados en el caso. Tras la última declaración de Carcaño, este joven podría ser acusado de delitos de violación y asesinato, los mismos que la Fiscalía de Menores ha imputado ya al menor de 15 años implicado en los hechos.

Si Miguel Carcaño no hubiese incluido el cargo de agresión sexual, la causa sería sin duda competencia del jurado popular, ya que este tribunal tiene entre sus competencias el enjuiciamiento de los delitos de homicidio y asesinato. Con la ampliación de la imputación a la violación, el caso podría ser enjuiciado por un tribunal profesional de no ser por la sentencia del Supremo mencionada que, en un supuesto con delitos similares, ha declarado que el acusado debe ser juzgado por un jurado. De hecho, siguiendo la doctrina que marca la nueva resolución del Supremo, podría concluirse que el asesinato pudo perpetrarse para ocultar la violación, con lo que ambos delitos tendrían la conexión necesaria para trasladar el juicio al jurado.

La cuestión se complica, aún más, porque en el caso que investiga el juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla hay otros tres imputados: Javier Delgado, hermano de Miguel Carcaño, su novia, María García, y Samuel Benítez Pérez. Aunque la Fiscalía no ha hecho, por el momento una imputación formal contra estos acusados, la atribución inicial de delitos iba desde el homicidio a la detención ilegal pasando por el delito de encubrimiento.

Ante esta variedad de delitos, el juez deberá ponderar si el asesinato de Marta del Castillo lleva a los imputados con los otros delitos hacia un jurado o, por el contrario, delitos como la detención ilegal o el encubrimiento trasladan el caso al tribunal profesional.

En cualquier caso, la elección del tipo de tribunal no tiene por qué influir a priori en el desarrollo del proceso, aunque los jurados populares siempre se han mostrado muy duros en sus veredictos, hasta el punto de que más del 90% de los casos que llegan a estos tribunales acaban en la condena de las personas acusadas. Un tribunal compuesto por magistrados podría beneficiar a los otros imputados a la hora de examinar los indicios y las circunstancias que rodean los delitos cuya autoría se les imputan.

En Estados Unidos, donde la institución del jurado está implantada de forma generalizada para todos los procedimientos -no como en España que sólo se reserva esta figura para una docena de delitos-, el sistema funciona con absoluta normalidad.

La Fiscalía de Sevilla no se ha pronunciado toda sobre qué tipo de tribunal debe enjuiciar la desaparición y asesinato de Marta del Castillo, aunque lo hará la próxima semana, antes de que cumpla el plazo que ha dado el juez a las partes consultándoles el procedimiento que debe seguirse.

Los abogados defensores de los otros implicados no se han pronunciado sobre el modelo de enjuiciamiento, al estimar que debe ser el magistrado instructor el que decida cómo debe tramitarse el procedimiento.

De forma paralela a esta causa se tramita en el juzgado de Menores el expediente de reforma abierto al quinto imputado, el menor de 15 años a quien Miguel Carcaño acusó en su última declaración de ser el autor material de la muerte de Marta, al haberla estrangulado supuestamente con un cable de alargadera. El joven ha pedido recientemente que se le ponga en libertad del centro donde está internado desde mediados de febrero pasado, cuando fue detenido.

El juez rechaza que se investiguen las llamadas del padre de Marta

2009-07-13T09:28:00.000+02:00

El juez de Instrucción número 4 de Sevilla, Francisco de Asís Molina, ha rechazado que se investiguen las llamadas y mensajes que realizó Antonio del Castillo, padre de Marta, la noche del 24 de enero, cuando se produjo el crimen.

La defensa del hermano del principal imputado, Miguel Carcaño, había pedido al juez que se requiriera las compañías telefónicas para que aportaran el listado de llamadas realizadas y recibidas, los mensajes SMS y la localización de los teléfonos móviles de Antonio del Castillo a través de las antenas repetidoras. La finalidad de esta petición, según la defensa, no era otra que la de contrastar las horas en la que se efectuaron las llamadas y desde dónde se hicieron.

El juez ha emitido un auto en el que rechaza la posibilidad de requerir el listado de llamadas entre las 20:00 del 24 de enero y las cinco de la madrugada del día siguiente "ante su falta de idoneidad e instrumentalidad para esclarecer los hechos objetos de este proceso", por lo que el magistrado concluye que solicitar esa información supondría una "desproporcionada intromisión en derechos fundamentales" del padre de Marta del Castillo.

En la misma resolución, el juez también se opone, por idénticos motivos, a que se aporten los listados de llamadas, los mensajes y la localización a través de las antenas repetidoras de uno de los testigos del caso, en concreto del vecino de Miguel Carcaño que aseguró que vio a este joven empujando una silla de ruedas en las inmediaciones de su domicilio de la calle León XIII.

Este testigo aseguró en una primera declaración ante la Policía que fue a la una de la madrugada del día 25 cuando vio al joven manipulando la silla de ruedas, pero en una segunda declaración desplazó a la una y media el momento en que se cruzó con el principal implicado. Para corroborar su testimonio, el testigo explicó que esa noche, sobre la 01:15, había enviado un mensaje de texto desde su teléfono móvil. Sin embargo, el SMS no consta en las actuaciones judiciales, según explicaron fuentes del caso, que añadieron que por ese motivo se solicitó el listado de llamadas y mensajes.

La versión del testigo entra en contradicción con otro hecho constatado en la causa y es que a la 01:37 la madre de Marta, Eva Casanueva, estuvo hablando con Miguel Carcaño y la localización de las antenas repetidoras demuestran que a esa hora el móvil del presunto asesino fue captado por el repetidor de Camas, lo que corroboraría que el joven se hallaba en esta localidad.

De esta forma, la afirmación del testigo de que vio a Miguel a la 01:30 en el piso de León XIII presenta una evidente contradicción, ya que si contestó a la llamada de la madre de Marta desde Camas prácticamente no habría tenido tiempo de desplazarse en tan poco tiempo -siete minutos- hasta el piso de la calle León XIII para coincidir con el momento en que el testigo asegura que le vio con la silla de ruedas.

El juez sí ha ordenado al Grupo de Menores (Grume) para que informe de las llamadas y mensajes realizados por el testigo entre las 20:30 y las 21:20 del día 24 de enero, y entre la 01:15 y las 02:00 del día 25, aunque se opone a que se solicite a las compañías telefónicas la localización del móvil a través de las antenas repetidoras.

La Fiscalía de Sevilla se había opuesto a la petición de la defensa de Javier Delgado que se investigaran las llamadas, mensajes y la localización de los móviles tanto del padre de Marta como de este testigo, postura que ahora ha avalado el juez con su resolución. La defensa ha anunciado que no va a recurrir el auto del juez.

Carcaño se somete a la prueba psicológica en los juzgados

2009-07-10T16:24:00.002+02:00

El presunto asesino de Marta del Castillo, Miguel Carcaño -en la imagen custodiado por la Guardia Civil-, compareció hoy de nuevo en los juzgados de Sevilla para someterse a la prueba psicológica ordenada por el juez que instruye el caso. El análisis mental del joven fue solicitado por su abogada defensora, después de que el joven intentara quitarse la vida en la prisión de Morón de la Frontera el pasado 26 de marzo.

La Fiscalía atribuye delitos de violación y asesinato al menor de 15 años implicado en el caso Marta

2009-07-07T09:15:00.001+02:00

La Fiscalía de Menores de Sevilla ha atribuido delitos de asesinato y violación al menor de 15 años que está implicado en la desaparición de Marta del Castillo y que ha vuelto a negar su participación en los hechos en una nueva declaración. Hasta ahora y de acuerdo con la instrucción practicada, podría considerarse que la conducta del menor estaba más próxima del encubrimiento que de su presunta participación en la muerte de Marta.

La tercera comparecencia del menor ante el Ministerio Público tuvo lugar el pasado 30 de junio y, al comienzo de la declaración, la fiscal puso en conocimiento del joven los hechos que se le imputaban y que constituyen los delitos mencionados. El relato de la Fiscalía, siguiendo la última declaración del principal imputado, Miguel Carcaño, recoge que este joven, el menor y Marta, coincidieron sobre las 20:30 horas del 24 de enero en el piso de la calle León XIII, donde los dos imputados estuvieron ingiriendo alcohol. En un momento dado y, después de intentar besar a Marta, Miguel Carcaño golpeó a la adolescente, a lo que se unió el menor de 15 años.

A continuación, según la imputación formulada por la Fiscalía de Menores, llevaron a Marta hasta el dormitorio, donde la inmovilizaron y le colocaron un calcetín en la boca para que no gritara, y ambos abusaron de ella. Después la maniataron y el menor la estranguló con un cable de alargadera, y a continuación ambos se marcharon de la vivienda. Según la imputación de la fiscal, los dos jóvenes regresaron a la vivienda a una hora no determinada y se deshicieron del cuerpo en un lugar desconocido.

Tras oír esta imputación, el menor, que estuvo acompañado en la declaración por su madre, negó cualquier implicación en los hechos y aseguró que el día del crimen ni siquiera estuvo en el piso de León XIII. El adolescente insistió en que los agentes del Grupo de Menores (Grume) le presionaron, al contarle lo que habían declarado los otros implicados, entre ellos Miguel Carcaño, y respecto a los detalles que ofreció sobre cómo se deshicieron del cuerpo, el menor dijo que lo hizo para dar mayor verosimilitud a su relato.

Sobre la supuesta inducción policial, el menor contó incluso que cuando llegó al puente de Camas desde el que presuntamente tiraron el cuerpo le dijo a la Policía que ése no era el lugar, pero al final acabó reconociéndolo porque era el escenario que habían señalado los otros implicados.

En cuanto a la noche del crimen, el adolescente reiteró que, aunque tenía previsto ir a casa de Samuel Benítez, otro de los implicados que sigue en prisión y al que había llamado desde una cabina, al final decidió irse a su casa. En el camino se encontró con unos amigos del instituto, con los que estuvo tomando algunas bebidas. Según el joven, quedó en verse con Samuel a las cinco de la madrugada, pero al final se quedó dormido y no acudió a la cita.

El joven sí reconoció que al día siguiente del crimen, el domingo 25 de enero, estuvo en el piso de León XIII, donde vio a la novia del hermano de Miguel Carcaño y a un amigo de ésta. El menor también explicó, respecto a los restos de su ADN hallados en el domicilio de Miguel, que había acudido con mucha frecuencia al piso antes de que Carcaño se fuese a vivir con la familia de Camas.

