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31 mayo 2009

El juez de Menores se negó a intervenir las comunicaciones del chico implicado en el caso Marta porque la verdad no puede lograrse a cualquier precio

El juez de Menores de Sevilla se negó a intervenir las comunicaciones del adolescente de 15 años implicado en la desaparición y asesinato de Marta del Castillo, al estimar que la verdad no puede lograrse a cualquier precio, una actitud que contrasta con la decisión que adoptó el juez de Instrucción número 4, quien sí autorizó la escuchas de los otros imputados adultos, incluso de las comunicaciones que mantuvieron con sus abogados dentro de prisión.
La petición de intervenir las conversaciones del joven, que desde febrero está internado en un centro de menores, fue realizada por la Fiscalía de Sevilla, que entendía que estas escuchas podían ser relevantes para localizar el cuerpo de la víctima, sobre todo, si los implicados se ponían en contacto entre sí, explicaron fuentes del caso.
El Ministerio Público argumentaba la solicitud en que los jóvenes habían incurrido en diversas contradicciones en relación a cómo se deshicieron del cuerpo de Marta, pero el juez de Menores número 3 de Sevilla, Rafael Cuerda, sostuvo en su resolución que la existencia de contradicciones en sus testimonios no puede servir cómo un indicio de que a través de las escuchas se va a descubrir algo relevante sobre el paradero del cadáver de Marta.
Las mismas fuentes explicaron que el magistrado argumentó su rechazo a los pinchazos en que no todos los métodos son válidos para obtener la verdad y que ésta no se puede obtener a cualquier precio.La resolución recordaba que el secreto de las comunicaciones y la intimidad del menor son derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española que sólo pueden limitarse por expresa decisión jurisdiccional.
De hecho, la ley faculta a los jueces para acordar las escuchas siempre que la resolución esté motivada y haya indicios de que se podrá descubrir algún hecho importante de la causa.La negativa del juez fue recurrida por la Fiscalía hispalense, pero el magistrado volvió a insistir en que no autorizaba las escuchas y el Ministerio Público no elevó ningún recurso ante la Audiencia de Sevilla, con lo que las comunicaciones del menor de 15 años nunca llegaron a ser intervenidas desde que está internado.
A diferencia de lo que ocurrió con este implicado, el juez de Instrucción 4 de Sevilla, Francisco de Asís Molina, autorizó la intervención de las comunicaciones de los otros tres imputados que se hallaban en prisión: el presunto asesino, Miguel Carcaño, su hermano, Javier Delgado -que quedó en libertad provisional el 20 de mayo-, y el amigo del primero Samuel Benítez Pérez. Estas escuchas, que se prolongaron durante dos meses, tampoco han contribuido a averiguar dónde está el cuerpo de Marta del Castillo.

30 mayo 2009

La novia del hermano de Miguel se declara insolvente para afrontar la fianza de 250.000 euros

María García, la novia del hermano del principal imputado en la desaparición y asesinato de Marta del Castillo, aseguró ayer al juez que investiga el caso que es insolvente respecto a la fianza de 250.000 euros que el magistrado ha impuesto a los cuatro implicados para garantizar el posible pago de las indemnizaciones a la familia.María García compareció ayer en el juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla, acompañada de su abogado, y afirmó que carece de ingresos o de patrimonio para hacer frente a la fianza, dado que actualmente es estudiante de podología. Su abogado defensor, José Antonio Salazar, explicó a los periodistas que ha pedido al juez el sobreseimiento de la causa contra esta joven, al entender que "no hay suficientes indicios" para mantener la imputación, ya que, según el letrado, existen "datos objetivos clarísimos" que corroboran que María García no tuvo ninguna implicación en los hechos.
El letrado recordó que el principal imputado, Miguel Carcaño, se hallaba a la 01:30 de la noche del crimen en la vivienda de su novia en Camas y no en su domicilio de la calle León XIII, al que María García llegó sobre las 00:15 para estudiar y no vio a nadie hasta que entró su novio sobre las cuatro de la madrugada. "Nadie dice una sola palabra de María en todo el procedimiento, no hay nadie que hable de su intervención y, por tanto, creemos que es innecesario e injusto mantenerla imputada", aseveró Salazar.Junto a María García, su novio, Javier Delgado, que quedó en libertad provisional el pasado 20 de mayo, también ha pedido al juez que le deje fuera del procedimiento. El abogado José Manuel Carrión precisó ayer que ha presentado un escrito en el juzgado, en el que solicita el sobreseimiento libre o provisional de su cliente, al estimar que su imputación se sustenta sobre "conjeturas o elucubraciones" porque, en su opinión, "no hay pruebas directas ni indiciarias" que le impliquen en el crimen de Marta.
El abogado también restó importancia a los pinchazos telefónicos, en uno de los cuales Javier le dice a su hermano que "no diga nada a la Policía porque no tiene nada", una frase que, según Carrión, su cliente pronunció para "infundir confianza y tranquilidad" a su hermano en un momento en el que éste le comentó que se sentía presionado por la Policía.De otro lado, el titular del juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla, Francisco de Asís Molina, abrió ayer una investigación sobre la publicación de las transcripciones de las conversaciones de los imputados en el caso, con especial incidencia en las que han mantenido en los centros penitenciarios. Según informó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el juez ha acordado la investigación tras la solicitud realizada por el decano de los abogados, José Joaquín Gallardo, y previo informe de la Fiscalía.El juez apela a la "responsabilidad de los medios" para evitar "en lo sucesivo" la difusión de la transcripción de las conversaciones.

27 mayo 2009

Nuevo varapalo judicial al Ayuntamiento: Tendrá que pagar medio millón de euros por el robo en la Joyería Román

El Tribunal Supremo ha confirmado que el Ayuntamiento de Sevilla tiene que pagar 495.306 euros, más los intereses legales, por la "negligente" intervención de la Policía Local en el robo perpetrado hace ocho años en Joyería Román. El Consistorio fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en enero de 2008, pero presentó un recurso ante el Supremo que ni siquiera ha llegado ahora a admitirlo, por lo que ha confirmado íntegramente la sentencia dictada en su día por el magistrado Eloy Méndez.
El TSJA argumentó la condena al Consistorio en que la Policía Local, de acuerdo con la ley de Bases de Régimen Local y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ejerce "un servicio público de seguridad" que el domingo 22 de julio de 2001, cuando se produjo el robo por el procedimiento del butrón, funcionó "anormalmente".
Según el fallo del tribunal andaluz, la intervención de los dos agentes de la Policía Local que aquella tarde se personaron en las instalaciones de la Joyería Román, en la céntrica calle Rioja, fue del todo "negligente".Los policías habían sido alertados por un vecino después de que saltara la alarma del establecimiento y se limitaron "a hacer una observación somera y se marchan del lugar sin más", a pesar de que se trataba de una joyería, "un establecimiento que puede considerarse de alto riesgo, en el sentido de ser objetivo codiciado y preferente de robos".Para los magistrados, esta apreciación sobre la conducta de los policías no es caprichosa, por cuanto a su juicio si hubieran observado el local "con meticulosidad, a lo que venían obligados al tratarse de una alarma de una joyería, a buen seguro que hubieran descubierto la silicona y los palillos en la cerradura, y los cables cortados del teléfono".
La alarma sonó durante cuatro o cinco horas, hasta que "enmuedeció por si misma, posiblemente al agotarse la batería" y los agentes ni siquiera intentaron localizar a los dueños de la joyería o pusieron en conocimiento de la Policía Nacional los hechos, por lo que el tribunal concluyó que existía una relación causa-efecto entre "la conducta negligente de los policías y los daños" causados al industrial joyero. La sentencia condenó al Ayuntamiento de Sevilla, como máximo responsable de la Policía Local, a indemnizar con 150.768,5 euros a la sociedad Armenorillo S. L., que representa a Joyería Román, y con otros 344.437,51 euros a la compañía aseguradora La Estrella, por los pagos realizados a la primera en virtud de la póliza suscrita con la joyería. La empresa había pedido casi un millón de euros, pero el tribunal redujo a la mitad la indemnización porque, entre otros aspectos, la actividad de la Policía Local "se dirige más bien a la ordenación del tráfico urbano y al mantenimiento del orden en las concentraciones humanas a nivel municipal, que a la investigación y descubrimiento de los delitos.
El Tribunal Supremo exculpó recientemente a la Policía Nacional de cualquier responsabilidad en el robo porque "nadie reclamó" su presencia. La resolución puso de manifiesto que si la Policía Nacional hubiese acudido al establecimiento "durante las largas horas en las que los ladrones estuvieron allí, es casi seguro que habría impedido que huyeran con el botín, pero a ningún cuerpo de seguridad se le puede reprochar no haber intervenido en un hecho del que no tenía noticia", puntualizó el fallo.

26 mayo 2009

El ministro de Justicia reprocha al PP que haga política con los sentimientos de la familia de Marta

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha reprochado hoy al PP en el Senado que haga política con el sentimiento de las víctimas y su dolor durante su respuesta a una pregunta del senador popular Rafael Javier Salas Machuca, quien le interpeló para saber si iba a “rectificar sus declaraciones con respecto al derecho a mentir de los imputados en el caso de Marta del Castillo”. La contestación íntegra del ministro es la siguiente:
"Señoría, me pide una rectificación imposible. Me limité a decir lo que dicen todos los tribunales de protección de los derechos humanos y también ha afirmado en multitud de ocasiones nuestro Tribunal Constitucional. Permítame que se lo recuerde: “el acusado a diferencia del testigo, no solo no tiene obligación de decir la verdad, sino que puede callar total o parcialmente o incluso mentir”. Sentencia 68/2001, FJ 5. Y como ésta podría citarle muchísimas otras anteriores y posteriores.
Usted esto lo sabe o debería saberlo. Les he oído hacer populismo y demagogia con muchas cosas. Pero deploro especialmente que lo hagan aprovechándose del dolor de las víctimas y cuestionando frívolamente los derechos y las libertades de los españoles.
Señoría hay silencios solidarios y actitudes irresponsables. Por respeto a la familia no he querido polemizar en torno a algo que cualquier demócrata sabe: que el derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, implica que ningún imputado está obligado a decir la verdad. Ninguno, sin excepciones.
No lo he hecho porque, señoría, no se juega con el corazón de la gente. No se hace política con los sentimientos de las víctimas ni se utiliza su dolor. Compruebo con tristeza que a ustedes todo les vale. Que por desgastar a un Gobierno o arañar unos votos son capaces de avivar las cenizas del dolor y prender fuego a los fundamentos de nuestra Constitución. Una Constitución que dice lo que dice y que como Ministro de Justicia he prometido defender.
Señoría, este Gobierno siempre ha estado al lado de las víctimas, apoyándolas y compartiendo sus preocupaciones e inquietudes y ha puesto a disposición de los órganos judiciales todos los medios a su alcance para averiguar la verdad y que se haga justicia. Pero el Gobierno nunca hará lo que ustedes desgraciadamente tan a menudo hacen: instrumentalizar políticamente su dolor.
De hecho, si ahora vuelvo sobre el tema es porque tengo la obligación constitucional de responder a su pregunta. Siempre estaré con quienes sufren las consecuencias del delito sin que por ello vaya a renunciar a defender los derechos y libertades constitucionales en los que profundamente creo. La Constitución no es incompatible con la solidaridad aunque demagógicamente ustedes se empeñen en ello."

25 mayo 2009

El juez Tirado cambiará de jurisdicción para incorporarse a un juzgado de lo Contencioso-Administrativo

El juez Rafael Tirado, sancionado con 1.500 euros por no encarcelar al presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés, se incorporará en los próximos días a un juzgado de lo contencioso-administrativo en Sevilla tras solicitar él mismo su traslado. Según confirmaron fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), su petición ya se aprobó en la comisión permanente del citado órgano el pasado 28 de abril y el cambio de despacho se producirá una vez que se publique en el Boletín Oficial de Estado (BOE).
La noticia no ha sorprendido en los círculos judiciales, que conocían la intención del juez de abandonar la jurisdicción penal a raíz de la polémica generada por su actuación en el caso Mari Luz y que puso a este magistrado en el ojo del huracán y destapó el grave colapso que sufre la Justicia española.
De hecho, los juzgados de lo contencioso-administrativo están en Sevilla incluso más saturados que los penales, donde la situación es dramática por el retraso en la ejecución de las sentencias. Por otra parte, el próximo miércoles está previsto que se celebre el juicio por el recurso presentado contra la sanción impuesta a la secretaria del juzgado de Tirado, Juana Gálvez, suspendida por el Ministerio de Justicia con dos años de empleo y sueldo por falta grave en relación con el retraso en la ejecución de la condena impuesta a Santiago del Valle, el presunto asesino de Mari Luz. Gálvez tiene intención de acudir a Madrid para seguir el juicio el proceso, aunque en calidad de oyente.