Prisiones gestiona 400 trabajos en beneficio de la comunidad al mes en Sevilla

2009-07-06T09:22:00.001+02:00

Instituciones Penitenciarias gestiona al mes en Sevilla 400 casos de trabajos en beneficio de la comunidad, una medida que se impone de forma alternativa a las penas de prisión y que en los últimos tiempos se ha disparado como consecuencia de las reformas legales que han endurecido determinadas conductas relacionadas con los delitos contra la seguridad vial o la violencia de género.

Cada mes se tramitan unas 700 citas de personas a las que se ofrece la realización de una actividad para cumplir su pena de trabajo comunitario en el Centro de Inserción Social (CIS) Luis Jiménez de Asúa, que se ubica junto a la prisión de Sevilla-I. En la actualidad unas 240 personas están realizando estos trabajos sociales, aunque en los próximos meses la cifra experimentará un considerable incremento debido al aumento de los casos que llegan al CIS.

Las estadísticas de la Sección de Vigilancia Penitenciaria de la Fiscalía hispalense muestran que, tan sólo el pasado mes de abril, los juzgados de Sevilla impusieron 411 medidas de trabajos comunitarios, lo que supone una media de casi 14 al día. Se trata de condenas dictadas por los juzgados que llegan a los servicios sociales penitenciarios para que se inicie el cumplimiento de la medida acordada por el magistrado. Si se proyectan estos datos hasta final de año, Instituciones Penitenciarias cerrará 2009 con la gestión de casi 5.000 trabajos en beneficio de la comunidad en Sevilla.

De los 411 casos registrados en este período, 387 son medidas acordadas a personas que han sido condenadas por delitos contra la seguridad vial, como conducir con una tasa de alcohol superior a la legalmente permitida, hacerlo a una velocidad excesiva o conducir sin carné, hechos estos últimos que desde mayo de 2008 se castigan con penas de entre tres y seis meses de prisión y la realización de trabajos comunitarios de 31 a 90 días.

Los 387 casos de trabajos en beneficio de la comunidad derivados de un delito contra la seguridad vial representan el 94,16% del total de medidas impuestas en el mes de abril. Le siguen, a una distancia muy lejana, las 12 medidas con las que han sido condenadas personas acusadas de hechos relacionados con la violencia de género, mientras que los 12 casos restantes corresponde a otros delitos.

La fiscal de Vigilancia Penitenciaria Isabel Vázquez subrayó que la Fiscalía hispalense está "muy satisfecha" por la dinámica de cumplimiento de los trabajos en beneficio de la comunidad, ya que, desde la inauguración del Centro de Inserción Social Luis Jiménez de Asúa -ubicado en las proximidades del centro penitenciario de Sevilla-I-, se ha "reducido considerablemente el tiempo de inicio de cumplimiento".

La fiscal Isabel Vázquez reconoció que al bajar el período de inicio de los trabajos se contribuye a lograr una "eficacia real" de la sanción, puesto que "no es lo mismo que la pena se cumpla de forma casi inmediata a que transcurra cierto tiempo".

La fiscal explicó que, en la actualidad, los trabajos comunitarios se desarrollan principalmente en servicios como Protección Civil, limpieza de jardines, o con trabajos de almacenaje en el Banco de Alimentos de Sevilla, una de las primeras entidades en colaborar con Instituciones Penitenciarias y que ha arrojado una experiencia bastante positiva. También se llevan a cabo trabajos medioambientales y de mantenimiento para los Ayuntamientos de la provincia; en labores administrativas en los servicios sociales, y en asociaciones relacionadas con la seguridad vial.

Isabel Vázquez subrayó que, en todo caso y dado que la inmensa mayoría de los trabajos comunitarios guardan relación con los delitos al volante, sería "deseable" que estas penas se cumplieran, por ejemplo, ayudando a víctimas de accidentes de tráfico en los centros de traumatología.

La dirección general de Instituciones Penitenciarias trabaja en la actualidad en la implantación de programas específicos de educación vial que, según Isabel Vázquez, ya están en marcha, aunque de momento no hay una fecha concreta para el inicio de estos cursos en Sevilla.

La Junta retira los refuerzos de los juzgados penales y CSIF denuncia que el colapso absoluto continúa

2009-07-02T09:28:00.002+02:00

La Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía ha retirado los refuerzos de funcionarios que fueron enviados a los juzgados de lo Penal de Sevilla tras el escándalo que supuso el retraso en la tramitación de la ejecutoria de una condena por abusos sexuales impuesta al pederasta Santiago del Valle, presunto asesino de Mari Luz Cortés.

El sindicato CSIF explicó ayer que de los 12 funcionarios que fueron enviados a mediados del año pasado a los juzgados de lo Penal de Sevilla, como una medida para combatir la situación de sobrecarga de estos órganos, tan sólo se ha autorizado que continúen en sus puestos tres empleados. Estos tres funcionarios están destinados en los juzgados de lo Penal número 1 -donde se destapó el escándalo que terminó con la sanción al juez Rafael Tirado y a la secretaria Juana Gálvez-, el cuatro y el cinco.

Entre los funcionarios, la decisión de la Consejería de Justicia ha causado cierta sorpresa porque, según explicó el responsable del CSIF, Miguel Ángel Ramos, se ha hecho "en el periodo más delicado", cuando una parte de los trabajadores han iniciado sus vacaciones, con lo que la ausencia de los refuerzos se hace más patente. "La situación de atasco y el colapso absoluto de estos órganos judiciales no ha cambiado", aseguró Miguel Ángel Ramos, que subrayó que los funcionarios de Justicia tienen actualmente incluso más trabajo que antes como consecuencia de las nuevas medidas adoptadas por el Ministerio, como la creación del registro de medidas cautelares, requisitorias y sentencias no firmes.

Este registro, que se creó precisamente para tratar de paliar parte de los errores que se produjeron en la tramitación de la causa ejecutoria de Santiago del Valle, ofrece información sobre la existencia de órdenes en vigor de busca y captura o de detención y puesta a disposición, así como la peligrosidad del sujeto. Pero para que el registro sea eficaz, los funcionarios tienen que actualizar millares de causas que están actualmente en trámite.

El responsable del CSIF insistió en que, ante esta situación, los refuerzos que en su día acordó la Junta deben mantenerse porque el colapso continúa. "Podríamos entender la retirada de los refuerzos si hubiese empezado a funcionar el servicio común de ejecución de sentencias que la Consejería de Justicia tiene previsto poner en marcha, pero muchos nos tememos que este servicio no se creará antes de que acabe el año", precisó Ramos.

Fuentes de la Consejería de Justicia explicaron ayer que la medida de refuerzo consistía en una solución provisional, pero no puede representar un aumento de la plantilla destinada en estos órganos judiciales.

En libertad bajo fianza de 6.000 euros los tres implicados en el crimen de la Feria

2009-07-01T15:51:00.001+02:00

La juez que investiga el homicidio del vecino de Gines Juan Fernando Martínez Sánchez, que recibió una puñalada en el corazón la madrugada del pasado 1 de mayo en el recinto de la Feria, ha decretado la puesta en libertad, bajo fianza de 6.000 euros, de los tres jóvenes detenidos en relación con el crimen, del que hoy se cumplen dos meses.

La decisión de la titular del juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla se produce después de que la Fiscalía presentara un escrito en el que no se oponía a la excarcelación de los tres jóvenes, siempre y cuando se les impusiera una fianza personal cuya cuantía no precisó. Por el momento, ninguno de los tres imputados ha abandonado la cárcel, aunque sus familias están tratando de reunir el dinero para hacer frente al pago, lo que les permitiría salir del centro penitenciario desde el mismo momento en que se haga efectivo el pago y tenga conocimiento el juzgado que tramita la causa.

En la decisión del Ministerio Público de no rechazar la excarcelación, según fuentes del caso consultadas, ha influido el hecho de que la prisión provisional es una medida de carácter excepcional y la instrucción del caso está prácticamente finalizada. A juicio de la Fiscalía no hay, por tanto, riesgo de que los imputados puedan destruir pruebas si salen de prisión. De la misma manera, la Fiscalía considera que no existe riesgo de fuga de los jóvenes, por lo que no se opuso a la libertad bajo fianza.

Las mismas fuentes precisaron que, en la petición del Ministerio Público y en la decisión ahora de la juez, también se ha tenido en cuenta la incertidumbre generada en cuanto a la autoría material de la puñalada mortal, puesto que, en un primer momento, la Policía detuvo a Juan Antonio L. V., de 21 años, como el presunto homicida y, varias semanas después, elaboró un informe en el atribuyó el crimen a Jesús E. C., de 22, un tercer joven que estaba en libertad tras haber sido imputado por un delito de riña tumultaria.

Ante la ausencia de una certeza absoluta sobre quién asestó la puñalada con el cuchillo jamonero sustraído en una caseta de la Feria, la Fiscalía hispalense habría aplicado el viejo aforismo jurídico que considera más adecuado que haya 100 culpables que estén en libertad a un inocente en prisión, según las mismas fuentes.

El segundo informe elaborado por el grupo de Homicidios de la Policía concluyó que Jesús E. C. confesó a seis personas que fue él quien apuñaló a la víctima. El atestado policial recoge que la madrugada del pasado 1 de mayo Juan Antonio L. V., Jesús E. C., y el tercer implicado, Martín S. B. se hallaban en la parte trasera de una caseta de Feria cuando se produjo la discusión con Juan Fernando Martínez por el intento de robo de una chaqueta.

Según la Policía, el arma homicida, el cuchillo jamonero, lo había escondido Jesús E. C., quien durante la discusión habría asestado a la víctima un "refilonazo", expresión que uno de los testigos asegura que empleó Jesús para referirse a la agresión.

Los investigadores también sostiene que Jesús confesó a otro testigo que intervino en la pelea para defender a su amigo Martín S. B., y que después se deshizo arrojándolos al río del mango del cuchillo -que se había roto en la acción- y de un polo blanco que estaba manchado de sangre en el cuello.

La abogada Alicia Suárez, que defiende a Jesús E. C., consideró ayer "coherente" que la juez haya autorizado la libertad de su cliente, ya que, según dijo, "no hay ninguna prueba de que él cometiera el crimen". La letrada restó credibilidad a las declaraciones de los testigos que le imputan el crimen porque, en su opinión, casi todos los testimonios proceden de amigos de los otros dos imputados.