23 mayo 2009

La familia pide que se investigue al hermano de Miguel por vender un garaje desde prisión

La familia de Marta del Castillo, que ejerce la acusación particular en el proceso judicial por la desaparición y asesinato de su hija, ha pedido a la Justicia que investigue si Javier Delgado Moreno, el hermano del principal imputado, permitió la venta de un garaje de su propiedad cuando se encontraba en prisión, una acción que podría constituir un delito al tratar de reducir su patrimonio de cara a las posibles indemnizaciones. Los abogados de la acusación consideran que la venta del inmueble podría enmarcarse en un delito de insolvencia punible, que castiga con una posible condena de uno a cuatro años de prisión y una multa al "responsable de cualquier hecho delictivo que, con posterioridad a su comisión, y con la finalidad de eludir el cumplimiento de las responsabilidades civiles dimanantes del mismo, realizare actos de disposición o contrajere obligaciones que disminuyan su patrimonio, haciéndose total o parcialmente insolvente".La familia de Marta ha pedido que se lleve a cabo esta investigación en el recurso que ha presentado directamente ante la Audiencia de Sevilla -no en el juzgado de Instrucción número 4, que instruye el caso- contra la puesta en libertad de Javier Delgado.
La acusación particular entiende que el hermano de Miguel Carcaño ha "buscado el modo de eludir" la responsabilidad civil desde el centro penitenciario y para lograr este objetivo el pasado 10 de marzo disolvió el régimen de gananciales que compartía con su ex mujer. Varias semanas después, el 10 de abril, se procedió a la venta del garaje.La familia también ha solicitado a la Policía que informe al juzgado sobre las cargas hipotecarias y posibles acciones judiciales que se ejerciten actualmente sobre el inmueble de la calle León XIII, donde se cometió el crimen.La investigación que reclaman los padres de Marta se plantea junto a la petición para que se revoque el auto de libertad de Javier Delgado y vuelva a prisión preventiva, al estimar que "no ha aparecido en la causa ningún dato nuevo" que modifique la decisión que tan sólo hace algo más de un mes, el pasado 3 de abril, adoptó la Audiencia de Sevilla cuando decidió mantener en prisión al hermano de Miguel.
La familia insiste en que "persisten" los indicios de criminalidad que atribuyen a Javier Delgado una "participación directa y personal en la fase inmediatamente posterior al crimen precedido de agresión sexual".La acusación particular tiene claro que el hermano de Carcaño "lideró las actuaciones tendentes a hacer desaparecer cualquier vestigio que pudiera conducir al descubrimiento de los hechos llevados a cabo por su hermano y un menor", una intervención que podría tipificarse como un delito de encubrimiento. Los letrados sostienen que Javier Delgado habría encubierto al menor, dado que con respecto a su hermano su posible responsabilidad penal estaría exenta, según establece el artículo 454 del Código Penal.
"La infructuosa búsqueda del cadáver de la víctima, hasta la fecha, da muestra de la pericia y acierto de la actuación que precisamente se atribuye a Javier Delgado", asevera la acusación particular, que entiende que, en contra del criterio que expuso el juez en el auto de libertad, "no se ha producido ningún avance" a la hora de asegurar las fuentes de prueba a pesar del tiempo transcurrido desde el inicio de la causa judicial.
Todo ello lleva a los abogados a subrayar que cuando han transcurrido apenas cinco meses de unos hechos tan graves, "resulta manifiestamente aventurado y precipitado considerar aseguradas las posibles fuentes de prueba". En este punto, el escrito presentado por los letrados de la familia advierte que la "presión informativa" de este caso "ha introducido una suerte de prisa o precipitación que pudiera haber distorsionado la valoración de los tiempos que suelen ser habituales para el esclarecimiento de hechos de similar gravedad".La acusación concluye que junto al "riesgo de fuga" del acusado, se añade la posibilidad "cierta y fundada de alterar, ocultar o manipular fuentes de prueba", por lo que pide a la Audiencia que vuelva a encarcelarle provisionalmente.

22 mayo 2009

Javier reconoció a la familia de Marta que estaba asesorando a su hermano "para bien o para mal"

"Para bien o para mal, en los pasos que está dando mi hermano lo estoy asesorando yo". Ésta es la frase que, según la familia de Marta del Castillo, pronunció Javier Delgado, el hermano del principal imputado en el crimen de la adolescente, en un encuentro con un familiar de la menor que tuvo lugar tan sólo unas dos semanas después de la desaparición y cuando aún no se conocía que había sido asesinada.Antonio del Castillo y Eva Casanueva, los padres de Marta, revelaron ayer esta reunión, en la que participaron el hermano de Miguel Carcaño y Javier Casanueva, tío de Marta, que estuvo acompañado por una agente del Grupo de Menores (Grume) de la Policía Nacional en Sevilla. El propio Javier Casanueva confirmó ayer que el encuentro se produjo a petición de Javier Delgado y se celebró en la casa de su ex mujer, antes de la detención de su hermano Miguel.
El familiar de Marta aseguró que lo primero que Javier Delgado le comentó fue que él era quien había estado asesorando a su hermano, "para bien o para mal", un consejo que en principio se atribuía al hecho de que el joven no participó en las labores de búsqueda de Marta a pesar de que había sido la última persona que la vio la tarde del 24 de enero.En esa conversación, Javier Delgado puso de manifiesto al tío de la adolescente que estaban perjudicando a su hermano y que había cámaras de televisión apostadas cerca de su domicilio de León XIII. El tío de Marta le recordó, por su parte, que Miguel Carcaño había tenido ciertas "actitudes violentas", como la rotura de cristales o el destrozo de buzones en el bloque de pisos de la calle León XIII, lo que provocó que esos actos se abordaran incluso en el seno de las reuniones de vecinos, aseveró Javier Casanueva.
El hermano de Carcaño negó que éste fuese responsable de esos actos violentos, de los que según dijo no tuvo conocimiento, e insitió en la inocencia del joven. Javier Delgado insistió en su diálogo con el familiar de Marta que su hermano dejó a la chica cerca de su domicilio, en la calle Argantonio, poco antes de las nueve y media de la noche del 24 de enero.Javier Casanueva explicó que la impresión que sacó después de aquel encuentro con el hermano de Miguel es que estaba "mintiendo" y se estaba "haciendo el ajeno". Los detalles de la reunión, a la que asistió una agente del Grupo de Menores (Grume) de la Policía de Sevilla, fueron aportados por él mismo en una declaración que prestó poco después ante la Policía Nacional.Javier Delgado acusó recientemente a su hermano, en una carta remitida a los medios, de haberlo "engañado", ya que, según su testimonio, hasta en tres ocasiones le preguntó por su participación en el crimen y Miguel Carcaño le reiteró que era inocente.
Según el hermano del presunto asesino, no se enteró de la verdad hasta que la Policía detuvo a Miguel, en la mañana del pasado 13 de febrero.La familia de Marta mantiene sus sospechas sobre Javier Delgado e incluso baraja como una posibilidad que este imputado "sepa dónde está el cuerpo" de la adolescente. El tío de la menor recordó que el bar donde estuvo trabajando aquella noche se ubica en el barrio de Nervión, a no mucha distancia del domicilio de León XIII, por lo que, a su juicio, podría haber tenido tiempo para intervenir en el traslado u ocultación del cuerpo de Marta del Castillo.En cualquier caso, la familia se mostró "muy indignada" por la puesta en libertad provisional de Javier Delgado, tras haber pasado tres meses en prisión. Los familiares reprochan que, aunque el juez esté aplicando la ley, el sospechoso ha quedado libre a pesar de que el cuerpo de Marta del Castillo sigue sin aparecer.

21 mayo 2009

El hermano de Carcaño quedó libre porque su participación en el crimen es de "menor entidad"

El juez que instruye el caso por la desaparición y asesinato de la joven Marta del Castillo dejó ayer en libertad a Javier Delgado Moreno, el hermano del principal imputado en la causa, Miguel Carcaño, al considerar que su participación en los hechos es de "menor entidad" a la de los otros implicados.El auto del magistrado Francisco de Asís Molina, que obliga no obstante a Javier Delgado a presentarse en el juzgado todos los lunes, recuerda que la prisión provisional es una medida excepcional que debe durar mientras subsistan los motivos por los que se acordó y que, en todo caso, debe dilatarse lo menos posible.
Javier Delgado abandonó a las 17:20 de ayer el centro penitenciario de Sevilla-I, ocultando su rostro con una gorra y un pañuelo y sin hacer ninguna declaración a los periodistas que se habían concentrado a las puertas de la cárcel. Javier Delgado fue increpado a su salida de la cárcel por varios familiares de presos.La puesta en libertad del hermano de Miguel Carcaño no significa que deje de estar imputado o que no haya pruebas de cargo contra él, porque el propio auto de libertad hace hincapié en que "persisten los indicios de criminalidad" contra Javier Delgado.
El magistrado precisa que la valoración de la idoneidad de la medida de prisión preventiva debe ser distinta en función de la fase en que se encuentre la instrucción del sumario y, en este supuesto, la instrucción está "muy avanzada" y el riesgo de fuga o de que oculte pruebas ha disminuido. "Si hasta ahora la prisión provisional de Javier Delgado ha tenido un fundamento razonable en la necesidad de evitar el riesgo de fuga y el de obstaculización de la instrucción, excluyendo el peligro de que el imputado en libertad alterara, manipulara u ocultara fuentes de prueba, no podemos desconocer que el avance de la instrucción ha representado el aseguramiento de las fuentes de prueba a nuestro alcance, con la consiguiente atenuación de tales riesgos", asevera el auto de libertad.El magistrado recuerda que todavía hay aspectos de la investigación no resueltos o "revestidos de incertidumbre" que derivan del hecho de que el cuerpo de la joven no haya aún aparecido, pero entiende que en aplicación del artículo 24.2 de la Constitución -que establece entre otros el derecho a la presunción de inocencia-, no puede situarse en la "hipótesis más desfavorable al reo".
La Policía siempre había considerado a Javier Delgado como el cerebro que diseñó la estrategia para ocultar el cuerpo de Marta del Castillo, pero según la última resolución del juez instructor no existen pruebas que corroboren esta tesis, por cuanto "la posición del imputado no fue predominante en los hechos objeto de este proceso pues habría desempeñado, en el escenario que hasta ahora conocemos, un rol de menor entidad comparativamente al de los restantes imputados en situación de prisión provisional", en alusión a su hermano Miguel Carcaño y al amigo de éste, Samuel Benítez Pérez, a quien se atribuye una supuesta colaboración a la hora de deshacerse del cuerpo, aunque esta implicación fue rechaza por el principal sospechoso cuando cambió de declaración.La excarcelación de Javier Delgado se ha producido de oficio por el propio instructor, sin que lo haya pedido la Fiscalía ni la defensa del implicado. Hace algo más de un mes, la Audiencia de Sevilla confirmó su situación de prisión provisional, en un auto en el que puso de manifiesto que los pinchazos telefónicos habían corroborado que Javier Delgado parecía dar indicaciones a su hermano menor sobre cómo debía comportarse ante el avance de las pesquisas policiales. En una de esas intervenciones telefónicas, Javier le comentó a Miguel: "No digas nada, que la Policía no tiene nada", una frase que para los investigadores revelaba sobre el grado de conocimiento de los hechos por parte de Javier Delgado.
A favor de este implicado está un informe policial sobre el registro de llamadas realizadas la noche del asesinato y que acreditaría aparentemente su coartada, por cuanto Javier Delgado telefoneó sobre las 21:01 a su ex esposa desde la antena de la carretera de Carmona, próxima al domicilio de ésta, con la que cenó a continuación en compañía de la hija de ambos.Javier Delgado llevaba en prisión provisional desde el pasado 19 de febrero y el juez le encarceló después de que el menor de 15 años que también está internado en un centro le ubicase en el piso de la calle León XIII en los momentos posteriores al asesinato, implicándole además en las labores para ocultar el cuerpo.
El menor, que posteriormente se retractó de la imputación y aseguró que se había inventado la declaración al "sentirse presionado" por la Policía, afirmó que cuando llegó al domicilio acompañado de Samuel Benítez Pérez, el principal imputado estaba acabando de envolver el cuerpo de Marta en una manta o similar, en presencia de Javier Delgado, quien visiblemente nervioso llegó a amenazarle diciéndole que algo grave le pasaría a su familia si contaba lo que había visto.El juez instructor había otorgado una gran credibilidad al testimonio del menor, y consideró que cuando los demás sospechosos se marcharon del domicilio para deshacerse del cuerpo, Javier Delgado se quedó en la vivienda de León XIII "limpiando restos y huellas" en el escenario del crimen.Javier Delgado pidió al juez someterse a la prueba del polígrafo para demostrar su inocencia -prueba que fue rechazada- y llegó a enviar una carta a los medios de comunicación en la que acusaba a su hermano de haberle mantenido "engañado" hasta el momento de su detención, ya que le había preguntado hasta en tres ocasiones si era el responsable de la muerte de Marta del Castillo.