Miguel y Samuel se deshicieron del cuerpo de Marta "bien entrada" la madrugada del día 25 de enero

2009-07-01T15:47:00.003+02:00

El magistrado Francisco de Asís Molina, que instruye la causa por la desaparición y asesinato de Marta del Castillo, cree que Miguel Carcaño y su amigo Samuel Benítez se deshicieron del cuerpo más allá de las dos de la madrugada del pasado 25 de enero y no cuatro horas antes, como aseguró en su última declaración el presunto asesino.

El titular del juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla dictó ayer un auto en el que rechazó la puesta en libertad de Samuel Benítez, que había sido solicitada por su defensa al estimar que nueve testigos habían ofrecido una coartada sobre los movimientos que realizó este joven la tarde en que ocurrieron los hechos. Para argumentar que los indicios de criminalidad contra Samuel "permanecen incólumes", el magistrado analiza las declaraciones que han prestado los propios imputados y los testigos, y llega a la conclusión de que Samuel dijo "parte de verdad" en la comparecencia ante la Policía, donde situó su colaboración "bien entrada" la madrugada del 25 de enero.

El instructor reflexiona que, aunque no se puede "conocer con exactitud" a qué hora fue sacado del domicilio de León XIII el cuerpo de la menor, lo que sí se puede "descartar de raíz" que es fuera a la hora que afirmó Miguel Carcaño en su última declaración y que, a juicio del instructor, sólo busca la exculpación de su hermano, Javier Delgado, y de la novia de éste, María García. "Ni tan siquiera el hecho de que unos testigos vieran a Miguel Carcaño con una silla de ruedas en el portal o pasillo de entrega de dicho inmueble en torno a la 01:30 horas de aquella madrugada, y el hecho de que sobre las 02:00 horas otro testigo viera a dos varones que se cubrían con las capuchas de sus sudaderas empujando una silla de ruedas con lo que a simple vista parecía una alfombra, moqueta u otro objeto similar colocado transversalmente sobre sus reposabrazos, puede llevarnos a la certeza de que lo sacaran a esa hora (en torno a las 2:00 horas) y no después", asevera la resolución judicial.

Frente a la petición de libertad realizada por la defensa, que se fundamenta en la última declaración de Miguel Carcaño -en la que exculpa directamente a Samuel- y en el testimonio de los testigos y de los posicionamientos de las antenas de telefonía móvil que avalan que este joven estuvo en Montequinto hasta las 2:15, el juez antepone sobre todo la propia declaración de Samuel, que ofrece "varias claves" sobre su participación en los hechos.

Dice el juez que todos los imputados manejan varias líneas de teléfonos móviles -algunas hoy "desconocidas" para los investigadores- y que después de matar a Marta "se encargaron de hacer desaparecer su cuerpo y de proporcionarse premeditamente cuantas coartadas tuvieron a su alcance para evitar ser descubiertos".

En cuanto a la confesión inicial, el auto señala que "no es sensato pensar que una persona que nada tuvo que ver en la desaparición de la víctima se autoinculpe admitiendo que colaboró para sacar su cuerpo" y añade que su cambio de declaración, retractándose por unas supuestas amenazas de la Policía, no tiene sentido. Para el magistrado las alegaciones del inculpado son "peregrinas" y constituyen "meras ocurrencias" tras conocer que los otros imputados habían ofrecido un horario diferente sobre el momento en que se deshicieron del cuerpo. El juez cree que a Samuel, conociendo que tenía coartada para las horas que ofrecieron sus amigos, no le fue difícil cambiar su declaración para "situarse como espectador de lo acontencido".

Miguel Carcaño se someterá a un examen psiquiátrico

2009-06-27T18:37:00.000+02:00

El juez que investiga el asesinato de Marta del Castillo ha autorizado que se realice un informe psiquiátrico a Miguel Carcaño, el principal imputado por el crimen, para determinar si padece algún tipo de trastorno mental o anomalía psíquica. La realización de este informe fue solicitada por la abogada Paloma Pérez Sendino, que representa al presunto asesino, después de que el joven intentara suicidarse en el centro penitenciario de Morón de la Frontera, donde está recluido desde mediados de febrero pasado tras haber confesado que mató a la menor.
El titular del juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla, Francisco de Asís Molina, ha librado un oficio a la clínica forense de los juzgados para que dos médicos forenses examinen a Miguel Carcaño y hagan los oportunos tests.
A través de las pruebas a las que será sometido el joven se intentará averiguar la personalidad del presunto asesino, si su carácter es influenciable, su coeficiente intelectual y, sobre todo, se tratará de averiguar si tiene algún tipo de trastorno mental. Miguel Carcaño ingresó en prisión el 16 de febrero y un mes después cambió su versión inicial de los hechos, autoinculpándose además de haber violado a Marta en compañía del menor de 15 años, a quien atribuyó la autoría material del crimen.
Una semana después de esta nueva declaración, en concreto el 26 de marzo, Miguel Carcaño, que desde su encarcelamiento está sometido al protocolo de prevención de suicidios y está acompañado de forma permanente por un preso de confianza, intentó quitarse la vida colgándose con un cordón del chándal. La rápida intervención de los internos y funcionarios de la prisión evitó el suicidio, aunque algunas fuentes cuestionaron la intención de su acción y estimaron que pretendía llamar la atención.En el supuesto de que los forenses concluyan ahora que Miguel Carcaño padece algún tipo de alteración psicológica, su defensa podría esgrimir este elemento para tratar de lograr que se le aprecie una circunstancia atenuante en su conducta, lo que determinaría una posible reducción de la pena que pudiera imponérsele en el juicio.
En una de las últimas resoluciones dictadas en torno al caso, el instructor atribuye a Miguel Carcaño el hecho de que, cinco meses después de la desaparición de Marta, su cuerpo continúe sin ser hallado. El principal imputado "tuvo desde el inicio de la instrucción la firme intención de evitar que encontrásemos el cuerpo de su víctima, como también la tuvieron los restante imputados que colaboraron para hacerlo desaparecer", explicó el juez en el auto que denegó la nulidad de las grabaciones que mantuvieron los abogados con sus clientes en la cárcel.De otro ladro, el instructor de la causa ha desestimado la petición de la defensa de Javier Delgado, el hermano de Miguel Carcaño, para que se levante el embargo decretado para garantizar las posibles indemnizaciones para los familiares de la víctima.
El juez fijó una fianza de 250.000 euros para los cuatro imputados, pero como Samuel Benítez y María García, la novia de Javier, han sido declaradas insolventes, sólo se procedió a embargar la parte del piso que Javier Delgado comparte con su ex esposa, un vehículo y la posible indemnización que pudiera corresponderle por haber sido despedido de su trabajo como vigilante de seguridad durante el tiempo que estuvo en prisión.El magistrado también deberá pronunciarse en los próximos días sobre la petición de libertad que ha efectuado Samuel Benítez Pérez, amigo de Miguel y que está imputado por ayudarle presuntamente a deshacerse del cadáver de la menor.

El juez cree que el cuerpo de Marta no aparece por la "firme intención" de Miguel Carcaño de evitarlo

2009-06-26T19:42:00.001+02:00

El titular del juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla, Francisco de Asís Molina, ha ratificado la legalidad de las grabaciones que mantuvieron los letrados con los imputados en el asesinato de Marta del Castillo, dado que la finalidad que se perseguía no era otra que la de hallar el cuerpo.El juez ha ordenado, no obstante, la destrucción de las cintas y ha apartado las transcripciones de la causa principal para garantizar el derecho de defensa que contempla el artículo 24 de la Constitución Española.
El auto judicial acuerda, asimismo, requerir a los abogados personados en el proceso que devuelvan al juzgado las copias de las transcripciones de las conversaciones que les fueron entregadas para proceder a su destrucción, una medida que, paradójicamente, no impide que los letrados puedan hacer alguna copia de las mismas antes de entregar las copias y que dichas conversaciones hayan sido ya publicadas en la prensa.
El magistrado recuerda que la intervención de las comunicaciones, que se prolongó entre el 3 de marzo y el 29 de abril, se llevó a cabo ponderando los valores y derechos afectados y señala que la finalidad que se buscaba no era otra que la de hallar el cuerpo de Marta del Castillo, puesto que Miguel Carcaño, "autor confeso del asesinato y violación de la menor tuvo desde el inicio de la instrucción la firme intención de evitar que encontrásemos el cuerpo de su víctima, como también la tuvieron los restantes imputados que colaboraron con él para hacerlo desaparecer".
Las actitudes de los imputados justificaron la medida, asegura el juez, que insiste en que las escuchas estaban orientadas a localizar el cadáver y no a registrar las conversaciones que mantuvieron los abogados con sus clientes.
"En tal tesitura, el Estado de Derecho debe agotar los medios a su alcance, y la observación o intervención de comunicaciones era adecuada e imprescindible como única medida posible a su alcance para conocer cualquier dato, revelación o desliz que permitiera la consecución del fin propuesto, o al menos corroborar datos aportados para avanzar en las tareas y labores de búsqueda o, en su caso, dejarlas sin efecto ante la penosidad soportada y el riesgo asumido por todos los que en ellas participaban".
El magistrado añade que a Miguel Carcaño se le comunicó por error en prisión que sus conversaciones iban a ser grabadas y el imputado se lo comentó a su abogado -otro distinto al actual-, de manera que ambos "sabían que sus conversaciones estaban siendo observadas".

Colchones de más de 20 años y un hedor insoportable, radiografía de los juzgados de Guardia de Sevilla

2009-06-23T09:45:00.002+02:00

El sindicato CSIF denunció ayer las carencias del edificio de los juzgados de Guardia de Sevilla, que afectan tanto a los funcionarios de Justicia como a las personas que se encuentran detenidas. El sindicato recuerda que, como las guardias son de 24 horas, el inmueble cuenta con tres camas en dos dormitorios y critica el pésimo estado de los colchones, que tienen "la friolera de más de veinte años", por lo que hay que "hacer de tripas corazón para acostarse en ellas", según denuncia CSIF en un comunicado.

El sindicato señala que la propia delegación de Justicia reconoció la "imperiosa necesidad" de cambiar estos colchones, pero dos meses después aún no han sido cambiados. El mal estado de los colchones no es la única deficiencia que denuncia la organización sindical, dado que los dos cuartos de baño que hay en el juzgado de Guardia de incidencias no tienen ventilación y "el hedor que se desprende de ellos las 24 horas del día es tan insoportable que algunos funcionarios prefieren quedarse sin dormir a tener que pasar la noche en los dormitorios" donde están esos aseos.

El sindicato añade que los malos olores de los cuartos de baño es una situación "generalizada" en todo el edificio judicial, a la que se suman otras condiciones "tercermundistas": hay cucarachas, mosquitos, polillas y todo tipo de insectos. "Los propios funcionarios han tenido que comprar insecticida para poder trabajar allí, porque han visto salir los bichos hasta de la caja de registro eléctrico que hay en el juzgado de incidencias", asevera la nota.

A estos problemas se suman otros diarios con la fotocopiadora y el fax -"cuando no falta papel falta tóner y cuando no la máquina está averiada"- y la reducción de cinco líneas telefónicas a sólo dos disponibles más otra que es la que se utiliza para el fax. La aplicación informática Adriano, según CSIF, tampoco funciona como debiera, puesto que el sistema "se está cayendo constantemente" debido al mal estado en que se encuentra el cableado.

El sindicato no duda en calificar de "infrahumanas" las condiciones en las que los funcionarios desarrollan su labor en los juzgados de la capital. "Trabajar en las instalaciones de los juzgados de Guardia de Sevilla significa conocer el asco y la repugnancia", sentencia CSIF, que enumera otra serie de problemas del edificio: suciedad de las paredes, sillas rotas en el juzgado de detenidos, aire acondicionado que no enfría, o aceras de acceso sin rampas para minusválidos, lo que obliga a los funcionarios que trasladan los expedientes en carritos a levantarlos a peso para poder acceder a las instalaciones. Todas estas deficiencias, concluye, el sindicato "condenan a la prestación del trabajo en una suerte de inframundo que, día a día, va menoscabando la propia estima de la institución de la Justicia, del sistema, de la sociedad y de las personas que para ella trabajan". CSIF no comprende cómo se puede pretender una Justicia ágil y sin dilaciones "sin dotarla de las infraestructuras necesarias".

La Fiscalía se opone a que Samuel quede en libertad provisional

2009-06-23T09:42:00.000+02:00

La Fiscalía de Sevilla se ha opuesto a la petición de libertad de Samuel Benítez Pérez, el amigo del presunto asesino de Marta del Castillo, al considerar que hay riesgo de fuga y que si sale de prisión el joven puede destruir o alterar fuentes de prueba.

El fiscal encargado del caso, Luis Martín, presentó ayer en el juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla, que investiga la desaparición de la adolescente, un escrito en el que hace hincapié en que cuatro meses después de que se ordenara el ingreso en la cárcel de Samuel Benítez "persisten" los motivos por los que se adoptó esta decisión. Según el fiscal, hay riesgo de fuga del joven de 19 años porque se le imputan unos hechos muy graves -delitos de asesinato, homicidio o detención ilegal- y además hay posibilidad de que este imputado, al que se atribuye la colaboración con Miguel Carcaño para deshacerse del cadáver de Marta, pueda ocultar fuentes de prueba si se accede a que abandone la cárcel de Huelva.

En la decisión del representante del Ministerio Público pesa el hecho precisamente de que casi cinco meses después del asesinato aún no ha aparecido el cuerpo de Marta del Castillo.

La acusación particular que ejercen los padres de Marta, Antonio del Castillo y Eva Casanueva, también se han opuesto a la posible excarcelación de Samuel Benítez. El abogado de la familia, José María Calero, argumenta que en las versiones que han ofrecido tres de los imputados -Javier Delgado, Samuel Benítez Pérez, y el menor de 15 años que está internado en un centro- existe una franja horaria, entre la una y media y las dos y media de la madrugada del 25 de enero, en la que "no estuvieron con nadie". Es en esa franja, con un margen de 20 minutos arriba o abajo, cuando algunos testigos afirman que se produjeron los hechos relacionados directamente con las operaciones para hacer desaparecer el cadáver, lo que habría permitido a estos tres imputados haber colaborado en esa trama.

En el caso concreto de Samuel, la acusación particular insiste en que los testigos de Montequinto "no sirven para explicar qué hizo, dónde estuvo y con quién, desde que los dejó a ellos hasta que apareció aterido de frío en condiciones muy extrañas, en la calle Betis, para unirse a la búsqueda de Marta". El letrado de la familia recuerda que los testigos de Montequinto relatan que esa noche Samuel estuvo en contacto telefónico con el menor de 15 años antes de esa hora que no puede justificar, y con Miguel Carcaño antes de otro "agujero negro" de su relato.

José María Calero recuerda en su escrito que Samuel Benítez es, junto con el menor, la persona "más cercana" a Miguel Carcaño, con quienes se ha enfrentado a otros "marrones" previos, según la expresión utilizada por los propios jóvenes en los careos que mantuvieron ante el juez tras haber sido detenidos. El letrado de la familia subraya que, a pesar de que en el juzgado se retractó de su autoinculpación inicial, su participación en las labores para deshacerse del cuerpo por los otros dos imputados en el asesinato y la violación, aunque ambos también rectificaron y exculparon posteriormente a Samuel.

La Fiscalía pide más condenas de cárcel por los delitos que se cometen al volante

2009-06-21T11:15:00.001+02:00

La Fiscalía de Sevilla cree que los jueces son reticentes a imponer condenas de prisión por los delitos que se cometen al volante y advierte de que en el 99% de los casos se opta por castigar el delito con una multa cuya cuantía es "ridícula", ya que es muy inferior a la que impondrían los agentes de la Guardia Civil en la vía administrativa.

Éste es el análisis que realiza el fiscal de Seguridad Vial de Sevilla y delegado para Andalucía, Luis Carlos Rodríguez León, en la memoria del Ministerio Público correspondiente a 2008. El fiscal sostiene que el análisis de los escritos de acusación presentados por el Ministerio Público y las sentencias impuestas revela una "desproporción importante" entre la gravedad del hecho cometido y la pena de multa impuesta.

Según Luis Carlos Rodríguez León, en numerosos casos las penas solicitadas por los fiscales o acordadas por los jueces "pueden llegar a calificarse de ridículas", puesto que a su juicio no alcanzan siquiera a las que un agente de Tráfico puede imponer. Esta situación provoca, según el fiscal, la ruptura del sistema que ha promulgado el legislador, en el que "en buena lógica la vía penal debe ser siempre más gravosa que la administrativa, y además no cumple con los fines de prevención general y especial" que conllevan estas sanciones.

La memoria analiza las sentencias dictadas por los órganos judiciales de Sevilla durante el pasado año y concluye que en el 99% de los casos las penas impuestas por el delito del artículo 379 del Código Penal fueron multas. Este precepto sanciona con penas de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses y trabajos en beneficio de la comunidad a quienes conduzcan un vehículo de motor o un ciclomotor a una velocidad superior en 60 kilómetros por hora en vía urbana o en 80 kilómetros en vía interurbana a la permitida, y también contempla las mismas penas para quienes conduzcan bajo la influencia de drogas tóxicas, sustancias estupefacientes, psicotrópicas o de las bebidas alcohólicas. En este caso la condena esta prevista cuando se supera una tasa de alcohol en aire espirado de 0,60 miligramos por litro o en sangre de 1,2 gramos por litro.

Las estadísticas sobre las multas impuestas para este concreto delito ponen de manifiesto, según la Fiscalía, la "una reticencia a la pena de prisión, tanto del Ministerio Fiscal, al pedir, como del juez al imponer la condena". Pero el estudio señala que el legislador estableció que las penas de prisión y las de multa son "equivalentes", al establecer de forma alternativa la posibilidad de imponer una u otra sanción.

"Es cierto que el fiscal y el juez deben ponderar en qué casos correspondería imponer una u otra, lo que no es admisible es que ni siquiera en los casos de varias condenas anteriores por estos delitos, se siga imponiendo pena de multa", sentencia la memoria de la Fiscalía, que subraya que tampoco es comprensible que la multa sea "manifiestamente desproporcionada, en su gravedad, con la alternativa de prisión".

El representante del Ministerio Público recuerda que la ley prevé un sistema moderador para evitar, por ejemplo, que un conductor que es insolvente sea encarcelado -hay posibilidad de rebajar la cuota o aplazar los pagos-, pero ello no explica, a su juicio, que se impongan penas mínimas. "No hay justificación alguna, salvo la indigencia, para imponer ab initio una cuota de dos euros en una condena por delito", añade.

El fiscal delegado de Seguridad vial concluye que la imposición de penas de multa con una cuota mínima de dos euros "de forma sistemática" supone, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, "vaciar de contenido el sistema de penas establecido por el poder legislativo en el nuevo Código Penal, convirtiendo la pena de multa por el sistema legal de días-multa en algo meramente simbólico", por lo que aboga por que las cuotas que se impongan sean mayores y no las mínimas.

El juez rechaza el archivo de la causa contra Javier Delgado y su novia

2009-06-20T09:11:00.002+02:00

El juez que investiga la desaparición y asesinato de Marta del Castillo ha rechazado pronunciarse ahora sobre el sobreseimiento de la causa que plantearon el hermano de Miguel Carcaño, Javier Delgado, y su novia, María García.Tanto Javier Delgado como su compañera sentimental pidieron al instructor el sobreseimiento de la causa contra ellos, al estimar que no hay pruebas de su participación en los hechos.
El juez Francisco de Asís Molina ha emitido una resolución en la que tiene por hechas las alegaciones de las defensas de estos imputados, pero elude resolver sobre las mismas porque, según recuerda, la instrucción aún no ha finalizado y además no procede hacer ahora un "pronunciamiento por separado" de las imputaciones que pesan sobre cada uno de los implicados.
Los abogados defensores de Javier y de María habían pedido su exculpación al estimar que habían sido implicados en la causa sólo por "conjeturas y no por indicios reales".El magistrado se remite a los autos en los que se acordó la detención de ambos y, en el caso de Javier Delgado, su ingreso en prisión, para argumentar los indicios que existen sobre la participación en los hechos.
El juez acordó inicialmente el encarcelamiento de Javier porque el menor de 15 años que está internado en un centro le situó en el piso de León XIII con el cadáver de Marta y posteriormente se quedó "limpiando restos y huellas" del asesinato, aunque Javier siempre ha negado su implicación en los hechos desde el primer momento y no ha cambiado nunca de versión, al contrario de lo que ha ocurrido con el resto de imputados.
El menor relató en una declaración de la que después se retractó que Javier estaba muy nervioso y le amenazó diciéndole que algo muy grave le pasaría a su familia si contaba lo que había ocurrido en la vivienda de Carcaño.
La última vez que el instructor se pronunció sobre la implicación de Javier Delgado en el caso fue el pasado 20 de mayo, cuando decidió dejarle en libertad provisional con el argumento de que el papel que jugó "no fue predominante" en el crimen, sino que desempeñó un rol de menor entidad.En cuanto a María García, el juez aclaró en otra resolución que está imputada por haber participado supuestamente en el homicidio de Marta del Castillo, en su desaparición, o incluso en un delito de encubrimiento.
El magistrado recordó entonces que la novia de Javier Delgado ha mantenido en sus sucesivas declaraciones que la noche del 24 de enero estuvo estudiando en el piso de la calle León XIII, en unas horas que "coinciden" con el momento en el que supuestamente debió de ser sacado el cuerpo de Marta del Castillo del domicilio, por lo que cabría atribuirle alguno de los delitos mencionados, según el razonamiento del titular del juzgado.La decisión de rechazar el archivo de la causa contra Javier Delgado y su novia coincide con otra resolución judicial, en este caso, dictada por la Audiencia Provincial de Sevilla, que ha ratificado que el hermano de Miguel Carcaño continúe en libertad provisional.La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha señalado que la prisión provisional es una medida "muy excepcional" y en el caso de Javier se prolongó durante tres meses, por lo que el auto del juzgado de Instrucción número 4 que acordó su libertad "es ajustado a Derecho y está bien razonado" y no hay motivos para volver a encarcelar al hermano de Miguel.