20 mayo 2009

El juez deja en libertad al hermano de Miguel Carcaño

El juez de Instrucción 4 de Sevilla, Francisco de Asís Molina, decretó hoy la puesta en libertad de Javier Delgado Moreno, el hermano de Miguel Carcaño, principal imputado en la desaparición y asesinato de la joven Marta del Castillo.
El juez ha impuesto a Javier Delgado, de 40 años, la obligación de comparecer todas las semanas en el juzgado. La libertad se produce después de tres meses en prisión y porque su participación, según el juez, fue de "menor entidad" que la de los otros implicados en el caso que están en prisión.
El imputado salió de la cárcel de Sevilla-I sobre las 17.20 horas de esta tarde, acompañado de su abogado, José Manuel Carrión.

La Policía inspecciona el coche de un amigo del hermano de Miguel Carcaño

El juez que investiga el asesinato de Marta del Castillo ha ordenado a la Policía que inspeccione el vehículo de un amigo de Javier Delgado, el hermano del principal imputado en el caso y que está en prisión provisional por su presunta implicación en los hechos.
El instructor del caso, Francisco de Asís Molina, ha dictado un auto en el que ordena a la Policía que realice una inspección ocular de un turismo Ford Fiesta, propiedad de Juan Antonio B. R., amigo de Javier Delgado. La resolución del magistrado aclara que, ante un delito de la gravedad del que se está investigando, es necesario agotar cualquier línea de investigación.
La finalidad del registro del vehículo del amigo del hermano de Miguel Carcaño, apunta el juez, no es otra que "descartar que el mismo hubiera podido ser utilizado por alguno de los implicados para deshacerse del cuerpo" de Marta del Castillo, según explicaron ayer fuente del caso.Ésta es la tercera ocasión, al menos, en la que los investigadores rastrean un vehículo como posible medio de transporte del cadáver, una hipótesis que está ligada siempre a la primera versión que ofreció Miguel Carcaño de lo ocurrido, tras ser detenido como presunto autor del asesinato, y en la que se habrían desecho del cuerpo de la adolescente arrojándola al río Guadalquivir.
El testimonio de este joven llevó a la Policía a buscar restos biológicos de Marta del Castillo en el Volkswagen Polo de los padres del menor de 15 años que actualmente está internado en un centro de menores. La Policía estaba convencida de que este vehículo fue el que utilizaron Miguel Carcaño y sus amigos para trasladar el cuerpo de la menor hasta la pasarela de Camas desde la que supuestamente arrojaron el cadáver al río, pero los análisis científicos demostraron que no había ninguna vinculación con la adolescente desaparecida y, por tanto, la Policía devolvió el coche a los padres del menor.
El segundo vehículo que intervino la Policía fue el de María García Mendaro, la novia del hermano de Miguel Carcaño, que también ha sido imputada en la causa que investiga el juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla. En este caso, la Policía también buscó restos biológicos de Marta en el interior del turismo, pero poco después procedieron a devolver el vehículo a su propietaria al no encontrar nada.No fue el único vehículo por el que se han interesado los investigadores durante los cuatro meses que han transcurrido desde la desaparición de Marta del Castillo, el pasado 24 de enero.
La Policía llegó a preguntar durante un interrogatorio a la novia de Miguel Carcaño, la menor de 14 años que reside en Camas, si su padre podría haber acompañado al principal implicado para deshacerse del cuerpo.Esta pregunta fue realizada a la adolescente en el transcurso de la declaración que prestó el pasado 9 de marzo, cuando reconoció que su novio le había confesado el asesinato de Marta y que le había arrojado al río Guadalquivir con la ayuda de sus amigos. Según consta en aquella declaración, la Policía le preguntó directamente a la menor si su padre pudo haber acompañado a Miguel en el coche de la empresa para deshacerse del cuerpo de Marta.
La respuesta de la joven fue contundente, al afirmar que su padre "es incapaz de prestarse a algo así".En aquella comparecencia, la menor aseguró que una vez que Miguel le confesó la autoría del crimen, éste le dijo que había usado su moto para llevarla al río.
La joven le dijo entonces a Miguel que era imposible que hubiesen trasladado el cuerpo en el ciclomotor, a lo que el principal sospechoso le replicó que la habían trasladado en "un transporte", sin especificarle qué vehículo a pesar de que la menor insistió en si podían haber utilizado el coche de otras personas de su entorno familiar y de amistades.El cambio de versión de Miguel Carcaño, al afirmar que tiró el cuerpo a un contenedor próximo a su domicilio de la calle León XIII, no ha hecho que la Policía y el juez sigan descartando que pudo emplearse un vehículo en el traslado del cuerpo, como demuestra la última decisión del juez de inspeccionar el coche de un amigo de Javier Delgado.

19 mayo 2009

Justicia reorganiza su estructura y suprime dos direcciones generales


La consejera de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, Begoña Álvarez, ha presidido hoy en Sevilla el acto de toma de posesión de los altos cargos de su departamento, que suprime dos Direcciones Generales y reordena sus competencias al objeto de obtener una mayor eficacia en la gestión de los servicios públicos y mejorar así los recursos de la Administración Pública. Según el decreto aprobado hoy en Consejo de Gobierno, la estructura de la Consejería queda configurada en dos Secretarías Generales, una de ellas con competencias en el ámbito de la Justicia (a cargo de Pedro Izquierdo) y la segunda para la Administración Pública (Rafael Cantueso). De la primera depende la Dirección General de Oficina Judicial, Justicia Juvenil y Cooperación, que estará presidida por Jorge Pérez de la Blanca Capilla.
También dentro de la Secretaría General de Justicia se enmarca la Dirección General de Infraestructuras y Sistemas, a cargo de Inmaculada Jiménez Bastida, que trabajará en la dotación y adecuación de los medios personales y materiales a fin de contribuir a ofrecer un mejor servicio público de la Justicia.

De este modo, se reordenan las competencias de la Secretaría General para la Justicia y se reducen dos Direcciones Generales.En la Secretaría General de la Administración Pública se mantienen la Dirección General de Modernización e Innovación de los Servicios Públicos (a cargo de María Pérez Naranjo), la D.G. de Función Pública (Manuel Alcaide Calderón) y la D.G. de Inspección y Evaluación de los Servicios (Beatriz Sainz-Pardo Prieto-Castro). En este apartado, la consejera ha subrayado la necesidad de concebir un modelo de Administración Pública más eficiente y propio de la segunda modernización de Andalucía.
En el organigrama de la Consejería se mantienen la Secretaria General Técnica, a cargo de María Pérez Porras, y el Instituto Andaluz de la Administración Pública, dirigido por José Antonio Soriano, quien repite en su cargo.
En el acto celebrado hoy en la sede de la consejería de Justicia en Sevilla han tomado posesión de sus nuevos cargos el viceconsejero, José Antonio Ortiz Mallol; el secretario general para la Administración Pública, Rafael Cantueso; la secretaria general técnica, María Pérez Porras; el director general de Oficina Judicial, Justicia Juvenil y Cooperación, Jorge Pérez de la Blanca Capilla; el director general de Función Pública, Manuel Alcaide; y la directora general de Inspección y Evaluación de los Servicios, Beatriz Sainz-Pardo.

La búsqueda de Marta en el vertedero costó 149.611 euros

La búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo en el vertedero de Alcalá de Guadaíra ha costado al Gobierno central 149.611 euros, dado que cada día de trabajo supuso un gasto de 3.685 euros más su IVA correspondiente, según los datos que obran en el sumario judicial abierto tras el asesinato de la joven.
Los trabajos fueron encomendados por la delegación del Gobierno en Andalucía a Tegner, una empresa especializada en el tratamiento de residuos y sociedad filial de Aborgase, la entidad que gestiona la planta de residuos de Montemarta-Cónica, donde supuestamente acabó el cadáver de la joven después de que el principal imputado, Miguel Carcaño, asegurase que la arrojó a un contenedor próximo a su domicilio de la calle León XIII de Sevilla.
Las labores de búsqueda en el vertedero, en el que según las previsiones del Gobierno habría que remover unas 45.000 toneladas de basura para encontrar el cuerpo, se prolongaron durante 35 jornadas, desde el 20 de marzo hasta el pasado 30 de abril, cuando se dio por finalizada la búsqueda.El inicio de los trabajos se acordó el 17 de marzo, cuando Miguel Carcaño cambió su declaración y se abandonó la búsqueda en el río Guadalquivir, donde numerosos efectivos participaron en una búsqueda que se había prolongado durante 30 jornadas.
Ese mismo día en que acabó la búsqueda en el río, tuvo lugar una reunión en la Delegación del Gobierno en Andalucía, presidida por el delegado, Juan José López Garzón, y en la que participaron además el subdelegado del gobierno, Faustino Valdés, y los responsables de la Policía, de la Guardia Civil y de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que habían participado en el dispositivo. También asistieron representantes de la empresa Aborgase, que gestiona el vertedero Montemarta-Cónica de Alcalá y de su filial Tegner.
Esta última empresa ofreció sus servicios para rastrear el vertedero, asegurando tenía personal y maquinaria adecuados para las labores, así como la experiencia suficiente porque, según relató el representante de esta entidad a las autoridades presentes en la reunión, hace algún tiempo habían encontrado el cadáver de un ciudadano marroquí en un vertedero. La empresa ponía a disposición de las labores de búsqueda dos máquinas retroexcavadoras y tres camiones, además de los operarios para manejar estas máquinas, y ofreció un presupuesto de 3.685 euros por día de trabajo, más el IVA correspondiente. Como la búsqueda se prolongó durante 35 jornadas, el importe de la factura asciende a 128.975 euros, a los que hay que añadir otros 20.636 del IVA, lo que suma un total de 149.611 euros.En un primer momento, la falta de financiación de los trabajos frenó el inicio de las labores de rastreo en el vertedero, dado que el Ministerio del Interior no disponía de una partida presupuestaria específica para poder asumir los costes que implicaban la paralización de la planta de tratamiento.
Después de varios días sin que comenzaran los trabajos, el titular del juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla, Francisco de Asís Molina, ordenó por segunda vez a la Policía que comenzara a buscar el cuerpo en el vertedero. El magistrado dictó un auto en el que reiteraba la orden y pedía a la Policía Judicial "que remueva cuantos obstáculos existan para el cumplimiento de lo resuelto, utilizando cuantos medios personales y materiales sean necesarios". Coincidiendo con este auto, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se reunió con el padre de Marta y garantizó la financiación de la búsqueda.

16 mayo 2009

Los hosteleros de La Raza dicen que les exigieron un "impuesto revolucionario"