Varios juzgados se quedan sin papel y sin grapas

2009-06-19T09:32:00.002+02:00

Varios juzgados de Instrucción de Sevilla se han quedado sin suministro de folios y en otros tantos se echa en falta algún tipo de material de oficina, como por ejemplo grapas, según han confirmado fuentes judiciales.En alguno de los casos, el juzgado ha comunicado a los abogados que tenía que aplazar la entrega de copias de una denuncia -con muchos tomos y que son necesarias para que los letrados puedan preparar la defensa de los imputados- porque no disponía de folios suficientes para hacer las fotocopias.
Según las mismas fuentes, se ha emplazado a los letrados para dentro de varios días, tiempo en el que esperan recibir el material y proceder a fotocopiar las actuaciones.Una práctica común en los juzgados, cuando se produce una falta de material, consiste en pedirla a otro órgano judicial mientras llega el pedido.
Otros juzgados se han dirigido a la delegación provincial de la Consejería de Justicia solicitando la entrega de otro material, como por ejemplo grapas, pero se les ha comunicado que no era posible la remisión del material.
Fuentes de la delegación de Justicia explicaron ayer que los paquetes de folios se suministran "habitualmente" a los órganos judiciales y "no hay constancia de que haya problemas". Las mismas fuentes sí que admitieron que se ha producido una "incidencia técnica" que ha afectado al suministro de otros materiales de oficina -como las grapas-, cuya solución está en trámite y se espera que los objetos lleguen la próxima semana a los juzgados afectados.En otras ocasiones, la falta de medios no puede atribuirse a la Consejería de Justicia porque, según otras fuentes consultadas, uno de los juzgados que se ha quedado sin papel pidió expresamente a la Junta que no le enviase más paquetes, hasta nuevo aviso, por falta de espacio de almacenamiento. Transcurrido un tiempo sin hacer ningún pedido, el juzgado se ha quedado ahora sin papel.
Pero la falta de medios no afecta exclusivamente a los órganos judiciales, porque la Fiscalía de Medio Ambiente ha denunciado en su memoria que lleva año y medio reclamando a la Junta un fax y un escáner. "Lamentablemente, a pesar de los oficios librados desde hace año y medio, la Consejería sigue sin proveer a la sección de Medio Ambiente de fax y sobre todo de un escáner, con el que adaptar al formato electrónico las resoluciones de interés que llegan en papel, para evitar su remisión en papel a todos los fiscales", recoge la memoria presentada esta semana.
Los sindicatos con representación en la Justicia también llevan tiempo solicitando escáneres y ordenadores, lo que ha derivado en que en algunas organizaciones hayan adquirido el material informático con las cuotas de los asociados. En algunos casos, denuncian que la Junta les envía los ordenadores que sobran de los juzgados.

Samuel pide su libertad provisional tras cuatro meses en prisión

2009-06-19T09:31:00.001+02:00

Samuel Benítez, amigo del presunto asesino de Marta del Castillo, ha pedido al juez su puesta en libertad después de que nueve testigos hayan avalado de alguna forma su coartada sobre los movimientos que hizo la noche del 24 de enero, cuando fue asesinada la joven.La petición de libertad fue presentada por su abogado el pasado miércoles y llega cuando este imputado, de 19 años, lleva más de cuatro meses en la prisión de Huelva. Samuel Benítez, que fue encarcelado el 16 de febrero junto a Miguel Carcaño, reconoció inicialmente en su declaración ante la Policía que colaboró con el presunto asesino para que éste se deshiciera del cuerpo de Marta, aunque posteriormente se retractó ante el juez de su declaración y aseguró que confesó porque fue torturado por la Policía.
Un médico de la cárcel de Huelva ha certificado que Samuel presentaba el día de su ingreso un "hematoma y edema a nivel de miembro superior derecho".En su declaración ante la Policía, Samuel admitió que condujo el coche de la madre del menor de 15 años hasta el río Guadalquivir, donde ayudó a Miguel a arrojar el cuerpo al agua, aunque esta versión fue posteriormente modificada por el presunto asesino cuando sostuvo que el cadáver no acabó en el río sino en un contenedor de basuras próximo a su vivienda de la calle León XIII. Las pruebas científicas no han hallado restos de Samuel en el escenario del crimen.Durante la instrucción de la causa nueve testigos han confirmado la coartada del joven, entre ellos su novia y dos amigas de la pareja, que insistieron en que Samuel estuvo acompañado durante toda la tarde y la noche del 24 de enero.
Otros dos menores explicaron que estuvieron con Samuel en una hamburguesería del barrio de Montequinto antes de las diez de la noche. A esa hora, Samuel se separó de su novia y ésta se marchó a su casa para arreglarse, aunque se quedó con otras dos amigas. La joven no volvió a ver a Samuel hasta las 23.35 horas y un cuarto de hora después recibió la llamada de una miga de Marta que le informó de que la adolescente no había vuelto aún a su casa. Samuel optó por regresar a Sevilla y su novia le acompañó a la parada del autobús.
Otro cuatro testigos que declararon en el juzgado la semana pasada también han señalado que estuvieron aquella noche con Samuel. Dos de estos jóvenes dijeron que coincidieron con Samuel entre la una y las dos o dos y cuatro de la madrugada del día 25.El juez Francisco de Asís Molina deberá ahora dar traslado al fiscal y al resto de abogados personados en la causa sobre la petición de libertad formulada por la defensa de Samuel, por lo que la decisión puede retrasarse a la próxima semana.
El padre de Marta, Antonio del Castillo, acogió ayer con cierta cautela la petición de libertad de la defensa, aunque pidió al juez que la rechace. "Hay que ver si el juez accede a esta petición, pero espero que no", afirmó Antonio del Castillo, quien subrayó que hay "indicios" suficientes para que Samuel siga en prisión. "Ya veremos lo que dice el juez", concluyó el padre.Si el juez concede la libertad, Samuel sería el segundo implicado que es excarcelado, una vez que el 20 de mayo Javier Delgado, hermano de Miguel, salió de Sevilla-I porque el juez entiende que su participación es de "menor" entidad.

2009-06-19T09:29:00.002+02:00

Los delitos urbanísticos crecieron en 2008 año en Sevilla un 28,78% con respecto al año anterior, lo que ha llevado a la Fiscalía de Medio Ambiente a mostrar su "preocupación" por el incremento de casos a pesar de las sentencias condenatorias que se han registrado en los últimos años y la decisión de los jueces de acordar la demolición de las edificaciones.
La memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente, Patrimonio Histórico y Urbanismo recoge que el año pasado se incoaron 255 investigaciones por delitos contra la ordenación del territorio frente a los 198 que se contabilizaron en 2007. La mayoría de estas infracciones son cometidas por particulares que levantan pequeñas construcciones en suelo rústico.
Desde 2005, el número de delitos contra la ordenación del territorio que ha investigado la Fiscalía hispalense asciende ya a 906 y, según la memoria, estas investigaciones acaparan el 85% del trabajo que realizan los fiscales especialistas en Medio Ambiente. Así, de las 298 diligencias de investigación incoadas en 2008, 255 lo fueron por delitos contra la ordenación del territorio frente a las 23 relacionadas con el Medio Ambiente, nueve contra la Flora y la Fauna y cinco contra el Patrimonio Histórico.El fiscal delegado de Medio Ambiente, Javier Rufino, señala que desde 2007 los jueces de Sevilla han dictado unas 40 sentencias firmes en las que se acuerda la demolición de las construcciones ilegales, con la finalidad de restaurar el suelo a su estado original. El fiscal advierte de que estas condenas han generado "notables problemas" a la hora de ejecutar el derribo, "por las naturales trabas creadas por los condenados, la sistemática impugnación de cualquier providencia orientada a ejecutar tal pronunciamiento y la falta de colaboración de algún Ayuntamiento particularmente afectado".
Otras veces la efectividad de la demolición se retrasa "innecesariamente", dice el fiscal, porque el juzgado de lo Penal fija un plazo "injustificadamente amplio" para llevar a cabo la demolición. Para dar eficacia a la medida de demolición, la Fiscalía ha optado por oponerse a cualquier suspensión de las penas de prisión mientras no se satisfaga el pronunciamiento relativo a la responsabilidad civil que constituye la demolición, siempre que el acusado sea solvente. La negativa a demoler ha llevado a dos juzgados a dictar órdenes de ingreso en prisión de los condenados, aunque el encarcelamiento no se ha producido porque el reo ha recurrido esta decisión.La Fiscalía también se opone en estos casos, cuando no se produce la demolición, a que se sustituya la pena de prisión por una multa, ya que, según el Ministerio Público, el hecho de no derribar "demuestra la falta de compromiso del reo en reparar el daño causado".
En cuanto a las zonas más conflictivas durante 2008, la memoria de la Fiscalía subraya los procedimientos abiertos que afectan a los parajes de El Serafín, en La Rinconada, y Clarevot, que abarca a varios municipios, además de la investigación iniciada sobre suelos no urbanizables en El Arahal. Sólo en esta última localidad se espera que la unidad de Policía Adscrita a la Junta remita más de 170 atestados por posibles delitos en este paraje, donde una sola de las parcelaciones tiene 294.883 metros cuadrados y unas 147 parcelas de entre 1.000 y 3.000 metros cuadrados, donde ya se han levantado edificaciones sin licencia.La Fiscalía de Medio Ambiente muestra su preocupación por el incremento de delitos urbanísticos a pesar de la relevancia pública que se está dando a las condenas.
"La situación ha empeorado y sorprende que pese al poder disuasorio que debiera tener el conocimiento público de las frecuentes sentencias condenatorias, publicadas en muchas ocasiones en los medios de comunicación, continúen proliferando las pequeñas edificaciones en suelo rústico y, en ocasiones, en suelos de especial protección". El fiscal concluye que ante este fenómeno, el uso y eficacia de las facultades de disciplina urbanística de los Ayuntamientos es "ínfima", sobre todo en cuanto a la adopción de medidas cautelares.

La Fiscalía se opone a la nulidad de las escuchas a los abogados del caso Marta

2009-06-16T09:08:00.001+02:00

La Fiscalía de Sevilla se ha opuesto a la petición de la abogada de Miguel Carcaño para que se declare la nulidad de las grabaciones de las conversaciones que la letrada y su cliente mantuvieron en la cárcel de Morón de la Frontera, al entender que esas escuchas estaban suficientemente motivas por la resolución judicial que autorizó la intervención de las comunicaciones del presunto asesino de Marta del Castillo.
El fiscal ha remitido un escrito al juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla en el que recuerda que, si bien la grabación de las conversaciones es una medida excepcional, en este caso estaba justificada en el auto que dictó en su día el instructor del caso. El Ministerio Público defiende que la resolución judicial que acordó las escuchas de las conversaciones que mantuvieron los imputados con sus abogados estaba suficientemente "motivada, era razonada y proporcional".
El fiscal alude en su escrito a las especiales circunstancias que rodean la desaparición y asesinato de Marta del Castillo, y a la necesidad de hallar fuentes de prueba, sobre todo, relacionada con el hallazgo del cuerpo de la adolescente, que el principal implicado aseguró en principio que arrojó al río Guadalquivir y posteriormente se retractó, señalando que la tiró a un contenedor próximo a su domicilio de la calle León XIII, donde se produjo el asesinato de la menor de 17 años.La Fiscalía es la única parte personada en el procedimiento que se ha opuesto a la petición de la letrada Paloma Pérez Sendino, dado que los otros abogados defensores e incluso la acusación particular que ejercen los padres de Marta del Castillo se han adherido a la petición de que se declare la nulidad de las conversaciones que sostuvieron los letrados con sus clientes y se proceda, por tanto, a la destrucción de las cintas.Mientras el juez decide sobre la solicitud de la defensa de Miguel Carcaño, la instrucción de la causa está entrando en sus últimos flecos.
El juez Francisco Molina ha ordenado recientemente a la Policía Científica que analice el ADN de los cabellos hallados en el vehículo de Javier Delgado Moreno, el hermano de Miguel. Ésta es la segunda ocasión en la que el instructor de la causa pide que se analicen los restos hallados en este coche, aunque la primera vez los investigadores no pudieron lograr resultados fiables de las muestras examinadas.
El magistrado que investiga el asesinato procederá hoy a tomar declaración a otros cinco testigos, entre los que se encuentran el padre y el tío de Marta del Castillo. La declaración de Antonio del Castillo, que hasta ahora sólo había acudido ante el juez para ratificar la denunciar y personarse como acusación particular en el proceso, versará sobre los primeros momentos de la desaparición de la adolescente, dado que el padre estuvo en el piso de la calle León XIII, sobre la 01:45 del 25 de enero y no encontró a nadie. Junto al padre de Marta, también prestará hoy declaración el tío de la menor, Javier Casanueva, quien llegó a entrevistarse con Javier Delgado unas dos semanas después de la desaparición y a quien éste confesó que "para bien o para mal" era él quien estaba asesorando a su hermano Miguel Carcaño, un consejo que en principio se atribuía al hecho de que el joven no había participado en las labores de búsqueda de Marta a pesar de que fue la última persona que la vio la tarde del 24 de enero.
El turno de declaraciones lo cerrarán dos amigos de Marta que participaron aquella noche en su búsqueda y Susana García, la madre de la mejor amiga de Marta. Susana García aseguró en su día que la noche del crimen llamó a Javier Delgado, quien le dijo que no sabía nada de su hermano y que no conocía a Marta. Sin embargo, Susana asegura que se personó en el piso sobre las 05:15 y accedió al interior de la vivienda, "que olía a limpio y estaba impoluta", como de haber realizado una limpieza recientemente. En ese encuentro, Javier reconoció que había "escuchado" a Marta porque acudió a recoger unos CD, una declaración que sorprendió a la testigo porque no coincidía con lo que le había dicho unas horas antes.

La Policía sostiene que el tercer detenido por el crimen de la Feria es el verdadero autor de la puñalada

2009-06-13T09:25:00.001+02:00

La Policía cree que el crimen de la Feria lo cometió Jesús E. C. y no Juan Antonio L. V., el joven que fue detenido instantes después del apuñalamiento del vecino de Gines Juan Fernando Martínez Sánchez. Un informe que el Grupo Homicidios ha presentado en el juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, que acaba de levantar el secreto de sumario que pesaba sobre el caso, llega a la conclusión de que el autor material de la puñalada es Jesús E. C., que está en prisión provisional desde el 14 de mayo.Los otros dos implicados, Juan Antonio L. V. y Martín S. B., también siguen en prisión, a pesar de que el primero fue detenido inicialmente como autor y el segundo como inductor del crimen.
La Policía sostiene en el informe que Jesús E. C. confesó al menos a seis personas que fue él quien apuñaló a la víctima, según los testimonios que los investigadores han recopilado en el atestado.De acuerdo con las nuevas investigaciones, los tres jóvenes se hallaban la noche del crimen en la parte trasera de una caseta de la Feria.
Juan Antonio L. V. había cogido un cuchillo jamonero de una caseta y el ahora presunto autor del crimen, Jesús E. C., se lo quitó y "lo escondió".Cuando se inició la discusión con la víctima y sus amigos por el robo de una chaqueta, Jesús intervino en la pelea y golpeó a uno de los amigos del fallecido. La Policía considera que, en un momento dado, "antes o durante la pelea", tomó el cuchillo del lugar donde lo había ocultado y le dio un "refilonazo" -expresión que uno de los testigos asegura que Jesús E. C. utilizó para referirse a la agresión- a Juan Fernando Martínez, lo que provocó que el cuchillo se partiera por el mango.
La Policía sostiene que el presunto autor de la puñalada confesó a uno de los testigos que intervino en la pelea para defender a su amigo Martín S. B. y añadió que en la reyerta recibió dos golpes en la casa, por lo que cayó al suelo. Cuando se incorporó, estaba "cabreado" y fue cuando cogió el cuchillo y asestó la puñalada. A continuación, según el relato que realiza la Policía, Jesús E. C. salió corriendo hacia el Puente de las Delicias, no sin antes manifestar que "le había cortado el cuello a uno", según el testimonio de otro de los testigos.
El enfrentamiento duró tan sólo unos 45 segundos y, tras el crimen, otro de los testigos señaló que Jesús reconoció a la altura del Puente de las Delicías que había clavado el cuchillo a una persona, que la hoja se rompió durante la acción y que incluso pensaba que ésta se había quedado alojada en el cuerpo de la víctima. Según otro de los testimonios, el imputado llegó incluso a manifestar que no sabía si le había apuñalado en el pecho o el cuello.Los agentes de Homicidios afirman que, a continuación, el joven tiró el mango del cuchillo al río o detrás de la valla del club Náutico, y también se deshizo, arrojándolo al Guadalquivir, de un polo blanco que llevaba debajo de un jersey y que estaba "manchado de sangre" en la parte del cuello.Jesús E. C., que tiene nueve detenciones anteriores por delitos contra el patrimonio, ha negado en sus declaraciones judiciales su participación en el homicidio.

Los padres de Marta apoyan la nulidad de las grabaciones de las conversaciones de los abogados

2009-06-13T09:24:00.001+02:00

El abogado que ejerce la acusación particular en representación de los padres de Marta del Castillo ha presentado un escrito en el juzgado en el que apoya la petición de nulidad que planteó la defensa del presunto asesino, Miguel Carcaño, respecto a la grabación de las conversaciones que éste mantuvo con su abogada en la cárcel de Morón de la Frontera.

El letrado de la familia se opone a una nulidad genérica del auto que acordó la intervención de las comunicaciones, pero admite con respecto a las grabaciones realizadas en los locutorios respecto a las conversaciones con los abogados que éstas "exceden el marco legal" y el derecho a la defensa que aparece contemplado en el artículo 24.2 de la Constitución Española, por lo que se adhiere a la solicitud de la abogada Paloma Pérez, defensora de Miguel Carcaño.

De otro lado, cuatro testigos corroboraron ayer ante el juez la coartada de Samuel Benítez, amigo de Carcaño, al defender que la tarde-noche del 24 de enero, cuando se produjo el crimen, estuvieron con este imputado. Dos de los testigos, amigos de la novia de Samuel, señalaron que coincidieron con él por la tarde en la barriada de Montequinto y otros dos que estuvieron con Samuel desde la una de la madrugada hasta las dos o dos y cuarto del día 25.

Estas nuevas declaraciones, unidas a la que han prestado otros cinco jóvenes que también corroboran su coartada, podían llevar a su defensa a solicitar la libertad en breve.

Por último, el médico de la cárcel de Huelva ha certificado que Samuel presentaba el día de su ingreso un "hematoma y edema a nivel de miembro superior derecho", lo que coincide con la primera declaración que realizó el joven, cuando dijo que confesó ante la Policía tras recibir amenazas contra él mismo, su familia y su novia.