Los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce exigieron el pago de un "impuesto revolucionario" a los hosteleros de Las Razas. Ésta fue la expresión que emplearon en su declaración ante la Policía los empresarios Pedro Sánchez Cuerda y José Ignacio de Rojas para definir la comisión de 450.000 euros que se les reclamó para gestionar el proyecto de Escuela de Hostelería de la Fundación Mercasevilla que ya había sido subvencionado en su totalidad con 900.000 euros por la Junta.El empresario Pedro Sánchez declaró ante la Policía Judicial a principios de marzo, una vez que la Fiscalía abrió una investigación tras recibir la denuncia de la Consejería de Empleo y la grabación realizada por los hosteleros sobre el presunto cobro de comisiones.
En su declaración, el hostelero ratificó que uno de los directivos, Daniel Ponce, le comentó que tenían que pagar unos 450.000 euros, de los cuales 150.000 euros correspondían a la acometida de luz y los otros 300.000 euros en concepto de "impuesto revolucionario" o como una donación a la Fundación Mercasevilla, ya que ésta fue una de las soluciones o alternativas que los directivos de Mercasevilla les plantearon para justificar el gasto ante el consejo de administración del grupo La Raza.
El hostelero ratificó en su comparecencia que le indicaron que la entrega podría hacerse dejando olvidado un maletín en un despacho, modus operandi con el que el directivo de Mercasevilla Daniel Ponce quería dejarle claro que el dinero no era para él.Por su parte, José Ignacio de Rojas, socio de Pedro Sánchez, precisó que al final de la conversación que está en poder del juzgado que investiga el caso, el ex director general de Mercasevilla, Fernando Mellet, les hizo una "rebaja" en sus peticiones, ofreciéndole que pagaran sólo 150.000 euros ahora y la misma cantidad dentro de seis meses, o 200.000 euros en este momento sin necesidad de efectuar ningún pago posterior.
Frente al pago de un "impuesto revolucionario", los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce han defendido la licitud de la comisión reclamada en sus declaraciones ante la Policía Judicial y en la Fiscalía.Fernando Mellet ha implicado al delegado provincial de Empleo de la Junta, Antonio Rivas, en la petición realizada a los hosteleros, aunque ha defendido que se trataba de proyectos sociales. Mellet ha afirmado que Antonio Rivas le llamó el 5 de enero diciéndole que había que solicitar a La Raza una "colaboración voluntaria" de unos 300.000 euros aproximadamente para la "realización de diversos proyectos sociales de la propia Junta, como compensación por la subvención anteriormente concedida".Fernando Mellet quiso aclarar a la Policía Judicial que aunque nunca tuvo intención de vincular la subvención de la Junta con la colaboración solicitada, "de la audición de la cinta se desprende lo contrario".
En la misma línea, Mellet explicó que en la conversación grabada por los empresarios se habla en "tono muy coloquial, con expresiones burdas y en sentido figurado", y señala que en este contexto se enmarcan las manifestaciones relacionadas a los "pagos en B", el "maletín" que había que dejar olvidado, o las aportaciones "para los niños saharauis".El ex director adjunto, Daniel Ponce, confirmó que pidió el dinero a los hosteleros porque así se lo solicitó Fernando Mellet, a quien tenía que sustituir en la reunión y quien le comentó que actuaba siguiendo las instrucciones del delegado de Empleo. Daniel Ponce reconoció que se habló de entregar el dinero en un maletín, aunque insistió en que esa expresión se utilizó en "tono coloquial".
El delegado de Empleo, que también declaró como imputado ante la Policía Judicial, calificó de "absolutamente falso" que ordenase al director de Mercasevilla que tenía que pedir dinero para la Junta como compensación a la subvención.En el caso también aparece como denunciada la directora de Estructuras de Mercasevilla, Regla Pereira, que asistió a una de las reuniones con los hosteleros pero que ha negado que en su presencia se hablase del pago de una comisión.

11 mayo 2009

No habrá más careos ni prueba del polígrafo en el caso de Marta del Castillo

El juez de Instrucción número 4 de Sevilla, Francisco de Asís Molina, que investiga el asesinato de Marta del Castillo, ha rechazado la petición de la defensa de uno de los imputados para que se practiquen nuevos careos y la prueba del polígrafo como medio para demostrar que no está mintiendo.El juez se opone en un auto a la solicitud planteada por Javier Delgado Moreno, el hermano del principal imputado por la muerte de la adolescente, que había reclamado que se acordara celebrar un "careo a tres bandas" en el que participarían el menor de 15 años que está internado en un centro y los dos hermanos.
La resolución del magistrado apunta a que no existe ninguna contradicción en las declaraciones de estos jóvenes, ya que ninguno de ellos sitúa a Javier Delgado en el escenario del crimen, el piso de la calle León XIII, en el momento en que se produjo el asesinato de Marta del Castillo. Miguel Carcaño siempre ha negado que su hermano estuviera presente y el menor de 15 años, que inicialmente le inculpó asegurando que lo vio mientras envolvía el cuerpo de Marta, se retractó posteriormente al afirmar que se lo inventó todo al sentirse presionado por la Policía. Con el cambio de declaración del menor no habría, por tanto, ninguna contradicción con el testimonio del hermano de Miguel Carcaño.
El auto también rechaza la posibilidad de que Javier Delgado se someta a la prueba del polígrafo para demostrar que está diciendo la verdad, dado que este tipo de prácticas no están reconocidas en el derecho español y esa prueba no está contemplada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.La Fiscalía de Sevilla se había opuesto a ambas pruebas, al entender que no era necesario ningún careo por no existir elementos contradictorios en el testimonio de los jóvenes que deberían someterse al mismo, y también rechazó la prueba del polígrafo.
La Fiscalía entendía, al igual que ha hecho el juez, que el polígrafo no está previsto en nuestro ordenamiento jurídico y además este tipo de elementos no pueden sustituir al principio de libertad de valoración de la prueba que tienen los jueces y tribunales.Los padres de Marta del Castillo, que ejercen la acusación particular en la causa abierta por el asesinato de su hija, también se opusieron al careo y a la máquina de la verdad.
Javier Delgado se encuentra en prisión provisional desde mediados de febrero pasado, cuando fue detenido por su presunta participación en los hechos ocurridos la noche del 24 de enero. La participación que el juez atribuye al hermano de Miguel Carcaño consiste en haber limpiado "restos y huellas" en el piso de León XIII, una implicación en la que se tuvo muy en cuenta la declaración del menor de 15 años que posteriormente se retractó de estas imputaciones.

09 mayo 2009

Un error policial llevó a buscar un anillo de Marta en el piso de Samuel

Un error policial llevó a buscar un supuesto anillo de Marta del Castillo en el domicilio de Samuel Benítez, amigo del principal imputado en el asesinato de la joven.Fuentes del caso atribuyeron a una descoordinación entre la Policía y el Juzgado el hecho de que se ordenara un registro domiciliario en busca de un anillo que podría haber pertenecido a Marta del Castillo, cuando en realidad se trataba de un sello de oro del padre de Samuel Benítez.
Fuentes de la defensa de este joven insistieron en que "no existe ningún anillo de Marta" y, de hecho, en el registro domiciliario llevado a cabo el pasado jueves tan sólo se intervino una carta que Samuel envió desde la cárcel a su familia y en la que se aclaraba el incidente del anillo, por lo que el juez ordenó devolverlo a su propietaria.En un primer momento, el juez ordenó el registro domiciliario porque había sido informado por la Policía, a través de un pinchazo telefónico, de la existencia de un anillo que podría pertenecer a Marta del Castillo y que habría quedado olvidado en una riñonera. Ese anillo, que en principio podría resultar relevante para la investigación, se lo habría quedado el principal implicado en el caso, Miguel Carcaño.
En el registro domiciliario acordado por el juez de Instrucción 4 no se halló ningún dado de interés, salvo la carta que ya se ha ordenado devolvérsela a la madre del joven. Después de practicar el registro, el magistrado tenía previsto tomar declaración a Samuel y a su madre, pero a la vista del resultado negativo de la prueba se decidió suspender la vista.Samuel Benítez, que fue detenido el mismo día que Miguel Carcaño, permanece ingresado en la prisión de Huelva desde mediados de febrero pasado. El juez le atribuye su supuesta colaboración con Miguel Carcaño a la hora de deshacerse del cuerpo de Marta del Castillo, según la primera declaración del principal implicado en la desaparición de la joven.Un mes después de su confesión, Miguel Carcaño volvió a comparecer ante el juez para cambiar su declaración y tratar de exculpar a su hermano Javier Delgado Moreno, que también está en prisión, y a Samuel Benítez Pérez, de quienes llegó a asegurar que no tuvieron ninguna participación en la muerte y posterior ocultación del cadáver de Marta del Castillo. En este nuevo cambio de declaración, el joven de 20 años sí que varió el lugar donde se deshicieron del cuerpo, que según el imputado no fue arrojado al río Guadalquivir sino a un contenedor de basura próximo a su casa.