El TEDH avala la petición de la abogada de Miguel Carcaño sobre las grabaciones

2009-06-10T09:14:00.002+02:00

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) avala la petición que ha realizado la abogada Paloma Pérez Sendino, que representa al presunto asesino de Marta del Castillo, para que se declare la nulidad de las grabaciones de las conversaciones que mantuvo con su cliente en la cárcel.Varias sentencias del Alto Tribunal señalan que no se puede intervenir las comunicaciones que mantienen los abogados con las personas a la que defienden.
Una de estas resoluciones es el caso Foxley contra el Reino Unido, en el que el Tribunal Europeo dio la razón a un ciudadano británico cuya correspondencia con su abogado fue abierta, leída, copiada e incluida en su expediente. La resolución consideró que se había vulnerado el artículo 8 del convenio europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales -ratificado por España en 1979-, que establece que toda persona tiene derecho al respeto de su correspondencia y no puede haber ninguna injerencia de una autoridad pública salvo que se trate de una medida que "en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y libertades de los demás".
El tribunal señaló que la relación abogado-cliente es, en principio, "confidencial" y la correspondencia en ese contexto, "cualquiera que sea su propósito, trata de cuestiones de naturaleza confidencial", por lo que los magistrados no ven justificación para que las cartas de sus abogados, una vez abiertas, "fuesen leídas, fotocopiadas, e incluidas en el expediente antes de serle remitidas". La resolución considera que esta actuación del gobierno británico "no cumple con los principios de confidencialidad y secreto profesional correspondientes a la relación entre un abogado y su cliente".Otra sentencia, el caso Kopp contra Suiza, estimó la demanda de un ciudadano helvético después de que la Fiscalía General del país ordenara pinchar las líneas telefónicas de su despacho de abogados.
El Tribunal llegó a la conclusión en este caso que las llamadas telefónicas que proceden y las que tienen como destino los locales profesionales, como es el caso de un despacho de abogados, pueden encontrarse incluidas en los conceptos de "vida privada" y de "correspondencia" contemplados en el artículo 8 convenio europeo.
De esta forma, todas las comunicaciones telefónicas de un despacho de abogados "revisten un carácter profesional", por lo que no puede admitirse la interpretación de las autoridades suizas, según la cual, la ley le permite grabar y escuchar las conversaciones telefónicas de un abogado antes de determinar si entran dentro del secreto profesional.En la legislación española, la grabación debe estar autorizada y controlada por un juez. El artículo 48.3 del reglamento penitenciario establece precisamente que las comunicaciones de los internos con su abogado defensor "no podrán ser suspendidas o intervenidas, en ningún caso, por decisión administrativa" de la prisión -hasta mediados de los 90 estaba permitido-.
La medida "sólo podrá realizarse previa orden expresa de la autoridad judicial", asevera el mismo precepto.El decano del colegio de abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, consideró ayer "precipitado" pronunciarse sin total conocimiento de causa sobre la licitud o no de las escuchas en el caso Marta, si bien reconoció que "interferir las comunicaciones entre los abogados y sus clientes afecta directísimamente al núcleo duro del derecho fundamental a la defensa".
El decano explicó que actuó con urgencia para evitar que se continuaran difundiendo las grabaciones, "por la gravedad que conlleva que se dé publicidad a esas conversaciones confidenciales que están amparadas por el secreto profesional del abogado" y recordó que ha pedido al juez el auto para que lo valore la junta de gobierno del colegio.

La abogada de Carcaño pide la nulidad de las grabaciones que se hicieron en la cárcel

2009-06-09T09:15:00.002+02:00

La abogada Paloma Pérez Sendino, que representa a Miguel Carcaño, el principal imputado por la desaparición y asesinato de Marta del Castillo, ha solicitado al juez que investiga el caso que declare la nulidad de las grabaciones que se realizaron de las conversaciones que los implicados mantuvieron con sus defensores en prisión, al entender que se ha podido vulnerar el secreto profesional que rige la relación entre letrado y cliente.La letrada ha presentado un escrito en el juzgado en el que reclama la nulidad de esas grabaciones, que fueron posteriormente transcritas y aportadas al sumario, según confirmaron fuentes del caso.
La defensora esgrime los artículos 18 y 24 de la Constitución Española, que garantizan el secreto de las comunicaciones y el silencio de los abogados debido a su secreto profesional. De hecho, el artículo 24 de la Constitución especifica que la ley regula los casos en los que, por razón de parentesco o de secreto profesional, "no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos".El secreto que protege la relación entre un cliente y su abogado también aparece contemplado en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que exime a los letrados de la obligación de declarar "respecto a los hechos" que su cliente "le hubiese confiado en su calidad de defensor". Fuentes del caso consultadas por este periódico cuestionan que pueda acordarse la grabación de conversaciones de un letrado cuando éstas se enmarcan en la relación con su cliente.
La publicación en la prensa de las transcripciones de las conversaciones que mantuvieron algunos de los imputados en el asesinato de Marta del Castillo con sus defensores, llevó la semana pasada al decano del colegio de abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, a solicitar al juez de Instrucción 4, Francisco de Asís Molina, que investigase las filtraciones de esas escuchas a la prensa, lo que derivó en la citación a declarar de varios periodistas. Para no revelar las fuentes, los informadores se acogieron, paradójicamente, a su secreto profesional, un derecho que ahora los letrados también invocan para solicitar la nulidad de esas grabaciones.
El decano de los abogados, José Joaquín Gallardo, explicó que el colegio ha pedido al juez el auto que acordó las grabaciones y el resultado de las transcripciones de las conversaciones en prisión "para conocer lo actuado y adoptar en su caso las decisiones pertinentes para velar por el derecho de defensa y el secreto de las comunicaciones entre abogado y cliente".
El principal imputado en el asesinato de Marta conocía que le estaban grabando, ya que la cárcel le notificó por error el auto que acordaba las escuchas, pero su abogada no estaba al corriente de la intervención de esas comunicaciones.Si el juez aceptase la nulidad de las escuchas, podría afectar a las actuaciones que se realizaron con posterioridad al dictado de la resolución en que se acordaban las grabaciones, de acuerdo con la teoría de la fruta del árbol prohibido o envenenado, según la cual si un acto se declara nulo también lo son lo que derive de esa resolución.

La Audiencia Nacional rebaja de dos años a seis meses la sanción impuesta a la secretaria judicial Juana Gálvez

2009-06-06T09:10:00.001+02:00

El Ministerio de Justicia no aplicó el principio de proporcionalidad a la hora de imponer la sanción de dos años de suspensión de empleo y sueldo a la secretaria del juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, Juana Gálvez Muñoz, y no tuvo en cuenta que la funcionaria no fue la única responsable del retraso en la tramitación de la ejecución de una condena impuesta a Santiago del Valle, presunto asesino de Mari Luz Cortés.
Con este argumento, el juzgado central de lo Contencioso-Administrativo número 3 de la Audiencia Nacional ha rebajado a seis meses la sanción a la secretaria Juana Gálvez porque, según recoge la sentencia, el Ministerio de Justicia admitió que en los errores que permitieron que la causa no se tramitara durante 18 meses concurrieron otros responsables como el ex titular del juzgado, Rafael Tirado -que fue sancionado con una multa de 1.500 euros por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)-, los funcionarios y el Ministerio Fiscal.La resolución del juez de la Audiencia Nacional Adolfo Serrano de Triana señala que, si bien el Ministerio no tenía por qué considerar la imputación de responsabilidades a las otras partes implicadas, "si debió establecer la apreciación del grado de participación" a los efectos de la imposición de la sanción y de su "justa proporcionalidad".
El juez añade que el Ministerio apreció varias atenuantes a la hora de no imponer la máxima sanción a la secretaria, como el reconocimiento del trabajo que Juana Gálvez venía realizando en el juzgado, el elevado número de señalamientos de este órgano judicial y la necesaria atención a la cuenta de consignaciones y a otras funciones que tenía encomendadas. Así, señala que en el caso de la secretaria había hasta siete circunstancias atenuantes y dos agravantes, pero la Administración "sobrevaloró exageradamente" el factor agravante frente a las circunstancias atenuantes, y no tuvo en cuenta de forma expresa la "sobrecarga de trabajo que pesa sobre el juzgado".
La Audiencia Nacional argumenta otro factor para reducir la sanción a seis meses, coincidiendo con la propuesta que en su día realizó la instructora del expediente abierto a la secretaria: el Ministerio de Justicia no consideró procedente castigar a la secretaria con el traslado forzoso porque existía una valoración positiva de su trabajo por parte de todos los miembros de la oficina judicial. En cambio, si el juez ratificaba la suspensión de dos años de empleo y sueldo, esta sanción implicaba la pérdida del destino -al superar los seis meses-, una medida que el magistrado no considera acorde con las pretensiones de la Administración.
"Como no es posible ignorar esta toma de posicionamiento explícitamente hecha por la propia resolución impugnada no debe el juzgador sustituir sus personales criterios por los que ofrece el contenido del acto administrativo impugnado", razona el juez que concluye que el plazo de seis meses es la solución "más proporcional y más equitativa con los propios planeamientos fácticos" de la decisión que adoptó el Ministerio.La sentencia sí destaca, de otro lado, que la conducta por la que fue sancionada Juana Gálvez constituye una falta grave porque "ni es dudosa la negligencia ni el retraso injustificado en el cumplimiento de las funciones propias de la secretaria judicial".
El fallo subraya que en el juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla las formas de trabajo y control de las ejecutorias, las notificaciones, citaciones y en general el impulso procesal sobre los funcionarios "se llevaba deficientemente", a pesar de reconocer que Juana Gálvez desempeñó una trayectoria profesional correcta, con una dedicación personal "intensa".La secretaria judicial alegó en su recurso la falta de medios, así como el mal funcionamiento del juzgado, la acumulación de asuntos hasta el "hacinamiento", la continua movilidad de los funcionarios y las particularidades del sistema informático Adriano, que no permitía un fácil control de las ejecutorias salvo con la dedicación de un tiempo desmesurado al manejo del programa. Juana Gálvez consideró que, a pesar de su correcta actuación, se convirtió en "víctima de o en objeto de los errores de otros".

Los periodistas sevillanos no tendrán que acudir a declarar ante la Policía por las filtraciones del caso Marta

2009-06-05T18:12:00.001+02:00

A propuesta de la Asociación de la Prensa de Sevilla, el titular del Juzgado nº 4 de Instrucción, Francisco de Asís Molina y los investigadores han accedido a que a partir de ahora, las comparecencias previstas ante la policía de varios periodistas sevillanos, para ser interrogados sobre sus fuentes en relación con las filtraciones publicadas en el caso "Marta del Castillo", no se realicen.
El juez y la policía continuarán su investigación sobre estas filtraciones, si bien la información requerida a los periodistas se solventará mediante un mero trámite por escrito en el que los profesionales de la información harán uso a su derecho a no declarar, acogiéndose al secreto profesional para no revelar sus fuentes.
La presidenta de la APS, Nani Carvajal, y la secretaria general, Pilar Suriñach, se han entrevistado hoy con el juez para hacerle llegar el malestar de la profesión ante estos requerimientos policiales de comparecencias de periodistas de distintos medios sevillanos, cinco de los cuales se produjeron ya a lo largo del día de ayer. Interrogatorios considerados inadmisibles por la APS, por cuanto suponen intimidar a los profesionales y limitar el correcto ejercicio de su trabajo en detrimento del derecho constitucional a la información y a la libertad de expresión.
La APS agradece la receptividad mostrada tanto por el juez instructor, Francisco de Asís Molina, como por los responsables policiales de la investigación, ante los planteamientos defendidos por este colectivo profesional, que en ningún caso puede considerarse responsable de unas filtraciones cuyo origen habrá que buscar en otro lado.
MUESTRAS DE APOYO
El rechazo manifestado por la APS a las citaciones y comparecencias policiales de periodistas, ordenadas por los investigadores sobre las últimas filtraciones publicadas en la información del caso "Marta del Castillo", ha recibido numerosas muestras de apoyo por parte de ciudadanos y colectivos profesionales, que entienden estas prácticas como atropello de los derechos fundamentales como el de la información y la libertad de expresión.Por ello, la APS quiere agradecer públicamente estas manifestaciones de solidaridadad llegadas desde ciudadanos y colecivos profesionales muy variados, especialmente del mundo de la abogacía y la judicatura. También desea agradecer el apoyo de numerosas asociaciones de la prensa y otras organizaciones de periodistas entre ellas, la Federación Andaluza de Asociaciones de la Prensa (FAAP). La APS espera no tener que volver a lamentar este tipo de prácticas que ponen en cuestión el derecho del periodista a trabajar en libertad.

¿Caza de brujas con la prensa sevillana?

2009-06-04T14:58:00.002+02:00

La Policía ha tomado hoy declaración a cinco periodistas -de El Mundo, Diario de Sevilla y El Correo de Andalucía- en relación con la investigación de las supuestas filtraciones del caso Marta del Castillo. Todos los periodistas, que fueron a declarar como testigos a última hora de la tarde de ayer, se han acogido a su secreto profesional, puesto que la Policía les pidió directamente que revelaran las fuentes que habían empleado para la realización de sus informaciones.
La Policía dice que actúa siguendo un auto del juez que ordenó investigar las filtraciones y desde el TSJA se asegura que, en ningún momento, se requirió a la Policía para que tomara declaración a los informadores. Uno por otro y la casa sin barrer.
La presidenta de la Asociación de la Prensa de Sevilla, Nani Carvajal, estuvo hoy con los periodistas citados y les ofreció el apoyo de la institución, al estimar que esta actuación se trata de una "intimidación" a unos profesionales que únicamente están haciendo su trabajo: informar a la ciudadanía sobre el caso Marta.
Los periodistas han afirmado que es "absurdo" que sean citados a declarar, cuando la Policía tiene otras cosas mucho más importantes que investigar, entre ellas y desgraciadamente, donde está el cuerpo de Marta del Castillo.
La Asociación de la Prensa ha mostrado su preocupación por los derroteros que está tomando el caso, porque "nunca" se había ordenado la declaración de un grupo de periodistas....
Justicia sevillana se solidariza con los periodistas....

La Audiencia autorizó pinchar el teléfono del menor del caso Marta, pero las escuchas no aportaron nada de interés para la causa

2009-06-03T11:14:00.001+02:00

La Policía intervino finalmente las comunicaciones del menor de 15 años implicado en la desaparición y asesinato de Marta del Castillo, pero estas escuchas no aportaron ningún dato relevante para el caso. El pinchazo del teléfono que el adolescente usaba para comunicarse con sus familiares desde el centro de menores donde está internado fue autorizado por la Audiencia de Sevilla, después de que el juez de Menores se opusiera hasta en dos ocasiones a intervenir las comunicaciones con el argumento de que la verdad no podía obtenerse a cualquier precio.
La Fiscalía hispalense había solicitado el pinchazo en la creencia de que a través de las mismas podría llegar a conocerse algún detalle de interés que pudiese contribuir a encontrar el cuerpo de Marta del Castillo, cuya búsqueda estaba resultando infructuosa en el vertedero de Alcalá de Guadaíra. Un mes después de que las escuchas fuesen autorizadas y, al constatar que no había nada de interés, el juez levantó la medida de intervención de las comunicaciones, según confirmó ayer a este periódico Fernando de Pablo Daza, abogado del menor.
El pinchazo del teléfono del menor coincidió con las escuchas a las que fueron sometidos el principal imputado, Miguel Carcaño, y los otros implicados que se hallaban en prisión, su hermano Javier Delgado, y su amigo Samuel Benítez Pérez.
En estas conversaciones, en muchas de las cuales recogieron los encuentros que mantuvieron los imputados con sus abogados, Miguel Carcaño confirmó su última versión, según la cual después del asesinato de Marta del Castillo, él mismo y el menor arrojaron el cuerpo a un contenedor próximo a su domicilio de la calle León XIII.Con respecto al hecho de que no se haya localizado el cadáver después de 35 días de búsqueda en el vertedero Montemarta-Cónica, Miguel Carcaño apuntó en otra conversación, como una hipotética explicación, que quizás después de que la arrojaran al contenedor el menor y Samuel Benítez regresaron y la sacaron del recipiente.
Tras la publicación de las conversaciones, el juez de Instrucción número 4, Francisco de Asís Molina, ordenó abrir una investigación para esclarecer las filtraciones e hizo un llamamiento a los medios de comunicación para que "en lo sucesivo" se abstuvieran de publicar la transcripción de las escuchas.El colegio de abogados de Sevilla ha pedido al juez que le remita el auto que autorizó los pinchazos de las conversaciones de los letrados, con la finalidad de "conocer lo actuado y adoptar en su caso las decisiones pertinentes para velar por el derecho de defensa y el secreto de las comunicaciones entre abogado y cliente".

El colegio cuestiona las grabaciones a los abogados de los imputados en el asesinato de Marta

2009-06-01T09:32:00.000+02:00

El decano del colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, solicitó el pasado viernes al juez que investiga el asesinato de Marta del Castillo que remitiese a la institución el auto que autorizó la grabación de las conversaciones mantenidas por los letrados de la defensa con los imputados que estaban en prisión.
José Joaquín Gallardo eludió pronunciarse ayer sobre la licitud de esas grabaciones y se limitó a apuntar que el colegio ha pedido la resolución y el resultado de las transcripciones de las conversaciones mantenidas en prisión "para conocer lo actuado y adoptar en su caso las decisiones pertinentes para velar por el derecho de defensa y el secreto de las comunicaciones entre abogado y cliente".
Fuentes judiciales explicaron ayer que no es habitual que se proceda a la grabación de los encuentros que mantienen un abogado y su cliente en el marco estricto de la relación profesional.
Tras la solicitud del decano, el juez dictó una providencia en la que, según explica José Joaquín Gallardo, se requiere a los medios de comunicación para que se abstengan de publicar las transcripciones de las conversaciones de los imputados, sobre todo las mantenidas en prisión, todo ello "bajo apercibimiento de incurrir en delito si no lo hicieren".
Después de dictar esta providencia, el juez aclaró, en otra resolución hecha pública por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que sólo se había realizado un llamamiento a la "responsabilidad" de los medios para no difundir unas conversaciones que pueden perjudicar a la causa. El decano insistió en que "lo prioritario" es rogar a los medios que, haciendo uso de su propia responsabilidad, "cesen en la difusión de las transcripciones de las conversaciones" que mantuvieron los letrados de la defensa con los imputados del caso Marta cuando se hallan en situación de prisión provisional.

El juez de Menores se negó a intervenir las comunicaciones del chico implicado en el caso Marta porque la verdad no puede lograrse a cualquier precio

2009-05-31T11:41:00.001+02:00

El juez de Menores de Sevilla se negó a intervenir las comunicaciones del adolescente de 15 años implicado en la desaparición y asesinato de Marta del Castillo, al estimar que la verdad no puede lograrse a cualquier precio, una actitud que contrasta con la decisión que adoptó el juez de Instrucción número 4, quien sí autorizó la escuchas de los otros imputados adultos, incluso de las comunicaciones que mantuvieron con sus abogados dentro de prisión.
La petición de intervenir las conversaciones del joven, que desde febrero está internado en un centro de menores, fue realizada por la Fiscalía de Sevilla, que entendía que estas escuchas podían ser relevantes para localizar el cuerpo de la víctima, sobre todo, si los implicados se ponían en contacto entre sí, explicaron fuentes del caso.
El Ministerio Público argumentaba la solicitud en que los jóvenes habían incurrido en diversas contradicciones en relación a cómo se deshicieron del cuerpo de Marta, pero el juez de Menores número 3 de Sevilla, Rafael Cuerda, sostuvo en su resolución que la existencia de contradicciones en sus testimonios no puede servir cómo un indicio de que a través de las escuchas se va a descubrir algo relevante sobre el paradero del cadáver de Marta.
Las mismas fuentes explicaron que el magistrado argumentó su rechazo a los pinchazos en que no todos los métodos son válidos para obtener la verdad y que ésta no se puede obtener a cualquier precio.La resolución recordaba que el secreto de las comunicaciones y la intimidad del menor son derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española que sólo pueden limitarse por expresa decisión jurisdiccional.
De hecho, la ley faculta a los jueces para acordar las escuchas siempre que la resolución esté motivada y haya indicios de que se podrá descubrir algún hecho importante de la causa.La negativa del juez fue recurrida por la Fiscalía hispalense, pero el magistrado volvió a insistir en que no autorizaba las escuchas y el Ministerio Público no elevó ningún recurso ante la Audiencia de Sevilla, con lo que las comunicaciones del menor de 15 años nunca llegaron a ser intervenidas desde que está internado.
A diferencia de lo que ocurrió con este implicado, el juez de Instrucción 4 de Sevilla, Francisco de Asís Molina, autorizó la intervención de las comunicaciones de los otros tres imputados que se hallaban en prisión: el presunto asesino, Miguel Carcaño, su hermano, Javier Delgado -que quedó en libertad provisional el 20 de mayo-, y el amigo del primero Samuel Benítez Pérez. Estas escuchas, que se prolongaron durante dos meses, tampoco han contribuido a averiguar dónde está el cuerpo de Marta del Castillo.