08 mayo 2009

La Policía busca un anillo de Marta en el piso de Samuel Benítez

La Policía registró ayer el domicilio de Samuel Benítez Pérez, el amigo de Miguel Carcaño, principal imputado por el crimen de Marta del Castillo, en busca de un anillo que podría haber pertenecido a la joven asesinada.
El juez de Instrucción 4 de Sevilla, Francisco de Asís Molina, que investiga el caso, ordenó ayer la práctica del registro domiciliario en el piso de Samuel Benítez, después de que un pinchazo telefónico revelara la existencia de esa sortija, que este joven de 19 años y que actualmente está recluido en la prisión de Huelva habría dejado olvidada en una riñonera, según confirmaron fuentes de la investigación.
La conversación telefónica intervenida data del pasado 8 de marzo, cuando Samuel Benítez habló con su madre tan sólo unos días después de enviarle a la familia una carta que podría contener datos de interés para la investigación. En la conversación, según las mismas fuentes, Samuel le comenta a su madre que olvidó un anillo dentro de una riñonera y la madre le habría respondido aconsejándole que dijera que no sabía nada del mismo y que se lo "llevó" Miguel Carcaño, el principal sospechoso del asesinato.
Ese anillo, según fuentes de la investigación, podría pertecener a Marta del Castillo, y el juez que investiga el caso considera que su hallazgo podría ser importante para el esclarecimiento de los hechos, sobre todo después de que la búsqueda para tratar de localizar el cuerpo de la adolescente en el vertedero de Alcalá de Guadaíra haya resultado infructuosa tras 35 jornadas de rastreo.La gravedad de los hechos que se investigan, la incógnita sobre el paradero del cuerpo y la relevancia de la carta y del anillo, llevaron al juez a dictar un auto en el que ordenaba la práctica del registro de la vivienda de Samuel Benítez, que se ubica en la barriada del Carmen de Sevilla, a menos de 400 metros del piso de León XIII donde se produjo el asesinato de Marta del Castillo.
El juez había acordado asimismo la salida de Samuel Benítez de la prisiónde Huelva, a los efectos de que se practicara el registro, y no se descartaba que posteriormente pudiese volver a tomar declaración a este imputado, si bien esta comparecencia no llegó a producirse finalmente.Respecto al registro de la vivienda en sí, fuentes del caso explicaron ayer que la Policía podría haber encontrado en la vivienda una carta remitida por Samuel Benítez a sus familiares, que no tendría mucha trascendencia para la investigación, pero no el anillo que podría ser de Marta del Castillo.La práctica de esta nueva prueba tiene lugar después de que un informe de la Policía sobre el registro de llamadas realizadas la noche del crimen haya avalado en parte la coartada de Samuel Benítez y de Javier Delgado Moreno, el hermano de Miguel Carcaño.Samuel Benítez está en prisión imputado por haber ayudado supuestamente a Miguel a deshacerse del cuerpo de Marta del Castillo, según la primera declaración del entonces asesino confeso. Cuando Miguel Carcaño cambió la versión de los hechos y atribuyó el crimen al menor de 15 años, también trató de dejar fuera a su hermano Javier y a su amigo Samuel, de los que dijo que no tuvieron ninguna participación en el asesinato y desaparición de Marta.Samuel Benítez recibió varias llamadas entre las 21:24 del día 24 y la 01:13 de la madrugada siguiente que sitúan su teléfono en la barriada de Montequinto, lo que confirmaría su testimonio de que no se trasladó a Sevilla hasta las 02:20 para unirse a la búsqueda de Marta del Castillo.

05 mayo 2009

De homicidio a encubrimiento, la imputación para la novia del hermano de Miguel Carcaño

El titular del juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla, Francisco de Asís Molina, que investiga el asesinato de Marta del Castillo, ha imputado hasta un delito de homicidio a María García, la novia del hermano de Miguel Carcaño, el principal sospechoso.
El instructor del caso ha respondido a la petición del abogado de esta joven, que es la quinta implicada en la desaparición, para que concretara la imputación que pesa sobre ella. Según la respuesta del magistrado, a falta de una concreción de la participación de cada acusado en los hechos, María García está imputada por haber participado supuestamente en la muerte de Marta del Castillo, en su desaparición, o incluso por un delito de encubrimiento.
El juez recuerda que como la novia de Javier Delgado ha mantenido en sus sucesivas declaraciones que la noche del 24 de enero estuvo estudiando en el piso de la calle León XIII, donde fue asesinada la adolescente, y no vio nada extraño, las horas que pasó en la vivienda "coinciden" con el momento en el que supuestamente debió de ser sacado el cuerpo de Marta del Castillo del domicilio, por lo que cabría atribuirle alguno de los delitos mencionados, según el razonamiento del juez.
El juez ya imputó un delito de asesinato, alternativamente de homicidio o de detención ilegal a los otros implicados: Miguel Carcaño Delgado, su hermano Javier Delgado Moreno, y el amigo del primero Samuel Benítez Pérez. Un menor de 15 años está imputado por un delito de encubrimiento en la jurisdicción de Menores, después de que inicialmente implicara a los anteriores en el crimen, aunque después se retractó y aseguró que les acusó al "sentirse presionado" por la Policía.El juez del caso recibió ayer un informe sobre la búsqueda del cuerpo de Marta que se desarrolló durante 35 jornadas, hasta el pasado 30 de abril, cuando la Policía suspendió los trabajos al no haber encontrado ningún rastro del cadáver. Por el momento, no está previsto que el juez pueda citar de nuevo a declarar a los imputados.

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